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Editorial: La minga indígena

  • May 06, 2019
  • Publicado en Prensa

En las últimas semanas se ha escuchado frecuentemente la palabra Minga, un término para muchos ajeno, pero para los pueblos campesinos e indígenas de Colombia es común. El origen de la palabra proviene del quechua “minka”, término usado por comunidades andinas para realizar cultivos agrícolas colectivos que brindan beneficios a la comunidad. Pero la Minga tiene también significados más profundos y densos. Es una práctica tradicional que se convierte en un estilo de vida y que genera en las personas un bien físico y espiritual.

Un ejemplo de Minga es el que han venido realizando, durante cerca de tres décadas, las comunidades indígenas organizadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, luego de la masacre del Nilo en el municipio de Caloto, donde fueron asesinados veintiún indígenas el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y uno, por miembros de la Policía Nacional y civiles armados. Luego de esta masacre el Estado se comprometió reparar a las víctimas, pero lo que sobresale hoy, pasadas tres décadas, es un largo listado de incumplimientos. Esta situación ha significado atraso en la restitución de tierras productivas usurpadas a las comunidades por latifundistas desde la independencia de España. A pesar de tener reconocimiento legal con la ley ciento treinta y cinco de mil novecientos sesenta y uno, en la realidad los poderes locales y regionales no la han dejado cumplir.

El incumplimiento también significa, desprotección, asesinatos y amenazas a los líderes y lideresas sociales, el Cauca tiene el más alto número de asesinatos en el país. Incumplimientos en las políticas para la protección del medio ambiente y para hacer respetar las exigencias a la inversión de capitales en la explotación minero/energética, pasando por encima de la consulta previa e informada con las comunidades. Incumplimientos para posibilitar el derecho a tener gobierno autónomo, e incumplimientos en el fomento de la salud y la educación propias; entre otros. Entendiendo esto, la Minga no es un ataque al Estado ni al gobierno de turno, al contrario, es un llamado de la ciudadanía para que el Estado realice su trabajo de administración pública, protegiendo los derechos de los ciudadanos y estos a su vez comprometiéndose con sus responsabilidades para construir su territorio. Para las comunidades las vías de hecho son el último recurso, igualmente para ellas son costosas económica y socialmente, pero, después de treinta años de incumplimientos del Estado se explica la ocurrencia de los veintisiete días de cierre de una carretera. Esperemos que los acuerdos con el gobierno actual no caigan de nuevo en el incumplimiento.

En un comunicado de los señores obispos de Guapi, Tierradentro y Popayán, sobre la situación del Cauca, nos dicen: “Si en nuestra región todos estamos dispuestos a encontrarnos, a escucharnos y a respetarnos, avanzaremos por caminos de desarrollo humano integral. Como Iglesia Pueblo de Dios, continuaremos ofreciendo nuestro acompañamiento, por medio de los sacerdotes en todo el territorio caucano, para discernir las propuestas de la actual minga indígena, buscando que, con la participación de todas las fuerzas sociales, podamos construir escenarios de conciliación y trabajo, que respondan eficazmente a los desafíos de la realidad del Departamento del Cauca”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General Cinep/Programa por la Paz

Un estudio reciente realizado por la Fundación Empresarios por la Educación, titulado Reflexiones innegociables en educación básica y media, muestra las grandes diferencias existentes entre la educación rural y la urbana. Según el estudio la educación rural en Colombia tiene menores niveles de acceso, permanencia, pertinencia y desempeño que la urbana y esta ha sido tendencia desde que el país inició su proceso de urbanización por los años cincuenta del siglo XX.

Las mediciones en el 2016 dicen que un estudiante de las zonas rurales recibe solo un 57% de la educación que se le provee al niño promedio de las ciudades, esto crea un ciclo negativo y una gran desventaja en la calidad educativa. De otra parte, el diagnóstico muestra que la asistencia tanto a la primaria como a la secundaria es mucho menor en el campo que en las ciudades y que la deserción escolar en las zonas rurales es casi el doble que en las ciudades. En el año 2013 el 13.8% de los niños rurales entre doce y quince años no asistían a la escuela secundaria.

