Conflicto, estado y desarrollo

Conflicto, estado y desarrollo (23)

El Congreso LASA, organizado por Latin American Studiess Association, promueve una visión hemisférica de justicia e inclusión, teniendo presente el contexto político mundial en el que se resalta un fenómeno de separación en lugar de fomentar la justicia social y la democracia. En esta ocasión Cinep/PPP hizo presencia por medio de tres investigadores del área de Conflicto y desarrollo y por medio de algunas de sus publicaciones. 

 

El desconocimiento generalizado que hay sobre el contexto de Venezuela, la subestimación del alcance que podría tener el agravamiento de la crisis humanitaria, y el dolor, sufrimiento y angustia que están viviendo los venezolanos motivó a que Cinep/PPP realizara el 15 de marzo el conversatorio Venezuela sobre la mesa, ¿Qué está en juego? En este, participaron cinco analistas nacionales e internacionales que dieron una visión sobre la historia y el panorama económico, político y social que enfrenta el vecino país actualmente.

La historia explica el hoy

Luis María Ugalde S.J. es un teólogo, Doctor en Historia, y jesuita venezolano que actualmente reside en su país. Ugalde comentó los hitos históricos que permitieron que Venezuela entrara en la crisis actual. Según Ugalde, el pueblo se sentía ignorado por los partidos políticos y Hugo Chávez era un mandatario con poder de oratoria que basó su campaña de 1999 en la imposibilidad de explicar por qué Venezuela era el país más rico del mundo y el pueblo en general era pobre. “Su idea de acabar con la empresa privada atrajo a aquellos votantes que deseaban una mejor distribución de la riqueza”. El auge petrolero trajo consigo el imaginario de la existencia de dólares ilimitados y, según Ugalde, con abundancia no se nota la corrupción.

Nicolás Maduro asumió la presidencia en un momento en el que el barril de petróleo había perdido más de la mitad de su valor y la deuda externa del país alcanzaba los ciento cincuenta mil millones de dólares. En la actualidad, Ugalde cree que “para que haya elecciones democráticas es imprescindible un gobierno de transición sin Maduro. La negociación es sobre cómo va a salir y esta negociación debe hacerse con los ‘maduristas’, no con Maduro”.

La economía en un modelo de desconfianza

Luis Vicente León es economista venezolano, presidente de Datanálisis y socio director de Tendencias Digitales. Al igual que Luis María Ugalde S.J., vive en Venezuela. Desde allí, planteó la importancia de entender los alcances que tiene para la economía el modelo de desconfianza que se ha sostenido durante el gobierno de Nicolás Maduro. León afirma que, por la contracción del mercado petrolero, desde hace aproximadamente un año, el Gobierno no tiene cómo esconder la crisis. Para él, es muy poco probable que el país vuelva a ser exitoso sin un cambio de gobierno y de modelo económico.

Según León, la crisis de hoy se ve reflejada en la profunda crisis política, la migración masiva de venezolanos al resto de países latinoamericanos, y la pérdida de poder adquisitivo y calidad de vida. En la estrategia política actual de Maduro uno de los ejes centrales es invisibilizar la crisis económica y la falta de pronunciamiento acerca de las economías ilegales alrededor del país. La necesidad de negociar una salida pacífica del poder tampoco ha sido mencionada por el gobierno. Para León “en esta batalla hay dos frentes que, si se enfrentan sin negociación lo que habrá será una destrucción del país”.

Nos debemos sacar de la cabeza la idea del día D”: Víctor Manuel Mijares

Responder a la pregunta sobre las bases de la legitimidad tanto de Juan Guaidó como de Nicolás Maduro es fundamental para comprender la coyuntura venezolana. Víctor Manuel Mijares, Doctor y magíster en Ciencia Política y docente de planta en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, expuso que los historiadores del futuro tendrán una ventaja sobre los politólogos del presente pues son ellos quienes podrán decir quién fue el Presidente legítimo de Venezuela a partir del desenlace de la crisis.

Para Mijares, Venezuela está en un estado de excepción, aunque no sea reconocido en los medios de comunicación como tal. “El chavismo ya no es lo que era antes, ni podrá volver a serlo, pues hoy la gobernabilidad de quien encabeza el gobierno está basada en la fuerza”. La autoproclamación de Juan Guaidó como presidente y su reconocimiento como el legítimo gobernante por países como Colombia y Estados Unidos, planteó serios problemas sobre la gobernabilidad efectiva. Según Mijares, “la legitimidad la determina la victoria política y la victoria política acá todavía no está clara. A Guaidó internamente lo protege la falta de reconocimiento general de la población hacia Maduro y externamente el apoyo de Estados Unidos y Colombia y sus constantes amenazas de una intervención militar. ¿Guaidó podría ser presidente en una transición? No. Porque su éxito fue haber seguido al pie de la letra una estrategia constitucional y la Constitución dice que se deben convocar elecciones y él no puede ser candidato”.

Sobre posibles soluciones, el analista político expuso la negociación como necesidad para la transición futura: “un golpe de Estado en Venezuela no sería viable. Las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad organizativa para una acción de esa envergadura. Todos queremos una solución contundente, fotogénica. Pero va a ser un proceso muy imperfecto. Nos debemos sacar de la cabeza la idea del día ‘D’.”

Los distintos juegos por revisar

El análisis internacional es imprescindible para estudiar el presente y el futuro de Venezuela. Arlene Beth Tickner, profesora titular y directora de investigación de la Universidad del Rosario, considera que hay cuatro juegos que deben ser analizados, aunque “no necesariamente todos los actores internacionales convergen en todos los juegos”:

Juego geoestratégico: Cuba es el país que lo cambia todo, pues es quien ha permeado a Venezuela desde hace varios años en servicios de inteligencia, petróleo, salud y educación, por lo que es difícil imaginar una transición pacífica sin este país. “Si Colombia tuviera algún tipo de astucia se acercaría más a Cuba para dialogar sobre esa transición. Sin embargo, se debe tener en cuenta que “quienes tienen una apuesta global en Venezuela son Rusia y Estados Unidos. Este último ha invertido el 75% de los ingresos económicos que tiene el vecino país, por lo que su interés es evidente”.

Económico: En este punto, China sí juega un papel fundamental porque “quiere recuperar su inversión, y estar tranquila con la estabilidad del país donde tiene sus inversiones”. Por su parte, Rusia tiene una apuesta mucho más amplia que la de China, pero ambos tienen como eje la lucha constante por los recursos petroleros.

Oposición a la violación de la soberanía: La oposición de muchos países a la intervención militar o a la injerencia internacional en Venezuela está basada en la creencia de que no se debería violar la soberanía de ningún país, y para algunos (como Rusia e Irán) es “ser simpatizantes de la condición de sancionado que tiene Venezuela. Para países como Turquía, Brasil o Bolivia esto va más allá de la oposición a Estados Unidos. Por su parte, China es un país paranoico frente a cualquier incidente internacional que pueda legitimar una injerencia internacional en su propia situación interna”.

Para Tickner, el aislamiento internacional diplomático y las sanciones económicas ya llegaron al límite. La crisis tenderá a empeorar, y con ella la crisis humanitaria, hoy politizada. Desde su perspectiva debe haber, tanto de otros países, como de la ONU, presiones para que Maduro negocie su salida pues sí existen detonantes para que una intervención militar ocurra. Sin embargo, indica, que uno de los problemas es que “a Maduro no se le está ofreciendo la alternativa de la negociación y hoy no está en la misma situación de otras negociaciones. Si no se le ofrece a él y a sus Fuerzas Armadas una alternativa, no hay incentivos para dejar el poder”.

Frontera, región y sociedad

Luz del Socorro Ramírez, profesora titular de la Universidad Nacional y Doctora en Ciencia Política, hizo su intervención sobre el análisis regional, social y fronterizo en relación con la situación de Venezuela. Para ella es un tema clave, pues la frontera colombo-venezolana es la más larga, compleja y problemática de los dos países. La crisis migratoria existente pasa necesariamente por allí y profundiza el drama de la población. “La ruptura de las relaciones binacionales afecta a dos poblaciones históricamente unidas y que hoy se ven desintegradas, especialmente porque Colombia es refugio de quienes se oponen al gobierno de Maduro”, afirma.

Señala además, que la falta de una opinión unificada en Latinoamérica sobre Venezuela se ve reflejada en la parálisis de organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Para Ramírez, la desintegración regional no contribuye a buscar caminos de solución política y [de ] reintegración. “En las fronteras el orden lo está poniendo el que tiene mayor capacidad de controlar los flujos y las armas (...)  Este control lo tienen especialmente miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pues se han convertido en una amenaza constante a la seguridad de personas a ambos lados de la frontera”.

El cambio se debe dar a través de la negociación

Los panelistas tuvieron puntos en común sobre los orígenes de la crisis y la necesidad que tiene Maduro de negociar su salida del poder. Por ejemplo, Luis Vicente León afirmó que “el cambio es un proceso irreversible porque Maduro no puede ofrecer nada ahora. Espero que sea una salida negociada” y Arlene Beth Tickner insistió en la importancia de que organismos internacionales y otros países presionen para que haya una negociación real y efectiva.

El escenario actual y futuro de Venezuela es complejo y será difícil entender la magnitud de las implicaciones que tendrá a nivel nacional y regional cualquiera de los escenarios posibles. La falta de claridad sobre la legitimidad política de los dos gobernantes y la posible reconfiguración de la guerra en Colombia son realidades que hacen necesaria la existencia de espacios que traten de acabar con el desconocimiento generalizado de la situación. 

 

Laura Cristina Vásquez

Equipo de Comunicaciones

 

Hace 20 años, las comunidades de los Montes de María tuvieron que dejar sus tierras tras recibir amenazas de paramilitares y ver a algunos de sus compañeros y vecinos morir a causa de la violencia con la que estos grupos armados ilegales azotaron la región. En 2012, acogidos por la ley de víctimas y la restitución de tierras, iniciaron el proceso de restitución de sus predios, pero hasta el momento no han recibido sus parcelas.

Para revisar los avances de los procesos de restitución, posibles soluciones a los inconvenientes y analizar el impacto de la no restitución sobre la implementación del proceso de paz, el viernes 17 de noviembre de 2017 se realizó la Mesa de Diálogo: Derechos de las Víctimas, Restitución y Desarrollo Territorial, organizada en el marco del proyecto “Cuando tengamos la tierra, crecerá la semilla” que desarrollan el Centro de Investigación Nacional de Educación Popular – Programa Por la Paz (Cinep-PPP) y el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana, con el apoyo de la Unión Europea. 

El profesor investigador de la Universidad Javeriana, Juan Guillermo Ferro, uno de los acompañantes de las comunidades de Montes de María, conversó con nosotros sobre las conclusiones a las que llegaron en el encuentro:

¿Cuál es la principal conclusión sobre los procesos de restitución en Montes de María?

Juan Guillermo Ferro: Una primera conclusión es que las políticas de restitución de tierras y de reparación colectiva tienen como elemento común la lentitud y las trabas de distinta índole para poderse llevar a cabo. En el caso de la restitución hay una serie de impedimentos fruto de los criterios de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para rechazar a los solicitantes.

Hay problemas de tipo más político en el sentido que el Estado está muy interesado en un modelo de desarrollo mucho más centrado en la agroindustria exportadora de monocultivo que en apoyar economías campesinas. Entonces no hay una prioridad en restituir y reparar. En las comunidades ya empieza a haber un escepticismo.

¿Por qué se han demorado tanto los procesos de restitución?

