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Comunicados (24)

Comunicado público de la comisión nacional de diálogo para la construcción de la ley de garantias y promoción de la participación ciudadana y de los movimientos sociales y otras modificaciones normativas al gobierno nacional de Colombia, a la Csivi y a la comunidad.

 
 

 

 

 Nos parece muy grave que, al igual que otros líderes sociales asesinados, amenazados y perseguidos judicialmente en las últimas semanas, los y las defensores de derechos humanos se encuentren limitados en su participación, justamente hoy que se requiere de ellos y ellas para la implementación y sostenibilidad de los acuerdos con las FARC y a los que se llegue con ELN ahora que inició la fase pública de negociación con esta guerrilla.
 

 

 

En días pasados tuvimos conocimiento sobre un borrador elaborado por el Gobierno Nacional denominado proyecto de ley "Por el cual se adoptan disposiciones de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales y se dictan otras disposiciones". Se nos ha informado que ese proyecto sería presentado para la discusión y concertación de la CSIVI y de su lectura nos ha surgido una enorme preocupación, ya que tanto el enfoque general de la iniciativa, como varios de sus contenidos particulares, desconocen abiertamente la Constitución Política de 1991, la jurisprudencia de la Corte Constitucional e incluso el propio contenido del Acuerdo de Paz de la Habana suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP en noviembre de 2016
 
 

 

 

Como Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (Cinep/PPP) expresamos nuestra preocupación por la creciente ola de asesinatos a líderes comunitarios. Es el caso de la señora Marcelina Canacué de 60 años de edad, reconocida líder integrante del movimiento político Marcha Patriótica y adscrita a la Junta de Acción Comunal de la vereda Versalles, jurisdicción del municipio de Palermo, Huila, quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre, Día de la no violencia contra las mujeres. Advertimos que este tipo de acciones repetidas buscan generar un ambiente de inestabilidad y hostilidad para la implementación de los acuerdos de paz con las FARC.

Es imperativo que el Presidente de la República tome medidas y acciones inmediatas para garantizar el derecho a la vida de todos los colombianos y que agilice la realización de dicho acuerdo sin poner en riesgo a las víctimas y a los líderes sociales.

Nuevamente alertamos sobre el riesgo en el que se encuentran los defensores de derechos humanos. Tan solo en el tercer trimestre del año se registraron 19 homicidios y 37 amenazas a mujeres y hombres integrantes de organizaciones y movimientos sociales que amedrentan la participación ciudadana. No basta con firmar un acuerdo de paz si la vida sigue siendo amenazada, si la palabra de quienes piensan diferente es amordazada y silenciada, si la acción de quienes deciden defender los derechos propios y de otros es callada por una violencia dirigida y orientada hacia el terror.

Por eso hacemos un llamado de urgencia al presidente de la república, señor Juan Manuel Santos Calderón, en su calidad de jefe de Estado y comandante supremo de las fuerzas armadas, para que se implementen –cuanto antes y con la necesaria decisión– las herramientas y protocolos para combatir el paramilitarismo y los grupos armados que se han organizado tras su desmovilización; brindar protección a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, y garantizar su derecho a la vida.  Todo lo anterior en coherencia con el Acuerdo para el logro de una paz estable y duradera para Colombia.

Reiteramos nuestra preocupación por las víctimas y por las personas que lideran procesos en defensa de la dignidad humana. A ellas nuestra solidaridad y respaldo en este momento de la historia que esperamos no deje más dolor ni muerte en la memoria de nuestro país. Por eso, trabajamos  por el cuidado y la defensa de la vida, porque ella es sagrada.

Es tiempo de reconocer la diferencia, de aceptar que existe en Colombia una deuda histórica con una parte de la población que ha sido excluida y que reclama su derecho a participar, a ser reconocida, escuchada en la defensa de sus territorios y valorada políticamente como un actor legítimo. Es necesario seguir trabajando en el fortalecimiento de la democracia y del ejercicio de la  política sin violencia.

Estos más de cuatro años de negociación en La Habana y el nuevo acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016, deben ser entendidos como el punto de partida de un proceso largo que busca, en medio de las diferencias, contradicciones y acuerdos, la construcción de la paz sin la mediación de la violencia, para  hacer de Colombia un país más justo, sostenible y en paz.

Cinep/Programa por la Paz.

Descargar comunicado

 

Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos solicitamos audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH para exponer nuestras preocupaciones respecto al desconocimiento de los estándares internacionales de justicia y reparación en las propuestas de los promotores del No.

