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El Cinep/PPP, junto con otras organizaciones sociales, de derechos humanos, campesinas y ambientales, se une al llamado a la acción urgente al gobierno nacional frente a los asesinatos de líderes y lideresas sociales y la violación de derechos de las personas privadas de la libertad. A continuación su comunicado completo. 

 Las organizaciones sociales, de derechos humanos, campesinas, ambientales y psicosociales, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional el asesinato, amenaza y persecución sistemática a defensores de derechos humanos, poblaciones campesinas e indígenas y líderes sociales en el país con preponderancia en los departamentos de Meta, Valle del Cauca, Putumayo y Chocó. Así mismo, denunciamos la violación a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad (PPL) en el marco de la Pandemia del Covid-19, y de quienes no cuentan con medios de subsistencia para asumir el aislamiento preventivo, exigiendo la protección del derecho a la vida, a la salud, al mínimo vital y a las garantías de seguridad para la labor de los defensores de derechos humanos y el cese de vulneraciones a los derechos humanos en los territorios.

De igual manera, solicitamos urgentemente a todos los actores armados, legales e ilegales: Pedimos actos de humanidad y respeto del Derecho Internacional Humanitario –DIH- y el Derecho Internacional de los derechos humanos –DIDH- a todos los actores armados, alto al fuego y cesar todo tipo de hostilidades, acciones bélicas para permitir la seguridad y tranquilidad de todos y todas en todo tiempo y lugar, en zonas urbanas y rurales cercanas y apartadas; respetar las misiones medicas, humanitarias y de transporte de alimentos. Es necesario esta muestra expresa de humanidad para contener la pandemia del Virus COVID 19. En estos momento se enaltece el valor de la vida como bien mayor de todos y todas, en la más extrema diferencia podemos aportar para que el impacto a los y las menos favorecidas sea mínimo.

 

A continuación el comunicado completo: 

Editorial: El cuidado de la vida

  • Mar 30, 2020
  • Publicado en Prensa

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


En la memoria de la humanidad se registran epidemias y pandemias tan significativas como la peste bubónica que aniquiló un importante número de los habitantes de la Edad Media. Desde la peste de Atenas en plena guerra del Peloponeso que pudo afectar hasta trescientas mil personas y en la que murió el gran Pericles, o la peste Justiniana en el siglo sexto que mató entre veinticinco y cincuenta millones de personas, hasta el tifus, la malaria, el VIH/Sida, el polio o el coronavirus actual, la humanidad se ha visto desafiada por el cuidado de la vida.

Una epidemia es una enfermedad que afecta a un grupo humano determinado en un ámbito temporal concreto, mientras que una pandemia es una epidemia que afecta un área mucho mayor, un continente o incluso el planeta entero.

El once de marzo pasado, tras declarar oficialmente al coronavirus como una pandemia, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus, aseguró que miles de personas están luchando por sus vidas en los hospitales y que el número de muertes y casos aumentará en los próximos días. Y añadió: “Estamos profundamente preocupados por los niveles alarmantes de contagio y de su severidad, pero también de los alarmantes niveles de inacción”.

Pero el coronavirus no es la primera pandemia a la cual nos enfrentamos desde inicios del siglo veinte. A principios del veintiuno, varias epidemias se manifestaron, pero, pese al pánico desencadenado, fueron menos mortíferas que las grandes pandemias gripales del siglo veinte, como la Gripe española de 1918 y 1919 que eliminó cinco veces más personas que los combates de la primera Guerra Mundial o la Gripe asiática de finales de los años cincuenta que dejó más de un millón de muertos o la Gripe de Hong Kong de finales de los años sesenta que inmoló otro millón de personas. Pero el peor de todos ha sido el VIH/SIDA, que desde los años ochenta hasta hoy ha dejado treinta y dos millones de muertos, según la ONU-Sida. Pandemia que está relacionada con poblaciones pobres en contextos de desigualdad y exclusión social.

Las recomendaciones físicas para no propagar el coronavirus están suficientemente explicadas, todo se resume en una buena higiene de manos y respiratoria, así como resguardarse en la casa. Pero existen también movimientos ciudadanos que nos invitan a manejar el virus con ciencia, conocimiento y ejerciendo una ciudadanía responsable. Iniciativas de solidaridad cívica que expresa nuestra mejor versión como sociedad. Grupos de autoayuda, vecinas que se ofrecen para atender personas mayores, jóvenes que ayudan cuidando niños y niñas de trabajadores que no pueden quedarse en casa; grupos creativos que apoyan el sistema de salud con actividades artísticas en las redes sociales y otras ofertas voluntarias y solidarias. Hay mucho por hacer para cuidar la vida.

La Conferencia Episcopal colombiana, en un comunicado emitido la primera semana de este mes, invita a realizar una atención pastoral especial a los enfermos y reitera que este es un momento propicio para confiar en la eficacia de la oración, acrecentar la práctica de la misericordia y fortalecer la fraternidad

 

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

 

Atendiendo al llamado de la ONU y la sociedad civil, el ELN ha declarado cese al fuego unilateral del 1 al 30 de abril como respuesta a la pandemia del Covid 19. La decisión trae alivio a las comunidades. Compartimos el comunicado de Defendamos la Paz:

 

Saludamos cese unilateral del ELN

Declaración de Defendamos la Paz

Desde el movimiento Defendamos la Paz, saludamos la decisión tomada por el Ejército de Liberación Nacional, ELN de declarar un cese unilateral por un mes, desde el 1 al 30 de abril, teniendo en cuenta los diferentes llamados hechos por las comunidades, sociedad civil y la comunidad internacional, especialmente el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres y su representante en Colombia, Carlos Ruíz Massieu.

En el contexto de la lucha por contrarrestar la pandemia del COVID19, este gesto del ELN genera alivio humanitario a las comunidades de las diferentes regiones del país que siguen viviendo el rigor de la violencia, lo que las hace aún más vulnerables ante la crisis sanitaria.

La declaración del cese unilateral se convierte igualmente en gran oportunidad de seguir avanzando en las condiciones necesarias para retomar el camino de los Diálogos de Paz entre esta guerrilla y el Gobierno Nacional y alcanzar una Paz Completa. Solicitamos al Presidente Iván Duque, responder positivamente a estas declaraciones hechas por ELN y facilitar un acercamiento.

De igual forma, saludamos la decisión del Gobierno Nacional de restablecer la condición de gestores de paz a Francisco Galán y Carlos Velandia, pues es un paso importante para retomar el camino de los diálogos. A ese propósito también puede contribuir, dar el mismo tratamiento al caso de Juan Carlos Cuéllar.

Reiteramos nuestro llamado a los diferentes grupos armados para que cesen todas las acciones en los territorios del país y no infligir más sufrimientos a las comunidades que enfrentan los riesgos de la pandemia del Coronavirus.

Colombia, 30 de marzo de 2020.

 

 

 

En medio de las múltiples crisis y desafíos a los que la sociedad ha tenido que enfrentarse a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, el movimiento Defendamos la Paz llama a la reflexión sobre el valor de la vida y los esfuerzos que debe poner en marcha el gobierno nacional para proteger a los más vulnerables. A continuación su comunicado completo:

 

Defendamos la Paz y defendamos la Vida

Declaración de Defendamos la Paz

Nuestra nación, como la humanidad entera, se enfrenta hoy a la pandemia. Desde el aislamiento obligado, hacemos esfuerzos por protegernos, por proteger a nuestras familias y a toda Colombia. Nos preocupamos por quienes no tienen los recursos mínimos para salir adelante en este difícil momento, por quienes están en primera línea trabajando en los hospitales curando a los enfermos, por quienes necesitan la atención prioritaria del Estado – como los habitantes de la calle y los trabajadores informales. Buscamos cada día contribuir con nuevos actos al propósito de derrotar el coronavirus. Es un momento para la acción, para plasmar en hechos concretos el amor por los seres que nos rodean, por el país y por el género humano.

Pero es también el momento de la reflexión. De pensar en el valor de la vida, en su fragilidad y en los cuidados que requiere. Esta enfermedad global nos ha puesto, como nunca antes en nuestra existencia, frente a la evidencia de que el modelo de sociedad predominante no ha valorado en debida forma la vida: ni la vida biológica de los seres humanos, ni las condiciones sociales para garantizar la vida digna, ni la vida del planeta y de todas sus especies.

Y en el caso de nuestro país, ese examen crítico pasa inexorablemente por cuestionar la inutilidad del conflicto armado, de la violencia omnipresente a lo largo de la historia colombiana, y de todo lo que ha sido puesto al servicio de destruir la vida en vez de protegerla y enaltecerla.

En nuestro caso, la protección de la vida está indisolublemente unida a la conquista del fin de la violencia. En este contexto, el movimiento Defendamos la Paz:

  • Se une al llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para decretar un alto al fuego en todo el mundo, que ha tenido como primer resultado la tregua bilateral e indefinida lograda en Filipinas. Llama a que en Colombia se imite este ejemplo, y a que todos los grupos armados cesen sus ataques, y a que las fuerzas militares respondan a esa acción humanitaria suspendiendo sus operaciones ofensivas.
  • Condena que en medio de la actual emergencia se siga asesinando a lideresas y líderes sociales, así como a exguerrilleros.
  • Pide que se promueva la cooperación humanitaria para resolver los problemas que genera esta crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Invitamos a todos los ciudadanos a que más allá de cualquier ideología, creencia o prejuicio, convirtamos esta difícil experiencia en nuestra gran oportunidad para comenzar a vivir en paz y de manera solidaria.

Colombia, 27 de marzo de 2020.

 

 

"Hacemos un llamado al gobierno de Iván Duque para que al atender la emergencia creada por el Covid-19 y bajo el más básico principio de humanidad, no cierre el tránsito legal entre los dos países", compartimos el comunicado de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV).

Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV), iniciativa de la sociedad civil binacional, da su voz de alarma y expresa su profunda preocupación por la decisión del gobierno colombiano de cerrar los pasos fronterizos legales con Venezuela, sin haber explorado antes forma alguna de coordinación binacional para hacerle frente a la crisis que plantea la pandemia del COVID-19. Previamente, esos pasos formales, peatonales y de mercancías, estuvieron totalmente cerrados desde agosto de 2015, por decisión del Gobierno de Nicolás Maduro; luego, se los abrió para las personas en horario restringido, y para las mercancías, solo por Zulia-La Guajira.

Ante la pandemia del COVID-19, el cierre de los pasos fronterizos formales no es una medida efectiva y resulta más bien contraproducente. A lo largo de los 2.219 kms. de línea limítrofe, los dos países comparten desde siempre una vecindad marcada por intensas interacciones que es imposible frenar. Los cierres y la falta de coordinación binacional vulneran a toda la población que vive en las fronteras o que llega a ellas, aumentan los riesgos de una grave crisis sanitaria y fortalecen a los grupos criminales que se aprovechan de quienes cruzan el límite por cientos de trochas informales e irregulares.

Frente a la pandemia del Covid-19, pedimos que entidades como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Cruz Roja Internacional propicien el diálogo y la coordinación de las entidades de Colombia y Venezuela -incluidas las del gobierno interino de Juan Guaidó-, responsables de los asuntos fronterizos y de salud, o sirvan de canal para que, por su medio, estas procesen de inmediato toda la información pertinente, tomen las medidas urgentes, fortalezcan los mecanismos de control médico en los pasos de frontera y provean un canal humanitario para la entrada y el retorno de personas.

Finalmente, hacemos un llamado al gobierno del presidente Iván Duque para que, al atender la emergencia mundial creada por el COVID-19, Colombia se acoja a los principios cobijados por el derecho internacional humanitario y, bajo el más básico principio de humanidad, no cierre el tránsito legal entre los dos países. Igualmente, pedimos a las instituciones venezolanas que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria por canales regulares y agencias internacionales, y faciliten su entrega a instituciones sanitarias y ONG que ayuden a la población más vulnerable en la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela y en esta pandemia. Solicitamos a ambos países la reapertura del sistema consular y el tránsito legal por los pasos y puentes fronterizos.

Exhortamos también a la opinión pública para que, rechazando la xenofobia, refuerce los valores de solidaridad en la protección y acogida de seres humanos vulnerables que se han visto sometidos a una situación de extrema necesidad.


1. Martha Márquez, Instituto Pensar, Universidad Javeriana.
2. María Carolina Uzcátegui, empresaria venezolana.
3. Francisco Alfaro, investigador externo Universidad Simón Bolívar de Venezuela.
4. Magali Alba, Universidad Simón Bolívar de Cúcuta.
5. Francisco Martínez, empresario venezolano.
6. Alberto Zeledón Molinares, Universidad de la Guajira.
7. German Umaña, Universidad Nacional de Colombia.
8. Marleny Bustamante, Universidad de Los Andes, San Cristóbal, Táchira.
9. Socorro Ramírez, Universidad Nacional de Colombia.
10. Marina Sierra, Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta.
11. Francisco Javier Sánchez, Universidad de Los Andes, San Cristóbal, Táchira.
12. Amaury Padilla, Programa de Desarrollo y Paz del Cesar.
13. Indira Urbaneja, ONG Reunificados, Venezuela.
14. Daniel García-Peña, Universidad Nacional de Colombia.
15. Feliciano Reyna, Acción Solidaria Venezuela.
16. Gerardo Ardila, Universidad Nacional de Colombia.
17. Carmenza Muñoz, CINEP.
18. Hugo Ramirez, Semillero de Investigación, Universidad del Rosario.
19. Carlos Mejía, Oxfam Colombia.
20. Francine Jacome Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP.
21. Ronal Rodriguez, Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario.
22. Kristina Birke Daniels, FESCOL.
23. Alfredo Infante, Revista SIC, Centro Gumilla, Venezuela.
24. Mauricio García, Servicio Jesuita a Refugiados, en Colombia.
25. Silvia Leal, Servicio Jesuita a Refugiados, en Colombia.
26. Mariela Ramírez, Activista Social, Venezuela.
27. Eduardo Soto, Servicio Jesuita a Refugiados, en Venezuela.
28. Pilar Gaitán, La Paz Querida.
29. María Teresa Garcés, La Paz Querida.
30. Deborah Van Berkel Sinergia, Venezuela.
31. Ramón Jimeno, Colombia.
32. Carlos A. Romero. Universidad Central de Venezuela.
33. Armando Novoa, Exmagistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia.
34. Luis Eduardo Celis, PARES, Colombia.
35. Laura Gil, Centro de Opinión La Línea del Medio.
36. Yaneth Caicedo, Red Colombo-Venezolana de Movilidad Humana, Cúcuta.
37. Luz Stella Ortiz, Universidad Central de Venezuela.
38. Roberth Almanza, Institución educativa No 3 Maicao.
39. Mayra Medina, Pedagógico de Rubio (Upel) en Venezuela.
40. Karen Almanza Vides, Universidad de la Guajira.
41. Eimer Barajas, Esap Norte de Santander.
42. Meudis Quintero Ramos, Universidad de la Guajira.
43. Wendy Rojas, Universidad de la Guajira.
44. Maryoris Rojas, Universidad de la Guajira.
45. Suraya Pimienta, Universidad de la Guajira.
46. Fabio Mejia, Universidad de la Guajira.
47. Pedro Pinto, Universidad de la Guajira.
48. Andres Vides, Universidad de la Guajira.
49. Jo D’Elia, Civilis Derechos Humanos, Venezuela.
50. Jair Eduardo Restrepo Pineda, Corporación Universitaria Minuto de Dios.
51. Carlos David Rojas Mora, Universidad Católica Sedes Sapientiae, Perú.
52. Adriana Zapata Martínez, Universidad de Caldas.
53. Victor Alvarez, Economista y Premio Nacional de Ciencias, Venezuela.