J.G.F: Son procesos que incluso pueden ser un poco perversos, en la medida en que la política no está parada, sino que está funcionando a un ritmo paquidérmico. Eso lo que genera es que la gente no se radicaliza en movilizaciones o en acciones colectivas más confrontacionistas (sic) para reclamar. Cada dos meses aparece algún dato, a los tres meses se hace una visita o aceptan un documento, le dicen a la gente que ya está en trámite. La gente no protesta más porque dice que ahí va la cosa, que aceptaron unas solicitudes y que ya volvieron a meter la demanda. Ese es el efecto perverso que tiene esa lentitud.

¿Y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)?

J.G.F: Es la última política que se está empezando a implementar en el territorio. La gente realmente está desmotivada y desconfiada, porque como dicen algunos campesinos: si a mí no me han restituido la tierra, no me han reparado, cuál es la planificación que voy a hacer o sobre qué territorio voy a planear.

Los PDET están manejando unos esquemas y tiempos excesivamente rápidos, en mayo ya tienen que estar listos, que hacen muy difícil la participación. No se están haciendo convocatorias abiertas a la comunidad, sino que están seleccionando ciertas personas. Están quedando unos planes como listas de mercado, que realmente no estarían configurando las bases y planes de desarrollos muchos más estructurados.

Son los líderes de las organizaciones los que tienen que representar a las comunidades en los planes y escenarios de discusión, ¿no?

J.G.F: Las organizaciones en Montes de María están muy debilitadas porque fueron las que más sufrieron con las masacres, con las incursiones paramilitares, los asesinatos selectivos, el exilio… Hubo un movimiento fuertísimo en los años 70 u 80, que ahora es un movimiento tremendamente fracturado y debilitado.

Pese a la asiduidad de talleres, capacitaciones, escuelas de ciudadanía, toda la cantidad de cosas que hemos hecho las organizaciones acompañantes, desde que paró supuestamente la guerra por ahí en el 2008, las comunidades siguen débiles. Siendo autocríticos, tenemos que reconocer que tal vez no estamos haciendo bien las cosas o que la debilidad del movimiento es tal que es muy poquito lo que se ha hecho.

¿Las políticas de víctimas, reparación y restitución no han fortalecido las organizaciones comunitarias?

J.G.F: El Estado ha sacado un montón de políticas públicas y todo el mundo se desgasta en ellas para que funcionen, pero lo que ha provocado es que las organizaciones dejen de lado su propia agenda y sus propias propuestas. Ahí es donde hay otro elemento que podríamos llamar perverso, poner a la gente a desgastarse, organizarse, reunirse, criticar o aportar a la política pública, pero esa política nunca se desarrolla totalmente o no cumple sus objetivos.

Hay una distracción del movimiento social en atender la política pública y nosotros como agentes acompañantes podemos haber estado cayendo en la trampa de hacer este juego y más bien deberíamos estar acompañando agendas propias, sin perder el ojo avizor de lo que el Estado hace porque nadie le puede quitar la importancia a lo que el Estado hace, pero no centrar toda la actividad en eso.

Pero esas políticas públicas han sido construidas para responderle a las necesidades de las regiones y las víctimas, en el marco de un escenario de paz, posconflicto y posacuerdo.

J.G.F: Si no hay restitución, si no hay reparación, si no funciona la planeación participativa, pues entonces no habrá paz ni duradera ni estable, como se definió en los acuerdos de las FARC y el Gobierno. Si no hay estas bases, ¿de qué estabilidad estamos hablando? Aquí podemos estar hablando de una paz inestable y efímera, porque no hay manera de avanzar si no se resuelve el tema del acceso a la tierra, si no se repara a las víctimas, si no se le apuesta a la economía campesina. En Colombia no tenemos una política que le dé a la economía campesina un verdadero fortalecimiento, no se cree en sus bondades; se cree que los campesinos son atrasados, pobres, brutos, que no saben producir ni comercializar, y eso marca las dinámicas en los territorios y las políticas públicas.

¿Qué ha funcionado hasta el momento?

J.G.F: Las organizaciones se mantienen, tienen algunas iniciativas. La gente de la alta montaña, que son los del centro de Montes de María, los del Carmen de Bolívar, se han movilizado fuertemente contra el abandono de sus territorios; los de Playón en Marialabaja contra el acaparamiento del agua; este último es un grupo pequeño, pero muy interesante que ha bloqueado varias veces el distrito de riego diciendo que si no hay agua para ellos, no hay agua para la palma, porque el agua está privatizada y es usada más para la palma que para el consumo de la gente.

Los campesinos han hecho mucha resistencia a los cultivos de palma.

J.G.F: Sí, no sólo a la palma, a los monocultivos de gran extensión para la exportación. Eso es una cosa muy reciente, unos quince años, se desarrolló precisamente después de la arremetida paramilitar. A los palmeros no les gusta que se les diga eso, pero es cierto. El desarrollo de estas propuestas vino después del desplazamiento, del abandono de tierras y la compra oportunista y de mala fe que muchos empresarios, a través de testaferros, fueron haciendo. Los campesinos muestran que ellos muchas veces no tenían otra salida que vender y vender mal.

¿Qué podrían sembrar los campesinos al regresar a sus tierras?

J.G.F: Hay otro problema y es que el retorno ha sido muy lento y sin recursos. Hay algunas instituciones que le dicen al campesino, listo, ya puede volver a su tierra, pero el campesino no tiene los apoyos, el crédito, la infraestructura para reiniciar su proyecto y entonces termina vendiendo la tierra que le restituyeron. No se está haciendo algo para restituir una cultura, una sociedad, una economía, ni la vocación campesina.

Muchos de los reclamantes son mayores de 50 años de edad, lo que podría dificultar el retorno de la vida campesina. ¿La región se está quedando sin campesinos?

J.G.F: Los pocos a los que les han restituido muchas veces no tienen el apoyo de sus hijos porque ya pasaron 20 años desde que fueron desplazados; entonces estos muchachos, que eran niños en el momento del desplazamiento, han ido ocupando otras actividades, algunas legales y otras ilegales: microtráfico, delincuencia común, mototaxismo, comercio, el rebusque. La gente ha perdido la relación directa con el campo.

