Movilización, tierras y territorio

Movilización, tierras y territorio (53)

Dentro de las acciones del proyecto Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla se realizó la segunda reunión de la Mesa de diálogo Multiactor de impulso a compromisos sobre seguridad y protección para reclamantes de tierras en Magdalena. En este espacio se discutieron los avances que han tenido las instituciones estatales en medidas para proteger la vida y la labor de los reclamantes.

En la mesa participaron líderes del Magdalena, instituciones estatales, organizaciones internacionales y organizaciones que acompañan los procesos de restitución de las comunidades de Diana María (Zona Bananera), Chimborazo (Puebloviejo) y Salaminita (Pivijay/Fundación). Para los participantes es importante trabajar en la protección a estas comunidades porque han registrado 142 hechos de violencia contra la población civil entre 2011 y 2016. De estos, dos casos son de homicidios y 109 amenazas directas y dos atentados.

Para las organizaciones convocantes hubo tres elementos que incrementaron la inseguridad a líderes de restitución. El primero es la reorganización de grupos paramilitares, algunos luego de cumplir condenas en Justicia y Paz. El segundo, el desprestigio a la política de restitución de tierras por parte del ex Procurador General Alejandro Ordoñez, ganaderos y terratenientes de la región, que estigmatizaron a los líderes reclamantes de tierras. Y el tercero que  continúan las amenazas a líderes por medio de panfletos y llamadas atribuidas a bandas criminales.

Franklin Ospina, presidente de la Asocarvirtmag, presentó sus preocupaciones por el desmonte de los equipos de seguridad de líderes de la región, llamado frente al que la representante de la Unidad Nacional de Protección afirmó que los estudios de seguridad se revisan constantemente y que se eliminan las medidas cuando los líderes no cumplen los requisitos expuestos en la ley, uno de ellos es la amenaza directa contra la persona.

Ospina también hizo un llamado a las entidades estatales para que las medidas de seguridad que se implementen sean colectivas y no personales, propuesta que fue respaldada por Leonardo Díaz, representante de Somos Defensores quien argumentó que las medidas personales de seguridad generan ruptura del tejido social en las comunidades y no solo legitiman las amenazas sino que no reducen el riesgo para las personas amenazadas.

La Policía Nacional afirmó tener registro de 6798 peticiones de proceso de restitución de tierras en el Magdalena. También alertó sobre la presencia de varios Grupos Armados Organizados entre ellos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Pachenca y los Costeños a quienes se les atribuyen la aparición de 10 panfletos amenazantes contra la población civil y a quienes se les conoce en la región como los ejércitos anti restitución.

Finalmente se lograron algunos acuerdos con los representantes de las entidades participantes para gestionar reuniones, talleres con las comunidades, y construir propuestas conjuntas de prevención y protección que se articulen con las políticas públicas que surgen del acuerdo de paz y que permitan mejorar las garantías para los líderes de procesos de restitución en el departamento.

 
Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones

Reseña del libro Hasta cuando soñemos: Extractivismo e interculturalidad en el sur de La Guajira, escrita por la profesora Joanne Rappaport publicada en la última edición del anuario colombiano de historia social y de la cultura

 

Joanne Rappaport

Antropóloga, PhD en Antropología Sociocultural, profesora de los Departamentos de Español y Portugués y de Antropología de la Universidad de Georgetown. Autora de los libros: Cumbe renaciente: Una historia etnográfica Andina (Bogotá, Editorial Instituto Colombiano de Antropología e Historia; Popayán, Editorial Universidad del Cauca, 2005),  The Disappearing Mestizo: Configuring Difference in the Colonial New Kingdom of Granada (Duke University Press, 2014), Utopías interculturales: Intelectuales públicos, experimentos con la cultura y pluralismo étnico en Colombia (Bogotá, Editorial Universidad del Rosario; Popayán, Editorial Universidad del Cauca, 2008) y La política de la memoria: Interpretación indígena de la historia en Los Andes colombianos (Popayán, Editorial Universidad del Cauca, 2000).

 
 

Encuentra las memorias del lanzamiento del libro

 

Desde hace un año comenzaron en Cartagena y en el sur de la Guajira los talleres de formación política a comunidades de esos territorios. Hablamos con Jenny Ortiz y Luisa Fernanda Rodríguez, investigadoras del Cinep/Programa por la Paz que han estado al frente de este proyecto en representación de la organización. 

