Comunicados

Comunicados (24)

Por medio de una carta dirigida a Antonio Guterrez, secretario general de la ONU, ex miembros del equipo negociador del Acuerdo de Paz, integrantes del partido político FARC, académicos, congresistas, líderes de la sociedad civil, víctimas y miembros de organizaciones sociales expresamos nuestra preocupación ante las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria que regula la Jurisdicción Especial para la Paz. 

 
 

 

Entre el 4 y 6 de marzo pasados se reunieron entre 51 personas laicas y sacerdotes de distintas áreas profesionales y académicas para reflexionar sobre alternativas políticas a la crisis en Venezuela. Fueron convocados por la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe- CPAL, contando además con el apoyo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima y la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. 

 
 

 

 

Las víctimas del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU) exigimos que la Unidad Nacional de Protección se comprometa con nuestra protección y seguridad.

Los miembros del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATUqueremos denunciar ante la opinión pública, la enorme debilidad en el poder infraestructural de la Unidad Nacional de Protección – UNP y de las entidades públicas responsables del programa de protección para reclamantes de tierras hacia COCOLATU, especialmente en lo que atañe a su capacidad y respuesta.
 
El consejo comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó – COCOLATU comprende parte de los municipios de Riosucio – Chocó –, Turbo y Mutatá – Antioquia –, fue beneficiario de titulación colectiva de su territorio ancestral, mediante las resoluciones 2805 del año 2000, de conformidad con la ley 70 de 1993 y el decreto reglamentario 1745 de 1995. A COCOLATU le fueron tituladas 107.064 hectáreas, cuando el 76% de la comunidad que habitaba el territorio colectivo se encontraba en situación de desplazamiento entre los años de 1996 – 2002. De las 46 comunidades que componen el título colectivo, ocho (8) quedaron en condición de vaciamiento y tres (3) desaparecieron completamente.

 
 

 

 

Solidaridad con Honduras

La situación del pueblo hondureño se hace cada vez más difícil e insostenible y queremos invitarlos a actuar para ayudarles a defender su país y la democracia. El mandatario actual se aferra al poder y ha hecho todo lo posible (durante esta semana postelectoral) para construir resultados que le favorezcan ilegítima e ilegalmente. El Tribunal Supremo Electoral ha sido manipulado y usado a su disposición y ahora el pueblo comienza a manifestar su inconformidad en las calles mediante manifestaciones duramente reprimidas, que ya han cobrado varias vidas. Ayer declararon el Estado de Sitio en la noche.  Nuestros compañeros del ERIC y Radio Progreso están en "el ojo del huracán" pues han desarrollado su labor con profesionalismo y profetismo. Nos solidarizamos con Ismael Moreno, S.J. y con todos los compañeros apostólicos, sí como con todo el pueblo hondureño.  

Lea aquí la exigencia completa que hace la Conferencia de Provinciales en América Latina y el Caribe - CPAL

En el siguiente comunicado encontrará el pronunciamiento de la Provinicia Centroamericana de la Compañía de Jesús:

 
Lea también
 
 

 

 

 

 

El Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumarado (COCOLATU), la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA), el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP), el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Apartadó lamentan y repudian el asesinato de Mario Manuel Castaño Bravo.

 
 

 

 

La sola publicación de la lista de los integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición ha producido un oleaje rápido en el mar político. Toda clase de pescadores, cada uno con su propia caña y su propio anzuelo, lanzaron ya sus carnadas, muchas de ellas venenosas, aun antes de saber qué es y qué se espera de dicha comisión.

Ese mecanismo extrajudicial es el que todos más esperamos, por aquello de que los seres humanos, por nuestra misma naturaleza, buscamos siempre esclarecer la verdad de lo ocurrido. Sobre todo, las personas que han sufrido en carne propia los horrores de la guerra y han sobrevivido con dolor. Pero hay quienes han manifestado su temor al esclarecimiento y han prejuzgado, lanzando al público su descalificación de las personas y de la labor aún no empezada de la Comisión de la Verdad. Esos prejuicios son injustificados y temerarios. ¿Le temen a la verdad?

El Cinep, que durante 45 años ha investigado la realidad colombiana y tratado de entenderla y explicarla, sienta su pública protesta por los ataques calumniosos a su actividad y al trabajo científico del profesor Mauricio Archila Neira. Protesta tanto más indignada cuanto que los señalamientos infundados y tergiversados pueden significar, en la Colombia de hoy, un grave peligro de la vida. Es una triste labor de irresponsables el dedicarse a darle razón al que dijo: (…) Calumnia que algo queda.

Es incomprensible que la defensa de los derechos humanos de la gente, o sea, la protección de la vida, de los bienes y de la honra de las personas, pueda constituir un motivo de descalificación por aquellos mismos cuyos derechos se promueven y se defienden. Y es lamentable que la mayoría de esas agresiones verbales se hagan desde la ignorancia y desde la malevolencia. Tampoco podrían tener otro origen.

Los acusadores del profesor Mauricio Archila Neira, en los medios y en las redes sociales, no han leído siquiera sus obras que hacen parte del legado histórico de Colombia, en especial acerca del tema los movimientos sociales de este país. Tampoco conocen su impresionante hoja de vida ni tienen idea del gran servicio que él le ha prestado a la educación del país. Con la soberbia del que ignora de qué se trata y la cobardía del anonimato, los calumniadores repiten la misma frase insultante sin contenido racional alguno.

El Cinep/Programa por la Paz y el profesor Archila continuarán su trabajo por el esclarecimiento de la realidad colombiana y su defensa de los derechos humanos, labor a la cual han dedicado todos sus esfuerzos, con el mismo empeño con el que la comenzaron. Y este es el momento más propicio para que esas labores incansables sirvan al progreso de la población colombiana y al despertar de la conciencia de su dignidad que no puede ser pisoteada.

 

Descarga aquí el comunicado

 
 

 

 

Hoy se radica el proyecto de ley que declararía el 19 de mayo como el Día nacional de la lucha contra la impunidad de los crímenes contra defensores de derechos humanos.

En el marco de la conmemoración de los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado, padre de Elsa, el Cinep/Programa por la Paz impulsó la propuesta de declarar el 19 de mayo Día nacional contra la impunidad. El Representante Alirio Uribe Muñoz, radicará el proyecto de ley de honores hoy a las 2:00 p.m.

"Hemos elegido este día, 19 de mayo, en memoria de los defensores de derechos humanos Elsa Alvarado y Mario Calderón, quienes fueron asesinados en 1997 y cuyo crimen fue declarado este año, de lesa humanidad" manifestó el Congresista.

En el acto de radicación del proyecto estarán presentes, Ivan Calderón, hijo de la pareja asesinada; Marco Fidel Vargas, subdirector del Cinep, lugar donde trabajaron hasta su muerte los defensores de derechos humanos, y otros miembros de las familias Calderón y Alvarado.

Igualmente acompañarán la radicación que se hará en la Secretaria de la Cámara de Representantes, los congresistas también firmantes del proyecto:  Angela María Robledo, Angélica Lozano, Inti Asprilla, Oscar Ospina, de la Alianza Partido Verde; Víctor Correa, Germán Navas Talero, Iván Cepeda Castro y Senen Niño, del Polo Democrático; Carlos Guevara, del Mira; y Luciano Grisales, del Partido Liberal.

El proyecto busca llamar la atención sobre la urgencia que tiene garantizar la investigación y sanción efectiva para las amenazas y agresiones que a diario sufren quienes defienden los derechos humanos en el país.

Nota:

Mario Calderón, Elsa Alvarado y el padre de Elsa Carlos Alvarado fueron asesinados el 19 de mayo de 1997. Mario y Elsa eran líderes sociales y defensores de derechos humanos y ese liderazgo fue incómodo para alguien que decidió quitarles la vida. Después de 20 años la impunidad impera en su caso y es por esto que buscamos que esta fecha sea reconocida como el Día nacional contra la impunidad.

 

 

 

 

 

El presente informe sobre agresiones y graves violaciones de derechos a defensores de derechos humanos y líderes sociales ha sido elaborado con base en los registros del Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP), del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), en un ejercicio de aproximación a este fenómeno. El documento no pretende dar cuenta de la universalidad de casos, ni abarcar la totalidad de una realidad que seguramente excede a este informe, en lo cualitativo y en lo cuantitativo; tampoco intenta trazar líneas de causalidad entre las coincidencias que se presentan con los asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos, sino complementar, apoyar y ratificar las denuncias que han venido presentando organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, instituciones del Estado y el Sistema de Naciones Unidas, en un intento de brindar un panorama más completo sobre el creciente fenómeno que se está registrando y que constituye un ambiente lleno de peligros y barreras para la implementación de los acuerdos de paz que se están implementando en este momento de la historia colombiana.

 
 

 

 

Cinep/Programa por la Paz, Foro Nacional por Colombia y Viva la Ciudadanía manifiestan su preocupación ante lo expresado por la precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez en su comunicación del 26 de septiembre de 2017 sobre la Ley estatutaria de garantías para la participación de la ciudadanía, organizaciones y movimientos sociales y para la movilización y la protesta social y que fue tema de la agenda mediática, sin la correspondiente verificación de la información.

 
 

 

 

Una serie de hechos que atentan contra la vida y la seguridad de miembros de distintas comunidades reclamantes de tierras en el Bajo Atrato hace que distintas organizaciones como Cinep/PPP, suscriban este comunicado para hacer un llamado a las autoridades y diferentes entes de control para que se respete el derecho a la vida, la libertad y la integridad de la población reclamante, las organizaciones que los acompañan y los distintos funcionarios que intervienen en estos procesos de restitución.