¿Y sobre el tema de la contaminación medioambiental?

J.G.F: Los ecólogos del equipo nos han dicho que una de las cosas que no mira la restitución es todo el despojo que se dio en materia de recursos naturales, de acceso al agua, de bosques y de contaminación por aguas industriales. La restitución mira solo el predio, mira mucho la tierra, el impacto físico, pero no mira todas las relaciones que los campesinos tenían con la tierra, con la represa, el arroyo, el bosque, todas estas conexiones socioambientales de las comunidades. El despojo no solamente fue de tierras sino también de acceso a los recursos naturales con los que los campesinos contaban anteriormente.

¿Cómo ve el panorama para el año entrante con las elecciones presidenciales?

J.G.F: Muy complejo, puede llegar un gobierno que diga que hay que hacer trizas el Acuerdo de Paz y hay estaríamos peor.

 

Astrid Toscano Villán
Equipo Gestión del Territorio en el Pacífico

 

  • El martes 17 de abril, líderes de comunidades reclamantes de tierras de Chocó, Magdalena, Las Pavas, Montes de María, Valle del Cauca y Nariño se reunirán con representantes de las entidades del Estado para analizar los procesos de restitución de tierras y proponer alternativas de solución a los obstáculos que han tenido hasta el momento.
  • En el encuentro se conversará y presentarán cuatro temas cruciales en la restitución: seguridad y protección a los líderes, minería y agroindustria, mujer rural y étnica, y articulación inter e intra institucional.

En Colombia hay 111.593 solicitudes de restitución de tierras que corresponden a 99.155 predios, 58.291 trámites administrativos de los que 14.951 están ante jueces. Hasta el momento, se han tenido 3.761 sentencias que han resuelto 6.986 solicitudes (6%) y han dado la orden de restituir 5.598 predios (5,6%) con 290.842 hectáreas que benefician a 36.642 personas, según los datos de la Unidad de Restitución de Tierras.

Es decir, que en siete años de los procesos de restitución se ha dado respuesta al 6% de las solicitudes de las personas que fueron despojadas de sus tierras durante las últimas dos décadas y han pedido que se las regresen.

Las comunidades de reclamantes y las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan han analizado los procesos de restitución para identificar cuáles son los obstáculos estructurales de la política y los procedimientos, y qué soluciones pueden darse de tal manera que se beneficie al mayor número de reclamantes.

Son cuatro los temas que más han preocupado a las comunidades: la seguridad y protección de los líderes y lideresas, la minería y agroindustria, la mujer rural y étnica, y la articulación inter e intrainstitucional de las entidades responsables de la restitución. Estos mismos serán los temas que los líderes conversarán en el desayuno-conversatorio que se realizará el 17 de abril, a puerta cerrada, y al que ya confirmaron asistencia el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Agencia de Desarrollo Rural y delegados de varios países miembros de la Unión Europea.

En la tarde, a las 5:00 p.m., los líderes y las entidades acompañantes estarán conversando, a puerta abierta, sobre seguridad y protección, y acerca de la minería y la agroindustria en sus territorios. Este encuentro es de entrada gratuita y se realizará en el aula máxima del Cinep/PPP.

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Astrid Toscano
Equipo Gestión del Territorio en el Pacífico

Para las más de 1.500 familias y 5.000 personas reclamantes de 107 mil hectáreas de tierras de las que fueron expulsadas y que hacen parte del Consejo Comunitario de los ríos de La Larga y Tumaradó (Cocolatu), es una noticia realmente importante: el juzgado primero civil del circuito especializado en tierras de Quibdó admitió la demanda de derechos territoriales.

La admisión de la demanda significa que se inicia la etapa judicial del proceso, que el juez aceptó los argumentos que muestran el despojo y que la contraparte, es decir los opositores al consejo comunitario, deberán demostrar que no fueron despojadores. Esta comunidad fue desplazada de manera sistemática, tras amenazas violentas contra su vida y bienestar, entre los años 1996 y 2000.

 

 

Actualmente, el 90% del área productiva reclamada por Cocolatu está en poder de nueve empresarios. A Cocolatu pertenecían Porfirio Jaramillo y Mario Castaño, asesinados en enero y octubre de 2017, tras recibir continuas amenazas, entre otras razones, por ser líderes reclamantes de este proceso y denunciar irregularidades contra la comunidad y el territorio.  

Además de la admisión de la demanda, esta semana se llevó a cabo en Apartadó  la Audiencia étnica de seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares en resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras en el Bajo Atrato y el Darién Caribe. En esta mesa multiactor participaron: el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría delegada para asuntos agrarios y restitución de tierras, la Policía Nacional, SIJIN y Defensoría del Pueblo y ACNUR.

Entre las organizaciones étnico territoriales que tienen medidas cautelares en el marco de restitución de derechos territoriales, se encuentraron: COCOMASUR, COCOLATU, COCOPEMA, Resguargo de Chidima Tolo y Pescadito y Resguargo de Urada Jiguamiandó.

Pablo López, representante legal de COCOLATU comparte las conclusiones de este encuentro

 

 

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La frontera colombo venezolana es un territorio que comprende 2.219 kilómetros y que se caracteriza por poseer zonas altamente biodiversas y otras con grandes riquezas en recursos minero-energéticos.

La complejidad de sus problemas sociales - las consecuencias de las políticas migratorias de ambos países, la situación socio política en Venezuela y sus crisis económica, el conflicto armado interno en Colombia, el tráfico de todo tipo de bienes entre las dos fronteras,  la presencia de bandas criminales, entre otros- hace que el trabajo con las comunidades que habitan la frontera sea cada vez más urgente y retador.

Es por esto que, desde hace 8 años la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana desarrolla su trabajo en esta frontera. Este, es un proyecto pedagógico que hace parte del Equipo de Conflicto, Estado y Desarrollo del Cinep/Programa por la Paz.  La Escuela tiene a su cargo la misión de fortalecer sujetos políticos que sean capaces de generar desarrollo sostenible y sustentable en sus territorios.