 

Colombia y Venezuela, 14 de marzo de 2020

#CuarentenaNacional. Defendamos la Paz se une a los llamados a la acción y la responsabilidad. A continuación su comunicado completo:

Es hora de unirnos

Declaración de Defendamos la Paz

Ante la crisis global que está provocando la pandemia del COVID-19, Defendamos la Paz llama a toda la ciudadanía, a las organizaciones e instituciones de la sociedad colombiana a unir nuestros esfuerzos, recursos, capacidades y talento para superar en forma pronta y eficaz esta enfermedad planetaria.

  1. Solicitamos que en este momento crítico haya plena conciencia de la gravedad del problema, a actuar en forma responsable en el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones hechas por las autoridades, a trabajar en conjunto con ellas en la prevención y tratamiento del virus, a respaldar y cuidar al personal médico y del sector salud, y a cooperar con toda iniciativa cívica que controle y contrarreste el mal. A quienes lideran las fuerzas políticas a actuar con decisión para facilitar la puesta en obra de todas las medidas y reformas que requiere la salida de la crisis.
  2. Llamamos al Gobierno Nacional, a gobernadores y a alcaldes a incentivar el fortalecimiento de la red de salud; a estimular la coordinación entre el sector privado de salud y el sector público; a reforzar las medidas de aislamiento efectivo; a reforzar las instancias de atención e información que alivien el sistema hospitalario y eviten su colapso; a priorizar todas las formas de cuidado de los adultos mayores y de las personas que tengan enfermedades preexistentes o supresión inmunológica; a prestar la debida asistencia y recursos a los municipios y departamentos que no cuentan con infraestructuras hospitalarias ni personal suficiente para la atención de la creciente demanda, a proteger las poblaciones étnicas y rurales, y a compartir equitativamente las nuevas cargas en la atención del hogar con las mujeres.
  3. Llamamos al Gobierno Nacional a que atienda en forma simultanea los efectos recesivos que la actual situación trae sobre la economía. A diseñar una política que atienda la acentuación de la pobreza y la exclusión social de sectores de la población que no cuentan con recursos básicos de sustento, para desempleados o trabajadores sin contrato, y a adoptar medidas extraordinarias - dentro del respeto de los límites impuestos por la Constitución- que difieran el pago de deudas crediticias y servicios públicos.

Este difícil momento que afrontamos exige toda nuestra capacidad de sacrificio y colaboración. Pero también representa una oportunidad excepcional para reflexionar sobre nuestro modelo de vida y de sociedad; examen que permita encontrar soluciones para proteger la salud de todas y todos, transformar solidariamente nuestras relaciones económicas, y hacernos cargo del cuidado de la naturaleza. Es hora de unirnos.


Movimiento Defendamos la Paz

Colombia, 17 de marzo de 2020 

 

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


El pasado 26 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia publicó el informe que evalúa la situación de derechos humanos en el país durante el año pasado. El documento enfatiza la violación a los derechos civiles y políticos de las personas defensoras de derechos humanos, el modo de proceder de las fuerzas militares y de policía en situaciones de seguridad ciudadana, la lucha contra la impunidad y las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También examina la implementación del Acuerdo Final de Paz en perspectiva de derechos.

Si bien el Comisionado reconoce los esfuerzos del Gobierno y el compromiso de los excombatientes de las FARC en el proceso de reincorporación, el informe manifiesta, entre otros puntos, su preocupación por la persistencia de los altos niveles de violencia sobre personas defensoras de derechos humanos, comunidades campesinas, indígenas, negras y afrodescendientes, el incremento de privaciones arbitrarias de la vida y las graves violaciones a los derechos humanos contra niñas y niños en medio del persistente conflicto armado.

