Noticias Institucionales

Noticias Institucionales (144)

Sin agua ni alimentos, y en medio de la vulneración histórica de sus derechos, el pueblo Wayuú necesita medidas urgentes de parte del gobierno.  La pandemia del Covid y el confinamiento podría significar la extinción de este pueblo. Para presionar al Estado a cumplir con su mandato de proteger a los wayuú, este 27 de marzo se radicó una acción urgente ante diversas dependencias.

La emergencia sanitaria declarada a causa del Covid-19 aumentó las preocupaciones y riesgos en las comunidades vulnerables de Colombia. La Guajira es un caso especial pues allí el 26,5% de la población vive en pobreza extrema y se sufre la falta de acceso a servicios básicos como agua y alimentación.  Esto debido a las características geográficas del territorio como su naturaleza desértica, la precariedad de sus vías de comunicación, el abandono y la corrupción.

Una carta de acción urgente fue radicada el día de hoy bajo la autoría de la Veeduría Ciudadana de verificación a la implementación de la Sentencia T-302, como un llamado a que las instituciones gubernamentales garanticen de manera inmediata la pervivencia de la población Wayúu.

El Cinep/PPP, junto con la Asociación de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (CODACOP), la Organización Indígena de Colombia (ONIC), y la experta independiente Omaira Ordúz, se encargan de verificar que se cumpla la Sentencia T-302 de 2017. Esta, ordena al Estado la construcción de una política pública que aumente la accesibilidad al agua en el territorio, mejore la atención alimentaria y garantice los servicios de salud.

Según la Veeduría, hasta el momento se siguen vulnerando los derechos básicos en la región, por lo que la pandemia podría significar la extinción de las comunidades indígenas y la muerte de su lengua y su cultura

Entre las exigencias se encuentra la implementación de medidas especiales de protección a la primera infancia para que no resulte especialmente afectada frente las medidas tomadas con la declaración del estado de emergencia. Además, se solicitan jornadas informativas que expliquen la situación actual de la pandemia a las comunidades, y las medidas que deben tomar para su prevención y tratamiento, junto con entrega de mercados básicos para las rancherías, y suministro permanente de agua.

Todo esto como parte de las obligaciones ya exigidas al Estado por la Constitución Política y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de proteger la diversidad étnica de la nación y preservar la integridad de las comunidades indígenas.

La carta de acción urgente fue enviada a las siguientes instituciones: Presidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, Corte Constitucional, Tribunal Superior de Riohacha, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud y Protección Social, Dirección de Prosperidad Social, Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Nacional, ICBF Regional Guajira, Superintendencia Nacional de Salud, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres, Gobernación de la Guajira, Alcaldía de Manaure, Alcaldía de Uribia, Alcaldía de Dibulla, Alcaldía de Maicao, Alcaldía de Albania, Alcaldía de Hatonuevo, Alcaldía de Barrancas, Alcaldía de Fonseca, Alcaldía de Riohacha, y Alcaldía de San Juan del Cesar.

A continuación la carta completa:

El COVID-19 ha develado facetas antes disimuladas de instituciones que estaban en ruinas, una de ellas es la prisión. La crisis sanitaria actual ha puesto en jaque la institucionalidad del país. Les compartimos una opinión sobre la reciente masacre de 23 prisioneros en la cárcel La Modelo de Bogotá.

Por Jury Vanessa Marulanda Cardona*

“Si aceptáramos lo inaceptable, que el hombre tiene derecho a castigar, ¿qué persona querrá ejercer este derecho?

Sólo aquellas que hayan caído tan bajo que ya no se acuerden ni conozcan sus pecados”.

Lev Tolstói, Aforismos

La noche del 21 de marzo, personas privadas de la libertad iniciaron una protesta en más de diez cárceles del país, entre ellas La Modelo, La Picota y El Buen Pastor, en Bogotá. Hay diferentes versiones de su origen, por un lado, la preparación absolutamente deficiente de las cárceles para enfrentar una emergencia sanitaria como la que viene aconteciendo en el mundo: no hay un suministro continuo de agua, el altísimo porcentaje de hacinamiento, las condiciones de infraestructura, entre otras. Por otro lado, la cancelación de las visitas de familiares como medida para contener posibles contagios al interior de las prisiones. Pueden ser ambas, o puede ser, una conjugación de razones para alzar la voz en medio de una situación que deviene en inhumanidad.

La situación carcelaria en Colombia no ha sido un secreto ni para la llamada “opinión pública” y mucho menos para el sector justicia. Desde 1998 la Corte Constitucional declaró, por sentencia T – 153, la existencia un “estado de cosas inconstitucional” en el sistema penitenciario y carcelario.

Esto quiere decir, sin el lenguaje poco poético del Derecho, que había hacinamiento, que las condiciones de los centros, en cuanto al suministro de servicios públicos, era deficiente, que había un servicio de salud degradante, que había corrupción al interior, que había una alta tasa de personas privadas de la libertad sin contar con una condena en firme, en suma: que se estaban vulnerando los derechos humanos de la población interna de manera generalizada y sistemática.

Este diagnóstico ha sido reiterado en los últimos años a través de las sentencias T – 388 de 2013, en la T – 762 de 2015 y T – 197 de 2017.

La Corte no ha dejado de repetirlo, pero quien tiene la potestad de hacer política pública para impedir esta vulneración continua de la dignidad de quienes están tras esos muros, no han tomado las medidas necesarias para revertir esta situación.

Este desdén parece justificarse en lugares comunes que desplazan la responsabilidad del Estado hacia quien sufre por la negligencia política:

“¡Se lo merecen!”, “algo debieron hacer”, “el Estado no tiene por qué invertir en criminales”

 Son sutiles técnicas de neutralización para la crueldad por omisión.

De allí que, como respuesta a la protesta y a los acontecimientos que se desataron posteriormente, de forma particular en La Modelo, acudieron el INPEC, el Ejército y la Policía, quienes dispararon contra los levantiscos, como se puede apreciar en los vídeos compartidos por los mismos internos.

Pero no ha sido el uso letal de la fuerza la que ha generado alguna indignación social. Sí, ¡Hay celulares! ¡Hay datos! ¡Hay armas! ¡Hay estupefacientes! Hay un sinfín de cosas que funcionan mal al interior de las prisiones en Colombia, pero esa no puede ser la respuesta inmediata cuando todo el arsenal estatal se desborda ante un establecimiento rodeado por muros, por fronteras, por vallas y por exclusión; ni siquiera se intentó mediar una conversación.

Los titulares en los medios de comunicación resumen todo como “un plan criminal de fuga”, resultado: 23 muertes, los internos dicen que son más.

El poder que se pronuncia es aquel que tiene la potestad de producir muerte, de decidir quién puede vivir y quién no, como lo plantea Achille Mbembe en Necropolítica2, la soberanía es esa capacidad de decidir sobre la vida y la muerte, que en los campos de esclavizados y esclavizadas se traducía en decidir sobre la muerte, en dejar morir: un símil de las prisiones en la actualidad.

El autor describe la relación casi originaria de la Modernidad y el Terror: ejercer terror para lograr dominio es característico del ejercicio político, solo que ese terror se ha sofisticado (al menos en nuestros contextos de privilegio porque lo que muestra la muerte selectiva de líderes y lideresas sociales es que el terror continúa y de la peor forma). Ese terror sobre cuerpos invalidados que, constantemente, se les recuerda que cometieron un error, que no son aptos o aptas, que tienen que pagar con sus vidas, que sus actos fueron el resultado de una elección “libre y racional” y que la sociedad no les debe nada.

Hay una triple pérdida en quien está esclavizado que Mbembe describe como “pérdida de un «hogar», pérdida de los derechos sobre su cuerpo y pérdida de su estatus político” (2011, pp. 31-32). Aquí cabe recordar que quien está privado o privada de su libertad no puede ejercer derecho al voto y, después de cumplir su pena, tiene diversas limitaciones a su ciudadanía. También, en cualquier momento se está en exposición a la muerte: un motín, una infección, intoxicación, enfermedad, riñas, y demás, aquello que denomina Zaffaroni3 como “masacre por goteo” porque es el Estado el garante de estas vidas y que muera uno, dos, ¡veintitrés! Es su responsabilidad, aunque las autoridades se empeñen en negarlo y no es una novedad, ni resultado de una coyuntura, como bien lo demuestran Camilo Umaña y Aixa Cordero en su trabajo Análisis sobre muertes de personas privadas de la libertad4.

No es posible desconocer que la crisis actual ha puesto en jaque la institucionalidad del país. El COVID-19 ha develado facetas antes disimuladas de instituciones que estaban en ruinas, una de ellas es la prisión,

y la masacre cometida posteriormente es la manifestación explícita de que esas vidas no importan, de que se justificaba por su intento de fuga, de que “allí no hay problemas sanitarios” cuando la Corte lo ha dicho desde 1998.

Seguir creyendo que hay otro u otra que se puede descartar, eliminar e invalidar, como se puede leer en los comentarios a los titulares y como se puede leer de la declaración de la ministra Margarita Cabello, va a seguir generando situaciones devastadoras para muchos, para la naturaleza y para el planeta.

Resta esperar que las familias que acudieron a las puertas de La Modelo, como pudo apreciarse el domingo 22 de marzo a través de imágenes en medios de comunicación, reciban una respuesta sobre la identificación de los cuerpos. Me temo que esta masacre no será reconocida, al menos no por ahora, dado el silencio generalizado, y que llegará muy tarde, algo así como en Ante la ley de Kafka5, demasiado tarde. Al menos, lo que debieron hacer desde un principio, ya se hizo y fue declarar la emergencia carcelaria.

Posterior a la declaratoria de emergencia carcelaria y penitenciaria, se tomarán una serie de medidas, previamente recomendadas por diferentes organizaciones, entidades como la Defensoría del Pueblo y Universidades: libertad para aquellas y aquellos en situación de vulnerabilidad como mayores de 60 años, para quien adolece enfermedades graves, madres gestantes, cambio de medida de aseguramiento para quienes no tienen pena en firme, y demás, por supuesto con aprobación judicial. De allí que se esté estudiando la posibilidad de dar “libertad” a un gran porcentaje de la población interna que cumple los requisitos de la emergencia y sus casos específicos pueden ser analizados en aras de apaciguar la crisis actual.

Se habla de alrededor de 4.000 y 10.000 reclusas y reclusos que pueden “salir”, en un total de cerca de 124 mil personas privadas de la libertad, lo que demuestra un cierto grado de improvisación en la medida, por lo que surgen algunas preguntas: ¿Cuál va a ser el trámite que se va a dar en instancias judiciales? ¿cómo se va a tratar la congestión judicial preexistente? ¿es una medida temporal? La pregunta final sobre la temporalidad es determinante, ya que, si se plantea esta “solución” en medio de la coyuntura, cuando ésta pase la situación se va a volver a agravar, por lo que la Defensoría, entre otras entidades y personas, recomiendan que sea una medida permanente para alivianar un poco el estado de cosas inconstitucional.

Otra pregunta que surge es ¿cuál será la situación de quienes quedan tras los muros?

Las condiciones sanitarias al interior, previas a la crisis actual, no han cambiado, y hasta el momento, la única respuesta que se da es la ampliación del cupo carcelario, que realmente no modifica el problema de fondo, a saber, una política criminal que no es respetuosa de los derechos humanos (T – 762 de 2015). Reiterando lo anterior, este tipo de soluciones dada la insistencia de la Corte Constitucional y organizaciones de derechos humanos desde hace décadas, debieron preverse para que su ejecución no agudice esa condición de no-persona6 de las y los que están tras los muros de las prisiones colombianas.

 

Fotos: Tomadas del Twitter @photomauricio.


* Socióloga. Estudiante de Derecho de la Universidad de Caldas. Integrante del Grupo de Investigaciones sociohistóricas y contemporáneas en la línea de sociología jurídica del departamento de Antropología y Sociología, y del semillero: Última ratio y Política criminal, víctima y delito de la Universidad de Caldas y la Universidad de Manizales. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

2Mbembe, Achille. (2011). Necropolítica. España: Editorial Melusina.

3Zaffaroni, Eugenio Raúl. (2010). Masacres: Larvas y semillas. Lineamientos para un replanteo criminológico. Investigaciones. Corte Suprema de Justicia de la Nación. República Argentina. Vol 1, pp. 11-32.

4Umaña, Camilo Eduardo & Cordero, Aixa Tatiana. (2019). Análisis sobre muertes de personas privadas de la libertad: Una realidad adversa para lograr un derecho penal garantista. En Gutiérrez Quevedo, Marcela & Olarte Delgado, Ángela. (Ed.). (2019). Los riesgos del punitivismo, presunción de inocencia e indignidad carcelaria en Colombia (pp. 295-248). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

5 Kafka, Franz. (2015). La condena y otros relatos. Madrid: Akal.

6 Esposito, Roberto. (2011). El dispositivo de la persona. Buenos Aires. Amorrortu editores.

Casi cien personas de más de 20 organizaciones y ciudadanos independientes visitaron el ETCR “Román Ruiz” de la vereda Santa Lucía en Ituango. Con su visita la sociedad civil exigió la implementación del Acuerdo de Paz y garantías para los reincorporados que han enterrado a más de 12 firmantes de paz en Ituango y 180 en todo el país desde la firma del Acuerdo de paz.

"Nos duele salir porque el ETCR era una luz de esperanza y cambio para las comunidades campesinas, pero esa llama se fue apagando y con ella la oportunidad de que el municipio brillara como un laboratorio de paz en el norte de Antioquia", dijeron los ex combatientes al recibir la Caravana Humanitaria.

Esta fue una iniciativa que nació en Defendamos La Paz Antioquia y a la que se sumaron diversas organizaciones. El liderazgo de este trabajo en equipo lo tomó el Instituto Popular de Capacitación con el propósito de generar un diagnóstico de la comunidad reincorporada y campesina de Ituango pues en la zona la crisis humanitaria viene en ascenso desde la firma del paz.

Desplazamientos, confinamiento, asesinatos de ex combatientes, aumento del homicidio en general, combates, minería y narcotráfico se mezclan en un territorio codiciado no solo por ilegales sino por la clase empresarial y política antioqueña que desarrollo allí el proyecto hidroeléctrico más ambicioso y polémico de América Latina: HidroItuango.

La Caravana Humanitaria salió a la media noche de Medellín el pasado viernes en dos buses y vehículos particulares con acompañamiento de la Fuerza Pública, y llegaron a la mañana siguiente al casco urbano de Ituango. Luego de abordar una chiva (bus de escalera) y con el acompañamiento también de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Caravana llegó al medio día del sábado al antiguo ETCR

Algunos participantes se sorprendieron en el camino pues en la misma vía destapada donde han sido asesinados varios ex combatientes encontraron grafitis donde podía leerse “Agc Presente” y “Farc-Ep”. 

También había abundante presencia de Ejército y Policía que habitualmente no está e hizo presencia por solicitud de los organizadores de la caravana.

Los congresistas Iván Cepeda, María José Pizarro, Julián Cubillos y León Fredy Muñoz, de la Comisión de Paz de Congreso citada a la Caravana para una audiencia pública, no pudieron llegar al Etcr y debieron devolverse a Bogotá desde el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín. El gobierno les informó, según un video que publicaron en sus redes sociales, que el helicóptero que había sido destinado a su desplazamiento de Medellín a Ituango, había sido enviado a la frontera con Venezuela.

Para algunos ya presentes en el Etcr, se trató de una piedra en el camino de parte del gobierno para impedir que los congresistas llegaran al lugar. Otras autoridades convocadas como Ministerio Público y Concejo Municipal tampoco se hicieron presentes.

En la visita se desarrolló una asamblea de ex combatientes y ongs de Medellín en las que las Farc hicieron énfasis en una propuesta para ellos y ellas y para los Congresistas:

  • Una ruta clara de reincorporación donde no se desmonten las ayudas de alimentación, salud, educación, vivienda y tierras y se asesore los proyectos productivos que quedan en el territorio.
  • Que continúe el acompañamiento permanente de la ARN, CNR, las agencias de la ONU, entidades municipales y departamentales y diferentes organizaciones de la sociedad civil.
  • Que una vez trasladado el ETCR, las instalaciones físicas no sean destruidas y pasen a ser patrimonio de la comunidad campesina de la vereda Santa Lucía.
  • Acciones humanitarias y acompañamiento permanente a las comunidades campesinas, monitoreando el tema de derechos humanos y una veeduría por parte del senado y la cámara. 

En el Etcr y veredas aledañas los ex combatientes que cumpliendo el Acuerdo de Paz desarrollan 5 proyectos productivos colectivos (Café Paramillo, Internet Fibra óptica, Ganadería, Porcicultura y Avícola) donde se han invertido más de 700 millones de pesos. Por eso la Caravana fue también la oportunidad de pedir una vez acompañamiento para que estos proyectos no fracasen cuando los reincorporados encuentren una tierra apropiada y trasladen el Etcr. 

 

                                                                         

 En la página web de la Biblioteca Virtual del Banco de la República ya se pueden descargar gratuitamente las primeras 100 publicaciones que hacen parte de la colección Cinep/PPP.


Gracias a más 45 años de investigación y trabajo con comunidades en Colombia, el Cinep/PPP cuenta con una bibliografía amplia de publicaciones académicas, que son el resultado de una mirada rigurosa y crítica a la realidad colombiana. En este abundante material pueden encontrarse artículos, sistematizaciones de experiencias y libros sobre derechos humanos, movimientos sociales, violencia política, conflictos en los territorios, iniciativas de paz y reconciliación, educación popular, interculturalidad, género y ruralidad.

El Banco de la República incorporó 100 de esas publicaciones a su biblioteca virtual para descarga gratuita y las catalogó de la siguiente manera:

Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política

Que publica semestralmente, desde 1996, la revista Noche y Niebla donde se sistematizan las violaciones a los derechos humanos. En el catálogo virtual están disponibles 17 de estas sistematizaciones que se hacen en diversas regiones del país y registran un amplio universo de infracciones a las normas del derecho internacional humanitario y de violencia política.

Revista Cien Días

La revista Cien Días vistos por Cinep es una publicación institucional trimestral que desde 1988 ha relatado la realidad social, económica y política del país. Cada número de la revista recopila diversos puntos de vista de los investigadores del Cinep/PPP frente a un tema de coyuntura, para crear análisis rigurosos, analíticos y necesarios.

Construyendo paz con equidad desde Nariño

La Fundación Humanismo y Democracia (H+D) junto con el Cinep/PPP desarrollan el convenio "Fortalecer y visibilizar a las mujeres, a sus redes y apoyar sus iniciativas de desarrollo económico y construcción de la paz. Construyendo Paz con Equidad desde Nariño". Que tiene como objetivo contribuir a la visibilización, el fortalecimiento y la ampliación de capacidades de las mujeres campesinas e indígenas y de sus organizaciones en diez municipios de la región.

Papeles de paz

El equipo Iniciativas de Paz del Cinep/PPP junto con diversos aliados, realiza publicaciones de temas asociados al conflicto armado y la construcción de la paz. En el catálogo virtual pueden encontrarse 3 ediciones de libre descarga. 

Interculturalidad

A través de este proyecto se propone abordar la construcción de la interculturalidad en la escuela para responder a los retos que enfrenta la educación. En esta propuesta se trata de incorporar a los y las estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Mujeres rurales

Los Informes País sobre la situación de las mujeres rurales son una propuesta de la Iniciativa Basada en Compromisos "Mujer Rural y Derecho a la Tierra" de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC). La Iniciativa tiene como objetivo aumentar el acceso y control de la tierra y otros recursos de las mujeres. 

Guía para la paz territorial

Es una herramienta que aporta elementos para que, en cada región, sea posible diseñar estrategias de seguimiento, monitoreo y verificación sobre el cumplimiento del Acuerdo general para la terminación del conflicto entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. Las publicaciones se producen dentro del proyecto “Estrategia de Gestión del Conocimiento, Posicionamiento y Sostenibilidad”, en el marco del programa Nuevos Territorios de Paz (GC NTP), apoyado por la Unión Europea (UE) y el Gobierno de Colombia.

Datapaz

La base de datos de acciones colectivas/Datapaz es una base de datos que se basa en el archivo de prensa del Cinep/PPP. Contiene información cualitativa y cuantitativa desde el año 1979 a la fecha, y está relacionada con lugares y territorios, actores, motivos, confrontación y duración de las acciones de paz.

Acompañamiento a organizaciones de víctimas y comunidades rurales del departamento de Córdoba

Estas publicaciones fueron construidas desde las voces y el hacer de campesinos, indígenas, víctimas, mujeres y jóvenes del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio del departamento de Córdoba –GTTC; y recogen demandas y apuestas para la garantía de una vida digna en el territorio.

Acercando a la ciudadanía y al Estado en el marco de conflictos socioambientales en la Guajira 

Estas publicaciones son muestra del trabajo realizado por el Cinep/PPP en la Guajira desde el diálogo de saberes con la comunidad en procesos de interculturalidad que rescatan la memoria de los habitantes de la región. 

Emprendimientos juveniles rurales, nuevas identidades y paz territorial

¿Qué piensan los jóvenes rurales? ¿Cuáles son sus ideas y aspiraciones para sus territorios? Los jóvenes rurales pueden convertirse en un actor importante para el fortalecimiento comunitario y la disminución de la pobreza e inequidad en sus territorios. Las publicaciones de esta sección indagan en las miradas de ellos para comprender el quehacer cotidiano en al campo colombiano.

Aquí encontrarás las primeras 100 publicaciones de la colección del Cinep/PPP en la Biblioteca Virtual del Banco de la República.


Esas publicaciones son una parte del catálogo completo del Cinep/PPP, para explorar las demás publicaciones ingresa aquí. Los libros impresos se pueden solicitar a través del correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

El próximo viernes 20 de marzo íbamos a llevar a cabo el conversatorio ‘Por una frontera con seguridad humana libre de miedo y con dignidad’, promovido por el proyecto Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana de la línea Educación para la ciudadanía y la paz. Dicho evento ha sido aplazado. Les recomendamos estar atentos a nuestras redes para conocer la nueva fecha que daremos a conocer en cuanto re programemos.


La dinámica actual de la frontera colombo venezolana refleja una degradación en la calidad de vida de sus habitantes por múltiples factores como tensiones diplomáticas, cierre de los consulados, impacto de la movilidad humana, violencia exacerbada por la diversidad de actores, e impactos medioambientales. Este contexto motiva la apertura de espacios de diálogo, reflexión conjunta y análisis crítico sobre temas que afectan la vida digna de los pobladores. Al tiempo que supone un reto para buscar soluciones compartidas. En el conversatorio Por una frontera con seguridad humana, libre de miedo y con dignidad, se discutirá la necesidad de que la ciudadanía de la frontera se movilice a favor de la comprensión de la dinámica del territorio para el fortalecimiento del tejido social y la materialización de acciones positivas para la democracia. Para el Programa Conflicto, Estado y Paz del Cinep/PPP al cual pertenece el proyecto de Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana, este conversatorio es un espacio de encuentro fundamental.


La discusión girará en torno a cuatro paneles:
Panel 1: Contexto histórico: Se abordarán los principales hitos de la historia de Venezuela, el hermanamiento entre los dos países, y las razones que han llevado al sistema político venezolano a un estado de vulneración. Ponente: Luz del Socorro Ramírez Vargas, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional de Colombia.

Panel 2: Seguridad asociada a la soberanía: Se analizarán los diferentes conceptos de seguridad con énfasis en la visión militar. Se reflexionará sobre las consecuencias de una intervención militar en Venezuela, y sobre cómo lograr una perspectiva de seguridad humana integral. Ponente: Luis Manuel Esculpi, ex diputado por Caracas, especialista en seguridad, defensa y relaciones entre civiles y militares.

Panel 3: Movilidad humana: ¿Qué es movilidad humana? ¿Qué es migración? ¿Cuáles son las condiciones de quien migra? ¿El fenómeno de la migración es un asunto local o tiene alguna conexión con los movimientos poblacionales globales? Ponente: Martha Lucía Márquez Restrepo, directora de Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

Panel 4: Ambiente y sostenibilidad: Colombia y Venezuela mantienen una relación ecosistémica compartida con lugares privilegiados. El potencial de recursos naturales debería ser un activo para la generación de riqueza en ambos países, pero no sucede así. Este análisis es clave en el marco de la seguridad ambiental porque afecta las siete ramas de la seguridad humana propuestas por PNUD. Ponente: Vladimir Aníbal Aguilar Castro, docente de diferentes postgrados como el doctorado en Ciencias Ambientales de Universidad Nacional Experimental de Guayana.

La seguridad humana incluye a todas las personas en la garantía y protección del disfrute efectivo de sus Derechos Humanos, en el vivir libres de miedo, de necesidades, con dignidad y en un ambiente sano. Su consecución “es una tarea constante, que se alcanza, no solo mediante la defensa militar de las fronteras de un país, sino con la promoción del desarrollo humano” (Pérez de Armiño & Areizaga, 2000).

Convocan: Cinep/PPP, Escuela de Paz y Convivencia, Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, Diócesis de Arauca y Diócesis de Guasdualito. Con el apoyo de: Adveniat.

Para mayor información escriba a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., o comuníquese a los teléfonos: (+57) 321 2014321 y (+57) 3203718278.

 

     

Desde la segunda mitad del siglo XX la sexualidad se ha convertido en un elemento de disputa para los movimientos sociales. La discusión pública de algo que anteriormente se consideraba privado abrió un debate político que hoy en día ha llegado a ser protagónico en todo el mundo. Numerosos y diversos grupos han entablado luchas que han cuestionado la heterosexualidad hegemónica, el binarismo de género e incluso la salud sexual y reproductiva. En Colombia y América Latina en los últimos años la presencia de estos grupos en el escenario público ha suscitado todo tipo de debates, incluso críticas a la institucionalización de los mismos, tanto de la mano de sectores progresistas como reaccionarios. De esta manera es posible registrar que la sexualidad se ha convertido en un escenario de disputa heterogéneo, donde la multiplicidad y complejidad de los actores en movimiento implica un reto para las investigaciones.

En esta nueva convocatoria del número 215 de la Revista CONTROVERSIA se busca reflexionar sobre estas movilizaciones sociales, reconociendo tanto visiones hegemónicas como alternativas acerca de la diversidad sexual en Colombia y en América Latina.

Como en ocasiones anteriores la revista tendrá una sección de tema libre para la cual se reciben contribuciones de calidad académica que atiendan a los ejes temáticos de Controversia.

