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Prensa (89)

La contaminación del aire en las grandes ciudades del país y del mundo es uno de los más graves problemas ambientales y de salud que padecemos en la actualidad. El aire contaminado que respiran los habitantes en las ciudades colombianas está asociado al uso de combustibles como el diésel, la emisión de gases efecto invernadero y de otros contaminantes, que, al superar los límites posibles de soportar y transformar en el ambiente, afectan la salud. La Organización Mundial de la Salud calcula que más de cuatro millones de personas mueren anualmente por contaminación del aire; nueve de cada diez niños en el mundo respiran aire tóxico; aproximadamente 600.000 niños murieron en 2016 a causa de infecciones respiratorias agudas causadas por el aire contaminado.

En Colombia más de diez mil personas mueren al año por temas relacionados con la calidad del aire mientras que el 78% de las emisiones de partículas provienen de camiones de carga, buses y motos. Por otra parte, a pesar de la preocupación por aplicar estrategias como el pico y placa ambiental o el día sin carro, para mejorar la calidad del aire, los balances no son satisfactorios. Así lo publicó un informe de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes sobre el día sin carro en Bogotá. La conclusión es que la tradicional iniciativa funciona para mejorar la movilidad, pero no el ambiente. Si bien en una jornada sin carro dejan de circular casi un millón y medio de carros, se ponen en circulación más buses operados con diésel para cubrir la demanda de transporte, y estos son justamente los que generan altos índices de material particulado contaminante.

En conclusión, los expertos en movilidad ratifican que controlar e incluso prescindir del uso de diésel sería clave para mejorar la calidad del aire en las grandes ciudades del país. Otras medidas van en la lógica de que el que contamine pague, mientras que algunas, que van tomando fuerza, enfatizan la promoción de modelos de movilidad limpia como el uso de la electricidad y el gas natural en los carros y el uso de la bicicleta.

El Papa Francisco en el mensaje al Congreso Internacional Laudato si y las grandes ciudades en Brasil, en julio del año pasado, expresó: «No nos quedemos con los brazos cruzados frente a la degradación ambiental. Invoco respeto, responsabilidad y relaciones bien hechas, para afrontar los desafíos de este mundo. Desafíos ecológicos como la grave degradación de la calidad del aire, la contaminación del agua, el aumento de los residuos tóxicos. Pero también los desafíos sociales como la pobreza, la violencia y la injusticia. Hay que hacer que crezcan en las sociedades el respeto por el ambiente y la responsabilidad ante la Creación. Es un deber de todos crear en la sociedad una conciencia de respeto por nuestro entorno; esto nos beneficia a nosotros y a las generaciones futuras. Tal conciencia debe ser enseñada y transmitida».

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz 

 

 

Los modelos se repiten, el nuevo gobierno, como los anteriores propone una reforma tributaria. El miércoles 31 de octubre el Gobierno nacional radicó ante la Comisión Tercera y Cuarta de la Cámara, con mensaje de urgencia, la Ley de Financiamiento, esperando dejarla lista hacia diciembre. Lo que se quiere, en lo inmediato, es tapar el hueco del gasto que necesita pagar el Estado el cual suma 14 billones de pesos de déficit y recaudar 5 billones de pesos más para cubrir nuevos programas, en total serían 19 billones de pesos. Se sabe que para el próximo año el presupuesto registra faltantes en salud de 3 billones de pesos; posconflicto, 2 billones y educación, 1.6 billones.

 

El punto crucial de esta situación es de dónde y cómo se va a recaudar esa gran cantidad de dinero. La Ley de Financiamiento del Gobierno propone: el impuesto al patrimonio, impuestos a los dividendos y al consumo, la normalización tributaria, medidas para combatir la evasión y un régimen especial para las Pymes y las mega-inversiones. Pero los temas que más han causado escozor son: el aumento de la tributación de personas naturales y la aplicación del impuesto de 19% de IVA a los productos de la canasta familiar, entre otros: arroz, huevos, pollo, carne de res, cerdo, pescado, verduras, papas, frutas, hortalizas, lácteos, panela, azúcar, café, aceite, chocolate, trigo, pan, té y yuca, llegando a grabar hasta el 80% de la canasta. Estas alternativas han encendido las alarmas y estamos viviendo en estos momentos una fuerte controversia que va a transitar por intensas discusiones entre las bancadas del Congreso y las críticas e incertidumbres de la ciudadanía.

 

A pesar de que se habla de compensaciones y subsidios para las clases populares, tanto estas como las clases medias serían las más golpeadas en sus ingresos y en su bienestar si se llagara a aprobar lo que propone la Ley de Financiación del gobierno. Mientras que las más favorecidas serían las empresas. A estas se les disminuiría el cobro de impuestos con la condición de que generen mayor crecimiento y empleo.

 

En el documento Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero, de enero de este año, la Congregación para la doctrina de la Fe, dice: “el sistema fiscal de los Estados no siempre parece justo; a este respecto, cabe señalar que tal injusticia a menudo es en perjuicio de los sectores económicos más débiles y en ventaja de los más equipados y capaces de influir incluso en los sistemas normativos que regulan los mismos tributos. De hecho, la imposición tributaria, cuando es justa, desempeña una fundamental función equitativa y redistributiva de la riqueza, no sólo en favor de quienes necesitan subsidios apropiados, sino también en el apoyo a la inversión y el crecimiento de la economía real”.

 

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

 

Son cerca de cuatro millones y medio de afiliados a la EPS Medimás que se quedaron sin una atención digna de salud por la caída de la venta de Cafesalud (antigua Saludcoop) a Medimás, creada hace apenas catorce meses. La deficiente calidad en la prestación del servicio, la errada administración en medio de divisiones entre los accionistas, así como el incumplimiento de los pagos, en más de 125 mil millones de pesos, según la Procuraduría y la agente liquidadora de Saludcoop, precipitó la decisión del Estado de echar para atrás este meganegocio de más de 1.4  billones de pesos. Esta situación generó el cierre de ocho clínicas en Medellín, Armenia, Pereira, Ibagué, Neiva, Villavicencio y Tunja, vulnerando los derechos fundamentales de millones de usuarios y generando problemas de salud pública en estas ciudades.

Pero esta historia no es nueva, contamos en el país con dos casos más de magnitudes similares en los últimos años: primero fue Saludcoop, luego fue Cafesalud y ahora es Medimás. Con anticipación a la adjudicación de la venta de Cafesalud, la Procuraduría alertó que Medimás no contaban con el músculo financiero, ni con la experiencia suficiente para asumir el aseguramiento de los afiliados que venían de esta EPS, pero se hizo caso omiso de esta alerta y el negoció continuó.

Todos estos casos responden a un sistema de salud colapsado y marcado por los cambios de concepción del servicio médico que fijó la ley 100 de 1993, bajo el gobierno del expresidente Gaviria y liderado por el expresidente Uribe (en ese momento senador), basados en los principios neoliberales de la privatización de la salud, o en la entrega de la salud al sector privado bajo el entendido de que este sector maneja mejor la administración y la sostenibilidad financiera de los servicios públicos, y dejando al Estado solamente como un ente de vigilancia y control. Por este camino, el país profundizó la práctica errática y antiética de la corrupción económica en el manejo de los recursos de la salud, que funcionarios corruptos del Estado tenían bajo su poder. En resumen, tanto sectores del empresariado como del Estado, si bien teóricamente pueden conocer la visión de la salud como un derecho humano fundamental con el cual nadie se puede lucrar, en la realidad no lo practican, y continua el sacrificio de vidas humanas en las puertas, habitaciones y quirófanos de los hospitales.

Los obispos, reunidos en la asamblea plenaria de febrero del año pasado, expresaron: “Nos duele la salud. Es dramática la situación que están viviendo millones de colombianos, especialmente los más pobres, ante la imposibilidad de acceder a servicios de salud oportunos y de calidad. No se puede permitir que el sistema de salud colapse. Hasta ahora no se ven ni una reacción responsable ni una respuesta adecuada por parte de quienes deben intervenir. La salud no da espera. Por ser la salud un derecho fundamental, es urgente y necesario que las personas e instituciones a quienes corresponde concreten definitivamente una solución a corto y largo plazo de las deficiencias del sistema sanitario”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

Según la Comisión interamericana de control contra el abuso de la droga, trece años de edad es, en promedio, el inicio de la drogadicción en Colombia. En un amplio margen, la marihuana es la más usada en el país. La encuesta mundial de Global Drugs Survey realizada este año en Colombia, a 1439 personas, de veintiocho años de edad en promedio, arrojó que el sesenta por ciento de personas consumió marihuana, en tanto que cerca del veintisiete por ciento admitió haber consumido LSD, basuco y cocaína. Igualmente, no deja de inquietar que el alcohol sea la sustancia legal más consumida en el país, el 94% de encuestados afirmó haber bebido alcohol durante el último año. Ahora bien, mientras la adicción sea tratada solo como un tema de orden criminal y se ejerza una acción de persecución y de penalización y no se la comprenda como un fenómeno de salud pública y de una sólida formación humana, en un contexto social que impone modelos de mercado consumista y la postre violentos, las estrategias para manejar el consumo tendrán como efecto cambios limitados y de bajo impacto, como lo atestiguan los resultados obtenidos hasta el momento.

En el otro extremo está la cadena del mercado mafioso y criminal del narcotráfico que vive de 250.000.000 de consumidores en el mundo, un 5 % de la población adulta mundial, según el informe sobre drogas de Naciones Unidas del año pasado. Un mercado que mueve capitales incalculables y que nutre una economía ilegal combinada con una amplia gama de sectores de la economía legal, incluidos los capitales financieros mundiales, el uso de la química y de las armas. En el mercado del narcotráfico no solo están implicadas las mafias que comercializan las drogas, sino que existe todo un proceso de lavado de capitales que impregnan la globalidad de la economía mundial. Por eso, las estrategias que por muchos años han atacado el narcotráfico como la aspersión de glifosato, la interdicción de las rutas y la persecución a los campesinos cocaleros, no dan el resultado esperado. Si no se interviene todo el sistema de manera integral: la cadena de producción, comercialización y acumulación de capital y, si no se piensa seriamente en políticas públicas para la atención a la salud y la educación integral, con un compromiso internacional, no será posible generar avances en la solución a este grave fenómeno global.

El Papa Francisco, en el encuentro de la Pontificia academia de las ciencias hace dos años, expresó: “La droga es una herida en nuestra sociedad que atrapa a mucha gente. Ellas son víctimas que han perdido su libertad para caer en esta nueva esclavitud que podríamos llamar «química». No hay una única causa que lleve a la dependencia de la droga, son muchos los factores que intervienen: la ausencia de familia, la presión social, la propaganda de los traficantes, el deseo de vivir nuevas experiencias, etcétera. Cada persona dependiente debe ser escuchada, comprendida, amada y, en cuanto posible, sanada y purificada. Sabemos que el sistema de distribución, más que la producción, representa una parte importante del crimen organizado. No queda otro camino que el de remontar la cadena que va desde el comercio de drogas en pequeña escala hasta las formas más sofisticadas de lavado, que anidan en el capital financiero y en los bancos que se dedican al blanqueo del dinero sucio”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director Cinep/Programa por la paz.

