Editorial: Saqueo y crisis en La Guajira

¿Cómo está el departamento de La Guajira después de más de treinta años de explotación carbonífera? Está saqueado por una economía de enclave y extracción y por una administración corrupta. Las comunidades indígenas, negras y campesinas segregadas, empobrecidas y golpeadas con necesidades básicas insatisfechas en un sesenta y cinco por ciento, según el DANE. La actividad minero energética ha generado desplazamiento de comunidades, sequía y contaminación de ríos, y adicionalmente daños ambientales con impactos negativos de larga duración. La corrupción política ha impedido que se lleven a cabo programas sociales con cambios sostenibles. En la mayor parte de los municipios de La Guajira los colegios y escuelas están desmantelados o abandonados. La salud, como en todo el país, vive una honda crisis. Faltan centros asistenciales, hospitales, personal médico y medicamentos, la tasa de mortalidad asociada a la desnutrición aguda en La Guajira aumentó un cincuenta por ciento en los últimos cuatro años, según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

En La Guajira la situación de los niños y niñas Wayuu es tan crítica, que la Procuraduría en días pasados dio a conocer su petición a la Corte Constitucional para que intervenga ante las constantes violaciones a los derechos fundamentales frente a una evidente y crítica situación de abandono institucional, que amerita impartir una serie de órdenes para proteger a la población de La Guajira y en especial a la comunidad indígena Wayuu. Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó al Gobierno nacional asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil, así como tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener, a la brevedad posible, acceso al agua potable y a alimentos en calidad y cantidad suficientes. Pero la situación no ha cambiado a pesar de las medidas cautelares y de recientes órdenes impartidas por el Tribunal Superior de La Guajira para que el presidente de la República garantice el acceso al agua de los niños Wayuu que mueren de sed y hambre. En declaraciones recogidas por El Catolicismo el obispo de Riohacha, Héctor Salah, aseguró que “la principal calamidad de La Guajira es su clase política. Pues, valiéndose del poder delegado por la gente, ha usado para su propio beneficio los recursos que debieron emplear en la solución de tanto problema que tiene la región. No se pueden seguir robando la plata destinada para alimentar a los niños wayuu, como lo han venido haciendo en los últimos años”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP