Banco de Datos de DDHH

Banco de Datos de DDHH (24)

Entre el 25 y 30 de septiembre se llevó a cabo la jornada interinstitucional de atención a víctimas de desaparición forzada en el Guaviare. Funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal, Fiscalía General de La Nación, Defensoría del Pueblo y Unidad para las Víctimas atendieron a más de 200 familiares que están en el proceso de identificación de víctimas de este crimen en el departamento.

Este proceso comenzó el 21 de febrero con una reunión entre instituciones convocada por Cinep/Programa por la Paz y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entre el 20 y el 22 de mayo, se realizó un taller de capacitación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación a líderes de organizaciones sociales y de víctimas y comunidad religiosa del Guaviare.

Se espera que este modelo piloto de atención a familiares que se realizó en el Guaviare, se replique en todos los municipios del país en donde se tengan registros o denuncias de desaparecidos con ocasión y en razón al conflicto armado interno. Actualmente, no hay una cifra consolidada que evidencie la cantidad total de desaparecidos en el departamento. Este es uno de los principales problemas existentes para llevar a cabo este proceso, pero se estima según el Registro único de víctimas que la cifra alcanza las 3.000 víctimas.

En esta jornada se recibieron 140 declaraciones de nuevos casos y se actualizaron datos de procesos anteriores. El proceso estuvo acompañado de un equipo psicosocial de la Unidad de Víctimas para atender a los asistentes a la convocatoria. Medicina Legal, realizó la toma de muestra a los familiares de casos por esclarecer para comprobar con posibles descubrimientos de fosas comunes o cadáveres sin identificar, para continuar con el proceso completo de entrega.

William Rozo, investigador del banco de datos de Cinep/PPP, organizador de esta jornada opina que el proceso de paz favoreció esta búsqueda. “Eso lo expresaron los familiares, pues hay mayor libertad para moverse en el territorio. Por eso el afán para que estas jornadas se realicen porque existe incertidumbre por la tensa calma que se vive en el Guaviare”

El Cinep/PPP apoyó la convocatoria a los familiares para que asistieran a la jornada y acompañó el desplazamiento de algunos de ellos, en especial, los que residían en veredas apartadas del territorio. El equipo del Banco de Datos de Derechos Humanos celebra la realización de este tipo de acciones conjuntas y articuladas entre las entidades que tienen la responsabilidad de la búsqueda, identificación y entrega de los desaparecidos en el país.

Este ejercicio, hace parte de una de las funciones que tendrá la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada con el Acuerdo de Paz de La Habana, que pretende esclarecer los casos de desaparición forzada, formulando el censo nacional de cementerios, adelantando la búsqueda en otros municipios, actualizando la información de casos y registrando nuevos. Según la Unidad para las Víctimas, actualmente hay 46.000 casos de desaparición forzada reportados a nivel nacional.

 

Laura Inés Contreras - Equipo de comunicaciones

Con el aporte de: William Rozo- Investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos

 

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep/Programa por la Paz presentó a la opinión pública su informe anual de 2016, el cual se tituló El paramilitarismo sí existe.  

El Cinep/Programa por la Paz y el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación el incremento de las amenazas y asesinatos por parte de grupos paramilitares en contra de líderes sociales, campesinos y organizaciones de derechos humanos.El análisis de los últimos 8 números de la revista Noche y Niebla  deja ver una disminución global de las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, aumentan los casos de violencia por razones políticas”, afirmó Alejandro Angulo, S.J. 

Durante la presentación del informe se atribuyeron 550 victimizaciones a grupos paramilitares y 833 a actores armados no identificados, por lo que se puede afirmar que se trata de violencia política. "Preocupa el incremento de las amenazas y asesinatos por parte de grupos paramilitares en contra de líderes sociales", señaló Luis Guillermo Guerrero Guevara, director de Cinep/Programa por la Paz.

Otro de los datos que llamó la atención de los investigadores del Banco de Datos es que las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional, especialmente del ESMAD, son muy similares a las de los paramilitares: 548 victimizaciones durante el 2016.

PRESUNTOS RESPONSABLES

A

B

C

D

E

F

G

H

Total

PARAMILITARES

395

7

9

 

83

44

12

 

550

POLICÍA NACIONAL

58

 

 

196

17

256

12

9

548

EJÉRCITO NACIONAL

44

 

 

30

8

6

 

1

89

ARMADA NACIONAL

10

 

 

5

1

4

1

 

21

INPEC

4

 

 

 

5

5

4

2

20

FISCALÍA GENERAL

5

 

 

5

 

 

 

 

10

CTI

 

 

 

6

 

 

 

 

6

FUERZA PÚBLICA

 

 

 

3

 

 

 

 

3

GAULA

 

 

 

 

1

1

 

 

2

FUERZA AÉREA

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A AMENAZA; B ATENTADO; C DESAPARICIÓN; D DETENCIÓN ARBITRARIA; E EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL;  F HERIDO; G TORTURA; H VIOLENCIA SEXUAL

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Cinep/PPP.

El caso regional que se presentó en esta ocasión fue el del Magdalena Medio, por lo que se contó con la colaboración de Santiago Camargo, del Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio (OPI). Según Camargo “entre 1985 y 2016 se han presentado 477.019 hechos victimizantes, de los cuales el 80% son atribuidos a grupos paramilitares”.

 A pesar de las inversiones, tanto del sector privado como estatal, en la región siguen ocurriendo altos índices de violaciones a los derechos humanos. Entre los años 2014 y 2016 se presentaron 439 agresiones en los 31 municipios que cubre el observatorio. Adicionalmente, el observatorio denuncia la presencia de más de 20 grupos paramilitares en la zona.

El padre Javier Giraldo S.J. hizo un llamado  frente a esta problemática al decir que “no se puede seguir negando la existencia ni el accionar de los grupos paramilitares en Colombia”. Por su parte, Alejandro Angulo S.J. cuestionó la capacidad de la justicia para investigar los crímenes contra campesinos y líderes sociales, en el escenario del posconflicto.

Para más información sobre los casos registrados por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política el entre julio y diciembre de 2016, consultar la revista Noche y Niebla edición No. 54

Lea el informe completo aquí.

A propósito de la conmemoración del día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, William Rozo, investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política habla de la importancia de esta conmemoración y del lugar de las víctimas en la implementación de los acuerdos.

El 9 de abril se conmemora el día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas. ¿Cuál es la importancia de esta fecha?

William Rozo

Cualquier proceso de reconciliación, de tránsito de la guerra a la paz, las víctimas juegan un papel sumamente importante y uno de los aspectos más relevantes es el reconocimiento de las víctimas. Yo creo que en Colombia se ha avanzado bastante en ese campo, comparado con otros procesos en el mundo. Ya hay un reconocimiento de las víctimas, hay avances desde 2010 con la ley de víctimas, la ley 1448 de 2011 y con todos los problemas que pueda tener esa ley, hay avances.

Sin embargo, estamos preocupados un poco porque el mayor número de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia son cometidas por grupos paramilitares y agentes del Estado. En este escenario de reconciliación nos preocupa que el reconocimiento de esas víctimas no es el mejor.

Hay que reconocer que la ley de víctimas por lo menos dejó un día para recordar a las víctimas con todas las críticas que pueda tener, pero es que antes del 2011 no había, ni siquiera se reconocía que había víctimas. Esta fecha del 9 de abril tiene esa importancia de reconocer a las víctimas.

¿Qué consecuencias podría traer ese poco reconocimiento?

Ese escenario es muy grave, porque lo que puede ocurrir es que estas víctimas no se sientan a gusto y empiecen a demandar cuanta norma exista y sobre todo a recurrir a instrumentos internacionales. Ahí habría que hacer una llamado para que todas las víctimas tengan el mismo estatus, el mismo tratamiento, las mismas garantías en el proceso de transición, el mismo nivel de reparación y de reconocimiento.  

Para citar un ejemplo, el pasado 5 de abril se firmó los decretos ley que dan vía a la Comisión de la Verdad  y el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En ese espacio el presidente Santos invitó a seis víctimas, pero ninguna de ellas era víctima de crímenes de Estado. Ese tipo de acciones nos preocupa y yo creo que instituciones como el Cinep/PPP deben hacer un llamado para que las víctimas sean reconocidas en su conjunto pero completas y en igualdad de condiciones y garantías.