Fechas:

  • Apertura: 1 de diciembre de 2019
  • Cierre: 28 de febrero de 2020
  • Publicación: julio de 2020
  • Editor del dossier: Felipe Caro
  • Correos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Consulta aquí el Manual de publicación para autores

Revista Controversia

23 de noviembre, 2019

El Comité Directivo y los Centros Miembros de CLACSO (Colombia) nos solidarizamos con las amplias, diversas y multitudinarias manifestaciones desarrolladas por la sociedad colombiana en el marco del Paro Nacional del pasado 21 de noviembre y la movilización social que continúa.

Este Paro Nacional ha sido convocado por el conjunto del movimiento social, sindical y popular colombiano en rechazo al gobierno del presidente Iván Duque, al neoliberalismo y la guerra. Las consignas de los y las manifestantes en las calles han sido claras: La defensa de la paz y el derecho humano a la protesta social; la protección de la vida de los líderes y lideresas sociales y defensores de DD.HH.; el cuidado de los bienes comunes y de la naturaleza; el repudio al despojo, la exclusión y la precarización, pilares fundamentales del modelo neoliberal; la exigibilidad al cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno con el magisterio y el movimiento estudiantil y profesoral universitario; el rechazo a todas las formas de violencia contra la mujer y la infancia; entre otros asuntos.

Esta sociedad ha expresado su cansancio con una guerra sistemática que sufre desde hace más de cinco décadas. Guerra que no ha podido frenarse por la reticencia del Estado Colombiano y, particularmente, de este Gobierno, para dar cumplimiento al Acuerdo Final de Paz. También es una manifestación contra los altos niveles de concentración de la riqueza (entre los más elevados de la región) y el deterioro de las condiciones de vida de la gente.

Estas proclamas expresan un sentir colectivo por la defensa de la vida digna de las comunidades y de sus territorios. Millones de mujeres y hombres se han juntado en las plazas públicas, en sus barrios, con sus vecinos, amigos y desconocidos en un grito de esperanza que no vivía Colombia con tanta intensidad desde hace décadas, al decir de muchos solo comparable con el paro cívico de 1977. La juventud ha sido la fuerza vital de este encuentro. Las cacerolas y los cacerolazos han llenado de alegría las calles de Colombia.

La legitimidad de la protesta social y las justas exigencias del movimiento han sido repelidas, estigmatizadas y criminalizadas por la institucionalidad estatal. El Gobierno del presidente Iván Duque ha privilegiado un tratamiento militar en contravía del diálogo. La fuerza pública del país, especialmente la fuerza represiva del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) ha desplegado una campaña reaccionaria contra los y las manifestantes; las agresiones han sido múltiples y de diverso orden y han dejado un saldo humanitario lamentable.

En las últimas horas algunos mandatarios decretaron toques de queda y en articulación con el Gobierno Nacional han militarizado las ciudades, desatando una campaña de miedo individual y Pánico Colectivo que deslegitime la protesta y contenga la vitalidad de la resistencia que se expresa en el paro.  

El Comité Directivo de CLACSO y los Centros Colombianos, expresión del pensamiento crítico comprometido con la búsqueda de la justicia, la paz, la defensa de los derechos humanos y la vida digna, rechazamos el tratamiento militar a la protesta y la estigmatización de la que ha sido objeto a través de diversos medios, especialmente de las redes sociales y los medios de comunicación masiva. Repudiamos la campaña de estigmatización contra los migrantes venezolanos que hoy residen en Colombia; la migración es un derecho humano. La violencia, los saqueos y el pillaje no son expresión de la protesta masiva y ciudadana que hoy se vive en Colombia. 

Hacemos un llamado al Gobierno Nacional de Colombia a generar todas las garantías para que se continúe desarrollando la movilización pacífica y la libre expresión y que adelante una mesa de diálogo con garantías reales y efectivas sobre las demandas expuestas por el conjunto del movimiento popular.

A pocas horas de la apertura de las urnas, el Movimiento Defendamos la Paz:

 

El Cinep/Programa por la Paz lamenta profundamente el fallecimiento de uno de sus fundadores y colaboradores más cercanos, Gilberto Gómez Arango. Extendemos nuestra solidaridad con su familia y compartimos su dolor ante su partida. Presentamos este pequeño homenaje a la vida y obra de un hombre que, décadas atrás, dejó sentadas las bases para lo que es y ha sido el Cinep/PPP durante estos años.

Gilberto Gómez ingresó a la compañía de Jesús en 1955. Hizo su pregrado en filosofía y letras en la Pontificia Universidad Javeriana. Terminó la maestría en economía de la Saint Louis university en Misuri. Para finales de los 60 existía el Centro de Investigación y Acción Social, CIAS como apuesta de la compañía en varios países. Tras la renuncia de los directivos de este centro, pasó a denominarse Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep. En este proceso el papel de Gilberto fue clave. Asumió la parte administrativa y organizativa y le tocó terminar de construir el edificio, apenas estaban los cimientos y la construcción generó muchas resistencias. A inicios de 1972 los jesuitas de la época realizaron una misa de inauguración cuando el edificio no estaba terminado. En el evento participó el embajador de Holanda, porque se construyó con el apoyo de la iglesia holandesa, y llovía más adentro que afuera, recuerda un asistente. Gilberto fue quien sentó las bases sólidas del Cinep en términos administrativos y de organización. Durante este periodo asumió la búsqueda de recursos que patrocinaron al centro durante los primeros años.

En 1975 recibió su título de licenciado en teología de la Frankfurt/M. y Doctor en economía de la Universidad de Londres. Ese mismo año ingresó al Cinep como investigador, año en el que también asumió la subdirección. Desde 1977 fue asesor financiero del Cinep/PPP, labor que seguía haciendo durante este año. Tras varios años de gerencia de los fondos de Cinep, inició su carrera por fuera. Tuvo una carrera muy exitosa en el sector financiero con diferentes entidades.

Dentro de la producción de textos de Gilberto en Cinep, se encuentran:

• El nuevo orden económico internacional y la trilateral. Revista Controversia n.º 68-69 (1978).
• El sector informal en el desarrollo de la economía colombiana. Informe final consultoría del Cinep para el PMUR
• Socialismo y Cristianismo [coautor] (1971). Documento de trabajo 4.
El nuevo orden económico mundial y la trilateral en Revista Controversia Núm. 68-69 (1978)

“Una juventud que históricamente ha sido vulnerada”, así tipificó Julián Rodríguez Sastoque, candidato joven a la lista del Concejo de Bogotá por el Partido Alianza Verde, el papel de los jóvenes en la política colombiana en la Mesa de Trabajo: “Los jóvenes se toman la política”, un encuentro de jóvenes políticos con jóvenes investigadores del Cinep/PPP en el que intercambiaron visiones sobre la política y reflexionaron sobre la situación de los jóvenes políticos en Colombia.

Esta vulneración se demuestra con las cifras de desempleo, asesinato y estigmatización, en específico, en los jóvenes rurales. Según Diego Bulla, Tatiana Bahamón y Camila Carvajal, investigadores del Cinep, los jóvenes ruralles alcanzan las tasas más bajas de escolaridad donde la mitad no alcanza a superar el quinto grado, poseen condiciones precarias de trabajo, el 8% de los hombres y el 42% de las mujeres hacen parte de los llamados nini (ni estudian ni trabajan), 40% vive en situación de pobreza y el 16,7 % en condiciones de indigencia. Adicionalmente, sufren condiciones de inseguridad y desprotección que los hacen dejar su territorio, debido a distintos factores como la persecución por consumo de sustancias psicoactivas, los repertorios de violencia selectiva y la estigmatización.

Para subsanar este hecho, se creó la Ley 1622 de 2013 que buscó establecer un marco institucional de la ciudadanía juvenil, el goce efectivo de los derechos, la adopción de políticas públicas necesarias para su realización, protección y sostenibilidad y el fortalecimiento de capacidades y condiciones de igualdad de acceso que favorezcan su participación e incidencia en la sociedad.  Sobre este asunto intercambiaron opiniones los distintos candidatos que participaron del espacio que coincidieron en que la Ley ha sido insuficiente.

En este sentido, Julián Rodríguez afirmó que “la ley creó el sistema nacional de juventudes, creó todas las instancias para reivindicar los derechos sociales y culturales, pero dejó el vacío legal en el tema de cómo elegir los concejos [de juventud]”. Esto generó, según el joven político, que estos cargos dependieran de relaciones clientelistas del político de turno “entonces ponen al hijo del alcalde a que maneje el tema de juventudes o al hijo o sobrino de un político que tiene mucho poder”.

Ahora bien, la aplicación de la ley también presenta complicaciones, pues se necesita la creación de políticas públicas que hagan posible el paso del papel a la realidad. Para  Jorge Calero, candidato al Concejo de Buga, Valle del Cauca, “el rol y la tarea importante que tenemos como jóvenes es intentar establecer en las agendas municipales y departamentales, incluso desde las campañas, la construcción de políticas públicas que entren a solucionar problemas de fondo y no se den únicamente en la dimensión de indicadores [como pasó en su departamento donde] se estableció una política para medir cuál era el rol de la participación de los jóvenes y eso es simplemente un trabajo de investigación”.

Con la ley también se brindó la oportunidad de acceder al goce efectivo de los derechos a los jóvenes de manera independiente; sin embargo, para Felipe Ramírez, integrante de la Red Juvenil Cuma de Soata, Boyacá, la aplicación de esta es inefectiva si no se conoce, “cómo van a pelear sus derechos, cómo van a saber sus deberes si no hay una socialización y, sobre todo, en zonas rurales de los departamentos”.  

Por su parte, Gabriel Prada, dos veces concejal y candidato a la alcaldía Zipacón, Cundinamarca, concuerda con la visión de Calero, “de nada nos sirven las políticas públicas si en la realidad estas no se aplican”; sin embargo, Diego Valero, candidato a edil en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, piensa que la política pública es un “ejercicio de doble vía, no únicamente el ejercicio de voluntad política por parte del Estado que tiene la obligación de que se materialice la política pública, sino que también por parte de la ciudadanía”.

Para Valero, “lo realmente importante es hacer un ejercicio participativo en la construcción de esa política pública que cambie realmente la voluntad de la gente [para que] sientan que el Estado a ellos también les toca”. Desde su ejercicio práctico en Ciudad Bolívar, donde los jóvenes no están pensando participar en política, el reto es también cómo involucrar a la juventud para que participe y empiece a pensar en cambiar su realidad y la de su localidad.  

La participación política, entre el clientelismo y la corrupción 

“A los 23 años quería ser alcalde de Fusagasugá y lo que me decían es que yo tenía que hacer fila y esperar 20 años. La única opción que tuve en ese momento fue salir a recolectar firmas porque no encaje en las estructuras políticas que obligan a los jóvenes que tienen que bajar la cabeza”, así relata Jairo Hortua, candidato a la alcaldía de Fusagasugá por el Alianza Verde, su participación en la política.

La estructura política es una de las dificultades que encuentra el joven al momento de participar, “a no ser que tenga que encajar en la estructura, hacerse amigo del alcalde, senador, representante regional”, aclara Hortua; sin embargo, eso genera un problema para el joven que ve la política desde otro ángulo y piensa diferente a las personas de su partido, pues en este se “obliga absoluta obediencia”.

De esta manera, la estructura política se ve como un desafío para la participación en la política debido a que su sistema genera una relación clientelista en los partidos o un reto económico si la persona decide lanzarse independiente. Por ello para Hortua, se necesita “empezar a generar otro tipo de relación en los partidos políticos para hacer que más jóvenes ingresen a la política, que suban a los escenarios de poder sin necesidad de que haya parte de una estructura política permitiendo una incidencia real en las políticas públicas”.

En ese sentido, Daniel Caro, candidato a edil de la Comuna 12 de Villavicencio, Meta, ve que la falta de participación política en su departamento tiene que ver con diferentes realidades: primero, “no hay oportunidades en los municipios, no hay en qué emplearse, por lo tanto, los jóvenes se obligan a acompañar a candidaturas de antaño que hacen parte de las estructuras clientelistas”; segundo, “son amenazados” y, tercero, “los jóvenes no tienen la oportunidad para terminar una media básica en el colegio”. Adicionalmente, señala Caro que, en municipios como Mapiripán, Uribe o zonas apartadas, donde hay presencia de grupos armados ilegales, los jóvenes, al no encontrar oportunidades, se vean obligados a desplazarse de sus territorios o unirse a grupo armado al margen de la ley.

 

 

La mujer y la política

“Alguien en algún momento me dijo ‘usted debería estar en una cocina, no acá metida en lo que no le interesa’”, relató Margarit Briseño, asesora de tres campañas políticas y defensora de derechos humanos, su participación como mujer joven en la política. Según Angela Lesmes, en Participación de la mujer en el escenario político colombiano, la representatividad en las mujeres en los cargos regionales para elecciones de 2015, no superó el 20% de personas elegidas y “es evidente que se está muy lejos de alcanzar la paridad en organizaciones públicas” a este nivel.      

Para Margarit Briseño, las causas de la falta de participación política en las mujeres son varías: primero, un proceso histórico que sitúa a la mujer como encargada del hogar, “el hombre puede salir a hacer campaña porque tiene el tiempo y la disponibilidad, la mujer dice ‘bueno yo me voy a hacer política y ¿quién va hacer almuerzo en mi casa? ¿quién va a cuidar los hijos?’”; segundo, las mujeres en los partidos políticos aún son rellenos en las listas de candidatos para poder cumplir la Ley de Cuotas, y tercero, existe un miedo a participar, “porque entre nosotras sabemos que no nos apoyamos”, en especial, en la mujer del campo.  

La ley 581 del 2000, conocida como la Ley de Cuotas, obliga a los partidos partidos a tener dentro de sus listas el 30% de participación femenina, esta ha generado también un debate interno de los partidos y las mismas mujeres. Si bien los asistentes al encuentro coincidieron en que esta participación es necesaria, Gabriela Torres, integrante de la Red de Jóvenes Kolumbien, afirma que esta cuota se convierte en una carga para la mujer y el partido y opina que “a mí no me parece que tengan que ‘obligar’ a las mujeres, si no quieren. Qué mejor que las que realmente participen sean las que quieren y están interesadas”.

Otros políticos jóvenes reconocen la falta de participación de las mujeres en la carencia del fortalecimiento en los procesos de base, como por ejemplo Diego Valero, candidato a edil de la localidad de Ciudad Bolívar, quien indicó que “hay que hacer de alguna manera que las mujeres pierdan el miedo de liderar los procesos en el territorio, de nada nos sirve una lista con el 30% de mujeres si al momento de hacer el ejercicio político siguen intimidadas por ese contexto machista que lo que hace es señalarlas”.

Según Sebastián Sánchez, candidato a edil de la localidad de Kennedy por el Centro Democrático, comenta que su partido es un gran ejemplo para observar la participación política de la mujer desde el ángulo de las dinámicas del poder. “El Centro Democrático es el partido con más mujeres dentro de su bancada y no es porque precisamente se haya trabajado en el empoderamiento de las mujeres, sino simplemente porque las dinámicas del poder han permitido que mujeres que tienen detrás suyo un gran padrinazgo, una gran cantidad de dinero o una gran familia hagan parte de esa participación”.

El rol del político joven

Desde la visión de estos jóvenes que participan activamente en la política electoral es claro que la reflexión sobre su participación está ligada a la vulneración que han sufrido. Esta se ve inmersa en dinámicas de clientelismo intrínseca dentro de los partidos y la falta de oportunidades laborales que tienen los jóvenes, en especial de la Colombia profunda, para buscar alternativas para su incursión en el mundo político.

Es de reconocer, que ser joven político en Colombia representa un reto, pero al ser mujer política joven el desafío es mayor por las dinámicas machistas presentes actualmente en la sociedad y que permean el ejercicio político. Es por eso que, para John Montoya, S.J., investigador del Cinep/PPP, “los políticos en este país deberían ser un puente entre el Estado y la sociedad civil para que hagan políticas públicas, expidan normas y manden atendiendo al bien público, el bien común”.

Adicionalmente, la función del joven político es “servirle a los más pobres, a los más desvalidos, a los más marginados de la sociedad”. Por ello, “un político que llega a un cargo de elección popular, es sobre todo un pedagogo, que ayuda a construir sociedad civil fuertemente participativa; en últimas, la función de un político es construir democracia”.

Lida Bocanegra
Equipo Comunicaciones