Según Soraya Gutiérrez, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo "en la audiencia con la CIDH se quiere alertar sobre la impunidad en la que se encuentran los crímenes de Estado, las fórmulas de las campaña del No que buscan perpetuar la impunidad en relación con agentes del Estado y que se garantice que las víctimas tengan una participación amplia en todos los espacios de discusión como de implementación una vez se hagan los ajustes a los acuerdos". 

En rueda de prensa los voceros de las organizaciones expusieron los principales argumentos que afectan los derechos de las víctimas ante los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre, en este momento se hace imposible activar los mecanismos establecidos en el acuerdo, por lo que no se está haciendo un reconocimiento de lo pactado, avanzando por ejemplo en el desarrollo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Por su parte los promotores del No han reactivado la propuesta de un "alivio judicial" a los integrantes de la fuerza pública, si bien los miembros de las Farc-EP no son los únicos responsables de crímenes graves en contexto del conflicto armado, conceder "alivio judicial" significa mayor impunidad y afectación a los derechos de las víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales. “Consideramos que medidas que buscan proteger a los agentes estatales, a empresarios y políticos no favorece el derecho a la verdad de las víctimas y reitera un pacto de silencio e impunidad”, aseguró Diana Gómez, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Estado- Movice.

Según el informe ¡Basta Ya! del Centro de Memoria Histórica demuestra que la violencia ha estado alimentada mayormente por la responsabilidad colectiva de la fuerza pública e individual de varios de sus agentes. Delitos como la desaparición forzada, con 45.944 víctimas directas, son atribuidos a grupos paramilitares y agentes de la fuerza pública en el 84% de casos. Las ejecuciones extrajudiciales, que entre 2002 y 2010 dejaron 4.475 víctimas, son todas ellas responsabilidad de agentes estatales. Así mismo ocurre con los asesinatos selectivos en los que paramilitares y fuerza pública son responsables del 69% de los casos, o las 1.982 masacres cuya responsabilidad en el 56% de casos es atribuida a grupos paramilitares en asocio con la fuerza pública, autoridades civiles, y civiles financiadores del conflicto, mientras el 27 % de los casos son atribuidos a autores desconocidos y el 17% a las guerrillas.
 
Finalmente las organizaciones de víctimas hacemos un llamado para reconocer y avanzar en lo acordado en la mesa de La Habana, en el punto 5 de los acuerdos, para que las modificaciones respeten la centralidad y los derechos de las víctimas.
 

 ¡Cinep/PPP se suma al llamado ciudadano por un acuerdo ya!

Como Cinep/PPP hemos trabajado durante 45 años construyendo un país incluyente y equitativo, donde el respeto a la vida y la garantía de los derechos fundamentales sea la prioridad de las instituciones y del conjunto de la ciudadanía. Un país donde reconocer al otro y aceptar su diferencia sea pauta para la convivencia pacífica. Un país donde el debate de las ideas y no las armas sea lo que oriente la democracia. Esto ha sido un trabajo mancomunado con muchos aliados internacionales, nacionales y regionales.

El país necesita retomar con prontitud las negociaciones de paz, sobreponiendo a los intereses personales y partidistas los anhelos de paz de la nación y construir sobre lo construido en La Habana. El acuerdo firmado es el resultado de un trabajo persistente y juicioso de las partes.

Hoy nos preocupa la situación de las víctimas del conflicto, quienes se manifestaron mayoritariamente por el SÍ. A ellas les ratificamos nuestro apoyo prioritario para que sea escuchado su clamor por la paz, la restauración de sus derechos, la devolución de sus tierras y las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esperamos que la actual coyuntura no vaya a representar más riesgo para sus vidas ni para la del conjunto de la ciudadanía.

Este momento es una oportunidad para comprender que el logro de la paz requiere involucrar a los diversos actores e intereses que subyacen al conflicto armado. Ello implica escuchar y atender las voces regionales que “desde abajo” respaldaron con su voto el acuerdo final.

Ratificamos la legitimidad del Gobierno para que lidere el acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas y sociales que el país demanda con urgencia. Y le exigimos que convoque a la insurgencia, a los sectores que apoyaron los acuerdos de paz de La Habana y a los que se opusieron para que se sienten de inmediato y asuman la responsabilidad histórica que el resultado del plebiscito exige.

Nos declaramos en alerta permanente para encontrar rutas de salida a la incertidumbre sobre el futuro de la paz, promoviendo la reflexión y sumándonos a la movilización ciudadana por un ACUERDO YA.

