Movilización, tierras y territorio

Movilización, tierras y territorio (55)

Por su amplia salida al mar a través del río Sinú y por conectar la región Caribe con el interior del país, el departamento de Córdoba ha contado con la presencia de diversos grupos armados que se disputan el control territorial desde mediados del siglo XX. Ese acaparamiento sistemático de miles de hectáreas de tierra y la distribución de la propiedad en la región están relacionados, también, con la configuración de poderes regionales y la consolidación de grupos privados de seguridad.

De hecho, el territorio cordobés fue plataforma del proyecto paramilitar debido a las estructuras de poder establecidas mediante el modelo de hacienda y a las dinámicas en las que la defensa de la propiedad privada, el modelo ganadero y la extracción agroindustrial debía fomentarse, incluso, por medio de las armas. A esto se suma que, durante los últimos veinte años, la violencia recrudeció como consecuencia del narcotráfico, principalmente porque muchas de las rutas de transporte de estupefacientes que atraviesan Córdoba han sido controladas históricamente por grupos paramilitares. A pesar de la desmovilización de los grupos paramilitares, entre 2002 y 2005, las estructuras armadas que hacían parte de las AUC —ahora denominadas Bandas Criminales (BACRIM) o grupos armados posdesmovilización (GAPD)— permanecen activas en el departamento. Varios líderes comunitarios han alertado sobre la consolidación de estos grupos, pues ha aumentado el número de sus integrantes y se ha establecido un control social de las poblaciones rurales. En este contexto, y dado que el desplazamiento ha sido y sigue siendo una de las principales afectaciones para la población, las comunidades campesinas han liderado procesos de organización territorial. Sin embargo, los líderes han sido estigmatizados, perseguidos y muchos de ellos asesinados durante décadas.

Este especial no solo cuenta las experiencias y reflexiones de organizaciones de víctimas y comunidades rurales del departamento de Córdoba en la ejecución de estrategias de exigibilidad del derecho a la tierra y el territorio, sino, también, narra su memoria sobre hechos victimizantes y su capacidad de resiliencia.


Relatos de guerra y paz en Córdoba

 
 
Propuestas de desarrollo rural y territorial desde las organizaciones
 
Desde hace seis años, el Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio en Córdoba (GTTC) ha liderado la unificación de territorios cordobeses, la recuperación de tierras para la población desplazada y la constitución del Resguardo Zenú del Alto San Jorge, ya reconocido legalmente por el Estado colombiano. La labor del GTTC no solo ha permitido hacer memoria sobre hechos victimizantes, como consecuencia de la presencia de distintos grupos armados en la región, sino también, reflexionar y reconocer la capacidad de resiliencia de las familias y comunidades.
 
 

Unidas por el propósito de consolidar procesos de organización y resistencia por el acceso a la tierra, las 12 organizaciones que conforman el GTTC se sitúan, principalmente, en Montería y en el sur del departamento:  

 

Mirando el horizonte: retos para la organización social en Córdoba

Javier Lautaro Medina, coordinador del equipo de Movilización, territorio e interculturalidad del Cinep/ Programa por la Paz —que ha hecho el acompañamiento al Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba desde el año 2011—, explica cuáles son los retos actuales para las organizaciones sociales en el territorio cordobés. Expone, además, las transformaciones necesarias que necesitan estos territorios que componen el GTTC y comparte sus preocupaciones sobre el panorama que tienen los jóvenes rurales que habitan este territorio. 


Años sin tierra: retorno simbólico al territorio del Manso

Una de las estrategias del GTTC para incidir en el acompañamiento y la exibilidad sobre los derechos a la tierra y el territorio en el departamento de Córdoba tiene que ver con el retorno simbólico al territorio de El Manso, en el Parque Nacional Natural Paramillo.

Entre el 25 y el 27 de octubre de 2016, campesinos oriundos de la zona, que fueron desplazados de su territorio hace 16 años, decidieron retornar simbólicamente y sostener una serie de conversaciones entre ellos y con diferentes organizaciones con el fin de aclarar el futuro del GTTC, los medios de acceso a la justicia por la tierra y el porvenir de su territorio.

Salieron desde el municipio de Fresquillo sobre dos lanchas, cargadas con aproximadamente 30 personas cada una. Ocho horas después, tras atravesar el Parque Nacional Natural Paramillo por la represa Urrá, el río Sinú y el río Manso, desembarcaron en el corregimiento de Barrancón. Presentamos esta galería, una muestra de lo que fueron los tres días durante los cuales los campesinos y las campesinas de El Manso retornaron a su territorio.

 

 

 

Cuatro libros clave para entender la lucha por el territorio en Córdoba




Memorias vivas para la recuperación del territorio cordobés (2017)

Este libro hace parte de un proceso de investigación, reflexión y escritura colectiva adelantado por campesinos, campesinas e indígenas, miembros del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba; organización que suma seis años en la apuesta fundamental por la defensa de sus territorios ante el despojo de la guerra y la victimización.

Defender el territorio es construir paz. La experiencia de los pueblos indígenas del Alto San Jorge (2016)

Este informe está construido desde la perspectiva de los derechos a la tierra, al territorio y a vivir en paz de dos comunidades indígenas del Alto San Jorge. El documento hace un acercamiento a la historia de poblamiento de la comunidad emberá de Dochama y el pueblo zenú, al contexto económico general de la zona y de conflicto armado. Además, presenta un recorrido por las capacidades organizativas de estas comunidades, que, en medio del conflicto armado y la inoperancia estatal para garantizar sus derechos, han construido y mantenido estructuras organizativas y experiencias propias de regulación social, base para la construcción de paz territorial.


Tierra y territorio en el departamento de Córdoba en el escenario del posconflicto (2016)

Este informe aborda las dinámicas del conflicto armado, los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades rurales, y el extractivismo en Córdoba. Cada una de estas perspectivas se analiza con base en visitas a terreno y en datos que organizaciones de la sociedad civil, así como entidades gubernamentales, han recolectado durante los últimos años. 

Córdoba: La tierra y el territorio (2014)

Con esta publicación se aporta al debate sobre la garantía del derecho a la tierra y al territorio y la construcción de propuestas incluyentes de acceso a tierras y desarrollo rural en el departamento.

 

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Coordinadora de publicaciones: Margareth Figueroa Garzón
Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Periodista asistente:
María Gabriela Novoa
Asistente de publicaciones: Alejandra Mouthon

Ilustradora: Martha Lucía Castro Ramos

En cumplimiento con el acuerdo de paz, y  como parte del Sistema integral de verdad Justicia, Reparación y No Repetición, el Cinep/Programa por la Paz postula a Mauricio Archila Neira a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Archila es licenciado en Filosofía y letras con especialización en historia de la Pontificia Universidad Javeriana. Realizó una maestría en economía en la que estudió el impacto del sindicalismo en los salarios. Es doctor en historia de la Universidad estatal de Nueva York Stony Brook, en el que analizó la formación de la clase obrera colombiana. Desde el inicio de su carrera académica, ha seguido la trayectoria de los movimientos sociales en Colombia en el siglo XX y XXI y su relación con las izquierdas políticas. En ese transcurrir ha documentado hechos de violencia contra los movimientos sociales, especialmente contra el sindicalismo

Se vinculó al CINEP/PPP como investigador asociado desde los años 80 y ha trabajado con las organizaciones sociales en sus territorios y regiones. Ha contribuido a  la construcción de las bases de información que este Centro elabora sobre luchas sociales.

Además, ha sido docente de la Universidad Nacional de Colombia desde 1978 en el departamento de historia, donde ha recibido varias distinciones por su trabajo, entre ellas el premio a la Docencia Excepcional en 2001, año en el que fue nombrado como docente emérito de dicha Universidad.

Ha sido miembro de la Asociación Colombiana de Historiadores desde su creación en 1987, la cual ha presidido en un par de ocasiones. Está vinculado desde hace años a equipos de LASA y grupos de CLACSO que trabajan sobre izquierdas y movimientos sociales en América Latina.

Es autor de varios textos de investigación entre ellos se destaca Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958 – 1990, publicado en 2003 y considerado uno de los documentos más importantes en análisis de los movimientos sociales de Colombia. Con esta investigación ganó el Premio Nacional de Ciencias Sociales Alejandro Angel Escobar en 2004.

