Areas de Trabajo

Areas de Trabajo (141)

La Asamblea de la Red de Centros Sociales es el espacio anual en donde se conocen los logros y avances de los distintos grupos que la conforman, de esta manera se busca hacer un análisis colectivo de la realidad de América Latina y el Caribe que permita identificar tendencias y encontrar horizontes que permitan afrontar debidamente los desafíos y necesidades a los que estamos llamados los Centros Sociales.

La secretaría técnica del Grupo de Homólogos de Incidencia -que lidera Cinep/PPP – presentó a través de su director Luis Guillermo Guerrero Guevara en esta asamblea, la publicación Incidir para transformar. Esta publicación recoge el proceso metodológico, ético y político que ha tenido este Grupo de Homólogos, además de cómo conjuntamente se está construyendo la incidencia desde una perspectiva ignaciana y latinoamericana. Esta es una herramienta no sólo para los Centros Sociales de la Compañía de Jesús sino puede servir para la articulación con otros centros y redes que acompañan el trabajo diario de la Compañía.

En la Asamblea, además, se comparten experiencias inspiradoras que permiten maximizar las oportunidades y potencialidades a nivel regional e internacional, con el fin de profundizar el discernimiento común. Así mismo, es una oportunidad para reflexionar y proyectar el trabajo de articulación con las redes, proyectos y desde los Aliados Estratégicos de la Red de Centros Sociales CPAL, con el propósito de promover acciones comunes y sus diferentes grupos de homólogos, uno de ellos, el de Incidencia.

Este Grupo tiene la característica de estar conformado no sólo por Centros Sociales, sino también por Universidades jesuitas en la región, y actualmente se ha sumado Entreculturas (España). El Grupo además tiene una vocación de servicio a otros grupos de la Red y a otras redes de la CPAL, con el fin de ir creando una comunidad de aprendizaje y acción, por ello la Asamblea resulta estratégica y esta publicación es una forma de continuar invitando a otros a sumarse, además de ser una herramienta que permite dar a conocer los logros, reflexiones y desafíos que se enfrentan en la región, en clave de incidencia.

Lee aquí: Incidir para transformar

 

 
 

 

 

A veces a la gente se le acaba la paciencia. A veces los colombianos sentimos que no damos más. Eso es lo que se expresa en el libro Cuando la copa se rebosa: Luchas sociales en Colombia 1975-2015. Sus cuatro autores, Mauricio Archila, Martha Cecilia García, Leonardo Parra y Ana María Restrepo hacen una lectura crítica sobre las relaciones que explican las luchas sociales en Colombia.

Su lanzamiento fue el primero de mayo en la Feria Internacional de Libro de Bogotá, evento que contó con la participación de la co autora Martha Cecilia García, y el aporte de Esmeralda Prada, y Camilo Borrero, quien mencionó que la importancia de esta publicación yace en “la recopilación de información de 40 años de luchas sociales. Creo que casi ningún otro libro logra una tarea tan grande y rigurosa”. Esa recopilación terminó siendo un trabajo de más de tres años y la lectura de cerca de 23,000 acciones de protesta registradas por la Base de Datos de Luchas Sociales (BDLS) de Cinep/PPP.

Esa Base cumplía cuarenta años en el 2015, momento en el que los autores decidieron escribir este libro como una forma de dar a conocer las distintas dimensiones que la acción social colectiva ha tenido en el país. Para esto, hacen a través de la publicación un análisis centrado en cuatro ejes, cada uno con un capítulo. En cada una de las diferentes aproximaciones se hace evidente lo que Martha Cecilia García deja en evidencia en la introducción: “La cobertura periodística de las luchas sociales se reduce por la denominada «parcialidad geográfica y temporal»: hay lugares del país que no se cubren, en algunos momentos tampoco se registra ese tipo de eventos y, además, los periodistas tienden a cubrir sucesos localizados en zonas donde ya se han producido casos similares previamente reportados.”

Los primeros dos ejes, escritos por Mauricio Archila, se centran en la trayectoria de las luchas sociales en Colombia y en la relación que han tenido con el Estado. Se entiende a la Policía como un actor fundamental en el control de la protesta, aunque “ella no siempre choca con la ciudadanía protestataria, a veces dialoga, negocia y colabora”. Allí, se encontró un comportamiento extraño en el que la represión policial disminuía en general, exceptuando los años recientes. Sin embargo, y como lo escribe Archila en las conclusiones, este libro “hace evidente que una base de datos es algo más que un listado de registros en una serie estadística, y que trabajar con ella implica también hacerse preguntas de fondo y realizar análisis sopesados sobre temas cruciales de la sociedad a partir de la información que ella contiene”. De esa nueva visión, surgió la pregunta sobre los mecanismos legales e ilegales de represión y la cultura política de la sociedad y la Policía.

El segundo foco de análisis fue las nociones de desarrollo que las diferentes luchas sociales tuvieron en esos 40 años. El capítulo, escrito por Martha C. García, hace referencia a las distintas nociones que los actores privados y públicos (normalmente entendidos como antagonistas), y movimientos y organizaciones sociales tienen sobre el desarrollo. Estas visiones han enmarcado su lucha, pues sus peticiones se ven en la disputa por servicios de salud y educativos; la oposición a actividades minero-energéticas sustentadas por compañías multinacionales e hidroeléctricas; y luchas que superan lo económico como lo son los elementos políticos, ambientales, culturales y territoriales. Ese último elemento es la tierra, ese concepto a veces tan abstracto que ha llevado a cientos de personas a luchar por lo que les pertenece, y que Galeano (como lo cita García) entendió como “un llamado al país para que vuelva a su vocación agropecuaria y pesquera, porque tenemos un modelo de desarrollo importado”.

La tercera aproximación es descrita por Ana María Restrepo como la importancia de reflexionar sobre la producción y transformación del espacio en las luchas sociales en Colombia. Su preocupación va más allá de las protestas que tienen como eje el reclamo del territorio, y logra analizar el espacio como un eje principal de las movilizaciones: “las protestas tienen sus propios territorios: lugares emblemáticos en los que se pone en juego el poder de hacer públicas las demandas; pero también tienen sus procesos de dispersión territorial: redes que constituyen regiones a veces como espacios de protección y a veces como herramienta de fortalecimiento de una acción colectiva.” Los movimientos sociales, concluye la autora, determinan las dimensiones espaciales y son determinados, a su vez, por ellas.

El último eje de análisis lo escribió Leonardo Parra para mostrar las transformaciones del mundo laboral entre 1975 y 2015 y explicar las razones de la baja sindicalización en el país, las pérdidas de las conquistas históricas de los trabajadores, y la disminución de las movilizaciones en el sector eléctrico. Para el autor, “la privatización del sector eléctrico en Colombia fue un proceso que tuvo como consecuencia la erosión de las condiciones laborales de los trabajadores.” Este proceso hizo parte de un plan estratégico que realizaron empresas privadas en dos décadas por medio de despidos masivos, sobrecarga laboral, debilitamiento de sindicatos y violencia ejercida hacia ellos por parte de grupos paramilitares, y tercerización del trabajo.

Por ese análisis profundo sobre las luchas sociales en Colombia es que Alejandro Angulo Novoa S.J. escribe en el prólogo que “su aporte material es un análisis sustantivo de las relaciones que explican las luchas sociales en Colombia y una denuncia bien fundamentada de la forma de mantener un sistema social estructurado sobre la inequidad, la famosa democracia de papel en la que todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros.”

Tanto Esmeralda Prada como Camilo Borrero dejaron en evidencia durante el lanzamiento que la investigación rigurosa que hicieron los cuatro autores fue un proceso de trabajo arduo y constante. El equipo de Movimientos Sociales de Cinep/PPP recopiló información de más de 40 años de múltiples luchas registradas por la organización y, en voz de Martha C. García, dedicó el libro “a todas las personas que se han tomado el coraje de salir a las calles a alzar su voz”.

Laura Cristina Vásquez
Equipo de comunicaciones 

 

El Congreso LASA, organizado por Latin American Studiess Association, promueve una visión hemisférica de justicia e inclusión, teniendo presente el contexto político mundial en el que se resalta un fenómeno de separación en lugar de fomentar la justicia social y la democracia. En esta ocasión Cinep/PPP hizo presencia por medio de tres investigadores del área de Conflicto y desarrollo y por medio de algunas de sus publicaciones. 

 

El 2 de mayo el stand de la Universidad Javeriana en la Feria del Libro se convirtió en el escenario en el que Cinep/PPP lanzó una de sus más recientes publicaciones: “De encuentros y desencuentros: reflexiones sobre la educación intercultural desde una experiencia en el Caribe colombiano”. El libro, escrito por Leidy Laura Perneth, Jenny Paola Ortiz, y Andrea García, da cuenta del proceso investigativo en el proyecto “Educación intercultural por la defensa de los derechos de los grupos étnicos” implementado por Cinep/PPP durante el 2016 y 2017 en el Sur de La Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta y Cartagena.

La riqueza cultural de Colombia es evidente, y estos tres territorios son testimonio de la confluencia de múltiples grupos étnicos diferentes entre sí, pero habitantes de la misma tierra. Por esta razón, el proyecto tenía el objetivo de construir una mirada en conjunto de la región y contribuir al reconocimiento de los derechos de los grupos étnicos. 

Durante el lanzamiento, Perneth habló sobre la importancia de la interculturalidad, pues ésta permite analizar las relaciones de poder. Planteó, además, que una de las discusiones más importantes que surgió durante el proceso fue sobre si el sistema educativo realmente está atendiendo a las demandas de las comunidades, o si sólo busca institucionalizarlas.

El libro, como lo aseguró Eduardo Restrepo en el lanzamiento, hace énfasis en aspectos étnicos, raciales y de género. Y es que son precisamente esos temas los que han permitido jerarquizar las diferencias entre diversos grupos. Perneth agregó que este énfasis se hace porque es desde la educación intercultural que se pueden cuestionar a los sujetos y así comprender la construcción de una sociedad desigual.

El lanzamiento contó con una exposición fotográfica que mostró a los diversos actores que hicieron parte del proyecto. Los espacios pedagógicos se enfocaron en formación a profesores en educación intercultural, formación política dirigida a líderes sociales, y formación en investigación local participativa para jóvenes.

Para Martha Cecilia García, investigadora de Cinep/PPP, este “es un libro muy valioso porque junta práctica y acción. Plantea tres problemas en contextos muy diferentes pero que afectan a las comunidades de Cartagena, La Guajira y la Sierra Nevada”.

Eduardo Restrepo mencionó la valentía que tuvieron las autoras al hacer dos cosas esenciales: no cortar la voz de las comunidades y lograr un libro “de crítica y autocrítica, pues no sólo cuestiona las problemáticas sociales a las que se enfrenta, sino que también es sincero con el lector sobre el mismo proceso investigativo”. Esto lo hace en referencia a la observación que hacen quienes lo escribieron sobre las dificultades que implica tener un enfoque de género riguroso en una investigación.

A partir de esas experiencias, las autoras concluyeron en la publicación que la educación intercultural “es un campo permanentemente abierto y conflictivo, sin posibilidades ni aspiraciones de clausura”. Por esto, consideran esencial seguir ahondando y creando ejercicios que permitan la reflexión sobre temas que de allí se derivan. 

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Laura Cristina Vasquez
Equipo de comunicaciones 

 

En la tercera entrega del Reporte Trimestral de Datapaz Suroccidente colombiano, entre la movilización por acceso a derechos y la búsqueda de la paz se aborda la perspectiva territorial de la movilización por la paz, para culminar así los ejes propuestos de análisis, desde la perspectiva de la región del suroccidente del país, teniendo en cuenta el contexto histórico sobre el conflicto y las acciones por parte de la sociedad civil y la reivindicación intercultural de la zona como ejes de movilización social y de exigencia para el ajuste y cumplimiento de las políticas públicas. Para esta edición se contó con la participación Camilo Hernández, joven investigador del Equipo Iniciativas de Paz y analista de Datapaz del Cinep/PPP, y con Carlos Duarte, invitado a escribir en este reporte y gran conocedor de esta región del país.

 

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El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/Programa por la Paz presentó el informe anual sobre las violaciones a derechos humanos en el país. El interés principal de este informe es alertar sobre las distintas dinámicas de violencia político-social, con especial énfasis en los casos asociados a los asesinatos de dirigentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal y dirigentes cívicos. Tanto el Cinep/PPP como el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación la nueva dinámica de la violencia en Colombia que ataca a la base social.

Este informe se presenta como un ejercicio al servicio de las víctimas para recuperar la memoria desde sus voces y contribuir a la construcción de una sociedad justa, sostenible y en paz. De los 1418 casos registrados por el Banco de Datos en el 2018, 195 tienen como autoría a actores desconocidos, y en 139 aparece la etiqueta de hombres armados o encapuchados. Si se suman estas dos cifras, se representan 334 casos que conducen directamente a la impunidad.

Desde esas nuevas autorías es que los investigadores comprendieron nuevas dinámicas de la violencia en Colombia: hay “nuevas” metodologías de victimización, “nuevas” víctimas, y “nuevos” victimarios que buscan de manera intencionada una perspectiva de justicia nula.

Javier Giraldo S.J., investigador del Banco de Datos, compiló casos de testimonios de víctimas disponibles en la revista Noche y Niebla No. 57. Para Giraldo, “encontramos que cada vez más (aunque todavía algunos grupos paramilitares reivindican los crímenes) aparece un victimario como un pistolero encapuchado que llega en moto, dispara y se va. Nadie lo conoce y nadie lo puede identificar. Eso le da una excusa al aparato judicial para decir que no hay investigaciones o que hay muy pocas. Además, siempre se enfoca sobre el autor material, sobre quién disparó, y poco le interesa el autor intelectual. Desde la víctima misma, desde su trabajo, sus luchas, sus compromisos, hay una puerta muy clara para empezar a investigar al autor intelectual.”

 A esto se suma el hecho de que la Fiscalía General de la Nación ha emitido 34 sentencias en contra de autores materiales que han asesinado a líderes comunales, pero ninguna se ha emitido en contra de los autores intelectuales. Además, el informe determinó que entre octubre de 2016 y 2018 hay un importante incremento en los asesinatos de líderes comunales que están comprometidos con la sustitución de cultivos ilícitos.

 El departamento más afectado fue el Valle del Cauca con 224 víctimas, seguido de Cauca con 182 y Santander con 182 víctimas. Los hallazgos realizados por el equipo investigador, mostraron que el principal método de victimización fue la amenaza, algo que se diferencia de otros tipos de victimización utilizados históricamente en Colombia como la tortura y la desaparición y el desplazamiento forzado.

Según el informe, 98 líderes sociales (en su mayoría líderes cívicos y comunales) fueron victimizados en el 2018. Las víctimas más numerosas son personas u organizaciones con menos visibilidad que viven en áreas rurales o en las periferias de las ciudades. Su función social es clave para el funcionamiento de organizaciones de base que buscan valer sus derechos. La violencia política tuvo el mayor número de víctimas letales: 447 asesinados, 386 amenazados, 129 heridos y 48 víctimas de atentados.

Las víctimas ya no son las cabezas de fila de grandes sindicatos, de movimientos nacionales campesinos o estudiantiles o fuerzas de izquierda alternativa, como predominó en otros momentos. Esto cuestiona las versiones que niegan la existencia del paramilitarismo, pues actualmente existe un paramilitarismo remozado responsable de 342 casos registrados en el 2018.

Para el equipo del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, las medidas de protección y la atención brindadas por el Estado son insuficientes para las personas en evidente riesgo o con amenazas. Este informe busca seguir prestando un servicio a las víctimas haciendo visibles sus historias y los acontecimientos que vulneran sus derechos humanos fundamentales, con un profundo compromiso ético de contribuir a que no se repitan y seguir apostando por la vida.

 

Laura Cristina Vásquez
Equipo de Comunicaciones

La Red de apoyo a la Mediación -MSN por sus siglas en inglés- es una red global de organizaciones no gubernamentales que tiene como objetivo promover y mejorar prácticas, procesos y estándares de mediación en negociaciones de paz. Esta red nació en septiembre de 2008 y desde ese entonces conecta también distintas plataformas de apoyo a la mediación en varios países del mundo para abordar los distintos desafíos que implica entender la paz desde la mediación.  “El propósito principal de la red es un intercambio de experiencias. En una apuesta por el apoyo a procesos de mediación y diálogo, es importante la experticia, para poder hacer la mayor contribución a la construcción de paz” Phillipp Lustenberger de Swisspeace

La MSN reúne a sus organizaciones participantes una vez al año en alguno de los países que la conforman. Colombia fue el país anfitrión del encuentro de este año y Cinep/PPP fue la organización que recibió a los integrantes de esta red. El encuentro de la Red se llevó a cabo el pasado mes de abril y tuvo como enfoque temático la reflexión sobre la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia, reflexión que se vio nutrida por las experiencias de personas de Sudáfrica, México, Suecia, Italia, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, Alemania y Colombia, quienes compartieron a lo largo de cuatro días.

De esta manera y durante los días de encuentro de la MSN, los participantes tuvieron la oportunidad de encontrarse con varias personas que actualmente hacen parte de procesos de construcción de paz en Colombia. Uno de los momentos más nutridos, se llevó a cabo en Cali, pues allí los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias con ex combatientes de las Farc-Ep, funcionarios de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Comisión de la Verdad. Además de esto pudieron conocer cuáles han sido los avances en términos de implementación del Modelo de Gestión de Paz Territorial en el  Valle del Cauca por parte del Observatorio para la Paz de dicho departamento.

De igual forma sostuvieron un encuentro con mujeres lideresas de Florida, quienes se encuentran en procesos de mediación y construcción de paz con el acompañamiento de CIASE y la Ruta Pacífica de las Mujeres. Este espacio brindó la oportunidad de acercarse a la implementación del enfoque de género promovido en el Acuerdo Final y a las estrategias locales de prevención de violencias contra las mujeres.

Además de la visita al departamento del Valle del Cauca, la red sostuvo conversaciones con varios funcionarios del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, con el fin de compartir aprendizajes y preguntas en torno a las formas en que es afrontado el pasado por las sociedades, una vez acaba el conflicto. “Pudimos conocer cómo tratamos el pasado, cómo ha sido la centralidad de las víctimas, cómo se construyó el acuerdo de paz, cuál fue la negociación que llevó a la existencia del Sistema Integral, discutir con sus integrantes cómo lo hacen y qué dificultades han tenido y poder compartir ejemplos, ideas, luces, más preguntas de este lado de los actores que tienen apoyo a mediación.” Concluye Barbara Unger de Berghouf Foundation. Enfatiza además en la idea de que la Red no solo cumple un rol de mediación, sino en apoyo a la mediación, que también desarrolla la función de intercambio con cada proceso exitoso o de fracaso, pues ambos casos brindan aprendizajes valiosos. Para Barbara, lo más importante no es duplicar los esfuerzos, sino ayudar a potenciarlos.

En ese sentido, la MSN tiene como misión mejorar y promover la práctica de la mediación y en parte, aportar sus conocimientos y experiencias para afinar las normas en territorios donde se trata constantemente con tensiones políticas y conflictos armados. Aunque los participantes de la Red, son muy conscientes que en Colombia no existen conflictos a razón de la guerra, únicamente. De hecho, uno de los resultados del encuentro anual de MSN 2019 fue identificar que en el proceso de implementación de los acuerdos de paz en Colombia han emergido nuevas conflictividades que también requieren de mediación.

Por otro lado, Judyta Wasowska del Centro para el Diálogo Humanitario  señala: “Desde nuestro punto de vista, (…) que estamos empezando, tratando de identificar puntos de entrada en Latinoamérica que es un contexto extremadamente complejo y también un poco hermético, en el sentido que uno llega como una organización occidental no necesariamente es bien visto, bien recibido.” Wasowska además, hace énfasis que tanto el Centro para el Diálogo Humanitario como la MSN se fundamentan en la promoción del diálogo para la resolución de conflictos. Así, afirma, es una cuestión de educación, de pedagogía, porque no necesariamente en todos los contextos, los actores están abiertos a solucionar sus disputas o conflictos por una vía dialogada.

Finalmente, el encuentro de la MSN 2019 sirvió a su propósito de intercambio de experiencias y aprendizajes nacionales e internacionales en torno a la mediación en escenarios de transición hacia la paz. Si bien quedan múltiples interrogantes en torno a las formas en las que se puede dar solución a los conflictos y gestionar los procesos de transición, algunas certezas pueden resaltarse en torno a la importancia de la mediación y de la participación de la población en estos procesos, el fuerte vínculo entre la reconstrucción económica y la reconciliación social, y la necesidad de flexibilidad y resiliencia en las instituciones que implementan la paz. 

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The Mediation Support Network (MSN) is a global network of non-governmental organisations that aims to promote and improve practices, processes and standards of mediation in peace negotiations. This Network was born in September 2008, and since then it has also connected different mediation support platforms in several countries of the world, to address the various challenges involved in understanding peace through mediation.

"The main purpose of the Network is the exchange of experiences. In the commitment to support mediation and dialogue processes, expertise is important to make the greatest contribution to peacebuilding "Phillipp Lustenberger of Swisspeace.

The MSN gathers its member organisations once a year. Colombia was the host country for this year's meeting, and Cinep/PPP received the Network's members.

The MSN meeting took place last April, and its focus was the reflection on the role of mediation in transitions towards peace and the implementation of the Final Peace Agreement in Colombia. The dialogue was nourished by the experiences of experts from South Africa, Mexico, Sweden, Italy, United Kingdom, Switzerland, the United States, Germany and Colombia, who shared over four days of constructive discussions and debates.

During the days of the MSN, the participants had the opportunity to meet with several people who are currently part of peacebuilding processes in Colombia. One of the most important moments took place in Cali, where participants had the opportunity to exchange experiences with ex-combatants of the Farc-Ep, and officials of the Agency for Reincorporation and Normalization and the Truth Commission. In addition to this, they were introduced to the "Territorial Peace Management Model" by the Observatory for Peace, and the advances in its implementation in Valle del Cauca (Southwest Colombia).

They also met with women leaders in Florida, who are in training processes in mediation and peacebuilding with the accompaniment of the Corporation for Research, Social and Economic Action –CIASE- and the "Ruta Pacífica de las Mujeres". This space provided the opportunity to go in-depth on the implementation of the gender approach of the Final Peace Agreement and the local strategies to prevent violence against women.

Additionally, MSN members held conversations with several officials of the Comprehensive System of Truth, Justice, Reparation and Non-Recurrence, to share learnt lessons and questions about how societies deal with the past once the conflict ends. "We were able to know how we deal with the past, how the victims' centrality has been, how the peace agreement was built, what was the negotiation that led to the existence of the Comprehensive System, discuss with its members how they do it and what difficulties they have had, and we were able to share examples, ideas, plus more questions from this side of the actors that support mediation". Concludes Barbara Unger of the Berghof Foundation. She also emphasised the idea that the Network does not only play a role in mediation, but also in supporting mediation, which allows the exchange with successful or failed processes, since both cases provide valuable lessons. For Barbara, the most important thing is not to duplicate efforts, but to help to enhance them.

In this sense, the MSN's mission is to improve and promote the practice of mediation and, in part, to contribute with knowledge and experiences to refine the standards and norms in territories that are dealing with political tensions and armed conflicts. Nevertheless, the members of the Network, are very aware that in Colombia conflicts are not only war-related. One of the results of the annual meeting of MSN 2019 was to identify the emergence of new conflicts in the implementation process of peace agreements in Colombia, which require mediation.

On the other hand, Judyta Wasowska of the Centre for Humanitarian Dialogue points out: "From our point of view, (...)  we are starting, trying to identify points of entry in Latin America which is an extremely complex and also a little hermetic context, in the sense that one arrives as a Western organisation, which is not necessarily well seen, nor well received" Wasowska also emphasised that both the Centre for Humanitarian Dialogue and the MSN are based on the promotion of dialogue for the resolution of conflicts. Thus, she asserts that it is a matter of education and pedagogy because not necessarily in all contexts, the actors are open to solve their disputes or conflicts through a path of dialogue.

Finally, the 2019 MSN meeting served its purpose of exchanging worldwide experiences and learnt lessons regarding mediation in peace transitions. While many questions remain about the ways in which conflicts should be addressed and the management of transition processes, there are certainties that can be highlighted like: the importance of mediation and the participation of the population in these processes, the strong link between economic reconstruction and social reconciliation, and the need for flexibility and resilience in the institutions that implement peace agreements.

El pasado 6 de abril culminó el VIII Encuentro Internacional de Historia Oral y Memorias: “Lecturas críticas, voces diversas y horizontes políticos en el mundo contemporáneo” en Bogotá. Durante tres días un público variado y de diferentes lugares de América Latina reflexionó sobre la memoria y la historia oral, sus usos, metodologías, experiencias, procesos investigativos, en un ambiente lleno de contradicciones. Además del Encuentro, los investigadores y académicos se reunieron con diferentes grupos sociales, campesinos, afrodescendientes, indígenas en varios lugares de  Colombia y suscribieron la siguiente carta en donde hace un llamado de solidaridad con el mantenimiento de la implementación del Acuerdo de Paz. 

Expectativa

Aunque era la primera vez que yo estaba allí, noté una emoción particular esa mañana. Si bien es una gente muy tranquila, se sentía gran expectativa en varios de los habitantes y visitantes de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Esa mañana, llegarían tres miembros de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para hablar con ellos y entregarles la extensa documentación que han realizado por años de las violaciones a sus derechos. Algunas personas desayunaban en la puerta de la casa, un hombre mayor que usaba gafas de sol estaba sentado en un tronco y los niños corrían entre los maderos. Caminé un poco y vi al padre Javier Giraldo. Estaba hablando con una mujer. Me dirigí hacia ellos. “Le presento a Mariela, una religiosa que acompaña a la comunidad desde hace años”. Luego de un breve descanso me dijo: “Vamos le muestro la comunidad”.

Mientras tanto algunas mujeres preparaban el almuerzo, varias personas pasaban a preguntar a qué hora llegaban los comisionados, otros cargaban unas sillas plásticas. Lo primero que encontramos en el recorrido fue unos murales que hace poco terminaron y que retratan los relatos de varios habitantes sobre la comunidad y su historia. Justo al lado está el punto de encuentro principal, la cúpula. Este es un espacio híbrido entre iglesia y auditorio en el que rinden homenaje a las más de 300 víctimas que he dejado el conflicto armado en esta población. Al entrar los primero que noté son unos retratos pintados que rodean la parte alta del salón. Son casi 50 retratos de las pocas personas víctimas de la comunidad que tenían foto. Todos ellos, pintados a mano. Una imagen impactante son unos listados dispuestos a lo largo del salón en los que se recogen nombres, veredas y años en los que fueron asesinados o desaparecidos habitantes de esta comunidad. Son más de 300 y constantemente se les rinde homenaje. Atrás de la cúpula hay un pequeño mausoleo con los cuerpos que la comunidad ha logrado rescatar en los últimos años.

La universidad de la resistencia

El padre Javier le llama a esta comunidad la Universidad de la resistencia. Y no es infundado este nombre. Son muchas las organizaciones internacionales y nacionales que resaltan y apoyan a la comunidad de paz. Durante la década de los 90 el Urabá Antioqueño sufrió muy fuertemente el conflicto armado. Allí tomaron parte las Farc, el EPL, los paramilitares y el Ejército Nacional. En medio de los enfrentamientos diarios que vivía San José de Apartadó, cientos de campesinos tuvieron que enfrentar violencia, asesinatos, violencia sexual, tortura, desplazamiento y amenazas.

Ante este duro panorama, un grupo de campesinos de veredas cercanas, decidieron acogerse a ser una comunidad neutral. Esto implicaba no participar de ninguna forma del conflicto, no dar información a ninguno de los grupos, ni suministros. “Ya había muchos desplazamientos en la zona, pero finalmente le apostamos a generar una organización que fuera una comunidad neutral. Esto para exigirle tanto a la guerrilla como a la fuerza pública de que no nos íbamos a someter a ninguna de las pretensiones de ellos, que nos le íbamos a colaborar, que no íbamos a ser como idiotas de ellos, sino que nosotros queríamos autonomía del campesinado” me contaba Jesús Emilio Turberquia, ex representante legal de la comunidad.

En 1996 querían que los bandos del conflicto se comprometieran a respetar la neutralidad de la comunidad. Para esto debían hablar directamente con los comandantes tanto del Ejército como la guerrilla. Pidieron mediación con la Cruz Roja Internacional, quienes se negaron porque solo median entre actores armados, no con población civil. Finalmente la iglesia aceptó mediar y recibieron respuesta positiva de ambas partes. El 23 de marzo de 1997 firmaron la declaratoria que los identificaba como la Comunidad de paz de San José de Apartadó, un grupo de campesinos de diferentes veredas que querían estar por fuera del conflicto armado.

La idea inicial fue que la figura de comunidad neutral durara dos años, pues creían que en ese periodo de tiempo se detendría el conflicto o que ya no aguantarían más. Luego de la decisión, fue aun peor la arremetida contra ellos. Guerrilla y Ejército, que se disputaban el control territorial en ese tiempo, los atacaron acusándolos por no ayudar en sus objetivos militares. “Entonces uno ve que no había ninguna intención y que sí nos veían como un enemigo, tanto la guerrilla como el Estado colombiano” relata Jesús.

Desde esos días las familias que decidieron unirse a la comunidad de paz, adoptaron unos valores que permitieran la unidad como colectivo y que dieran tranquilidad para vivir entre ellos.  Dignidad. Diversidad cultural, resistencia, memoria y alternatividad fueron los valores acordados. Estos valores están plasmados hoy en día en los ventanales de la cúpula. Estos se intercalan con los listados de las víctimas y para varios de los habitantes de la comunidad con los que hablé, son los que les han permitido permanecer tanto tiempo. Todas las dificultades más grandes. Contra nosotros se ha aplicado todo mecanismo de guerra.  Hemos logrado resistir y aquí nos mantenemos. Ha sido esa fuerza organizativa que hemos podido ir más allá de la guerra porque no nos han podido someter a las intenciones de que hagamos parte de la guerra, pero tampoco nos han podido desalojar. Afirma vehementemente Jesús.

Durante todo este tiempo han logrado llamar la atención a nivel internacional. Múltiples organizaciones no gubernamentales, colectivos, organizaciones de derechos humanos los han acompañado en esta resistencia pacífica que le han hecho a los violentos.

El momento de hablar

Hacia el medio día hay mucho alboroto. Los hombres que había visto antes en pantaloneta, visten ahora pantalón y camisa. Tras muchos minutos de espera, llega el momento. De un pequeño taxi se bajan tres comisionados de la verdad. María Ángela Salazar, Lucía González y el Padre Francisco de Roux saludan a las personas que atentamente los reciben. Tras un minuto de silencio, siete representantes de la comunidad les cuentan a los comisionados lo que han tenido que sufrir estos 22 años en los que han preferido mantenerse al margen del conflicto. Voces de niños, de mujeres, de ancianas se oyen para pedir a la comisión que esclarezcan las graves violaciones a los derechos humanos que han sufrido por décadas. El sentimiento constante es de tristeza por sus relatos, pero también de firmeza y convicción para pedir que se sepa la vedad de los hechos.

Desde la finales de los 90, la consolidación del paramilitarismo en la región trajo un incremento muy fuerte de la violencia para esta comunidad. Amenazas, desplazamientos, violencia sexual, asesinatos eran el pan de cada día para las familias que decidieron adherir a la comunidad de paz. Aun cuando habían decidido no participar de la guerra, los paramilitares atacaron. No les bastó solo con la violencia directa. En 2001 impidieron el paso de alimentos para la comunidad. Fueron acusados de abastecer a los guerrilleros, cuando los alimentos que compraban era para alimentar a las familias. Varios campesinos que bajaron al pueblo a llevar mercado, fueron asesinados. Ante este situación la comunidad decidió volverse autosostenible. Empezaron a cultivar lo necesario para autoabastecerse y desde allí no necesitan comprar mayor cosa en el pueblo. La denuncia constante de la comunidad es que la Brigada XVII del Ejército, cooperaba con los paramilitares en estas acciones violentas. 

Uno de los episodios de violencia más cruentos que tuvieron que padecer, se dio el 21 de febrero de 2005. Ese día, en medio del patrullaje del Ejército, paramilitares del bloque Héroes de Tolová, de las AUC, asesinaron a 8 personas de la comunidad. Entre las víctimas habían tres niños, el menor de ellos de un año y medio de edad. Por este acto, fueron condenados cuatro militares como coautores de la masacre. Este hecho marcó un giro definitivo para la comunidad. Desde ese terrorífico episodio, rompieron toda relación con el Estado, porque dicen no tener ninguna garantía de protección ni de justicia en sus casos.

“La guerra aquí ha sido por los intereses económicos, no porque ha habido presencia guerrillera. Los intereses económicos que representa esta zona y esta región son muy grandes. Estamos a puertas del mar caribe, en una zona muy productiva con muchos minerales, una reserva hídrica y muchísima riqueza” declara una de las mujeres líderes de la comunidad. “Las Farc salieron de estas tierras y aún así seguimos levantando muertos y seguimos siendo amenazados” agrega otro líder. La comunidad pensó que con el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc, vendría paz a este territorio. Sin embargo, la situación no cambió mucho.

Desde hace varios años la comunidad viene denunciando la presencia de hombres armados en la región. Afirman que el paramilitarismo sigue manteniendo el control en algunos sectores. En los últimos meses varios de sus líderes han sido amenazados y en las carreteras siguen apareciendo muertos. A esto se suma lo que han denominado la persecución institucional. A finales de 2018, a Brigada XVII del Ejército Nacional, en cabeza de su comandante, Carlos Alberto Padilla, interpuso una tutela contra la comunidad de paz por algunas denuncias en redes sociales en las que manifiestan la convivencia de militares y paramilitares. La tutela fue fallaba a favor de los militares y ante la negativa de la comunidad a borrar la denuncia, el representante legal, German Posso, fue arrestado. “Esto significa que el Ejército quiere cortar el último espacio de denuncia de la comunidad” afirma el padre Javier Giraldo, acompañante de la comunidad.

 

La Comisión de la verdad

El recrudecimiento de la violencia en los últimos años, llevó a la comunidad a hacer un llamado a la comisión de la verdad. Los tres comisionados, luego de escuchar a la comunidad, de registrar sus testimonios y de recibir de sus manos el registro histórico de las violaciones a sus derechos, se comprometieron a estudiar este caso. Sin embargo, y aunque la gente agradece la presencia de la comisión, son muy escépticos frente a los que puedan hacer.  “nosotros sabemos que las cosas no van a cambiar, son otras personas más que nos escucharán, que conocerán la experiencia pero que no pueden hacer absolutamente nada porque no están por encima de la justicia o del gobierno colombiano” me dice Jesús Tuberquia al final del día. Varios otros campesinos lo dicen de igual manera.

Han sido 22 años de ser una comunidad neutral ante el fuerte conflicto que vive la región. Más de dos décadas en las que se han negado a participar o apoyar a cualquiera de los bandos involucrados en la guerra. Más de dos décadas en las que han pedido que los dejen trabajar la tierra tranquilos. Más de 22 años de exigir justicia en los casos de violación de sus derechos humanos y los más de 300 muertos y desaparecidos que han puesto. Las nuevas generaciones están comprometidas con mantenerse firmes en este propósito. Por ahora, lo único seguro es que esta comunidad seguirá resistiendo en medio del conflicto, como lo ha hecho en los últimos 22 años.

 

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Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones

El reconocimiento de las víctimas es fundamental en procesos de reconciliación como el que está viviendo Colombia. Bajo la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas, el gobierno de Juan Manuel Santos creó acciones de conmemoración que reconocían la existencia de un conflicto armado en el país y de víctimas diferenciadas por tipo de victimización. Así, nació el 9 de abril como el Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado, también como conmemoración del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Para William Rozo, investigador del Banco de Datos de Cinep/PPP, ese día en el que la capital colombiana se incendiaba, nació uno de los ciclos de violencia que ha tenido Colombia en su proceso de conformación como Estado – Nación y que no hemos subsanado.

El 9 de abril les da a las víctimas un marco legal que les permite reconocerse a sí mismas como tal y que, tanto el Estado como la sociedad, también lo hagan. Desde hace ocho años, este día ha tenido distintas conmemoraciones realizadas por víctimas y que han abarcado espacios públicos en todo el país. Por ejemplo, en Tumaco en la conmemoración de 2016 cientos de víctimas, docentes, niños y otros actores, se unieron para lanzar faroles al mar, cada uno con el nombre de una víctima. El año pasado en Medellín se realizó una concentración masiva en la plazoleta del Teatro Pablo Tobón Uribe y una exposición fotográfica sobre la memoria, mientras que en Bogotá se realizaron siete expresiones artísticas que cubrieron la Carrera Séptima desde el Museo Nacional hasta la Plaza de Bolívar.

Sin embargo, es fundamental entender la disputa que hay sobre las distintas verdades y memorias que existen y se están creando alrededor del conflicto armado. En esta entrevista, William Rozo hace una reflexión sobre la importancia de una conmemoración como la de hoy, la lucha de las víctimas de diferentes actores armados, incluyendo las víctimas de crímenes de estado, por ser reconocidas y el papel que debería jugar la sociedad en la construcción de memoria y solidaridad con las víctimas.

¿Cuáles son las luchas de las víctimas y de sus familias que llevaron a que este día se conmemorara?

William Rozo: Uno de los crímenes más atroces de todos los crímenes que se pueden cometer contra un ser humano es la desaparición de un familiar porque es una tortura permanente, porque no cesa el dolor. Siempre se está esperando al ser querido. Entonces los familiares de víctimas de personas desaparecidas en razón y con ocasión del conflicto, que es como se llama en Colombia y que es diferente a la desaparición forzada, siempre han estado buscando a sus seres queridos. Esa fuerza, que en su gran mayoría está liderada por mujeres, esa fuerza de mujeres que buscan, que luchan y que empezó en gran medida con las Mujeres de la Plaza de Mayo en Argentina y se fue extendiendo por todo el mundo, es la que hace que este tipo de días tengan un hito en el tiempo. La lucha es esa, es ayudar a encontrar a los desaparecidos y desaparecidas de este país. 

¿Cómo la sociedad puede contribuir a la memoria y a la solidaridad con las víctimas?

W.R: Yo creo que de eso tenemos que aprender mucho de los procesos alemanes, de los procesos judíos y de otros procesos de otros países en el que son las ciudadanías las que no sólo reconocen a las víctimas, sino que dicen “esto no puede volver a ocurrir”. Yo creo que a ese nivel tenemos que llegar en Colombia, pero para eso nos falta todavía mucho. Aquí todavía hay sectores muy poderosos que están interesados en que la guerra continúe, en revictimizar, en mantener las condiciones porque en la guerra hay unos perdedores, que es el grueso de víctimas, pero hay gente que ganó. Ganaron los empresarios y ganaron los terratenientes y esa es parte de la disputa. ¿Cuándo se cambia esa balanza? Cuando el conjunto de la sociedad no tolere y no avale eso y se movilice; ese día empiezan a cambiar las cosas. Pero todavía nos falta muchísimo para llegar allá. Una conmemoración como la del 9 de abril todavía no aporta mucho a que eso ocurra, pero va en la dirección correcta. 

¿Qué implicaciones tiene que exista el 6 de marzo como un día de conmemoración especial para las víctimas de crímenes de Estado?

W.R: Si nosotros miramos las estadísticas tanto de Cinep/PPP, como otras diferentes a las que maneja la prensa y los medios de comunicación masivos, el número más alto de víctimas son las víctimas que ha producido el Estado colombiano a partir de sus instituciones como el Ejército, la Policía y las alianzas con grupos paramilitares. La cifra puede estar cerca del 60%, y el resto son víctimas por parte de la guerrilla y otros actores, por lo que es muy importante ese reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, el 6 de marzo es un día posicionado por las víctimas desde hace más de diez años, pero no está reconocido por ningún marco legal.  

¿Cómo lograr unir los distintos relatos y verdades que hay sobre el conflicto en una conmemoración como la del 9 de abril?

W.R: Como lo dice el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, no hay una sola verdad. Hay muchas verdades, el punto es ponerlas todas juntas en igualdad de condiciones: ese es el desafío. Yo siento que ahí el llamado es a jóvenes periodistas o comunicadores sociales que están saliendo de las universidades y que están con un abordaje un poco diferente, en mi opinión menos contaminado que la mediática y todos estos medios masivos que contribuyen dependiendo de los intereses en defender una u otra orilla, a construir relatos que se acerquen más a los hechos tal cual ocurrieron.

¿Cuáles son las razones para conmemorar el 9 de abril?

W.R: Primero, está como base el derecho constitucional que tenemos todos los colombianos y colombianas a vivir en paz. Segundo, tenemos que aprender a resolver todos nuestros conflictos sin recurrir a métodos violentos. Tercero, debemos posicionar por encima de todo a la creatividad para la resolución de conflictos. Cuarto, tenemos muchísimas heridas abiertas y hay que cerrarlas. Yo creo que el 9 de abril contribuye un poco a eso. Yo estoy impactado porque en la portada de El Espectador del 4 de abril hay una foto de una ex guerrillera de las Farc con un ex jefe paramilitar y un sacerdote defensor de derechos humanos en los Llanos, en un territorio donde hemos hecho peregrinaciones, que antes se estaban matando y hoy están tratando de decir “venga, aquí pusimos víctimas todos”. Ver cómo los familiares se acercan es impresionante. Quinto, hay que sanar heridas y empezar a reconstruir, a tratar de hacer un país mejor y armar este país desbaratado. Para los que somos padres de familia esa es una razón muy poderosa. Nosotros no queremos que nuestros hijos tengan que vivir en el país que a nosotros nos tocó vivir. Yo hoy tengo 46 años y no sé lo que es vivir un solo día en Colombia en paz.

 

Laura Cristina Vásquez 
Equipo Comunicaciones