 

Colombia vive una transición política importante. La implementación del Acuerdo Final de Paz; la composición del Congreso sin un bloque mayoritario para legislar; fuerzas alternativas que expresaron sus propuestas con vigor en las elecciones presidenciales y un plebiscito anticorrupción que, si bien no alcanzó el umbral, sobrepasó las expectativas con más de once millones y medio de votos. En este contexto el gobierno del presidente Duque tiene significativos retos para trabajar durante sus cuatro años de mandato:

Un primer reto es el tratamiento del Acuerdo Final de Paz. No solo en lo que tiene que ver con la incorporación de los excombatientes de las FARC, sino por los compromisos con los más de ocho millones y medio de las víctimas, la ciudadanía en general y la comunidad internacional, en asuntos estructurales como el desarrollo rural, la participación política y la aplicación del sistema integral de justicia. Pero igualmente el gobierno no podrá dejar sin tratamiento de fondo la negociación con el ELN de cara a cerrar propositivamente en el país los diálogos con la insurgencia.


En el tema económico, el hecho de que el país haya ingresado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, exige garantizar el derecho al trabajo decente, la actividad sindical, la regulación de la informalidad laboral que, según el DANE, llega al cincuenta por ciento. Igualmente, exige reducir la desigualdad de ingresos y la brecha entre el país urbano y el país rural. El nuevo gobierno tiene bajo su responsabilidad el manejo del gasto exponencial en salud y en pensiones que, según estudios de la Universidad de los Andes, se estima en tres billones de pesos la deuda de las EPS a la red hospitalaria público-privada. En tanto que el régimen público de pensiones tiene un hueco fiscal de cuarenta billones, según Asofondos.

Un tercer reto del gobierno es atender las problemáticas que afectan la seguridad. En los últimos dos años y medio, según la Defensoría del Pueblo, van trescientos cuarenta y tres asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos. Estos hechos dolorosos y nefastos se están dando en contextos donde los reclamantes de tierras impulsan los procesos de restitución, en territorios donde el narcotráfico controla sembrados y rutas, en regiones donde las inversiones minero-energéticas, legales e ilegales, desarrollan sus proyectos. ¿Cómo desarticular estas dinámicas violentas? ¿Por qué las fuerzas de seguridad del Estado, con su alta capacidad y sus importantes recursos no dan los resultados esperados?

Un cuarto reto es la lucha contra la corrupción. Según Transparencia Internacional, Colombia ocupa el lugar número noventa y seis de ciento ochenta países a nivel mundial, un puesto alto en corrupción. Existe un importante número de normas contra la corrupción, pero lo que falta es hacer cumplir esas normas, garantizar la denuncia y la aplicación efectiva de penas para los corruptos. Finalmente, un quinto reto estructural es la educación. Los resultados de la prueba Saber once deja regiones como el Caribe, el Pacífico, la Orinoquia y Amazonia en niveles críticos de calidad y de muy bajo acceso a la educación superior.

El papa Francisco, en su visita a Colombia recordó que el país está transitando por nuevos caminos como sociedad, por eso dijo que: “ningún tipo de violencia restrinja o anule ni una vida más en el país. Todos somos necesarios para crear y formar la sociedad, esta no se hace sólo con algunos de pura sangre, sino con todos, y aquí radica la grandeza de un país en el que todos tienen cabida y todos son importantes”. El Papa hizo un llamado a los colombianos a desoír “la cizaña”, la polarización y la división que nos impide llegar a la paz.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director Cinep/Programa por la paz.

 

El espíritu de la innovación

  • Sep 13, 2018
  • Publicado en Prensa

Para este mes, el P. Carlos Eduardo Correa Jaramillo, S.J., Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, nos recuerda que la innovación tiene que ver con la búsqueda permanente de aquello que más y mejor aprovecha para el crecimiento humano en todas sus dimensiones y para generar relaciones de armonía con todo lo que nos rodea, en la perspectiva de la búsqueda de la vida plena y abundante propuesta por Jesús.

Vivimos en una sociedad en donde se habla mucho de innovación. Bastantes personas están dedicadas a buscar formas de innovar en las diferentes áreas del conocimiento y en los diversos procesos de desarrollo social, económico, cultural, político y ambiental. Se trata de buscar maneras novedosas de responder a los desafíos que nos plantean la formación de las personas, los modos de producción en el trabajo, las relaciones entre los individuos y los pueblos y en otros campos de la vida humana en general. En el fondo de toda esta dinámica, aparece la pregunta por nuevas propuestas para llevar adelante procesos que nos ayuden a avanzar en el mejoramiento de la vida humana y del medio ambiente.

Pero es necesario que siempre nos preguntemos por el espíritu que mueve el deseo de innovar, ya que en el fondo de muchos de estos procesos de innovación lo que aparece es una mera motivación por el lucro de unos pocos, olvidando criterios éticos que apunten al buen vivir de todas las personas y al cuidado de nuestra casa común.

Desde nuestra experiencia de Dios, en la tradición de la Compañía de Jesús, siempre hemos buscado su “Mayor Gloria” a través de una permanente innovación, que busca el mejor servicio a los demás. El Papa Francisco nos insistió, en la Congregación General 36, en la necesidad de vivir continuamente el “Magis” desde la perspectiva de “lo que más aprovecha”; “de ese plus que nos lleva a iniciar procesos, a acompañarlos y a evaluar su real incidencia en la vida de las personas, ya sea en cuestiones de fe, de justicia o de misericordia y caridad… Porque el “Magis” es el fuego, el fervor en acción que sacude dormideras” (CG 36, p. 152).

Podemos decir que, desde la perspectiva de la tradición jesuita, la innovación tiene que ver con la búsqueda permanente de aquello que más y mejor aprovecha para el crecimiento humano en todas sus dimensiones y para generar relaciones de armonía con todo lo que nos rodea, en la perspectiva de la búsqueda de la vida plena y abundante propuesta por Jesús. Éste es el espíritu que nos moviliza a la innovación hoy y que nos permite ofrecer respuestas pertinentes a las grandes preguntas que surgen en muchos aspectos de la vida.

Para concretar un poco más lo que les he venido planteando, quiero expresarles algo que considero muy importante para uno de los apostolados más significativo que realiza la Compañía de Jesús: el educativo. Desde hace un tiempo hemos venido hablando mucho de la necesidad de innovar en nuestra propuesta educativa; de buscar las mejores maneras de formar integralmente a las personas que participan en estos procesos de crecimiento humano; de potenciar las capacidades de todas ellas en la dimensión espiritual, ética, afectiva, cognitiva, corporal, estética, comunicacional, sociopolítica y de armonía con la naturaleza; de ofrecer pedagogías y didácticas adecuadas a las nuevas generaciones. Todo esto tiene que ser hecho desde el espíritu mismo del Evangelio.

Es fundamental, entonces, que todos los esfuerzos que hagamos por innovar los realicemos desde la lógica misma del amor de Dios, manifestado plenamente en Jesús: un amor que responde a las necesidades del otro, que se hace solidaridad con los que sufren o padecen cualquier clase de exclusión, que se entrega para buscar lo mejor para todos y no sólo para unos pocos, que se hace misericordia, compasión, justicia, equidad, perdón, reconciliación y paz; es decir, desde la lógica del que “sale de su propio querer e interés” (EE. 189). Este es el espíritu de nuestra innovación, ya que desde la mirada y el corazón de Dios todo se va haciendo nuevo hasta alcanzar la plenitud para la que hemos sido hechos por Él.

 

El pasado 23 de agosto en Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana (IBERO) institución educativa jesuita fundada en 1943 llevó a cabo el relanzamiento del Protocolo para la Prevención y Atención de Violencia de Género.

El evento contó con las intervenciones del Rector de la Universidad IBERO, David Fernández Dávalos, S.J; Luis Felipe Canudas, presidente del Comité de Género de la Universidad, Jorge Meza Aguilar, director general de vinculación Universitaria, y Magda Beatriz López, coordinadora de la línea de Mediación y Reconciliación del Cinep/ Programa por la Paz en Colombia.

Durante el encuentro se resaltó la importancia del protocolo como un plan de acción ante una problemática que permea las instituciones educativas y a todos los ámbitos de la vida, en palabras de Magda López “Este momento, más allá de la formal o normativo, tiene un sentido simbólico de gran relevancia histórica y ética para este Alma Máter. Esto porque trasciende la vida cotidiana en el campus: es una conquista política de la comunidad educativa en materia de derechos humanos”

A lo cual adhirió el Mtro. David Fernández “para la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y Tijuana, el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) y la Compañía de Jesús, la igualdad de género es parte fundamental del nuevo rumbo que se está trazando. Lo entendemos como un camino también para lograr la equidad y la justicia social, el desarrollo y la paz positiva (aquella donde la discriminación y el respeto a los derechos humanos se convierten en temas centrales) en todo el país y en el mundo”.

Este tipo de iniciativas responde a la pobre acción que existe al respecto tanto a nivel nacional como internacional y aunque su implementación es de carácter privado (dentro de la institución) establece un ejemplo para que estrategias así puedan aplicarse en otros ámbitos tanto privados como públicos.

 Por otro lado, el Protocolo es principalmente de carácter preventivo, pero también establece sanciones a quienes lleguen a cometer alguna acción violenta. Del mismo modo, cumple la función de recordatorio de corresponsabilidad que tiene la sociedad sobre la defensa de los derechos humanos “solemos observar los derechos sólo en relación a la exigibilidad y garantías del Estado; pero pocas veces nos detenemos a pensar como desde la cotidianidad- ámbito privado- atropellan y vulneran los derechos. Es una suerte de violencia invisible, por lo cual el protocolo hace un llamado a hacerla visible, prevenirla y denunciarla.” Señaló la Coordinadora de la línea de Mediación y Reconciliación de Cinep/PPP.

Ahora bien, los retos y desafíos están en que este Protocolo sea conocido y aplicado por la comunidad educativa y que además trascienda este espacio, “El asunto no se va a resolver de la noche a la mañana, pero quiero dar la garantía a todas y todos que estamos decididos, indudablemente a construir una cultura de paz, de concordia, de respeto y colaboración igualitaria entre los distintos géneros, de aprecio por la diversidad humana y sexual de nuestra Universidad”, expresó Mtro. David Fernández Dávalos S.J.

 

 

Migración de hermanos venezolanos a Colombia 

Según Migración Colombia solo el año pasado, cerca de 800.000 personas entraron de Venezuela al país. De ellas, aproximadamente, el 70% se quedaron legalmente y el 30% ilegalmente. Sin embargo, estos datos de Migración Colombia pueden quedarse cortos, muchas personas no son contabilizadas. Existen trochas fronterizas no controladas y un número importante de personas pueden tener, legalmente, la doble nacionalidad; producto de que, en la década de los años setenta del siglo pasado, alrededor de cinco millones de colombianos migraron y algunos se establecieron en el hermano país con el fin de buscar mejores las oportunidades económicas, de la misma manera que hoy las personas que llegan de Venezuela, por otras razones históricas, lo están haciendo al migrar a Colombia.

De otra parte, se observa que no todos los migrantes venezolanos se radican en Colombia, hay quienes usan el país como una estación de paso para llegar a otros destinos, tales como: Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, México, Brasil y España. Lo cierto es que a medida que la crisis política, social, y económica empeora en Venezuela, más y más venezolanos huyen de su país cada día. Especialmente, los venezolanos pobres, que enfrentan escasez de alimentos y medicinas, y que no pueden mantener a sus familias, buscan refugio en el extranjero como una forma de escapar de su situación.

Algunos países de la región han adoptado medidas para restringir la migración venezolana, otros han optado por una respuesta más humanitaria facilitando visas especiales, solicitudes de asilo y de residencia, al mismo tiempo que abordan las necesidades de refugio y oportunidades económicas para los migrantes. Sin embargo, la situación es frágil. A medida que crezca el flujo de migrantes y la crisis venezolana continúe, los argumentos nacionalistas y xenófobos también crecerán, creando un ambiente para las políticas anti-inmigrante.

En Colombia las nuevas regulaciones impuestas en febrero pasado ponen en peligro a los migrantes venezolanos. Estas reglas, sumadas a los obstáculos para obtener documentos en Venezuela ponen a miles de venezolanos en riesgo de ser explotados en el sector informal. Tampoco el país ofrece una política humanitaria seria.

El documento de Aparecida en los números 414 y 415: “Entre las tareas de la Iglesia a favor de los migrantes, está indudablemente la denuncia profética de los atropellos que sufren frecuentemente como también el esfuerzo por incidir, junto a los organismos de la sociedad civil, en los gobiernos de los países para lograr una política migratoria que tenga en cuenta los derechos de las personas en movilidad. Los migrantes deben ser acompañados pastoralmente por sus Iglesias de origen y estimulados a hacerse discípulos y misioneros en las tierras y comunidades que los acogen. Los migrantes que parten de nuestras comunidades pueden ofrecer un valioso aporte a las comunidades que los acogen.”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep /Programa por la Paz

 

La Jurisdicción Especial para la Paz, creada en el Acuerdo Final de Paz, es la oportunidad para que se apliquen medidas de justicia a todos los actores que hicieron parte de delitos en medio del conflicto armado: los excombatientes de las FARC, los agentes del Estado y de las fuerzas armadas y los terceros civiles que hicieron parte del conflicto armado. Es una justicia cuyo objetivo es reparar, satisfacer los derechos y ofrecerles verdad a los más de ocho millones y medio de víctimas que produjo el conflicto armado. Su centro de gravedad no es castigar sino restaurar a los más afectados. Igualmente es una justicia que busca que el conflicto no vuelva a repetir y, de esta manera, hacer un cierre radical del ciclo de violencia que imperó durante más de cinco décadas. Por eso es una justicia especial, no reemplaza a la justicia ordinaria y, además, es temporal: existirá como máximo por veinte años. Es una justicia transicional, es decir, se va a aplicar para pasar, si queremos, de un conflicto violento a una posible paz estable y duradera.

Por tanto, la Justicia Especial para la Paz no es un mecanismo de impunidad, como algunos políticos lo han querido hacer ver en sus discursos. La realidad es que el conflicto que vivimos en Colombia por décadas, es una situación generada por los complejos problemas económicos y políticos que todos hemos padecido y que en ellos diversos actores y la ciudadanía en general, están involucrados por acción o por omisión y con diversos grados de responsabilidad. Por eso, no solo algunos que estuvieron involucrados en el conflicto violento deben responder ante la justicia, sino que todos los involucrados en delitos, en el contexto del conflicto, deben responder. Esencialmente para restaurar los derechos de las víctimas y no simplemente para pagar un castigo.

El Estado colombiano se ha comprometido con la sociedad colombiana y con la comunidad internacional a cumplir seriamente con el desarrollo del Acuerdo Final. En asuntos centrales como la Justicia Especial para la Paz, si las partes no cumplen, el país puede caer en una alteración mayor y es inconveniente para las relaciones internacionales. Hay mucho que perder si el Acuerdo no se cumple y mucho que ganar si el Acuerdo se cumple, sin perder el espíritu de la negociación.

El arzobispo de Tunja, Luis Augusto Castro, en declaraciones a la prensa el mes pasado dijo que la Justicia Especial de Paz es fundamental para cerrar todo el proceso de paz alcanzado con el Acuerdo Final. Y añadió: La Justicia de Paz no es un acto de venganza. Las víctimas están esperando la verdad y los victimarios están esperando que les den la oportunidad de rehacer sus vidas. Por eso pide defenderlo. Recordó que el Sistema Transicional de Justicia fue definido en el acuerdo de Roma y que por eso lo más conveniente es resolver el conflicto como ha pasado con otros en el mundo, a través de justicia transicional.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la paz.

 

Te invitamos a participar de la segunda versión de nuestra Feria del Libro Cinep/PPP que en esta ocasión será itinerante por algunos espacios universitarios de Bogotá.

El miércoles 22 estaremos En casa con las puertas abiertas, a partir de las 8:00 a.m. tendremos stands de diferentes editoriales universitarias e independientes* que nos acompañarán durante todo el día en las diferentes actividades propuestas para esta primera jornada de Feria del Libro Cinep. A partir de las 10:00 a.m. realizaremos el lanzamiento del número 93 de la Revista Cien días El campo de la paz, y tendremos como invitadas a las investigadoras Camila Carvajal Oquendo, Paula Kamila Guerrero y Luz Elena Patarroyo. Y a las 5:00 p.m. del miércoles estaremos celebrando los 30 años de la Revista Cien días con un conversatorio con Camilo Castellanos, Camilo Borrero y Gustavo Gallón: Revista Cien días. 30 años analizando el país.

Además de estos dos eventos del miércoles 22, a partir de las 2:00 p.m. tendremos un Trueque de libros abierto al público. Consulta aquí las condiciones:

 

El jueves 23 a las 11:00 a.m. se llevará a cabo el conversatorio Indígenas y afrodescendientes trenzan el Caribe en la Biblioteca Gabriel García Márquez de la Universidad Nacional en donde estarán cuatro representantes de diferentes comunidades indígenas y afrodescendientes del caribe colombiano (sur de la Guajira, zona norte de Cartagena y Sierra Nevada de Santa Marta) y conversarán sobre cómo se han dado sus procesos de investigación local participativa. Trataremos temas propios de sus contextos: extractivismo, violencia basada en género y organización comunitaria. En simultáneo, en la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal de la Universidad Javeriana se estará presentando la publicación Aprendizajes de construcción de paz en Montes de María editado por Fernando Sarmiento Santander y con la autoría de Marcela Pardo y Julián Barajas. Además conversaremos sobre los procesos de construcción de paz en los territorios de Montes de María. Entre el piso 1 y -1 de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal de la Universidad Javeriana encontrarás una exposición con fotografías, video y algunos elementos de los territorios que complementan los temas abordados en el conversatorio. Y a las 5:00 p.m. nos trasladaremos al tercer piso de la Biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en donde tendremos el evento Controversia en diálogo. Una mirada al trabajo y al extractivismo, a propósito de los dos últimos números de la Revista Controversia, tendremos este conversatorio entre Carlos Duarte, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Juan Carlos Celis experto en sindicalismo y Leonardo Parra, investigador del equipo de Movimientos y luchas sociales del Cinep/PPP. 

El viernes 24 de agosto nos encontraremos a las 2:00 p.m. en el Auditorio de la Biblioteca Nacional de Colombia en el conversatorio Datos para no olvidar. Aportes a la justicia transicional. A propósito de la trayectoria de la Base de Datos de Derechos Humanos que tiene el Cinep/PPP tendremos este conversatorio con algunos de los investigadores que han proporcionado a su construcción y que en este diálogo podrán establecer y compartir algunos aportes que hace la investigación de datos a la Justicia Transicional. Para cerrar esta segunda versión de la Feria del Libro Cinep/PPP nos moveremos a la Librería Lerner de la calle 93 a las 5:00 p.m. en donde en ocasión del relanzamiento del libro Idas y venidas, vueltas y revueltas de Mauricio Archila tendremos el conversatorio Las protestas hoy entre el autor y Ana María Restrepo y Santiago Gómez. 

 

Consulta aquí la agenda completa de la Feria del Libro:

 






*Estas son las editoriales que nos acompañarán el miércoles 22 de agosto en nuestras instalaciones

Editorial Pontificia Universidad Javeriana
Editorial Universidad Nacional de Colombia
Editorial Universidad Pedagógica
Editorial Universidad de los Andes 
Editorial La Carreta 
Desde Abajo
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Taller De Edición Rocca