Derecho a la tierra

Derecho a la tierra (20)

La Estrategia Colaborativa por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio en Colombia –ENI/Colombia— es una iniciativa de la sociedad civil que tiene el propósito de ampliar la capacidad de representación política del campesinado y la construcción de una gobernanza inclusiva y responsable del territorio. La ENI/Colombia desarrolla actividades tendientes a fortalecer las capacidades de protección y autoprotección por parte de las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas en zonas donde ha sido tradicional la ausencia de garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y de la libertad de asociación y participación, en particular, cuando se trata de conseguir el reconocimiento de los derechos territoriales asediados por los desplazamientos forzados, el despojo de las tierras y la explotación de sus recursos naturales.

El presente documento ofrece un panorama de las agresiones contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos y los líderes y las lideresas sociales, específicamente de quienes se dedican a la defensa de los territorios en los departamentos de la región Caribe, cometidas en el período comprendido entre el 25 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2018. Asimismo, el texto incluye elementos de análisis de la política pública de protección y recomendaciones de medidas orientadas a conseguir plenas garantías para ejercer el derecho a defender los derechos humanos, el cual ha sido reconocido internacionalmente mediante la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. 

 

 

Durante la Mesa Multiactor de Seguridad y Protección a líderes y lideresas del Caribe que realizaron Cinep/PPP y Codhes, como parte de la Plataforma ENI Colombia, conversamos con Juan Manuel Bustillo, quien documentó el panorama de los defensores de derechos territoriales en la región: “Las amenazas en el Caribe se concentran especialmente sobre los líderes reclamantes de tierras”.

Desde hace unos meses, las alertas por las amenazas a la seguridad de los líderes sociales han preocupado a la sociedad colombiana y las denuncias siguen en aumento. Las regiones más azotadas en el país por ese tipo de violencia en los últimos meses han sido Catatumbo y Cauca. Sin embargo, en la región Caribe el tema tiene una dinámica particular, asociada a contextos extractivistas y de explotación de recursos naturales, además de que hay un alto subregistro en los datos por el miedo a denunciar.

Juan Manuel Bustillo, delegado de la Mesa Multiactor de Seguridad y Protección del Caribe para documentar el panorama de los defensores de derechos territoriales en la región, explica y analiza los hallazgos, las preocupaciones y expectativas que tienen los líderes frente a las medidas para garantizar su protección y realizar su trabajo de defensa de derechos.

¿Qué está pasando con los líderes en el Caribe?

 Juan Manuel Bustillo: Las víctimas son principalmente personas que encabezan la defensa de las comunidades y las reclamaciones del derecho a la tierra y el territorio, es un grupo que incluye campesinos, afros y pueblos indígenas de los distintos departamentos.

Las agresiones y persecuciones tienen varias manifestaciones: la más visible, pero no suficientemente registrada, son los homicidios de líderes. Hay otras manifestaciones que no son de dominio público ni generan tanta preocupación de las autoridades como las amenazas de muerte, hostigamientos, atentados contra la vida e integridad física de las personas, detenciones arbitrarias, en menor medida, casos de desaparición forzada y de secuestro. Esto impide el derecho que tenemos todos, y en particular los líderes, de defender el derecho a la tierra y el territorio.

¿Quiénes están amenazando?

J.M.B: Los registros de distintas fuentes gubernamentales, no gubernamentales, locales, comunitarias y departamentales muestran que la autoría corresponde a grupos paramilitares, especialmente a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Hay una gran cantidad de casos de autoría desconocida porque no se ha podido determinar quién está detrás de los hechos y hay un caso a manos de la fuerza pública, el de la Fuerza Conjunta del Nudo de Paramillo, que fue ampliamente conocido.

La identificación de los responsables, tanto materiales como intelectuales, le corresponde a la Fiscalía en particular, que ha avanzado en adecuar la normatividad y la estructura institucional para las investigaciones, pero no se han obtenido suficientes resultados de esas pesquisas judiciales.

¿Cuál es su análisis sobre las acciones de las autoridades y entidades para proteger a los líderes?

J.M.B:: En Colombia hay un marco normativo y un marco institucional de defensa de los derechos humanos, en particular de garantías para los defensores, que se empezó a construir alrededor de los años 90. Estos marcos se han alimentado a partir de las preocupaciones de la comunidad internacional y de los defensores: la Defensoría tiene el Sistema de Alertas Tempranas que es bastante sofisticado, con la Ley de Víctimas se creó la Unidad Nacional de Protección y el Acuerdo Final reforzó las medidas.

Como existía una preocupación particular sobre los líderes y lideresas, el Acuerdo incluyó una serie de medidas para garantizar el trabajo y la vida de los defensores y movimientos sociales y políticos, para mitigar o desmantelar las fuentes de riesgo como las organizaciones paramilitares, estructuras que ya debían haber sido desmontadas tanto en su parte armada como política y económica.