Dada su trayectoria en investigación, en trabajo con comunidades, en trabajo académico, el Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz, lo postula como candidato a la Comisión de Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición con el apoyo de diferentes instituciones académicas, sindicales y obras de la compañía de Jesús.

Se espera que durante las próximas semanas el comité de escogencia  seleccione a las personas que durante los siguientes tres años tendrán como función esclarecer los hechos ocurridos,  promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y promover la convivencia en los territorios, Todo esto en el marco del conflicto armado.

 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

Dentro de las acciones del proyecto Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla se realizó la segunda reunión de la Mesa de diálogo Multiactor de impulso a compromisos sobre seguridad y protección para reclamantes de tierras en Magdalena. En este espacio se discutieron los avances que han tenido las instituciones estatales en medidas para proteger la vida y la labor de los reclamantes.

En la mesa participaron líderes del Magdalena, instituciones estatales, organizaciones internacionales y organizaciones que acompañan los procesos de restitución de las comunidades de Diana María (Zona Bananera), Chimborazo (Puebloviejo) y Salaminita (Pivijay/Fundación). Para los participantes es importante trabajar en la protección a estas comunidades porque han registrado 142 hechos de violencia contra la población civil entre 2011 y 2016. De estos, dos casos son de homicidios y 109 amenazas directas y dos atentados.

Para las organizaciones convocantes hubo tres elementos que incrementaron la inseguridad a líderes de restitución. El primero es la reorganización de grupos paramilitares, algunos luego de cumplir condenas en Justicia y Paz. El segundo, el desprestigio a la política de restitución de tierras por parte del ex Procurador General Alejandro Ordoñez, ganaderos y terratenientes de la región, que estigmatizaron a los líderes reclamantes de tierras. Y el tercero que  continúan las amenazas a líderes por medio de panfletos y llamadas atribuidas a bandas criminales.

Franklin Ospina, presidente de la Asocarvirtmag, presentó sus preocupaciones por el desmonte de los equipos de seguridad de líderes de la región, llamado frente al que la representante de la Unidad Nacional de Protección afirmó que los estudios de seguridad se revisan constantemente y que se eliminan las medidas cuando los líderes no cumplen los requisitos expuestos en la ley, uno de ellos es la amenaza directa contra la persona.

Ospina también hizo un llamado a las entidades estatales para que las medidas de seguridad que se implementen sean colectivas y no personales, propuesta que fue respaldada por Leonardo Díaz, representante de Somos Defensores quien argumentó que las medidas personales de seguridad generan ruptura del tejido social en las comunidades y no solo legitiman las amenazas sino que no reducen el riesgo para las personas amenazadas.

La Policía Nacional afirmó tener registro de 6798 peticiones de proceso de restitución de tierras en el Magdalena. También alertó sobre la presencia de varios Grupos Armados Organizados entre ellos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Pachenca y los Costeños a quienes se les atribuyen la aparición de 10 panfletos amenazantes contra la población civil y a quienes se les conoce en la región como los ejércitos anti restitución.

Finalmente se lograron algunos acuerdos con los representantes de las entidades participantes para gestionar reuniones, talleres con las comunidades, y construir propuestas conjuntas de prevención y protección que se articulen con las políticas públicas que surgen del acuerdo de paz y que permitan mejorar las garantías para los líderes de procesos de restitución en el departamento.

 
Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones

Reseña del libro Hasta cuando soñemos: Extractivismo e interculturalidad en el sur de La Guajira, escrita por la profesora Joanne Rappaport publicada en la última edición del anuario colombiano de historia social y de la cultura

 

Joanne Rappaport

Antropóloga, PhD en Antropología Sociocultural, profesora de los Departamentos de Español y Portugués y de Antropología de la Universidad de Georgetown. Autora de los libros: Cumbe renaciente: Una historia etnográfica Andina (Bogotá, Editorial Instituto Colombiano de Antropología e Historia; Popayán, Editorial Universidad del Cauca, 2005),  The Disappearing Mestizo: Configuring Difference in the Colonial New Kingdom of Granada (Duke University Press, 2014), Utopías interculturales: Intelectuales públicos, experimentos con la cultura y pluralismo étnico en Colombia (Bogotá, Editorial Universidad del Rosario; Popayán, Editorial Universidad del Cauca, 2008) y La política de la memoria: Interpretación indígena de la historia en Los Andes colombianos (Popayán, Editorial Universidad del Cauca, 2000).

 
 

Encuentra las memorias del lanzamiento del libro

 

Desde hace un año comenzaron en Cartagena y en el sur de la Guajira los talleres de formación política a comunidades de esos territorios. Hablamos con Jenny Ortiz y Luisa Fernanda Rodríguez, investigadoras del Cinep/Programa por la Paz que han estado al frente de este proyecto en representación de la organización. 

¿Cuál era el objetivo principal para la realización de estos talleres? 

Jenny Ortiz: Los talleres de formación política tienen la intención de aportar al proceso organizativo de las regiones en donde nosotros trabajamos. En este caso, Cartagena tenía un proceso anterior con la Escuela de Derechos Humanos y se decide seguir trabajando con la Mesa por la Defensa del Cerro de la Popa y construir colectivamente con ellos ocho talleres referentes a mecanismos de participación, derecho al territorio, género, diversos temas que le apuntan a fortalecer a la organización.

En la Guajira, se trabaja con organizaciones sociales y comunitarias y la idea es eso,  generar mecanismos de formación en procesos de participación política, en defensa de los derechos de los grupos  étnicos, en fortalecimiento de las propias organizaciones. Y los talleres tienen esta particularidad y es que se construyen colectivamente, surgen de las necesidades del contexto y de las necesidades de las organizaciones.

¿Cuál ha sido la importancia de trabajar en cada uno de estos territorios?

Luisa Rodríguez: En el sur de la Guajira, el proceso se lleva acabo con miembros de comunidades afro y de comunidades indígenas wayuu.  De las comunidades afro está Chancleta, Patilla, Roche, Tabaco, Las Casitas y de las comunidades indígenas wayuu las participantes invitadas por  Fuerza de Mujeres Wayuu, una de las organizaciones más fuertes en el sur de la Guajira y que ha trabajado el tema de los procesos organizativos frente a los impactos de la mega minería en los diferentes territorios y comunidades como El Rocío, la Horqueta y sobretodo el resguardo Lomamato.

Se trabaja con estas comunidades porque son las principales afectadas por la minería de Cerrejón, porque son las que conocen su territorio.  Además,  en el caso de las comunidades afro, están en proceso de inter reconocimiento como comunidades étnicas para ampliar las posibilidades de su territorio frente al Estado. Y ahí entra otro de los objetivos de este proceso de formación, frente a la ausencia del Estado en la Guajira pero además frente a la falta de reconocimiento como comunidades con derechos especiales, hace falta todo un proceso de formación en derechos étnicos, por eso se trabaja con estas comunidades y además todas coinciden que lo principal a defender es el territorio. 

J:  En ambos lugares coincide que es un proceso de formación política frente a un modelo de desarrollo. En el caso del sur de la Guajira, es el asunto del extractivismo. En el caso de  Cartagena, es el modelo de desarrollo turístico.

Las cuestiones diferenciales frente al sur de la Guajira son que  en Cartagena la mayoría de la población es afro y pobló el cerro de la Popa desplazada de Montes de María, de María la baja, del sur de Bolívar. Pero además al ser un sector urbano Cartagena, no hay reconocimiento de derechos territoriales. La esencia del territorio ahí no está amparada por un resguardo o un consejo comunitario como en el caso del sur de la Guajira sino que está amparada con procesos organizativos populares, juntas de acción comunal, trabajo organizativo de base. 

Esto se afronta con acciones jurídicas frente al despojo que ha habido en los asentamientos urbanos producto del modelo de desarrollo turístico. Y esto se convierte en un modelo de ciudad para el turista blanco, europeo, etc.  Por otro lado, se encuentran en un estado de vulneración de sus derechos. Viven en contextos urbanos pero sus necesidades básicas no están garantizadas, como el acceso al acueducto, al alcantarillado, a las basuras, la electricidad.   También ha sido muy fuerte la discusión de género,  hay muchas mujeres en condiciones de profunda vulneración de derechos y hay un proceso organizativo fuerte  desde la base y que pretende transformar las relaciones de género.

Otro componente transversal es la defensa del medio ambiente. Importante para ellos conocer cuáles son los proyectos de desarrollo que vienen para la región, y cómo se pueden articulan en defenderla, en conocerla y en saber cuáles son los impactos ambientales.

¿Cuál es el balance al cierre de los talleres de formación, cómo se ha visto ese progreso de las personas y las organizaciones?

L: En ese sentido, en la Guajira los temas tratados en los talleres fueron consulta previa, derecho al consentimiento, consulta autónoma, fundamento de los derechos étnicos, derecho al territorio, entender cuáles son los impactos del extractivismo en  las mujeres y por qué es diferente a lo que viven los hombres.

El tema de los reasentamientos que en el caso de la Guajira son 5 comunidades reasentadas parcialmente. Frente a toda esta variedad, el balance podría ser, que se aclara para ellos - para la diversidad de participantes que vienen de diferentes comunidades-  cómo organizarse de la mejor manera para defender algo común que es el territorio. Además de esto, poder analizar de manera crítica procesos que se creen que son positivos como la consulta previa, por ejemplo.  Y mirar todos los matices que tienen esos procesos al igual que en los procesos de reasentamiento. En términos generales es darles una serie de herramientas para que ellos puedan decidir frente a todo un proceso de interlocución y negociación que es totalmente desequilibrada con la empresa.

J: Podemos hacer un balance en dos sentidos; en el caso de Cartagena, hay dos factores que son interesantes y un reto que añadiría y es el proceso que han tenido los encuentros.  El primero fue en Barrancas y los líderes de las diferentes organizaciones presentaron al resto de los participantes sus problemáticas en el sur de la Guajira.  Y ahora que fueron a Cartagena,  los líderes de las organizaciones sociales dieron ese contexto de qué es lo que está pasando en Cartagena.  Fue muy interesante porque en  ambos nodos de formación empiezan a conocer qué es lo que está pasando en los otros territorios y al mismo tiempo comienzan a encontrarse, a sugerirse y a asesorarse.

Eso lleva al primer reto y es empezar a articular como región estas problemáticas.   Ir buscando las formas de tejer y de relacionar estos procesos y eso para nosotros es muy importante para comprender la región.

Y otro reto tiene que ver con la asesoría jurídica.  Son comunidades que han luchado y se han organizado y han aprendido políticamente en el camino, pero hay una alta exigencia de asesorías jurídicas. Es un reto muy significativo que hay que seguir trabajando porque entonces empieza también a dar unos niveles de exigencia.

Y un segundo asunto que justo es resultado de este último taller en la Guajira es el tema del género. Tanto en Cartagena como en la Guajira cuando se hace el taller de género las mujeres somos las interpeladas las que hablamos, las que nos empoderamos y por los hombres no pasa nada.  Y es un reto para el proyecto, empezar a construir y reflexionar sobre las masculinidades en estos contextos. Cómo se construyen estos hombres nuevos, cómo las concebimos en la reflexión porque atraviesan todas las cotidianidades, de las mujeres, de los hombres y de las comunidades.

L: Un balance positivo sería que este proceso de formación política es como una gran semilla para empezar a construir y fortalecer procesos en los que ellos se constituyan como sujetos y sujetas políticas de derechos frente a problemáticas territoriales, y conflictos territoriales que son comunes en la región y pues frente a eso encontrar estrategias tanto individuales como colectivas de defensa del territorio. Que el proceso de formación política que se dio acá ayuda a que los sujetos y sujetas tengan un proceso de construcción de defensa del territorio. 

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones

El pasado 7 de junio se conmemoraron 18 años del desplazamiento forzado que sufrió la comunidad de Salaminita en el departamento del Magdalena. Algunos de los testimonios narran lo ocurrido ese día, resaltan la importancia de la conmemoración y exigen mayores garantías para el retorno a su territorio.

Click aquí para ver línea de tiempo del proceso de lucha por el acceso a la tierra de los habitantes de Salaminita.

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de Comunicaciones

El Cinep/ Programa por la Paz, el Instituto Popular de Capacitación, Foro Nacional por Colombia, la Escuela Nacional Sindical y la cooperativa Confiar presentan la edición más reciente de la revista Controversia dossier "Ciudadanía en movimiento".

El presente número, con sus cinco artículos y dos reseñas, se concentra en la complejidad de la ciudadanía como conquista, proceso, institución y concepto:

  • La ciudadanía es una conquista demasiado humana y, por ende, conflictiva.
  • Como proceso, la ciudadanía no es homogénea ni uniforme: está anclada en tiempos y contextos sociales específicos. 
  • Como institución, se debate entre el control y la resistencia.
  • Como concepto, fluctúa en la generalidad ambigua de la sociedad civil y las actuales luchas territorializadas de los movimientos sociales.

Esta edición de Controversia también cuestiona los alcances de nociones como ley, identidad, participación y derechos al poner en tensión dos dimensiones de la ciudadanía: su carácter de status, recibido en la relación contractual de los individuos con el Estado; su carácter pragmático, entendido como ejercicio de capacidades y uso de mecanismos de autogestión para incidir en lo público.

 Así, el status y el “uso” de la ciudadanía se muestran en tensión cuando ambas dimensiones cruzan los debates jurídicos, culturales y constitucionales de la identidad sexual, la ética animalista, el derecho a la salud, el derecho a la educación y la gestión comunal. Esto, a su vez, evidencia actores que encarnan expresiones distintas de la ciudadanía o “ciudadanías directas diferenciadas”.

Ciudadanía en movimiento

Presentación

Por Juan Carlos Merchán Zuleta, editor especial del número 204. Leer
 

Artículos del dossier

  • El giro judicial del movimiento animalista y el naciente derecho de los animales no humanos en las altas cortes colombianas. Leer
  • Movimientos sociales subalternos: análisis crítico del discurso del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social en Bogotá. Leer
  • “¿De qué reconocimiento hablamos en Colombia? Puede que seamos reconocidos por lo que no somos, pero no podemos reconocernos con lo que no sentimos”. Leer
  • Las organizaciones comunitarias como instituciones intermedias: las juntas de acción comunal en el municipio de Tenjo. Leer

Otro artículo

  • El invierno estudiantil chileno: ¿un Happy Ending? Leer

Reseñas

  • Scherer-Warren, I. (2012). Redes emancipatórias: nas lutas contra a exclusão e por direitos humanos. Curitiba: Appris. Leer

Hacia una teoría política anarquista. A propósito de: Gómez-Müller, Alfredo (Ed.). (2014). Anarquismo: Lo político y la antipolítica, Bogotá, Colombia: Desde Abajo. Leer

 

Edición impresa 
N.° de páginas: 203 | Tamaño: 16,5 x 21,5 cm | ISSN: 201-204165 | Costo: $32.000
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Uno de los principales objetivos del Acuerdo de Paz producto de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP es “la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural”. Dicho horizonte es positivo, teniendo en cuenta la centralidad del problema de la tierra en el desarrollo del conflicto y la necesidad de generar cambios estructurales que mitiguen lo que se ha considerado como causas estructurales del conflicto: desigualdad en el acceso a la tierra, mínima garantía de derechos y escasa representación política de poblaciones rurales pobres, entre otros.

La Reforma Rural Integral del acuerdo –haciendo un resumen muy general–  contempla medidas vinculadas a la promoción del acceso a tierras a través de adjudicaciones y también de la constitución de figuras territoriales como las Zonas de Reserva Campesina; medidas para garantizar la caracterización de las tierras rurales en Colombia y las áreas de conservación y su protección; la elaboración de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial en las zonas mayormente afectadas por el conflicto con una amplia participación de las comunidades; y la puesta en marcha de Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral dirigidos a mejorar la infraestructura, los servicios básicos para la población rural y el apoyo a la economía campesina, familiar y comunitaria.

Después de la firma, el tema inmediato está referido a cuáles son los cambios normativos e institucionales, así como los instrumentos de política pública necesarios para materializar los acuerdos. En efecto, en un primer momento se trata de los ajustes normativos por medio del procedimiento conocido como fast track, que implica un trámite más expedito al normal. En este marco, el debate ha sido profundo y refleja las dificultades para concertar arreglos entre los múltiples actores interesados en la tierra.

El Gobierno presentó un ambicioso Proyecto de Ley de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural que reformaba casi por completo la normatividad agraria y de tierras y que fue resistida por sectores sociales, económicos y políticos. En todo caso, estos reparos vienen de distintos sectores que no pueden ubicarse en un mismo lugar: por ejemplo, entre las diversas posturas, una de estas proviene de grupos políticos y gremios que se oponen radicalmente al acuerdo de paz y consideran, de acuerdo a sus declaraciones, que con este se pone en riesgo la propiedad privada y se afecta la productividad. Un segundo conjunto de críticas proviene de organizaciones sociales que han expresado que parte de las propuestas del gobierno atentan directamente contra el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional.

En medio de la discusión el Gobierno optó por desarrollar una normativa específica vía Decreto Ley presidencial que contempla la creación del Fondo de Tierras y los procesos de formalización y acceso a tierras que debe surtir el trámite de Consulta Previa con los grupos étnicos; mientras otro tipo de medidas de mayor alcance serán tramitadas en el Congreso de la República.

Un segundo aspecto relevante se refiere al mecanismo de desarrollo normativo: el 17 de mayo la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones originales del fast track que contemplaba que los cambios realizados en el Congreso a los proyectos de ley debían contar con el aval del Gobierno Nacional y que además estos debían ser votados a favor o en contra en su totalidad.

Esto desde ya significa un reto importante para la implementación de los acuerdos de paz. Un primer asunto tiene que ver con los tiempos: pronto a vencer el periodo del fast track (prorrogable por seis meses más), a partir de ahora todo proyecto de ley surtirá una discusión pormenorizada artículo por artículo, corriéndose el riesgo de que los tiempos no den para desarrollar toda la normatividad necesaria, no solo en lo que respecta a Reforma Rural Integral. Un segundo riesgo tiene que ver con los cambios que los parlamentarios puedan hacer a las propuestas y que estos no sean coherentes con el Acuerdo de Paz.

Las discusiones en el Congreso de la República y la muy probable movilización social a favor de los acuerdos marcarán los ritmos del debate sobre las acciones de política pública necesarias para solucionar los problemas de la tierra en Colombia. Cómo convenir con distintos actores con intereses tan disímiles y diferentes apuestas sobre la tierra, el desarrollo rural y el ordenamiento territorial parece ser la pregunta en este momento. Y, en realidad, esta es la pregunta fundamental de todo proceso de construcción de gobernanza adecuada de la tierra y los recursos naturales. Para la ENI/Colombia este proceso debe partir por el reconocimiento y garantía de los derechos de las comunidades rurales como lo consigna el Acuerdo. Sin duda, de esto se trata la construcción de la paz.

 

Javier Lautaro Medina

Coordinador del Equipo Movilización, tierra y territorio.

Estrategia Colaborativa en Colombia por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio – ENI/Colombia

Artículo publicado en http://www.landcoalition.org

La comunidad de Salaminita, en Pivijay - Magdalena,  sufrió dos procesos de desplazamiento por grupos paramilitares. Uno de ellos fue en el centro poblado donde, luego del asesinato público de varios líderes sociales, derrumbaron las casas que existían. Con amenazas desplazaron a los pobladores de área rural, comprando sus predios a precios muy bajos. Antes los atropellos de los actores ilegales formaron la asociación ASORENACER con la que han luchado el derecho a volver a sus predios.

Esta línea de tiempo señala el proceso de lucha por el acceso a la tierra de estos campesinos los que han tenido que vivir difíciles actos de violencia. Aunque una orden judicial de restitución de tierras y reconstrucción del corregimiento arrasado, aún no se ha cumplido dicha orden judicial.

 

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A propósito de las recientes movilizaciones sociales en Colombia, presentamos este artículo de la última edición de la revista Cien Días Vistos por Cinep/PPP que rescata el significado de las movilizaciones del magisterio, el paro cívico en Chocó, el sector de los esmeralderos, la disputa por Uber y el sector judicial.