Banco de Datos de DDHH

Banco de Datos de DDHH (27)

De 1988 a 2018 el departamento de Caquetá vivió 355 episodios donde se denunciaban prácticas consideradas violaciones a los derechos humanos y violencia política, entre ellas estaban 199 casos de ejecución extrajudicial, 225 casos de tortura, 1440 desplazamientos forzados individuales, 177 heridos, muchos de estos perpetrados por los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) y 28 casos de desaparición forzada (Caso Tipo 15). Visibilizar casos como el de Caquetá es el objetivo de la Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política a la que pertenece el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP).

La idea de crear un banco de datos surgió a raíz de los altos niveles de violencia, los procesos de genocidio y el exterminio de fuerzas políticas como la Unión Patriótica; con el fin de denunciar y sistematizar la información sobre violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), además de hechos relacionados con el conflicto social ya que nadie realizaba esta labor. Desde 2005, se han conformado Bancos de Datos de Derechos Humanos en diferentes regiones del país con la ayuda y el trabajo del jesuita Javier Giraldo Moreno, movimientos de origen popular, investigativo e incluso religioso. De esta manera, se consolidó la Red Nacional de Bancos de Datos, como un proceso organizativo y colectivo integrado por organizaciones como la Corporación Caguán Vive, la Fundación Orlando Fals Borda, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, entre muchos otros.

En su dedicación por reconocer los diferentes hechos violentos en Colombia, la Red redactó una guía pedagógica que ayuda a sistematizar la cruel realidad colombiana, expresada en sus manifestaciones de violencia política y social que han azotado a las regiones a través de la historia del país. El Marco Conceptual es el instrumento con el que las organizaciones aliadas configuran, caracterizan y leen los hechos violentos de sus territorios. Además, define las categorías de violencia con ayuda de diferentes convenios y protocolos internacionales, lo que permite la objetividad de los hechos. Es la pauta para empezar a construir la memoria de las víctimas.

A partir de la creación de este Marco Conceptual en 1996 y actualizado en 2018, se dio paso a la revista Noche y Niebla donde se publican y registran las múltiples violencias y violaciones a derechos humanos de estas regiones. “Noche que oculta la verdad y Niebla que disemina la responsabilidad”, es el sentido de la revista.  Noche y Niebla también publica informes especiales catalogados como Casos Tipo que recogen hechos en regiones específicas que, por su contexto histórico social, sus actores, el rol de los medios de comunicación, la respuesta a las víctimas por parte de las instituciones gubernamentales, el papel del Estado y otros factores, permiten identificar patrones especiales en lo ocurrido. Desde 2003 se han publicado 15 Casos Tipo, algunos alrededor de las historias de Bojayá, la comuna 13 de Medellín y San José de Apartadó.

La cobertura territorial que tiene la Red permite ofrecer un panorama nacional y su cercanía con las comunidades, brinda confianza y credibilidad sobre la información que recauda. No es simplemente registrar el hecho sino comprender las realidades, ayudar a escribir y construir la historia del país a través de la realidad regional. Como lo mencionó Jerry Garavito en el marco de la VI Asamblea de la Red “Documentar los hechos, las historias desde las víctimas y la presencia regional del Banco es lo que ayuda a visibilizar la situación”. Sin embargo, la visibilidad de los casos no es suficiente, la Red propende también a la reducción de esa vulnerabilidad de las comunidades y al desescalamiento de los hechos violentos.

La Red ha sobrepasado diferentes obstáculos en su lucha por defender y visibilizar los derechos humanos. Ha sido víctima de presiones en cuanto a su contexto de acción y algunos colaboradores de los Bancos de Datos se han tenido que enfrentar a montajes jurídicos de amenaza y señalamiento por su labor en defensa de los derechos humanos. Al tiempo que afronta estas acciones adversas la Red es ampliamente reconocida por sus labores y publicaciones, por ejemplo, en el último Informe Anual de Derechos Humanos en Colombia que elaboró la embajada de Estados Unidos, el trabajo de los Bancos de Datos fue referenciado cuatro veces en torno a temas de tortura y tratos crueles, y detenciones ilegales y abuso físico. Esto demuestra la importancia que hay alrededor de las investigaciones que se hacen conjuntamente con las organizaciones regionales, pues de esta manera es como se logra el posicionamiento de las víctimas, que son el eje central de la Red.

Además de ser un espacio que trabaja y se construye de manera permanente la Red Nacional del Bancos de Datos hace un ejercicio fundamental de construcción de memoria histórica. Alrededor de la compilación de los datos en las regiones se reivindica el relato de todo un territorio, sus dinámicas políticas, sociales, económicas, étnicas y mucho más. Esta labor permite reconocer la diversidad del país desde una mirada analítica y sobrecogedora que a la vez se convierte en un proyecto social de incidencia en las políticas actuales. Sus acciones de memoria no solo se basan en la recopilación de información histórica de las regiones, sino también en los actos simbólicos que se realizan para recordar los crímenes hacia líderes o comunidades. Ejemplo de ello es el caso de la peregrinación en Trujillo, Valle del Cauca, por el asesinato de más de 200 personas entre 1986 y 1994, además del asesinato del padre Tiberio Fernández, por denunciar la barbarie que ocurría en el territorio.

Actualmente, son muchos los casos de hechos violentos y violaciones a derechos humanos que se comenten en el país y un gran número de ellos están en las sombras, ocultos bajo la complicidad de sus diversos actores. Sin embargo, aún queda la memoria de las víctimas que sobreviven, los testigos que deciden denunciar, aún en el silencio de las voces que han callado hay algo por contar. El esfuerzo conjunto es la clave para reivindicar la historia de las comunidades y regiones que se resisten a vivir en un país violento, ausente e impune.

 

María Fernanda Vera*
Equipo de Comunicaciones 

 

*Este artículo fue publicado originalmente en la edición de Septiembre de la Revista Jesuitas Colombia

 

Colombia tiene una extensión territorial de 1 114 408 kilómetros cuadrados. Esta superficie también la podemos medir en hectáreas, que serían más de 111 millones, o en campos de fútbol, pues aquí se podrían construir más de 156 millones. El país puede medirse de muchas otras maneras, por ejemplo, con las 80 472 víctimas de desaparición forzada reportadas desde 1958 hasta el 2018, a lo largo y ancho del territorio por el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica. A esto se le pueden sumar los familiares de los desaparecidos, cientos de mujeres buscadoras y afines que han dedicado su vida y empezaron una lucha por el reencuentro con sus seres queridos. Los departamentos más golpeados por este delito, según el OMC, son Antioquia con 19 794 víctimas, Guaviare con 1794 víctimas, y Meta con 5280 desaparecidos.

La desaparición forzada en el país se ha dado como un método selectivo contra los que se consideran peligrosos tanto para el Estado como para los demás grupos armados, con el fin de deshumanizar y desaparecer completamente a sus víctimas. Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional por los Desaparecidos, una fecha que pretende hacer memoria sobre las víctimas de este crimen atroz, que aún se comete y que muchas veces queda en la impunidad, recordar para que la historia no se repita, para que deje de ser un tema invisibilizado en el país y para darle voz a las víctimas que padecen día a día una búsqueda incansable.

Colombia estableció el delito de la desaparición forzada en el año 2000 con la Ley 599 en el artículo 165 del Código Penal: “El particular que someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión […]”.

Así mismo, se ha suscrito a las normas internacionales expedidas por las Naciones Unidas (ONU) y se comprometió a adecuar las normas internas a los estándares internacionales. Para la ONU, el siguiente es el concepto de desaparición forzada “[…] el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

El 16 de abril de 2019, la ONU consolidó y publicó los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, en donde reafirman las diferentes obligaciones y acciones urgentes que deben realizarse durante la búsqueda de una persona. Así mismo, resalta el rol esencial que tienen los familiares y que su participación en la investigación es de vital importancia para establecer las diferentes circunstancias de desaparición y posible hallazgo del desaparecido. Algunos de los principios rectores más significativos se basan en que la búsqueda de una persona debe hacerse bajo la presunción de vida, debe tener un enfoque diferencial en cuanto género, vulnerabilidad, población LGBTI y primera infancia, y las instituciones y autoridades encargadas deben actuar en el momento que tuvieron conocimiento del caso y hacerlo de manera permanente. Según Carmen Rosa Villa, integrante del Comité de la ONU contra la desaparición forzada, está convención pretende que el Estado “haga una toma de decisiones concretas acerca de lo que hay que hacer, que genere empatía por parte de los funcionarios hacía los familiares”.

A pesar de toda la legislación, los protocolos y las recomendaciones internacionales, de los casos registrados de desaparición forzada en Colombia, la Fiscalía General de la Nación solo tiene 337 sentencias en firme para ejecución de penas. Además, existe una falta de compromiso y voluntad política por parte del Estado y sus instituciones.

Por otro lado, las organizaciones y fundaciones que apoyan las acciones de búsqueda de desaparición forzada en el país, son fundamentales para este largo proceso. Por medio de labores como complementar las investigaciones, articular grupos de trabajo de búsqueda, investigar razones por las cuáles se desaparecen, acompañar y dar participación a las víctimas, contribuyen a prevenir este delito.

El Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP), a través del Banco de Derechos Humanos y Violencia Política, lidera el proyecto “Guaviare y Boyacá, consolidando la participación de las víctimas” para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), en el cual se articula con tres organizaciones: el Colectivo Sociojurídico Fals Borda, la Corporación Vida-Paz del Guaviare y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Humanitaria de Boyacá (COSPAC). El objetivo del proyecto es reconocer el contexto de cada departamento en función de la desaparición forzada y construir una metodología que permita realizar jornadas donde se convoca a los familiares buscadores de personas desaparecidas y a organizaciones estatales como el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas. De esta manera, se establece un puente entre las instituciones y los familiares, y a lo largo de las jornadas se hacen denuncias, toma de muestras de ADN para búsqueda y se comparten las funciones de cada institución. Lo anterior agiliza procesos de búsqueda, recolecta información acerca de posibles paraderos de los desaparecidos, presta atención inmediata a las víctimas y ayuda en la reconstrucción de contexto de estos territorios.

Sí bien la UBPD lleva solo diez meses en funcionamiento, ya está consolidando el diálogo con los familiares de desaparecidos para integrarlos a la búsqueda de sus seres queridos. Este es un paso importante en la historia del país, pues se les da un trato especial e importante a los familiares y se les hace parte de este proceso. Sin embargo, según Federico Andreu, asesor de la UBPD, la mayor problemática de la unidad en este momento es el presupuesto, pues el actual Gobierno no tiene una voluntad política total en los asuntos relacionados con la implementación de los Acuerdos de Paz.

Por otro lado, el país no solo lamenta el asesinato sistemático de líderes sociales, sino también las desapariciones de los mismos. La respuesta del Gobierno a estos hechos no ha sido muy alentadora, pues tilda estos crímenes como casos aislados al conflicto. Para Carmen Rosa, “el Estado debe luchar contra la impunidad, mostrarle a la ciudadanía un elemento fundamental: ‘vamos a investigar, vamos a encontrar a los responsables, los vamos a sancionar’. Que no que se convierta en que aquí no pasa nada y nadie es condenado, siempre sin dejar de buscar”.

Las otras víctimas

El 2 de octubre de 1984 la vida de Fabiola Lalinde cambió de manera radical. Su hijo Luis Fernando Lalinde, de 26 años, había desaparecido en Jardín, Antioquia. La búsqueda de Fabiola empezó el 4 de octubre de 1984 y no cesó sino hasta el 20 de mayo de 1992. Luis Fernando fue víctima de detención forzada, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición por parte del Ejército Nacional. En la búsqueda de su hijo, Fabiola se enteró de la detención y empezó su investigación en los batallones, brigadas, campamentos y cárceles de Manizales, Pereira y Riosucio. A su acción le dio el nombre de “Operación Cirirí”, por el pájaro Cirirí, sinónimo de insistencia, incomodidad y molestia. Eso significaba Fabiola para el Estado.

El 16 de septiembre de 1988, después de intensas búsquedas, denuncias nacionales e internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA falló a favor de Fabiola y condenó al Gobierno por el caso de Fernando. A causa de este resultado judicial, el 23 de octubre de 1988, la casa de Fabiola fue allanada por la Policía Militar mientras ella no estaba allí. Fue víctima de un montaje con cocaína y tildada de terrorista, subversiva y jefe de la narcoguerrilla de Antioquia en los medios de comunicación.

Fabiola fue liberada el 3 de noviembre del mismo año, pues se comprobó que la droga no era de ella y que era evidente el enfrentamiento entre las Fuerzas Militares y la familia Lalinde. El 14 de abril de 1992, Fabiola logró la exhumación de los restos de un N. N., alias “Jacinto”, quien hasta 1996 fue plenamente identificado, con ayuda internacional, como Fernando Lalinde Lalinde. Por fin, después de agotar todas las instancias, métodos y ayudas tanto jurídicas como humanitarias, Fabiola pudo darle una despedida digna a su hijo y llegar a la luz de los hechos y la verdad.

La lucha de Fabiola Lalinde es símbolo de las cientos de madres, hijas y esposas que no descansan en la búsqueda de sus seres queridos, y que son las principales protagonistas en las investigaciones de desaparición forzada en el país. Ellas se ven expuestas a malos tratos, a ser juzgadas y revictimizadas, principalmente por organismos estatales. Están envueltas en el dolor y la impunidad por largos periodos de tiempo e incluso algunas no alcanzan a esclarecer los hechos, ni a saber la verdad sobre sus seres amados. Casos como el de Fernando se repiten alrededor de todo el país, de América Latina y del mundo.

Mapear a Colombia es posible desde muchos ángulos. Las cicatrices de violencia, pobreza, desaparición e impunidad han ido marcando todo el territorio hasta dejar trazadas todas estas formas en las que se puede leer el país. El resultado de esta lectura genera desconsuelo y desilusión. Sin embargo, se pueden hacer nuevos trazos, heredar los viejos y construir a partir de esas heridas que aún no sanan, visibilizar lo invisibilizado, recordar a los que han sido olvidados, detectar en el mapa a los que han desaparecido y encontrar algo que nos aliente a continuar. Este es el objetivo principal.

 

María Fernanda Vera
Equipo de Comunicaciones 

 

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/Programa por la Paz presentó el informe anual sobre las violaciones a derechos humanos en el país. El interés principal de este informe es alertar sobre las distintas dinámicas de violencia político-social, con especial énfasis en los casos asociados a los asesinatos de dirigentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal y dirigentes cívicos. Tanto el Cinep/PPP como el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación la nueva dinámica de la violencia en Colombia que ataca a la base social.

Este informe se presenta como un ejercicio al servicio de las víctimas para recuperar la memoria desde sus voces y contribuir a la construcción de una sociedad justa, sostenible y en paz. De los 1418 casos registrados por el Banco de Datos en el 2018, 195 tienen como autoría a actores desconocidos, y en 139 aparece la etiqueta de hombres armados o encapuchados. Si se suman estas dos cifras, se representan 334 casos que conducen directamente a la impunidad.

Desde esas nuevas autorías es que los investigadores comprendieron nuevas dinámicas de la violencia en Colombia: hay “nuevas” metodologías de victimización, “nuevas” víctimas, y “nuevos” victimarios que buscan de manera intencionada una perspectiva de justicia nula.

Javier Giraldo S.J., investigador del Banco de Datos, compiló casos de testimonios de víctimas disponibles en la revista Noche y Niebla No. 57. Para Giraldo, “encontramos que cada vez más (aunque todavía algunos grupos paramilitares reivindican los crímenes) aparece un victimario como un pistolero encapuchado que llega en moto, dispara y se va. Nadie lo conoce y nadie lo puede identificar. Eso le da una excusa al aparato judicial para decir que no hay investigaciones o que hay muy pocas. Además, siempre se enfoca sobre el autor material, sobre quién disparó, y poco le interesa el autor intelectual. Desde la víctima misma, desde su trabajo, sus luchas, sus compromisos, hay una puerta muy clara para empezar a investigar al autor intelectual.”

 A esto se suma el hecho de que la Fiscalía General de la Nación ha emitido 34 sentencias en contra de autores materiales que han asesinado a líderes comunales, pero ninguna se ha emitido en contra de los autores intelectuales. Además, el informe determinó que entre octubre de 2016 y 2018 hay un importante incremento en los asesinatos de líderes comunales que están comprometidos con la sustitución de cultivos ilícitos.

 El departamento más afectado fue el Valle del Cauca con 224 víctimas, seguido de Cauca con 182 y Santander con 182 víctimas. Los hallazgos realizados por el equipo investigador, mostraron que el principal método de victimización fue la amenaza, algo que se diferencia de otros tipos de victimización utilizados históricamente en Colombia como la tortura y la desaparición y el desplazamiento forzado.

Según el informe, 98 líderes sociales (en su mayoría líderes cívicos y comunales) fueron victimizados en el 2018. Las víctimas más numerosas son personas u organizaciones con menos visibilidad que viven en áreas rurales o en las periferias de las ciudades. Su función social es clave para el funcionamiento de organizaciones de base que buscan valer sus derechos. La violencia política tuvo el mayor número de víctimas letales: 447 asesinados, 386 amenazados, 129 heridos y 48 víctimas de atentados.

Las víctimas ya no son las cabezas de fila de grandes sindicatos, de movimientos nacionales campesinos o estudiantiles o fuerzas de izquierda alternativa, como predominó en otros momentos. Esto cuestiona las versiones que niegan la existencia del paramilitarismo, pues actualmente existe un paramilitarismo remozado responsable de 342 casos registrados en el 2018.

Para el equipo del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, las medidas de protección y la atención brindadas por el Estado son insuficientes para las personas en evidente riesgo o con amenazas. Este informe busca seguir prestando un servicio a las víctimas haciendo visibles sus historias y los acontecimientos que vulneran sus derechos humanos fundamentales, con un profundo compromiso ético de contribuir a que no se repitan y seguir apostando por la vida.

 

Laura Cristina Vásquez
Equipo de Comunicaciones

Expectativa

Aunque era la primera vez que yo estaba allí, noté una emoción particular esa mañana. Si bien es una gente muy tranquila, se sentía gran expectativa en varios de los habitantes y visitantes de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Esa mañana, llegarían tres miembros de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para hablar con ellos y entregarles la extensa documentación que han realizado por años de las violaciones a sus derechos. Algunas personas desayunaban en la puerta de la casa, un hombre mayor que usaba gafas de sol estaba sentado en un tronco y los niños corrían entre los maderos. Caminé un poco y vi al padre Javier Giraldo. Estaba hablando con una mujer. Me dirigí hacia ellos. “Le presento a Mariela, una religiosa que acompaña a la comunidad desde hace años”. Luego de un breve descanso me dijo: “Vamos le muestro la comunidad”.

Mientras tanto algunas mujeres preparaban el almuerzo, varias personas pasaban a preguntar a qué hora llegaban los comisionados, otros cargaban unas sillas plásticas. Lo primero que encontramos en el recorrido fue unos murales que hace poco terminaron y que retratan los relatos de varios habitantes sobre la comunidad y su historia. Justo al lado está el punto de encuentro principal, la cúpula. Este es un espacio híbrido entre iglesia y auditorio en el que rinden homenaje a las más de 300 víctimas que he dejado el conflicto armado en esta población. Al entrar los primero que noté son unos retratos pintados que rodean la parte alta del salón. Son casi 50 retratos de las pocas personas víctimas de la comunidad que tenían foto. Todos ellos, pintados a mano. Una imagen impactante son unos listados dispuestos a lo largo del salón en los que se recogen nombres, veredas y años en los que fueron asesinados o desaparecidos habitantes de esta comunidad. Son más de 300 y constantemente se les rinde homenaje. Atrás de la cúpula hay un pequeño mausoleo con los cuerpos que la comunidad ha logrado rescatar en los últimos años.

La universidad de la resistencia

El padre Javier le llama a esta comunidad la Universidad de la resistencia. Y no es infundado este nombre. Son muchas las organizaciones internacionales y nacionales que resaltan y apoyan a la comunidad de paz. Durante la década de los 90 el Urabá Antioqueño sufrió muy fuertemente el conflicto armado. Allí tomaron parte las Farc, el EPL, los paramilitares y el Ejército Nacional. En medio de los enfrentamientos diarios que vivía San José de Apartadó, cientos de campesinos tuvieron que enfrentar violencia, asesinatos, violencia sexual, tortura, desplazamiento y amenazas.

Ante este duro panorama, un grupo de campesinos de veredas cercanas, decidieron acogerse a ser una comunidad neutral. Esto implicaba no participar de ninguna forma del conflicto, no dar información a ninguno de los grupos, ni suministros. “Ya había muchos desplazamientos en la zona, pero finalmente le apostamos a generar una organización que fuera una comunidad neutral. Esto para exigirle tanto a la guerrilla como a la fuerza pública de que no nos íbamos a someter a ninguna de las pretensiones de ellos, que nos le íbamos a colaborar, que no íbamos a ser como idiotas de ellos, sino que nosotros queríamos autonomía del campesinado” me contaba Jesús Emilio Turberquia, ex representante legal de la comunidad.

En 1996 querían que los bandos del conflicto se comprometieran a respetar la neutralidad de la comunidad. Para esto debían hablar directamente con los comandantes tanto del Ejército como la guerrilla. Pidieron mediación con la Cruz Roja Internacional, quienes se negaron porque solo median entre actores armados, no con población civil. Finalmente la iglesia aceptó mediar y recibieron respuesta positiva de ambas partes. El 23 de marzo de 1997 firmaron la declaratoria que los identificaba como la Comunidad de paz de San José de Apartadó, un grupo de campesinos de diferentes veredas que querían estar por fuera del conflicto armado.

La idea inicial fue que la figura de comunidad neutral durara dos años, pues creían que en ese periodo de tiempo se detendría el conflicto o que ya no aguantarían más. Luego de la decisión, fue aun peor la arremetida contra ellos. Guerrilla y Ejército, que se disputaban el control territorial en ese tiempo, los atacaron acusándolos por no ayudar en sus objetivos militares. “Entonces uno ve que no había ninguna intención y que sí nos veían como un enemigo, tanto la guerrilla como el Estado colombiano” relata Jesús.

Desde esos días las familias que decidieron unirse a la comunidad de paz, adoptaron unos valores que permitieran la unidad como colectivo y que dieran tranquilidad para vivir entre ellos.  Dignidad. Diversidad cultural, resistencia, memoria y alternatividad fueron los valores acordados. Estos valores están plasmados hoy en día en los ventanales de la cúpula. Estos se intercalan con los listados de las víctimas y para varios de los habitantes de la comunidad con los que hablé, son los que les han permitido permanecer tanto tiempo. Todas las dificultades más grandes. Contra nosotros se ha aplicado todo mecanismo de guerra.  Hemos logrado resistir y aquí nos mantenemos. Ha sido esa fuerza organizativa que hemos podido ir más allá de la guerra porque no nos han podido someter a las intenciones de que hagamos parte de la guerra, pero tampoco nos han podido desalojar. Afirma vehementemente Jesús.

Durante todo este tiempo han logrado llamar la atención a nivel internacional. Múltiples organizaciones no gubernamentales, colectivos, organizaciones de derechos humanos los han acompañado en esta resistencia pacífica que le han hecho a los violentos.

El momento de hablar

Hacia el medio día hay mucho alboroto. Los hombres que había visto antes en pantaloneta, visten ahora pantalón y camisa. Tras muchos minutos de espera, llega el momento. De un pequeño taxi se bajan tres comisionados de la verdad. María Ángela Salazar, Lucía González y el Padre Francisco de Roux saludan a las personas que atentamente los reciben. Tras un minuto de silencio, siete representantes de la comunidad les cuentan a los comisionados lo que han tenido que sufrir estos 22 años en los que han preferido mantenerse al margen del conflicto. Voces de niños, de mujeres, de ancianas se oyen para pedir a la comisión que esclarezcan las graves violaciones a los derechos humanos que han sufrido por décadas. El sentimiento constante es de tristeza por sus relatos, pero también de firmeza y convicción para pedir que se sepa la vedad de los hechos.

Desde la finales de los 90, la consolidación del paramilitarismo en la región trajo un incremento muy fuerte de la violencia para esta comunidad. Amenazas, desplazamientos, violencia sexual, asesinatos eran el pan de cada día para las familias que decidieron adherir a la comunidad de paz. Aun cuando habían decidido no participar de la guerra, los paramilitares atacaron. No les bastó solo con la violencia directa. En 2001 impidieron el paso de alimentos para la comunidad. Fueron acusados de abastecer a los guerrilleros, cuando los alimentos que compraban era para alimentar a las familias. Varios campesinos que bajaron al pueblo a llevar mercado, fueron asesinados. Ante este situación la comunidad decidió volverse autosostenible. Empezaron a cultivar lo necesario para autoabastecerse y desde allí no necesitan comprar mayor cosa en el pueblo. La denuncia constante de la comunidad es que la Brigada XVII del Ejército, cooperaba con los paramilitares en estas acciones violentas. 

Uno de los episodios de violencia más cruentos que tuvieron que padecer, se dio el 21 de febrero de 2005. Ese día, en medio del patrullaje del Ejército, paramilitares del bloque Héroes de Tolová, de las AUC, asesinaron a 8 personas de la comunidad. Entre las víctimas habían tres niños, el menor de ellos de un año y medio de edad. Por este acto, fueron condenados cuatro militares como coautores de la masacre. Este hecho marcó un giro definitivo para la comunidad. Desde ese terrorífico episodio, rompieron toda relación con el Estado, porque dicen no tener ninguna garantía de protección ni de justicia en sus casos.

“La guerra aquí ha sido por los intereses económicos, no porque ha habido presencia guerrillera. Los intereses económicos que representa esta zona y esta región son muy grandes. Estamos a puertas del mar caribe, en una zona muy productiva con muchos minerales, una reserva hídrica y muchísima riqueza” declara una de las mujeres líderes de la comunidad. “Las Farc salieron de estas tierras y aún así seguimos levantando muertos y seguimos siendo amenazados” agrega otro líder. La comunidad pensó que con el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc, vendría paz a este territorio. Sin embargo, la situación no cambió mucho.

Desde hace varios años la comunidad viene denunciando la presencia de hombres armados en la región. Afirman que el paramilitarismo sigue manteniendo el control en algunos sectores. En los últimos meses varios de sus líderes han sido amenazados y en las carreteras siguen apareciendo muertos. A esto se suma lo que han denominado la persecución institucional. A finales de 2018, a Brigada XVII del Ejército Nacional, en cabeza de su comandante, Carlos Alberto Padilla, interpuso una tutela contra la comunidad de paz por algunas denuncias en redes sociales en las que manifiestan la convivencia de militares y paramilitares. La tutela fue fallaba a favor de los militares y ante la negativa de la comunidad a borrar la denuncia, el representante legal, German Posso, fue arrestado. “Esto significa que el Ejército quiere cortar el último espacio de denuncia de la comunidad” afirma el padre Javier Giraldo, acompañante de la comunidad.

 

La Comisión de la verdad

El recrudecimiento de la violencia en los últimos años, llevó a la comunidad a hacer un llamado a la comisión de la verdad. Los tres comisionados, luego de escuchar a la comunidad, de registrar sus testimonios y de recibir de sus manos el registro histórico de las violaciones a sus derechos, se comprometieron a estudiar este caso. Sin embargo, y aunque la gente agradece la presencia de la comisión, son muy escépticos frente a los que puedan hacer.  “nosotros sabemos que las cosas no van a cambiar, son otras personas más que nos escucharán, que conocerán la experiencia pero que no pueden hacer absolutamente nada porque no están por encima de la justicia o del gobierno colombiano” me dice Jesús Tuberquia al final del día. Varios otros campesinos lo dicen de igual manera.

Han sido 22 años de ser una comunidad neutral ante el fuerte conflicto que vive la región. Más de dos décadas en las que se han negado a participar o apoyar a cualquiera de los bandos involucrados en la guerra. Más de dos décadas en las que han pedido que los dejen trabajar la tierra tranquilos. Más de 22 años de exigir justicia en los casos de violación de sus derechos humanos y los más de 300 muertos y desaparecidos que han puesto. Las nuevas generaciones están comprometidas con mantenerse firmes en este propósito. Por ahora, lo único seguro es que esta comunidad seguirá resistiendo en medio del conflicto, como lo ha hecho en los últimos 22 años.

 

Lee también:

En las entrañas del Genocidio. El Estado colombiano en plan de exterminio de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Antioquia, Colombia. 

 

Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones

El reconocimiento de las víctimas es fundamental en procesos de reconciliación como el que está viviendo Colombia. Bajo la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas, el gobierno de Juan Manuel Santos creó acciones de conmemoración que reconocían la existencia de un conflicto armado en el país y de víctimas diferenciadas por tipo de victimización. Así, nació el 9 de abril como el Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado, también como conmemoración del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Para William Rozo, investigador del Banco de Datos de Cinep/PPP, ese día en el que la capital colombiana se incendiaba, nació uno de los ciclos de violencia que ha tenido Colombia en su proceso de conformación como Estado – Nación y que no hemos subsanado.

El 9 de abril les da a las víctimas un marco legal que les permite reconocerse a sí mismas como tal y que, tanto el Estado como la sociedad, también lo hagan. Desde hace ocho años, este día ha tenido distintas conmemoraciones realizadas por víctimas y que han abarcado espacios públicos en todo el país. Por ejemplo, en Tumaco en la conmemoración de 2016 cientos de víctimas, docentes, niños y otros actores, se unieron para lanzar faroles al mar, cada uno con el nombre de una víctima. El año pasado en Medellín se realizó una concentración masiva en la plazoleta del Teatro Pablo Tobón Uribe y una exposición fotográfica sobre la memoria, mientras que en Bogotá se realizaron siete expresiones artísticas que cubrieron la Carrera Séptima desde el Museo Nacional hasta la Plaza de Bolívar.

Sin embargo, es fundamental entender la disputa que hay sobre las distintas verdades y memorias que existen y se están creando alrededor del conflicto armado. En esta entrevista, William Rozo hace una reflexión sobre la importancia de una conmemoración como la de hoy, la lucha de las víctimas de diferentes actores armados, incluyendo las víctimas de crímenes de estado, por ser reconocidas y el papel que debería jugar la sociedad en la construcción de memoria y solidaridad con las víctimas.

¿Cuáles son las luchas de las víctimas y de sus familias que llevaron a que este día se conmemorara?

William Rozo: Uno de los crímenes más atroces de todos los crímenes que se pueden cometer contra un ser humano es la desaparición de un familiar porque es una tortura permanente, porque no cesa el dolor. Siempre se está esperando al ser querido. Entonces los familiares de víctimas de personas desaparecidas en razón y con ocasión del conflicto, que es como se llama en Colombia y que es diferente a la desaparición forzada, siempre han estado buscando a sus seres queridos. Esa fuerza, que en su gran mayoría está liderada por mujeres, esa fuerza de mujeres que buscan, que luchan y que empezó en gran medida con las Mujeres de la Plaza de Mayo en Argentina y se fue extendiendo por todo el mundo, es la que hace que este tipo de días tengan un hito en el tiempo. La lucha es esa, es ayudar a encontrar a los desaparecidos y desaparecidas de este país. 

¿Cómo la sociedad puede contribuir a la memoria y a la solidaridad con las víctimas?

W.R: Yo creo que de eso tenemos que aprender mucho de los procesos alemanes, de los procesos judíos y de otros procesos de otros países en el que son las ciudadanías las que no sólo reconocen a las víctimas, sino que dicen “esto no puede volver a ocurrir”. Yo creo que a ese nivel tenemos que llegar en Colombia, pero para eso nos falta todavía mucho. Aquí todavía hay sectores muy poderosos que están interesados en que la guerra continúe, en revictimizar, en mantener las condiciones porque en la guerra hay unos perdedores, que es el grueso de víctimas, pero hay gente que ganó. Ganaron los empresarios y ganaron los terratenientes y esa es parte de la disputa. ¿Cuándo se cambia esa balanza? Cuando el conjunto de la sociedad no tolere y no avale eso y se movilice; ese día empiezan a cambiar las cosas. Pero todavía nos falta muchísimo para llegar allá. Una conmemoración como la del 9 de abril todavía no aporta mucho a que eso ocurra, pero va en la dirección correcta. 

¿Qué implicaciones tiene que exista el 6 de marzo como un día de conmemoración especial para las víctimas de crímenes de Estado?

W.R: Si nosotros miramos las estadísticas tanto de Cinep/PPP, como otras diferentes a las que maneja la prensa y los medios de comunicación masivos, el número más alto de víctimas son las víctimas que ha producido el Estado colombiano a partir de sus instituciones como el Ejército, la Policía y las alianzas con grupos paramilitares. La cifra puede estar cerca del 60%, y el resto son víctimas por parte de la guerrilla y otros actores, por lo que es muy importante ese reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, el 6 de marzo es un día posicionado por las víctimas desde hace más de diez años, pero no está reconocido por ningún marco legal.  

¿Cómo lograr unir los distintos relatos y verdades que hay sobre el conflicto en una conmemoración como la del 9 de abril?

W.R: Como lo dice el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, no hay una sola verdad. Hay muchas verdades, el punto es ponerlas todas juntas en igualdad de condiciones: ese es el desafío. Yo siento que ahí el llamado es a jóvenes periodistas o comunicadores sociales que están saliendo de las universidades y que están con un abordaje un poco diferente, en mi opinión menos contaminado que la mediática y todos estos medios masivos que contribuyen dependiendo de los intereses en defender una u otra orilla, a construir relatos que se acerquen más a los hechos tal cual ocurrieron.

¿Cuáles son las razones para conmemorar el 9 de abril?

W.R: Primero, está como base el derecho constitucional que tenemos todos los colombianos y colombianas a vivir en paz. Segundo, tenemos que aprender a resolver todos nuestros conflictos sin recurrir a métodos violentos. Tercero, debemos posicionar por encima de todo a la creatividad para la resolución de conflictos. Cuarto, tenemos muchísimas heridas abiertas y hay que cerrarlas. Yo creo que el 9 de abril contribuye un poco a eso. Yo estoy impactado porque en la portada de El Espectador del 4 de abril hay una foto de una ex guerrillera de las Farc con un ex jefe paramilitar y un sacerdote defensor de derechos humanos en los Llanos, en un territorio donde hemos hecho peregrinaciones, que antes se estaban matando y hoy están tratando de decir “venga, aquí pusimos víctimas todos”. Ver cómo los familiares se acercan es impresionante. Quinto, hay que sanar heridas y empezar a reconstruir, a tratar de hacer un país mejor y armar este país desbaratado. Para los que somos padres de familia esa es una razón muy poderosa. Nosotros no queremos que nuestros hijos tengan que vivir en el país que a nosotros nos tocó vivir. Yo hoy tengo 46 años y no sé lo que es vivir un solo día en Colombia en paz.

 

Laura Cristina Vásquez 
Equipo Comunicaciones

 

El pueblo colombiano ha sufrido millones de crímenes puntuales e individuales, aunque miradas más escrutadores pueden descubrir conexidades que se multiplican y van revelando proyectos de exterminio o de neutralización más sistemáticos, que miran a modificar las fuerzas sociales y políticas en favor de intereses inconfesables.

Hay, sin embargo, casos mucho más explícitos de represión que no ocultan sus objetivos de exterminar grupos, comunidades u organizaciones enteras, o al menos reducirlas a una total impotencia, inacción o parálisis, sin ocultar los esfuerzos por cooptarlas; por transformar su naturaleza misma; por someterlas a otros parámetros de pensamiento y de acción; por forzarlas a ajustarse a las costumbres sociales y políticas del contexto; por reducirlas al statu quo.

Hace cerca de 22 años se configuró en el Urabá antioqueño una comunidad de campesinos cuyo distintivo central fue DECIRLE NO A LA GUERRA, no porque antes sus integrantes hubieran estado involucrados en ella consciente y libremente, sino porque vivían en un territorio donde imperaba el principio: “el que no está conmigo, está contra mí” y donde el campesino era forzado a colaborar con un bando o con otro o con ambos y era castigado e incluso asesinado si era descubierto en esas colaboraciones por el bando contrario. Una de las fuerzas allí implicadas era el mismo Estado, no sólo
a través de su fuerza pública sino también a través de las estructuras paramilitares, las cuales actuaban y aún hoy actúan, a la luz del día, en connivencia con las fuerzas estatales y utilizan los métodos más criminales.

La proclamación pública de la COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ realizada el 23 de marzo de 1997, trajo como reacción inmediata un despliegue atroz de violencia por parte del Estado y de sus estructuras paramilitares. También la guerrilla de las FARC reaccionó en un principio con violencia, si bien la inmensa mayoría de sus represalias fueron ejecutadas por un comandante de Compañía (alias ‘Samir’) quien actuó durante varios años como infiltrado del ejército, hasta su deserción de las FARC
en 2008. Desde la misma semana de su presentación pública (Semana Santa de 1997) la política de exterminio contra la Comunidad de Paz no ha cesado durante más de dos décadas transcurridas; por el contrario, se han ensayado todos los métodos conocidos de exterminio, los cuales se registran en esta publicación, siguiendo la diversidad metódica de las atrocidades y su secuencia cronológica.
De acuerdo con las categorías jurídicas mediante las cuales la comunidad internacional ha ido clasificando y graduando la gravedad de los crímenes de alcance universal, no queda duda alguna que este caso se inscribe en la modalidad de GENOCIDIO , pues toda la jurisprudencia internacional, antigua y reciente, autoriza a hacerlo. En un momento en que el Estado colombiano ha creado nuevos instrumentos de verdad y justicia y en que la comunidad internacional observa con atención la efectividad de esos instrumentos, se entrega este compendio concreto a la sociedad y
a la humanidad, conscientes como somos de que muchos episodios se escaparon del registro por múltiples razones. Al ofrecer este compendio, lo hacemos como un nuevo clamor de verdad, de justicia y de garantías de no repetición.

Javier Giraldo Moreno, S. J.
Bogotá, noviembre de 2018

Descarga el informe aquí

 

 

 

En el departamento de Boyacá se encuentra ubicada la Provincia de Lengupá, tierra colindante con el departamento de Casanare, el cual desde hace largos años se ha visto afectado por los distintos conflictos armados que han surgido en el país, dejando incontables víctimas en el territorio.

En esta ocasión, en la catorceava entrega de Caso Tipo, el equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP compiló las voces de algunas personas de la región como un ejercicio de recuperación de la memoria y de dignificar las voces de las víctimas que padecieron la violencia a lo largo de estos años. Los testimonios aquí presentados narran los hechos ocurridos desde los años cincuenta hasta el 2005.

 Algunos de los temas recurrentes de esta publicación giran en torno a la guerrilla conservadora de los Chulavitas y las agresiones que ejercieron sobre los habitantes de esta región y su expansión hacia el Casanare. También narra cómo Ecopetrol, a partir de 1969, con los hallazgos de los pozos de Cupiana y Cupiagua, propició la colonización del Casanare a través del boom del petróleo que se dio en esa región y la conformación de este como departamento.

A su vez en Miraflores, capital de la provincia, se desarrolló, como lo dicen las autoras del último capítulo del libro, “una gramática del sufrimiento” (Espinosa, 2007) ejercida por los paramilitares con actos violentos de desaparición, sufrimiento, secuestros y persecución política, etc.

Por último, vale la pena resaltar las aproximaciones a la violencia armada en esta provincia con algunos casos paradigmáticos, como por ejemplo el de Fernando Ortiz quien fue reclutado por los paramilitares y logró escapar. Esta narración fue tomada de La libre belgique y traducido del francés por Javier Giraldo M., S.J.  

Este documento es un ejercicio de aproximación a los hechos de violencia sucedidos y relatados por sus propios pobladores, entre ellos, quienes vivieron descarnadamente el horror perpetrado por organizaciones paramilitares: sobrevivientes, ex-alcaldes, ex personeros, líderes sociales y ciudadanos de a pie. El cuerpo del texto recoge, de manera relevante, los testimonios de las víctimas en un múltiple ejercicio, en el que se libera carga emocional, se sanan heridas, se recupera la confianza, se reconstruye el tejido social, se genera autonomía, se visibiliza el territorio ante el Estado- nación, y también se genera auto reconocimiento.

Consulta Hilando voces, tejiendo memorias. Tras las huellas de las violencias en Lengupá

El 29 de enero dos integrantes de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación de Malí y representantes de la organización Abogados sin Fronteras visitaron el Cinep/PPP para intercambiar experiencias sobre cómo se reconstruye la memoria de las víctimas.

Malí, ubicado en el noroccidente de África, fue escenario de un conflicto que inició en enero de 2012. Tuaregs y grupos armados islamistas del norte se aliaron y lograron tomar el control de toda la mitad norte del país. Declararon la independencia de la zona conquistada, lo que llevó a un golpe de Estado militar el 22 de marzo en la capital, Bamako, y al derrocamiento del presidente Amadou Toumani Touré. En el sur la fragilidad política era evidente y el norte quedó bajo control de dos bandos que entraron en conflicto: el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA) por parte de los Tuaregs, y tres grupos islamistas radicales: Ansar Eddin, el Movimiento por la Unicidad y la Yihad en África Occidental (Mujao) y Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

Este nuevo conflicto causó el desplazamiento de más de 400,000 personas al sur del país y a países vecinos como Burkina Faso, Argelia, Mauritania y Níger. El ejército, que había nombrado una junta militar provisional tras el golpe de Estado, realizó varios ataques en contra de la población civil en su lucha por frenar las acciones del MNLA. Fuerzas de seguridad torturaron arbitrariamente a quienes creían que pertenecían al grupo islamista y la junta militar detuvo a opositores políticos.

Los grupos armados aprisionaron, torturaron y asesinaron a decenas de soldados del ejército. Durante y después de la toma de poder en el norte, secuestraron a mujeres y niñas en campamentos militares donde luego fueron agredidas sexualmente. El grupo AQMI prohibió la enseñanza del francés y la educación conjunta entre niños y niñas, e incendió todos los colegios y bibliotecas de Kidal. La Comunidad Económica de Estados del África Occidental (Cedeao), con ayuda de la ONU y gobiernos como los de Francia y Estados Unidos, intervino militarmente para recuperar el norte, acción que generó más desplazamiento forzado y violaciones de derechos humanos.

En el 2014 se aprobó la creación de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación y un año después los grupos rebeldes del norte firmaron un acuerdo preliminar de paz con el Gobierno de Malí, conocido como el Acuerdo de Paz de Argel de 2015. Dos representantes de esa Comisión visitaron el Cinep/PPP junto a representantes de la organización Abogados sin Fronteras para intercambiar experiencias y metodologías de investigación y reconstrucción de la memoria de las víctimas en procesos de transición.

Cinep/PPP compartió algunos elementos del trabajo que adelanta el equipo de Derechos Humanos, especialmente, la metodología del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política que desde hace 30 años registra casos de violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH, intolerancia sociales y hechos de violencia política como: desapariciones, detenciones arbitrarias, amenazas, atentados, torturas y desplazamiento forzado, entre otros. 

Según los representantes de la Comisión de la Verdad de Malí, su trabajo consiste en investigar grandes violaciones de derechos humanos, hacer seguimiento a los hechos, sus presuntos autores y recoger las distintas versiones de las víctimas para integrar todas las voces al relato. Grupos armados, religiosos, mujeres y sectores políticos están representados en la Comisión de la Verdad, lo que le da legitimidad y credibilidad.

Los Comisionados indicaron en el diálogo con Cinep/PPP que la Comisión en Malí representa una esperanza para muchos pues de todos los mecanismos creados es uno de los que mejor ha funcionado; sin embargo, el mayor problema que enfrentan es que el conflicto sigue activo y existe mucha polarización. Según ellos, la sociedad espera de la Comisión un aporte a la reconciliación en un país en el que la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) registró el año pasado 252 casos de violaciones de derechos humanos con un total de 650 víctimas.

Colombia transita por un proceso de implementación de acuerdos en el que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es también una esperanza de reconciliación; sin embargo, es un reto colectivo romper la dinámica de la guerra y pensar en colectivo, en lo que nos hace iguales.

Tanto la situación de Malí como la de Colombia demuestran que en un escenario de transición debe existir esclarecimiento sobre lo ocurrido y su complejidad; se debe reconocer a las víctimas como personas a las que se les vulneraron sus derechos y como sujetos políticos para la reconciliación;  y se debe entender el territorio como un espacio social y político transformador. En el diálogo fue evidente que en ambos casos las Comisiones creadas son necesarias para reconstruir la memoria de las víctimas, garantizar las condiciones de convivencia entre todos los miembros de la sociedad, y crear las bases para la no repetición, la justicia, la reconciliación y la paz estable y duradera.

 

Laura Cristina Vásquez 

Equipo Comunicaciones

 

Este informe es un documento construido con base en los registros e información aportada por las organizaciones participantes en un ejercicio de aproximación a determinadas variables identificables referidas a las violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y de defensoras y defensores de derechos humanos, así como, en algunos casos, a las de sus allegados y otras personas que rodean su labor. De ninguna manera pretende dar cuenta de la totalidad de casos ni abarcar de manera holística la integralidad de una realidad compleja que seguramente excede en lo cualitativo y en lo cuantitativo a lo expuesto en el texto; tan solo es una aproximación al fenómeno abordado teniendo en cuenta algunos elementos comunes identificados, con base en los registros de casos aportados por las organizaciones participantes, que resultan útiles en la identificación de patrones y de correlaciones entre variables concretas.

Lea aquí el informe completo. 

 

 

Boyacá es uno de los departamentos que ha silenciado la violencia vivida. Poco se sabe de las masacres allí perpetradas por los paramilitares y de las víctimas de este conflicto político social. En este departamento y, especialmente, en la provincia de Lengupá, la memoria del conflicto está por construirse.

Es por eso que desde hace cinco años cada 10 de diciembre la comunidad y varias organizaciones sociales vienen promoviendo una Peregrinación que tiene como objetivo “recordar para transformar el territorio”. El pasado lunes, Día Internacional de los Derechos Humanos se sumaron voces, memorias y caminantes en esta Provincia con la comunidad de los municipios de Miraflores, Zetaquira, Campohermoso, Berbeo, San Eduardo, Rondón y Páez para enaltecer la memoria de las víctimas del conflicto armado y para exigir al Estado que se reconozca en el conflicto armado la responsabilidad de los paramilitares y de la fuerza pública.

 Guillermo Cruz es habitante de la región y miembro de la Corporación Tejiendo de Miraflores, su voz y su memoria estuvieron presentes en el camino. “Viví y padecí el paramilitarismo, visible desde el 90 y hasta el 2005. La peregrinación es la forma de revivir los actos que ocurrieron para ayudar a esclarecer la verdad”. Según este testimonio en Lengupá se hizo creer a la comunidad que allí había guerrilla para justificar la incursión paramilitar, pero “aquí no hubo enfrentamientos sino fue un ataque de unos actores armados contra una población inerme, indefensa, ingenua (…) entonces asesinan a mucha gente que participó en actividades electorales relacionadas con la Constituyente del 91”.

Para Guillermo Cruz aún se viven los efectos del conflicto, pues la desconfianza reina en la región, “aquí se fraccionaron las familias, pues algunas personas se aproximaron a los paramilitares tratando de cuidarse, algunos fueron informantes, pero otros se negaron. En las mismas familias se encuentran víctimas y victimarios”.

 

Las voces de las víctimas de Lengupá se suman a otras voces que hoy claman justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. “En este proceso lo que se quiere es la verdad. Las víctimas no luchan porque les den un dinero sino por saber la verdad y saber qué pasó”, afirma Guillermo Cruz. En este mismo sentido se expresó Tatiana Triana, una de las caminantes de la Corporación Cospacc, al señalar que “es necesario enaltecer las vidas de las víctimas, sus memorias, sus historias y su legado. Estamos exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición porque el perdón no significa renunciar a los derechos que tienen las víctimas”.

La Peregrinación se concibe como un espacio de encuentro en el que se teja nuevamente la confianza entre los habitantes del territorio, a partir del reconocimiento de las diferentes versiones de la verdad. Guillermo Cruz, indica que “con estas actividades se ha logrado explorar y contar qué pasó y cómo lo vimos. Al confrontar las versiones vamos encontramos un norte y lo importante es que en estos encuentros aparecen cada vez más personas y más verdades que motivan a explorar”.

Estos encuentros han favorecido el diálogo y el reconocimiento del otro y se han convertido en una forma para recordarle a la región lo que pasó y así afectarla, en el sentido de crear conciencia y reconstruir la memoria del territorio no desde la razón sino desde el corazón, desde lo humano que es el rostro del otro, así lo expresó Luis Orlando Pérez, S.J., integrante del equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP, quién caminó junto a la comunidad y presidió los actos religiosos.

Según Pérez, “en este lugar asesinaron, ejecutaron y torturaron a muchas personas en medio del silencio y del anonimato sus gritos no se escucharon (…) Nuestra presencia lo que hace es solidarizarse con ese grito de ayuda que es escuchado el día de hoy y ese grito recibe justicia pues no se queda solo, está acompañado”. Así las voces, las memorias y los caminantes se encuentran no solo para recordar, sino para transformar sus relaciones con la comunidad y con el territorio y, como lo expresó Guillermo Cruz, lograr que la solidaridad derrote a los victimarios.

 

Mónica Osorio Aguiar

Equipo Comunicaciones