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Prensa (89)

Los jesuitas de América Latina y El Caribe / CPAL nos solidarizamos con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

¡No están solos!

Los Superiores de los jesuitas de América Latina y el Caribe condenamos el espionaje perpetrado en contra del CENTRO PRODH en México, exigimos que se suspenda esta grave violación a los derechos humanos y que se sancione a los culpables.

Los Provinciales de los Jesuitas de América Latina y el Caribe apoyamos plenamente a los jesuitas de México en sus opciones en favor de la justicia a través de sus obras apostólicas. Por tal motivo nos unimos en su condena al espionaje presuntamente cometido por el Gobierno de México en contra de miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez – CENTRO PRODH, así como de otros reconocidos periodistas y defensores de los derechos humanos, dado a conocer por el New York Times el pasado 19 de junio.

Junto con los jesuitas mexicanos exigimos a las autoridades mexicanas que garanticen la integridad de todos los miembros del CENTRO PRODH y de todos aquellos que han sido víctimas de esta violación de sus derechos. El CENTRO PRODH es una obra de la Compañía de Jesús, que durante 29 años defiende a numerosas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas a las del caso -aún no resuelto- de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, que ha causado tanta indignación a nivel internacional.

En nombre de todos los jesuitas de América Latina y de El Caribe nos unimos a la exigencia de nuestros compañeros de México pidiendo que se investigue exhaustivamente este hecho ilegal y violatorio a los derechos humanos, que se sancione a los culpables y que se garantice que la información extraída ilícitamente no sea utilizada indebidamente.

Lamentamos que este hecho agrave aún más la situación de irrespeto de los derechos humanos en México; tanto más cuanto el mismo presidente Enrique Peña Nieto, anunciando que ordenó realizar con celeridad una investigación sobre el hecho, afirmó que las acusaciones son falsas y pidió que caiga el peso de la ley contra quienes lo denunciaron, erigiéndose así a la vez en juez y parte, y condenando la investigación al fracaso.

Solidarios con nuestros compañeros apostólicos y con todas las víctimas de violaciones a las libertades fundamentales, nos mantendremos vigilantes de lo que suceda y motivamos a la sociedad civil en general para que siga promoviendo y exigiendo la libertad, la transparencia y la plena vigencia de todos los derechos humanos para todos, tanto en México como en el resto del continente.

 


ROBERTO JARAMILLO BERNAL, S.J.
Presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas
de América Latina y el Caribe - CPAL

La salud en Colombia se encuentra en estado terminal por el tumor maligno de la corrupción. A pesar de existir sobre Sanitas y Prestasalud, las compañías que estuvieron en la puja por la compra de Cafesalud, muchas dudas y denuncias, Prestasalud compró Cafesalud y a la IPS Esimed por uno punto cuarenta y cinco billones de pesos. Un gran negocio para el consorcio conformado por trece empresas y más de ciento ochenta clínicas, se quedó con la EPS más grande del país con seis millones de afiliados. Es tan bueno el negocio que a pesar de la alta deuda de Cafesalud, valorada en más de ochocientos mil millones de pesos, el consorcio Prestasalud le interesó más el alto flujo de caja que ronda los cuatrocientos cuarenta mil millones de pesos mensuales.

Si bien Prestasalud promete que cuenta con la capacidad técnica y la solvencia financiera para garantizar el derecho fundamental a la salud de los afiliados, durante el análisis de las propuestas aparecieron sombras y denuncias contra el consorcio. Algunos de sus socios presuntamente están implicados en escándalos de corrupción y procesos de investigación, acusados por la Fiscalía General, por la Procuraduría y por estrados españoles. Delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en beneficio de terceros, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, denuncias laborales colectivas y relaciones con las turbias irregularidades de Saludcoop, son parte del prontuario.

El cardenal Rubén Salazar, durante el desarrollo de la asamblea del Episcopado colombiano, en julio del año pasado, lanzó un llamado de humanidad y respeto a los operadores de la salud para que presten mejores servicios. Es indudable –dijo el cardenal– que la inmensa mayoría de la población tiene dificultades para acceder rápida y efectivamente a la salud que necesita. Hay que hacer un llamamiento profundo a las IPS y EPS para que tomen conciencia de la dignidad de la persona; y añadió: uno de los mayores problemas del sistema de salud es la corrupción. Muchos de los recursos destinados a la salud van a parar a los bolsillos de particulares, que se apropian de ese dinero.

 

 Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

Organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, etnias y poblaciones rechazan el asesinato de bernardo cuero bravo, fiscal de asociación nacional de afrocolombianos desplazados-afrodes

 
 
 

 

 

Comunicado público de la comisión nacional de diálogo para la construcción de la ley de garantias y promoción de la participación ciudadana y de los movimientos sociales y otras modificaciones normativas al gobierno nacional de Colombia, a la Csivi y a la comunidad.

 
 

 

 

 Nos parece muy grave que, al igual que otros líderes sociales asesinados, amenazados y perseguidos judicialmente en las últimas semanas, los y las defensores de derechos humanos se encuentren limitados en su participación, justamente hoy que se requiere de ellos y ellas para la implementación y sostenibilidad de los acuerdos con las FARC y a los que se llegue con ELN ahora que inició la fase pública de negociación con esta guerrilla.
 

 

 

En días pasados tuvimos conocimiento sobre un borrador elaborado por el Gobierno Nacional denominado proyecto de ley "Por el cual se adoptan disposiciones de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales y se dictan otras disposiciones". Se nos ha informado que ese proyecto sería presentado para la discusión y concertación de la CSIVI y de su lectura nos ha surgido una enorme preocupación, ya que tanto el enfoque general de la iniciativa, como varios de sus contenidos particulares, desconocen abiertamente la Constitución Política de 1991, la jurisprudencia de la Corte Constitucional e incluso el propio contenido del Acuerdo de Paz de la Habana suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP en noviembre de 2016