Según el estudio, las causas de esta brecha entre la educación rural y la urbana obedece a dificultades como la falta de oportunidades en formación y garantías de bienestar para los maestros, la débil inversión en la infraestructura escolar en servicio de gas, agua potable y energía eléctrica; sumado a estas graves condiciones, un factor de profundo impacto negativo en la educación rural es el conflicto social y armado que ha golpeado las comunidades de campo de manera inclemente. Pero, especialmente lo que incrementa el bajo nivel de la educación en el campo es la ausencia de una política educativa para la ruralidad.

Colombia necesita el diseño, aplicación y consolidación de una política pública rural hecha desde y con las comunidades del campo, pero de igual forma se necesita construir una institucionalidad pública que desde el contexto local en las alcaldías, el regional con las secretarías de educación y en el nivel nacional, con el Ministerio de Educación, asuman con responsabilidad la promoción y el mejoramiento de la educación rural a través de la implementación de los Planes Educativos Municipales, los programas de educación propia de las comunidades indígenas, los planes de etnoeducación de las comunidades afrodescendientes y la creación, impulso y financiación del Plan Especial de Educación Rural consignado en el Acuerdo Final de Paz.

Actualmente, en la Colombia profunda, viven más de once millones de personas, la población de estos territorios, sigue a la espera de la transformación rural que aguardan desde Gobiernos anteriores y que implica, entre muchos aspectos, acceso a educación. Lamentablemente, en las actuales condiciones políticas el panorama no parece muy alentador.

En el comunicado de noviembre del año pasado el episcopado colombiano expresó: “La iglesia católica aprecia la educación como pilar fundamental para el desarrollo armónico de la sociedad y para lograr la inclusión; considera que no es posible alcanzar la paz si no ofrecemos una educación integral y que el futuro de todos depende en buena medida de cuanto se haga por cualificar los procesos educativos. Si queremos encaminar el país hacia el bien común, construir una nación reconciliada y en paz, y mantener viva la esperanza, es necesario que volvamos la mirada a la tarea educativa y que todos nos sintamos comprometidos con su renovación haciendo de ella una prioridad”

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General Cinep/Programa por la Paz

La crítica situación de Venezuela ha sido afrontada por las partes en conflicto con un exceso de ideología, bajas capacidades de negociación política y un alto nivel de indolencia humanitaria. Somos testigos del masivo éxodo de personas necesitadas de alternativas dignas y de protección internacional. La crisis, según entidades internacionales como la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, y entidades de iglesia católica, calculan una cifra de migrantes venezolanos que ronda entre los tres y cuatro millones de personas, de ellas en Colombia pueden estar más de un millón.

Los prejuicios ideológicos y el déficit de negociación política, por un lado, y la desinformación sobre la situación real, por otro, han impedido que la mayor parte de la opinión pública internacional se haga una idea real de la gravedad de la crisis interna, sus causas y las posibles alternativas para transformar esta crisis. En este contexto, es de vital importancia tener más claridad sobre la situación y las perspectivas de evolución de esta grave crisis, para poder definir acciones que favorezcan una solución política, contribuir a aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y promover una real solidaridad internacional; todo eso en el marco del respeto de los derechos humanos y del principio de autodeterminación de los pueblos. La crisis, especialmente la humanitaria, no se debe usar para sacar dividendos políticos mezquinos.

Venezuela se ha convertido en una sociedad polarizada, con un Estado a la defensiva de presiones políticas internas y externas, fundamentado en un poder centrado en sí mismo y atrapado en dinámicas mafiosas manejadas por un poderoso sector de militares, mientras que la oposición, fragmentada, solo piensa en sus intereses claramente espurios que solo favorecen a un sector empresarial aferrado a la recuperación de sus ventajas, pero sin incluir a las mayorías ciudadanas. Lo ideal, pero poco factible, sería que en este contexto se constituyera una tercera fuerza, en este caso de carácter social y con protagonismo de la sociedad civil, con el fin de construir alternativas políticamente democráticas, económicamente equitativas y socialmente incluyentes. Salidas políticas alejadas del derramamiento de sangre y del intervencionismo extranjero.

Al respecto, algunos analistas han calificado, como una gran equivocación, la invención de una pretendida ayuda humanitaria. Una operación humanitaria no es parte de una estrategia de guerra, no debe serlo. Por eso, hasta el Comité Internacional de la Cruz Roja, la mayor organización humanitaria del mundo, rechazó que se llamase “humanitario” al espectáculo montado en las fronteras con Venezuela. Lo más humanitario sería levantar el bloqueo a la economía venezolana.

El arzobispo de Cali, Darío Monsalve, expresó que lo sucedido en la frontera con el paso a la fuerza de los camiones, “pareció más un acto de hostigamiento, apoyado en una supuesta acción humanitaria, y digo supuesta porque lo ‘humanitario’ está siendo allí indebidamente utilizado como lo han denunciado personas de organizaciones internacionales y la misma Iglesia Católica. Colombia, a través del nuncio apostólico, ha dicho que no es una acción humanitaria la que tiene un tinte político”. Advirtió además el arzobispo que “el hecho dejó heridos y muertos, y que se acusó luego a la contraparte por ello. Hay heridos y muertos, y nada justifica que se hayan provocado esas situaciones. Crearon un escenario y después vinieron a acusar a los otros de todo lo que ha ocurrido. Esto exige un alto sentido de responsabilidad y de sensatez”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General Cinep/Programa por la Paz

Por medio de una carta dirigida a Antonio Guterrez, secretario general de la ONU, ex miembros del equipo negociador del Acuerdo de Paz, integrantes del partido político FARC, académicos, congresistas, líderes de la sociedad civil, víctimas y miembros de organizaciones sociales expresamos nuestra preocupación ante las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria que regula la Jurisdicción Especial para la Paz. 

 
 

 

Entre el 4 y 6 de marzo pasados se reunieron entre 51 personas laicas y sacerdotes de distintas áreas profesionales y académicas para reflexionar sobre alternativas políticas a la crisis en Venezuela. Fueron convocados por la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe- CPAL, contando además con el apoyo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima y la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. 

 
 

 

 

La siembra ilícita de hoja de coca, así como la producción y comercialización de la cocaína está en el mayor crecimiento de su historia, pero también en una de sus más difíciles épocas para llegar a una solución de fondo. Un informe del gobierno de los Estados Unidos, lanzado el año pasado, mostró que los cultivos ilícitos en Colombia crecieron a una cifra histórica de 209.000 hectáreas. Más allá de las interpretaciones ideológicas y de aquellas que quieren ganar dividendos políticos, existen causas objetivas sobre este crecimiento.

Una primera tiene que ver con el aumento del consumo de cocaína en los Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica y Europa, lo que hizo crecer en promedio un 10% el valor del gramo de cocaína en la calle. En segundo lugar, la compleja mezcla que se da entre la minería ilegal de oro y la siembra de coca; porque, cuando baja el precio del oro la gente pasa a la siembra de hoja y viceversa. La tercera causa tiene que ver con la revaluación del dólar.

En pocos años cada dólar subió más de mil pesos, hasta llegar hoy a los tres mil pesos, revaluación que dinamizó las economías ilegales de cocaína, minerales y armas. De otra parte, un cuarto factor es el vacío de poder que se generó con la salida de las Farc de sus zonas de control lo que hizo surgir y hacer llegar diferentes grupos criminales, que a su vez presionaron a campesinos para sembraran más hoja de coca. Y, finalmente, en algunas regiones del país familias cocaleras aumentaron la siembra ante la expectativa de recibir beneficios en el marco del Acuerdo de paz.

Así, las causas del aumento de los sembrados ilícitos son múltiples, igualmente es claro que mientras los precios sean altos y la demanda crezca será difícil controlar el mercado ilegal. Las medidas de interdicción, represivas y violentas, aplicadas por Estados Unidos y Colombia durante cerca de tres décadas no han dado resultado, a pesar de la aplicación del Plan Colombia, del Plan Consolidación y las últimas estrategias del Acuerdo de Paz como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS-, la situación no ha cambiado, el negocio del narcotráfico con todas sus consecuencias negativas, sigue más vivo que nunca.

Los que creen que la fumigación es la solución están equivocados, el reto es crear una estrategia de lucha contra las drogas que involucre la persecución al lavado de activos, al tráfico de insumos para el procesamiento y a los agentes estatales corruptos, a la vez que la aplicación de estrategias educativas y de salud pública frente al consumo, pero fumigar y encarcelar campesinos no ha servido para nada.

El Papa Francisco fue claro en su mensaje a los obispos colombianos sobre el narcotráfico: “No participen en ninguna negociación que malvenda sus esperanzas. No tengan miedo de alzar serenamente la voz para recordar a todos que una sociedad que se deja seducir por el espejismo del narcotráfico se arrastra a sí misma en esa metástasis moral que mercantiliza el infierno y siembra por doquier la corrupción y, al mismo tiempo, engorda los paraísos fiscales”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General Cinep/Programa por la Paz

Las víctimas del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU) exigimos que la Unidad Nacional de Protección se comprometa con nuestra protección y seguridad.

Los miembros del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATUqueremos denunciar ante la opinión pública, la enorme debilidad en el poder infraestructural de la Unidad Nacional de Protección – UNP y de las entidades públicas responsables del programa de protección para reclamantes de tierras hacia COCOLATU, especialmente en lo que atañe a su capacidad y respuesta.
 
El consejo comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó – COCOLATU comprende parte de los municipios de Riosucio – Chocó –, Turbo y Mutatá – Antioquia –, fue beneficiario de titulación colectiva de su territorio ancestral, mediante las resoluciones 2805 del año 2000, de conformidad con la ley 70 de 1993 y el decreto reglamentario 1745 de 1995. A COCOLATU le fueron tituladas 107.064 hectáreas, cuando el 76% de la comunidad que habitaba el territorio colectivo se encontraba en situación de desplazamiento entre los años de 1996 – 2002. De las 46 comunidades que componen el título colectivo, ocho (8) quedaron en condición de vaciamiento y tres (3) desaparecieron completamente.

 
 

 

 

A finales del año pasado, causó controversia en la opinión pública la firma del Presidente Duque al Decreto 2362, que amplía durante el presente año, el permiso para el uso de armas por parte de civiles en Colombia, con el argumento de la legítima defensa. Es paradójico que mientras se firma un Acuerdo de Paz para sacar las armas de la política, sectores del Centro Democrático y del partido Conservador, firmaran una carta para impulsar este decreto. De otra parte, diversos sectores políticos y ciudadanos señalan que esta medida es peligrosa, pone en estado de vulnerabilidad a la ciudadanía y debilita la acción de quienes deben tener el uso exclusivo y el monopolio de las armas en un Estado Social de Derecho, que para el caso del país son las Fuerzas Armadas, la Policía y los cuerpos de seguridad legales.

La ciudadanía no necesita armas para su seguridad, necesita, en lo inmediato, un cuerpo policiaco y de inteligencia que descubra, desarticule y capture a los delincuentes y criminales de todo tipo y un cuerpo de justicia que establezca los debidos procesos jurídicos que lleven al restablecimiento efectivo de los derechos conculcados y la resocialización de los delincuentes. Pero para que la seguridad no solo se limite a la aplicación de acciones jurídicas, punitivas y de resocialización, la sociedad e institucionalidad colombiana necesita de una comprensión más amplia de seguridad humana que se traduce en: justicia, equidad, seguridad social, educación, igualdad y paz.

Desafortunadamente, existen sectores sociales y políticos que creen más en el uso de las armas para solucionar los conflictos que en el valor de la educación, del diálogo constructivo y la mediación de la razón para la transformación de los conflictos sociales. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el Estado colombiano destinó para el año 2017 una importante cantidad de dinero en seguridad y defensa. Colombia es el país de Sudamérica que tiene el mayor gasto en materia militar con relación a su producto interno bruto, después de los Estados Unidos, con el 3.1%, equivalente a 9.173 millones de dólares. Una gran suma que, si se invirtiera en educación, daría grandes oportunidades para el futuro de millares de jóvenes.

En noviembre del año pasado, el Papa Francisco en un discurso ante los participantes en la asamblea plenaria de la Pontificia Academia de Ciencias, alertó sobre la ausencia de voluntad y determinación política para detener la carrera armamentista y poner fin a las guerras para enfrentar con urgencia necesidades de los seres humanos. El Papa llamó a detener las guerras, para pasar con urgencia a las energías renovables, los programas dirigidos a asegurar el agua, la alimentación y la salud para todos e invertir en el bien común los enormes capitales que permanecen inactivos en paraísos fiscales.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General Cinep/Programa por la Paz

El éxodo venezolano a Colombia y Latinoamérica, continúa siendo un verdadero drama humanitario que hunde sus raíces en la histórica inestabilidad política y económica del hermano país. Para ir más allá de los titulares mediáticos y de los análisis ideologizados, la Organización Internacional de Migrantes, la Fundación alemana Konrad Adenauer y la universidad jesuita Antonio Ruiz de Montoya del Perú, publicaron en diciembre pasado un riguroso estudio titulado: El éxodo venezolano: entre el exilio y la emigración, del cual destaco cinco puntos:

Primero: entender cómo Venezuela llegó a la situación actual, no es tarea fácil. Es un ejercicio complejo, incluso para quienes están viviendo este convulsionado proceso de cambios políticos, económicos y sociales, en medio de una gran polarización y confrontación que progresivamente han socavado las libertades democráticas. 

Segundo: el flujo migratorio es el resultado de una grave crisis institucional, económica, política y social, provocada y manejada de manera errónea por el gobierno y la oposición. Son alrededor de tres millones de personas migrantes y el número crece. Venezuela pasó de ser un país de inmigrantes a un país de emigrantes en muy pocos años. En los años setenta un número incalculable de colombianos emigraron a Venezuela buscando salidas económicas y por el conflicto armado. 

Tercero: la implementación del proyecto político del socialismo del siglo XXI, favorecido por la bonanza petrolera en la década de los 2000, permitió el incremento del gasto público y la mejora transitoria de ciertos índices de bienestar, pero no motivó la inversión mundial ni fue suficiente para reducir la emigración. La convivencia se deterioró por el manejo erróneo de los conflictos políticos y el aumento de problemas de seguridad personal, económica y jurídica.

Cuarto: el socialismo del siglo XXI se fundamentó en la amplia regulación del Estado en la economía. Aplicó un sistema de fuertes controles debilitando las capacidades productivas del sector privado. Generó graves desequilibrios macroeconómicos que llevó a la hiperinflación y deterioro profundo de los niveles de bienestar que hoy enfrenta la población venezolana. Este modelo no contó con el consenso suficiente de las fuerzas económicas venezolanas, trajo una intensa conflictividad social y polarizó el antagonismo político.

Quinto: a lo anterior se agregó una profunda caída y lenta recuperación de los precios del petróleo en una economía dependiente del mineral, lo que originó una gran contracción económica acompañada de un alto proceso inflacionario que erosionó el poder adquisitivo y la calidad de vida de la población. De otra parte, se impuso una altísima corrupción en el Estado. El oficialismo del presidente Maduro pierde en 2015 las elecciones legislativas, percibe amenazado su continuidad en el poder y reacciona con medidas políticas discutibles desde el punto de vista legal y de baja legitimidad, quebrando las bases del sistema democrático, en medio de un ambiente internacional que no se coincide con el reconocimiento del actual gobierno venezolano.

