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Los títulos más recientes del CINEP/PPP serán presentados en la Feria de la Investigación CINEP, en la semana del 19 al 23 de octubre. Cinco días de conversación sobre poder, paz, conflicto, Estado y Derechos Humanos, y la investigación en este centro de investigación que suma 48 años de historia poniendo la razón y el conocimiento al servicio de la vida. 

Del 19 al 23 de octubre del 2020 se realizará la Feria de la Investigación CINEP - Publicaciones para tiempos difíciles, con el lanzamiento de sus más recientes títulos sobre Poder y Conflicto, y la presentación de documentos, libros y revistas que comprenden el acervo investigativo reciente del CINEP/PPP. El evento será de carácter virtual y tendrá transmisión por facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz y en Youtube.com/Cinepppp.

Hace 48 años el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, fusionado luego en los noventa con el Programa por la Paz, produce conocimiento desde sus diversas líneas de investigación que incluyen los Derechos Humanos, el Estado, el conflicto, la paz, el territorio, la ruralidad, las mujeres, las comunidades afro e indígenas en Colombia y su campesinado, el medio ambiente,  la verdad, entre otros, de la mano de los pobladores y líderes sociales de las distintas regiones de la geografía colombiana. 

A la par con conversaciones virtuales donde será presentadas las novedades de la Colección Territorio, Poder y Conflicto que lidera el padre Fernán González, así como la producción de distintos equipos de investigación del CINEP/PPP, se presentarán el Sistema de Información General, uno de los pilares de la investigación no solo del CINEP sino de muchos investigadores locales e internacionales. Este Sistema cuenta con 5 bases de datos y un sistema de georeferenciación de consulta interna y, en algunos casos, pública. 

Cinep/PPP es una organización sin ánimo de lucro que tiene una mirada crítica y alternativa de la realidad; por eso, en tiempos tan adversos como los que han ocurrido recientemente en el país, abre un espacio para la agenda investigativa y la interacción con el país. Poner la razón al servicio de la vida, ha sido durante cinco días el día a día del Centro de Investigación y Educación Popular reconocido por su rigurosidad y compromiso con la justicia social y los derechos humanos. 

La programación sigue en construcción.

Pueden buscar información en las redes sociales con la etiqueta #PublicacionesParaTiemposDifíciles.

Lunes 19 de octubre

12 pm: Iglesias y construcción de paz.

Invitados: Jose Darío Rodriguez, Fernán González, Ulrikke Purrer.

3 pm: Para qué el diálogo social. Revista Controversia #214.

Invitado: Carlos Duarte.

Martes 20 de octubre

3 pm: #Ruralidad Mujeres, tierra y territorio en América Latina.

Invitados: Irene Mamani – Bolivia, Claudia Aguilar - El Salvador, Nhelsyr González – Venezuela, Lidia Ruiz Cuevas – Paraguay, Edilia Mendoza - Colombia. Modera: AnaM. Restrepo CINEP/PPP. Con: International Land Coalition ILC.

5 pm: La crisis de la salud y la COVID19: Documento Ocasional.

Invitados: Mauricio Torres, Natalia Paredes y Javier Medina, CINEP/PPP. Modera: MartaC. Restrepo.

 

Miércoles 21 de octubre

12 pm: Conversatorio Verdad y Memoria.

Invitados: Mónica Álvarez, Red de Lugares de Memoria; José Antequera, Centro Memoria Distrital; Javier Giraldo.  Modera: Angela Ballesteros , CINEP/PPP.

3 pm: #Educación Geografiar el Caribe.

Invitados: Jorge Rowlands y María Cayena Abello. Jenny Ortiz y Luisa Rodríguez, CINEP/PPP.

5 pm: Más allá de la coyuntura con Fernán González.

Invitados: Fernán Gonzalez SJ, Ingrid Bolívar y Francisco Gutiérrez.

 

Jueves 22 de octubre

12 m: (PRIVADO). Jóvenes investigadores del CINEP/PPP.*

Invitados: Laura Henao; Luisa Rodríguez; Leidy Laura Pernet; Santiago Garcés; Andrés Aponte; Jenny Ortiz; Marcela Pardo*; Julián García; Catalina Serrano.

3 pm: #Paz Transformación noviolenta de conflictos en Colombia.

Invitados: Laura Henao y Juan Carlos Merchán, CINEP/PPP

5 pm: #PoderyConflicto Arme y desarme en Colombia.

Invitados: Francy Carranza, Andrés Dávila y Fernán González. Modera: Alvaro Sierra. France 24.

 

Viernes 23 de octubre

3 pm: Publicaciones para tiempos difíciles: Cinep como centro de investigación al servicio de Colombia.

Invitados: Víctor Barrera, Ana María Restrepo. Modera: Alejo Vargas, UNAL.

5 pm: #Verdad #JEP Informe "Violencia, racismo y conflictos ambientales: el despojo de tierras en Cocolatu, Chocó.

Invitados: Juan Pablo Guerrero CINEP/PPP y líderes comunitarios.

Aliado: COCOLATU.

*Evento realizado con previa inscripción, los demás será transmitidos por nuestra fanpage y nuestro canal de Youtube

Por:  Erika González. Comunicaciones CINEP/PPP

Tras el homicidio del abogado Javier Ordóñez, en dos días de protesta son 14 las personas asesinadas con arma de fuego, y 76 heridos solo en Bogotá. La alcaldesa Claudia López, asegura que la Policía le desobedece. ¿Quién está tras las órdenes? ¿Quiénes responden? ¿Quiénes nos cuidan? Organizaciones sociales exigen reforma a la Policía, judicialización, y cambios estructurales para que las instituciones sirvan al pueblo, no que lo masacran cuando expresa su descontento o promueve el Acuerdo de Paz.

María del Carmen, Eidier, Julieth, Andrés, Jaider, Fredy, Germán, Julián, Angie, Cristhian, Lorwan, Gabriel y Javier, en su mayoría jóvenes, que fueron asesinados en medio de las protestas que desató la muerte del abogado Javier Ordónez a manos de policías del CAI de Villa Luz, en Bogotá. Las calles volvieron a llenarse de manifestaciones masivas en rechazo al asesinato de ciudadanos por la Policía. ¡Nos están matando! Es la expresión ciudadana que se refiere también al homicidio de líderes sociales. Tan solo ayer cayeron Cristóbal Ramos y Jhon Jairo Dávila, al tiempo que Yoni Valdés fue víctima de un atentado. 

El descontento general que se expresa en las calles y en la virtualidad lleva por consigna la justicia por el asesinato continúo a quienes, en ejercicio del derecho a la protesta, reciben como respuesta la muerte por parte de las fuerzas que deberían protegerles. Además, en medio de la crisis social generada por la pandemia, la situación humanitaria en general del país se deteriora. A la par con el regreso de las masacres, el desplazamiento forzado, las ejecuciones judiciales, no hay garantías para la protesta. El deterioro del panorama humanitario, y en general de la garantía de los derechos del pueblo colombiano han derivado en una situación de orden público donde los asesinatos y uso desmedido de la Fuerza Pública siguen protagonizando. 

“El poder político y la fuerza deberían ser neutral, servir a toda la población en vez de estar al servicio de los ricos”, opina Alejandro Angulo del Cinep/PPP. Los hechos de violencia de parte de la Policía hacia los ciudadanos y manifestantes no son hechos aislados y responden a un movimiento mundial que se agudiza por el disgusto de las ciudadanías frente a las injusticias que cometen los Estados, explica el padre Angulo.  

Según la Campaña Defender la Libertad a las 10:30 pm del 10 de septiembre, 128 personas estaban detenidas en la capital colombiana. Algunas de ellas menores de edad, otras, habiendo pasado más de 26 horas retenidas sin que un juez conociera su proceso. Las denuncias sobre la actuación de la Policía en las noches del 9 y 10 de septiembre van más allá de una detención irregular. Abundan los videos que evidencian uso excesivo de la fuerza, tratos crueles, detención a personas defensoras de DD.HH, capturas y procedimientos irregulares, como hombres de civil intercambiando armas con uniformados y disparando en Bogotá. En Medellín se registraron motos con dos hombres a bordo sin uniformes ni placas y con armas cortas. Los disparos de armas de fuego y explosivos plagaron las protestas de ayer también en Barranquilla, Cali, Tunja y otros municipios colombianos.

“El uso de armas de fuego en las protestas es injustificable” expone Angulo, sacerdote jesuita, que hace décadas registra junto al equipo del Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política las violaciones a los derechos humanos de los colombianos dejando en primer lugar a la Fuerza Pública.

Angulo asegura además que hay una responsabilidad compartida en los focos y actos de protesta, dejando ver los pedidos y las exigencias con contundencia pero sin destrucción ni vandalismo. Hay que evitar que las justas luchas sociales se conviertan en actos vandálicos, asegura, y revisar el entrenamiento de la Policía.  Según la alcaldesa de Bogotá Claudia López los policías “desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía”, y cuestionó a quién obedecen. En ese sentido, hizo un llamado a la “justicia, acción y reforma” de este cuerpo.

Por su parte, plataformas de DDHH. y organizaciones expresaron esta necesidad, señalando que es necesaria una doctrina en la fuerza pública que se adecúe a la transición hacia la paz, lo que también implica que la Policía Nacional esté subordinada al Ministerio de Interior, y no al de Defensa, como ha sido hasta ahora. También piden el fin de la justicia penal para los policías, y llevarlos a la ordinaria. 

El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Cement Voule, expresó que: Los autores de uso excesivo de la fuerza deben ser sancionados, y son necesarias reformas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a la Fuerza Pública a garantizar el derecho a la vida, la integridad y la libertad de manifestación. 

En el tercer día consecutivo de movilización social tras el asesinato de Javier en Bogotá, después de que policías le aplicaron un teaser electrónico y una golpiza tras llevarlo al CAI, los jóvenes y ciudadanos se dieron cita en las calles y principales ciudades de Colombia. Otras expresiones culturales y pedidos de resistencia pacífica se convocan para este fin de semana en decenas de municipios del país. 

Por:  Juanjosé Gutiérrez y Katalina Vásquez. Comunicaciones CINEP/PPP

En Colombia, el día de los derechos humanos –que casi siempre coincide con la Semana por la Paz— es el 9 de septiembre. Esta fecha se ha establecido como homenaje al jesuita español San Pedro Claver (1528-1654). Nació en Verdú, España, vino a estas tierras de misión recién entrado a la Compañía de Jesús. En Tunja y Bogotá hizo sus estudios eclesiásticos y fue ordenado sacerdote. Luego le enviaron a Cartagena de Indias donde pasó el resto de su vida dedicado a evangelizar y tratar con dignidad a los esclavos negros que eran traídos de África a Cartagena de Indias, ciudad donde eran comercializados como cualquier mercancía.

Si bien en la época de San Pedro Claver la humanidad aún no había logrado desarrollar un concepto de derechos humanos tal como los conocemos hoy, el reconocimiento que Claver hizo de la dignidad de los esclavos a través de su misión evangelizadora fue un paso inmenso en la afirmación de su igualdad en relación con el resto de los seres humanos. Quienes no leen críticamente y en contexto los hechos históricos, acusan a San Pedro Claver de bautizar a la fuerza a miles de esclavos africanos, desconociendo con ello que, en esa época, la mejor manera –si no la única— de igualar blancos y esclavos era el bautismo. Así, por obra y gracia de la recepción de este sacramento, los esclavos se convertían en “seres humanos” en un entorno social en el cual los negros eran considerados y tratados como animales. La audacia de San Pedro Claver consistió justamente en romper los esquemas sociales del momento dándoles trato humano y digno a los esclavos africanos; esto explica su afán de cuidar de ellos curando sus heridas y cristianizarlos mediante el bautismo y la catequesis. Misión que le trajo al santo no pocas dificultades al interior de la Compañía, la sociedad de la época y su establecimiento.

La defensa de los derechos humanos hoy, inspirada en la ética cristiana que profesó San Pedro Claver en la sociedad esclavista de su tiempo, nos trae varios retos de los cuales señalaré algunos: los derechos humanos están fundamentados en la igualdad de los seres humanos. En términos teológicos esto significa que los derechos humanos se respetan a todos –hombres y mujeres— porque compartimos una misma condición de igualdad que nos da el ser hijos de Dios, imago Deo (Encíclica Pacem in Terris, Juan XXIII, 1963, parágrafos 9, 36). El reto es, por lo tanto, superar los derechos humanos como discurso y ubicarse en la realidad propia de las víctimas, de los excluidos y oprimidos de nuestras sociedades. Es la exigencia de la igualdad desde la experiencia de la desigualdad, de la exigencia de un trato humano desde realidades que nos hacen vulnerables. Desde esta perspectiva, nuestra proximidad a las víctimas se modificaría sustancialmente, pues ésta se haría desde su propia realidad, desde el “no poder”.

Otro reto es lograr un sano equilibrio entre el aspecto individual y comunitario de los derechos humanos. Si bien es cierto que éstos fueron formulados como defensa de los seres humanos en cuanto seres humanos y les protege de amenazas y atentados contra la vida, libertad y dignidad provenientes en la mayoría de los casos de los Estados y los poderes que los conforman, es menester reconocer que un desmedido acento vindicativo e individualista de los derechos humanos puede dejar de lado su aspecto societal, necesario para la construcción del bien común. Por el contrario, un marcado acento en su aspecto social y comunitario podría conducirnos al riesgo de ahogar al individuo en fenómenos colectivos (por ejemplo, nacionalismos exacerbados) fácilmente manipulables por ideologías y caudillismos. Quizás si pensamos en los derechos humanos como aquellos que permiten a los individuos insertarse en comunidades políticas donde hay espacio para la autonomía personal y la construcción de proyectos colectivos, lograríamos el sano equilibrio antes anunciado. En otras palabras, tenemos el reto de hacer de los derechos humanos un instrumento que ayude a construir el tejido social donde todos somos responsables de nosotros mismos y de otros.

