Areas de Trabajo

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El pasado 6 de abril culminó el VIII Encuentro Internacional de Historia Oral y Memorias: “Lecturas críticas, voces diversas y horizontes políticos en el mundo contemporáneo” en Bogotá. Durante tres días un público variado y de diferentes lugares de América Latina reflexionó sobre la memoria y la historia oral, sus usos, metodologías, experiencias, procesos investigativos, en un ambiente lleno de contradicciones. Además del Encuentro, los investigadores y académicos se reunieron con diferentes grupos sociales, campesinos, afrodescendientes, indígenas en varios lugares de  Colombia y suscribieron la siguiente carta en donde hace un llamado de solidaridad con el mantenimiento de la implementación del Acuerdo de Paz. 

Expectativa

Aunque era la primera vez que yo estaba allí, noté una emoción particular esa mañana. Si bien es una gente muy tranquila, se sentía gran expectativa en varios de los habitantes y visitantes de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Esa mañana, llegarían tres miembros de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para hablar con ellos y entregarles la extensa documentación que han realizado por años de las violaciones a sus derechos. Algunas personas desayunaban en la puerta de la casa, un hombre mayor que usaba gafas de sol estaba sentado en un tronco y los niños corrían entre los maderos. Caminé un poco y vi al padre Javier Giraldo. Estaba hablando con una mujer. Me dirigí hacia ellos. “Le presento a Mariela, una religiosa que acompaña a la comunidad desde hace años”. Luego de un breve descanso me dijo: “Vamos le muestro la comunidad”.

Mientras tanto algunas mujeres preparaban el almuerzo, varias personas pasaban a preguntar a qué hora llegaban los comisionados, otros cargaban unas sillas plásticas. Lo primero que encontramos en el recorrido fue unos murales que hace poco terminaron y que retratan los relatos de varios habitantes sobre la comunidad y su historia. Justo al lado está el punto de encuentro principal, la cúpula. Este es un espacio híbrido entre iglesia y auditorio en el que rinden homenaje a las más de 300 víctimas que he dejado el conflicto armado en esta población. Al entrar los primero que noté son unos retratos pintados que rodean la parte alta del salón. Son casi 50 retratos de las pocas personas víctimas de la comunidad que tenían foto. Todos ellos, pintados a mano. Una imagen impactante son unos listados dispuestos a lo largo del salón en los que se recogen nombres, veredas y años en los que fueron asesinados o desaparecidos habitantes de esta comunidad. Son más de 300 y constantemente se les rinde homenaje. Atrás de la cúpula hay un pequeño mausoleo con los cuerpos que la comunidad ha logrado rescatar en los últimos años.

La universidad de la resistencia

El padre Javier le llama a esta comunidad la Universidad de la resistencia. Y no es infundado este nombre. Son muchas las organizaciones internacionales y nacionales que resaltan y apoyan a la comunidad de paz. Durante la década de los 90 el Urabá Antioqueño sufrió muy fuertemente el conflicto armado. Allí tomaron parte las Farc, el EPL, los paramilitares y el Ejército Nacional. En medio de los enfrentamientos diarios que vivía San José de Apartadó, cientos de campesinos tuvieron que enfrentar violencia, asesinatos, violencia sexual, tortura, desplazamiento y amenazas.

Ante este duro panorama, un grupo de campesinos de veredas cercanas, decidieron acogerse a ser una comunidad neutral. Esto implicaba no participar de ninguna forma del conflicto, no dar información a ninguno de los grupos, ni suministros. “Ya había muchos desplazamientos en la zona, pero finalmente le apostamos a generar una organización que fuera una comunidad neutral. Esto para exigirle tanto a la guerrilla como a la fuerza pública de que no nos íbamos a someter a ninguna de las pretensiones de ellos, que nos le íbamos a colaborar, que no íbamos a ser como idiotas de ellos, sino que nosotros queríamos autonomía del campesinado” me contaba Jesús Emilio Turberquia, ex representante legal de la comunidad.

En 1996 querían que los bandos del conflicto se comprometieran a respetar la neutralidad de la comunidad. Para esto debían hablar directamente con los comandantes tanto del Ejército como la guerrilla. Pidieron mediación con la Cruz Roja Internacional, quienes se negaron porque solo median entre actores armados, no con población civil. Finalmente la iglesia aceptó mediar y recibieron respuesta positiva de ambas partes. El 23 de marzo de 1997 firmaron la declaratoria que los identificaba como la Comunidad de paz de San José de Apartadó, un grupo de campesinos de diferentes veredas que querían estar por fuera del conflicto armado.

La idea inicial fue que la figura de comunidad neutral durara dos años, pues creían que en ese periodo de tiempo se detendría el conflicto o que ya no aguantarían más. Luego de la decisión, fue aun peor la arremetida contra ellos. Guerrilla y Ejército, que se disputaban el control territorial en ese tiempo, los atacaron acusándolos por no ayudar en sus objetivos militares. “Entonces uno ve que no había ninguna intención y que sí nos veían como un enemigo, tanto la guerrilla como el Estado colombiano” relata Jesús.

Desde esos días las familias que decidieron unirse a la comunidad de paz, adoptaron unos valores que permitieran la unidad como colectivo y que dieran tranquilidad para vivir entre ellos.  Dignidad. Diversidad cultural, resistencia, memoria y alternatividad fueron los valores acordados. Estos valores están plasmados hoy en día en los ventanales de la cúpula. Estos se intercalan con los listados de las víctimas y para varios de los habitantes de la comunidad con los que hablé, son los que les han permitido permanecer tanto tiempo. Todas las dificultades más grandes. Contra nosotros se ha aplicado todo mecanismo de guerra.  Hemos logrado resistir y aquí nos mantenemos. Ha sido esa fuerza organizativa que hemos podido ir más allá de la guerra porque no nos han podido someter a las intenciones de que hagamos parte de la guerra, pero tampoco nos han podido desalojar. Afirma vehementemente Jesús.

Durante todo este tiempo han logrado llamar la atención a nivel internacional. Múltiples organizaciones no gubernamentales, colectivos, organizaciones de derechos humanos los han acompañado en esta resistencia pacífica que le han hecho a los violentos.

El momento de la hablar

Hacia el medio día hay mucho alboroto. Los hombres que había visto antes en pantaloneta, visten ahora pantalón y camisa. Tras muchos minutos de espera, llega el momento. De un pequeño taxi se bajan tres comisionados de la verdad. María Ángela Salazar, Lucía González y el Padre Francisco de Roux saludan a las personas que atentamente los reciben. Tras un minuto de silencio, siete representantes de la comunidad les cuentan a los comisionados lo que han tenido que sufrir estos 22 años en los que han preferido mantenerse al margen del conflicto. Voces de niños, de mujeres, de ancianas se oyen para pedir a la comisión que esclarezcan las graves violaciones a los derechos humanos que han sufrido por décadas. El sentimiento constante es de tristeza por sus relatos, pero también de firmeza y convicción para pedir que se sepa la vedad de los hechos.