Para las víctimas ¿por qué es importante que se creen este tipo de mecanismos como Comisión de la Verdad  y el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

Son muy importantes porque en todos los procesos de transición prima la verdad sobre la justicia y la memoria sobre los procesos de sanción. O sea, es más importante que las futuras generaciones sepan qué pasó y que los hechos tengan mucha visibilidad para que no se vuelvan a repetir los mismos errores del pasado a que existan sanciones penales. Es un poco lo que pasa en los procesos de memoria en Alemania o en Argentina, que las nuevas generaciones se den cuenta que no es bueno resolver los problemas por la vía armada. Por eso es tan importante el Museo Nacional de la Memoria y todos los ejercicios de memoria que se están haciendo en el país. Ese es el sentido  y la importancia de la memoria, que nos ayude a mantener un pasado que conectado con un proceso de reconciliación, sea un pasado que nos ayude a solucionar los conflictos de otra manera. La reconciliación y el perdón es poder recordar sin lastimarnos, sin agredirnos. A ese nivel tenemos que llegar, pero eso tarda mucho tiempo y requiere mucho trabajo porque este conflicto dejó y sigue dejando muchas víctimas y mucho dolor.

¿Cómo lograr el reconocimiento de las víctimas de Estado si muchas de estas iniciativas surgen desde las instituciones estatales?

Ese es un desafío. Yo creo que hay de fortalecer mucho las organizaciones de la sociedad civil y que estas ayuden a poner sus recursos y sus esfuerzos para que las víctimas más débiles puedan estar al nivel de las otras en términos de reconocimiento. No es que unas sean más importantes que otras, es que unas están más marginadas que otras. ¿Cómo podemos hacer esa tarea las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento de derechos humanos? Ayudando a organizarlas, fortaleciéndolas, aportando desde nuestros trabajos de investigación para que puedan tener herramientas y puedan empoderarse y tengan más argumentos en sus procesos.

¿Qué beneficios tiene el acuerdo con las Farc para las víctimas?

El acuerdo es un acuerdo político de carácter no vinculante. Este trae unos puntos muy favorables para las víctimas pero lo que es vinculante es la legislación que se hace a partir de la implementación de ese acuerdo.  Por ejemplo, el acto legislativo que modificó la constitución para incorporar ese acuerdo dentro de la jurisdicción colombiana no se corresponde con lo que dice el acuerdo, desconoció completamente a las víctimas. El espíritu del acuerdo no está en el acto legislativo y las víctimas quedaron muy lejos, sin voz ni participación. Lo que hay no nos gusta mucho, pero eso es mejor que nada.

¿A qué se refiere cuando habla de participación?

Por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz no hay manera de que las víctimas tengan acceso a los procesos como sujeto procesal y eso es un derecho fundamental. Cuando hay una agresión obviamente la víctima debe tener representación como sujeto procesal dentro del proceso, ese no es el caso dentro de la nueva legislación. Yo siento que tanto las Farc como loa agentes del Estado le tienen miedo a la voz de las víctimas. Y nuestro deber como organizaciones acompañantes de la sociedad civil es ayudar a que esa voz esté.

¿Cómo será el trabajo del Banco de Datos hacia el futuro?

Nosotros hacemos un proceso de memoria, de salvaguarda de la información de violación a los derechos humanos y devolvemos ese producto como un insumo para que las víctimas lo puedan utilizar como herramienta en su trabajo de reivindicación de derechos. Para el trabajo hacia futuro, el equipo se va a reunir en estos días para reflexionarlo. Nosotros creemos que sí vamos a incidir en la Comisión de la Verdad. Todavía no sabemos cómo porque no se sabe cómo funcionará esta comisión, pero creemos que si estaremos orientados a incidir allí. Otros estamos trabajando en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, desarrollando investigaciones y documentos. Por ahora seguiremos trabajando en la revista Noche y Niebla porque aún las cifras de victimización son alarmantes.

 

Miguel Martínez

Equipo de Comunicaciones

Por: John Montoya, SJ*

Se debaten intensamente en el Congreso de la República los actos legislativos y las leyes de implementación del Acuerdo de Paz relativas a los mecanismos de adjudicación de responsabilidad de los victimarios por las violaciones a los derechos humanos y al reconocimiento de los derechos de las víctimas. Mediante el uso de la figura del “fast track” se hizo la Ley 1820/2016 “por medio del cual se dictan disposiciones sobre amnistías, indulto, y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”. Igual procedimiento se está utilizando en la expedición de otras normas fundamentales de justicia rectificadora como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la ley que regulará la Comisión de la Verdad.

La pregunta inexorable que debe abordarse en todo proceso de negociación de paz, con consecuencias durante la transición, es cómo enfrentar las atrocidades de un pasado de confrontación armada y cómo garantizar que éstas no se repitan.

A mi juicio, la respuesta a esta pregunta ha puesto un excesivo énfasis en la dimensión retributiva de la justicia —llamada también rectificadora—, es decir, la que se ocupa de enjuiciar los graves crímenes cometidos durante el conflicto, incluyendo su versión más restauradora en la Comisión de la Verdad. Uno de los peligros que tiene la transición hacia la paz es limitar la justicia a su función rectificadora, esto es, a la sanción de los victimarios, al mero reconocimiento de los derechos de las víctimas y a la pretensión de conocimiento de la verdad, que es difícil de lograr. Considero, como explicaré adelante, que una inflación desmedida en las pretensiones rectificadoras de la justicia, podría no ayudar lo suficiente en este camino de transición a la paz.

Una revisión de la literatura sobre el impacto de los juicios a las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en países en transición, sobre todo en América Latina, nos muestra  caminos diversos de comprensión.

Un primer grupo de académicos en los años ochenta, entre los cuales se destacan Huntington, O’Donnell, Schmitter, quienes estudiaron casos de transición en América Latina, argumentan que los juicios criminales por violaciones a los DDHH son políticamente insostenibles y lesionan las nuevas democracias. Huntington sostiene, por ejemplo, que los juicios deben hacerse tan pronto comience el período de transición, pues “la justicia ha de llegar pronto, o definitivamente no llega”.[1]

Otros autores sostienen que “rehusar amnistías e insistir en persecución criminal, puede prolongar el conflicto, resultar en más muertes, destrucción y sufrimiento humano” (Shar).

En términos generales estos autores plantean la estrategia del “mal menor”, es decir, solo investigar y castigar las graves violaciones a los derechos humanos.[2] Aun así, mantienen cierto pesimismo acerca de los efectos negativos que puedan causar estos juicios a la democracia.

De otro lado, Snyder y Vinjamuri son igualmente pesimistas con la aplicación de la justicia internacional después de la expedición del Estatuto de Roma que impone el cumplimiento de estándares mínimos de justicia para los países en transición. Según ellos, los juicios criminales por graves violaciones a los derechos humanos o al DIH incrementan la posibilidad de futuras atrocidades, exacerban el conflicto y lesionan los esfuerzos por construir democracia.[3]

Una aproximación distinta nos presenta Kathryn Skkink.[4] Esta autora hizo seguimiento empírico a 17 países de América Latina en transición entre 1983 y 2004 que tuvieron juicios criminales por abusos a los DDHH en el pasado. Los datos empíricos demostraron que ninguno de estos países entró en período de desestabilización política, retornó a dictaduras o al conflicto interno por causa de enjuiciamiento a responsables de violaciones de DDHH. Se creyó por ejemplo que el arresto de Pinochet en Londres terminaría en golpe de Estado y, por lo tanto, el retorno del régimen militar a Chile. No ocurrió así. Igualmente en Argentina hubo temor de regreso de los militares al poder —quienes gozaban de apoyo popular—cuando Jorge Videla fue sentenciado a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos. Tampoco se concretó tal temor. Los hallazgos de Skkink han demostrado que en los 17 países donde se han llevado a cabo juicios criminales por violaciones a los derechos humanos, 14 han mejorado el respeto por estos. Para esta académica, el tiempo durante el cual se juzgaron violaciones a los derechos humanos fueron momentos de gran intensidad política y de alguna manera esto contribuyó  a la transición hacia la paz y la democratización de sociedades que han experimentado intensos conflictos o regímenes autoritarios.[5]

En medio de este acalorado debate no solo académico sino en la arena política como lo hemos visto en Colombia, nos preguntamos, entonces, ¿cuál es la justicia que una sociedad en transición requiere para conseguir la paz y consolidar la democracia?

No hay duda que la discusión más fuerte en el proceso de paz de la Habana ha girado alrededor de la justicia rectificadora. Todo parece indicar que la fase de implementación del Acuerdo seguirá la misma dirección. De hecho, es poco el seguimiento de los medios, el debate público y el interés de la opinión pública por la mayoría de las provisiones del Acuerdo de Paz que tienen que ver con el compromiso del Estado de saldar deudas históricas con los campesinos y las minorías étnicas, y dar garantías para la participación en política de sectores políticos tradicionalmente marginados y estigmatizados. Así las cosas, la justicia ha quedado reducida a qué tanto enjuiciamiento habrá para las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario dejando de lado otras dimensiones de la justicia indispensables para garantizar el tránsito a una paz duradera y a la democratización de nuestro país.

Una investigación llevada a cabo por la profesora Rettberg de la Universidad de los Andes publicada en 2008, muestra los siguientes resultados a esta pregunta: “… para qué son los juicios contra los responsables de los diferentes crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano”. La respuesta es tan interesante como sorprendente: el 41.1 % respondió para conocer la verdad, el 26.1% respondió para permitir que las personas puedan volver a convivir, el 12.9%  afirmó no tener una respuesta, el 11% contestó para perdonar los actos cometidos, el 4.4 % para vengar los actos cometidos y el 4.3% para olvidar lo ocurrido.[6]

En esta investigación se le pregunta a las víctimas qué formas de reparación prefieren. Contestaron: cubrimiento de sus necesidades económicas y de la familia (45.5%), conocer la verdad de lo que ocurrió (44.0%), compensación  monetaria (37.8%), el juzgamiento de los responsables (26.6%), y en último lugar está la petición de perdón (5.1%).[7]

En pocas palabras, las víctimas entrevistadas quieren conocer la verdad y cubrir sus necesidades económicas. Poco más del 25% de las víctimas quieren el juzgamiento de sus victimarios.

Ahora vayamos al Acuerdo de Paz. Su lectura atenta nos permitirá advertir que entre las 582 disposiciones  aproximadamente, 236 tienen que ver con temas de desarrollo y la garantía de los derechos humanos por parte del Estado.

Así las cosas, la justicia rectificadora (o lo que es lo mismo la penal, punitiva o retributiva), por si sola, no solucionará los complejos problemas relacionados con el conflicto armado que nosotros como sociedad debemos comenzar a resolver para transitar de la larga confrontación armada a un período de construcción de paz y fortalecimiento democrático.

El período del posacuerdo que ya estamos viviendo reclama urgentemente acciones conjuntas del Estado y la sociedad civil, al nivel que a cada uno le corresponde, para el fortalecimiento de otras dos dimensiones de la justicia. Son estas:

1). La justicia entendida como el imperio del derecho (the rule of law), o la justicia legal. Esto es el fortalecimiento del aparato de justicia: imparcial, independiente, eficiente y protectora de los derechos humanos. Una justicia con capacidad de ejercer control sobre los poderes públicos y que garantice un elemento fundamental en toda democracia: la responsabilidad de quien ejerce la autoridad y los ciudadanos.

El fortalecimiento del imperio del derecho también implica la defensa de todos los ciudadanos en todo el territorio nacional por parte de la Fuerza Pública. Esto significa en Colombia detener el avance vertiginoso de grupos criminales (neo-paramilitares como les denominan unos, o bacrim, como les dicen otros)que están copando los territorios que ya no controlan las Farc.

2). La justicia distributiva, entendida como la acción del Estado que garantiza los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y se ocupa de aminorar la discriminación y desigualdad, factores íntimamente asociados al conflicto colombiano.

Rama Mani, quien ha trabajado temas de teorías de la justicia en sociedades en conflicto, sostiene que un extremado acento en la justicia rectificadora no favorece la paz puesto que es imposible satisfacer los derechos de todas y cada una de las víctimas en un conflicto.[8] Piénsese por ejemplo en el número de víctimas del conflicto colombiano. Son más las víctimas que quedan por fuera de los procesos de la justicia rectificadora que los que tienen un rol activo dentro de los juicios por violaciones a los derechos humanos. En Colombia tenemos como ejemplo los pobres resultados de la Ley de Justicia y Paz.  

La JEP como mecanismo de justicia transicional que se debate en el Congreso, comparte el simbolismo e imperfecciones de la Justicia Penal Internacional que ha hecho de “gran hermana” en el proceso de paz colombiano. La realidad es que el Estatuto de Roma y todo su sistema jurídico sancionatorio —al que tanto se le teme en el tercer mundo y donde en realidad se aplica— es tan paquidérmico, burocrático, selectivo y politizado, como nuestra justicia colombiana. De ahí la urgencia de descentrar este debate sobre la justicia en su dimensión retributiva o rectificadora y poner un especial énfasis en el fortalecimiento de la justicia legal y distributiva. Así está contemplado en la mayoría de las provisiones del Acuerdo de Paz y esto es lo que quieren las víctimas, según lo demuestran los resultados de la investigación de Rettberg. 

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* Jesuita, Investigador del Cinep.
[1] Huntington, Samuel (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman, Ok: University of Oklahoma Press, p. 228.
[2] O’Donnell, G & Schmitter, Ph (1986). Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democracies. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, p. 30
[3] Snyder Jack & Vinjamuri Leslie (2003/2004). “Trials and Errors: Principle and Pragmatism in Strategies of International Justice,” International Security 28 (3), p. 353
[4] Skkink Kathryn & Walling Carrie (2007). “The Impact of Human Rights Trials in Latin America.” Journal of Peace Research, Vol. 44 (4), p. 427-445
[5] Ibid, 432
[6] Rettberg, Angelika (2008). “Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas?” Bogotá: Panamericana Formas e Impresos, p. 86.
[7] Ibid, pp. 69-70
[8] Mani, Rama (2007). “Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War.” Maldon, USA: Polity Press, 87-125.
  

 

Audiencia pública ante Congreso en el marco de la refrendación de los acuerdos. Sobre la necesidad de garantías de independencia administrativa en la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

El lanzamiento de la revista Noche y Niebla n. 53 se llevó a cabo el jueves 8 de septiembre en horas de la mañana, en el marco de la Feria del libro Cinep/PPP. En la presentación de este número dedicado a la región del Eje Cafetero, participaron voceros y defensores de los derechos humanos en el Quindío, y el Cinep con la representación de Luis Guillermo Guevara, director del Centro y Alejandro Angulo director del Banco de Datos.

En esta edición la revista hace un balance estadístico de la violación de derechos humanos en Colombia durante el primer semestre del 2016 pues “un gran número de hechos violentos quedan escondidos en las memorias prohibidas de las víctimas y en el silencio de las tumbas”, como afirmó Guevara. Así mismo resulta importante la labor de recoger los testimonios que visibilizan a las personas afectadas por la violencia y reconocerlas como víctimas, por eso en su intervención Alejandro Angulo hizo hincapié en las cifras que revelan la vulneración de los derechos humanos de comunidades campesinas, obreras e indígenas en mayor medida.

Diana Muriel, vocera de la Plataforma de Derechos Humanos de Caldas, explicó que una de las falencias que ha permitido la permanencia del conflicto en la región del Eje Cafetero, es la invisibilización del problema por parte de los medios y las instituciones gubernamentales. Por eso, con el enfoque regional de la revista se hace una lectura histórica y social de este territorio, recogiendo 3 fenómenos fundamentales la llegada del paramilitarismo: los intereses económicos sobre la tierra y los asesinatos extrajudiciales, a partir de estos aspectos se explican la violencia y los conflictos socioambientales que afectan al Eje Cafetero. Encuentre aquí la revista Noche y Niebla N°53

 

 

 

 

 

 

 

Naciones Unidas declaró el 26 de junio como el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, CINEP/Programa por la Paz se une a esta conmemoración recopilando algunas historias de personas que han padecido este crimen, historias que documentados en nuestra revista Noche y Niebla.

En audiencia pública el pasado 8 de julio los congresistas Iván Cepeda y Alirio Uribe junto a organizaciones defensoras de derechos humanos: Colectivo Fals Borda, Corporación Claretiana, Corporación Avre, Comisión Intereclesial Justicia y Paz y el CINEP/PPP abrieron un espacio de denuncia para dar a conocer la situación de las Personas No Identificadas (PNI) sepultadas, en el marco del conflicto armado, en cementerios y enterramientos clandestinos del país con el objetivo de que se implemente una política pública sostenible, con asignación presupuestaria y coordinada con la sociedad civil, que garantice la entrega digna de restos mortales.

Desde el equipo del Banco de Datos y Violencia Política del CINEP/PPP en cabeza del padre Javier Giraldo, S.J. se denunció la situación de los cementerios de los llanos orientales. “Se han exhumado 856 cuerpos pero en 5 años solo se han entregado 66 a sus familias. Si hacemos un cálculo, para entregar los 856 cuerpos se necesitan 65 años y, ¿cuánto vamos a necesitar si se espera que sean exhumados los más de 20.000 registrados?” reflexionó Giraldo en su intervención. Junto a otras ONG, el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ha acompañado el proceso de exploración y exhumaciones en los cementerios de la Macarena, Granada, Vista Hermosa, Villavicencio y San José del Guaviare donde, de acuerdo a datos de la Fiscalía General de la Nación, se encuentran 2.314 cuerpos sepultados.


Durante la audiencia intervino el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quién señaló que la Fiscalía continuará adelantando los procesos de ubicación e identificación a través del Grupo de Exhumaciones con los que cuenta a nivel nacional. A su vez el director del Instituto de Medicina legal y Ciencias forenses, Doctor Eduardo Valdés expuso la grave situación de los cementerios del país al no existir una adecuado tratamiento de los cuerpos de personas inhumadas como no identificadas, “devolverlos a los cementerios al identificarlos es volverlos a desaparecer” señaló.

Las organizaciones han hecho un esfuerzo de reconstrucción histórica desde el año 2009 en la región del Ariari, incluso involucrándose directamente en el proceso de exhumación. En algunos territorios se han presentado dificultades para que el equipo de la Fiscalía se instale y realice las exhumaciones, para facilitar el proceso se llevaron a cabo exhumaciones humanitarias: grupos de ONG’s, acompañados de expertos técnicos, hicieron las exhumaciones para entregar los restos a la Fiscalía en zonas más tranquilas.

De acuerdo con datos de la Fiscalía existen 20.453 cadáveres sin identificar en los cementerios municipales del país. Luego de una denuncia interpuesta por los habitantes de La Macarena, Meta por la contaminación del agua que relacionaban con la multitud de cadáveres que veían descargar frecuentemente en la base militar; la entidad judicial solicitó a 1.103 alcaldías municipales un reporte de los casos de PNI. De éstas, 454 reportaron NN’s inhumados, 360 aseguraron que no registran y 261 no respondieron el requerimiento.

“El no encontrar los cadáveres de sus seres queridos y, el no poder darles una sepultura digna es realmente una acción de tortura para miles de familias en Colombia”, asegura Giraldo, quien insiste en la necesidad de respetar las normas de inhumación de restos humanos. Desde CINEP/PPP, se insta al gobierno a tomar medidas, además de las ya expresadas, sobre los procesos posteriores a la exhumación e identificación como el traslado de los cuerpos a lugares de entierro digno, el acompañamiento psicosocial a las familias y la investigación imparcial sobre las circunstancias de muerte.

“Sólo le pido a Dios
Que el dolor no me sea indiferente
Que la reseca muerte no me encuentre
Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente
Sólo le pido a Dios
Que lo injusto no me sea indiferente
Que no me abofeteen la otra mejilla
Después que una garra me arañó esta suerte
Sólo le pido a Dios
Que la guerra no me sea indiferente
Es un monstruo grande y pisa fuerte
Toda la pobre inocencia de la gente
Es un monstruo grande y pisa fuerte
Toda la pobre inocencia de la gente”
(León Gieco)

Entrar a la casa de la memoria de Trujillo, Valle del Cauca se dio en medio de la música y la alegría. Se escuchaba la marimba en la distancia, mientras gran cantidad de personar deambulaban por la casa.  La casa de la memoria estaba llena de vida, de ruido por el movimiento continuo de la gente. Las personas deambulaban leyendo los cuadros y relatos de la tragedia que hace 25 años azotó al municipio.

Llegar a la casa implicó  el esfuerzo de subir una pendiente, de sudar para encontrar un lugar refrescante que bullía en animo y en disposición para empezar el día.

Se sentía un ambiente de fiesta, todos preparándose para el recorrido. Era una conmemoración de los hechos trágicos que se vivieron, pero también era un clamor por la vida, por la lucha continúa en contra de la violencia y el olvido. La expectativa frente a lo que iba a pasar se sentía en el aire, jóvenes, adultos, acianos y niños se unían para clamar por la memoria. En un murmullo constante que iba tomando forma, nos encontrábamos todos esperando el inicio del recorrido. Estábamos en el lugar preciso, en el momento justo. Aguardando la señal para comenzar a caminar por la memoria de lo sucedido, a recordar invocando al pasado en el ejercicio de movernos en grupo, como un solo cuerpo. 

La peregrinación empezó  con el descenso al pueblo, al parque central, todos juntos caminando con el sol y el calor de las 10 de la mañana en Trujillo. Hacíamos el recorrido en medio de cantos, y consignas de resistencia. Íbamos todos en medio las ventanas y las puertas abiertas,  que dejaban al descubierto caras curiosas y miradas interrogativas,  que buscaban entender lo que pasaba.

La primera parada la hicimos en la calle de los ebanistas, denominada así en honor a las personas asesinadas que se dedicaban a esta labor. El padre Javier Giraldo y la hermana Maritze Trigos recordaban a las personas que habían sido desaparecidas y torturadas, y que se desempeñaron ese oficio. Después nos detuvimos en la calle de los motoristas, que también fueron asesinados y descuartizados. La música y la sirena del carro de bomberos nos seguía acompañando, pero las tragedias que recordábamos y que dolían, iban trasformando la actitud hacía la contemplación, y seriedad frente a la herida que se volvía a abrir.

Pasamos al frente de la iglesia, digna de ser el centro del pueblo, por su magnitud y solemnidad. Al llegar a la tercera parada, ya le habíamos dado la vuelta al parque central de Trujillo. En esta oportunidad la reflexión se hizo sobre el asesinato del padre Tiberio Fernández. El sol ya había subido, se encontraba en el cenit.

Seguimos caminando pero esta vez de regreso hacia el monumento de la memoria.  Todos juntos en la subida para realizar la eucaristía. El camino era escarpado, empinado y era difícil la ascensión, requería un esfuerzo continúo. La capilla donde se guardan los restos del padre Tiberio se encuentra en la parte más alta de la montaña. El monumento de todos los asesinados en Trujillo, donde se encuentran los osarios, con los dibujos de cada persona masacrada, está sobre la montaña, realizar el recorrido implica subir, esforzarse.

La exigencia física que hay que hacer para subir al monumento y recorrerlo, representa el esfuerzo que se ha hecho por mantener viva la memoria, por seguir en la lucha a pesar del dolor y del cansancio. Un pie delante de otro y arriba, haciéndole frente al cansancio, al sudor, a la desesperanza . Hay que esforzarse y mantenerse para construir memoria, persistir para mantener un proceso. Realizar el recorrido es una metáfora de resistencia al olvido, de continuidad en la lucha a pesar de todos los inconvenientes que se presentan. El esfuerzo de subir es como la dificultad de mantener  la memoria. 

La ascensión al monumento va acompañada de las oraciones de la eucaristía católica, y los cánticos que todos hacemos para acompañarla. Es un proceso lento, que requiere paciencia y determinación.

Vamos deteniéndonos cada vez que es necesario para una oración. Al mismo tiempo se van observando los dibujos de las personas asesinadas, pintados por los familiares; el panadero, el carnicero, la mamá con el bebe, el recolector de café, el militar, el campesino, el conductor, uno a uno van apareciendo diferentes roles sociales. Todas las personas que componían al pueblo, la gente que hace 25 años recorría las calles, haciendo diariamente su trabajo, desempeñándose en las labores cotidianas para vivir.

El parque de la memoria es un lugar sagrado, ahí reposan los restos de todas las personas asesinadas. Allí habitan los muertos, pero es un lugar vivo, porque mantiene la memoria presente, por que es un espacio permanentemente visitado, pensado y cuidado. Al hacer el recorrido acompañamos a los muertos en su descansando, y a los familiares vivos les brindamos nuestros pasos de apoyo y solidaridad.

María del Pilar Quiñones 

El pasado 4 de febrero se presentó un nuevo Caso Tipo de la revista Noche y Niebla editada por el equipo Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, con el fin de dar a conocer la situación actual que se vive en Trujillo, Valle del Cauca, y brindar elementos de análisis para comprender las problemáticas históricas del municipio.

En el panel estuvieron presentes Orlando Naranjo, presidente y representante legal de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (AFAVIT); la hermana Maritze Trigos, acompañante de AFAVIT hace 17 años; Javier Giraldo, S.J., coordinador del Banco de Datos de DD.HH. del Cinep/PPP y Francisco de Roux, S.J. De acuerdo a los datos expuestos, entre el año 2000 y 2014 se cometieron 102 asesinatos, 13 personas fueron desaparecidas y 63 recibieron amenazas.

En la publicación, se destacan los esfuerzos para preservar la memoria de la comunidad, entre los que se encuentra el Parque Monumento, la obra de teatro el “Deber de Fenster” y diferentes peregrinaciones. Además, se hace un seguimiento contextual de los hechos que han dado continuidad a la violencia y provocado un lento avance de la justicia colombiana. Este Caso Tipo aprovecha documentos recopilados, privados y estatales, que no se conocían públicamente.