El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Arzobispo Oscar Urbina Ortega, expresó en octubre del año pasado en Cúcuta: “La Iglesia católica en Colombia sufre con ustedes este momento de tanto dolor que vive el pueblo venezolano. Estamos comprometidos en brindarles una ayuda que los anime a seguir en la lucha diaria de reconstrucción del tejido social de su país. Dada la agudización del problema, seguiremos desde la Iglesia elevando nuestra voz, denunciando que hace falta más, mucha más ayuda, y que es necesario alejar el ruido de sables y la marcha de los ejércitos en las zonas fronterizas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General Cinep/Programa por la Paz

El pasado 26 de noviembre se cumplieron dos años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las Farc. El Cinep/PPP y Cerac, en su tarea como secretaría técnica de verificación internacional del Acuerdo, publicó la semana pasada su cuarto informe, en el marco de los primeros cien días del actual gobierno. Algunos puntos se pueden resumir así:

En el tema de reforma rural integral los avances son mínimos. Se alcanzó a discutir y aprobar en la plenaria de la Cámara la ley 196 de adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal protectoras-productoras. El nuevo gobierno dio la instrucción de continuar desarrollando el proceso participativo de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Pero, en temas estructurales como el acceso, uso, tenencia de la tierra y los planes nacionales de reforma rural integral no se ha tomado ninguna medida.

Respecto al punto de participación política que busca romper el vínculo entre armas y política y la generación de espacios de participación, se registraron avances en la aplicación del estatuto de la oposición. El gobierno expresó su compromiso para fortalecer la institucionalidad para dar mayores garantías de seguridad a los líderes sociales y excombatientes. Preocupa el hundimiento del acto legislativo que buscaba crear las circunscripciones de paz y continúa siendo motivo de alta intranquilidad la persistente violencia contra líderes, lideresas y excombatientes de la Farc, al lado de la ineficacia del gobierno en la mitigación de este flagelo.

Sobre el punto del fin de conflicto, el gobierno actual ha dicho que dará cumplimiento a los compromisos de reincorporación de excombatientes de las Farc. Se resalta la realización del segundo Consejo Nacional de los Comunes de la Farc en Bogotá, y la participación los congresistas del partido Farc. El gobierno acreditó 13.049 excombatientes, pero continúan 214 en prisión, sin solución de su situación jurídica. Mientras que el caso de Jesús Santrich, continúa sin resolverse.

En el tema de drogas ilícitas los principales avances giran en torno a los programas de sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito, pero los compromisos sobre consumo y lucha contra el narcotráfico aún no presentan avances deseados.

Y finalmente, en el punto sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición se evidencia que permanece en fase de alistamiento y puesta en marcha, con avances diferenciados. La Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la Comisión de la Verdad han avanzado en su consolidación institucional, en el diálogo con diversas organizaciones sociales y en sus metodologías. La Justicia Especial para la Paz tiene los mayores adelantos en su funcionamiento, pero ha tenido que enfrentar las mayores controversias, lo que da lugar a una particular preocupación porque se puede desvirtuar su naturaleza.

La Conferencia episcopal de Colombia en su declaración de julio de este año expresó: “No nos cansemos de trabajar por la paz. La paz es un bien que merece todos nuestros esfuerzos. Ningún colombiano puede negarse a participar en la superación de los problemas y situaciones conflictivas del país. Invitamos a no dejar a mitad de camino el esfuerzo que el país ha realizado por la paz y la reconciliación, que requiere nuevos aportes y nuevos horizontes, pero sobre todo el ánimo y compromiso de todos para que finalmente la paz sea una realidad”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General Cinep/Programa por la Paz