El documento, resalta la acción de los grupos criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o también llamadas Clan del Golfo, los Caparros y la mafia, así como de las organizaciones criminales transnacionales que emplearon extrema violencia en las disputas por el control de las economías ilícitas del narcotráfico, minería, despojo de tierras y la cooptación del Estado local y regional en Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Nariño, Guanía y Putumayo, entre otros departamentos.

Manifiesta su profunda preocupación por las disidencias de las FARC, la vuelta a las armas de algunos ex comandantes del equipo negociador de La Habana y la persistencia en la lucha armada del EPL y el ELN.

El informe registra 36 masacres con 133 personas asesinadas, la cifra más alta registrada desde 2014, además de 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incrementándose en un 50% comparado con el año 2018. Algunas de estas personas que participan en procesos judiciales y que involucran a altos funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas militares, son víctimas de hostigamientos. Por eso, una conclusión tajante del Comisionado es que defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia. 

A esto se suma que los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado son insuficientes o corruptos. Particularmente, las autoridades civiles, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Armadas y de Policía, no cumplen de manera adecuada, eficiente y correcta su misión en un importante número de situaciones.

Los señores obispos de Apartadó, Quibdó y Tadó, en septiembre del año pasado, exhortaban a la comunidad del Chocó y al país diciendo: “Ante las problemáticas de un territorio fuertemente golpeado por el conflicto armado y la delincuencia organizada, es absolutamente necesario aspirar a gobernar con perspectivas de paz. Se requieren políticos y gobernantes constructores de paz, porque como afirma el papa Francisco: la buena política está al servicio de la paz. En este sentido, el reclamo por el desarrollo debe inspirarse en criterios de humanismo, sustentabilidad y autonomía territorial”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General del CINEP/Programa por la Paz

Editorial: Democracias Frágiles

  • Nov 27, 2019
  • Publicado en Prensa

Latinoamérica vive un estado de ebullición social, política y económica. En las últimas semanas las democracias del continente han mostrado sus grandes limitaciones y sombras. Para infortunio de las grandes mayorías de la población, problemas como el desempleo, los bajos ingresos, el acceso limitado a la salud, la baja calidad de la educación, el impacto ambiental negativo de los megaproyectos minero energéticos sobre los territorios y los patrimonios naturales, la acelerada migración de millones de personas en busca de alternativas y la represión política sobre las propuestas y resistencias de los pueblos, entre otras problemáticas, son manifestaciones de la fragilidad de este tipo de democracias.

En este contexto, irrumpe la protesta de millones de personas y organizaciones provenientes de los sectores populares, especialmente jóvenes que consideran que las medidas de política social y económica los perjudican de manera grave y por eso expresan su profunda indignación saliendo a protestar de manera masiva. Es lo que ocurrió con la deteriorada economía ecuatoriana que, al eliminar el subsidio a los combustibles, reactivó las movilizaciones de los indígenas y otros sectores, obligando al gobierno de Lenin Moreno a derogar las medidas y crear una mesa de diálogo social. En Ecuador la deuda externa sigue creciendo, el precio del petróleo bajó dramáticamente y la dolarización aún se sostiene de forma artificial. La estructura económica ecuatoriana vive en una crisis persistente sin capacidad de reponerse en el corto plazo.

En Chile, considerado el modelo a mostrar, solo bastó con aumentar el valor del pasaje del metro de Santiago, para que la olla a presión social terminara explotando. En el fondo, la aplicación del modelo económico neoliberal que volvió a Chile el laboratorio para Latinoamérica, terminó por profundizar la inequidad social al privatizar la educación, la salud y las pensiones. El crecimiento económico se concentró en una elite nacional e internacional lo que acrecentó la desigualdad y la inequidad; esto llevó a la movilización popular. Centro América y el Caribe es otro hervidero de injusticia social. República Dominicana, Haití, Nicaragua, Guatemala y Honduras se han vivido en los últimos meses movilizaciones populares cada día más continuas. Y si volvemos al sur del continente, en Uruguay, la gente protestó masivamente contra el mayor protagonismo de los militares en la vida pública y política del país. De igual manera Bolivia se enfrenta a una crisis profunda. La caída de Evo Morales es solo la manifestación de los problemas políticos y sociales de fondo.

Pero nuestro país no escapa de esta misma realidad latinoamericana, el procesos político y económico que vivimos es una caricatura del ideal democrático, el paro nacional del jueves pasado lo demuestra y confirma que en el fondo lo que existe es una profunda desigualdad, inequidad y exclusión económica y política de la mayor parte de la ciudadanía. Tanto la Constitución del año noventa y uno como el Acuerdo Final de paz, con sus reformas y reformulaciones en medio de las discusiones políticas, pueden ser herramientas útiles para reconfigurar la democracia, si bien algunas fuerzas que quieren conservar sus grandes privilegios insisten en aferrarse a salidas violentas. El Papa Francisco, durante la cumbre panamericana de jueces sobre derechos sociales y doctrina franciscana, en junio pasado, expresó: "no hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia en la inequidad. Un sistema políticoeconómico, para su sano desarrollo, necesita garantizar que la democracia no sea sólo nominal, sino que pueda verse plasmada en acciones concretas que velen por la dignidad de todos sus habitantes bajo la lógica del bien común, la solidaridad y una opción preferencial por los pobres".


Luis Guillermo Guerrero Guevara 
Director Cinep/Programa por la Paz

En noviembre de 2016 se firmó el acuerdo para la terminación del conflicto entre el gobierno y las FARC. El Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la paz y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos -CERAC-, que conforman la secretaría técnica del componente internacional para el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz, acaban de publicar un informe sobre los treinta primeros meses de la implementación de este Acuerdo sobre lo cual se pueden señalar algunos aspectos para reflexionar.

Colombia pasó de ser por mucho tiempo un país de estudios sobre la violencia, a un país que es centro de atención en los estudios de paz. El proceso que se dio y el contenido del Acuerdo son considerados como una experiencia de interés político y académico, pues se logró identificar algunos de los problemas más importantes que históricamente han estado en el origen de los conflictos de diversa naturaleza, y en especial de aquellos que optaron por el uso de las armas, como una forma de hacer política y enfrentar al adversario.

Los seis puntos contenidos en el Acuerdo Final, dan cuenta de la complejidad y multicausalidad del conflicto, y establecen una serie de disposiciones que deben adelantarse en escenarios de corto, mediano y largo plazo, con el propósito de construir una paz con justicia social, con equidad e inclusión y duradera. Estas disposiciones comprometen los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e institucionales, lo cual le da un carácter integral al Acuerdo, y si bien hace más compleja la implementación, puede sentar unas bases sólidas para la construcción de una sociedad más democrática, justa y equitativa. Es un Acuerdo que trasciende la paz negativa, que solo silencia las armas para avanzar hacia una paz positiva que implementa los derechos humanos.

Y si bien el gobierno actual, orientado por las visiones del partido Centro Democrático ha impuesto una dinámica de focalizar una lenta reincorporación a la vida ciudadana de los excombatientes de las FARC-EP y una pobre implementación del Acuerdo en los temas centrales del desarrollo rural integral, la participación política, la justicia especial para la paz, la búsqueda de la verdad y la reparación a las más de ocho millones y medio de víctimas, de todas maneras el Acuerdo Final, con todos sus límites, es una gran oportunidad para la búsqueda una paz que aspira a una justicia social con equidad y a una paz estable y duradera.

Recordemos que el Acuerdo de Paz, si lo dejan desarrollar, abre caminos para construir alternativas de largo alcance para generar una sociedad más democrática y amplía el desarrollo local y la paz territorial. El Acuerdo reconoce a las víctimas mediante los compromisos de verdad, justicia, reparación y no repetición; crear una justicia transicional centrada en la reparación de las víctimas en lugar de simplemente castigar al victimario sin transformar la vida de las víctimas; además, se logra la reincorporación de los excombatientes de forma individual y colectiva y establece condiciones para que sociedad reconozca y respete los derechos de las mujeres excluídas, de los pueblos indígenas, afros y raizales. Si bien estos propósitos se pueden identificar en el Acuerdo Final, el camino de la implementación es complejo por diversas razones como: el asesinato y amenaza a los líderes, lideresas sociales y excombatientes, las distintas interpretaciones sobre el alcance de lo establecido, la limitada capacidad institucional para la implementación, los insuficientes recursos, el exceso de expectativas en el corto plazo, la defensa de intereses privados y situaciones coyunturales de la política nacional. A pesar de la importancia de los acuerdos de paz en el mundo, según estudiosos como Stedman, estos suceden en medio de la presencia de saboteadores del proceso y de élites renuentes a compartir el botín de poder.