Desde la finales de los 90, la consolidación del paramilitarismo en la región trajo un incremento muy fuerte de la violencia para esta comunidad. Amenazas, desplazamientos, violencia sexual, asesinatos eran el pan de cada día para las familias que decidieron adherir a la comunidad de paz. Aun cuando habían decidido no participar de la guerra, los paramilitares atacaron. No les bastó solo con la violencia directa. En 2001 impidieron el paso de alimentos para la comunidad. Fueron acusados de abastecer a los guerrilleros, cuando los alimentos que compraban era para alimentar a las familias. Varios campesinos que bajaron al pueblo a llevar mercado, fueron asesinados. Ante este situación la comunidad decidió volverse autosostenible. Empezaron a cultivar lo necesario para autoabastecerse y desde allí no necesitan comprar mayor cosa en el pueblo. La denuncia constante de la comunidad es que la Brigada XVII del Ejército, cooperaba con los paramilitares en estas acciones violentas. 

Uno de los episodios de violencia más cruentos que tuvieron que padecer, se dio el 21 de febrero de 2005. Ese día, en medio del patrullaje del Ejército, paramilitares del bloque Héroes de Tolová, de las AUC, asesinaron a 8 personas de la comunidad. Entre las víctimas habían tres niños, el menor de ellos de un año y medio de edad. Por este acto, fueron condenados cuatro militares como coautores de la masacre. Este hecho marcó un giro definitivo para la comunidad. Desde ese terrorífico episodio, rompieron toda relación con el Estado, porque dicen no tener ninguna garantía de protección ni de justicia en sus casos.

“La guerra aquí ha sido por los intereses económicos, no porque ha habido presencia guerrillera. Los intereses económicos que representa esta zona y esta región son muy grandes. Estamos a puertas del mar caribe, en una zona muy productiva con muchos minerales, una reserva hídrica y muchísima riqueza” declara una de las mujeres líderes de la comunidad. “Las Farc salieron de estas tierras y aún así seguimos levantando muertos y seguimos siendo amenazados” agrega otro líder. La comunidad pensó que con el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc, vendría paz a este territorio. Sin embargo, la situación no cambió mucho.

Desde hace varios años la comunidad viene denunciando la presencia de hombres armados en la región. Afirman que el paramilitarismo sigue manteniendo el control en algunos sectores. En los últimos meses varios de sus líderes han sido amenazados y en las carreteras siguen apareciendo muertos. A esto se suma lo que han denominado la persecución institucional. A finales de 2018, a Brigada XVII del Ejército Nacional, en cabeza de su comandante, Carlos Alberto Padilla, interpuso una tutela contra la comunidad de paz por algunas denuncias en redes sociales en las que manifiestan la convivencia de militares y paramilitares. La tutela fue fallaba a favor de los militares y ante la negativa de la comunidad a borrar la denuncia, el representante legal, German Posso, fue arrestado. “Esto significa que el Ejército quiere cortar el último espacio de denuncia de la comunidad” afirma el padre Javier Giraldo, acompañante de la comunidad.

 

La Comisión de la verdad

El recrudecimiento de la violencia en los últimos años, llevó a la comunidad a hacer un llamado a la comisión de la verdad. Los tres comisionados, luego de escuchar a la comunidad, de registrar sus testimonios y de recibir de sus manos el registro histórico de las violaciones a sus derechos, se comprometieron a estudiar este caso. Sin embargo, y aunque la gente agradece la presencia de la comisión, son muy escépticos frente a los que puedan hacer.  “nosotros sabemos que las cosas no van a cambiar, son otras personas más que nos escucharán, que conocerán la experiencia pero que no pueden hacer absolutamente nada porque no están por encima de la justicia o del gobierno colombiano” me dice Jesús Tuberquia al final del día. Varios otros campesinos lo dicen de igual manera.

Han sido 22 años de ser una comunidad neutral ante el fuerte conflicto que vive la región. Más de dos décadas en las que se han negado a participar o apoyar a cualquiera de los bandos involucrados en la guerra. Más de dos décadas en las que han pedido que los dejen trabajar la tierra tranquilos. Más de 22 años de exigir justicia en los casos de violación de sus derechos humanos y los más de 300 muertos y desaparecidos que han puesto. Las nuevas generaciones están comprometidas con mantenerse firmes en este propósito. Por ahora, lo único seguro es que esta comunidad seguirá resistiendo en medio del conflicto, como lo ha hecho en los últimos 22 años.

 

Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones

El reconocimiento de las víctimas es fundamental en procesos de reconciliación como el que está viviendo Colombia. Bajo la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas, el gobierno de Juan Manuel Santos creó acciones de conmemoración que reconocían la existencia de un conflicto armado en el país y de víctimas diferenciadas por tipo de victimización. Así, nació el 9 de abril como el Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado, también como conmemoración del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Para William Rozo, investigador del Banco de Datos de Cinep/PPP, ese día en el que la capital colombiana se incendiaba, nació uno de los ciclos de violencia que ha tenido Colombia en su proceso de conformación como Estado – Nación y que no hemos subsanado.

El 9 de abril les da a las víctimas un marco legal que les permite reconocerse a sí mismas como tal y que, tanto el Estado como la sociedad, también lo hagan. Desde hace ocho años, este día ha tenido distintas conmemoraciones realizadas por víctimas y que han abarcado espacios públicos en todo el país. Por ejemplo, en Tumaco en la conmemoración de 2016 cientos de víctimas, docentes, niños y otros actores, se unieron para lanzar faroles al mar, cada uno con el nombre de una víctima. El año pasado en Medellín se realizó una concentración masiva en la plazoleta del Teatro Pablo Tobón Uribe y una exposición fotográfica sobre la memoria, mientras que en Bogotá se realizaron siete expresiones artísticas que cubrieron la Carrera Séptima desde el Museo Nacional hasta la Plaza de Bolívar.

Sin embargo, es fundamental entender la disputa que hay sobre las distintas verdades y memorias que existen y se están creando alrededor del conflicto armado. En esta entrevista, William Rozo hace una reflexión sobre la importancia de una conmemoración como la de hoy, la lucha de las víctimas de diferentes actores armados, incluyendo las víctimas de crímenes de estado, por ser reconocidas y el papel que debería jugar la sociedad en la construcción de memoria y solidaridad con las víctimas.

¿Cuáles son las luchas de las víctimas y de sus familias que llevaron a que este día se conmemorara?