En asocio con el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, la EPCC se ha pensado el territorio fronterizo como uno en el que confluyen diversas sinergias que hacen parte de una plataforma binacional. En esta plataforma se combinan tanto las estrategias pedagógicas como las estrategias políticas y la acción humanitaria.

La clave ha sido visualizar el territorio no como una línea divisoria sino como una región. De esta manera, la EPCC ha ido transformando la manera de comprender la frontera colombo venezolana desde los mismos sujetos que la habitan; es decir, que las personas, poblaciones y organizaciones que allí conviven se pregunten por el cómo ejercer una ciudadanía responsable dentro de este territorio que tienen en común.

María del Carmen Muñoz, coordinadora de este proyecto plantea una mirada reflexiva de lo que ha significado el trabajo de la EPCC en estos 8 años, los retos que se han puesto en este camino y las perspectivas de futuro.

¿Cómo ha sido el proceso de trabajar la acción humanitaria a través de la herramienta binacional en la Escuela de Paz y Convivencia ciudadana?

María del Carmen Muñoz: Uno no puede meterle contenidos a las personas cuando la  gente tiene la barriga vacía. Cuando hay necesidades que pasan porque tu estés cómoda o cómodo en lo mínimo hasta que eso no esté resuelto no puedes avanzar hacia otra cosa.

Así que en nuestra plataforma binacional, estamos en una campaña permanente en búsqueda de medicinas, de útiles de aseo, de alimentos, ayudando con la búsqueda de personas desaparecidas porque hay familias que se han desarticulado por toda la situación de Venezuela.

¿Cómo ha afectado a  la frontera la presencia de actores armados que siguen ejerciendo su poder en la frontera y  a su vez las dificultades que ha tenido la implementación de los acuerdos?

M.C.M: Con respecto al proceso de paz actual, nosotros sabemos que la FARC tienen excombatientes y ellos tienen sus grupos que están haciendo incidencia en la región de frontera para el proceso electoral. Ya no hablamos de las FARC armada sino de FARC como partido político.

Muchos de esos excombatientes han ido al territorio venezolano a contarle a la gente que son un partido político y que ahora se van a dedicar a hacer política sin armas. Al mismo tiempo, existen personas en Venezuela que los atacan porque no conocen el proceso de negociación y creen que todavía son guerrilleros. Ahí hay una tensión muy fuerte que nosotros estamos intentando contener desde los medios de comunicación, aclarando cuál es el proceso que lleva Colombia teniendo mucho cuidado con el lenguaje. Estamos intentando aprovechar los medios de comunicación como los de Fe y Alegría en Venezuela que son bastante reconocidos para tratar de generar precisiones alrededor de este tema de los acuerdos de paz.

Por otro lado, el motivo de negociación con el ELN ha abierto una discusión muy fuerte en la frontera y de mucha preocupación y esto es muy visible en departamentos como Arauca o en la zona del Catatumbo. Los habitantes de estos territorios, por la experiencia que tuvieron con las FARC, están asustados por el hecho de que va haber un copamiento de territorios. La frontera es un botín enorme que produce mucha renta para muchos grupos armados que están mejor organizados que el mismo estado.

¿Cómo ha sido el impacto social que ha tenido Colombia con respecto al flujo migratorio que está llegando al país? ¿Cómo ha sido mediar entre ambos territorios?

M.C.M: Esos flujos migratorios se han incrementado mucho más de lo que la estadística menciona. Por las trochas diariamente van y vienen personas y hay un subregistro que no da cuenta de las cifras reales. Hemos visto una situación diferenciada. Si hay cierto porcentaje de la población colombiana que encuentra que es legítimo que los venezolanos vengan a refugiarse acá, que es legítimo que les devolvamos lo que ellos hicieron por nosotros hace unos años a raíz del conflicto armado. Pero ha sido tan alto el flujo de estas personas que ha desestabilizado la política social y la política pública que ya había en ciertos departamentos.

Como EPCC ¿qué encontramos? que la mayor población se encuentra entre Cúcuta, Barranquilla, Bucaramanga, Antioquia y Bogotá. Y que la política nuestra y los recursos para atenderlos humanitariamente se agotaron. Está sucediendo que los oriundos de los territorios que también consideran que necesitan apoyo, ven que no la reciben y se comienza a generar una tensión con ese forastero. Eso comienza a generar problemas de orden social, violencias, rechazo.

¿Qué tratamos de hacer ante esta situación?, generar comprensiones entre la gente, hacerle entender que mediante la cooperación podemos ayudar a unos y a otros pero sin dejar de exigirle al Estado que cumpla con la política pública y con la política migratoria que tendrá que diseñar para resolver este tipo de problemas. Hay que asumir acciones distintas y paralelas porque el problema se puede agravar si el default se declara en Venezuela y se sigue profundizando en la crisis económica en ese territorio.

Nosotros intentamos pedagógicamente generar armonía, creamos lazos solidarios, tendemos puentes entre organizaciones, buscamos venezolanos que apoyen a otros venezolanos. Pero se necesitan muchas acciones conjuntas desde el estado, de la sociedad, de la política pública y de los colombianos para llamar la atención sobre la reciprocidad cuando nos atendieron a los colombianos en nuestra peor crisis.

¿Cómo ha sido el proceso de construcción de redes solidarias en toda esa región fronteriza?

M.C.M: Tenemos un modus operandi: tenemos unas redes virtuales y la gente a través de esas redes, demanda ciertas necesidades. Por ejemplo, pañales para las diferentes etapas de bebés. Buscamos quienes pueden dar eso y otras personas que las puedan transportar, nuestra ayuda humanitaria llega  hasta Caracas, Maracaibo, por ejemplo. Esta acción agota, porque cada vez los temas puede ir empeorando con el tiempo. Al organizarlos por ejes fronterizos se puede organizar mucho más esta dinámica de ayuda humanitaria. Las personas son muy solidarias.

¿Por qué seguir en la frontera?