Tras el anuncio de la pregunta del plebiscito“¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?”, Cinep/Programa por la Paz da el SÍ  y presenta su campaña “Millones de razones para dar el SÍ” 
 
En este momento crucial en la historia de nuestro país, estamos llamados a manifestar públicamente nuestra posición: le decimos SÍ al plebiscito desde la reflexión, conscientes de que esta es una oportunidad democrática para dar un paso más hacia la meta de la construcción de una sociedad justa, sostenible y en paz.

Compartimos este comunicado para expresar nuestros argumentos al SÍ y como una invitación a la ciudadanía para que se sume a las “Millones de razones para dar el SÍ”.
 
 
¿Por qué Cinep/PPP dice Sí a la Paz?
 
Los acuerdos de paz, cuyo texto definitivo fue socializado el 24 de agosto del 2016, se han construido durante 4 años gracias a un trabajo juicioso de las delegaciones del Gobierno nacional y de las FARC-EP, y han hecho progresar la participación persistente de la sociedad colombiana y de las víctimas del conflicto, que ha sido diversa en todas las regiones de Colombia a lo largo de las tres últimas décadas.
 
El acumulado de investigación del Cinep sobre el origen y la evolución del conflicto armado colombiano, el proceso regional de configuración del Estado, la importancia de las luchas sociales en una sociedad democrática, la plena vigencia de los derechos humanos y la movilización social por la paz, así como la experiencia en educación y acompañamiento a comunidades y organizaciones, es compatible con aquello que está recogido en el texto del acuerdo. De igual forma, el acuerdo refleja la experiencia acumulada en Cinep gracias a su fusión con el Programa por la Paz, en relación con la construcción de paz con los actores y las comunidades que más han sufrido la guerra.
 
La combinación de estas acciones ha hecho que el Cinep/PPP esté llamado a pronunciarse en múltiples escenarios sobre el mecanismo de refrendación ciudadana que las partes han acordado en La Habana. En los escenarios académicos y de cooperación internacional se esperan los análisis del Cinep/PPP sobre los contenidos y los alcances de los acuerdos de paz frente a los problemas estructurales del país que hemos estudiado durante 44 años. Por parte de la opinión pública, se espera una posición clara del Cinep/PPP respecto de las razones por las cuales este mecanismo de refrendación está fortaleciendo el proceso de legitimidad de las instituciones colombianas. Nuestros socios de sentido, es decir, las comunidades y los actores sociales a los cuales debemos nuestro trabajo, están esperando nuestro acompañamiento y orientación para participar en esta importante cita democrática.
 
Nuestra posición en el plebiscito es un Sí reflexivo. Es una invitación a los ciudadanos y ciudadanas para que aprovechemos esta oportunidad democrática como un paso más hacia la meta de la construcción de una sociedad justa, sostenible y en paz. Invitamos a participar en la votación del plebiscito con un Sí consciente, porque los acuerdos de paz no solo son la oportunidad de transformar la confrontación armada en la disputa de las ideas en la arena política, sino también porque su contenido trata de responder a las expectativas y necesidades sentidas de la Colombia profunda, que ha sido tradicionalmente excluida de la participación política y severamente golpeada por un conflicto de muchos años, y que hoy aspira a integrarse en el proceso de la construcción del Estado y del desarrollo integral de sus regiones por medio del ejercicio de la política en condiciones de paz.
 
Decir Sí es también un acto de solidaridad con las víctimas del conflicto. Nosotros, que a pesar de haber sufrido la guerra y la pérdida de nuestros compañeros Mario y Elsa, de vivir y acompañar experiencias cercanas de dolor, no hemos vivido con todas las víctimas sus rigores y en carne propia el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, el secuestro o la desaparición forzada. Por eso, al invitar a votar Sí estamos siendo solidarios con el país que ha sufrido los tormentos de la guerra. Votar Sí es un acto ético de responsabilidad y coherencia con nuestro trabajo durante décadas. Votar Sí es también un acto de amor eficaz para comprometernos como sociedad a que nunca más se repita la guerra, para que nunca más las víctimas sufran sus rigores. Este Sí a la paz llama a construirnos como sociedad diversa, a aprender a tramitar nuestros conflictos sin recurrir a la violencia, sino a generar condiciones para la convivencia pacífica y la solidaridad, en últimas a dar a la vida el mayor valor y cuidado.
 
El Sí abre caminos para construir nuevas formas de relación entre el campo y la ciudad. El Sí es una oportunidad para reconocer la importancia de la economía campesina, sus territorios y sus gentes. El Sí reafirma que los pobladores rurales deben tener los mismos derechos humanos integrales que han sido negados a los pobres de Colombia. El Sí es una oportunidad para transformar desde abajo la participación política y decidir desde los territorios. El Sí es un espaldarazo a la movilización social y a la protesta como formas de participación política. El Sí cuestiona la fallida política antidrogas, hecha a espaldas de las comunidades rurales y de sus necesidades. El Sí reconoce que el problema del consumo de drogas es un asunto de salud pública, no de Derecho Penal. El Sí pone a las víctimas en el centro de la justicia. El Sí es una opción por una justicia transicional, de carácter prospectivo y restaurativo, que combine las exigencias de las víctimas por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición con la necesidad de paz para las generaciones futuras, que no deben ser víctimas de violencias venideras. El Sí es un momento crucial que hemos esperado y que difícilmente se presenta en la historia de las sociedades, es la oportunidad de construir en concreto un proyecto de sociedad incluyente y sin violencias. Nuestras voces serán un vehículo más para llevar estos mensajes. El Sí es una oportunidad para que la ciudadanía colombiana recoja la posta de la paz y la lleve hasta la meta desde todas las regiones.
 
Por estas razones Cinep/PPP dice Sí a la Paz.
 
 
 
 
Informes para la prensa
Mónica Osorio Aguiar
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Celular: 301 483 2187

Cinep/Programa por la Paz apoya el anuncio de la firma del acuerdo cese al fuego bilateral y definitivo

Junio 24 del 2016

Esta semana será recordada por los colombianos y por el mundo como un momento histórico para nuestro país: las FARC-EP por primera vez anuncian que dejarán las armas y acuerdan con el Estado colombiano un cese al fuego bilateral y definitivo.

El Cinep/Programa por la paz celebra este consenso entre las partes, pues reconoce que se trata de un avance trascendental en el camino hacia el fin del conflicto, que evidencia un compromiso real con el país en el camino a poner fin a los más de 60 años de conflicto armado entre esta guerrilla y el Estado.

El fin de la confrontación armada está cada vez más cerca. El reciente anuncio del Gobierno nacional y las FARC-EP señala una importante ruptura de la asociación entre política y violencia, que ha caracterizado la historia del país. Este acuerdo significa el compromiso explícito de cambiar las balas por los argumentos. Lo que se espera permitirá una participación política sin exclusiones, así se salvarían las vidas de muchos colombianos y colombianas en el futuro, para, en últimas, fortalecer la democracia.

Cinep/PPP reconoce que este es un paso decisivo hacia la consolidación de la paz, pero advierte que se trata de un paso en un largo camino de transformación del país que requerirá del acompañamiento de toda la sociedad colombiana y del apoyo internacional.

Por eso, Cinep/PPP llama la atención sobre algunos retos que representa esta firma para la sociedad civil, las organizaciones sociales, la comunidad internacional, el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP; entre los cuales los más importantes tienen que ver con la refrendación de los acuerdos, su legitimación por parte de la sociedad colombiana, la implementación de cada uno de los acuerdos logrados y el fortalecimiento institucional necesario para garantizar su cumplimiento y garantizar la seguridad tanto de quienes hoy deciden dejar las armas como de la población que habita los territorios que hasta ahora estaban bajo su control.

Cinep/PPP sabe que la tarea de construir la paz, después de La Habana, es un propósito de Estado y sociedad que requiere debates y consensos de largo plazo en todos los espacios significativos, pues se trata de hacer transformaciones con un contenido ético profundo para lograr entre todos y todas, desde nuestras diferencias, la nación que queremos y que solo será posible si estamos dispuestos a cambiar como personas, organizaciones e instituciones”[1]. Por eso la construcción de la paz implica la realización de los acuerdos a partir de los territorios.

 Mayores informes para la prensa

Jennipher Corredor Sánchez | Coordinadora de Medios | CINEP / Programa por la Paz
Tel. 245 6181  Ext. 720 | Cel. 317 5029241 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 

[1] El Tiempo. Aclarar la paz. Una cosa es "hacer la paz" y otra "construir la paz", que viene después y no se hace en La Habana. Francisco de Roux. 13 de mayo de 2015.

Ante la opinión pública presentamos el pasado 13 de abril el “Informe 2015 sobre la situación de derechos humanos y DIH en Colombia”. CINEP/Programa por la Paz y el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en Colombia y alertan sobre el riesgo que representa para la vida y la garantía del derecho a defender el aumento de las amenazas de grupos paramilitares en contra de líderes sociales y defensores de DD.HH.

Con relación a las violaciones a los derechos humanos por persecución política, abuso de autoridad e intolerancia social, se reportaron como principales presuntos responsable los paramilitares con 1064 hechos victimizantes, seguidos por la Policía Nacional con 572, el Ejército Nacional con 292. Las regiones más afectadas son Bogotá con 375 hechos, seguido por Cauca con 237, Santander con 188, y Valle del Cauca con 175. Con respecto al método de victimización más utilizado en Bogotá y Cauca es la amenaza; mientras que en Santander priman las ejecuciones extrajudiciales. Pero también se reportan casos de victimización como las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias.
 
Según Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general del CINEP/Programa por la paz, “una sociedad que amenace, persiga, asesine y desaparezca a sus defensores de derechos humanos es una sociedad que camina por los senderos de la antidemocracia, es una sociedad éticamente enferma, una sociedad con muchos desafíos para construir una paz con equidad, con justicia y con el reconocimiento profundo de la diversidad y dignidad de todos sus ciudadanos”.
 
Por otro lado, el registro hecho por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP confirma que la “guerra sucia sigue vigente en Colombia”, en palabras de Guerrero, puesto que en los casos de amenaza y asesinato, documentados durante 2015, los presuntos responsables actuaron de manera encubierta y no existen hasta el momento posibilidades de saber quiénes fueron los perpetradores. Esta idea la complementó Javier Giraldo,S.J., investigador del Banco de datos de Derechos Humanos del CINEP/PPP, explicando en contraste lo que sería una “guerra limpia”, dijo: “¿Que sería una guerra limpia? Aquella que establece parámetros entre combatientes, por su parte la guerra sucia es la que quiere destruir una persona porque tiene ideas contrarias usando métodos clandestinos”.
 
Otro de los asuntos que preocupan es la creciente criminalización de la protesta social mediante la judicialización de líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos que da cuenta de las variaciones de la violencia y atentan contra la superación del conflicto armado, “la defensa de los derechos humanos es el primero de nuestros deberes de paz”, afirmó Alejandro Angulo, S.J., coordinador del equipo de Derechos Humanos del CINEP/PPP.
 
Como caso regional Erika Agredo, líder y activista de la organización Territorios  por la vida digna en el Cauca, presentó la situación de los defensores de derechos humanos en este territorio, según Agredo, “el accionar paramilitar ha sido sistemático, 2015 fue el año de la amenazas y al parecer 2016 será el año de los asesinatos”. Según Agredo, en los últimos dos meses se han dado asesinatos de líderes afrodescendientes, campesinos e indígenas. Agredo señaló con nombre propio cinco de estos casos. 

 

 

Se necesita una política pública sostenible para la identificación y entrega digna de personas no identificadas: CINEP/PPP

Bogotá, D.C. 8 de julio de 2015. Desde el CINEP/ Programa por la Paz acompañamos en audiencia pública la situación de las Personas No Identificadas (PNI) sepultadas, en el marco del conflicto armado, en cementerios y enterramientos clandestinos del país con el objetivo de que se implemente una política pública sostenible, con asignación presupuestaria y coordinada con la sociedad civil, que garantice la entrega digna de restos mortales.

Para tal fin el CINEP/PPP considera necesario que el gobierno nacional adopte medidas, entre las que se encuentran:

·     Destinar recursos económicos suficientes tanto para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como para la Fiscalía General de la Nación de manera que la exhumación, identificación y traslado de los cuerpos a lugares de entierro digno se realice de manera ágil y eficiente.

·     Implementar una política pública sostenible de acompañamiento psicosocial a los familiares de las personas sepultadas como no identificadas.

·     Adelantar investigaciones imparciales por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre las circunstancias de muerte.

·     Al ser identificados los cuerpos, contrastar la información con los datos del Sistema de Información Red de desaparecidos y cadáveres para determinar coincidencias con el registro de desapariciones denunciadas.

·     Permitir el acceso a la información relativa a los casos, tanto a las familias como a las organizaciones sociales y civiles que las acompañan.

·     Coordinación interinstitucional y coherencia de políticas públicas.

·     Visibilizar la información para la localización de las familias.

Finalmente, “una política pública sostenible para la identificación y entrega digna de personas no identificadas sería un hecho concreto que contribuirá a la construcción de una sociedad más justa sostenible y en paz”, como lo expresa Luis Guillermo Guerrero, Director General del CINEP/PPP.