Los líderes han manifestado que las medidas de protección no son adecuadas ni suficientes, ¿qué han encontrado ustedes?

J.M.B:: Esta afirmación es verídica y tiene dos componentes para explicarla: 1) Las medidas de la UNP para ofrecer protección material y concreta no son preventivas ni atacan los factores y causas generadoras de riesgos, tienen una cobertura limitada, son lentas, de carácter individual y tiene un enfoque de género y étnico bastante limitado, entre otras críticas.

2) Por su parte, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ya existía y solo fue mejorado con el Acuerdo Final, que también incluye un sistema y protocolo de protección de organizaciones y comunidades en el territorio y la creación de una unidad especializada de investigación de los crímenes contra defensores. Pero todas estas medidas son repetición de las que ya existen; se ha avanzado en su formulación, pero no en la implementación a nivel local, son poco conocidas por las comunidades y los líderes, quienes afirman que muchas de las autoridades locales tampoco las conocen y, por lo tanto, no saben de sus obligaciones.

¿Qué hay detrás de estas amenazas?

J.M.B:: Por un lado, sectores políticos y económicos que se oponen a las medidas de transformación rural que contiene el Acuerdo Final y ven en los líderes a unos promotores de las medidas del Punto 1, relacionadas con la reforma rural integral y el desarrollo rural.

Por otro lado, en el nivel local y territorial, hay algunos sectores que siguen viendo las movilizaciones sociales y la reivindicación de derechos territoriales como una cuestión ilegítima que atenta contra el establecimiento, contra el orden del poder político y, sobre todo, de la distribución de la tierra y el desarrollo de proyectos de extracción, entre otros.

¿Cuáles son los departamentos del Caribe más afectados?

J.M.B:: Los registros dicen que desde la firma del Acuerdo y hasta el 30 de junio de 2018, el más afectado es Córdoba, aunque también hay altas cifras en Bolívar, Sucre y Cesar. El problema se ha hecho visible, entre otras razones, porque la comunidad internacional está atenta de la implementación del Acuerdo Final. Paradójicamente, después de la implementación se disparó la crisis de persecución contra los defensores. Sin embargo, hay un alto subregistro de los casos, se conocen especialmente los homicidios y hay menos información de las amenazas y los hostigamientos.

¿Hay una dinámica como región Caribe o cada departamento tiene una dinámica propia?

J.M.B:: Hay unos aspectos en común como que las personas amenazadas, víctimas de ataques y homicidios, son las mismas que han exigido la titulación de la tierra, que se amplíen los resguardos, que se restituyan los predios y se repare colectivamente, al mismo tiempo que son quienes se han quejado por la falta de acción de las autoridades.

Pero, por supuesto, en cada departamento hay un contexto que hace particular las persecuciones y está determinado por la presencia de actores armados, la ausencia de las FARC, la militarización de los territorios y la expansión y consolidación de las estructuras paramilitares. Además de eso, en cada territorio hay uno o dos proyectos de desarrollo económico a gran escala interesados en la tierra, el territorio y los recursos naturales, mineros, del subsuelo o el agua. Se puede hablar de los megaproyectos de extracción de La Guajira y Córdoba o de los proyectos agroindustriales en Montes de María, entre otros.

¿Qué resultado esperaban de esta mesa?

J.M.B:: Lo que queremos principalmente es que la Procuraduría implemente la Directiva 002 de 2018 que expidió y que le permite hacer seguimiento en las regiones. El problema es que está haciendo una labor preventiva, pero no está haciendo uso de sus dientes para sancionar a los funcionarios que no cumplen la labor de garantizar la protección y seguridad de los líderes. Hasta el momento no ha habido una sola sanción a ninguna entidad, aún a sabiendas de que se tiene un mecanismo para hacerlo. Si la Procuraduría le abriera investigaciones a los funcionaros que hablan en contra de las víctimas, podría generar medidas preventivas entre los funcionarios.

Con la Mesa se busca que haya un diálogo para generar compromisos que sirvan para reducir los riesgos de los defensores en la región Caribe, con una articulación profunda entre las entidades, que en otras mesas y regiones ya se da. Finalmente, que se afronten las causas que hay detrás de los ataques y no sólo se implemente medidas policiales.

 

 

 

Como parte de los Informes País Mujeres Rurales, la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Colaition, presentamos el informe Mujeres rurales en Colombia que presenta datos unificados para entender sus condiciones demográficas, los mecanismos institucionales con los que cuentan para la garantía de sus derechos, evidenciamos las múltiples violencias y otras formas de discriminación de las que son víctimas, y visibilizamos sus estrategias de resistencia. Además, ofrece un paquete de recomendaciones para gobiernos nacionales y locales, medios de comunicación y otros actores involucrados en garantizar el acceso a la tierra y otros derechos de las mujeres del mundo rural.