William Rozo: Uno de los crímenes más atroces de todos los crímenes que se pueden cometer contra un ser humano es la desaparición de un familiar porque es una tortura permanente, porque no cesa el dolor. Siempre se está esperando al ser querido. Entonces los familiares de víctimas de personas desaparecidas en razón y con ocasión del conflicto, que es como se llama en Colombia y que es diferente a la desaparición forzada, siempre han estado buscando a sus seres queridos. Esa fuerza, que en su gran mayoría está liderada por mujeres, esa fuerza de mujeres que buscan, que luchan y que empezó en gran medida con las Mujeres de la Plaza de Mayo en Argentina y se fue extendiendo por todo el mundo, es la que hace que este tipo de días tengan un hito en el tiempo. La lucha es esa, es ayudar a encontrar a los desaparecidos y desaparecidas de este país. 

¿Cómo la sociedad puede contribuir a la memoria y a la solidaridad con las víctimas?

W.R: Yo creo que de eso tenemos que aprender mucho de los procesos alemanes, de los procesos judíos y de otros procesos de otros países en el que son las ciudadanías las que no sólo reconocen a las víctimas, sino que dicen “esto no puede volver a ocurrir”. Yo creo que a ese nivel tenemos que llegar en Colombia, pero para eso nos falta todavía mucho. Aquí todavía hay sectores muy poderosos que están interesados en que la guerra continúe, en revictimizar, en mantener las condiciones porque en la guerra hay unos perdedores, que es el grueso de víctimas, pero hay gente que ganó. Ganaron los empresarios y ganaron los terratenientes y esa es parte de la disputa. ¿Cuándo se cambia esa balanza? Cuando el conjunto de la sociedad no tolere y no avale eso y se movilice; ese día empiezan a cambiar las cosas. Pero todavía nos falta muchísimo para llegar allá. Una conmemoración como la del 9 de abril todavía no aporta mucho a que eso ocurra, pero va en la dirección correcta. 

¿Qué implicaciones tiene que exista el 6 de marzo como un día de conmemoración especial para las víctimas de crímenes de Estado?

W.R: Si nosotros miramos las estadísticas tanto de Cinep/PPP, como otras diferentes a las que maneja la prensa y los medios de comunicación masivos, el número más alto de víctimas son las víctimas que ha producido el Estado colombiano a partir de sus instituciones como el Ejército, la Policía y las alianzas con grupos paramilitares. La cifra puede estar cerca del 60%, y el resto son víctimas por parte de la guerrilla y otros actores, por lo que es muy importante ese reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, el 6 de marzo es un día posicionado por las víctimas desde hace más de diez años, pero no está reconocido por ningún marco legal.  

¿Cómo lograr unir los distintos relatos y verdades que hay sobre el conflicto en una conmemoración como la del 9 de abril?

W.R: Como lo dice el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, no hay una sola verdad. Hay muchas verdades, el punto es ponerlas todas juntas en igualdad de condiciones: ese es el desafío. Yo siento que ahí el llamado es a jóvenes periodistas o comunicadores sociales que están saliendo de las universidades y que están con un abordaje un poco diferente, en mi opinión menos contaminado que la mediática y todos estos medios masivos que contribuyen dependiendo de los intereses en defender una u otra orilla, a construir relatos que se acerquen más a los hechos tal cual ocurrieron.

¿Cuáles son las razones para conmemorar el 9 de abril?

W.R: Primero, está como base el derecho constitucional que tenemos todos los colombianos y colombianas a vivir en paz. Segundo, tenemos que aprender a resolver todos nuestros conflictos sin recurrir a métodos violentos. Tercero, debemos posicionar por encima de todo a la creatividad para la resolución de conflictos. Cuarto, tenemos muchísimas heridas abiertas y hay que cerrarlas. Yo creo que el 9 de abril contribuye un poco a eso. Yo estoy impactado porque en la portada de El Espectador del 4 de abril hay una foto de una ex guerrillera de las Farc con un ex jefe paramilitar y un sacerdote defensor de derechos humanos en los Llanos, en un territorio donde hemos hecho peregrinaciones, que antes se estaban matando y hoy están tratando de decir “venga, aquí pusimos víctimas todos”. Ver cómo los familiares se acercan es impresionante. Quinto, hay que sanar heridas y empezar a reconstruir, a tratar de hacer un país mejor y armar este país desbaratado. Para los que somos padres de familia esa es una razón muy poderosa. Nosotros no queremos que nuestros hijos tengan que vivir en el país que a nosotros nos tocó vivir. Yo hoy tengo 46 años y no sé lo que es vivir un solo día en Colombia en paz.

 

Laura Cristina Vásquez 
Equipo Comunicaciones

 

Durante los últimos dos años, el programa Educapaz ha logrado reunir cerca de 300 personas involucradas en la educación del sur del Tolima, para discutir sobre las necesidades y demandas de la formación escolar de los niños y jóvenes de esta región. Las discusiones se han dado en las Mesas Educativas Municipales, espacios en los que han participado estudiantes, maestros, directivos, padres de familia, líderes comunitarios, miembros de Juntas de Acción Comunal y líderes de asociaciones productivas.

Como resultado de estas amplias discusiones se crearon 4 documentos, uno por municipio, llamados Planes Educativos Municipales PEM. Estos documentos recogen los principales temas y demandas que las comunidades consideran importantes para mejorar la educación en el departamento. Los PEM se han construido de manera participativa desde un enfoque completamente territorial, intentando que sean las comunidades las que puedan dar su voz desde su misma vivencia en la región.

“Los Planes Educativos Municipales son una apuesta de generación colectiva, de acción entre las comunidades educativas, el sector productivo y el sector de gobierno, para crear una agenda pública educativa en la que puedan ponerse de manifiesto los problemas y las acciones estratégicas para hacer que esos problemas se conviertan en soluciones” manifiesta Luz Elena Patarroyo, investigadora del Cinep/PPP.

La construcción de los PEM

Para llegar a los documentos finales se llevó a cabo un largo proceso de diálogo entre diversos actores. Se percibió la educación no solo como las actividades dentro del aula de clases sino también se tuvo en cuenta el entorno social que lo rodea tanto las escuelas como a los estudiantes y lo que viene ara los jóvenes luego de terminada la formación escolar. Por esta razón fueron invitadas las Juntas de Acción Comunal, organizaciones de derechos humanos y asociaciones de café y cacao del sector productivo de los cuatro municipios. Todos ellos sumados a los más cercanos al proceso formativo: colegios, universidades, el SENA y Secretaría de educación de la Gobernación del Tolima.

“Hubo momentos de discusión fuertes, hubo participación, hubo también silencios. Pero llegamos a que a través deles un trabajo colaborativo y por medio de las metodologías usadas, se logró que todas las personas intervinieran y dieran su opinión”. Afirma Ana Yurani Azuero, docente de Rioblanco. La diversidad de actores que participaron requirió una metodología amplia que permitió la participación mediante diferentes formatos. “Algunos no son buenos con las palabras, pero en el momento de escribir pueden expresar muchas cosas. Por medio de un dibujo, de una imagen, de una actividad dinámica llegaron a expresar lo que sienten y piensan sobre la educación”. Explica Azuero

Las Mesas Educativas Municipales duraron casi dos años y dieron como resultado un Plan Educativo Municipal para cada municipio. Estos primeros documentos fueron validados por más de 350 personas representantes de las comunidades indígenas Nasa y Pijaos de Planadas, de las comunidades negras de Ataco y de los consejos directivos de todos los centros educativos de la esquina sur del Tolima. Este proceso se hizo paralelo al Diplomado en gestión participativa de la política pública educativa en el que participaron más de 200 líderes. El diplomado tuvo un currículo que implicaba formación-acción en el que no solo recibían los fundamentos teóricos, sino que al tiempo los iban aplicando en investigación en sus respectivos municipios.

Esta fase del proceso culminó el pasado 29 de marzo cuando fueron entregados los textos definitivos a representantes de la Gobernación, de la universidad pública y privada, de la iglesia y del SENA. El siguiente paso es lograr que estos planes sean una política pública. Para lograr este objetivo, desde noviembre se están negociando con los Consejos Municipales para que estos textos se conviertan en Acuerdos para su implementación.

La esquina sur del Tolima

El proyecto se lleva a cabo en los municipios de Planadas, Ataco, Rioblanco y Chaparral. En esta sub región, denominada la esquina sur del Tolima, se dieron algunos hechos que marcarían el rumbo del país en las últimas décadas. En 1948, tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, se desató la guerra entre liberales y conservadores, al igual en que en gran parte del país, dando paso a la confirmación de los primeros grupos campesinos de autodefensa. A inicios de la década de los 60, la persecución de la policía oficial conservadora llevó a algunas familias del sector a crear una comunidad en el corregimiento de Marquetalia.

Pronto la comunidad fue acusada desde el Congreso de ser república independiente, pues no reconocían la soberanía del Estado y se impedía la entrada del Ejército. Varios años más tarde y luego de varios enfrentamientos entre las autodefensas, comandadas por Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo y el Ejército Nacional, el gobierno de Guillermo León Valencia ejecutó la operación Soberanía para retomar el control estatal de esta población. Con estos enfrentamientos las autodefensas campesinas se convirtieron en la guerrilla de las Farc en 1964. A partir de este año fueron constantes los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército.

Ya en la década de los 80 se dio la guerra por los cultivos de amapola que se daban en la región. Y en la década de los 90 se da la incursión paramilitar. Este panorama de constante violencia desde finales de los 40 terminó afectando los entornos de los 4 municipios pues se desarrollaron de forma diferente a otros. La desconfianza, la poca presencia del Estado, los constantes actos violentos y la presencia de diversos actores armados, llevaron a estas comunidades a asilarse de las demás, lo que afectó procesos sociales básicos, como la educación.

“Esta situación y todo lo que ha acontecido en esta región, marcaron de alguna manera un retroceso, en lo que podrían ser los procesos educativos”. Afirma Luz Elena Patarroyo, investigadora del Cinep/PPP. “Convocar a estos sectores es, de alguna manera, una oportunidad de reconciliación en donde los factores de violencia y los factores estructurales puedan ser superados, especialmente en el tema educativo” agrega.
Con del acuerdo de paz con las Farc, se decretó que los cuatro municipios del sur del Tolima serían una da las zonas en las que se aplicaría uno de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET. En las discusiones públicas se presentaron 1168 iniciativas al Plan de Acción para la Transformación Regional, documento que planea el desarrollo de la región para los próximos 10 años. Allí también se discutió el tema de la educación rural para estos municipios y en estos espacios participaron los líderes locales del proceso de Educapaz.

Frente a este panorama son muchos los retos para reconstruir el tejido social en una zona tan golpeada por el conflicto armado. La apuesta de Educapaz es por fortalecer la educación mediante la participación de las comunidades y de todos los actores involucrados. “Yo siento que a pesar del conflicto y a pesar de que es una región que ha tenido pocas oportunidades de desarrollo económico, es una de las zonas mejor preparadas del país para superar la guerra”. Afirma Oscar Sánchez, coordinador de Educapaz. “El camino es la educación, el camino son las oportunidades para los chicos. Ahora hay unas herramientas que hemos propiciado, pero se han logrado porque existe un amplio acumulado previo” afirma.

 

Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones 

 

El desconocimiento generalizado que hay sobre el contexto de Venezuela, la subestimación del alcance que podría tener el agravamiento de la crisis humanitaria, y el dolor, sufrimiento y angustia que están viviendo los venezolanos motivó a que Cinep/PPP realizara el 15 de marzo el conversatorio Venezuela sobre la mesa, ¿Qué está en juego? En este, participaron cinco analistas nacionales e internacionales que dieron una visión sobre la historia y el panorama económico, político y social que enfrenta el vecino país actualmente.

La historia explica el hoy

Luis María Ugalde S.J. es un teólogo, Doctor en Historia, y jesuita venezolano que actualmente reside en su país. Ugalde comentó los hitos históricos que permitieron que Venezuela entrara en la crisis actual. Según Ugalde, el pueblo se sentía ignorado por los partidos políticos y Hugo Chávez era un mandatario con poder de oratoria que basó su campaña de 1999 en la imposibilidad de explicar por qué Venezuela era el país más rico del mundo y el pueblo en general era pobre. “Su idea de acabar con la empresa privada atrajo a aquellos votantes que deseaban una mejor distribución de la riqueza”. El auge petrolero trajo consigo el imaginario de la existencia de dólares ilimitados y, según Ugalde, con abundancia no se nota la corrupción.

Nicolás Maduro asumió la presidencia en un momento en el que el barril de petróleo había perdido más de la mitad de su valor y la deuda externa del país alcanzaba los ciento cincuenta mil millones de dólares. En la actualidad, Ugalde cree que “para que haya elecciones democráticas es imprescindible un gobierno de transición sin Maduro. La negociación es sobre cómo va a salir y esta negociación debe hacerse con los ‘maduristas’, no con Maduro”.

La economía en un modelo de desconfianza

Luis Vicente León es economista venezolano, presidente de Datanálisis y socio director de Tendencias Digitales. Al igual que Luis María Ugalde S.J., vive en Venezuela. Desde allí, planteó la importancia de entender los alcances que tiene para la economía el modelo de desconfianza que se ha sostenido durante el gobierno de Nicolás Maduro. León afirma que, por la contracción del mercado petrolero, desde hace aproximadamente un año, el Gobierno no tiene cómo esconder la crisis. Para él, es muy poco probable que el país vuelva a ser exitoso sin un cambio de gobierno y de modelo económico.

Según León, la crisis de hoy se ve reflejada en la profunda crisis política, la migración masiva de venezolanos al resto de países latinoamericanos, y la pérdida de poder adquisitivo y calidad de vida. En la estrategia política actual de Maduro uno de los ejes centrales es invisibilizar la crisis económica y la falta de pronunciamiento acerca de las economías ilegales alrededor del país. La necesidad de negociar una salida pacífica del poder tampoco ha sido mencionada por el gobierno. Para León “en esta batalla hay dos frentes que, si se enfrentan sin negociación lo que habrá será una destrucción del país”.

Nos debemos sacar de la cabeza la idea del día D”: Víctor Manuel Mijares

Responder a la pregunta sobre las bases de la legitimidad tanto de Juan Guaidó como de Nicolás Maduro es fundamental para comprender la coyuntura venezolana. Víctor Manuel Mijares, Doctor y magíster en Ciencia Política y docente de planta en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, expuso que los historiadores del futuro tendrán una ventaja sobre los politólogos del presente pues son ellos quienes podrán decir quién fue el Presidente legítimo de Venezuela a partir del desenlace de la crisis.

Para Mijares, Venezuela está en un estado de excepción, aunque no sea reconocido en los medios de comunicación como tal. “El chavismo ya no es lo que era antes, ni podrá volver a serlo, pues hoy la gobernabilidad de quien encabeza el gobierno está basada en la fuerza”. La autoproclamación de Juan Guaidó como presidente y su reconocimiento como el legítimo gobernante por países como Colombia y Estados Unidos, planteó serios problemas sobre la gobernabilidad efectiva. Según Mijares, “la legitimidad la determina la victoria política y la victoria política acá todavía no está clara. A Guaidó internamente lo protege la falta de reconocimiento general de la población hacia Maduro y externamente el apoyo de Estados Unidos y Colombia y sus constantes amenazas de una intervención militar. ¿Guaidó podría ser presidente en una transición? No. Porque su éxito fue haber seguido al pie de la letra una estrategia constitucional y la Constitución dice que se deben convocar elecciones y él no puede ser candidato”.

Sobre posibles soluciones, el analista político expuso la negociación como necesidad para la transición futura: “un golpe de Estado en Venezuela no sería viable. Las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad organizativa para una acción de esa envergadura. Todos queremos una solución contundente, fotogénica. Pero va a ser un proceso muy imperfecto. Nos debemos sacar de la cabeza la idea del día ‘D’.”

Los distintos juegos por revisar

El análisis internacional es imprescindible para estudiar el presente y el futuro de Venezuela. Arlene Beth Tickner, profesora titular y directora de investigación de la Universidad del Rosario, considera que hay cuatro juegos que deben ser analizados, aunque “no necesariamente todos los actores internacionales convergen en todos los juegos”:

Juego geoestratégico: Cuba es el país que lo cambia todo, pues es quien ha permeado a Venezuela desde hace varios años en servicios de inteligencia, petróleo, salud y educación, por lo que es difícil imaginar una transición pacífica sin este país. “Si Colombia tuviera algún tipo de astucia se acercaría más a Cuba para dialogar sobre esa transición. Sin embargo, se debe tener en cuenta que “quienes tienen una apuesta global en Venezuela son Rusia y Estados Unidos. Este último ha invertido el 75% de los ingresos económicos que tiene el vecino país, por lo que su interés es evidente”.

Económico: En este punto, China sí juega un papel fundamental porque “quiere recuperar su inversión, y estar tranquila con la estabilidad del país donde tiene sus inversiones”. Por su parte, Rusia tiene una apuesta mucho más amplia que la de China, pero ambos tienen como eje la lucha constante por los recursos petroleros.

Oposición a la violación de la soberanía: La oposición de muchos países a la intervención militar o a la injerencia internacional en Venezuela está basada en la creencia de que no se debería violar la soberanía de ningún país, y para algunos (como Rusia e Irán) es “ser simpatizantes de la condición de sancionado que tiene Venezuela. Para países como Turquía, Brasil o Bolivia esto va más allá de la oposición a Estados Unidos. Por su parte, China es un país paranoico frente a cualquier incidente internacional que pueda legitimar una injerencia internacional en su propia situación interna”.

Para Tickner, el aislamiento internacional diplomático y las sanciones económicas ya llegaron al límite. La crisis tenderá a empeorar, y con ella la crisis humanitaria, hoy politizada. Desde su perspectiva debe haber, tanto de otros países, como de la ONU, presiones para que Maduro negocie su salida pues sí existen detonantes para que una intervención militar ocurra. Sin embargo, indica, que uno de los problemas es que “a Maduro no se le está ofreciendo la alternativa de la negociación y hoy no está en la misma situación de otras negociaciones. Si no se le ofrece a él y a sus Fuerzas Armadas una alternativa, no hay incentivos para dejar el poder”.

Frontera, región y sociedad

Luz del Socorro Ramírez, profesora titular de la Universidad Nacional y Doctora en Ciencia Política, hizo su intervención sobre el análisis regional, social y fronterizo en relación con la situación de Venezuela. Para ella es un tema clave, pues la frontera colombo-venezolana es la más larga, compleja y problemática de los dos países. La crisis migratoria existente pasa necesariamente por allí y profundiza el drama de la población. “La ruptura de las relaciones binacionales afecta a dos poblaciones históricamente unidas y que hoy se ven desintegradas, especialmente porque Colombia es refugio de quienes se oponen al gobierno de Maduro”, afirma.

Señala además, que la falta de una opinión unificada en Latinoamérica sobre Venezuela se ve reflejada en la parálisis de organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Para Ramírez, la desintegración regional no contribuye a buscar caminos de solución política y [de ] reintegración. “En las fronteras el orden lo está poniendo el que tiene mayor capacidad de controlar los flujos y las armas (...)  Este control lo tienen especialmente miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pues se han convertido en una amenaza constante a la seguridad de personas a ambos lados de la frontera”.

El cambio se debe dar a través de la negociación

Los panelistas tuvieron puntos en común sobre los orígenes de la crisis y la necesidad que tiene Maduro de negociar su salida del poder. Por ejemplo, Luis Vicente León afirmó que “el cambio es un proceso irreversible porque Maduro no puede ofrecer nada ahora. Espero que sea una salida negociada” y Arlene Beth Tickner insistió en la importancia de que organismos internacionales y otros países presionen para que haya una negociación real y efectiva.

El escenario actual y futuro de Venezuela es complejo y será difícil entender la magnitud de las implicaciones que tendrá a nivel nacional y regional cualquiera de los escenarios posibles. La falta de claridad sobre la legitimidad política de los dos gobernantes y la posible reconfiguración de la guerra en Colombia son realidades que hacen necesaria la existencia de espacios que traten de acabar con el desconocimiento generalizado de la situación. 

 

Laura Cristina Vásquez

Equipo de Comunicaciones

 

El 4, 5 y 6 de abril se desarrollará en Bogotá el VIII Encuentro Internacional de Historia Oral y Memorias: “Lecturas críticas, voces diversas y horizontes políticos en el mundo contemporáneo”. Durante tres días un público variado y de diferentes lugares de América Latina reflexionará sobre la memoria y la historia oral, sus usos, metodologías, experiencias, procesos investigativos, en un ambiente lleno de contradicciones.

Este encuentro estará a cargo de las organizaciones miembro de la Red Latinoamericana de Historia Oral (RELAHO), entidad académica de Latinoamérica y el Caribe para la articulación, intercambio y difusión de la investigación. Este año, Colombia celebrará el Bicentenario de su independencia por medio de ceremonias institucionales, oficiales y gubernamentales, lo que hace que este tipo de encuentros tengan una relevancia en un país como Colombia en donde se están dando actualmente varias tensiones y disputas por el tema de la memoria.

Como Colombia será país anfitrión, se darán a conocer nuevos trabajos sobre lo que distintas comunidades han expresado acerca de la violencia política por el incumplimiento de buena parte lo que se acordó con las Farc. Así, se reflexionará acerca de distintas investigaciones sobre el pasado reciente que se abordan desde la historia y la memoria con diferentes formatos comunicativos y artísticos como la danza, la literatura, la fotografía, los videos y el teatro.

Entre los invitados están:  Vera Carnovale, doctora en Historia, docente de la Universidad Nacional San Martín e investigadora Adjunta del CONICET; Raúl Zibechi, escritor, periodista y activista uruguayo que se ha dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina; Pere Petit, presidente de la Asociación Brasilera de Historia Oral (ABHO) y Josefina Vásquez Awad, trabajadora Social de la Universidad Industrial de Santander, con maestrías en Antropología y Antropología Visual  de Universidad Católica de Lima, entre otros.

A propósito del contexto latinoamericano, investigadores sociales se están planteando preguntas sobre el modelo neoliberal en el continente, las crisis económicas que han tenido varios países y el aumento de propuestas políticas neoconservadoras que llegaron al poder y que no han temido en utilizar cualquier método para mantenerlo. Con estos cambios también han surgido transformaciones, como las pérdidas de las conquistas de los trabajadores a principios de siglo XX o el cambio del sueño americano a una pesadilla para millones de latinos. La Historia que se está escribiendo a partir de esos cambios pasará inevitablemente por la oralidad.

Muchos investigadores, comunidades, docentes, entidades, universidades y colectivos utilizan la historia oral en su amplia gama de posibilidades para realizar investigaciones. Es por eso que el VIII Encuentro Internacional de Historia Oral y Memorias será un espacio en el que se podrá fortalecer la construcción de redes de trabajo sobre estos temas, establecer un espacio para la divulgación de los aportes de la investigación y la enseñanza de historia oral y memorias y debatir los horizontes políticos de América Latina a la luz de las lecturas críticas sobre la historia en el mundo contemporáneo.

Para conocer más sobre el VIII Encuentro Internacional de Historia Oral y Memorias consulta: http://colectivohistoriaoral.org/

 

Laura Cristina Vásquez

Equipo de Comunicaciones

En Colombia la población total de jóvenes entre los 14 y 18 años ascendió a 12 millones de personas, de las cuales cerca del 22% corresponde a jóvenes rurales. Mujeres y hombres campesinos, indígenas y afrodescendientes que permanecen olvidados e invisibles. Este especial quiere mostrar la diversidad, pluralidad, riqueza y vitalidad de las juventudes rurales.

Más allá de ser mano de obra para el campo, las juventudes rurales son actores sociales capaces de comprender, opinar y participar. No obstante, existe una tendencia a invisibilizar sus apuestas y capacidades de acción como sujetos sociales y políticos. De ahí, la reducida oferta de servicios que se orienta a fortalecer su papel como productores potenciales.

Las juventudes rurales no son homogéneas. Existen diversidad de problemáticas, potencialidades, sueños y expectativas de los y las jóvenes en el campo. La marginalidad histórica que ha tenido el campesinado y el mundo rural en las agendas políticas ha hecho que se desconozca la diversidad cultural de las personas que habitan los territorios rurales en Colombia, entre esos, los más jóvenes. 

Esa diversidad debe ser entendida en su complejidad. Los jóvenes que habitan el campo tienen distintas opiniones, experiencias, valoraciones y expectativas que deben ser reconocidas.  Desconocemos cómo son percibidos y cómo se perciben las juventudes rurales, su valoración del campo y de la ciudad, sus propias ideas de desarrollo y bienestar. Este desconocimiento se expresa en la ausencia de políticas públicas que reconozcan el papel de los jóvenes como sujetos transformadores del campo y que promuevan su acceso a la tierra y condiciones dignas que permitan su permanencia en los territorios.

Este especial es una oportunidad para superar la ignorancia y evitar que se continúen imponiendo unos pocos caminos que parecen inexorables y que replican y potencian relaciones de dominación derivadas del mundo urbano, del mundo rural y del mundo adulto.

Los "ninis" del campo 

En Colombia la situación de los jóvenes del campo es alarmante. Las cifras del Censo Nacional Agropecuario de 2014 han puesto en evidencia el bajo acceso a la tierra por parte de los jóvenes rurales. La población joven productora y residente rural que manifestó tener tierra en cualquiera de sus formas constituyó solo el 0,3 % de la población censada y el 2,3 % de la población de jóvenes rurales del censo. La tasa de desempleo para las jóvenes es considerablemente superior: mientras el 8 % de los hombres jóvenes en el campo ni estudian ni trabajan (los llamados ninis), la proporción es cinco veces mayor para las mujeres, es decir del 42 %.  La situación de desigualdad laboral guarda relación con la maternidad temprana, pues una de cada cinco mujeres adolescentes, entre 15 y 19 años de edad, está embarazada (19,5 %) o tiene uno o más hijos. Todo esto sin mencionar el acceso a otros servicios como la educación, salud, infraestructura donde es posible establecer las carencias profundas que experimentan los jóvenes rurales.

 

Lo que debe saber sobre la política pública

Aunque significativos, todos los avances legislativos han sido insuficientes para incorporar a los jóvenes rurales en las agendas públicas. De hecho, todavía hoy no existe una estrategia integral de política pública para la juventud rural. La legislación existente oculta la diversidad de sus problemáticas, potencialidades y expectativas, a la vez que invisibiliza su riqueza cultural, étnica y campesina. A continuación, presentamos siete puntos que usted debe saber para entender en qué va la política pública para las juventudes rurales en Colombia.

 

Entre lo rural y lo urbano, así vivimos la ruralidad

En el Valle del Cauca la vida cotidiana de los jóvenes en el campo comprende la participación en las labores de la parcela familiar y el desarrollo de proyectos productivos propios, en permanente contacto con las cabeceras municipales y con otros municipios. Otra es la experiencia de los jóvenes que hacen parte de una generación que ya no habita el campo, debido a la migración de su familia, o porque su vida ha transcurrido en la cabecera de estos municipios. En estos casos, los vínculos con los territorios rurales se crean a través de las relaciones familiares, las memorias, y la tierra que aún hace parte del patrimonio familiar. Estas son juventudes rurales híbridas.


“Yo siempre he dicho que el departamento del Valle es como un Colombia chiquito, porque tiene desde Buenaventura que está al nivel del mar hasta Barragán que está ubicado en el municipio de Tuluá que es páramo” Deisy Rivillas oriunda de San Lorenzo en Tuluá es una de las jóvenes del Valle del Cauca que, a través de su propia voz, narra su vida y trayectoria como mujer campesina en esa región. Escucha aquí la diversidad de voces jóvenes que habitan el Valle del Cauca:

 

Entre el agua y la tierra, anfibios crecemos 

Las características de los paisajes ribereños marcan las experiencias de los jóvenes de Río Viejo, Norosí y Tiquisio. Los jóvenes resaltan las experiencias de tranquilidad y libertad del campo, y expresan preocupación por las amenazas de los procesos extractivos, especialmente la minería.

Norosí sobresale dentro de los tres municipios por la producción de oro, es el tercer productor de la región y ha ganado importancia la minería a gran escala. Los tres municipios están distantes de los centros urbanos más importantes de la región y sus pobladores enfrentan dificultades de transporte y conectividad para acceder a algunos servicios.

Para los jóvenes del Sur de Bolívar Las experiencias están marcadas por prácticas vinculadas a la tierra y al agua, donde la producción de alimentos y el componente ambiental son referentes en la relación que construyen con sus territorios. Estas son juventudes rurales anfibias. 

Jorge Noguera se dio cuenta de que su proyecto de vida está en el campo. Cuenta que hasta hace poco llegó la luz eléctrica a su comunidad y actualmente desarrolla un proyecto con gallinas ponedoras. Está convencido de que el estudio es la puerta para abrir nuevos caminos para los jóvenes que viven en el campo. ¿Cómo suenan los Jóvenes del Magdalena Medio? escúchalos aquí: 

 

 Soy de aquí y soy de allá, el intercambio nos mueve  

En Norte de Santander se presentan brechas y profundas desigualdades entre el campo y los centros urbanos, la guerra y las diversas y cambiantes expresiones de la violencia circunstancias derivadas de la condición de frontera, se manifiestan con gran intensidad, los municipios de Norte de Santander se enfrentan a procesos de reconfiguración territorial bastante complejos que están impulsados por motores como los cultivos ilícitos, la producción de palma de aceite e hidrocarburos.

Por otra parte, la condición de región fronteriza con Venezuela constituye un elemento de primer orden, Cúcuta es el centro urbano más importante en esta zona y Tibú, comparte el límite con el Estado venezolano de Zulia. Al tratarse de la frontera más extensa que posee cada país, el intercambio entre ambos es muy dinámico, situación que engendra una enorme fragilidad, pues las actividades económicas y posibilidades para sus habitantes, se alteran al vaivén de las relaciones entre los dos países y las condiciones que se viven en uno u otro lado.


La experiencia de los jóvenes que habitan el campo en Tibú y Cúcuta está marcada por la movilidad entre territorios rurales, urbanos y trasnacionales. La experiencia de los jóvenes que habitan la zona rural de estos municipios combina las prácticas construidas en el lugar que se habita con el intercambio que sucede a través de la frontera con Venezuela. Estas son juventudes rurales en movimiento. 

Nereyda está convencida que el campo es vida. Es estilista, madre cabeza de hogar y lidera algunos procesos comunitarios. Las marcas de la violencia atraviesan la historia de vida de sus seres queridos y de algunos compañeros jóvenes, como ella que solo sueñan con un campo en paz. Así como Nereyda, hay muchos jóvenes en Norte de Santander que hacen parte de los cambios que se están dando en sus comunidades. Escucha cómo están cambiando el campo los jóvenes de Norte de Santander:

 

Sonrisas, sueños, historias: el rostro joven del campo 

 

Tres libros clave para entender las juventudes del campo en Colombia 

Mapeo de identidades y expresiones juveniles rurales. ¿Quiénes y cómo son los jóvenes que habitan el campo?

Este documento contiene los resultados de un estudio de exploración de las identidades juveniles rurales realizado con jóvenes de diez municipios de los departamentos de Norte de Santander, Valle del Cauca y Sur de Bolívar. Aquí se presenta una aproximación a los intereses, experiencias y valoraciones de los jóvenes, así como las condiciones que agencian o demandan para permanecer en el campo.

Entre la recocha y el deber. Experiencias y valoraciones  de los jóvenes del campo

Poco sabemos sobre las experiencias, expectativas y deseos de las juventudes rurales. Comprender la pluralidad de sus historias y sueños, en medio de conflictos, pobreza y políticas fallidas, es el primer paso hacia su reconocimiento e inclusión, y hacia procesos de transformación y reconstrucción del campo colombiano.

 


Ser joven rural en Córdoba. Otras formas de sentir y pensar el territorio 

Preguntarse por la juventud rural es pensar en el presente y en el futuro de la ruralidad misma. Los jóvenes también tienen problemáticas, expectativas y apuestas de cambio para el campo colombiano y, en la medida en que existan condiciones para la permanencia en sus territorios, acceso suficiente a tierras, oportunidades laborales y de formación, entre otros, pueden convertirse en un actor importante para el fortalecimiento organizativo y comunitario, la producción de alimentos y la disminución de la pobreza e inequidad en sus territorios, en resumen, para la construcción de la paz territorial.

 

Lee también: 

Un campo para la juventud rural - Blog Cien Días vistos por Cinep/PPP en El Espectador.com 

Notas importantes:

  • La equidad de género en el lenguaje es una de las preocupaciones de las organizaciones que participan el presente proyecto. Sin embargo, con el fin de evitar la sobrecarga gráfica, en el documento optamos por utilizar en algunas ocasiones el masculino genérico en el entendido de que alude a hombres y mujeres jóvenes.
  • El contenido de este especial es responsabilidad exclusiva de IMCA, CINEP/PPP y SJR y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.

 

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Coordinadora de publicaciones: Ana María Castillo
Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Periodistas asistentes:
Laura Cristina Vásquez y Sergio Mahecha
Asistente de publicaciones: Natalia Católico

Las mujeres rurales en Colombia han sido históricamente una población invisibilizada y marginalizada. La débil presencia del Estado en sus territorios en cuanto a la garantía de derechos básicos, los roles de género tradicionales de las poblaciones asentadas en el campo y la situación de violencia generalizada producida por el conflicto armado interno han contribuido a agudizar las violencias basadas en género contra ellas. Este es un informe de carácter exploratorio que da a conocer un panorama general de los diferentes tipos de violencias basadas en género que afectan a las mujeres rurales en distintos escenarios. La información aquí presentada fue recopilada a través de datos de fuentes oficiales, hallazgos de investigaciones previas y entrevistas a integrantes de la Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas y la organización Sisma Mujer[1].

Lee aquí el informe completo: 

[1] Organización de carácter feminista que busca contribuir a la consolidación del movimiento de mujeres en Colombia. Desde 1998, Sisma Mujer trabaja desde un enfoque jurídico y de derechos humanos por la ampliación de la ciudadanía de las mujeres y por su empoderamiento individual y colectivo (Sisma Mujer, s.f.).

Lee también:

 

 

 

El pueblo colombiano ha sufrido millones de crímenes puntuales e individuales, aunque miradas más escrutadores pueden descubrir conexidades que se multiplican y van revelando proyectos de exterminio o de neutralización más sistemáticos, que miran a modificar las fuerzas sociales y políticas en favor de intereses inconfesables.

Hay, sin embargo, casos mucho más explícitos de represión que no ocultan sus objetivos de exterminar grupos, comunidades u organizaciones enteras, o al menos reducirlas a una total impotencia, inacción o parálisis, sin ocultar los esfuerzos por cooptarlas; por transformar su naturaleza misma; por someterlas a otros parámetros de pensamiento y de acción; por forzarlas a ajustarse a las costumbres sociales y políticas del contexto; por reducirlas al statu quo.

Hace cerca de 22 años se configuró en el Urabá antioqueño una comunidad de campesinos cuyo distintivo central fue DECIRLE NO A LA GUERRA, no porque antes sus integrantes hubieran estado involucrados en ella consciente y libremente, sino porque vivían en un territorio donde imperaba el principio: “el que no está conmigo, está contra mí” y donde el campesino era forzado a colaborar con un bando o con otro o con ambos y era castigado e incluso asesinado si era descubierto en esas colaboraciones por el bando contrario. Una de las fuerzas allí implicadas era el mismo Estado, no sólo
a través de su fuerza pública sino también a través de las estructuras paramilitares, las cuales actuaban y aún hoy actúan, a la luz del día, en connivencia con las fuerzas estatales y utilizan los métodos más criminales.

La proclamación pública de la COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ realizada el 23 de marzo de 1997, trajo como reacción inmediata un despliegue atroz de violencia por parte del Estado y de sus estructuras paramilitares. También la guerrilla de las FARC reaccionó en un principio con violencia, si bien la inmensa mayoría de sus represalias fueron ejecutadas por un comandante de Compañía (alias ‘Samir’) quien actuó durante varios años como infiltrado del ejército, hasta su deserción de las FARC
en 2008. Desde la misma semana de su presentación pública (Semana Santa de 1997) la política de exterminio contra la Comunidad de Paz no ha cesado durante más de dos décadas transcurridas; por el contrario, se han ensayado todos los métodos conocidos de exterminio, los cuales se registran en esta publicación, siguiendo la diversidad metódica de las atrocidades y su secuencia cronológica.
De acuerdo con las categorías jurídicas mediante las cuales la comunidad internacional ha ido clasificando y graduando la gravedad de los crímenes de alcance universal, no queda duda alguna que este caso se inscribe en la modalidad de GENOCIDIO , pues toda la jurisprudencia internacional, antigua y reciente, autoriza a hacerlo. En un momento en que el Estado colombiano ha creado nuevos instrumentos de verdad y justicia y en que la comunidad internacional observa con atención la efectividad de esos instrumentos, se entrega este compendio concreto a la sociedad y
a la humanidad, conscientes como somos de que muchos episodios se escaparon del registro por múltiples razones. Al ofrecer este compendio, lo hacemos como un nuevo clamor de verdad, de justicia y de garantías de no repetición.

Javier Giraldo Moreno, S. J.
Bogotá, noviembre de 2018

Descarga el informe aquí

 

 

 

En el departamento de Boyacá se encuentra ubicada la Provincia de Lengupá, tierra colindante con el departamento de Casanare, el cual desde hace largos años se ha visto afectado por los distintos conflictos armados que han surgido en el país, dejando incontables víctimas en el territorio.

En esta ocasión, en la catorceava entrega de Caso Tipo, el equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP compiló las voces de algunas personas de la región como un ejercicio de recuperación de la memoria y de dignificar las voces de las víctimas que padecieron la violencia a lo largo de estos años. Los testimonios aquí presentados narran los hechos ocurridos desde los años cincuenta hasta el 2005.

 Algunos de los temas recurrentes de esta publicación giran en torno a la guerrilla conservadora de los Chulavitas y las agresiones que ejercieron sobre los habitantes de esta región y su expansión hacia el Casanare. También narra cómo Ecopetrol, a partir de 1969, con los hallazgos de los pozos de Cupiana y Cupiagua, propició la colonización del Casanare a través del boom del petróleo que se dio en esa región y la conformación de este como departamento.

A su vez en Miraflores, capital de la provincia, se desarrolló, como lo dicen las autoras del último capítulo del libro, “una gramática del sufrimiento” (Espinosa, 2007) ejercida por los paramilitares con actos violentos de desaparición, sufrimiento, secuestros y persecución política, etc.

Por último, vale la pena resaltar las aproximaciones a la violencia armada en esta provincia con algunos casos paradigmáticos, como por ejemplo el de Fernando Ortiz quien fue reclutado por los paramilitares y logró escapar. Esta narración fue tomada de La libre belgique y traducido del francés por Javier Giraldo M., S.J.  

Este documento es un ejercicio de aproximación a los hechos de violencia sucedidos y relatados por sus propios pobladores, entre ellos, quienes vivieron descarnadamente el horror perpetrado por organizaciones paramilitares: sobrevivientes, ex-alcaldes, ex personeros, líderes sociales y ciudadanos de a pie. El cuerpo del texto recoge, de manera relevante, los testimonios de las víctimas en un múltiple ejercicio, en el que se libera carga emocional, se sanan heridas, se recupera la confianza, se reconstruye el tejido social, se genera autonomía, se visibiliza el territorio ante el Estado- nación, y también se genera auto reconocimiento.

Consulta Hilando voces, tejiendo memorias. Tras las huellas de las violencias en Lengupá