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Prensa (82)

Por medio de una carta dirigida a Antonio Guterrez, secretario general de la ONU, ex miembros del equipo negociador del Acuerdo de Paz, integrantes del partido político FARC, académicos, congresistas, líderes de la sociedad civil, víctimas y miembros de organizaciones sociales expresamos nuestra preocupación ante las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria que regula la Jurisdicción Especial para la Paz. 

 
 

 

Entre el 4 y 6 de marzo pasados se reunieron entre 51 personas laicas y sacerdotes de distintas áreas profesionales y académicas para reflexionar sobre alternativas políticas a la crisis en Venezuela. Fueron convocados por la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe- CPAL, contando además con el apoyo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima y la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. 

 
 

 

 

La siembra ilícita de hoja de coca, así como la producción y comercialización de la cocaína está en el mayor crecimiento de su historia, pero también en una de sus más difíciles épocas para llegar a una solución de fondo. Un informe del gobierno de los Estados Unidos, lanzado el año pasado, mostró que los cultivos ilícitos en Colombia crecieron a una cifra histórica de 209.000 hectáreas. Más allá de las interpretaciones ideológicas y de aquellas que quieren ganar dividendos políticos, existen causas objetivas sobre este crecimiento.

Una primera tiene que ver con el aumento del consumo de cocaína en los Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica y Europa, lo que hizo crecer en promedio un 10% el valor del gramo de cocaína en la calle. En segundo lugar, la compleja mezcla que se da entre la minería ilegal de oro y la siembra de coca; porque, cuando baja el precio del oro la gente pasa a la siembra de hoja y viceversa. La tercera causa tiene que ver con la revaluación del dólar.

En pocos años cada dólar subió más de mil pesos, hasta llegar hoy a los tres mil pesos, revaluación que dinamizó las economías ilegales de cocaína, minerales y armas. De otra parte, un cuarto factor es el vacío de poder que se generó con la salida de las Farc de sus zonas de control lo que hizo surgir y hacer llegar diferentes grupos criminales, que a su vez presionaron a campesinos para sembraran más hoja de coca. Y, finalmente, en algunas regiones del país familias cocaleras aumentaron la siembra ante la expectativa de recibir beneficios en el marco del Acuerdo de paz.

Así, las causas del aumento de los sembrados ilícitos son múltiples, igualmente es claro que mientras los precios sean altos y la demanda crezca será difícil controlar el mercado ilegal. Las medidas de interdicción, represivas y violentas, aplicadas por Estados Unidos y Colombia durante cerca de tres décadas no han dado resultado, a pesar de la aplicación del Plan Colombia, del Plan Consolidación y las últimas estrategias del Acuerdo de Paz como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS-, la situación no ha cambiado, el negocio del narcotráfico con todas sus consecuencias negativas, sigue más vivo que nunca.

Los que creen que la fumigación es la solución están equivocados, el reto es crear una estrategia de lucha contra las drogas que involucre la persecución al lavado de activos, al tráfico de insumos para el procesamiento y a los agentes estatales corruptos, a la vez que la aplicación de estrategias educativas y de salud pública frente al consumo, pero fumigar y encarcelar campesinos no ha servido para nada.

El Papa Francisco fue claro en su mensaje a los obispos colombianos sobre el narcotráfico: “No participen en ninguna negociación que malvenda sus esperanzas. No tengan miedo de alzar serenamente la voz para recordar a todos que una sociedad que se deja seducir por el espejismo del narcotráfico se arrastra a sí misma en esa metástasis moral que mercantiliza el infierno y siembra por doquier la corrupción y, al mismo tiempo, engorda los paraísos fiscales”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General Cinep/Programa por la Paz

Las víctimas del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU) exigimos que la Unidad Nacional de Protección se comprometa con nuestra protección y seguridad.

Los miembros del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATUqueremos denunciar ante la opinión pública, la enorme debilidad en el poder infraestructural de la Unidad Nacional de Protección – UNP y de las entidades públicas responsables del programa de protección para reclamantes de tierras hacia COCOLATU, especialmente en lo que atañe a su capacidad y respuesta.
 
El consejo comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó – COCOLATU comprende parte de los municipios de Riosucio – Chocó –, Turbo y Mutatá – Antioquia –, fue beneficiario de titulación colectiva de su territorio ancestral, mediante las resoluciones 2805 del año 2000, de conformidad con la ley 70 de 1993 y el decreto reglamentario 1745 de 1995. A COCOLATU le fueron tituladas 107.064 hectáreas, cuando el 76% de la comunidad que habitaba el territorio colectivo se encontraba en situación de desplazamiento entre los años de 1996 – 2002. De las 46 comunidades que componen el título colectivo, ocho (8) quedaron en condición de vaciamiento y tres (3) desaparecieron completamente.

 
 

 

 

A finales del año pasado, causó controversia en la opinión pública la firma del Presidente Duque al Decreto 2362, que amplía durante el presente año, el permiso para el uso de armas por parte de civiles en Colombia, con el argumento de la legítima defensa. Es paradójico que mientras se firma un Acuerdo de Paz para sacar las armas de la política, sectores del Centro Democrático y del partido Conservador, firmaran una carta para impulsar este decreto. De otra parte, diversos sectores políticos y ciudadanos señalan que esta medida es peligrosa, pone en estado de vulnerabilidad a la ciudadanía y debilita la acción de quienes deben tener el uso exclusivo y el monopolio de las armas en un Estado Social de Derecho, que para el caso del país son las Fuerzas Armadas, la Policía y los cuerpos de seguridad legales.

La ciudadanía no necesita armas para su seguridad, necesita, en lo inmediato, un cuerpo policiaco y de inteligencia que descubra, desarticule y capture a los delincuentes y criminales de todo tipo y un cuerpo de justicia que establezca los debidos procesos jurídicos que lleven al restablecimiento efectivo de los derechos conculcados y la resocialización de los delincuentes. Pero para que la seguridad no solo se limite a la aplicación de acciones jurídicas, punitivas y de resocialización, la sociedad e institucionalidad colombiana necesita de una comprensión más amplia de seguridad humana que se traduce en: justicia, equidad, seguridad social, educación, igualdad y paz.

Desafortunadamente, existen sectores sociales y políticos que creen más en el uso de las armas para solucionar los conflictos que en el valor de la educación, del diálogo constructivo y la mediación de la razón para la transformación de los conflictos sociales. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el Estado colombiano destinó para el año 2017 una importante cantidad de dinero en seguridad y defensa. Colombia es el país de Sudamérica que tiene el mayor gasto en materia militar con relación a su producto interno bruto, después de los Estados Unidos, con el 3.1%, equivalente a 9.173 millones de dólares. Una gran suma que, si se invirtiera en educación, daría grandes oportunidades para el futuro de millares de jóvenes.

En noviembre del año pasado, el Papa Francisco en un discurso ante los participantes en la asamblea plenaria de la Pontificia Academia de Ciencias, alertó sobre la ausencia de voluntad y determinación política para detener la carrera armamentista y poner fin a las guerras para enfrentar con urgencia necesidades de los seres humanos. El Papa llamó a detener las guerras, para pasar con urgencia a las energías renovables, los programas dirigidos a asegurar el agua, la alimentación y la salud para todos e invertir en el bien común los enormes capitales que permanecen inactivos en paraísos fiscales.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General Cinep/Programa por la Paz

El éxodo venezolano a Colombia y Latinoamérica, continúa siendo un verdadero drama humanitario que hunde sus raíces en la histórica inestabilidad política y económica del hermano país. Para ir más allá de los titulares mediáticos y de los análisis ideologizados, la Organización Internacional de Migrantes, la Fundación alemana Konrad Adenauer y la universidad jesuita Antonio Ruiz de Montoya del Perú, publicaron en diciembre pasado un riguroso estudio titulado: El éxodo venezolano: entre el exilio y la emigración, del cual destaco cinco puntos:

Primero: entender cómo Venezuela llegó a la situación actual, no es tarea fácil. Es un ejercicio complejo, incluso para quienes están viviendo este convulsionado proceso de cambios políticos, económicos y sociales, en medio de una gran polarización y confrontación que progresivamente han socavado las libertades democráticas. 

Segundo: el flujo migratorio es el resultado de una grave crisis institucional, económica, política y social, provocada y manejada de manera errónea por el gobierno y la oposición. Son alrededor de tres millones de personas migrantes y el número crece. Venezuela pasó de ser un país de inmigrantes a un país de emigrantes en muy pocos años. En los años setenta un número incalculable de colombianos emigraron a Venezuela buscando salidas económicas y por el conflicto armado. 

Tercero: la implementación del proyecto político del socialismo del siglo XXI, favorecido por la bonanza petrolera en la década de los 2000, permitió el incremento del gasto público y la mejora transitoria de ciertos índices de bienestar, pero no motivó la inversión mundial ni fue suficiente para reducir la emigración. La convivencia se deterioró por el manejo erróneo de los conflictos políticos y el aumento de problemas de seguridad personal, económica y jurídica.

Cuarto: el socialismo del siglo XXI se fundamentó en la amplia regulación del Estado en la economía. Aplicó un sistema de fuertes controles debilitando las capacidades productivas del sector privado. Generó graves desequilibrios macroeconómicos que llevó a la hiperinflación y deterioro profundo de los niveles de bienestar que hoy enfrenta la población venezolana. Este modelo no contó con el consenso suficiente de las fuerzas económicas venezolanas, trajo una intensa conflictividad social y polarizó el antagonismo político.

Quinto: a lo anterior se agregó una profunda caída y lenta recuperación de los precios del petróleo en una economía dependiente del mineral, lo que originó una gran contracción económica acompañada de un alto proceso inflacionario que erosionó el poder adquisitivo y la calidad de vida de la población. De otra parte, se impuso una altísima corrupción en el Estado. El oficialismo del presidente Maduro pierde en 2015 las elecciones legislativas, percibe amenazado su continuidad en el poder y reacciona con medidas políticas discutibles desde el punto de vista legal y de baja legitimidad, quebrando las bases del sistema democrático, en medio de un ambiente internacional que no se coincide con el reconocimiento del actual gobierno venezolano.

El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Arzobispo Oscar Urbina Ortega, expresó en octubre del año pasado en Cúcuta: “La Iglesia católica en Colombia sufre con ustedes este momento de tanto dolor que vive el pueblo venezolano. Estamos comprometidos en brindarles una ayuda que los anime a seguir en la lucha diaria de reconstrucción del tejido social de su país. Dada la agudización del problema, seguiremos desde la Iglesia elevando nuestra voz, denunciando que hace falta más, mucha más ayuda, y que es necesario alejar el ruido de sables y la marcha de los ejércitos en las zonas fronterizas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General Cinep/Programa por la Paz

El pasado 26 de noviembre se cumplieron dos años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las Farc. El Cinep/PPP y Cerac, en su tarea como secretaría técnica de verificación internacional del Acuerdo, publicó la semana pasada su cuarto informe, en el marco de los primeros cien días del actual gobierno. Algunos puntos se pueden resumir así:

En el tema de reforma rural integral los avances son mínimos. Se alcanzó a discutir y aprobar en la plenaria de la Cámara la ley 196 de adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal protectoras-productoras. El nuevo gobierno dio la instrucción de continuar desarrollando el proceso participativo de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Pero, en temas estructurales como el acceso, uso, tenencia de la tierra y los planes nacionales de reforma rural integral no se ha tomado ninguna medida.

Respecto al punto de participación política que busca romper el vínculo entre armas y política y la generación de espacios de participación, se registraron avances en la aplicación del estatuto de la oposición. El gobierno expresó su compromiso para fortalecer la institucionalidad para dar mayores garantías de seguridad a los líderes sociales y excombatientes. Preocupa el hundimiento del acto legislativo que buscaba crear las circunscripciones de paz y continúa siendo motivo de alta intranquilidad la persistente violencia contra líderes, lideresas y excombatientes de la Farc, al lado de la ineficacia del gobierno en la mitigación de este flagelo.

Sobre el punto del fin de conflicto, el gobierno actual ha dicho que dará cumplimiento a los compromisos de reincorporación de excombatientes de las Farc. Se resalta la realización del segundo Consejo Nacional de los Comunes de la Farc en Bogotá, y la participación los congresistas del partido Farc. El gobierno acreditó 13.049 excombatientes, pero continúan 214 en prisión, sin solución de su situación jurídica. Mientras que el caso de Jesús Santrich, continúa sin resolverse.

En el tema de drogas ilícitas los principales avances giran en torno a los programas de sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito, pero los compromisos sobre consumo y lucha contra el narcotráfico aún no presentan avances deseados.

Y finalmente, en el punto sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición se evidencia que permanece en fase de alistamiento y puesta en marcha, con avances diferenciados. La Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la Comisión de la Verdad han avanzado en su consolidación institucional, en el diálogo con diversas organizaciones sociales y en sus metodologías. La Justicia Especial para la Paz tiene los mayores adelantos en su funcionamiento, pero ha tenido que enfrentar las mayores controversias, lo que da lugar a una particular preocupación porque se puede desvirtuar su naturaleza.

La Conferencia episcopal de Colombia en su declaración de julio de este año expresó: “No nos cansemos de trabajar por la paz. La paz es un bien que merece todos nuestros esfuerzos. Ningún colombiano puede negarse a participar en la superación de los problemas y situaciones conflictivas del país. Invitamos a no dejar a mitad de camino el esfuerzo que el país ha realizado por la paz y la reconciliación, que requiere nuevos aportes y nuevos horizontes, pero sobre todo el ánimo y compromiso de todos para que finalmente la paz sea una realidad”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General Cinep/Programa por la Paz

La contaminación del aire en las grandes ciudades del país y del mundo es uno de los más graves problemas ambientales y de salud que padecemos en la actualidad. El aire contaminado que respiran los habitantes en las ciudades colombianas está asociado al uso de combustibles como el diésel, la emisión de gases efecto invernadero y de otros contaminantes, que, al superar los límites posibles de soportar y transformar en el ambiente, afectan la salud. La Organización Mundial de la Salud calcula que más de cuatro millones de personas mueren anualmente por contaminación del aire; nueve de cada diez niños en el mundo respiran aire tóxico; aproximadamente 600.000 niños murieron en 2016 a causa de infecciones respiratorias agudas causadas por el aire contaminado.

En Colombia más de diez mil personas mueren al año por temas relacionados con la calidad del aire mientras que el 78% de las emisiones de partículas provienen de camiones de carga, buses y motos. Por otra parte, a pesar de la preocupación por aplicar estrategias como el pico y placa ambiental o el día sin carro, para mejorar la calidad del aire, los balances no son satisfactorios. Así lo publicó un informe de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes sobre el día sin carro en Bogotá. La conclusión es que la tradicional iniciativa funciona para mejorar la movilidad, pero no el ambiente. Si bien en una jornada sin carro dejan de circular casi un millón y medio de carros, se ponen en circulación más buses operados con diésel para cubrir la demanda de transporte, y estos son justamente los que generan altos índices de material particulado contaminante.

En conclusión, los expertos en movilidad ratifican que controlar e incluso prescindir del uso de diésel sería clave para mejorar la calidad del aire en las grandes ciudades del país. Otras medidas van en la lógica de que el que contamine pague, mientras que algunas, que van tomando fuerza, enfatizan la promoción de modelos de movilidad limpia como el uso de la electricidad y el gas natural en los carros y el uso de la bicicleta.

El Papa Francisco en el mensaje al Congreso Internacional Laudato si y las grandes ciudades en Brasil, en julio del año pasado, expresó: «No nos quedemos con los brazos cruzados frente a la degradación ambiental. Invoco respeto, responsabilidad y relaciones bien hechas, para afrontar los desafíos de este mundo. Desafíos ecológicos como la grave degradación de la calidad del aire, la contaminación del agua, el aumento de los residuos tóxicos. Pero también los desafíos sociales como la pobreza, la violencia y la injusticia. Hay que hacer que crezcan en las sociedades el respeto por el ambiente y la responsabilidad ante la Creación. Es un deber de todos crear en la sociedad una conciencia de respeto por nuestro entorno; esto nos beneficia a nosotros y a las generaciones futuras. Tal conciencia debe ser enseñada y transmitida».

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz 

 

 

Los modelos se repiten, el nuevo gobierno, como los anteriores propone una reforma tributaria. El miércoles 31 de octubre el Gobierno nacional radicó ante la Comisión Tercera y Cuarta de la Cámara, con mensaje de urgencia, la Ley de Financiamiento, esperando dejarla lista hacia diciembre. Lo que se quiere, en lo inmediato, es tapar el hueco del gasto que necesita pagar el Estado el cual suma 14 billones de pesos de déficit y recaudar 5 billones de pesos más para cubrir nuevos programas, en total serían 19 billones de pesos. Se sabe que para el próximo año el presupuesto registra faltantes en salud de 3 billones de pesos; posconflicto, 2 billones y educación, 1.6 billones.

 

El punto crucial de esta situación es de dónde y cómo se va a recaudar esa gran cantidad de dinero. La Ley de Financiamiento del Gobierno propone: el impuesto al patrimonio, impuestos a los dividendos y al consumo, la normalización tributaria, medidas para combatir la evasión y un régimen especial para las Pymes y las mega-inversiones. Pero los temas que más han causado escozor son: el aumento de la tributación de personas naturales y la aplicación del impuesto de 19% de IVA a los productos de la canasta familiar, entre otros: arroz, huevos, pollo, carne de res, cerdo, pescado, verduras, papas, frutas, hortalizas, lácteos, panela, azúcar, café, aceite, chocolate, trigo, pan, té y yuca, llegando a grabar hasta el 80% de la canasta. Estas alternativas han encendido las alarmas y estamos viviendo en estos momentos una fuerte controversia que va a transitar por intensas discusiones entre las bancadas del Congreso y las críticas e incertidumbres de la ciudadanía.

 

A pesar de que se habla de compensaciones y subsidios para las clases populares, tanto estas como las clases medias serían las más golpeadas en sus ingresos y en su bienestar si se llagara a aprobar lo que propone la Ley de Financiación del gobierno. Mientras que las más favorecidas serían las empresas. A estas se les disminuiría el cobro de impuestos con la condición de que generen mayor crecimiento y empleo.

 

En el documento Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero, de enero de este año, la Congregación para la doctrina de la Fe, dice: “el sistema fiscal de los Estados no siempre parece justo; a este respecto, cabe señalar que tal injusticia a menudo es en perjuicio de los sectores económicos más débiles y en ventaja de los más equipados y capaces de influir incluso en los sistemas normativos que regulan los mismos tributos. De hecho, la imposición tributaria, cuando es justa, desempeña una fundamental función equitativa y redistributiva de la riqueza, no sólo en favor de quienes necesitan subsidios apropiados, sino también en el apoyo a la inversión y el crecimiento de la economía real”.

 

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

 

Son cerca de cuatro millones y medio de afiliados a la EPS Medimás que se quedaron sin una atención digna de salud por la caída de la venta de Cafesalud (antigua Saludcoop) a Medimás, creada hace apenas catorce meses. La deficiente calidad en la prestación del servicio, la errada administración en medio de divisiones entre los accionistas, así como el incumplimiento de los pagos, en más de 125 mil millones de pesos, según la Procuraduría y la agente liquidadora de Saludcoop, precipitó la decisión del Estado de echar para atrás este meganegocio de más de 1.4  billones de pesos. Esta situación generó el cierre de ocho clínicas en Medellín, Armenia, Pereira, Ibagué, Neiva, Villavicencio y Tunja, vulnerando los derechos fundamentales de millones de usuarios y generando problemas de salud pública en estas ciudades.

Pero esta historia no es nueva, contamos en el país con dos casos más de magnitudes similares en los últimos años: primero fue Saludcoop, luego fue Cafesalud y ahora es Medimás. Con anticipación a la adjudicación de la venta de Cafesalud, la Procuraduría alertó que Medimás no contaban con el músculo financiero, ni con la experiencia suficiente para asumir el aseguramiento de los afiliados que venían de esta EPS, pero se hizo caso omiso de esta alerta y el negoció continuó.

Todos estos casos responden a un sistema de salud colapsado y marcado por los cambios de concepción del servicio médico que fijó la ley 100 de 1993, bajo el gobierno del expresidente Gaviria y liderado por el expresidente Uribe (en ese momento senador), basados en los principios neoliberales de la privatización de la salud, o en la entrega de la salud al sector privado bajo el entendido de que este sector maneja mejor la administración y la sostenibilidad financiera de los servicios públicos, y dejando al Estado solamente como un ente de vigilancia y control. Por este camino, el país profundizó la práctica errática y antiética de la corrupción económica en el manejo de los recursos de la salud, que funcionarios corruptos del Estado tenían bajo su poder. En resumen, tanto sectores del empresariado como del Estado, si bien teóricamente pueden conocer la visión de la salud como un derecho humano fundamental con el cual nadie se puede lucrar, en la realidad no lo practican, y continua el sacrificio de vidas humanas en las puertas, habitaciones y quirófanos de los hospitales.

Los obispos, reunidos en la asamblea plenaria de febrero del año pasado, expresaron: “Nos duele la salud. Es dramática la situación que están viviendo millones de colombianos, especialmente los más pobres, ante la imposibilidad de acceder a servicios de salud oportunos y de calidad. No se puede permitir que el sistema de salud colapse. Hasta ahora no se ven ni una reacción responsable ni una respuesta adecuada por parte de quienes deben intervenir. La salud no da espera. Por ser la salud un derecho fundamental, es urgente y necesario que las personas e instituciones a quienes corresponde concreten definitivamente una solución a corto y largo plazo de las deficiencias del sistema sanitario”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz