Banco de Datos de DDHH

Banco de Datos de DDHH (20)

El 29 de enero dos integrantes de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación de Malí y representantes de la organización Abogados sin Fronteras visitaron el Cinep/PPP para intercambiar experiencias sobre cómo se reconstruye la memoria de las víctimas.

Malí, ubicado en el noroccidente de África, fue escenario de un conflicto que inició en enero de 2012. Tuaregs y grupos armados islamistas del norte se aliaron y lograron tomar el control de toda la mitad norte del país. Declararon la independencia de la zona conquistada, lo que llevó a un golpe de Estado militar el 22 de marzo en la capital, Bamako, y al derrocamiento del presidente Amadou Toumani Touré. En el sur la fragilidad política era evidente y el norte quedó bajo control de dos bandos que entraron en conflicto: el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA) por parte de los Tuaregs, y tres grupos islamistas radicales: Ansar Eddin, el Movimiento por la Unicidad y la Yihad en África Occidental (Mujao) y Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

Este nuevo conflicto causó el desplazamiento de más de 400,000 personas al sur del país y a países vecinos como Burkina Faso, Argelia, Mauritania y Níger. El ejército, que había nombrado una junta militar provisional tras el golpe de Estado, realizó varios ataques en contra de la población civil en su lucha por frenar las acciones del MNLA. Fuerzas de seguridad torturaron arbitrariamente a quienes creían que pertenecían al grupo islamista y la junta militar detuvo a opositores políticos.

Los grupos armados aprisionaron, torturaron y asesinaron a decenas de soldados del ejército. Durante y después de la toma de poder en el norte, secuestraron a mujeres y niñas en campamentos militares donde luego fueron agredidas sexualmente. El grupo AQMI prohibió la enseñanza del francés y la educación conjunta entre niños y niñas, e incendió todos los colegios y bibliotecas de Kidal. La Comunidad Económica de Estados del África Occidental (Cedeao), con ayuda de la ONU y gobiernos como los de Francia y Estados Unidos, intervino militarmente para recuperar el norte, acción que generó más desplazamiento forzado y violaciones de derechos humanos.

En el 2014 se aprobó la creación de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación y un año después los grupos rebeldes del norte firmaron un acuerdo preliminar de paz con el Gobierno de Malí, conocido como el Acuerdo de Paz de Argel de 2015. Dos representantes de esa Comisión visitaron el Cinep/PPP junto a representantes de la organización Abogados sin Fronteras para intercambiar experiencias y metodologías de investigación y reconstrucción de la memoria de las víctimas en procesos de transición.

Cinep/PPP compartió algunos elementos del trabajo que adelanta el equipo de Derechos Humanos, especialmente, la metodología del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política que desde hace 30 años registra casos de violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH, intolerancia sociales y hechos de violencia política como: desapariciones, detenciones arbitrarias, amenazas, atentados, torturas y desplazamiento forzado, entre otros. 

Según los representantes de la Comisión de la Verdad de Malí, su trabajo consiste en investigar grandes violaciones de derechos humanos, hacer seguimiento a los hechos, sus presuntos autores y recoger las distintas versiones de las víctimas para integrar todas las voces al relato. Grupos armados, religiosos, mujeres y sectores políticos están representados en la Comisión de la Verdad, lo que le da legitimidad y credibilidad.

Los Comisionados indicaron en el diálogo con Cinep/PPP que la Comisión en Malí representa una esperanza para muchos pues de todos los mecanismos creados es uno de los que mejor ha funcionado; sin embargo, el mayor problema que enfrentan es que el conflicto sigue activo y existe mucha polarización. Según ellos, la sociedad espera de la Comisión un aporte a la reconciliación en un país en el que la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) registró el año pasado 252 casos de violaciones de derechos humanos con un total de 650 víctimas.

Colombia transita por un proceso de implementación de acuerdos en el que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es también una esperanza de reconciliación; sin embargo, es un reto colectivo romper la dinámica de la guerra y pensar en colectivo, en lo que nos hace iguales.

Tanto la situación de Malí como la de Colombia demuestran que en un escenario de transición debe existir esclarecimiento sobre lo ocurrido y su complejidad; se debe reconocer a las víctimas como personas a las que se les vulneraron sus derechos y como sujetos políticos para la reconciliación;  y se debe entender el territorio como un espacio social y político transformador. En el diálogo fue evidente que en ambos casos las Comisiones creadas son necesarias para reconstruir la memoria de las víctimas, garantizar las condiciones de convivencia entre todos los miembros de la sociedad, y crear las bases para la no repetición, la justicia, la reconciliación y la paz estable y duradera.

 

Laura Cristina Vásquez 

Equipo Comunicaciones

 

Este informe es un documento construido con base en los registros e información aportada por las organizaciones participantes en un ejercicio de aproximación a determinadas variables identificables referidas a las violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y de defensoras y defensores de derechos humanos, así como, en algunos casos, a las de sus allegados y otras personas que rodean su labor. De ninguna manera pretende dar cuenta de la totalidad de casos ni abarcar de manera holística la integralidad de una realidad compleja que seguramente excede en lo cualitativo y en lo cuantitativo a lo expuesto en el texto; tan solo es una aproximación al fenómeno abordado teniendo en cuenta algunos elementos comunes identificados, con base en los registros de casos aportados por las organizaciones participantes, que resultan útiles en la identificación de patrones y de correlaciones entre variables concretas.

Lea aquí el informe completo. 

 

 

Boyacá es uno de los departamentos que ha silenciado la violencia vivida. Poco se sabe de las masacres allí perpetradas por los paramilitares y de las víctimas de este conflicto político social. En este departamento y, especialmente, en la provincia de Lengupá, la memoria del conflicto está por construirse.

Es por eso que desde hace cinco años cada 10 de diciembre la comunidad y varias organizaciones sociales vienen promoviendo una Peregrinación que tiene como objetivo “recordar para transformar el territorio”. El pasado lunes, Día Internacional de los Derechos Humanos se sumaron voces, memorias y caminantes en esta Provincia con la comunidad de los municipios de Miraflores, Zetaquira, Campohermoso, Berbeo, San Eduardo, Rondón y Páez para enaltecer la memoria de las víctimas del conflicto armado y para exigir al Estado que se reconozca en el conflicto armado la responsabilidad de los paramilitares y de la fuerza pública.

 Guillermo Cruz es habitante de la región y miembro de la Corporación Tejiendo de Miraflores, su voz y su memoria estuvieron presentes en el camino. “Viví y padecí el paramilitarismo, visible desde el 90 y hasta el 2005. La peregrinación es la forma de revivir los actos que ocurrieron para ayudar a esclarecer la verdad”. Según este testimonio en Lengupá se hizo creer a la comunidad que allí había guerrilla para justificar la incursión paramilitar, pero “aquí no hubo enfrentamientos sino fue un ataque de unos actores armados contra una población inerme, indefensa, ingenua (…) entonces asesinan a mucha gente que participó en actividades electorales relacionadas con la Constituyente del 91”.

Para Guillermo Cruz aún se viven los efectos del conflicto, pues la desconfianza reina en la región, “aquí se fraccionaron las familias, pues algunas personas se aproximaron a los paramilitares tratando de cuidarse, algunos fueron informantes, pero otros se negaron. En las mismas familias se encuentran víctimas y victimarios”.

 

Las voces de las víctimas de Lengupá se suman a otras voces que hoy claman justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. “En este proceso lo que se quiere es la verdad. Las víctimas no luchan porque les den un dinero sino por saber la verdad y saber qué pasó”, afirma Guillermo Cruz. En este mismo sentido se expresó Tatiana Triana, una de las caminantes de la Corporación Cospacc, al señalar que “es necesario enaltecer las vidas de las víctimas, sus memorias, sus historias y su legado. Estamos exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición porque el perdón no significa renunciar a los derechos que tienen las víctimas”.

La Peregrinación se concibe como un espacio de encuentro en el que se teja nuevamente la confianza entre los habitantes del territorio, a partir del reconocimiento de las diferentes versiones de la verdad. Guillermo Cruz, indica que “con estas actividades se ha logrado explorar y contar qué pasó y cómo lo vimos. Al confrontar las versiones vamos encontramos un norte y lo importante es que en estos encuentros aparecen cada vez más personas y más verdades que motivan a explorar”.

Estos encuentros han favorecido el diálogo y el reconocimiento del otro y se han convertido en una forma para recordarle a la región lo que pasó y así afectarla, en el sentido de crear conciencia y reconstruir la memoria del territorio no desde la razón sino desde el corazón, desde lo humano que es el rostro del otro, así lo expresó Luis Orlando Pérez, S.J., integrante del equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP, quién caminó junto a la comunidad y presidió los actos religiosos.

Según Pérez, “en este lugar asesinaron, ejecutaron y torturaron a muchas personas en medio del silencio y del anonimato sus gritos no se escucharon (…) Nuestra presencia lo que hace es solidarizarse con ese grito de ayuda que es escuchado el día de hoy y ese grito recibe justicia pues no se queda solo, está acompañado”. Así las voces, las memorias y los caminantes se encuentran no solo para recordar, sino para transformar sus relaciones con la comunidad y con el territorio y, como lo expresó Guillermo Cruz, lograr que la solidaridad derrote a los victimarios.

 

Mónica Osorio Aguiar

Equipo Comunicaciones

 

“No más militares en Catatumbo”, piden las organizaciones sociales de la región

Ante el crecimiento de la violencia en Catatumbo y Cúcuta, en días pasados el Gobierno nacional anunció el aumento de la militarización de la región, que ya cuenta con 12.000 soldados y 4.000 policías. Organizaciones de la zona se declararon altamente preocupadas por la medida, lo hicieron en la rueda de prensa del informe “Catatumbo: La guerra sin tregua” que elaboró Cinep/PPP.

“En una zona con 12.000 militares y 4.000 policías, que cuidan 48 pasos y trochas fronterizos, se han reactivado los tráficos ilegales, en especial el de personas hacia el interior de Colombia y el sur del continente; 49 líderes sociales fueron amenazados, 10 asesinados y 5 secuestrados; se registraron 350 casos de desaparición forzada, 70 de ellos en la frontera; 29 civiles han sido secuestrados, tres en los últimos once días. Todo ese pie de fuerza y seguridad y no hay información de quién está cometiendo los delitos y el 99% de las denuncias no tiene una sola respuesta”, explicó Wilfredo Cañizales, director de la Fundación Progresar.

La mayor preocupación de las organizaciones locales como la Fundación Progresar y el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) es la orden dada por el Gobierno nacional de aumentar la militarización de la zona, ya que el 20 de octubre se activaría una nueva fuerza de tarea rápida para la región. Esta medida ha sido implementada en ocasiones anteriores como en diciembre de 2017 cuando llegaron 6.000 hombres del Ejército a seis nuevos batallones, pero el empleó de dicha estrategia usualmente ha contraído altos picos de violencia.

¿Qué está pasando en Norte de Santander?

En el primer semestre de 2018, las cifras sobre violencia, tanto en Catatumbo como en Cúcuta, duplicaron los registros del mismo periodo en los años anteriores del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, según el informe “Catatumbo: La guerra sin tregua” que Cinep/PPP presentó con la revista Noche y Niebla No. 57. De enero a junio de este año se registraron 599 víctimas y 656 casos de vulneración a derechos humanos y DIH en todo el país, 91 de ellos ocurrieron en Catatumbo.

El aumento de la violencia en Catatumbo se debe a enfrentamientos entre las guerrillas del ELN, el EPL y otros actores por el dominio de la zona, como parte del conflicto armado. Es decir, en Catatumbo hay un aumento en las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC) como parte de las acciones en la guerra entre guerrillas, grupos armados ilegales y fuerza estatal.

En Cúcuta el panorama es diverso, pues los responsables de la violencia son grupos paramilitares, bandas criminales como los Rastrojos y las Águilas Negras, que controlan los tráficos y a la población. En el caso de Cúcuta, lo que se presenta es una permanente vulneración a los derechos humanos, en un escenario en el que no hay conflicto, pero sí violencia reiterativa.

La dinámica violenta se ve impulsada por la presencia de carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, que son los mayores compradores de la droga producida o transportada en la región. Esto sumado a la crisis de la migración venezolana que, como lo explicó Cañizalez, “ha facilitado que grupos paramilitares y Rastrojos sean integrados y recluten principalmente a menores venezolanos, además de que ha habido un aumento de desapariciones forzadas de venezolanos y que el tráfico de personas ahora sea de Venezuela hacia Colombia”.

El periodo revisado es el tercero más violento en Catatumbo desde 2010 y ha superado el promedio histórico semestral de casos. Los municipios más afectados hasta ahora han sido Tibú, Teorama y El Tarra.
  

En Tumaco, la sociedad civil le ha perdido el miedo a los violentos

Como una máquina de hacer banderas, unas diez mujeres están reunidas al atardecer en la Diócesis de Tumaco. Producen en masa y con rapidez los mensajes que utilizarán los tumaqueños que saldrán al otro día a las calles. Se ha declarado día cívico y el comité impulsor de la marcha Tumaco, unidos por la vida y la justicia espera que salga a las calles toda la población del municipio.

Los últimos dos años han sido complejos para la realidad de los habitantes de Tumaco y en especial para los que habitan la costa pacífica nariñense. El orden público se ha visto alterado por la inferencia de diferentes grupos armados, por el control que tienen en la zona los narcotraficantes, las amenazas, extorsiones, reclutamiento de jóvenes y recientemente, el asesinato en territorio fronterizo de los dos periodistas y el conductor del diario El Comercio de Ecuador, adjudicado a alias ‘Guacho’.

Entre marzo y abril los grupos armados ilegales han derribado cinco torres de energía y dejaron 15 días sin servicio de electricidad a los 250.000 habitantes del municipio. En lo que va de 2018 el oleoducto Trasandino ha sido blanco de 11 atentados, el más reciente afectó las corrientes de la quebrada La India y el río Caunapí, en el corregimiento de la Guayacana a tan solo 40 minutos del municipio de Tumaco.

No es la primera movilización que se realiza en el municipio ni la última que veremos en este año. El comité de impulso, conformado por sectores del comercio, por varias organizaciones sociales y por la Diócesis de Tumaco planean seguir manifestándose en otras capitales del territorio nacional y si es necesario llegar a Bogotá con sus exigencias para el Gobierno nacional y el mensaje a los armados a que paren la violencia.

Las mujeres organizan los mensajes que cada una llevará a sus respectivos puntos en la marcha y poco a poco va quedando en silencio la Diócesis. Se escuchan a lo lejos los cantos de la misa de las seis de la tarde y las motos que pasan en la calle más cercana a la casa. Olga recoge el colbón, los recortes de papel, organiza las sillas y comienza a cerrar puertas y a apagar las luces. Su oficina es oscura y está llena de papeles y revistas. Hay un mapa grande de Nariño junto a su computador y en una biblioteca hay varios ejemplares de ¡Que nadie diga que no pasa nada! la revista que el Observatorio de Derechos Humanos de la Diócesis de Tumaco publica cada seis meses con las cifras de violencia política que, desde allí, Olga registra y compila.

Cuando le pregunto cómo se siente, me mira a los ojos y respira profundo. “Es frustrante porque le toca a uno registrar todos los casos. Yo llego a mi casa abrumada con dolor de cabeza registrando, analizando, escribiendo informes con una cosa y otra. Con ganas de saber que lo que estoy haciendo ayuda a que otras personas sepan lo que está pasando en el territorio. Que miren que, en Tumaco, a pesar de tener tantas cosas violentas, se realizan acciones que ayudan a reivindicar la vida en el territorio”.

Olga Rojas es una morena joven de sonrisa amplia. Además de su trabajo en la Diócesis, hace parte del grupo de Teatro por la Paz, que nació en la Comisión de Vida, Justicia y Paz en 2009. El grupo de teatro es la parte visible de los casos que registra la revista Noche y Niebla del Cinep/Programa por la Paz, me dice Olga. “¿Qué hace el grupo? Toma algunos casos, los más representativos de violencia que tiene el municipio y los representa por vía teatral. Utiliza el arte para visibilizar y sensibilizar lo que pasa en el territorio, en los nueve municipios. Toca temas de desplazamiento forzado, violaciones, feminicidios, todos esos temas sensibles para la comunidad y ayuda a que la comunidad sea consciente. Lo que pasa es que muchas personas han perdido esa sensibilidad”.

El trabajo de las mujeres en Tumaco es intenso. El movimiento por la vida, es abanderado por ellas. En las parroquias son ellas quienes lideran las campañas de prevención al reclutamiento y en la Pastoral Social, son mayoría. Olga afirma que “las mujeres en la historia de Tumaco, hemos tenido un rol especial. Somos las que estamos en los espacios de difusión, de discusión y las que abanderamos los procesos de movilización desde las parroquias, motivando para que la gente pueda asistir”. Sin embargo, ha sido difícil organizarse como sociedad civil en el municipio. El trabajo que están realizando actualmente les apunta a los jóvenes, pues son ellos quienes están sufriendo las consecuencias inmediatas del traslado de las dinámicas del conflicto a sus barrios y entornos más cercanos.

“Usted va a los barrios y los barrios están solos, la gente se encierra a las siete de la noche y ya no sale. En marzo hubo cuatro asesinatos por balas perdidas. Uno no sabe si su casa es segura a tal punto que una bala perdida la pueda alcanzar. Si una discoteca es segura porque puede estar una persona diferente y puede entrar a asesinarlo como ya pasó en una discoteca acá en Tumaco, si el andén de su casa es seguro. En el mes pasado, cuatro integrantes de un grupo armado que todavía no se han identificado, por toda la avenida férrea, empezaron a disparar a toda la gente que estaba afuera, entonces uno dice bueno, ¿en qué estamos?”.

Los jóvenes están desertando de las instituciones educativas y están ingresando a los grupos armados. Se parquean en las esquinas con armas afuera, haciendo vigilancia. Contrastes que, para ser la Región Perla del Pacífico, no se pueden normalizar, afirma Olga.

Al otro día, Olga se ve más tranquila que la noche anterior. Está atareada y sonriente. El Teatro por la Paz de Tumaco sube a la tarima y las actrices, algunas víctimas del conflicto armado, acompañadas de un niño y otros jóvenes, comienzan la puesta en escena. Cantos, alabaos y arrullos; máscaras, trajes coloridos y cuerpos que narran sus memorias y las de otros se presentan ante más de 2.000 personas que llenaron la vía principal del municipio.

No hay cámaras. A las 2:00 p.m. todo vuelve: el ruido de motos y la multitud vuelve a su rutina. Bogotá queda a 1.121 kilómetros de distancia. Del Estado se ven las botas militares en las calles y la Defensoría del Pueblo que acompañó a la marcha ese día.

En el avión, vuelvo a Olga quien decía: “En una reunión que tuvimos, me llamó mucho la atención que uno de los ponentes decía que la sociedad civil le ha perdido el miedo a los violentos. ¿Qué más puede uno entregar si ya hemos dado casi todo para que esto cambie?”. Y yo, ¿qué tanto he entregado? ¿Qué más puedo dar?

 

Miremos a Tumaco hoy*

Contrario a muchas regiones que han sido afectadas históricamente por el conflicto armado, Tumaco y gran parte de la costa pacífica se insertó de manera tardía al conflicto armado en el sentido en que fue más resultado contingente, no previsto, de las decisiones estratégicas del Estado nacional para combatir a la insurgencia y una respuesta o una adaptación de las guerrillas para evadir esas decisiones en materia de contrainsurgencia.

En ese sentido, cuáles son los dos elementos que caracterizan la situación actual: primero, una importante presencia de cultivos ilícitos como respuesta a las políticas estatales de erradicación de cultivos y con ellos fue una población colona que es migrante y flotante, que va detrás de esta economía ilegal. Segundo, que producto de esa estrategia contrainsurgente y su “éxito”, lo que se dio fue el agazapamiento, refugio e inserción de las guerrillas en esta zona. ¿Por qué? Si bien el gobierno de Álvaro Uribe fue exitoso en pacificar las zonas más integradas, fue todo un fracaso a la hora de derrotar las insurgencias en las zonas más marginales del país.

En este sentido, con el traslado de los cultivos y de las estructuras armadas, las guerrillas se volvieron, de cierta manera, garantes y controladores del orden social, porque, a diferencia de otras zonas del país marginales, Tumaco no era ni si quiera el margen o la frontera del país sino es lo que hemos llamado en las investigaciones, la frontera dentro de la frontera. En los años 90 estas zonas eran caracterizadas por ser un remanso de paz, donde no había muertes relacionadas con la violencia política o con las economías ilegales, pero producto de lo anterior, todo eso cambió.

Con la inserción de los cultivos ilícitos, con la llegada de la población flotante y con las anomalías que se produjeron social y culturalmente, los actores armados encontraron una posibilidad de volverse unos actores importantes en materia de control y regulación. Las FARC nunca habían recibido grandes golpes en esta zona, eran un ejercito fuertemente constituido con capacidades de control que si bien no tenian buenas conexiones con la población garantizaban una cierta estabilidad en el ordenamiento local y sobretodo en la zona de presencia de cultivos ilícitos.

Una vez se desmovilizan las FARC hay una serie de disidencias que emergen, bien por estar en desacuerdo o persiguiendo el lucro personal, ya que son los cuadros medios los que tienen capacidades de controlar no solamente a la población sino todos los eslabones asociados a la economía de la coca.

En ese sentido se ve que ellos están replicando lo que hacían las FARC en años pasados, es decir, mantener un control social en el sentido que no se produzca delincuencia común, dirimir tramites de la vida cotidiana de los pobladores (linderos, parejas, etc.), garantizarle a la población un minimo de subsistencia que viene de la coca y satisfacer esas aspiraciones de ascenso social que no se dan en estas regionales marginales porque no hay oportunidades para la mayoría de la población.

Al revisar más allá es claro, por ejemplo, que el mayor empleador de esta zona es el Estado colombiano y eso dice mucho de las condiciones económicas y sociales de esta parte del país. En este sentido, las disidencias no tuvieron que improvisar o innovar porque volvieron a replicar lo que estaban haciendo.

Dos cuestiones hacen del pacífico nariñense un territorio tan problemático:

  1. El proceso de victimización que han sufrido los procesos organizativos, sociales y comunitarios que también revelan un impedimento estructural de esas insurgencias: nunca se pudieron conectar con las demandas locales y las reivindicaciones afro. El marxismo no ‘pegaba’ con ese elemento de identificación y eso se evidencia en los altos niveles de violencia, que se han replicado en días pasados en contra de quienes cuestionan el orden armado de las disidencias, quienes se oponen o quienes se atreven a mantener un contacto con el Estado. El mejor caso es el asesinato de líderes que han estado a favor del proceso de restitución y sustitución.
  2. Sin duda alguna el pacífico nariñense no hubiera sido tan importante si alias ‘Guacho’ no hubiera tomado la decisión de asesinar a los periodistas y al conductor ecuatoriano, eso es lo que hace relevante el caso de Tumaco en este momento. A lo que se suma la intervención estatal para el tema del manejo de la protesta social sobre el que tuvimos un antecedente nefasto: la masacre que se produjo en la zona del Alto Mira y frontera en octubre de 2017. En ese sentido, en lo que nos encontramos ahora es que tenemos un área de frontera, que el Estado no puede copar el territorio ni garantizar ni regular ni controlar los aspectos cotidianos de la vida local.

En ese sentido las operaciones militares lo que muestran es lo inefectiva de la intervención estatal porque se supedita a intervenciones puntuales para ‘apagar incendios’, pero no para acabar con las posibilidades que tienen una oferta bienestarista de regulación de una economía ilegal como es la que se viene dando con las disidencias y la economía de la coca. Es decir, no se han creado círculos económicos virtuosos que abran una ventana de oportunidad para crear nuevas maneras de ascenso social. Mientras no se produzca eso, la coca y la vida en la guerra van a ser una oportunidad y una opción viable para los jóvenes en Tumaco.

Vivir en Tumaco

Tumaco es pequeño en el casco urbano, pero es el tercer municipio más grande del país. Habría que hacer diferencias. La vida militarizada en Tumaco no se refleja en algunas zonas que son más integradas a la vida nacional como la zona centro. Son barrios marginales que precisamente reproducen problemas estructurales de la sociedad colombiana, como, por ejemplo, la migración del ámbito rural hacia las zonas urbanas para huir de esa violencia. La respuesta o la inadecuada respuesta del Estado hace que se perpetuen y se puedan dar ofertas vinculatorias a economías ilegales y a los grupos armados.

Sin duda alguna, Tumaco se ha movido para integrarse al país desde los años 90 con, por ejemplo, la carretera que lo comunica con Pasto, la electricidad y otros servicios que anteriormente eran inimaginables que estuvieran, pero no es suficiente y en esto tiene una gran influencia el conflicto armado. Lo que se ve es que el accionar de estos grupos está afectando más a la vida general de la población con la voladura de torres electricas o de oleoductos, pero es algo contingente y de la vida local.

Qué dice la movilización social

El mensaje es al Estado exigiendo intervenciones estatales integrales y, por otro lado, es un mensaje a los armados en el que les dicen que sus métodos y formas de proceder están afectando la vida de la población y esto puede superar nuestro umbral de tolerancia frente a su orden y presencia.

 

*Texto elaborado con base en entrevista realizada a Andrés Aponte, coordinador del equipo de Estado, conflicto y desarrollo.

Laura Inés Contreras Vásquez 
Equipo Comunicaciones Cinep/PPP

 

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep/Programa por la Paz presentó a la opinión pública su informe anual de 2017, el cual se tituló No son líos de faldas, son líos de tierras.

Para Luis Guillermo Guerrero, director de Cinep/PPP, “la guerra sucia sigue vigente en Colombia y las noticias no son las mejores en materia de DD. HH. y el DIH”  En el 2017 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales por abuso de autoridad, intolerancia social y persecución política por agentes directos o indirectos del Estado se incrementaron en comparación con el año 2016 en un 20%, pasando de 115 víctimas a 138 en el 2017

De esta manera, el último informe presenta que la mayor responsabilidad es atribuida a grupos paramilitares quienes utilizaron la amenaza como método de victimización con 609 casos.  Seguido por la Policía Nacional quienes implementaron acciones represivas especialmente por medio del Esmad, con un total de 540 victimizaciones, entre ellos 31 ejecuciones extrajudiciales y 134 detenciones arbitrarias. Las acciones por parte del Ejército Nacional aumentaron en el 2017 de manera significativa con un 22% más en comparación con el año 2016, con 141 victimizaciones.

Con respecto a la naturaleza del fenómeno paramilitar que sigue vigente, según Javier Giraldo, S.J., “el lenguaje oficial se ha dedicado a cambiarles el nombre, su naturaleza o sus características. Pero en la información del Banco de Datos se demuestra que no es así”

 Por su parte, Luis Guillermo Guerrero enuncia tres conclusiones importantes sobre el informe: primero, que no se ha reducido la violencia, sinoque han variado los métodos con que se ejerce, segundo, que el Estado y la sociedad tienen un compromiso con las víctimas que deben asumir; y tercero, que hay fuerzas políticas que están desestabilizando la implementación de los acuerdos de paz.

 El tema a resaltar en el informe es la violencia que coarta los liderazgos en torno a la restitución de tierras.  El Cinep/PPP conoció y documentó en el año 2017, 22 casos cometidos contra líderes de restitución de tierras que causaron un total de 56 víctimas individuales y 30 victimizaciones colectivas.

 El informe también muestra que el departamento con mayor número de victimizaciones asociado al tema de tierras es Chocó. En segundo lugar, está Antioquia, sigue Córdoba y después Cesar y Arauca. En su mayoría la presunta responsabilidad es de paramilitares.

 Adicionalmente, el Cinep/PPP quiso llamar la atención sobre la situación de derechos humanos en Meta y Guaviare. Luis Enrique Amado, de la Pastoral Social del sur fue uno de los voceros que hizo énfasis en el tema étnico y campesino del sur del país quien señaló que "Tenemos que dejar de ver a la tierra como un hecho mercantil. Para las comunidades, la tierra es su propia piel. Cuando hay despojo es como si les arrancaran el pellejo.". Así mismo, Omar García, del Banco de Datos del Suroriente colombiano hizo un llamado sobre las afectaciones delas comunidades por la defensa de su territorio y el medio ambiente: “La explotación petrolera en las faldas de la cordillera está poniendo en riesgo la matriz de las aguas. Líderes se han visto amenazados por su acción de defensa ambiental".

 Para más información sobre los casos registrados por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, entre julio y diciembre de 2017, consulte la revista Noche y Niebla edición no. 55

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de Comunicaciones

Diferentes organizaciones defensoras de Derechos Humanos presentaron hoy el Informe Ejecutivo: Resultados de la Implementación de las medidas inmediatas humanitarias y la situación actual de los cementerios municipales. Este informe se le fue entregado a Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Así mismo a representantes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a la Procuraduría delegada para las Víctimas, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la Fiscalía General de la Nación, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 
 
 

 

 

 

 

Es la conmemoración mundial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Una iniciativa surgida como vacuna contra la guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial, con todos sus muertos, que algunos aproximan a 40 millones.

Para Colombia, en particular, esta conmemoración llega en un momento decisivo de su historia reciente, en que el país busca la paz, después de años de guerrillas, desmanes y de miles de muertos. Los derechos humanos nos recuerdan que la convivencia humana no puede construirse sobre la base de la fuerza que degenera en violencia y engendra la guerra y nos enseñan que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”[1].

La libertad, la justicia y la paz están unidas tan estrechamente que cualquier atentado contra una lesiona las otras. Por otra parte, las tres virtudes tienen un valor absoluto y, por lo mismo, los atentados, por pequeños que sean, producen consecuencias muy graves. Esa es la razón por la cual los derechos humanos deben ser protegidos de manera especial  “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”[2]. Una tal protección especial solamente la puede asegurar un Estado legítimo a través de medidas legales que garanticen a los ciudadanos el uso de todos sus derechos. Para eso se eligen los gobiernos en las democracias y para eso se les otorga el monopolio de la fuerza. Y es aquí donde se presenta la paradoja de que, con demasiada frecuencia, son los gobiernos los que cometen las mayores violaciones de los inalienables derechos humanos de sus pueblos, obligándolos a valerse del supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

Esta paradoja está en el meollo de la polarización colombiana, en la cual los dos bandos pretenden arrogarse el derecho de definir los derechos ajenos sin escuchar a los respectivos titulares de sus derechos propios, atentando en esa forma contra la libertad y la justicia. Y para evitar oírse, se montan en artimañas que cada uno llama legales, absolutizándolas con desconocimiento de la dignidad del otro y perversión del derecho y de la ley que son, justamente, las herramientas para evitar la injusticia y proteger a las personas. La ley injusta no puede ser una ley aceptable, porque la ley es por definición universal para proteger a todos los ciudadanos, y una protección parcializada es una protección desigual, particular, que no cubre sino a una parte de la población y, como tal, viola los derechos de la otra parte.

Cuando la ley se convierte en un arma para golpear a un conciudadano, se está abusando de un sofisma que busca disfrazar de justa una venganza y tranquilizar una mala conciencia. El valor de la justicia como virtud es absoluto, pero el de la ley no lo es, a menos que no haga daño a nadie, es decir, a menos que sea justa. Y el sofisma de la legalidad se da cuando se absolutizan leyes injustas, emitidas sobre la base de intereses de grupo o, peor aún, de intereses personales del mandatario, las cuales dañan a otros grupos, porque perjudican sus intereses. Este es uno de los elementos fundamentales de la dictadura.

La valoración de la justicia de las medidas que toma un gobierno no reposa sobre su legalidad sino sobre su adecuación a los derechos humanos, porque son estos los que traducen la dignidad de los ciudadanos como personas. Una medida legal que pisotee la dignidad humana de un ciudadano es injusta y, por consiguiente, no debe ser acatada. Más aún debe producir indignación y generar protesta.

El incremento de la violencia en las relaciones sociales proviene de esa indignación que, al exasperarse, recurre a la fuerza para reivindicar sus derechos. Y si el recurso a la fuerza se convierte en una forma ordinaria de relación, llegamos a niveles de inseguridad que destruyen la convivencia y transforman nuestros barrios y veredas en verdaderas trincheras, donde el asalto, las heridas y la muerte son el pan de cada día. Colombia tiene ya un grado alto de atrincheramiento social construido a lo largo de su historia reciente. El respeto y la defensa de los derechos humanos ayudan a bajar ese nivel. Bajar el nivel de atrincheramiento es, pues, cuestión de vida o muerte.

 

Alejandro Angulo Novoa S.J.

 

[1] Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

[2] ibidem

 

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep/Programa por la Paz presentó a la opinión pública el Informe Tumaco, ¿víctima de quién?, donde se registraron los casos de violaciones a derechos humanos del primer semestre de 2017.

El Cinep/PPP y el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, en su apuesta por la vida manifiesta con preocupación los datos que representan la crisis que tiene el país en Derechos Humanos en la actual coyuntura y que se presentan junto con la Revista Noche y Niebla n° 55.  Comparado con el primer semestre de 2016, este periodo en 2017 registra un incremento de 26% respecto a victimizaciones cometidas por paramilitares y una leve disminución del 2% en cuanto a victimizaciones de autor no identificado.

Este balance, afirmó Luis Guillermo Guerrero, director del Cinep/PPP, “nos da para decir que centenares de colombianos siguen siendo victimizados. Resulta preocupante el fortalecimiento del paramilitarismo o de los grupos armados que defienden intereses económicos y políticos privados a través de la amenaza y ejecución de ciudadanos y ciudadanas inocentes”.

Según el informe que presenta el Banco de Datos, en el primer semestre de 2017 se le atribuye a los paramilitares un total de 389 victimizaciones y a actores armados no identificados, 484 victimizaciones.

El director también hizo énfasis en el preocupante accionar del ESMAD y la Policía Nacional en el contexto de la protesta social durante este año en el país y en la crisis humanitaria y social que viven las comunidades afrocolombianas e indígenas de la costa pacífica nariñense.

El coordinador de Equipo de Derechos Humanos de Cinep/PPP, Alejandro Angulo S.J., se refirió al informe publicado por la Defensoría del Pueblo en marzo de este año, en donde se revela que entre 2016 y los primeros dos meses de 2017 se presentaron 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Los autores de estos hechos se atribuyen a grupos posdesmovilización. Y afirmó: “La verdadera guerra colombiana no ha terminado. Tumaco, es una de las múltiples pruebas de ello.  La verdadera guerra colombiana, aquella que se adelanta con el fin de despojar de su tierra a las poblaciones que no pueden y no quieren armarse para defender sus territorios, no ha terminado”.

Así lo demuestran las cifras recolectadas por los investigadores del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep/PPP. Como violencia político-social se catalogan los crímenes cometidos contra personas con participación en procesos políticos, pero cuyos presuntos responsables se desconocen. En el primer semestre de 2017 se registraron un total de 482 victimizaciones de este tipo, de las cuales 83 ocurrieron el departamento de Nariño. De estas, 63 tuvieron lugar en el municipio de Tumaco.

 

DEPARTAMENTO

A

B

C

D

E

F

G

H

Total general

NARIÑO

4

55

1

11

7

1

4

 

83

CAUCA

45

17

3

4

 

 

3

1

73

NORTE DE SANTANDER

7

17

3

4

3

25

 

 

59

ANTIOQUIA

10

14

3

5

1

 

 

 

33

BOLÍVAR

 

6

 

2

1

22

1

 

32

HUILA

4

17

2

3

 

 

1

 

27

ARAUCA

2

10

 

2

5

1

1

 

21

SANTANDER

15

4

 

2

 

 

 

 

21

BOGOTÁ D.C.

6

4

1

8

1

 

 

 

20

VALLE DEL CAUCA

4

5

1

1

7

 

1

1

20

BOYACÁ

9

 

9

 

 

 

 

 

18

META

2

5

 

3

4

 

 

 

14

SUCRE

8

 

 

 

 

 

 

 

8

CAQUETÁ

 

5

 

1

1

 

 

 

7

CÓRDOBA

 

4

 

3

 

 

 

 

7

CESAR

1

4

1

 

 

 

 

 

6

CHOCÓ

2

2

 

2

 

 

 

 

6

CUNDINAMARCA

 

6

 

 

 

 

 

 

6

PUTUMAYO

 

3

 

2

 

 

 

 

5

VAUPÉS

 

 

 

 

 

5

 

 

5

CASANARE

3

 

 

 

 

 

 

 

3

GUAVIARE

 

1

 

 

 

1

 

 

2

RISARALDA

 

 

 

 

 

2

 

 

2

TOLIMA

1

1

 

 

 

 

 

 

2

CALDAS

 

 

 

1

 

 

 

 

1

MAGDALENA

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Total General

123

181

24

54

30

57

11

2

482

A: AMENAZA; B: ASESINATO; C: ATENTADO; D: LESIÓN FÍSICA; E:  RAPTO ; F: SECUESTRO ; G: TORTURA ; H: VIOLENCIA SEXUAL

 

Y así lo rectificó Arnulfo Mina Garcés, vicario de la Diócesis de Tumaco: “La deuda histórica que tiene el Gobierno nacional con toda la región del Pacífico ha facilitado ese cúmulo de necesidades insatisfechas en toda la costa pacífica” sumado al complejo problema del narcotráfico del que Tumaco es protagonista siendo uno de los primeros municipios productores de coca en el país.

“Si no hay un plan de prevención serio por parte del Gobierno nacional y regional, en cinco años Tumaco no solo será productor sino también consumidor de drogas”, afirmó el sacerdote Mina Garcés. Además, argumentó que si bien los Diálogos de La Habana le dieron una esperanza al pueblo de Tumaco, desafortunadamente la situación de los últimos meses muestra que la violencia se ha incrementado.

Para Javier Giraldo S.J., coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, la persistencia del paramilitarismo es evidente a pesar de que el gobierno siga negando su existencia, pues siguen siendo los mayores responsables de victimizaciones de violencia política. “No son bandas criminales ni delincuencia común, tienen una orientación muy concreta, en los mismos textos de las amenazas se puede comprobar eso. Están al lado de grandes proyectos económicos y tienen una ideología política”,  afirmó Giraldo S.J

Laura Contreras

Equipo de Comunicaciones

Dentro de la estrategia de la Compañía de Jesús de regionalización, la Conferencia de Provinciales de América Latina – CPAL viene desarrollando la articulación de experiencias locales de varios países y en torno a diferentes ejes temáticos. Uno de ellos es el de derechos humanos y ecología integral cuyo grupo de homólogos, de los diferentes centros sociales, se reunió en las instalaciones del Cinep/PPP para concretar un plan completo de acción frente a los dos temas.

“Lo que busca este grupo es articular procesos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos de personas y poblaciones, pero también integrado a los derechos de la naturaleza” explica Galo Reinaldo Bogarín – Coordinador de la red de centros sociales de la CPAL. Los grupos de homólogos son parte de la estrategia que tiene la red de centros sociales para unirse en temáticas de interés comunes a lo largo de Latinoamérica.

Dentro de las múltiples problemáticas sociales que comparten los países de América Latina, uno de gran impacto en las comunidades es precisamente el relacionado a temas de medio ambiente. Durante este encuentro los representantes de cada centro social denunciaban prácticas comunes como el desplazamiento de poblaciones por proyectos extractivos. “Tenemos la tercera parte del territorio concesionada para proyectos mineros. Tenemos 950 proyectos en negociación y 583 proyectos ya aprobados para minería metálica. Hay 123 proyectos de generación de energía hidroeléctrica, 35 proyectos de generación de energía solar.” Dijo Pedro Landa del Grupo de homólogos de derechos humanos y ecología ambiental de Honduras.

En El Salvador es situación es muy similar. “Solo el 3% de nuestro territorio tiene bosque, después de Haití, somos el país con el territorio más vulnerable a cualquier tipo de crisis medioambiental. Solo con que llueva 3 días seguidos se genera desplazamiento de comunidades por crecientes de ríos o deslave de montañas” Manuel Escalante – Instituto de derechos humanos de la Uca

Los riesgos no son solo para las comunidades, los defensores de derechos humanos en Latinoamérica están en alto riesgo. Según Global Witness, durante 2016 fueron asesinados 200 líderes defensores del medio ambiente, el 60% de ellos sucedieron en países latinoamericanos. “En Honduras, lamentablemente, somos catalogados como el país más peligroso para la defensa del medio ambiente, en los últimos 10 años han asesinado 123 defensores y defensoras del medio ambiente” dijo Pedro Landa.

En medio de este complejo panorama, el grupo de homólogos quiere incidir para mejorar las condiciones tanto de las comunidades como de los defensores del medio ambiente. “El tema de la justicia ambiental es importante para la compañía porque es importante para la humanidad. En el fondo lo que hacemos es promover la protección de los derechos humanos y también los derechos de la naturaleza para que tengamos una casa común habitable” afirmó Rafael Moreno, S.J. – Coordinador de CPAL para redes socio pastorales de américa latina. “Ha sido una decisión de la Compañía de Jesús a nivel mundial el que todas las obras nos articulemos para responder y tener incidencia ante las problemáticas de la globalización” añadió.

El objetivo de lograr esa articulación es fortalecer las experiencias locales de cada país, pero también sumar esfuerzos para lograr mayor incidencia. “La problemática no puede ser solo resuelta en escalas locales. Estas problemáticas son globales y regionales por lo tanto, al fortalecer los procesos en la región podemos tener un panorama mucho más amplio y podemos tener más impacto en las acciones” según Galo Bogarín.

Para el próximo años la red de homólogos desarrollará dos informes. Uno sobre democracia y derechos humanos en América Latina en el que intentarán caracterizar las problemáticas que se presentan en términos de niveles de democracia y esto relacionado a los derechos humanos. El segundo será sobre el extractivismo en esta misma región, situando las condiciones que se desarrollan, los vínculos entre empresa y Estado, la megaminería como proceso de relacionamiento fundamentalmente a procesos externos que vienen a la región.

 

Miguel Martínez
Equipo de comunicación