Click aquí para ver el informe Mujeres rurales en Colombia completo

No existen datos suficientes ni muy actualizados sobre la población rural femenina en América Latina y el Caribe, sin embargo, recientes informes (ONUMujeres 2018 y ALOP 2017) dan pistas sobre la continuación de brechas históricas en la garantía de los derechos de las mujeres a nivel global y para el caso específico del mundo rural. Por ejemplo, sólo el 13% de mujeres en el mundo son propietarias de tierras rurales (ONUMujeres, 2018); la población rural de Latinoamérica y el Caribe representaba en el 2015 el 21% de la región, de este porcentaje, la mitad era mujeres, de las cuales el 20% pertenecía a comunidades indígenas y afrodescendientes. En el año 2010, en Latinoamérica y el Caribe las mujeres rurales representaban el 20% de la fuerza de trabajo agrícola, “con diferentes formas de inserción en el mundo laboral; entre ellas, el trabajo por cuenta propia, el trabajo no remunerado y el trabajo asalariado en empresas y otras unidades productivas” (FAO 2017, p. 1).

En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, la Iniciativa “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC – Latinoamérica) presenta esta infografía con los datos encontrados en 9 países de Latinoamérica para aportar a la visibilización, desde las cifras, de la situación de las mujeres rurales en la región. 



Además, más allá de las recomendaciones usuales sobre la necesidad de contar con mecanismos, rutas institucionales y espacios de participación para que las mujeres rurales puedan defender sus derechos, estos informes aportan recomendaciones resultantes del trabajo a nivel local impulsado con las mujeres y desde las mujeres. Dichas recomendaciones son útiles y necesarias para distintos contextos e incluyen:
• Se requiere generar instancias de sensibilización en temas de género e interculturalidad en donde participen todos/as los/as funcionarios/as públicos.
• Urge considerar la importancia económica y social del trabajo doméstico, así como su reconocimiento y retribución. En este marco, se requiere que las políticas públicas estén orientadas tanto al fomento de la producción como a la redistribución del trabajo del cuidado.
• Se debe invertir en infraestructura comunicacional favorable a las mujeres rurales de todas las edades y etnias.
• Los medios de comunicación no sólo deben mostrar más la perspectiva de las mujeres, también deben incorporar términos como justicia de género y cuestionar ideas como “el jefe del hogar”.
• Las estadísticas oficiales deben ser situadas: dar cuenta de diferencias etarias, geográficas, de identidad, de estado civil y territoriales (urbanas y rurales).
• Un paso necesario para cambiar la estructura patriarcal del Estado es reconocer que, si bien la elaboración de normas y decretos es importante, es crucial avanzar con su implementación.
• En este escenario, es fundamental que se asignen recursos destinados específicamente a atender las necesidades de las mujeres rurales.

Los Informes País sobre la situación de las mujeres rurales aportan información clave a tener en cuenta en cualquier tipo de iniciativa que implique a las mujeres rurales, e incluyen recomendaciones puntuales para la garantía de sus derechos. Los Informes han sido desarrollados en el marco de la Iniciativa Basada en Compromisos “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” que impulsa la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra - América Latina y el Caribe (ILC ALC).

Por: Tatiana Cuenca*

La falta de reconocimiento de la importancia del campesinado como grupo social en Colombia ha llevado a su exclusión social y a su consideración como un sujeto atrasado que está fuera de las dinámicas del desarrollo y, por lo tanto, que tiende a desaparecer. Por esto, desde hace algunos años el campesinado viene exigiéndole al Estado colombiano su reconocimiento como sujeto de derechos, exigencia que surge por la necesidad de ser tenido en cuenta dentro de las políticas públicas como un sujeto especial de protección debido a su situación de vulnerabilidad y falta de acceso a derechos en la que se encuentra como un mecanismo afirmativo frente a un sector que alimenta el país.

No reconocer al campesinado como grupo social diferenciado lleva a que tampoco sea tenido en cuenta en los censos poblacionales como una categoría diferente más allá de población rural que no habita en las cabeceras municipales y se denomina “resto” [1]. Esta ha sido la lógica que ha primado en Colombia en los últimos censos poblaciones. Inclusive en el Censo Nacional Agropecuario de 2014 que da cuenta de la situación productiva del campo y las características de los productores, no se tuvieron en cuenta preguntas específicas que indagaran sobre la identidad cultural del campesinado y su situación socioeconómica.

Es así como a partir de una acción de tutela organizaciones campesinas le exigieron al Estado colombiano ser incluidos en el Censo poblacional de 2018, medida acordada, e incumplida, a mediados de 2016 entre el Gobierno nacional y la Mesa campesina del Cauca. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el que reconoce que se dejó pasar la oportunidad de que en el Censo de 2018 se identificara al campesinado, y hace un llamado de atención a las instituciones del Estado responsables para que elaboren estudios complementarios al Censo agropecuario 2014 y al Censo poblacional 2018 que permitan delimitar a profundidad el concepto campesino y contabilizar a los ciudadanos que integran ese grupo poblacional.

El fallo la Corte Suprema también reconoce la necesidad de que el Gobierno nacional lleve a cabo programas de política pública encaminados a mejorar las condiciones sociales y económicas del campesinado como grupo poblacional y sujeto de especial protección constitucional. Además, hace un llamado para que “desde el Grupo de Asuntos Campesinos del Ministerio del Interior, se identifique la situación actual de la población campesina y se apoye la formulación y seguimiento de planes, programas y políticas públicas que permitan la materialización del derecho fundamental a la igualdad material que le asiste al campesinado”. En el siguiente video les contamos más:

[1] Según la ficha técnica para la variable “Población Rural” utilizada por el DANE, esta corresponde al número de habitantes que viven por fuera de la zona urbana (cabecera) y dentro de la zona rural (término homologable a la definición de “resto”) que está constituida por los centros poblados y por la zona rural dispersa.

*Investigadora del equipo Movilización, territorio e interculturalidad de Cinep/PPP

La garantía de los derechos de las mujeres rurales es uno de los pilares para el desarrollo sostenible y la construcción de una gobernanza responsable de la tierra y los recursos naturales. No obstante, el acceso a la tierra, la seguridad jurídica de la tenencia y su trabajo no es suficientemente reconocido a nivel económico y social. Las mujeres rurales tienen un rol clave en el trabajo de cuidado y productivo dentro de las comunidades para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, generar ingresos y mejorar los medios de subsistencia y el bienestar general en las zonas rurales.

En el ámbito de la participación política, las dificultades para el empoderamiento político de las mujeres rurales en Latinoamérica están determinadas por prácticas culturales, sistemas de tenencia de la tierra desiguales y también por una escasa apertura en los espacios de decisión. A pesar de estas brechas, la capacidad organizativa de las mujeres rurales es cada vez más fuerte frente a temas económicos, sociales, ambientales, culturales y políticos y existen muchos procesos organizativos que desarrollan acciones de incidencia para ampliar su participación y toma de decisiones y alcanzar una mayor garantía de sus derechos.

 En el día internacional de las mujeres rurales este especial está dedicado a sus derechos, sus estrategias de organización y resistencia y su situación en algunos países latinoamericanos.

 

Participaron en este video: Carolina Vásquez García, Mujeres en Acción con Palabra y Pensamiento Ayuujk (México); Enma Maldonado Cornelio y Hansy Ajanel, mujeres Mayas Kaqchikel, Comité Campesino del Altiplano (Guatemala); Ana Mejía, indígena Miskita (Costa Caribe de Nicaragua); Plácida Perdomo,  Zona de Reserva Campesina Cuenca del Rio Pato y Valle de Balsillas, y Luz Edilma Liberato, Red  Sembradoras de Identidad  de Usme (Colombia); Loyda Olivo Cheme,  Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria COPISA (Provincia de Esmeraldas, Ecuadore); Katia Penha, Quilombo do Divino Espírito Santo,  Coordinadora Nacional de Quilombos –CONAQ  y Elisa Urbano, líder indígena (Brasil); Gladis Caurasi, mujer líder Guaraní de la zona de Yaku Igüa, comunidad de Pananty APG (Gran Chaco, Tarija, Bolivia); Irma Guzmán, Mujeres Mejorando el Chaco, Nelly Alcaraz, MOCAFOR y Rosa Cordero, Mujeres Raíces (Argentina).


 

Hablan las mujeres rurales de América Latina

 Informes regionales

Los Informes/País sobre la situación de las mujeres rurales son una propuesta de la Iniciativa Basada en Compromisos  “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC).  Presentamos a continuación los informes de Perú, Nicaragua, Colombia y México, que aportan datos fundamentales para tener en cuenta en cualquier tipo de discusión, proyecto o iniciativa que implique a las mujeres rurales, a la vez que proponen  recomendaciones puntuales para la garantía de sus derechos.

Perú
La situación de las mujeres rurales en el Perú

Nicaragua
Mujeres rurales en Nicaragua: entre heterogeneidad continuidad y cambios

Colombia
Mujeres rurales en Colombia

México
Situación general de las mujeres rurales e indígenas en México


Comunicación e incidencia hecha por mujeres
 

Las siguientes herramientas de comunicación e incidencia son resultados de estrategias implementadas por grupos de mujeres que trabajan por la garantía de sus derechos, el reconocimiento de sus identidades y la participación en los espacios de toma de decisiones que afectan a las mujeres rurales en Latinoamérica.

Con estas herramientas queremos visibilizar experiencias exitosas e innovadoras de comunicación e incidencia pero también aportar a que otros procesos de organización dialoguen con estos aprendizajes o los repliquen. Por esto las fichas están construidas a dos columnas: en la izquierda se cuentan las memorias de los procesos que presentamos:  

Notimia (Agencia de Noticias producidas por mujeres indígenas de Nicaragua, México, Guatemala, Bolivia y Brasil)

Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas 

Alianza de Mujeres por el Acceso a la Tierra y Medios de Producción (Guatemala)

Cómic para la divulgación. Getulio Montaña Laguna, Quejulia Páramo Flores, Camina Mar y Cubio Montaña Piedra (Colombia)

Televisión comunitaria. Canal 22, voz e imagen de la autonomía (Nicaragua)

Red de radios comunitarias (Guatemala)

Alianza de mujeres por el acceso a la tierra y medios de producción (Guatemala)

 Mujeres y ruralidad en Bogotá

La vida de las mujeres rurales en los cerros orientales de Bogotá (Colombia), en veredas como Los Saches, el Verjón Bajo, Fátima o el barrio San Luis, es afectada por la presión inmobiliaria, los decretos de delimitación forestal dictados sin recorrer el territorio, la siembra de especies no nativas, e, incluso, por el desconocimiento de que existe vida campesina en una ciudad como Bogotá. Estos son ejemplos de las distintas formas de relación entre lo rural y lo urbano, que suelen afectar lo rural.

Esta crónica ilustrada es resultado de una visita de campo realizada por mujeres y hombres de organizaciones de Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Guatemala y Colombia en junio del 2017, en el marco del Encuentro Subregional Suramérica de la Iniciativa Basada en Compromisos “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC).

Luz Edilma Liberato, Gladys Mayordomo, Floralba Tiboche, Gladys Rico y Sara Cerón nos enseñan no solo los problemas que enfrentan las poblaciones rurales vecinas a las grandes ciudades, sino también, el papel fundamental de las mujeres en la defensa del derecho a la vida campesina.

La crónica busca visibilizar la vida y luchas de las mujeres rurales que habitan los cerros orientales de Bogotá. Por eso, ellas son las que hablan de sus trabajos por la defensa del agua, por la protección de los bordes de las quebradas, por la recuperación ambiental a través de la resiembra de especies nativas, de su apuesta por la soberanía alimentaria y de sus aprendizajes de la legislación para hacer frente a las múltiples amenazas de desterritorialización.


   

Documentos de interés

Recomendación general n.° 34 sobre los derechos de las mujeres rurales

Programa Rompecabezas (2016) : Mujer rural, trayectorias de lucha

Linea de tiempo (2016) : Mujer rural en Colombia

Género y políticas de tierras (2016)

Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales (2013)

Mujeres rurales: retos para las políticas públicas (2012)

Mujer rural: sin tierras, sin derechos (2011)

 Mujer rural: derechos y perspectivas (2010)

 

Nota del editor

El presente especial es resultado del trabajo de la Iniciativa Basada en Compromisos Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC) América Latina y el Caribe. Con el apoyo de Cinep/Programa por la Paz como punto focal de esta iniciativa.

Esta es una estrategia de acción colectiva regional que tiene como objetivo aumentar el acceso y control de la tierra y otros recursos de las mujeres rurales, así como la mejora de su participación en las tomas de decisiones sobre tierra y desarrollo rural en la región. Se lleva a cabo a través de la generación de conocimiento sobre la situación de las mujeres rurales, el fortalecimiento de sus capacidades políticas y la incidencia en tomadores de decisión a nivel nacional y regional.

Las organizaciones que hacen parte de esta iniciativa son: Fundación Plurales, en Argentina; Fundación Tierra y Centro de Estudio Regionales de Tarija (Cerdet), en Bolivia; Espacio Feminista, en Brasil; Corporación de Desarrollo Solidario (CDS) y Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP/PPP), en Colombia; Centro de Mujeres Afrocostarricenses (CMA), en Costa Rica; Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador (Sipae) y Corporación de Gestión y Derecho Ambiental (Ecolex), en Ecuador; Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Comité de Desarrollo Campesino (Codeca); Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), en Guatemala; Unión de Mujeres Campesinas de Honduras (Umcah) y Unión de Trabajadores del Campo, Campesina e Indígena (UTC), en Honduras; Red Ambiental Juvenil de Yucatán (RAJY) - Ecomunnis, en México; Instituto de Investigación y Desarrollo (Nitlapan – UCA) y Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cadpi), en NIcaragua; Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), en Perú; Red Centro Americana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (REDMURIC) y Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, a escala subregional; y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), Trocaire, a escala internacional.

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Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Coordinadora de publicaciones: Margareth Figueroa Garzón
Comunicador gráfico: Miguel Martínez

Equipo Movilización, territorio e interculturalidad
Investigadora: Ana María Restrepo

Ilustradora: Lizeth León, 'Cuharita de Palo'

Edición video: Leida Ortega 

Por su amplia salida al mar a través del río Sinú y por conectar la región Caribe con el interior del país, el departamento de Córdoba ha contado con la presencia de diversos grupos armados que se disputan el control territorial desde mediados del siglo XX. Ese acaparamiento sistemático de miles de hectáreas de tierra y la distribución de la propiedad en la región están relacionados, también, con la configuración de poderes regionales y la consolidación de grupos privados de seguridad.

De hecho, el territorio cordobés fue plataforma del proyecto paramilitar debido a las estructuras de poder establecidas mediante el modelo de hacienda y a las dinámicas en las que la defensa de la propiedad privada, el modelo ganadero y la extracción agroindustrial debía fomentarse, incluso, por medio de las armas. A esto se suma que, durante los últimos veinte años, la violencia recrudeció como consecuencia del narcotráfico, principalmente porque muchas de las rutas de transporte de estupefacientes que atraviesan Córdoba han sido controladas históricamente por grupos paramilitares. A pesar de la desmovilización de los grupos paramilitares, entre 2002 y 2005, las estructuras armadas que hacían parte de las AUC —ahora denominadas Bandas Criminales (BACRIM) o grupos armados posdesmovilización (GAPD)— permanecen activas en el departamento. Varios líderes comunitarios han alertado sobre la consolidación de estos grupos, pues ha aumentado el número de sus integrantes y se ha establecido un control social de las poblaciones rurales. En este contexto, y dado que el desplazamiento ha sido y sigue siendo una de las principales afectaciones para la población, las comunidades campesinas han liderado procesos de organización territorial. Sin embargo, los líderes han sido estigmatizados, perseguidos y muchos de ellos asesinados durante décadas.

Este especial no solo cuenta las experiencias y reflexiones de organizaciones de víctimas y comunidades rurales del departamento de Córdoba en la ejecución de estrategias de exigibilidad del derecho a la tierra y el territorio, sino, también, narra su memoria sobre hechos victimizantes y su capacidad de resiliencia.


Relatos de guerra y paz en Córdoba

 
 
Propuestas de desarrollo rural y territorial desde las organizaciones
 
Desde hace seis años, el Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio en Córdoba (GTTC) ha liderado la unificación de territorios cordobeses, la recuperación de tierras para la población desplazada y la constitución del Resguardo Zenú del Alto San Jorge, ya reconocido legalmente por el Estado colombiano. La labor del GTTC no solo ha permitido hacer memoria sobre hechos victimizantes, como consecuencia de la presencia de distintos grupos armados en la región, sino también, reflexionar y reconocer la capacidad de resiliencia de las familias y comunidades.
 
 

Unidas por el propósito de consolidar procesos de organización y resistencia por el acceso a la tierra, las 12 organizaciones que conforman el GTTC se sitúan, principalmente, en Montería y en el sur del departamento:  

 

Mirando el horizonte: retos para la organización social en Córdoba

Javier Lautaro Medina, coordinador del equipo de Movilización, territorio e interculturalidad del Cinep/ Programa por la Paz —que ha hecho el acompañamiento al Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba desde el año 2011—, explica cuáles son los retos actuales para las organizaciones sociales en el territorio cordobés. Expone, además, las transformaciones necesarias que necesitan estos territorios que componen el GTTC y comparte sus preocupaciones sobre el panorama que tienen los jóvenes rurales que habitan este territorio. 


Años sin tierra: retorno simbólico al territorio del Manso

Una de las estrategias del GTTC para incidir en el acompañamiento y la exibilidad sobre los derechos a la tierra y el territorio en el departamento de Córdoba tiene que ver con el retorno simbólico al territorio de El Manso, en el Parque Nacional Natural Paramillo.

Entre el 25 y el 27 de octubre de 2016, campesinos oriundos de la zona, que fueron desplazados de su territorio hace 16 años, decidieron retornar simbólicamente y sostener una serie de conversaciones entre ellos y con diferentes organizaciones con el fin de aclarar el futuro del GTTC, los medios de acceso a la justicia por la tierra y el porvenir de su territorio.

Salieron desde el municipio de Fresquillo sobre dos lanchas, cargadas con aproximadamente 30 personas cada una. Ocho horas después, tras atravesar el Parque Nacional Natural Paramillo por la represa Urrá, el río Sinú y el río Manso, desembarcaron en el corregimiento de Barrancón. Presentamos esta galería, una muestra de lo que fueron los tres días durante los cuales los campesinos y las campesinas de El Manso retornaron a su territorio.

 

Cuatro libros clave para entender la lucha por el territorio en Córdoba




Memorias vivas para la recuperación del territorio cordobés (2017)

Este libro hace parte de un proceso de investigación, reflexión y escritura colectiva adelantado por campesinos, campesinas e indígenas, miembros del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba; organización que suma seis años en la apuesta fundamental por la defensa de sus territorios ante el despojo de la guerra y la victimización.

Defender el territorio es construir paz. La experiencia de los pueblos indígenas del Alto San Jorge (2016)

Este informe está construido desde la perspectiva de los derechos a la tierra, al territorio y a vivir en paz de dos comunidades indígenas del Alto San Jorge. El documento hace un acercamiento a la historia de poblamiento de la comunidad emberá de Dochama y el pueblo zenú, al contexto económico general de la zona y de conflicto armado. Además, presenta un recorrido por las capacidades organizativas de estas comunidades, que, en medio del conflicto armado y la inoperancia estatal para garantizar sus derechos, han construido y mantenido estructuras organizativas y experiencias propias de regulación social, base para la construcción de paz territorial.


Tierra y territorio en el departamento de Córdoba en el escenario del posconflicto (2016)

Este informe aborda las dinámicas del conflicto armado, los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades rurales, y el extractivismo en Córdoba. Cada una de estas perspectivas se analiza con base en visitas a terreno y en datos que organizaciones de la sociedad civil, así como entidades gubernamentales, han recolectado durante los últimos años. 

Córdoba: La tierra y el territorio (2014)

Con esta publicación se aporta al debate sobre la garantía del derecho a la tierra y al territorio y la construcción de propuestas incluyentes de acceso a tierras y desarrollo rural en el departamento.

 

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Coordinadora de publicaciones: Margareth Figueroa Garzón
Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Periodista asistente:
María Gabriela Novoa
Asistente de publicaciones: Alejandra Mouthon

Ilustradora: Martha Lucía Castro Ramos

Dentro de las acciones del proyecto Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla se realizó la segunda reunión de la Mesa de diálogo Multiactor de impulso a compromisos sobre seguridad y protección para reclamantes de tierras en Magdalena. En este espacio se discutieron los avances que han tenido las instituciones estatales en medidas para proteger la vida y la labor de los reclamantes.

En la mesa participaron líderes del Magdalena, instituciones estatales, organizaciones internacionales y organizaciones que acompañan los procesos de restitución de las comunidades de Diana María (Zona Bananera), Chimborazo (Puebloviejo) y Salaminita (Pivijay/Fundación). Para los participantes es importante trabajar en la protección a estas comunidades porque han registrado 142 hechos de violencia contra la población civil entre 2011 y 2016. De estos, dos casos son de homicidios y 109 amenazas directas y dos atentados.

Para las organizaciones convocantes hubo tres elementos que incrementaron la inseguridad a líderes de restitución. El primero es la reorganización de grupos paramilitares, algunos luego de cumplir condenas en Justicia y Paz. El segundo, el desprestigio a la política de restitución de tierras por parte del ex Procurador General Alejandro Ordoñez, ganaderos y terratenientes de la región, que estigmatizaron a los líderes reclamantes de tierras. Y el tercero que  continúan las amenazas a líderes por medio de panfletos y llamadas atribuidas a bandas criminales.

Franklin Ospina, presidente de la Asocarvirtmag, presentó sus preocupaciones por el desmonte de los equipos de seguridad de líderes de la región, llamado frente al que la representante de la Unidad Nacional de Protección afirmó que los estudios de seguridad se revisan constantemente y que se eliminan las medidas cuando los líderes no cumplen los requisitos expuestos en la ley, uno de ellos es la amenaza directa contra la persona.

Ospina también hizo un llamado a las entidades estatales para que las medidas de seguridad que se implementen sean colectivas y no personales, propuesta que fue respaldada por Leonardo Díaz, representante de Somos Defensores quien argumentó que las medidas personales de seguridad generan ruptura del tejido social en las comunidades y no solo legitiman las amenazas sino que no reducen el riesgo para las personas amenazadas.

La Policía Nacional afirmó tener registro de 6798 peticiones de proceso de restitución de tierras en el Magdalena. También alertó sobre la presencia de varios Grupos Armados Organizados entre ellos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Pachenca y los Costeños a quienes se les atribuyen la aparición de 10 panfletos amenazantes contra la población civil y a quienes se les conoce en la región como los ejércitos anti restitución.

Finalmente se lograron algunos acuerdos con los representantes de las entidades participantes para gestionar reuniones, talleres con las comunidades, y construir propuestas conjuntas de prevención y protección que se articulen con las políticas públicas que surgen del acuerdo de paz y que permitan mejorar las garantías para los líderes de procesos de restitución en el departamento.

 
Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones

El pasado 7 de junio se conmemoraron 18 años del desplazamiento forzado que sufrió la comunidad de Salaminita en el departamento del Magdalena. Algunos de los testimonios narran lo ocurrido ese día, resaltan la importancia de la conmemoración y exigen mayores garantías para el retorno a su territorio.

Click aquí para ver línea de tiempo del proceso de lucha por el acceso a la tierra de los habitantes de Salaminita.

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de Comunicaciones

Uno de los principales objetivos del Acuerdo de Paz producto de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP es “la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural”. Dicho horizonte es positivo, teniendo en cuenta la centralidad del problema de la tierra en el desarrollo del conflicto y la necesidad de generar cambios estructurales que mitiguen lo que se ha considerado como causas estructurales del conflicto: desigualdad en el acceso a la tierra, mínima garantía de derechos y escasa representación política de poblaciones rurales pobres, entre otros.

La Reforma Rural Integral del acuerdo –haciendo un resumen muy general–  contempla medidas vinculadas a la promoción del acceso a tierras a través de adjudicaciones y también de la constitución de figuras territoriales como las Zonas de Reserva Campesina; medidas para garantizar la caracterización de las tierras rurales en Colombia y las áreas de conservación y su protección; la elaboración de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial en las zonas mayormente afectadas por el conflicto con una amplia participación de las comunidades; y la puesta en marcha de Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral dirigidos a mejorar la infraestructura, los servicios básicos para la población rural y el apoyo a la economía campesina, familiar y comunitaria.

Después de la firma, el tema inmediato está referido a cuáles son los cambios normativos e institucionales, así como los instrumentos de política pública necesarios para materializar los acuerdos. En efecto, en un primer momento se trata de los ajustes normativos por medio del procedimiento conocido como fast track, que implica un trámite más expedito al normal. En este marco, el debate ha sido profundo y refleja las dificultades para concertar arreglos entre los múltiples actores interesados en la tierra.

El Gobierno presentó un ambicioso Proyecto de Ley de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural que reformaba casi por completo la normatividad agraria y de tierras y que fue resistida por sectores sociales, económicos y políticos. En todo caso, estos reparos vienen de distintos sectores que no pueden ubicarse en un mismo lugar: por ejemplo, entre las diversas posturas, una de estas proviene de grupos políticos y gremios que se oponen radicalmente al acuerdo de paz y consideran, de acuerdo a sus declaraciones, que con este se pone en riesgo la propiedad privada y se afecta la productividad. Un segundo conjunto de críticas proviene de organizaciones sociales que han expresado que parte de las propuestas del gobierno atentan directamente contra el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional.

En medio de la discusión el Gobierno optó por desarrollar una normativa específica vía Decreto Ley presidencial que contempla la creación del Fondo de Tierras y los procesos de formalización y acceso a tierras que debe surtir el trámite de Consulta Previa con los grupos étnicos; mientras otro tipo de medidas de mayor alcance serán tramitadas en el Congreso de la República.

Un segundo aspecto relevante se refiere al mecanismo de desarrollo normativo: el 17 de mayo la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones originales del fast track que contemplaba que los cambios realizados en el Congreso a los proyectos de ley debían contar con el aval del Gobierno Nacional y que además estos debían ser votados a favor o en contra en su totalidad.

Esto desde ya significa un reto importante para la implementación de los acuerdos de paz. Un primer asunto tiene que ver con los tiempos: pronto a vencer el periodo del fast track (prorrogable por seis meses más), a partir de ahora todo proyecto de ley surtirá una discusión pormenorizada artículo por artículo, corriéndose el riesgo de que los tiempos no den para desarrollar toda la normatividad necesaria, no solo en lo que respecta a Reforma Rural Integral. Un segundo riesgo tiene que ver con los cambios que los parlamentarios puedan hacer a las propuestas y que estos no sean coherentes con el Acuerdo de Paz.

Las discusiones en el Congreso de la República y la muy probable movilización social a favor de los acuerdos marcarán los ritmos del debate sobre las acciones de política pública necesarias para solucionar los problemas de la tierra en Colombia. Cómo convenir con distintos actores con intereses tan disímiles y diferentes apuestas sobre la tierra, el desarrollo rural y el ordenamiento territorial parece ser la pregunta en este momento. Y, en realidad, esta es la pregunta fundamental de todo proceso de construcción de gobernanza adecuada de la tierra y los recursos naturales. Para la ENI/Colombia este proceso debe partir por el reconocimiento y garantía de los derechos de las comunidades rurales como lo consigna el Acuerdo. Sin duda, de esto se trata la construcción de la paz.

 

Javier Lautaro Medina

Coordinador del Equipo Movilización, tierra y territorio.

Estrategia Colaborativa en Colombia por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio – ENI/Colombia

Artículo publicado en http://www.landcoalition.org

La comunidad de Salaminita, en Pivijay - Magdalena,  sufrió dos procesos de desplazamiento por grupos paramilitares. Uno de ellos fue en el centro poblado donde, luego del asesinato público de varios líderes sociales, derrumbaron las casas que existían. Con amenazas desplazaron a los pobladores de área rural, comprando sus predios a precios muy bajos. Antes los atropellos de los actores ilegales formaron la asociación ASORENACER con la que han luchado el derecho a volver a sus predios.

Esta línea de tiempo señala el proceso de lucha por el acceso a la tierra de estos campesinos los que han tenido que vivir difíciles actos de violencia. Aunque una orden judicial de restitución de tierras y reconstrucción del corregimiento arrasado, aún no se ha cumplido dicha orden judicial.

 

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