M.C.M: Es un deber ético, como equipo no vamos a desistir. Vamos a seguir ahí y moralmente aportaremos en lo que falta porque tenemos la capacidad. Es un deber moral y social. Porque somos creíbles, somos una red de confianza y haberla generado en medio de la adversidad es difícil pero detrás de nosotros se han generado otras redes y tenemos mucho que aportar sumando  es un esfuerzo enorme.

¿Cómo luchar contra la visión de frontera que divide?

M.C.M: Hay dos herramientas vitales, la pedagógica y la política. Trascender planos individuales y pasarlos a los colectivos. Comenzamos con 10 organizaciones y hoy tenemos 53 a las que les hemos enseñado a pensar que trabajar por los bienes comunes y que realizar acciones colectivas  rinde más que hacer las cosas de manera individual. Ahí hay una clave política trascendental y la gente lo ve y se da cuenta que se a partir de ahí se logran cosas. El sentido amoroso también es importante. Escuchar a la gente, darle un abrazo, que sepan que ahí estamos, ‘pegante social’ lo que Francisco de Roux costantemente dice. Es el acumulado de confianza que necesitamos para construir ese tejido social.

¿Qué se viene para la EPCC en 2018?

M.C.M: Cada vez nos están financiando más proyectos para seguir y desde los diplomados hemos podido fortalecer la plataforma binacional que es una estrategia política de construcción colectiva y visiones conjuntas. Podremos generar un desarrollo de pensamiento crítico binacional, realizar foros, simposios, desarrollar investigación alrededor de temas como la frontera y el posconflicto.

 

**Todo el año, la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana está recibiendo productos de primera necesidad, para quienes deseen hacer sus donaciones. En especial es urgente: pañales de las primeras etapas de nacimiento, cuchillas de afeitar para hombres, productos de aseo para mujeres y hombres, leche en polvo para primeras etapas de infancia. Para realizarlo puede comunicarse mediante el correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de Comunicaciones

 

Líderes de organizaciones reclamantes de tierra de Chocó, Magdalena, Bolívar y Montes de María se reunirán este fin de semana para intercambiar experiencias sobre los procesos de restitución que han adelantado con el acompañamiento de Cinep/PPP, la Pontificia Universidad Javeriana y el apoyo de la Unión Europea con el proyecto “Cuando tengamos la tierra, crecerá la semilla”.

A las afueras de Cartagena, los líderes de organizaciones sociales que representan aproximadamente a 18.000 reclamantes de tierras, que fueron despojados por causas del conflicto en las últimas décadas en Chocó, Magdalena, el sur de Bolívar y los Montes de María, se reunirán para intercambiar experiencias positivas y negativas en sus procesos de reclamación, restitución y retorno a sus tierras.

María Alejandra Grillo, investigadora jurídica y gestora de Cinep/PPP en estas comunidades conversó sobre el impacto ambiental en los territorios, un tema que ha sido denunciado por las comunidades desde hace unos años y ha empezado a ser observado con mayor atención y detalle:

 Se ha empezado a hablar del impacto ambiental que han dejado los desplazamientos por el conflicto.

Alejandra Grillo: Yo prefiero llamarlo despojo ambiental. En los territorios nos hemos dado cuenta de que hay que ampliar la mirada sobre el despojo de tierras para poder analizar el impacto integral en las personas, las comunidades, su cultura, tradiciones y su forma de vida. Cómo ha ido más allá de quitarles la tierra o desplazarlos. Esto no es una cuestión jurídica de un título de la tierra; el despojo ha afectado que se siga manteniendo la forma de vida campesina o afrodescendiente porque les han quitado las ciénagas, los bosques, los han despojado de sus tradiciones.

Uno podría hablar de un exterminio de la forma de vida afro y campesina, entendiendo que hay una relación estrecha entre la tierra y las culturas.

 ¿Si hay retorno y la gente está regresando, no se sigue manteniendo esa relación?

A.G.: Lo que se ha evidenciado en Chocó, Las Pavas y Magdalena es que la gente salió de sus territorios desplazada hace 20 años y están retornando hace poco. Quienes llevan las luchas por las tierras son los ancianos. Los jóvenes salieron tan temprano que no han creado esas costumbres y relaciones. Cuando les devuelven la tierra, los que regresan son los viejos, los jóvenes siguen en las ciudades, ya no quieren regresar.

Esas tierras van a pasar a manos de los grandes ganaderos y empresarios, que fueron quienes los desplazaron. Esa tierra va a volver a sus manos no con violencia, sino que los jóvenes están vendiendo porque no quieren regresar. El despojo ha sido tan sostenido en el tiempo, han arrancado tan profundo los lazos sobre la tierra que es difícil volver a crearlos. No es imposible, ese es uno de los retos de la restitución, hay que enamorar a la gente del campo y hacerle sentir que el campo es una oportunidad.

 ¿Realmente que tantas oportunidades hay al regresar?

A.G.: Al campo lo está sobre poblando la agroindustria. El Chocó está rodeado de banano, Magdalena de palma, el sur de Bolívar de banano y palma. El Gobierno ya no da tantos subsidios para los otros cultivos. Las políticas le apuestan a esas grandes industrias.

A las personas que han regresado, les prometen proyectos productivos con la restitución, pero son promesas no cumplidas por el gobierno, les dan proyectos no sostenibles, no les han devuelto la vida que tenían antes del desplazamiento. La posibilidad de la gente de acceder a créditos es cada vez más difícil, las economías regionales se han volcado hacia la agroindustria y los grandes cultivos. No hay un apoyo realmente comprometido de parte del Estado para que los campesinos puedan retornar y retomar el campo.

 ¿Y qué está haciendo entonces la gente que ha regresado a sus tierras?

A.G.: La gente que retorno sin acompañamiento del Estado está haciendo contratos de arrendamiento a personas que tienen la plata para cultivar. Finalmente, los campesinos no son autónomos en sus propias tierras o sus propios proyectos porque no tienen el músculo financiero. Quienes terminan beneficiándose de la tierra son personas ajenas al territorio. En Chocó, el inversor mecaniza la tierra y el cultivo, de esa manera paga el uso de la tierra, no paga el trabajo; le toca al campesino trabajar para otro y salir a vender para obtener dinero para el inversor y para él. Los campesinos están teniendo que recurrir a las mismas personas que los han despojado.

 ¿Qué acciones están tomando las comunidades al respecto?

A.G.: La gente hace mucho tiempo está denunciando porque en su cotidianidad evidencian el impacto, ese daño ambiental se ha convertido en enfermedades de la piel, del estómago por el mal estado del agua, no tienen comida, las comunidades siempre dicen que antes había abundancia de pesca, de animales de caza y ya no tienen ni para comer.

Están haciendo una denuncia muy fuerte porque sienten el impacto en su cuerpo. Pero no ha pasado más allá de la denuncia porque mitigar ese impacto implicaría sacar la palma, el ganado y a los empresarios que están allí.

Las comunidades están teniendo conciencia de, en la medida de las posibilidades, proteger el ambiente que tienen, han empezado por no talar árboles, pero es difícil porque la madera es una de las formas en las que reciben dinero. Los campesinos y afros no tienen la capacidad de hacer esa mitigación, teniendo en cuenta que quienes hacen el daño son los megaproyectos, una escala muy grande.

 ¿Cuál es el daño provocado por los megaproyectos y cultivos extensivos?

A.G.: Yo creo que esa apuesta de hablar de los recursos naturales implica que la tierra es solo una. Pero hablemos del agua y ese es un punto que hay que empezar a enfatizar. Estos megaproyectos han hecho un daño tremendo porque para cultivar banano, palma y ganado hay que hacer filtraciones, hay que cambiar el cauce de los ríos para que no se inunden las zonas de cultivo, hay que secar ciénagas para obtener terrenos para la palma, taponan los cauces.

Todo eso genera una afectación y daño tremendo, desde la perspectiva técnica ambiental sobre los ecosistemas. Pero el daño es grave también desde una mirada cultural, por ejemplo, si secas una ciénaga, que son el lugar de nacimiento de los peces, se acaba la pesca y sin pesca no hay pescadores, se tienen que ir también con sus historias y el paisaje tradicional que los acogía.

 ¿Cómo se pueden medir esos impactos y daños ambientales?

A.G.: Apenas se está empezando a documentar realmente. Entre los resultados del acompañamiento de Cinep/PPP y Javeriana en las cuatro regiones hay un diagnóstico sobre el despojo ambiental de cada caso y cómo se ha afectado la vida de la gente. Estamos poniendo el tema sobre la mesa también en términos de cómo investigar ese impacto. Sobre esto van a conversar los líderes en el intercambio, para entender qué problemáticas están compartiendo todas las regiones de manera transversal. Esto es un problema de país, no de un caso.

 ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir y reparar?

A.G.: Los daños ambientales terminan siendo delitos ambientales y podrían ser castigados. En Colombia apenas se ha empezado a hablar del tema y no hay suficiente voluntad política para que en realidad se puedan penalizar los daños. Desde 2004 se habla de daños ambientales en términos penales, de ahí para atrás no se pueden castigar esos daños.

Uno de los horizontes que nos hemos planteado en Cinep/PPP es que estamos evidenciando que hay unos daños ambientales y unos responsables de esos daños que se hicieron en los años 80, 90 e iniciando los 2000; pero es muy difícil perseguir a los responsables. Luego de 2004, no hay voluntad política, jurídica ni institucional para investigar efectivamente a esos daños. No se puede adjudicar una responsabilidad penal a las personas jurídicas, no puedes echar a la cárcel a una de esas empresas.

 

 

Astrid Toscano
Equipo Gestión del Territorio en el Pacífico

Por: Andrés Aponte*

Sin duda alguna, la muerte de los seis campesinos cocaleros (según cuentas oficiales), ocurrida en el corregimiento de Llorente, San Andrés de Tumaco, en Nariño, deja varios aspectos a analizar, para el futuro cercano y mediato, sobre la viabilidad y correcta implementación del punto 4 de los acuerdos de paz de La Habana, es decir, el tema de drogas ilícitas.

En el caso de los campesinos cocaleros, es bien sabido que su relación con los cultivos ilícitos no responde al simple ánimo de lucro, pues este es un sector que ha sido condenado a la marginación económica, social y política en nuestro país. En efecto, como lo han señalado algunos investigadores, muchas veces esta economía representa la única posibilidad de sustento para familias enteras que carecen de condiciones de vida digna y sufren el reiterado fracaso de los distintos planes de sustitución.

En este orden, los acuerdos de La Habana se constituían en una ventana de oportunidad para estos sectores excluidos; primero, en términos de acceso a la formalización de la tierra, la asistencia técnica y los planes de desarrollo, entre otros asuntos; y, segundo, para dejar de ser blanco del aparato armado del Estado.

No obstante, los hechos recientes muestran que el espíritu adoptado en los acuerdos no solo se extravió sino que el Gobierno nacional y los aparatos de seguridad del Estado volvieron a ser prisioneros de las estadísticas, de una matriz ideológica que confunde o asocia la protesta social con una amenaza o alteración al orden público y de unas relaciones oscuras que tienen algunos segmentos de la fuerza pública con el narcotráfico, sobre todo luego del fenómeno de expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En este orden, ahondaré en cada uno de estos elementos a continuación.

Respecto a las estadísticas, es clave entender que, por un lado, el compromiso del gobierno de erradicar 100 000 hectáreas de coca ha provocado que los esfuerzos se centren en erradicar por erradicar. Esta estrategia no solo traiciona la idea de la sustitución voluntaria, sino que la erradicación “voluntariamente forzada” que se está llevando a cabo está replicando el error y el histórico mal proceder que decía enmendar el acuerdo de La Habana: “caerle” al sector más débil de la cadena, el cultivador. Por otro lado, está la coyuntura internacional, específicamente el hecho de que el Gobierno norteamericano tiene puestos sus ojos sobre el territorio nacional bajo la amenaza de descertificación, pues Trump está exigiendo resultados inmediatos sin importar los medios.