Continuando la línea anterior y como tercer reto, el cuidado de la creación nos exige pensar en el valor y la fragilidad de la naturaleza, descentrándonos de nosotros mismos y limitando nuestro poder (Encíclica Laudato Si, Francisco, 2015, Nro. 78). La urgencia del cuidado de la casa común rompe el paradigma liberal e individualista de los derechos humanos y nos hace responsables de obtener niveles de desarrollo y calidad de vida en armonía con la naturaleza (LS, Nro. 147). La integración de los derechos humanos --en su aspecto más subjetivo— a la naturaleza, pasa por la vivencia profunda del cristianismo que de ninguna manera está desconectada de las realidades del cuerpo, de la naturaleza y el mundo (LS, Nro. 216).

San Pedro Claver no fue un defensor de los derechos humanos en el sentido que hoy entendemos; en cambio, fue un misionero que se comprometió a fondo en el acompañamiento de los esclavos en Cartagena de Indias. En su labor misionera encontramos valores intrínsecos que la modernidad constituye fundamento de los derechos humanos como son el respeto a la dignidad, la igualdad, la solidaridad y la justicia. Así mismo, hoy, podemos reconocer que los derechos humanos tienen un alto contenido ético-cristiano, el que se apuntala en el principio de dignidad para todos los seres humanos sin distinción alguna.

Por: John Montoya Rivera S.J.

En la edición 33 de Semana por la Paz, CINEP/PPP se suma al llamado “movámonos”. Les compartimos nuestra programación en este certamen que nos invita a estar, más que nunca, juntos en la dignificación y defensa de la vida. 

Hace 33 años, en el mes de septiembre, Colombia realiza una movilización que busca el logro de un objetivo común: la Paz. La Semana por la Paz es una sinergia que crea espacios para la visibilización de iniciativas que promueven y construyen paz desde los territorios y la cotidianidad. A su vez, estos espacios reconocen la solidaridad, la empatía y la esperanza de personas y organizaciones que mediante sus proyectos dignifican la vida, fomentan el comportamiento colaborativo y nos reencuentran con la Paz. 

En la difícil coyuntura actual, con más de 50 masacres en lo que va del año y el creciente asesinato de líderes sociales y firmantes de paz, la Semana por la Paz cobra aún más importancia. Sin embargo, debido a la pandemia los eventos que se llevarán a de manera virtual únicamente. Este año el lema es “Reencontrémos con la paz” y “movámonos.  CINEP/PPP es uno de los muchos promotores de esta movilización ciudadana cuyo objetivo es visibilizar el esfuerzo cotidiano de miles de personas que trabajan en la construcción y consolidación de la paz, y de iniciativas que dignifiquen la vida. Se realiza la primera semana de septiembre porque el día 9 de este mes, se celebra el Día de los Derechos Humanos en Colombia y el Día de San Pedro Claver.

                                                                                                                 

 

Les invitamos a participar de la programación de CINEP/PPP donde reafirmamos nuestro compromiso con el derecho a la paz:

La espiritualidad como herramienta de construcción de paz. 8 de septiembre. 11:00 am. 

Transmisión en: https://www.facebook.com/Compensarinfo

Diálogos de Paz. Saberes para la construcción de paz desde las regiones. 10 de septiembre. 10am

Transmisión en:  https://www.facebook.com/CTV.Barranquilla104

Canal 104 de Claro Barranquilla

Desafíos de la participación y la construcción de paz en el aislamiento. 10 de septiembre. 2:00 pm. 

Invitados: Luis Guillermo Guerrero, director del Cinep/PPP; Luciano Sanín Vásquez, director de Viva la Ciudadanía; Juan Esteban Cárdenas, Estudiante grado 11 IED Restrepo Milán y Gina Cristina Cardona Álvarez, Docente Colegio Rural Quiba Alta. 

Transmisión en: https://www.facebook.com/Educacionbogota

Las regiones nos reencontramos por la Paz. 11 de septiembre. 10:00 am. 

Invitados: Ana Milena Jiménez, Fundación Ambiental Dapaviva; José Elías Pilimue, Cabildo Misak; Johana Durán, Fundación Mujer y Futuro; Yuli Yovana Correa, ASINCH; Fernando Castrillón, Grupo Semillas. Moderación: Wilson Castañeda, Caribe Afirmativo. Invitados especiales: Adriana Lizcano y Edson Velandia. 

Transmisión en: https://www.facebook.com/caribeafirmativo

A continuación la programación completa de la #SemanaporlaPaz33

 

Por: Daniela Ramírez. Comunicaciones CINEP/PPP

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Desde el año pasado, antes de la pandemia, el aumento del desempleo juvenil en Latinoamérica ya estaba en niveles alarmantes. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, el aumento de desempleo juvenil en el continente se ubicó en el diecinueve punto ocho por ciento. La cifra más alta en los últimos veinte años.

Según el profesor Roberto Sánchez Torres, de la Universidad Nacional de Bogotá, esta situación se debe a tres factores: Primero, la menor experiencia de los jóvenes como barrera para entrar al mercado laboral. Segundo, hay una desconexión entre el aparato productivo y el sector educativo, las personas se capacitan en carreras que no se necesitan y, tercero, los jóvenes pueden durar más tiempo sin empleo a diferencia de las personas jefes de hogar.

Por otra parte, asegura Sánchez, la tasa de desempleo en las mujeres jóvenes es más alta que la de los hombres. La población juvenil con carreras universitarias tiene una tasa mayor de desempleo y quienes tienen pocos recursos económicos terminan aceptando cualquier tipo de trabajo sin importar la precariedad del mismo. Las ciudades más impactadas, antes de la pandemia, por el fenómeno del desempleo juvenil son: Quibdó con el veinte siete punto nueve por ciento, Florencia con el veinticinco punto tres por ciento, Ibagué con el veinticinco punto dos por ciento, entre el veinticuatro y el veinte por ciento están Armenia, Riohacha, Cúcuta, Santa Marta, Tunja, Cali, Manizales, Montería y Pasto y, por debajo del veinte hasta el catorce por ciento se ubican Sincelejo, Neiva, Villavicencio, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Pereira. Ahora con el Covid-19 las tasas se han elevado entre diez y cinco puntos porcentuales, llegando a una situación desafiante e insostenible para la población juvenil y sus familias. El Dane presentó su informe sobre mercado laboral de la juventud durante el trimestre abril a junio de este año, mostrando una tasa de ocupación juvenil de treinta y tres punto siete por ciento, lo que significa una disminución de doce y medio puntos porcentuales, comparado con el trimestre abril-junio del año pasado, que alcanzó un cuarenta y seis punto dos por ciento, impactando por igual a hombres y mujeres.

Frente a este fenómeno el gobierno nacional ha establecido algunas políticas públicas para que la juventud de los contextos urbanos, no así los rurales, tengan el primer empleo y se fomente los emprendimientos autónomos, pero es insuficiente. Las estrategias son débiles y no apuntan a las causas de fondo ya expuestas.

Además de las siniestras masacres que han golpeado a miles de jóvenes en diversas regiones del país, en medio de la violencia que aún persiste, el presente y futuro del empleo y de las actividades económicas de los trece millones de jóvenes en el país, entre los catorce y los veintiocho años está al garete y sin alternativas viables y concretas.

En marzo del año pasado, en la exhortación postsinodal Christus Vivit dirigida a los jóvenes, el Papa Francisco considera la importancia que tiene el trabajo para ellos y ellas, y dice: “No siempre un joven tiene la posibilidad de decidir a qué va a dedicar sus esfuerzos, en qué tareas va a desplegar sus energías y su capacidad de innovar. Porque además de los propios deseos, y aún más allá de las propias capacidades y del discernimiento que uno realice, están los duros límites de la realidad. Es verdad que no puedes vivir sin trabajar y que a veces tienes que aceptar lo que encuentres, pero nunca renuncies a tus sueños, nunca entierres definitivamente una vocación, nunca te des por vencido. Siempre sigue buscando, al menos, modos parciales o imperfectos de vivir lo que en tu discernimiento reconoces como una verdadera vocación”

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

 

Con una movilización repleta de expresiones culturales la comunidad de La Boquilla, Cartagena, respaldó al Consejo Comunitario de esa localidad en su lucha por defender la titulación de 39 hectáreas que les fueron adjudicados años atrás y que un Tribunal de Bolívar pretende quitarles con un acto administrativo. Compartimos la mirada de la investigadora del Cinep/PPP Leidy Laura Pernet.

"Viene la ola

La Boquilla está en la zona

Tierra nuestra, la defendemos ahora

¡Gente negra!

¡Resistencia!

Ponte pilas que se quedan con la tierra".

Estrofa adaptada de la champeta “La Marea”.

La Boquilla es una comunidad negra al norte de Cartagena. Entre la Ciénaga de La Virgen y el mar Caribe se ubica esta población que, históricamente, ha sido integrada por pescadores, masajistas, restauranteros y restauranteras, entre otras personas que desempeñan oficios vinculadas al mar y la cría de animales. En 2012 el Consejo Comunitario de La Boquilla logró la titulación colectiva de 39 hectáreas baldías, adjudicadas a 10 mil familias. La entrega de esta titulación hizo parte de la agenda de la Cumbre de las Américas, que en ese año tuvo lugar en Cartagena.

Sin embargo, el pasado 31 de julio del año en curso el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró, en primera instancia, la nulidad de la resolución 0467 a partir de la cual se otorgó dicha titulación. Esa sentencia constituyó un retroceso para los derechos étnico-territoriales de las comunidades negras que han sido reconocidos a partir de la acción política de los movimientos sociales. Además, desconoce que estas comunidades son sujetas de especial protección.

El derecho a la propiedad colectiva del territorio parte de reconocer la presencia ancestral de estas comunidades en el mismo, haciéndolo habitable, construyendo colectivamente relaciones productivas, reproductivas e identitarias que han posibilitado su vida ahí; de manera que, de ser expulsadas, su pervivencia material y cultural se pondría en riesgo. La titulación colectiva opera también como una forma de protección para garantizar la permanencia en el territorio, conforme a los planes de vida y la autonomía organizativa de las comunidades, ante la arremetida de los megaproyectos.

La sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, niega este avance en derechos para las gentes negras, sujetas de especial protección constitucional, y desconoce toda la normatividad internacional y nacional. El convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia, en su artículo 13 al 16 establece, entre otros aspectos, que los gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales  de los pueblos tiene su relación con la tierra o territorios, reconocer la propiedad sobre el mismo, así como sus derechos sobre los recursos naturales. A su vez, la Ley 70 de 1993, en su artículo 55 transitorio, también reconoce el derecho al territorio colectivo.

El fallo citado da cuenta del racismo estructural con el que ha operado el desarrollo turístico e inmobiliario en la ciudad, que hoy amenaza con despojar a la comunidad negra de La Boquilla, que se encuentra rodeada de grandes hoteles y edificios residenciales con vista al mar, interesados en adquirir los baldíos titulados para comercializar este suelo. Esto no es nuevo en Cartagena, que ha aplicado la segregación racial del espacio como parte del ordenamiento urbano y la modernización de la ciudad; todo un proyecto de higinienización y estetización tremendamente racista. Muestra de ello fue la desaparición en 1939 de Pekín, Boquetillo y Pueblo Nuevo, los primeros barrios afro y populares extramuros, ubicados alrededor de la muralla; esto con la intención de construir la hoy llamada Avenida Santander. Igual suerte corrieron las familias negras asentadas en Chambacú –barrio ubicado a menos de 100 metros del centro histórico- que en 1971 fueron desplazadas hacia diferentes barrios periféricos al sur de la ciudad.

Pese a esto, las comunidades negras siguen resistiendo a estas políticas racistas de la planeación del “desarrollo” en Cartagena. El 2 de septiembre el Consejo Comunitario radicó la apelación al fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar. Esta acción se acompañó de una Gran Expresión Cultural, que movilizó a la comunidad boquillera, así como a los consejos comunitarios de otras comunidades negras y raizales, movimientos y organizaciones sociales, que agenciaron una juntanza para defender el territorio contra el despojo, el acaparamiento de tierras y la gentrificación. A través de tambores, cantos, y con usos creativos del cuerpo, las voces se unieron para afirmar ¡Yo no me voy, aquí me quedo! entonando la canción de Yadira Gómez, la cantautora de La Boquilla reconocida como Chamaría de los Manglares:

Yo no me voy, aquí me quedo

Esta tierra es mía, aquí me quedo

A cría gallinas, marrano y carnero

En esta movilización, que apeló a la potencia política de lo festivo, los cuerpos –cuidándose entre sí en medio de la pandemia- se vincularon a través de una cabuya que simbolizó la tralla utilizada por los pescadores: todas y todos jalando hacia una misma apuesta política. Este fallo de nulidad ha constituido una oportunidad de seguir fortaleciendo las articulaciones en Cartagena en favor de la permanencia digna en el territorio.

El asesinato de Edis Care no es el primero del Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó (Cocolatu). Estos crímenes y otras estrategias de los despojadores del Bajo Atrato son un obstáculo para la consolidación de la paz y por supuesto, para la restitución de tierras a las víctimas. La familia de Edis es reclamante de 110 hectáreas en Riosucio, Chocó.

Edis Manuel era presidente del Consejo Local de la Comunidad Despensa Media, en el Consejo Comunitario de Curbaradó, Chocó, pero residía de manera temporal en la comunidad Villa Nueva. Tenía 65 años y su esposa, madre de 5 hijos, reclama 110 hectáreas en dicha comunidad. El lunes 24 de agosto, a las 9 de la noche, dos hombres vestidos de civil y fuertemente armados irrumpieron en su vivienda y acabaron con su vida mientras descansaba en compañía de su esposa. Pasaron más de 20 horas hasta que se realizó el proceso de levantamiento. Edis había recibido amenazas de muerte por su rol y hacía parte del Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó (COCOLATU) que se prepara para presentar el informe de su victimización y despojo a la JEP y la Comisión de la Verdad el próximo 24 de septiembre y que había advertido de las amenazas y riesgo de ataques este año, tal como lo expresan en el comunicado que emitieron tras el homicidio de Edis:

“Advertimos en un reciente comunicado generado en el mes de abril del año en curso, sobre las amenazas, los hostigamientos, la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia y de ataques – agresiones a líderes/as por parte de terceros ajenos al territorio y grupos armados ilegales, para controlar social y territorialmente al sujeto colectivo. Dichas acciones, así como de variados asesinatos selectivos “totalmente invisibles” a razón de la NO denuncia por temor a retaliaciones, las consideramos el “pan de cada día” en COCOLATU”

Cocolatu: más de 20 años reclamando tierras y enterrando líderes

Cocolatu es un consejo de comunidades negras conformado desde 1999 y beneficiario de titulación colectiva desde 2000, por la resolución 1805 del 22 de noviembre de ese año. Hace parte del municipio de Riosucio, Chocó, y tiene una extensión de 107 mil hectáreas y 49 comunidades tradicionalmente habitadas por personas afro y mestizas

Dicha titulación llegó cuando el 76% de la población que habitaba el territorio colectivo se encontraba en situación de desplazamiento, entre 1996 y 2002. Actualmente, allí habitan unas 5.803 personas, que recientemente fueron acreditadas como víctimas colectivas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del macrocaso 04: La situación territorial derivada del conflicto armado ocurrida en la región de Urabá, y que cobija a los territorios del Bajo Atrato y Darién. 

Entre las múltiples vejaciones de las que ha sido víctima esta población se encuentran los asesinatos a sus líderes, los ocurridos el 19 de agosto y 27 de noviembre de 2019 contra los líderes Jesús Alberto Sanchez y Mario Castaño Bravo son una muestra de ello. Desde entonces, el riesgo para la comunidad no ha disminuido: en marzo de este año, hombres armados amenazaron de muerte a familias integrantes del Consejo; posteriormente, personas llegaron en vehículos hasta la zona y los señalaron como invasores, advirtiendoles que si no desalojaban, se atendrían a las consecuencias. 

Juan Pablo Guerrero, investigador del Cinep/PPP y quien acompaña este Consejo, afirma que: 

“Si hay un obstáculo para la construcción de paz en el Bajo Atrato es el despojo y la usurpación de tierras, un territorio con un contexto complejo en el que hay poseedores o empresarios de mala fe que se han hecho con tierras a través de un patrón de macrocriminalidad que incluye el desplazamiento, la amenaza directa y los homicidios, así como las compras ilegales, los arriendos fraudulentos y la ocupación de facto”.  

El investigador detalla que en Chocó, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) pretende restituir más de un millón de hectáreas de tierras, una labor que considera titánica. Tras 11 años de acompañamiento a la comunidad del Bajo Atrato, Cinep/PPP ha podido identificar aproximadamente 442 opositores a este proceso, “muchos de ellos relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo”, según Guerrero.

Además, explica Juan Pablo: 

“Hay una clara una estrategia para obstaculizar las reivindicaciones de derechos territoriales por parte de diversos actores”. Entre los riesgos que identificados Guerrero señala “la connivencia de ocupantes de mala fe, actores armados y funcionarios públicos para agredir a reclamantes de tierra; la presencia y control territorial de grupos paramilitares como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el Bajo Atrato; y la estigmatización al proceso de reclamo de tierras por parte de líderes políticos, gremiales y altos funcionarios del Estado”.

La garantía de vida y buen vivir

Hoy, una vez más en duelo y bajo amenaza, COCOLATU reclama que el Estado los proteja de los riesgos que enfrentan por reclamar sus derechos. A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) piden que garanticen efectivamente su participación en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Entre las demás exigencias del Consejo están:

Al Presidente de la República Ivan Duque Márquez, que encabece un consejo de seguridad en el municipio de Riosucio (Chocó), en el cual se evalúe la situación de orden público y los últimos hechos violentos ocurridos en la subregión del bajo Atrato (Chocó)
A la Fuerza Pública (Ejército y Policía), que cumplan con su misión de proteger la vida, libertad e integridad de los ciudadanos, lo que implica reconocer la existencia de una estrategia violenta y sistemática en contra de los procesos organizativos y reclamantes de tierras del bajo Atrato (Chocó).

A la Fiscalía General de la Nación, que adelante con celeridad los procesos de investigación de los responsables de este infame asesinato, así como de los procesos de investigación penal contra los responsables de las amenazas y acciones violentas contra las comunidades de COCOLATU.
A la Unidad Nacional de Protección, a que realmente implemente las medidas protección colectiva de COCOLATU – Resolución 787 de 2020.
A la Unidad de Restitución de Tierras, que garantice el avance de la etapa judicial del proceso de restitución, en condiciones de seguridad para las víctimas de COCOLATU.


Al Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, que se pronuncie en relación al sistemático incumplimiento de la adopción preventiva de una medida cautelar (Auto interlocutorio N.° 00181 del 12 de diciembre de 2014) y fortalezca la protección territorial del sujeto colectivo de COCOLATU.

A la Gobernación del Chocó a citar, liderar y realizar un Comité de Justicia Transicional Ampliado, en el marco del cual se formalice, adopte y defina la implementación de medidas efectivas de atención, prevención y protección en contra de los reclamantes de tierras de la región del bajo Atrato (Chocó) y Urabá (Antioquia).

A la comunidad internacional, que acompañe el proceso de restitución de derechos territoriales de COCOLATU. 

Después de la firma del Acuerdo de Paz en diciembre de 2016, el asesinato de líderes sociales y la escalada de violencia se ha agravado hasta sumar 1004 defensores de derechos humanos asesinados desde entonces a la fecha, según Indepaz. Uno de los sectores más afectados es el de reclamantes de tierras, así como aquellos que promueven la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y quienes se oponen a proyectos minero energéticos. El deterioro de la seguridad para campesinos, indígenas, afro y poblaciones populares incluyendo a nuestros jóvenes se evidencia este año en la horrenda cifra de 45 masacres en lo que va de 2020. La tragedia también incluye  el asesinato de 224 hombres y mujeres de Farc que dejaron las armas.

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez. Comunicaciones CINEP/PPP

Un estudio de caso global muestra que los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente se enfrentan a mayores riesgos en el contexto del covid-19. Comunicado firmado por Cinep/PPP y otras 8 organizaciones internacionales. 

Con ocasión del día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), cinco meses después de que la OMS declarara al COVID-19 como una pandemia mundial, hacemos un llamado de atención urgente a los efectos desproporcionados del virus y el confinamiento que sufren los pueblos indígenas y otros defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente, especialmente vulnerables en la crisis actual.

La Defending Land and Environmental Defenders Coalition (DDCoalition), integrada por organizaciones que trabajan en apoyo de los defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo, ha estado reuniendo informes sobre amenazas, hostigamientos y ataques contra los defensores de la tierra y el medio ambiente desde mayo. Recopilados a través de LANDex e informes públicos, la verificación de estos casos está en curso, pero se han identificado tres tendencias generales: las amenazas contra los defensores de la tierra y el medio ambiente no han disminuido durante la pandemia; por el contrario, han surgido nuevos tipos de riesgos; y en el contexto actual, los pueblos indígenas están particularmente expuestos a amenazas y ataques.

"A lo largo de esta pandemia, en particular en las respuestas de los gobiernos y los garantes de derechos, estamos siendo testigos de que los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas corren un mayor riesgo de ser blanco de ataques, acosados e incluso asesinados a medida que se restringe el movimiento y los gobiernos amplían las leyes", dijo Kathrin Wessendorf, directora ejecutiva del International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). "Se están llevando a cabo iniciativas al amparo del desorden causado por la pandemia o la ampliación de las medidas de emergencia".

En los mencionados informes se muestran elementos comunes que aparecieron en todos los casos, destacando las muchas formas en que la pandemia está afectando a las comunidades indígenas. Además de ser especialmente vulnerables al riesgo para la salud que supone el COVID-19 -con acceso limitado a los servicios de salud y otras medidas preventivas-, la continua pérdida (y la falta de reconocimiento) de sus tierras tradicionales ha generado inseguridad alimentaria y ha obligado a muchos indígenas a abandonar sus comunidades, en búsqueda de trabajo en el sector informal o de primera línea (labores que implican exposición a personas, etc.), exponiéndolos aún más al COVID-19.

Durante la pandemia y el consiguiente confinamiento, muchos gobiernos han sido menos receptivos y han estado más ausentes en las zonas de conflictos de tierras. En muchos países se ha suspendido el poder judicial, se ha intensificado la vigilancia y se han promulgado leyes de emergencia para contener la propagación del virus, las cuales han sido utilizadas para detener a los disidentes. El activismo se ha limitado en un momento crucial, ya que las protestas y manifestaciones suelen estar prohibidas, a pesar de que estén permitidas las actividades controvertidas -que incluyen desalojos, demoliciones y proyectos extractivos, como la minería-. En algunos casos, esos proyectos se han beneficiado de incentivos gubernamentales por considerarse áreas de "interés prioritario" para las economías nacionales.

Entre los casos reunidos por las organizaciones, hay un número sorprendente de demoliciones y desalojos a comunidades indígenas, étnicas y locales en un momento en que se emitieron nuevos permisos ambientales, se otorgaron concesiones y nuevos proyectos y se obligó a la sociedad civil -entre ellos a quienes brindan apoyo legal, periodistas y manifestantes- a permanecer en sus hogares.

En Kenia, el gobierno se burló de un fallo histórico del 2017 de la Corte Africana el cual confirmó el derecho del pueblo Ogiek a sus tierras ancestrales, y el 2 de julio inició un desalojo a gran escala de al menos 300 familias Ogiek. El desalojo forzoso se ha producido a pesar de la moratoria sobre los desalojos durante el COVID-19 y las familias desalojadas, ahora sin hogar, se verán expuestas aún más al COVID-19.

En Nepal, los pueblos indígenas Chepang se enfrentan a riesgos similares, ya que unas 60 familias vieron sus casas quemadas supuestamente por las autoridades del parque a finales de julio. En medio de la temporada de los monzones, estas familias se encuentran sin hogar y más expuestas al COVID-19. Dos meses antes, 25 casas de la comunidad Dalit, sin posesión de tierras, fueron demolidas en Mushar (Nepal) para dar paso a una nueva carretera. En la segunda semana de abril, dos hoteles administrados por indígenas Ogoni en el estado River de Nigeria fueron demolidos después de que, según se informó, las autoridades dijeran que los hoteleros no habían cooperado con el Estado en la localización de contactos relacionados con COVID-19.

Los casos reunidos también destacaron la aplicación selectiva de restricciones a la circulación y la actividad. Si bien se prohibieron las protestas, se permitió que avanzaran los proyectos de infraestructura y desarrollo controvertidos y, en algunos casos, fueron protegidos por las autoridades.

A fines de marzo, en el centro de México, se detuvo a un activista indígena por protestar contra una carretera que se estaba construyendo a través de los bosques reclamados por los Otomí-Mexica. A pesar del confinamiento -y de las órdenes de suspensión de un tribunal local- la construcción continuó con la protección de la Policía y la Guardia Nacional. En Uganda, dos semanas después del confinamiento nacional, Witness Radio informó de violentas apropiaciones de tierras de comunidades pobres y de la detención de quienes se oponían a la violencia. Una de las empresas presuntamente implicadas ha enviado una respuesta al Business & Human Rights Resource Centre, pero la situación continúa.

En abril, en Filipinas, se informó que un centenar de agentes de la policía dispersaron por la fuerza a unos 30 defensores indígenas y, según este informe de la sociedad civil, arrestaron a un dirigente indígena por impedir el acceso a una operación minera que, según la población local, está contaminando su abastecimiento de agua en Didipio, Nueva Vizcaya. Se ha informado ampliamente que la licencia de explotación minera expiró en junio de 2019, pero los opositores del proyecto afirman que las operaciones han continuado. Los activistas señalan que la empresa está incumpliendo la orden de cuarentena, dejando a los lugareños sin más remedio que volver a la barricada para protestar, aunque respetando el distanciamiento social.

Filipinas, que siempre ha sido uno de los países más peligrosos para los defensores, ha pasado de 30 asesinatos en 2018 a 43 el año pasado.

En Indonesia, una instancia del poder judicial –cuyas actividades estaban suspendidas– dejó a tres agricultores indígenas de Kalimantan Central a la espera de una audiencia tras ser detenidos por robar fruta de una empresa de plantaciones a la que acusan de haberle arrebatado sus tierras. El juicio se pospuso con la policía diciendo que su preocupación prioritaria era el COVID-19. Los agricultores señalaron que, aunque la policía tuvo tiempo de llevar adelante las acusaciones de robo en medio de la pandemia, no pudieron encontrar tiempo para que se celebrara el juicio previo.

La mayoría de los casos recibidos proceden de Colombia, país que registró el mayor número de líderes sociales y defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados en 2019. Tres líderes sociales fueron asesinados antes de que se impusiera el confinamiento y un mes después de que se anunciaran las órdenes de permanencia en el hogar, la Defensoría del Pueblo advirtió de un "ataque violento" contra comunidades vulnerables por parte de agentes armados no estatales y grupos de delincuencia organizada. En poco más de un mes, habían registrado 40 incidentes de intimidación y ataques contra comunidades.

A lo largo del confinamiento, los informes de Colombia documentaron cómo los grupos armados amenazaban a las comunidades indígenas que intentaban protegerse. En Magdalena, el pueblo indígena Kogui de Sierra Nevada denunció que personas armadas se dedicaban a la minería "ilegal" en sus tierras sin que las autoridades tomaran ninguna medida. En el Cauca (Colombia), grupos armados amenazaron a guardias indígenas Nasa que habían sido encargados de vigilar los movimientos de entrada y salida de la comunidad, forzando finalmente su entrada y exponiendo a la comunidad a la COVID-19.

"Las condiciones de confinamiento han facilitado la localización, la búsqueda, el ataque y la eliminación de estos defensores, ya sea en sus casas o en sus lugares de trabajo", dijo Cristian Llanos, investigador del equipo de la base de datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, una organización colombiana de investigación y educación. "En la región del Cauca se han reportado dos o tres ataques diarios, siendo los indígenas y los campesinos los más afectados", agregó, "pero los ataques contra los líderes en todo el país son generalizados y durante el confinamiento, la cifra real podría superar los 100 ataques contra los defensores".  

En varios casos de Brasil, las políticas y prácticas gubernamentales expusieron a los pueblos indígenas a un innecesario riesgo elevado de contraer COVID-19. En el Estado de Amazonas, las autoridades locales forzaron a los miembros de la tribu Kokoma a abandonar sus comunidades y a recorrer largas distancias para recibir asistencia federal, exponiéndolos al virus durante los viajes en transporte público y en zonas de espera saturadas. A esos viajes se han atribuido altas tasas de infección y varias muertes en la comunidad. En otras partes del Amazonas, las pruebas indican que los trabajadores sanitarios que tenían el virus infectaron a miembros de la tribu Kanamari.

En abril, según se informa, los militares emprendieron una amplia búsqueda de viviendas en la zona indígena de Chittagong Hill Tracts, una región de Bangladesh. Según el International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA), los actores parecen estar "utilizando la crisis para reprimir a su pueblo y perseguir a los defensores de los derechos y los activistas que hablan en su contra".

"Los casos denunciados sirven como un ejemplo aleccionador de las muchas formas en las que la crisis del COVID-19 ha sido utilizada contra los defensores de la tierra y el medio ambiente, especialmente los que pertenecen a comunidades indígenas", dijo Ward Anseeuw, especialista técnico senior de la International Land Coalition. "La recopilación de casos también subraya la importancia de vigilar de cerca y sistemáticamente estos incidentes, ya que la mayoría de los asesinatos de defensores van precedidos por ataques no letales que han sido documentados.

Con la pandemia lejos de terminar, la DDCoalition se solidariza con los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente y pide que los agentes privados y estatales adopten medidas urgentes.

Como un primer paso, tanto los gobiernos como las empresas deben poner los derechos de la tierra y el medio ambiente, así como los derechos de las personas que los protegen, en el centro de su respuesta ante el COVID-19. Deben apoyar las luchas de los usuarios locales de la tierra y las comunidades para poseer, controlar y gestionar sus tierras y recursos naturales como un esfuerzo a largo plazo para una mejor reconstrucción.

Asimismo, deben dedicar recursos a identificar el aumento del riesgo para estos defensores en las inversiones, operaciones y cadenas de suministro de las empresas para prevenir y mitigar los riesgos identificados. Además, los posibles efectos de los proyectos en el medio ambiente o los derechos humanos deberían comunicarse de manera clara y segura a las y los afectados, y esas comunidades e individuos deberían poder participar de manera significativa en los procesos de adopción de decisiones.

En términos más generales, esta es una oportunidad para que los actores estatales y privados formalicen su compromiso con un enfoque de tolerancia cero respecto a la violencia contra los defensores en sus operaciones. Esto significa asignar un presupuesto y personal para aplicar esas políticas y crear sistemas que garanticen evaluaciones periódicas de los impactos y mecanismos que informen y actúen sobre esos hallazgos.

La protección de los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente debe formar parte de la urgente tarea de mitigar la crisis de COVID-19 y avanzar hacia una recuperación sostenible.

Firman: 

International Land Coalition (ILC)

Global Witness

International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA)

Asian NGO Coalition (ANGOC)

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

Natural Justice

URG-LAC: Universal Rights Group Latin America

The Access Initiative Latin America

Business & Human Rights Resource Centre

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Naciones Unidas en Colombia publicó, a finales del año pasado, el cuarto informe sobre los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado del país, abarcando el período comprendido entre el primero de julio de dos mil dieciséis y el treinta de junio del año pasado, en el contexto de la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Si bien ha disminuido el número total de violaciones graves contra menores, en parte por la firma del Acuerdo de Paz; sin embargo, los grupos armados existentes ampliaron su presencia territorial, incluso en zonas abandonadas por las FARC-EP, situación que continúa exponiendo a los niños, niñas y adolescentes a violaciones graves, en particular al reclutamiento, la utilización y la violencia sexual y restricciones al derecho a la educación. Durante estos últimos meses hemos visto, especialmente en el sur occidente del país, en Cali, en Leiva y Samaniego-Nariño, graves hechos de masacres y diversos tipos de violaciones sobre los menores y jóvenes. Presuntamente estos hechos están ligados al control del poder local y de los negocios ilegales de la minería y el narcotráfico, por parte de organizaciones como el ELN, las Autodefensas Gaitanistas, también conocidas como el Clan del Golfo, el EPL o Pelusos, Los Caparrapos (anteriormente vinculados a los Gaitanistas), y las disidencias de las FARC.

El informe de Naciones Unidas expresa que esta situación se ve agravada por la presencia limitada de la autoridad del Estado en esas zonas, tanto a través de las instituciones de seguridad como de las entidades civiles. Pero igualmente porque las estrategias utilizadas desde los organizamos de seguridad del Estado no son eficientes ni efectivas. Y la connivencia entre sectores corruptos del Estado en todos sus estamentos y de sectores económicos con capitales ilegales, agregan a esta dinámica, el uso de la violencia como estrategia de dominación. En estos contextos los menores y adolescentes corren altos riesgos de ser reclutados y manipulados por las organizaciones armadas.

Durante el período del informe, el año dos mil dieciocho fue el que arrojó el mayor número de violaciones graves, cuatrocientos treinta, lo que supone un aumento del setenta y siete por ciento, frente al año anterior. El reclutamiento y la utilización de menores y adolescentes es la violación más destacada. Además, entre dos mil dieciséis y diecisiete, el número de menores y adolescentes desplazados disminuyó de cuarenta y un mil a treinta y nueve mil, pero en el año dos mil dieciocho aumentó a más de cincuenta y cinco mil y, durante el primer semestre del año pasado se registraron más de veinticuatro mil, cifras verdaderamente alarmantes y aterradoras.

Finalmente, el informe hace un llamado a los grupos armados para que pongan fin de inmediato a las muertes de niños, niñas y adolescentes. También insta a las partes en conflicto para que adopten medidas adicionales de protección a menores y adolescentes durante las operaciones militares, mediante el principio de precaución, y se eviten enfrentamientos en las zonas donde hay civiles y menores y se trabaje para que se ponga fin a la violencia sexual.

El arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Luis José Rueda Aparicio, en reciente comunicado expresó: “Rechazamos con vehemencia las masacres perpetradas contra jóvenes en Cali y Samaniego (Nariño), de ninguna manera podemos callar ante el hostigamiento y presión despiadada de los grupos armados ilegales, contralas comunidades urbanas y rurales, con lo cual limitan la libertad de nuestros pueblos, generan una anticultura de muerte y de miedo. No podemos callar ante estos grupos que torturan a campesinos, indígenas y afrocolombianos, a hombres y mujeres. No podemos callar ante las amenazas y asesinatos de reincorporados en el proceso de paz, no podemos callar cuando las fuerzas macabras pretenden destruir a sangre y fuego la esperanza de los colombianos”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Director General CINEP/Programa por la Paz

En las universidades públicas del país se adelanta una movilización por la gratuidad en la matrícula. Desde mayo, cuando inició el movimiento 'Matrícula Cero', unas 14 instituciones se han sumado a este reclamo. En esta nota les resumimos en qué van y qué falta.

En Instituciones de Educación Superior (IES) públicas como la Universidad Industrial de Santander y otras 14 universidades de todo el territorio nacional se han logrado avances en cuanto a gratuidad para estudiantes en estratos socioeconómicos 1 y 2. Pero en otras, como la Universidad Nacional o la Universidad Pedagógica, sedes Bogotá, se siguen desarrollando huelgas de hambre exigiendo apoyos económicos sin los cuales les será imposible continuar sus estudios. 

La tasa de desempleo que, según el DANE para junio fue 19.8%, podría significar una deserción escolar de entre el 30% y 50% para este semestre según la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES). Aunque agravados por el COVID19, el acceso y los recursos para la educación han sido problemas históricos de la educación superior en Colombia. Así lo explica Mauricio Archila, profesor emérito de la Universidad Nacional e investigador del CINEP/PPP:

Ha sido muy recurrente desde los sesenta el problema de financiación de la educación pública, principalmente universitaria. En los últimos tiempos, desde la Ley 30 de 1992, que se supone que regula todo el sistema educativo y que fija el incremento anual para la educación pública, se ha ido manifestando el rezago cada vez más fuerte de los aportes del Estado a las universidades públicas”.

Relación de gasto, cobertura y financiación por parte del Gobierno Nacional a las IES públicas entre 1993 y 2016. Informe de presidencia del Sistema Universitario Estatal (SUE) en 2018.

De la matrícula 0, a la garantía de acceso a la educación superior

En los presupuestos generales de la Nación vigentes para 2019 y 2020, el Gobierno Nacional agregó más recursos a las IES, atendiendo lo pactado en la ´Mesa de Diálogo para la Construcción de Acuerdos para la Educación Superior Pública`, tras la fuerte movilización  estudiantil de 2018. No obstante, en la Mesa de Diálogo “se llegó a un Acuerdo que ha ido incumpliendo el Gobierno, y muchos de los motivos del 21 de noviembre (paro nacional) del año pasado tienen que ver también con eso”, declara Mauricio Archila. 

Recientemente, respondiendo a la crisis del sector educativo como consecuencia de la pandemia y el movimiento “Matrícula Cero” se creó el Fondo para la Educación mediante el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020, el cual destinará 97.500 millones de pesos para apoyar el pago de matrículas en universidades públicas. Pero los estudiantes aseguran que los recursos suministrados por el Fondo no fueron suficientes para garantizar la matrícula de los estudiantes de estratos 1 y 2 en sus Instituciones. 

En muchas de las IES públicas regionales como la Universidad Distrital o la Universidad de Cundinamarca, los beneficios en matrículas y apoyos han sido posibles gracias a los recursos aportados por las mismas Instituciones y gobernaciones y alcaldías. En otras instituciones, como la Universidad de Córdoba, los beneficios en matrículas cobijan únicamente a estudiantes antiguos. En las universidades de carácter nacional, la lucha continúa porque los recursos aportados por el Gobierno son insuficientes para cubrir las necesidades de la población estudiantil.

U. de A. y Unal: Dos formas de responder a la “matrícula cero”

En la Universidad de Antioquia en Medellín un grupo de estudiantes inició una huelga de hambre el 8 de julio para exigir que se congelen las reformas al estatuto general universitario hasta que se volviera a la presencialidad y se pudiera debatir. En la entrada de la Ciudad Universitaria se instaló un campamento de estudiantes. Tres mujeres empezaron la huelga que logró su objetivo.  

Uno de los factores clave en la respuesta favorable, además del apoyo de colectivos, movimientos sociales y la Asociación de Profesores de esa universidad, fue la articulación concejales, diputados, Personería de Medellín, y otras instituciones, explica María Gallego, huelguista y  estudiante de licenciatura básica con énfasis en Matemáticas de la UdeA. Según María. La U. de A. logró la ‘Matrícula 0’ para todos sus estudiantes de pregrado y según declaró el alcalde de Medellín Daniel Quintero, esta sería  una “política pública que llega para quedarse y su logro es un triunfo del movimiento estudiantil”.

Días después del 5 de agosto, cuando mediante el Comunicado 19 a la Comunidad Universitaria, la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya, anunció que el costo por derechos de matrícula para 31.000 estudiantes sería igual a $0, y que además, los estudiantes de posgrado que así lo solicitaran tendrían un descuento de hasta el 20% en los derechos académicos para el periodo académico 2020-2. Allí, seis estudiantes iniciaron una huelga de hambre que hasta el 22 de agosto no termina.

Foto de: @intersedesunal

Daniela Viuche Conde, estudiante de Ciencia Política de la “Nacho” Bogotá y huelguista, expresa que “desde que se inició la virtualidad de las clases empezaron diferentes acciones de movilización de forma virtual, para garantizar para todos y todas realmente el derecho a la educación. La universidad brindó unas ayudas que fueron para población más vulnerable, algunos recibimos mercados, se hizo entrega de tablets y recursos para servicios de internet pero esto no ha dado a basto a la necesidades de toda la comunidad estudiantil”. 

Para una universidad con 54.284 estudiantes matriculados en el período 2019-2  y un déficit anual, que algunos estiman alrededor de 80 mil millones de pesos, se plantea urgente una inyección presupuestal y la garantía de la ‘Matrícula 0’ a través de recursos externos, en este caso, del Gobierno Nacional. No obstante, el apoyo económico recibido se acerca a una cifra de 5.200 millones de pesos (provenientes del Fondo para la Educación), lo que resulta insuficiente para cubrir los gastos que presenta la universidad pública más grande de Colombia.

Los estudiantes cuestionan al Gobierno Nacional por haber priorizado los beneficios económicos para el sector bancario y financiero durante la crisis; adicionalmente, aluden a que los principales rubros de la nación (pago de deuda y defensa) podrían ser destinados para educación e investigación. La viabilidad de la Matrícula 0 estaría pues al alcance de un rediseño presupuestal del Estado, pero no hay certeza sobre la intención de que el gobierno de turno en Colombia quiera invertir más en educación y menos en la guerra. 

Por: Daniela Ramírez y Juanjosé Gutiérrez. Comunicaciones CINEP/PPP.