Luis Guillermo Guerrero Guevara 
Director Cinep/Programa por la Paz

Los devastadores incendios de la Amazonía agitaron los titulares de los principales medios de comunicación mundial en este mes que termina. Sin embargo, los problemas estructurales de este territorio tienen más de cuatro décadas. La Amazonía es el bosque tropical más extenso del mundo. Su extensión llega a los siete millones de kilómetros cuadrados repartidos entre nueve países: Brasil con la mayor extensión, seguido por Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y Guayana Francesa.

La Amazonía tiene la mayor biodiversidad en el planeta, viven cerca de 400 pueblos indígenas, cada uno tiene su propia cultura, territorio y lengua, tienen estilos y medios de vida relacionados con la preservación de los bosques y la conservación de la biodiversidad. Son 33 millones de personas las que habitan en esta gran cuenca. Cuarenta mil especies de plantas, seis mil especies animales, contiene cerca del 20% del agua dulce del mundo y es uno de los pulmones más grandes del planeta.

La superficie de la selva amazónica se ha reducido un 20% desde que se inició un gran proceso de deforestación desde finales de los años sesenta del siglo pasado hasta hoy. Los informes del Centro de Investigación Forestal Internacional señalan que el rápido crecimiento en las ventas de carne de res brasileña, aceleró la destrucción de la selva amazónica. La combinación del calentamiento global y la deforestación hace que el clima regional sea cada día más seco, por eso las altas probabilidades de ocurrencia de incendios y la tendencia a convertir gran parte de la selva tropical en una sabana.

Todos los países amazónicos registran pérdidas, sin apropiada renovación, del patrimonio natural, mientras las alarmas hablan de los incendios que arrasan más de quinientas mil hectáreas de la amazonía brasileña, en Colombia esta problemática no es menor y tampoco es distinta.

El año pasado, según datos del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), el número de hectáreas que se perdieron por conflagraciones en la Amazonia colombiana fue cerca de doscientas mil, mientras que las cifras de deforestación bordearon las 135.000, en resumen, se quemaron 65 mil hectáreas más que lo deforestado. El 12% del territorio amazónico colombiano presenta alta ocurrencia de incendios, especialmente en Putumayo, Guaviare y Caquetá.

Esta problemática de deforestación e incendios obedece principalmente a factores como: la ampliación de la frontera agrícola, animada por los cultivos de uso ilícito, el acaparamiento de las tierras y la tala en áreas protegidas: los resguardos indígenas y parques naturales.

La Iglesia, en los últimos días, ha levantado la voz por la Amazonía a través del Consejo Episcopal Latinoamericano, la Confederación Latinoamericana de Religiosos y en especial por la Red Eclesial Pan Amazónica – REPAM; conscientes de que, en la actualidad, la crisis climática y el aumento de la intervención humana por los cambios en el uso de suelo, están conduciendo la Amazonía hacia un punto de no retorno. Por eso, la iglesia viene convocando hace varios meses al Sínodo Amazónico en línea con el Magisterio del Papa Francisco, llamando a toda la humanidad para que tomemos conciencia de las graves amenazas de esta situación y nos empeñemos en el cuidado de la casa común, construyendo caminos concretos de actuación pacífica, pero firmes, exigiendo que se ponga fin a este proceso catastrófico generado por los intereses de quienes protegen el actual desarrollo económico en detrimento de la Obra del Creador.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz