Movilización, tierras y territorio

Movilización, tierras y territorio (46)

En Colombia la población total de jóvenes entre los 14 y 18 años ascendió a 12 millones de personas, de las cuales cerca del 22% corresponde a jóvenes rurales. Mujeres y hombres campesinos, indígenas y afrodescendientes que permanecen olvidados e invisibles. Este especial quiere mostrar la diversidad, pluralidad, riqueza y vitalidad de las juventudes rurales.

Más allá de ser mano de obra para el campo, las juventudes rurales son actores sociales capaces de comprender, opinar y participar. No obstante, existe una tendencia a invisibilizar sus apuestas y capacidades de acción como sujetos sociales y políticos. De ahí, la reducida oferta de servicios que se orienta a fortalecer su papel como productores potenciales.

Las juventudes rurales no son homogéneas. Existen diversidad de problemáticas, potencialidades, sueños y expectativas de los y las jóvenes en el campo. La marginalidad histórica que ha tenido el campesinado y el mundo rural en las agendas políticas ha hecho que se desconozca la diversidad de habitantes que habitan los territorios rurales en Colombia, entre esos, los más jóvenes. 

Esa diversidad debe ser entendida en su complejidad. Los jóvenes que habitan el campo tienen distintas opiniones, experiencias, valoraciones y expectativas que deben ser reconocidas.  Desconocemos cómo son percibidos y cómo se perciben las juventudes rurales, su valoración del campo y de la ciudad, sus propias ideas de desarrollo y bienestar. Este desconocimiento se expresa en la ausencia de políticas públicas que reconozcan el papel de los jóvenes como sujetos transformadores del campo y que promuevan su acceso a la tierra y condiciones dignas que permitan su permanencia en los territorios.

Este especial es una oportunidad para superar la ignorancia y evitar que se continúen imponiendo unos pocos caminos que parecen inexorables y que replican y potencian relaciones de dominación derivadas del mundo urbano, del mundo rural y del mundo adulto.

Los "ninis" del campo 

En Colombia la situación de los jóvenes del campo es alarmante. Las cifras del Censo Nacional Agropecuario de 2014 han puesto en evidencia el bajo acceso a la tierra por parte de los jóvenes rurales. La población joven productora y residente rural que manifestó tener tierra en cualquiera de sus formas constituyó solo el 0,3 % de la población censada y el 2,3 % de la población de jóvenes rurales del censo. La tasa de desempleo para las jóvenes es considerablemente superior: mientras el 8 % de los hombres jóvenes en el campo ni estudian ni trabajan (los llamados ninis), la proporción es cinco veces mayor para las mujeres, es decir del 42 %.  La situación de desigualdad laboral guarda relación con la maternidad temprana, pues una de cada cinco mujeres adolescentes, entre 15 y 19 años de edad, está embarazada (19,5 %) o tiene uno o más hijos. Todo esto sin mencionar el acceso a otros servicios como la educación, salud, infraestructura donde es posible establecer las carencias profundas que experimentan los jóvenes rurales.

 

Lo que debe saber sobre la política pública

Aunque significativos, todos los avances legislativos han sido insuficientes para incorporar a los jóvenes rurales en las agendas públicas. De hecho, todavía hoy no existe una estrategia integral de política pública para la juventud rural. La legislación existente oculta la diversidad de sus problemáticas, potencialidades y expectativas, a la vez que invisibiliza su riqueza cultural, étnica y campesina. A continuación, presentamos siete puntos que usted debe saber para entender en qué va la política pública para las juventudes rurales en Colombia.

 

 

Suenan las historias jóvenes del campo 

Existen experiencias muy valiosas de jóvenes que han asumido su papel en el relevo generacional en el campo y se han organizado en la defensa y permanencia en los territorios, la pervivencia de la cultura y los modos de producción tradicionales. La Colombia rural, encarnada en las nuevas generaciones de jóvenes campesinos, negros e indígenas que han transitado sus vidas en medio de conflictos, pobreza y reformas fallidas, amerita ser escuchada. 

 

Entre lo rural y lo urbano, así vivimos la ruralidad

En el Valle del Cauca la vida cotidiana de los jóvenes en el campo comprende la participación en las labores de la parcela familiar y el desarrollo de proyectos productivos propios, en permanente contacto con las cabeceras municipales y con otros municipios. Otra es la experiencia de los jóvenes que hacen parte de una generación que ya no habita el campo, debido a la migración de su familia, o porque su vida ha transcurrido en la cabecera de estos municipios. En estos casos, los vínculos con los territorios rurales se crean a través de las relaciones familiares, las memorias, y la tierra que aún hace parte del patrimonio familiar. Estas son juventudes rurales híbridas.

VIDEO VALLE DEL CAUCA

“Yo siempre he dicho que el departamento del Valle es como un Colombia chiquito, porque tiene desde Buenaventura que está al nivel del mar hasta Barragán que está ubicado en el municipio de Tuluá que es páramo” Deisy Rivillas oriunda de San Lorenzo en Tuluá es una de las jóvenes del Valle del Cauca que, a través de su propia voz, narra su vida y trayectoria como mujer campesina en esa región. Escucha aquí la diversidad de voces jóvenes que habitan el Valle del Cauca:

 

Entre el agua y la tierra, anfibios crecemos 

Las características de los paisajes ribereños marcan las experiencias de los jóvenes de Río Viejo, Norosí y Tiquisio. Los jóvenes resaltan las experiencias de tranquilidad y libertad del campo, y expresan preocupación por las amenazas de los procesos extractivos, especialmente la minería.

Norosí sobresale dentro de los tres municipios por la producción de oro, es el tercer productor de la región y ha ganado importancia la minería a gran escala. Los tres municipios están distantes de los centros urbanos más importantes de la región y sus pobladores enfrentan dificultades de transporte y conectividad para acceder a algunos servicios.

Para los jóvenes del Sur de Bolívar Las experiencias están marcadas por prácticas vinculadas a la tierra y al agua, donde la producción de alimentos y el componente ambiental son referentes en la relación que construyen con sus territorios. Estas son juventudes rurales anfibias. 

Jorge Noguera se dio cuenta que su proyecto de vida está en el campo. Cuenta que hasta hace poco llegó la luz eléctrica a su comunidad y actualmente desarrolla un proyecto con gallinas ponedoras. Está convencido que el estudio es la puerta para abrir nuevos caminos para los jóvenes que viven en el campo. ¿Cómo suenan los Jóvenes del Magdalena Medio? escúchalos aquí: 

 

 

Soy de aquí y soy de allá, el intercambio nos mueve  

En Norte de Santander se presentan brechas y profundas desigualdades entre el campo y los centros urbanos, la guerra y las diversas y cambiantes expresiones de la violencia circunstancias derivadas de la condición de frontera, se manifiestan con gran intensidad, los municipios de Norte de Santander se enfrentan a procesos de reconfiguración territorial bastante complejos que están impulsados por motores como los cultivos ilícitos, la producción de palma de aceite e hidrocarburos.

Por otra parte, la condición de región fronteriza con Venezuela constituye un elemento de primer orden, Cúcuta es el centro urbano más importante en esta zona y Tibú, comparte el límite con el Estado venezolano de Zulia. Al tratarse de la frontera más extensa que posee cada país, el intercambio entre ambos es muy dinámico, situación que engendra una enorme fragilidad, pues las actividades económicas y posibilidades para sus habitantes, se alteran al vaivén de las relaciones entre los dos países y las condiciones que se viven en uno u otro lado.

VIDEO NORTE DE SANTANDER

La experiencia de los jóvenes que habitan el campo en Tibú y Cúcuta está marcada por la movilidad entre territorios rurales, urbanos y trasnacionales. La experiencia de los jóvenes que habitan la zona rural de estos municipios combina las prácticas construidas en el lugar que se habita con el intercambio que sucede a través de la frontera con Venezuela. Estas son juventudes rurales en movimiento. 

Nereyda está convencida que el campo es vida. Es estilista, madre cabeza de hogar y lidera algunos procesos comunitarios. Las marcas de la violencia atraviesan la historia de vida de sus seres queridos y de algunos compañeros jóvenes, como ella que solo sueñan con un campo en paz. Así como Nereyda, hay muchos jóvenes en Norte de Santander que hacen parte de los cambios que se están dando en sus comunidades. Escucha cómo están cambiando el campo los jóvenes de Norte de Santander:

 

 

Sonrisas, sueños, historias: el rostro joven del campo 

 

Tres libros clave para entender las juventudes del campo en Colombia 


Memorias vivas para la recuperación del territorio cordobés (2017)

Este libro hace parte de un proceso de investigación, reflexión y escritura colectiva adelantado por campesinos, campesinas e indígenas, miembros del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba; organización que suma seis años en la apuesta fundamental por la defensa de sus territorios ante el despojo de la guerra y la victimización.

Defender el territorio es construir paz. La experiencia de los pueblos indígenas del Alto San Jorge (2016)

Este informe está construido desde la perspectiva de los derechos a la tierra, al territorio y a vivir en paz de dos comunidades indígenas del Alto San Jorge. El documento hace un acercamiento a la historia de poblamiento de la comunidad emberá de Dochama y el pueblo zenú, al contexto económico general de la zona y de conflicto armado. Además, presenta un recorrido por las capacidades organizativas de estas comunidades, que, en medio del conflicto armado y la inoperancia estatal para garantizar sus derechos, han construido y mantenido estructuras organizativas y experiencias propias de regulación social, base para la construcción de paz territorial.

 


Tierra y territorio en el departamento de Córdoba en el escenario del posconflicto (2016)

Este informe aborda las dinámicas del conflicto armado, los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades rurales, y el extractivismo en Córdoba. Cada una de estas perspectivas se analiza con base en visitas a terreno y en datos que organizaciones de la sociedad civil, así como entidades gubernamentales, han recolectado durante los últimos años. 

 

Notas importantes:

  • La equidad de género en el lenguaje es una de las preocupaciones de las organizaciones que participan el presente proyecto. Sin embargo, con el fin de evitar la sobrecarga gráfica, en el documento optamos por utilizar en algunas ocasiones el masculino genérico en el entendido de que alude a hombres y mujeres jóvenes.
  • El contenido de este especial es responsabilidad exclusiva de IMCA, CINEP/PPP y SJR y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Coordinadora de publicaciones: Ana María Castillo
Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Periodistas asistentes:
Laura Cristina Vásquez y Sergio Mahecha
Asistente de publicaciones: Natalia Católico

Las mujeres rurales en Colombia han sido históricamente una población invisibilizada y marginalizada. La débil presencia del Estado en sus territorios en cuanto a la garantía de derechos básicos, los roles de género tradicionales de las poblaciones asentadas en el campo y la situación de violencia generalizada producida por el conflicto armado interno han contribuido a agudizar las violencias basadas en género contra ellas. Este es un informe de carácter exploratorio que da a conocer un panorama general de los diferentes tipos de violencias basadas en género que afectan a las mujeres rurales en distintos escenarios. La información aquí presentada fue recopilada a través de datos de fuentes oficiales, hallazgos de investigaciones previas y entrevistas a integrantes de la Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas y la organización Sisma Mujer[1].

Lee aquí el informe completo: 

[1] Organización de carácter feminista que busca contribuir a la consolidación del movimiento de mujeres en Colombia. Desde 1998, Sisma Mujer trabaja desde un enfoque jurídico y de derechos humanos por la ampliación de la ciudadanía de las mujeres y por su empoderamiento individual y colectivo (Sisma Mujer, s.f.).

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Del 18 de febrero al 8 de marzo se llevarán a cabo las reuniones del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en Ginebra, Suiza. En esta ocasión el comité revisará el estado de los derechos de las mujeres en: Angola, Antigua y Barbuda, Botswana, Colombia, Etiopía, Serbia y el Reino Unido.

En Colombia fueron 70 las organizaciones sociales que se articularon para crear un informe alternativo que diera cuenta de la grave situación en términos de garantías de derechos que enfrentan las mujeres rurales y campesinas del país. Estas organizaciones realizaron la verificación a las observaciones finales de los informes periódicos 7º y 8º combinados de Colombia y al 9º informe periódico presentado por el gobierno colombiano ante el Comité CEDAW, entre otros documentos. Con estos insumos construyeron el primer “Informe Sombra” específico de mujeres rurales y campesinas de Colombia, que se presentó el 18 de febrero en la 72º Sesión del Comité CEDAW.

En este evento participó Diana Sauna de la Comunidad Wiwa de la Sierra Nevada y en su intervención alertó e hizo un recuento de los 7 casos de comunidades de mujeres rurales que en Colombia ejemplifican la violación de derechos a varios niveles y en diferentes partes del país por parte del Estado, las empresas y los actores armados.  Marlen Alfonso de la Plataforma de incidencia política de mujeres rurales colombianas también tuvo un espacio en donde se centró en cuatro puntos principales: La inequidad en la estructura económica pauperiza el trabajo de las mujeres rurales, el Sistema Estadístico Nacional no integra indicadores de género, el Estado colombiano restringe los mecanismos de participación de las mujeres rurales y campesinas, persiste una adopción de marcos legales regresivos en materia agraria y económica.

Después de las intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil en Colombia, el CEDAW hizo preguntas específicas al Estado colombiano a partir de lo discutido el pasado 18 de febrero con las organizaciones. Se esperan las recomendaciones finales de parte del comité para todos los países, el lunes 11 de marzo.

Lee aquí el informe completo: 

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La Estrategia Colaborativa por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio en Colombia –ENI/Colombia— es una iniciativa de la sociedad civil que tiene el propósito de ampliar la capacidad de representación política del campesinado y la construcción de una gobernanza inclusiva y responsable del territorio. La ENI/Colombia desarrolla actividades tendientes a fortalecer las capacidades de protección y autoprotección por parte de las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas en zonas donde ha sido tradicional la ausencia de garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y de la libertad de asociación y participación, en particular, cuando se trata de conseguir el reconocimiento de los derechos territoriales asediados por los desplazamientos forzados, el despojo de las tierras y la explotación de sus recursos naturales.

El presente documento ofrece un panorama de las agresiones contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos y los líderes y las lideresas sociales, específicamente de quienes se dedican a la defensa de los territorios en los departamentos de la región Caribe, cometidas en el período comprendido entre el 25 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2018. Asimismo, el texto incluye elementos de análisis de la política pública de protección y recomendaciones de medidas orientadas a conseguir plenas garantías para ejercer el derecho a defender los derechos humanos, el cual ha sido reconocido internacionalmente mediante la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. 

 

 

Durante la Mesa Multiactor de Seguridad y Protección a líderes y lideresas del Caribe que realizaron Cinep/PPP y Codhes, como parte de la Plataforma ENI Colombia, conversamos con Juan Manuel Bustillo, quien documentó el panorama de los defensores de derechos territoriales en la región: “Las amenazas en el Caribe se concentran especialmente sobre los líderes reclamantes de tierras”.

Desde hace unos meses, las alertas por las amenazas a la seguridad de los líderes sociales han preocupado a la sociedad colombiana y las denuncias siguen en aumento. Las regiones más azotadas en el país por ese tipo de violencia en los últimos meses han sido Catatumbo y Cauca. Sin embargo, en la región Caribe el tema tiene una dinámica particular, asociada a contextos extractivistas y de explotación de recursos naturales, además de que hay un alto subregistro en los datos por el miedo a denunciar.

Juan Manuel Bustillo, delegado de la Mesa Multiactor de Seguridad y Protección del Caribe para documentar el panorama de los defensores de derechos territoriales en la región, explica y analiza los hallazgos, las preocupaciones y expectativas que tienen los líderes frente a las medidas para garantizar su protección y realizar su trabajo de defensa de derechos.

¿Qué está pasando con los líderes en el Caribe?

 Juan Manuel Bustillo: Las víctimas son principalmente personas que encabezan la defensa de las comunidades y las reclamaciones del derecho a la tierra y el territorio, es un grupo que incluye campesinos, afros y pueblos indígenas de los distintos departamentos.

Las agresiones y persecuciones tienen varias manifestaciones: la más visible, pero no suficientemente registrada, son los homicidios de líderes. Hay otras manifestaciones que no son de dominio público ni generan tanta preocupación de las autoridades como las amenazas de muerte, hostigamientos, atentados contra la vida e integridad física de las personas, detenciones arbitrarias, en menor medida, casos de desaparición forzada y de secuestro. Esto impide el derecho que tenemos todos, y en particular los líderes, de defender el derecho a la tierra y el territorio.

¿Quiénes están amenazando?

J.M.B: Los registros de distintas fuentes gubernamentales, no gubernamentales, locales, comunitarias y departamentales muestran que la autoría corresponde a grupos paramilitares, especialmente a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Hay una gran cantidad de casos de autoría desconocida porque no se ha podido determinar quién está detrás de los hechos y hay un caso a manos de la fuerza pública, el de la Fuerza Conjunta del Nudo de Paramillo, que fue ampliamente conocido.

La identificación de los responsables, tanto materiales como intelectuales, le corresponde a la Fiscalía en particular, que ha avanzado en adecuar la normatividad y la estructura institucional para las investigaciones, pero no se han obtenido suficientes resultados de esas pesquisas judiciales.

¿Cuál es su análisis sobre las acciones de las autoridades y entidades para proteger a los líderes?

J.M.B:: En Colombia hay un marco normativo y un marco institucional de defensa de los derechos humanos, en particular de garantías para los defensores, que se empezó a construir alrededor de los años 90. Estos marcos se han alimentado a partir de las preocupaciones de la comunidad internacional y de los defensores: la Defensoría tiene el Sistema de Alertas Tempranas que es bastante sofisticado, con la Ley de Víctimas se creó la Unidad Nacional de Protección y el Acuerdo Final reforzó las medidas.

Como existía una preocupación particular sobre los líderes y lideresas, el Acuerdo incluyó una serie de medidas para garantizar el trabajo y la vida de los defensores y movimientos sociales y políticos, para mitigar o desmantelar las fuentes de riesgo como las organizaciones paramilitares, estructuras que ya debían haber sido desmontadas tanto en su parte armada como política y económica.

Los líderes han manifestado que las medidas de protección no son adecuadas ni suficientes, ¿qué han encontrado ustedes?

J.M.B:: Esta afirmación es verídica y tiene dos componentes para explicarla: 1) Las medidas de la UNP para ofrecer protección material y concreta no son preventivas ni atacan los factores y causas generadoras de riesgos, tienen una cobertura limitada, son lentas, de carácter individual y tiene un enfoque de género y étnico bastante limitado, entre otras críticas.

2) Por su parte, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ya existía y solo fue mejorado con el Acuerdo Final, que también incluye un sistema y protocolo de protección de organizaciones y comunidades en el territorio y la creación de una unidad especializada de investigación de los crímenes contra defensores. Pero todas estas medidas son repetición de las que ya existen; se ha avanzado en su formulación, pero no en la implementación a nivel local, son poco conocidas por las comunidades y los líderes, quienes afirman que muchas de las autoridades locales tampoco las conocen y, por lo tanto, no saben de sus obligaciones.

¿Qué hay detrás de estas amenazas?

J.M.B:: Por un lado, sectores políticos y económicos que se oponen a las medidas de transformación rural que contiene el Acuerdo Final y ven en los líderes a unos promotores de las medidas del Punto 1, relacionadas con la reforma rural integral y el desarrollo rural.

Por otro lado, en el nivel local y territorial, hay algunos sectores que siguen viendo las movilizaciones sociales y la reivindicación de derechos territoriales como una cuestión ilegítima que atenta contra el establecimiento, contra el orden del poder político y, sobre todo, de la distribución de la tierra y el desarrollo de proyectos de extracción, entre otros.

¿Cuáles son los departamentos del Caribe más afectados?

J.M.B:: Los registros dicen que desde la firma del Acuerdo y hasta el 30 de junio de 2018, el más afectado es Córdoba, aunque también hay altas cifras en Bolívar, Sucre y Cesar. El problema se ha hecho visible, entre otras razones, porque la comunidad internacional está atenta de la implementación del Acuerdo Final. Paradójicamente, después de la implementación se disparó la crisis de persecución contra los defensores. Sin embargo, hay un alto subregistro de los casos, se conocen especialmente los homicidios y hay menos información de las amenazas y los hostigamientos.

¿Hay una dinámica como región Caribe o cada departamento tiene una dinámica propia?

J.M.B:: Hay unos aspectos en común como que las personas amenazadas, víctimas de ataques y homicidios, son las mismas que han exigido la titulación de la tierra, que se amplíen los resguardos, que se restituyan los predios y se repare colectivamente, al mismo tiempo que son quienes se han quejado por la falta de acción de las autoridades.

Pero, por supuesto, en cada departamento hay un contexto que hace particular las persecuciones y está determinado por la presencia de actores armados, la ausencia de las FARC, la militarización de los territorios y la expansión y consolidación de las estructuras paramilitares. Además de eso, en cada territorio hay uno o dos proyectos de desarrollo económico a gran escala interesados en la tierra, el territorio y los recursos naturales, mineros, del subsuelo o el agua. Se puede hablar de los megaproyectos de extracción de La Guajira y Córdoba o de los proyectos agroindustriales en Montes de María, entre otros.

¿Qué resultado esperaban de esta mesa?

J.M.B:: Lo que queremos principalmente es que la Procuraduría implemente la Directiva 002 de 2018 que expidió y que le permite hacer seguimiento en las regiones. El problema es que está haciendo una labor preventiva, pero no está haciendo uso de sus dientes para sancionar a los funcionarios que no cumplen la labor de garantizar la protección y seguridad de los líderes. Hasta el momento no ha habido una sola sanción a ninguna entidad, aún a sabiendas de que se tiene un mecanismo para hacerlo. Si la Procuraduría le abriera investigaciones a los funcionaros que hablan en contra de las víctimas, podría generar medidas preventivas entre los funcionarios.

Con la Mesa se busca que haya un diálogo para generar compromisos que sirvan para reducir los riesgos de los defensores en la región Caribe, con una articulación profunda entre las entidades, que en otras mesas y regiones ya se da. Finalmente, que se afronten las causas que hay detrás de los ataques y no sólo se implemente medidas policiales.

 

 

 

Como parte de los Informes País Mujeres Rurales, la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Colaition, presentamos el informe Mujeres rurales en Colombia que presenta datos unificados para entender sus condiciones demográficas, los mecanismos institucionales con los que cuentan para la garantía de sus derechos, evidenciamos las múltiples violencias y otras formas de discriminación de las que son víctimas, y visibilizamos sus estrategias de resistencia. Además, ofrece un paquete de recomendaciones para gobiernos nacionales y locales, medios de comunicación y otros actores involucrados en garantizar el acceso a la tierra y otros derechos de las mujeres del mundo rural.

Click aquí para ver el informe Mujeres rurales en Colombia completo

No existen datos suficientes ni muy actualizados sobre la población rural femenina en América Latina y el Caribe, sin embargo, recientes informes (ONUMujeres 2018 y ALOP 2017) dan pistas sobre la continuación de brechas históricas en la garantía de los derechos de las mujeres a nivel global y para el caso específico del mundo rural. Por ejemplo, sólo el 13% de mujeres en el mundo son propietarias de tierras rurales (ONUMujeres, 2018); la población rural de Latinoamérica y el Caribe representaba en el 2015 el 21% de la región, de este porcentaje, la mitad era mujeres, de las cuales el 20% pertenecía a comunidades indígenas y afrodescendientes. En el año 2010, en Latinoamérica y el Caribe las mujeres rurales representaban el 20% de la fuerza de trabajo agrícola, “con diferentes formas de inserción en el mundo laboral; entre ellas, el trabajo por cuenta propia, el trabajo no remunerado y el trabajo asalariado en empresas y otras unidades productivas” (FAO 2017, p. 1).

En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, la Iniciativa “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC – Latinoamérica) presenta esta infografía con los datos encontrados en 9 países de Latinoamérica para aportar a la visibilización, desde las cifras, de la situación de las mujeres rurales en la región. 



Además, más allá de las recomendaciones usuales sobre la necesidad de contar con mecanismos, rutas institucionales y espacios de participación para que las mujeres rurales puedan defender sus derechos, estos informes aportan recomendaciones resultantes del trabajo a nivel local impulsado con las mujeres y desde las mujeres. Dichas recomendaciones son útiles y necesarias para distintos contextos e incluyen:
• Se requiere generar instancias de sensibilización en temas de género e interculturalidad en donde participen todos/as los/as funcionarios/as públicos.
• Urge considerar la importancia económica y social del trabajo doméstico, así como su reconocimiento y retribución. En este marco, se requiere que las políticas públicas estén orientadas tanto al fomento de la producción como a la redistribución del trabajo del cuidado.
• Se debe invertir en infraestructura comunicacional favorable a las mujeres rurales de todas las edades y etnias.
• Los medios de comunicación no sólo deben mostrar más la perspectiva de las mujeres, también deben incorporar términos como justicia de género y cuestionar ideas como “el jefe del hogar”.
• Las estadísticas oficiales deben ser situadas: dar cuenta de diferencias etarias, geográficas, de identidad, de estado civil y territoriales (urbanas y rurales).
• Un paso necesario para cambiar la estructura patriarcal del Estado es reconocer que, si bien la elaboración de normas y decretos es importante, es crucial avanzar con su implementación.
• En este escenario, es fundamental que se asignen recursos destinados específicamente a atender las necesidades de las mujeres rurales.

Los Informes País sobre la situación de las mujeres rurales aportan información clave a tener en cuenta en cualquier tipo de iniciativa que implique a las mujeres rurales, e incluyen recomendaciones puntuales para la garantía de sus derechos. Los Informes han sido desarrollados en el marco de la Iniciativa Basada en Compromisos “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” que impulsa la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra - América Latina y el Caribe (ILC ALC).

A finales de los años 70 y comienzos de los 80, el Departamento –así se llamaban en esa época los equipos– de Trabajo Rural de Cinep, conformado por León Zamosc, quien lo coordinaba, Silvia Rivera, Diana Medrano y Cristina Escobar, se dio a la tarea de apoyar a la Anuc (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), especialmente a su ala más radical, la llamada Línea Sincelejo, que en ese momento mostraba signos de división y debilidad organizativa así como de reflujo en sus luchas. Además de actividades de acompañamiento y educación, el equipo rural emprendió una desafiante pesquisa sobre la historia de dicha organización.[1] En esa dirección recopilaron la documentación oficial emitida por el Estado y especialmente el Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), así como la producida por los dirigentes de las distintas organizaciones campesinas, regionales y nacionales. Acudieron también al archivo de prensa del Cinep y del Incora. Y realizaron más de 150 entrevistas a lideres campesinos y funcionarios estatales. Los frutos de esa investigación fueron tres publicaciones y un rico archivo que recogía esas fuentes, que con el tiempo se conoció como el Archivo de luchas Campesinas.[2]

 Investigadores del área rural que reemplazaron a Zamosc y su equipo, guardaron celosamente este archivo no en la Biblioteca, sino en sus oficinas. Algunos tuvimos la oportunidad de revisarlo y así lo reconocimos en respectivas publicaciones.[3] Desafortunadamente la rotación de personal, cambios locativos y decisiones administrativas nada acertadas a mediados del decenio pasado hicieron que el archivo de luchas campesinas se perdiera.

 En 2017 León Zamosc, actualmente profesor de Sociología de la Universidad de California en San Diego, se enteró de esa pérdida y generosamente decidió reponerlo parcialmente entregando algunos de los documentos que guardaba en su “archivo de baúl”, según expresión Orlando Fals Borda. En efecto a comienzos de 2018 hizo entrega a la Biblioteca de Cinep de tres paquetes documentales que fueron rápidamente escaneados para preservarlos por medios virtuales.

 De esta forma el actual Archivo de Luchas Campesinas que presentamos consta de tres secciones: la primera “Documentos varios” contiene, como el nombre lo indica, algunos textos recopilados en la mencionada investigación sobre la Anuc en los años 70; la segunda guarda extractos de cerca de 150 entrevistas a líderes y dirigentes campesinos así como a funcionarios estatales de la época;[4] y la tercera abarca informes de talleres con organizaciones campesinas, hechos en 1983 por los continuadores del equipo rural con la idea de socializar dicha investigación. Esos son las fuentes originales que hoy ponemos a disposición del público, como fue el deseo de León Zamosc al donarlas.

 Mauricio Archila Neira

América Latina: auge de las luchas reivindicativas


Opiniones de algunos sectores de la Anuc-Línea Sincelejo


Entrevistas Base ANUC

________________

[1] Fernán González, “La experiencia del CINEP: una escuela de investigadores, en Fernán González, editor, Una opción y muchas búsquedas, Bogotá, Cinep, 1998, pp. 43-44.

[2] Los libros fueron: León Zamosc, Los usuarios campesinos y las luchas por la tierra en los años setenta, Bogotá, Cinep, 1982;Cristina Escobar, La trayectoria de la Anuc, Bogotá, Cinep, 1982; y

[3] Tal fue mi caso: Mauricio Archila, Idas y venidas, vueltas y revueltas, Bogotá, Cinep, 2003. Carlos Salgado y Esmeralda Prada también lo utilizaron en su libro Campesinado y protesta social en Colombia, 1980-1995, Bogotá, Cinep, 2000. El último investigador que pudo consultarlo fue Alexander Pereira para su tesis de pregrado sobre Orlando Fals Borda en la carrera de Historia de la Universidad Nacional en 2005.

[4] Allí se encuentran interesantes testimonios de dirigentes sociales y políticos de ese entonces; no deja de ser curioso que algunos de ellos hoy se ubiquen ideológicamente en las antípodas de lo que eran en ese momento.

La Base de Datos de Luchas Sociales de CINEP ha registrado desde 1975 la trayectoria de las luchas estudiantiles que se han dado en el país hasta nuestros días.

Este especial hace un reconocimiento a estas luchas, a los estudiantes que han sido asesinados en la defensa del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, a los maestros y trabajadores de las universidades e instituciones públicas que hacen parte de estas reivindicaciones y al movimiento estudiantil colombiano.

 

Una historia de luchas*

En esta línea de tiempo encontrarás los hitos más importantes de la movilización estudiantil. Desde 1910 a nuestros días, los estudiantes han sido uno de los actores activos de movilización más importantes en Colombia.

 

 

 Radiografía de las luchas estudiantiles : de las motivaciones a los retos.

¿Por qué es importante la movilización hoy?

Mauricio Archila, investigador del equipo de Movimientos sociales y profesor de la Universidad Nacional de Colombia reflexiona sobre algunos puntos importantes para entender la movilización estudiantil del 10 de octubre de 2018.

 

 

*Este especial fue elaborado con la información suministrada por el equipo de Movimientos sociales del Cinep/PPP

Equipo de Movimientos sociales

Mauricio Archila
Martha Cecilia García
Leonardo Parra

Equipo de comunicaciones 

Miguel Martínez
Mónica Osorio Aguiar
Laura Inés Contreras Vásquez

 

Bogotá, 16 de septiembre de 2018

Señor ministro:
En menos de mes y medio usted ha hecho dos pronunciamientos públicos sobre la protesta social. La primera vez, antes de su posesión como ministro de defensa, pidió que ésta fuera ordenada y que representara los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo. Quisiera contarle que la protesta es, ante todo, un acto disruptivo que se despliega en escenarios públicos, mediante el cual grupos diversos expresan demandas o reivindicaciones propias y particulares, motivo por el cual no puede representar los intereses de todos los colombianos. Las protestas son una forma de acción política no institucional que pone en evidencia precisamente las diferencias en el seno de la sociedad. Diferencias culturales, étnicas, de género, generacionales, religiosas, lingüísticas, de capitales políticos, económicos, de posibilidades de incidir en los asuntos que rigen la vida colectiva, entre otras.

Señor ministro: no le tema a la diferencia, es parte de este país rico en biodiversidad, es decir en formas de vidas distintas –humanas y no humanas–, capaces de interactuar. No pida la homogeneidad, nada más aburrido que ser idénticos, nada más patético y antidemocrático que el pensamiento único. No le tema a las multitudes en las calles y en las carreteras, más bien dispóngase al diálogo, a la escucha, a la mirada, al reconocimiento de las múltiples otredades que hacen este país.

La segunda vez que se refirió a la protesta –precisamente a un día de conmemorarse 41 años del Paro Cívico Nacional de 1977– la criminalizó al asegurar que es financiada con los dineros ilícitos de cinco grupos armados organizados. Con tan temeraria afirmación, usted resta la posibilidad de que múltiples y diversos grupos sociales tengan voz y visibilidad, niega la autonomía de grupos, organizaciones y movimientos sociales para expresar desacuerdos, necesidades, propuestas, ocluye la posibilidad del diálogo social al que tantas veces se ha referido el actual presidente y, lo que es peor, termina recordándonos las palabras del ministro Lemos Simonds y el asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa en 1990.

Sus tesis en esta segunda intervención me suscitaron muchas preguntas y voy a plantearle algunas, recurriendo a las expresiones que en ella utilizó:
¿Sabe usted cuál de los grupos armados que “corrompen y financian la protesta social” costeó la marcha llevada a cabo en Pereira y Armenia el 13 de marzo de 1998, convocada por el comité intergremial, Fenalco, y la Iglesia Católica por el derecho a vivir, después de una oleada de actos delincuenciales y asesinatos ocurridos en estas dos capitales departamentales? ¿Cuál de esos grupos pagó la marcha convocada por la Cámara de Comercio de Caquetá el 13 de mayo de 2014, en la que participaron comerciantes y sus empleados, y ganaderos, bajo la consigna "Caquetá sí existe", para pedirle al gobierno poner más atención a la reactivación económica del departamento y atender las demandas de los paros para que no los afecte a ellos?

¿Cuáles son las mafias organizadas que siempre han estado detrás de las protestas convocadas por el Centro Democrático contra las Farc y el secuestro (por ejemplo, la del 4 de febrero de 2008) y en contra de las negociaciones de paz con las Farc y por la dignidad de las Fuerzas Armadas llevadas a cabo el 7 de agosto de 2015 y 2 de abril de 2016? ¿Esas mafias también empujaron al partido del presidente actual y a otros promotores del NO a encabezar una marcha para exigir a la mesa de negociaciones de La Habana que se respetara el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016 y se tuvieran en cuenta las propuestas que hicieron, y para mostrar su rechazo a la "ideología de género" del acuerdo? ¿Han continuado financiando al CD que el 1° de abril de 2017 lideró una marcha en Villavicencio, en contra del gobierno de Santos bajo la consigna: "No permitamos que Colombia se convierta en Venezuela"?

Y recurriendo a su buena memoria, sáqueme de una duda, señor ministro: ¿cuáles son las mafias de verdad que fomentaron aquella protesta incitada por militares del Batallón de Infantería No. 40 ‘Coronel Luciano D'elhuyar’, el 29 de marzo de 1992, en El Carmen de Chucurí, con la que se intentó impedir la detención del alcalde de ese municipio y de 26 personas más investigadas por la Fiscalía por presuntamente pertenecer y/o auxiliar a paramilitares? ¿Acaso son las mismas que sufragaron la marcha nacional del 6 de diciembre de 2011, convocada por el Ejército Nacional para exigir a la guerrilla de las Farc ponerle fin al secuestro y que, según dijo el propio presidente de la República, fue una manifestación de rechazo a la violencia?

Podría contarme a mí y a otros curiosos ¿cuáles son las mafias supranacionales que respaldaron al Obispo de Cúcuta cuando lideró una marcha el 11 de octubre de 1984, contra el desempleo, la desnutrición y el analfabetismo? ¿Son las mismas que prohijaron las marchas lideradas por la iglesia católica, en septiembre de 1992, para rechazar la abolición de la enseñanza religiosa en los colegios? ¿Existe alguna relación entre las mafias internacionales que apoyan a dicha iglesia y las que impulsan las protestas de grupos cristianos como las realizadas entre 2005 y 2006 en diversas regiones del país en contra de pérdida de valores, contra el aborto y el homosexualismo, y el “arrodillatón” del 16 y 17 de mayo de 2016 en contra de la decisión de un juez de suspender la práctica de la oración antes de iniciar las sesiones del Concejo Municipal de Cartagena, atendiendo el mandato constitucional de no imponer prácticas religiosas de manera obligatoria?

¿Cuál de los cinco grupos armados organizados que usted mencionó pagó las marchas contra el secuestro llevadas a cabo en diciembre de 1996, convocadas por Francisco Santos, actual embajador en Estados Unidos, y su Fundación País Libre? ¿Cuál mafia corrompió y financió la marcha global citada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el 1° de abril de 1998, contra las formas intolerables de trabajo infantil?
Como estos, hay miles de ejemplos de protestas sociales en la historia reciente del país en los cuales, como he querido mostrar, no se podrían hacer señalamientos como los que usted hizo, que terminan criminalizándolas.
Señor ministro: buena parte de los manifestantes saben que la protesta es un derecho consagrado constitucionalmente. Pero ello no basta. Por eso, lo que también se exige en las protestas es contar con garantías para ejercer este y el derecho a tener derechos como ciudadanos de este país.

Cordialmente,

Martha Cecilia García V.
Investigadora del Cinep

Qué debería contener una Ley sobre el derecho a la protesta, y qué tan adecuado es el camino que ha sugerido el nuevo ministro de Defensa

Por: Mauricio Archila* y Martha Cecilia García**

De opositor a promotor

En días pasados, Guillermo Botero, —designado como Ministro de Defensa del gobierno e de Iván Duque— habló sobre la protesta social en la Cumbre Concordia Américas.

No deja de ser sorprendente que el nuevo ministro se refiriera a este tema, en lugar de  los asuntos álgidos, como la ola de violencia contra los líderes sociales, las amenazas a los periodistas, o incluso la persistencia de otras modalidades de la guerra en el campo. Pero aun así debemos reconocer que fue importante poner sobre la mesa el derecho a la protesta y expresar su interés en una Ley Estatutaria que lo reglamente.

Esto llama la atención porque de algún revive un proceso que se había estancado en el Congreso y que venía del Acuerdo de Paz: el proyecto de Ley Estatutaria sobre garantías para la movilización y la protesta que surgió del punto 2 del Acuerdo con las FARC, en cuya redacción participaron varias organizaciones sociales coordinadas por tres ONG (Viva la Ciudadanía, Foro Nacional por Colombia y Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep), un proyecto que Santos había presentado  para trámite por la vía del “fast track”.  

Al parecer el Congreso se abstuvo de tramitar aquel proyecto debido a la resistencia de los gremios y de sectores de las Fuerzas Armadas. Es curioso que ahora sea Botero, el “eterno presidente” de la Federación Nacional de Comerciantes  (Fenalco) y el entrante ministro de Defensa, quien propone ocuparse del asunto.   Pero esta tardía coincidencia se disipa cuando Botero sugiere las líneas gruesas de la ley en cuestión: “En el ámbito social respetamos la protesta social, pero también creemos que esta debe ser una protesta ordenada, que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no sólo de un pequeño grupo…”

Está bien que se respete la protesta social, pues es un derecho fundamental consagrado en los artículos 37, 19, 20 y 40 de la Constitución, pero el resto de la sucinta de la declaración del ministro no puede ser aceptado por la ciudadanía en general ni -en especial- por los integrantes de movimientos sociales en Colombia. En este análisis  distinguiremos dos puntos polémicos: el ordenamiento de la protesta y los intereses que representa.

Al final propondremos algunas precisiones sobre las cifras de Cinep que el entrante ministro citó en su intervención, pues no se ajustan del todo a los de nuestra Base de Datos de Luchas Sociales.

Ordenamiento de la protesta

Aunque el ejercicio del derecho a la protesta necesita de una regulación u ordenamiento que lo garantice, también es cierto que con ese “ordenamiento” se corre el riesgo de anular ese derecho.

De nuestros estudios y análisis históricos se sigue que la protesta es una de las formas principales de participación ciudadana en Colombia, y que en la gran mayoría de los casos, ella transcurre de manera pacífica. La gente suele acudir a la protesta en situaciones o momentos límites, cuando se agotan otros canales de participación o expresión del descontento ante situaciones injustas o excluyentes.

Por eso mismo la protesta no siempre es planeada, menos aun cuando se trata de respuestas espontáneas ante actos de violencia, como cada vez con más frecuencia está sucediendo hoy con los líderes sociales.

El ideal es por supuesto notificar con anticipación a las autoridades, para que estas puedan acompañar a los manifestantes y efectuar los ajustes necesarios para la movilidad en las ciudades y regiones.

Pero no siempre es posible anunciar de antemano el lugar o la hora de una movilización, y en todo caso la ausencia de notificación no debe traducirse automáticamente en la ilegalización de la protesta. Poner un requisito perentorio de ese tipo sería cercenar el derecho a ejercer la protesta, pues, como dijimos, no siempre es planeada.

¿Qué intereses debe representar la protesta?

El entrante ministro de Defensa afirmó que la protesta no debe responder a los intereses de pequeños grupos sino al de todos los colombianos.

No entraremos en la exclusión gramatical del género femenino, pero ya hay un sesgo en la expresión “todos los colombianos”. Botero hace ese llamado apelando al interés general, que por demás es muy difícil de determinar, a menos que se suponga -como ha ocurrido a lo largo nuestra historia- que los gremios empresariales son quienes representan esos intereses.

Por otro lado, excluir los intereses particulares es anular la protesta. Precisamente, la protesta recoge la posibilidad de expresión de intereses particulares que, obviamente, deber ser debatidos y acordados en escenarios públicos más amplios.

No hablemos en abstracto, basta con pensar en la abundancia de casos de trabajadores a quienes no se le paga su salario a tiempo, de estudiantes a los que se les cae la escuela o les faltan maestros, de enfermos que no reciben atención en los hospitales porque están a punto de quebrar, de campesinos violentamente desterrados de sus tierras, de indígenas a quienes se les niega su cultura propia, o de afrodescendientes a quienes no se les reconocen sus territorios.

En fin, innumerables episodios cotidianos que muestran los pequeños y grandes desajustes de nuestra sociedad. ¿Cómo pedirles que atiendan a los intereses de “todos los colombianos”? ¿Quién determina esos intereses? Pedirlo es una forma más sutil, pero igualmente directa, de anular la protesta. Escondida tras el deseo loable de proteger los intereses generales,  la ciudadanía queda sumida en el silencio porque se ignoran sus reclamos particulares – tan particulares, en efecto,  como son los reclamos de los gremios en legítima defensa de sus propios asociados-.

Cifras sesgadas y lecturas convenientes

Ahora bien, para sustentar el proyecto de Ley sería bueno contar con una lectura acertada de las cifras de protesta que Botero ofreció en su breve presentación. Más que por purismo académico, lo sugerimos para evitar sesgos y lecturas descontextualizadas de las mismas.

El texto transcrito por los medios de comunicación dice que: “las protestas vienen en aumento: de acuerdo con las cifras del CINEP, en 2010 se reportaron 640 luchas sociales y en 2016 se registraron 1.019”. Ante todo, debemos precisar que esas cifras no coinciden con nuestros datos que arrojan 827 protestas para 2010 y cerca de 760 para 2016.

Ahora, más que quedarnos en los números, nos preocupa el mensaje que está en el fondo de la frase citada. Podríamos preguntarnos por qué tomar una cifra supuestamente baja en 2010 para contrastarla con una pretendidamente alta en 2016.

O por qué no decir, por ejemplo, que en 2007 hubo 1.016 protestas, en su mayoría motivadas por los derechos humanos. Es cierto que las protestas han aumentado desde finales del decenio pasado, cuando aún era presidente Álvaro Uribe, y que la tendencia se mantuvo con vaivenes bajo el gobierno de Santos, con el que llegamos al pico de 1.037 en 2013, el año del “tal paro agrario”.

Pero no es cierto que bajo el gobierno Santos se hubiera producido un desborde inusitado de las protestas, como si en cambio su antecesor la hubiera tenido controlada y ordenada. Las cifras nunca son puras y menos su interpretación, pero en este caso el sesgo es más que evidente, ¿por qué? Claramente, para legitimar la intervención sobre un fenómeno que parece estar saliéndose del cauce.

Aunque esto tampoco es cierto, como podemos ver en el siguiente gráfico:

Luchas Sociales en Colombia 1975-2016

 

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Fuente: Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep

Por todo lo anterior nos preocupan las declaraciones del nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero. Aunque compartimos la necesidad de una Ley Estatutaria sobre el derecho y la garantía de la protesta, diferimos de los brochazos que lanzó en su propuesta en ese foro público.

Tendremos que esperar que esa propuesta se plasme en un proyecto de reforma que se pueda someter a examen más detallada. Por ahora, como va, no garantiza el derecho fundamental a la protesta sino que apunta a reprimirla y anularla.

Creemos que si el nuevo ministro de Defensa honestamente quiere promover una Ley Estatutaria sobre el derecho y la garantía a la protesta, no sólo debe pensar en las objeciones que le formulamos sino comprometerse a consultar, de manera amplia, a las organizaciones sindicales y sociales para llegar a consensos para consolidar la democracia.

Así podrían superarse, como promete el nuevo presidente, las polarizaciones en el país. Entretanto, declaraciones como las comentadas, no son el camino para lograr esos acuerdos fundamentales.

 

*Ph. D. en Historia, Profesor titular de la Universidad Nacional e investigador del  Cinep/PPP.

**Socióloga con maestría en Urbanismo, investigadora del Cinep/PPP.

Artículo publicado en Razón Pública el 23 julio de 2018