Sobre el tratamiento de la protesta, es bien sabido que la firma de los acuerdos con las FARC-EP (actualmente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) no implicarían una paz completa y positiva. ¿Por qué? Por un lado, porque quedan dos grupos insurgentes con alcances regionales y locales (ELN y EPL); al lado de las mal denominadas Bacrim y las disidencias farianas. Y, por el otro, debido a que emerge, y es cada vez más visible, una efervescencia social que el conflicto armado tenía encubierta o relegada a un segundo plano y para la cual el tratamiento por parte del Estado no solo es incorrecto, sino en extremo represivo. Lo anterior a pesar de que estas manifestaciones reflejan problemas estructurales y reivindicaciones históricas de regiones, sectores sociales o comunidades étnicas que han sido desatendidas o invisibilizadas por estar lidiando con la amenaza insurgente —basta con ver los casos de Chocó, Buenaventura o Catatumbo—.

Por último, me referiré a una cuestión que no se enmarca en los acuerdos de La Habana y ha pasado “de agache” tanto con los paramilitares como con el proceso de paz con las FARC-EP: las conexiones históricas que se han tejido entre narcotraficantes y sectores de la fuerza pública. Si bien estas datan de los tiempos de los grandes carteles, fue con los paramilitares cuando se dio la conexión entre coca y fuerza pública. Hay evidencia que demuestra que en muchas de las zonas de dominio paramilitar la fuerza pública se encargó de proveer seguridad, información sobre los puestos de control e incluso poner armas al servicio de estructuras mafiosas. Un ejemplo de ello es el caso del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca.

Así pues, lo que revela lo ocurrido en Tumaco es que, primero, no se está cumpliendo con una de las premisas básicas de la sustitución: su concertación con las comunidades y el carácter participativo de la llamada paz territorial. Segundo, que nuestra fuerza pública está lejos de saber tratar la protesta social, pues no solo está actuando de manera reactiva, sino que se le está dando un tratamiento criminal y punitivo a este tipo de expresión colectiva que se manifiesta ante al incumplimiento del Estado y su forma de intervenir. Y, tercero, que las conexiones ilegales que tienen ciertos sectores de la fuerza pública —y por paradójico que suene casi siempre son las unidades especializadas de antinarcóticos las que terminan poniendo sus armas al servicio de interés privados o relacionados con actividades ilegales— no solo impiden el desarrollo de los planes de sustitución, sino que minan la confianza de los colombianos en la institución que abandera los planes de la seguridad y la promoción de la convivencia en el posacuerdo: la Policía Nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, el caso de Tumaco ya no es una campana de alerta, sino un “bombazo” al corazón de los acuerdos y a la credibilidad y legitimad de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues se está replicando la intervención represiva que ha caracterizado al Estado frente al sector más marginado y vulnerable de la cadena del narcotráfico: los campesinos cocaleros. En este sentido, los planes de sustitución no solo se pueden ver comprometidos en el municipio y zonas aledañas, sino también en otras latitudes del país como Catatumbo, Putumayo, Nudo de Paramillo, entre otros, que presentan algunas condiciones similares al caso tumaqueño.

De ahí que, buena parte de la legitimidad y credibilidad de los acuerdos de La Habana en estos territorios dependa del tipo de tratamiento que el Estado dé a la implementación, del esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 5 de octubre en Tumaco y de los futuros consensos a los que se llegue respecto a la sustitución de cultivos. El país no tolera una sola ola de violencia más, y menos los pobladores de esta zona. Es imperativo dialogar y consensuar el intervencionismo estatal y no apegarse a las presiones internacionales para mostrar resultados que, a la larga, no son más que indicadores cosméticos, pues ya tenemos como marco de referencia el fracaso de la lucha contra las drogas del Plan Colombia.

 

*Investigador del equipo de Conflicto, Estado y Desarrollo de Cinep/PPP

Es necesario replantear los mecanismos de seguridad y protección para líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia. Esa fue la conclusión a la que llegaron todos los panelistas del foro ¿Por qué defender el territorio cuesta la vida?, realizado el pasado 18 de septiembre en instalaciones de la Universidad Javeriana. En este evento participaron como panelistas académicos, investigadores, defensores de derechos humanos, líderes sociales y organizaciones que acompañan a las comunidades.

Durante la discusión, que giró en tres paneles temáticos, las diversas voces plantearon los riesgos a los que están enfrentados los líderes de procesos asociados a la defensa del medio ambiente y del territorio. Los panelistas se refirieron a las dificultades de enfrentar la violencia cuando el sistema económico nacional tiene bases en el extractivismo. Mencionaron, además, el aumento de diferentes formas de violencia con la salida de las Farc y la disputa de dichos territorios por otros actores ilegales.

Si bien hubo diferencias frente a la sistematicidad de los ataques, para todos era claro que es necesario modificar el aparato estatal dirigido a proteger la vida de las comunidades que participan en la defensa de sus territorios y del medio ambiente.

A propósito de esta discusión, Silvia Pabón, investigadora del Cinep/PPP, y quien participó como moderadora de uno de los paneles, presenta estas reflexiones sobre el panorama actual de la seguridad para los líderes en la región de trabajo del equipo de Gestión del Territorio en el Pacífico y recomendaciones para mejorar los dispositivos de protección.

 
 

 

 

Las víctimas del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATU – exigimos que la Unidad de Restitución de Tierras se comprometa con nuestra defensa en el proceso de restitución de derechos territoriales.

 09 de septiembre. Los miembros del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATU queremos denunciar ante la opinión pública, el desconcierto y alto nivel de incertidumbre en el que nos encontramos actualmente ante el accionar dilatorio y poco garantista de la Unidad de Restitución de Tierras – URT – frente a su representación como abogados defensores de nuestro proceso.