¿Cuál era el objetivo principal para la realización de estos talleres? 

Jenny Ortiz: Los talleres de formación política tienen la intención de aportar al proceso organizativo de las regiones en donde nosotros trabajamos. En este caso, Cartagena tenía un proceso anterior con la Escuela de Derechos Humanos y se decide seguir trabajando con la Mesa por la Defensa del Cerro de la Popa y construir colectivamente con ellos ocho talleres referentes a mecanismos de participación, derecho al territorio, género, diversos temas que le apuntan a fortalecer a la organización.

En la Guajira, se trabaja con organizaciones sociales y comunitarias y la idea es eso,  generar mecanismos de formación en procesos de participación política, en defensa de los derechos de los grupos  étnicos, en fortalecimiento de las propias organizaciones. Y los talleres tienen esta particularidad y es que se construyen colectivamente, surgen de las necesidades del contexto y de las necesidades de las organizaciones.

¿Cuál ha sido la importancia de trabajar en cada uno de estos territorios?

Luisa Rodríguez: En el sur de la Guajira, el proceso se lleva acabo con miembros de comunidades afro y de comunidades indígenas wayuu.  De las comunidades afro está Chancleta, Patilla, Roche, Tabaco, Las Casitas y de las comunidades indígenas wayuu las participantes invitadas por  Fuerza de Mujeres Wayuu, una de las organizaciones más fuertes en el sur de la Guajira y que ha trabajado el tema de los procesos organizativos frente a los impactos de la mega minería en los diferentes territorios y comunidades como El Rocío, la Horqueta y sobretodo el resguardo Lomamato.

Se trabaja con estas comunidades porque son las principales afectadas por la minería de Cerrejón, porque son las que conocen su territorio.  Además,  en el caso de las comunidades afro, están en proceso de inter reconocimiento como comunidades étnicas para ampliar las posibilidades de su territorio frente al Estado. Y ahí entra otro de los objetivos de este proceso de formación, frente a la ausencia del Estado en la Guajira pero además frente a la falta de reconocimiento como comunidades con derechos especiales, hace falta todo un proceso de formación en derechos étnicos, por eso se trabaja con estas comunidades y además todas coinciden que lo principal a defender es el territorio. 

J:  En ambos lugares coincide que es un proceso de formación política frente a un modelo de desarrollo. En el caso del sur de la Guajira, es el asunto del extractivismo. En el caso de  Cartagena, es el modelo de desarrollo turístico.

Las cuestiones diferenciales frente al sur de la Guajira son que  en Cartagena la mayoría de la población es afro y pobló el cerro de la Popa desplazada de Montes de María, de María la baja, del sur de Bolívar. Pero además al ser un sector urbano Cartagena, no hay reconocimiento de derechos territoriales. La esencia del territorio ahí no está amparada por un resguardo o un consejo comunitario como en el caso del sur de la Guajira sino que está amparada con procesos organizativos populares, juntas de acción comunal, trabajo organizativo de base. 

Esto se afronta con acciones jurídicas frente al despojo que ha habido en los asentamientos urbanos producto del modelo de desarrollo turístico. Y esto se convierte en un modelo de ciudad para el turista blanco, europeo, etc.  Por otro lado, se encuentran en un estado de vulneración de sus derechos. Viven en contextos urbanos pero sus necesidades básicas no están garantizadas, como el acceso al acueducto, al alcantarillado, a las basuras, la electricidad.   También ha sido muy fuerte la discusión de género,  hay muchas mujeres en condiciones de profunda vulneración de derechos y hay un proceso organizativo fuerte  desde la base y que pretende transformar las relaciones de género.

Otro componente transversal es la defensa del medio ambiente. Importante para ellos conocer cuáles son los proyectos de desarrollo que vienen para la región, y cómo se pueden articulan en defenderla, en conocerla y en saber cuáles son los impactos ambientales.

¿Cuál es el balance al cierre de los talleres de formación, cómo se ha visto ese progreso de las personas y las organizaciones?

L: En ese sentido, en la Guajira los temas tratados en los talleres fueron consulta previa, derecho al consentimiento, consulta autónoma, fundamento de los derechos étnicos, derecho al territorio, entender cuáles son los impactos del extractivismo en  las mujeres y por qué es diferente a lo que viven los hombres.

El tema de los reasentamientos que en el caso de la Guajira son 5 comunidades reasentadas parcialmente. Frente a toda esta variedad, el balance podría ser, que se aclara para ellos - para la diversidad de participantes que vienen de diferentes comunidades-  cómo organizarse de la mejor manera para defender algo común que es el territorio. Además de esto, poder analizar de manera crítica procesos que se creen que son positivos como la consulta previa, por ejemplo.  Y mirar todos los matices que tienen esos procesos al igual que en los procesos de reasentamiento. En términos generales es darles una serie de herramientas para que ellos puedan decidir frente a todo un proceso de interlocución y negociación que es totalmente desequilibrada con la empresa.

J: Podemos hacer un balance en dos sentidos; en el caso de Cartagena, hay dos factores que son interesantes y un reto que añadiría y es el proceso que han tenido los encuentros.  El primero fue en Barrancas y los líderes de las diferentes organizaciones presentaron al resto de los participantes sus problemáticas en el sur de la Guajira.  Y ahora que fueron a Cartagena,  los líderes de las organizaciones sociales dieron ese contexto de qué es lo que está pasando en Cartagena.  Fue muy interesante porque en  ambos nodos de formación empiezan a conocer qué es lo que está pasando en los otros territorios y al mismo tiempo comienzan a encontrarse, a sugerirse y a asesorarse.

Eso lleva al primer reto y es empezar a articular como región estas problemáticas.   Ir buscando las formas de tejer y de relacionar estos procesos y eso para nosotros es muy importante para comprender la región.

Y otro reto tiene que ver con la asesoría jurídica.  Son comunidades que han luchado y se han organizado y han aprendido políticamente en el camino, pero hay una alta exigencia de asesorías jurídicas. Es un reto muy significativo que hay que seguir trabajando porque entonces empieza también a dar unos niveles de exigencia.

Y un segundo asunto que justo es resultado de este último taller en la Guajira es el tema del género. Tanto en Cartagena como en la Guajira cuando se hace el taller de género las mujeres somos las interpeladas las que hablamos, las que nos empoderamos y por los hombres no pasa nada.  Y es un reto para el proyecto, empezar a construir y reflexionar sobre las masculinidades en estos contextos. Cómo se construyen estos hombres nuevos, cómo las concebimos en la reflexión porque atraviesan todas las cotidianidades, de las mujeres, de los hombres y de las comunidades.

L: Un balance positivo sería que este proceso de formación política es como una gran semilla para empezar a construir y fortalecer procesos en los que ellos se constituyan como sujetos y sujetas políticas de derechos frente a problemáticas territoriales, y conflictos territoriales que son comunes en la región y pues frente a eso encontrar estrategias tanto individuales como colectivas de defensa del territorio. Que el proceso de formación política que se dio acá ayuda a que los sujetos y sujetas tengan un proceso de construcción de defensa del territorio. 

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones

El pasado 7 de junio se conmemoraron 18 años del desplazamiento forzado que sufrió la comunidad de Salaminita en el departamento del Magdalena. Algunos de los testimonios narran lo ocurrido ese día, resaltan la importancia de la conmemoración y exigen mayores garantías para el retorno a su territorio.

Click aquí para ver línea de tiempo del proceso de lucha por el acceso a la tierra de los habitantes de Salaminita.

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de Comunicaciones

El Cinep/ Programa por la Paz, el Instituto Popular de Capacitación, Foro Nacional por Colombia, la Escuela Nacional Sindical y la cooperativa Confiar presentan la edición más reciente de la revista Controversia dossier "Ciudadanía en movimiento".

El presente número, con sus cinco artículos y dos reseñas, se concentra en la complejidad de la ciudadanía como conquista, proceso, institución y concepto:

  • La ciudadanía es una conquista demasiado humana y, por ende, conflictiva.
  • Como proceso, la ciudadanía no es homogénea ni uniforme: está anclada en tiempos y contextos sociales específicos. 
  • Como institución, se debate entre el control y la resistencia.
  • Como concepto, fluctúa en la generalidad ambigua de la sociedad civil y las actuales luchas territorializadas de los movimientos sociales.

Esta edición de Controversia también cuestiona los alcances de nociones como ley, identidad, participación y derechos al poner en tensión dos dimensiones de la ciudadanía: su carácter de status, recibido en la relación contractual de los individuos con el Estado; su carácter pragmático, entendido como ejercicio de capacidades y uso de mecanismos de autogestión para incidir en lo público.

 Así, el status y el “uso” de la ciudadanía se muestran en tensión cuando ambas dimensiones cruzan los debates jurídicos, culturales y constitucionales de la identidad sexual, la ética animalista, el derecho a la salud, el derecho a la educación y la gestión comunal. Esto, a su vez, evidencia actores que encarnan expresiones distintas de la ciudadanía o “ciudadanías directas diferenciadas”.

Ciudadanía en movimiento

Presentación

Por Juan Carlos Merchán Zuleta, editor especial del número 204. Leer
 

Artículos del dossier

  • El giro judicial del movimiento animalista y el naciente derecho de los animales no humanos en las altas cortes colombianas. Leer
  • Movimientos sociales subalternos: análisis crítico del discurso del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social en Bogotá. Leer
  • “¿De qué reconocimiento hablamos en Colombia? Puede que seamos reconocidos por lo que no somos, pero no podemos reconocernos con lo que no sentimos”. Leer
  • Las organizaciones comunitarias como instituciones intermedias: las juntas de acción comunal en el municipio de Tenjo. Leer

Otro artículo

  • El invierno estudiantil chileno: ¿un Happy Ending? Leer

Reseñas

  • Scherer-Warren, I. (2012). Redes emancipatórias: nas lutas contra a exclusão e por direitos humanos. Curitiba: Appris. Leer

Hacia una teoría política anarquista. A propósito de: Gómez-Müller, Alfredo (Ed.). (2014). Anarquismo: Lo político y la antipolítica, Bogotá, Colombia: Desde Abajo. Leer

 

Edición impresa 
N.° de páginas: 203 | Tamaño: 16,5 x 21,5 cm | ISSN: 201-204165 | Costo: $32.000
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Uno de los principales objetivos del Acuerdo de Paz producto de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP es “la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural”. Dicho horizonte es positivo, teniendo en cuenta la centralidad del problema de la tierra en el desarrollo del conflicto y la necesidad de generar cambios estructurales que mitiguen lo que se ha considerado como causas estructurales del conflicto: desigualdad en el acceso a la tierra, mínima garantía de derechos y escasa representación política de poblaciones rurales pobres, entre otros.

La Reforma Rural Integral del acuerdo –haciendo un resumen muy general–  contempla medidas vinculadas a la promoción del acceso a tierras a través de adjudicaciones y también de la constitución de figuras territoriales como las Zonas de Reserva Campesina; medidas para garantizar la caracterización de las tierras rurales en Colombia y las áreas de conservación y su protección; la elaboración de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial en las zonas mayormente afectadas por el conflicto con una amplia participación de las comunidades; y la puesta en marcha de Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral dirigidos a mejorar la infraestructura, los servicios básicos para la población rural y el apoyo a la economía campesina, familiar y comunitaria.

Después de la firma, el tema inmediato está referido a cuáles son los cambios normativos e institucionales, así como los instrumentos de política pública necesarios para materializar los acuerdos. En efecto, en un primer momento se trata de los ajustes normativos por medio del procedimiento conocido como fast track, que implica un trámite más expedito al normal. En este marco, el debate ha sido profundo y refleja las dificultades para concertar arreglos entre los múltiples actores interesados en la tierra.

El Gobierno presentó un ambicioso Proyecto de Ley de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural que reformaba casi por completo la normatividad agraria y de tierras y que fue resistida por sectores sociales, económicos y políticos. En todo caso, estos reparos vienen de distintos sectores que no pueden ubicarse en un mismo lugar: por ejemplo, entre las diversas posturas, una de estas proviene de grupos políticos y gremios que se oponen radicalmente al acuerdo de paz y consideran, de acuerdo a sus declaraciones, que con este se pone en riesgo la propiedad privada y se afecta la productividad. Un segundo conjunto de críticas proviene de organizaciones sociales que han expresado que parte de las propuestas del gobierno atentan directamente contra el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional.

En medio de la discusión el Gobierno optó por desarrollar una normativa específica vía Decreto Ley presidencial que contempla la creación del Fondo de Tierras y los procesos de formalización y acceso a tierras que debe surtir el trámite de Consulta Previa con los grupos étnicos; mientras otro tipo de medidas de mayor alcance serán tramitadas en el Congreso de la República.

Un segundo aspecto relevante se refiere al mecanismo de desarrollo normativo: el 17 de mayo la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones originales del fast track que contemplaba que los cambios realizados en el Congreso a los proyectos de ley debían contar con el aval del Gobierno Nacional y que además estos debían ser votados a favor o en contra en su totalidad.

Esto desde ya significa un reto importante para la implementación de los acuerdos de paz. Un primer asunto tiene que ver con los tiempos: pronto a vencer el periodo del fast track (prorrogable por seis meses más), a partir de ahora todo proyecto de ley surtirá una discusión pormenorizada artículo por artículo, corriéndose el riesgo de que los tiempos no den para desarrollar toda la normatividad necesaria, no solo en lo que respecta a Reforma Rural Integral. Un segundo riesgo tiene que ver con los cambios que los parlamentarios puedan hacer a las propuestas y que estos no sean coherentes con el Acuerdo de Paz.

Las discusiones en el Congreso de la República y la muy probable movilización social a favor de los acuerdos marcarán los ritmos del debate sobre las acciones de política pública necesarias para solucionar los problemas de la tierra en Colombia. Cómo convenir con distintos actores con intereses tan disímiles y diferentes apuestas sobre la tierra, el desarrollo rural y el ordenamiento territorial parece ser la pregunta en este momento. Y, en realidad, esta es la pregunta fundamental de todo proceso de construcción de gobernanza adecuada de la tierra y los recursos naturales. Para la ENI/Colombia este proceso debe partir por el reconocimiento y garantía de los derechos de las comunidades rurales como lo consigna el Acuerdo. Sin duda, de esto se trata la construcción de la paz.

 

Javier Lautaro Medina

Coordinador del Equipo Movilización, tierra y territorio.

Estrategia Colaborativa en Colombia por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio – ENI/Colombia

Artículo publicado en http://www.landcoalition.org

La comunidad de Salaminita, en Pivijay - Magdalena,  sufrió dos procesos de desplazamiento por grupos paramilitares. Uno de ellos fue en el centro poblado donde, luego del asesinato público de varios líderes sociales, derrumbaron las casas que existían. Con amenazas desplazaron a los pobladores de área rural, comprando sus predios a precios muy bajos. Antes los atropellos de los actores ilegales formaron la asociación ASORENACER con la que han luchado el derecho a volver a sus predios.

Esta línea de tiempo señala el proceso de lucha por el acceso a la tierra de estos campesinos los que han tenido que vivir difíciles actos de violencia. Aunque una orden judicial de restitución de tierras y reconstrucción del corregimiento arrasado, aún no se ha cumplido dicha orden judicial.

 

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A propósito de las recientes movilizaciones sociales en Colombia, presentamos este artículo de la última edición de la revista Cien Días Vistos por Cinep/PPP que rescata el significado de las movilizaciones del magisterio, el paro cívico en Chocó, el sector de los esmeralderos, la disputa por Uber y el sector judicial.
 
 
 

 

 

El pasado miércoles 31 de mayo, se realizó el lanzamiento de la última edición de la revista Cien Días Vistos por Cinep/PPP. En diálogo con Ana María Restrepo, una de las autoras del artículo “Tres variaciones sobre la movilización social y la paz”, quisimos entender un poco más sobre la relevancia de la movilización social hoy, en tiempos de implementación de los acuerdos de paz.

 ¿Por qué es importante entender el tema de la movilización social en relación con los acuerdos de paz?

Ana María Restrepo: Esa es una pregunta que nos hemos estado haciendo mucho desde el equipo, porque claramente desde que comenzaron los procesos de negociación ha aumentado el número de protestas. Eso tiene que ver con que el proceso de negociación abre una oportunidad política para poner en lo público las demandas y las necesidades de las localidades, pero también porque se empieza a construir un discurso en el que todas las demandas sociales aportan a la paz.

Si hay más educación, si hay mejores vías, va haber paz. Eso tiene mucho sentido, porque por supuesto se van a disminuir los conflictos sociales si se resuelven las demandas que la gente tiene en sus territorios.

Por eso es importante entender la relación del movimiento social con los procesos de negociación. Lo que encontramos es que sí había otros sucesos, fenómenos y acciones que afectaban a la movilización social y que sí tenían que ver con los procesos de paz.

Para el caso del artículo de Cien Días son las movilizaciones convocadas por el uribismo; los foros de participación en los que se buscó construir unos lineamientos para un proyecto de ley de garantías a la protesta, la participación ciudadana y la movilización social; y las capturas a líderes sociales que se estaban presentando simultáneamente y que están enmarcadas en un proceso mucho más amplio de persecución a la protesta, de criminalización y de asesinato a líderes.

¿Cómo afecta la  criminalización de la protesta social  en la implementación de los acuerdos?

A.M.R: Sobre todo son preguntas también: ¿qué pasa si en el tránsito de la política por vía armada a la participación democrática la protesta, que es otra forma de participación política, se criminaliza? ¿Cómo eso puede desestimular esos tránsitos?

Pero por otro lado,  se puede desincentivar la protesta misma. Lo que empezamos a ver, es que cuando por los  medios de comunicación se afirma que son los actores armados que sacan a la gente a protestar, se están desconociendo los liderazgos sociales y la autonomía de las personas y sus capacidades para reconocer los problemas en sus territorios, construir soluciones alrededor de estos y ponerlos en un escenario público para sean reconocidos.

 ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos leer el artículo de Cien Días?

Hay que leer este artículo por cuatro razones:

  1. Para saber qué pasó en los Foros de Participación Nacional y Regional, cuáles fueron los grandes temas de discusión que se vieron en esos foros territoriales y sectoriales.
  1. Para entender que la criminalización de la protesta no es una cosa nueva, pero sí estamos en un momento en el que hay unos discursos muy fuertes frente a la protesta, y nosotros en el artículo rastreamos desde el año 90 los precedentes de esa criminalización.
  1. Para ver que estas cuestiones del uribismo y la movilización social plantean un panorama paradójico, porque en el gobierno de Álvaro Uribe también se criminalizó y se judicializó a muchos líderes sociales.
  1. Para seguir pensando cuál es el sentido de la participación política en este contexto y las diversas formas en las que se presenta.

 

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo Comunicaciones

 

 

En el marco del segundo seminario regional de interculturalidad desarrollado en Cartagena, Sandra Raggio, docente de la Universidad Nacional de la Plata y Directora general de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, participó con profesores de la región caribe en la discusión sobre el papel de la memoria desde la escuela. 

¿Por qué es importante hacer ejercicios de memoria?

En principio la memoria es una construcción social que existe y que tiene que ver con la conformación de los grupos sociales, de las comunidades. La activación de los procesos de memoria en comunidades que han sido atravesadas por procesos de violencia, que han desestructurado las relaciones sociales, tiene que ver con poder reconstruir esa comunidad y reconstruir los lazos en clave de poder vivir juntos y de otra manera. Esta es la memora como un trabajo social, cultural y político. La memoria es profundamente política en el sentido en que la memoria puede ser usada para consolidar el poder de determinadas minorías que legitiman la dominación, que reivindican la violencia o puede ser una memoria ligada a los sectores populares, a las grandes mayorías, que les permitan pensarse en relación con ese poder. Las secuelas de los periodos de violencia son muy largos y difíciles de superar y la memoria es el trabajo de las comunidades por superar ese pasado.

¿Existe una forma correcta de hacer memoria?

Si, claro está, no de validez universal. Uno se posiciona desde algún lugar, porque la memoria siempre implica una posición, no hay memoria desde un lugar neutral, pero para uno hay una memoria que es la correcta. Esa memoria es aquella que es capaz de construir y generar nuevas expectativas de futuro que tengan que ver con vivir mejor, con superar los pasados duros, asociadas a los procesos de democratización de la sociedad que  es a fin de cuentas la conquista de derechos.  La memoria correcta tiene que ver con poder asociarse, y que esos procesos de memoria estén asociados con los procesos de democratización y con procesos de ampliación de derechos.  Hay algunos usos de las memorias que no se orientan a responder a los derechos de las mayorías. En ese sentido, sí hay algunas formas correctas de hacer memoria.

¿Cómo deben las comunidades apropiarse de esas memorias para exigir la reivindicación de sus derechos?

En principio, la primera demanda de las víctimas es la exigencia del reconocimiento del daño, es decir, ser reconocidos como víctimas. La memoria como trabajo, como acto voluntario, implica hacer cosas: juntarse con otros, testimoniar, conversar, registrar, narrar, tener actos colectivos. La memoria no es solo un relato o un registro de los hechos sino que eso tiene que construir sentido, tiene que clamar por justicia. No solo una justicia punitiva, puede ser una justicia restaurativa, una justicia reparadora. La memoria tiene un efecto reparador sobre la comunidad. Un simple registro de los hechos no tiene valor por sí misma. Adquiere valor cuando repara a la comunidad que necesita que lo que le hicieron sea reconocido, sea visibilizado, no sea negado, no sea silenciado.

 Esos son actos de reparación. El muerto no volverá, pero por lo menos se le reconoce que su muerte fue injusta y eso no es menor. La memoria tiene mucho para que las comunidades vuelvan a ser comunidades. El trabajo de la memoria es volver a repensarnos colectivamente, la pregunta, después de la violencia, es ¿Quiénes somos?  Porque la violencia afecta profundamente las identidades.

¿Qué hacer frente a los actores estatales que son sentenciados a hacer actos de perdón, pero que realmente no sienten ninguna intención de hacerlo?

La función del Estado no es solo enunciar, sino que debe actuar. No se trata solo de reconocer un acto. Debe realizar otro tipo de acciones para reparar a las comunidades que se vieron afectadas por los actos de sus miembros. Esa formalidad de actos de perdón, no repara a nadie. Capaz que repara más el hecho de que sean obligados a hacerlo que el mismo acto formal.

¿Se puede lograr un relato unificado del conflicto?

Es difícil hablar de una única memoria o una versión consenso. La dinámica de la memoria es básicamente la disputa. La memoria existe en la medida en que disputa y se enfrenta con otras. Los regímenes totalitarios siempre imponen una mirada única del pasado, para borrar el futuro. Más que crear un relato unificado, hay que construir un piso, una base de dónde partir. En Argentina eso se hizo con la producción de la verdad jurídica. Uno puede tener muchas discrepancias con la forma en que la justicia narra los hechos, pero hay un reconocimiento de que esos hechos sucedieron.  Cuando el Estado no reconoce lo que hizo, o lo que dejó de hacer, es muy difícil que la memoria que se construya sea creíble.  Lo principal es que el Estado reconozca su participación y luego cree el relato de qué hicieron los otros. Eso, por lo menos, es lo que hace particular el caso argentino, que hay una clara responsabilidad del Estado en el ejercicio de la violencia. Hay que diferenciar también las características de cada país. La violencia colombiana no es comparable con los procesos de violencia argentina.  Cada actor involucrado debe hacerse cargo de su responsabilidad, y en el caso colombiano es lo que complica el proceso, que el Estado es uno más.

¿A qué se refiere el término de la memoria feliz?

Es un proceso de recuperar las historias de lucha, de una organización, de lo que  vino a destruir la violencia. Es pensar uno qué ha sido, para plantear en qué quiere convertirse. La memoria feliz es poder repensarse antes de la violencia, porque uno de los primeros efectos de la violencia es borrar las identidades anteriores, entonces hay que repensarlo. No para volver a ser lo que fuimos, sino para incorporarlo a nuestra propia identidad. Hay que pensarse memorias mucho más largas independientemente de la violencia. Las comunidades indígenas, los pueblos originarios tienen memorias así, no de 30 o 40 años sino de 100 o 200 años. Estas memorias más cortas hay que lograr incrustarlas en las más largas para construir los relatos locales y así llegar a un relato nacional.

¿Cómo es hacer memoria en Argentina?

Es siempre un desafío. La memoria siempre trae desafíos. Hoy estamos en un momento histórico muy diferente al de hace 10 años y hace 20 años. La violencia marcó tanto al pueblo argentino que constantemente están reactualizándose, están en la agenda política, y atraviesan a la cultura, la trama social y sobre todo están atravesando a las nuevas generaciones.  La dictadura empezó hace 41 años y aún, a los jóvenes que nacieron en la democracia, la dictadura es un proceso que les sigue significando, siguen interesados en saber qué pasó y se siguen viendo implicados en la dictadura.

¿Qué consejos dejaría a los colombianos para trabajar la memoria?

A mí me parece que más allá de las posibles limitaciones del acuerdo, hay una memoria de abajo y hay una dinámica de las comunidades que es sumamente interesante y que sería muy importante activarla, más allá de las políticas del Estado. Me ha parecido muy interesante en el caso colombiano la participación que tiene  las mismas comunidades locales para reconstruirse. Esa territorialización de la memoria es muy importante que no se pierda. Ojalá que el acuerdo de paso a esos proceso locales de las comunidades para construir memoria y para repensarse hacia el futuro. Otro consejo es que no asuste que la memoria es un conflicto y una disputa permanente. La memoria no es un remanso. Pero puede haber disputa en otros términos que no sean tramitados por medio de la violencia.

 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones