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La tierra: despojo sin fin

  • Ago 22, 2017
  • Publicado en Prensa

El Estado colombiano, cumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos expidió, en el año 2011 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para la población que sufre el despojo o/y abandono forzado de sus tierras. Este mecanismo de reparación sigue siendo uno de los mayores desafíos para el Estado colombiano.

Según la Unidad de Restitución de Tierras, en este momento el 60% de las 102.000 solicitudes de restitución de tierras se encuentran en proceso. Esto significa que en 5 años de vigencia de la citada ley se han entregado 200.000 hectáreas de tierra a sus legítimos dueños, y otras 600.000 están en proceso para ser restituidas. Un resultado flaco y poco halagador si tenemos en cuenta que en Colombia existe un despojo, tanto a las comunidades rurales como al Estado en tierras baldías, de aproximadamente siete millones de hectáreas. No hay que olvidar que, por legislación de tierras, los baldíos, hacen parte de las tierras que deben distribuirse a las comunidades pobres.

Pero, además, dicha ley se ha venido aplicando en un contexto de persistencia de conflicto armado, ausencia de Garantías de protección de no repetición sobre las víctimas e impunidad para los violadores. Persiste la oposición a la devolución de las tierras y al retorno de los despojados a los territorios más afectados, por parte de los grupos paramilitares, de sectores políticos y empresariales interesados en mantener los beneficios derivados del despojo de tierras.

Las cifras de violencia contra las comunidades, líderes reclamantes de tierras y acompañantes defensores, entre el año 2011 y 2016, recogidas por el Cinep/PPP, son alarmantes: 142 hechos de violencia. De ellos, 46 son homicidios y 80 individuales y colectivas, además de atentados, lesiones personales y raptos. El riesgo es tal que existe la probabilidad de que cada trimestre un líder rural, en razón esta actividad comunitaria, sea asesinado o desaparecido en Colombia. Los departamentos más afectados son Córdoba, Bolívar, Sucre y Urabá antioqueño. No obstante, es preciso afirmar, que esta información solo indica una tendencia pues existe un alto subregistro de ella.

En julio de 2015 el Papa Francisco durante el segundo encuentro mundial de movimientos populares en Bolivia, expresó: “La tercera tarea, tal vez la más importante que debemos asumir hoy, es defender la Madre Tierra. La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente. La cobardía en su defensa es un pecado grave. No se puede permitir que ciertos intereses se impongan, sometan a los Estados y organismos internacionales, y continúen destruyendo la creación. Yo les pido, en nombre de Dios, que defiendan a la Madre Tierra”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

 

 

Los casos de corrupción en Colombia aumentan vertiginosamente: Interbolsa, Reficar, Saludcoop, las vías de transporte masivo en Bogotá, Bucaramanga y Cali, la financiación campañas a la presidencia de la república por parte de Odebrecht, con el fin de obtener privilegios en la contratación de las carreteras cuatro G. Son tantos los casos que la corrupción se ha convertido en un tema cotidiano de los medios de comunicación y la gente los ve como parte del paisaje social ¿Qué está pasando? La persistencia de las prácticas corruptas demuestra que no se trata de un fenómeno ocasional ni exclusivo de la política, estamos ante una tendencia arraigada en la sociedad que afecta los códigos éticos más profundos.

¿Qué está haciendo la institucionalidad pública y privada para desmontar la corrupción? Al parecer muy poco o nada, pues el fenómeno en lugar de atenuarse, crece. ¿Qué acciones estamos realizando en la familia, la escuela, la vida comunitaria, eclesial, laboral y ciudadana, para desactivar las raíces de la corrupción? ¿De qué manera somos parte del círculo de la corrupción por acción o por omisión? El desafío es romper el circuito de la corrupción, la justificación de que todos tenemos derecho al cómo voy yo (o CVY), desconociendo los derechos y bienes de los demás. El reto es trabajar el cambio de modelos de vida basados en la acumulación y el consumo desmedido por encima del crecimiento humano. De nada vale un desarrollo económico basado en la inequidad, postergando para amplios sectores de la población el bienestar y una calidad de vida digna, equitativa y sustentable.

Necesitamos fortalecer un Estado democrático garante de los derechos humanos. Históricamente lo que ha existido es un Estado atrapado en una negociación perniciosa entre élites nacionales, regionales y locales. Las primeras conceden a las segundas una amplia autonomía a cambio de su respaldo. En consecuencia, se creó una relación basada en el clientelismo que propicia la debilidad institucional y la permisividad de la sociedad facilitando la corrupción.

El Papa Francisco en un discurso dirigido a una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal en el Vaticano, en octubre del año dos mil catorce, expresaba: “la corrupción es un proceso de muerte que se ha vuelto habitual en la sociedad. El corrupto no puede aceptar la crítica, descalifica a quien la hace, busca disminuir cualquiera autoridad moral que pueda cuestionarlo, incluso ataca con insultos a todo el que piense diferente y si puede lo persigue. Es un mal más grande que el pecado, pero que sin embargo no puede contra la esperanza traída por el Señor Jesús”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

 

 

Una serie de hechos que atentan contra la vida y la seguridad de miembros de distintas comunidades reclamantes de tierras en el Bajo Atrato hace que distintas organizaciones como Cinep/PPP, suscriban este comunicado para hacer un llamado a las autoridades y diferentes entes de control para que se respete el derecho a la vida, la libertad y la integridad de la población reclamante, las organizaciones que los acompañan y los distintos funcionarios que intervienen en estos procesos de restitución. 

 
 

 

 

El pasado 23 julio llegó a la Mesa Nacional de Víctimas, una amenaza contra la vida de varias lideresas y líderes de las organizaciones que lo componen. Nos solidarizamos con ellos y ellas y alentamos a la comunidad internacional, a organizaciones sociales y a la sociedad en general a unirse en pro de buscar la protección de quienes han luchado desde hace varias décadas por la búsqueda de la construcción de paz en Colombia.  Compartimos el comunicado que desde la organización Viva la Ciudadanía, organización víctima de estas amenazas, han construido y   y queremos con esto empezar una campaña en redes, en el enlace que anexo están imágenes que pueden usar en sus redes con el Hashtag #NoMásAmenazas para apoyarnos.

 
 

 

 

El Grupo de familiares de víctimas de Crímenes de Estado de Boyacá : Vida, Memoria y Dignidad invitan el próximo 16 de julio a partir de las 8:30 a.m. a una caminata que parte del cementerio central de Duitama hasta la empresa Postobón punto donde fue asesinado Luis Orlando Saiz. Esta conmemoración se realiza al año del asesinato y reclama justicia frente a este caso y frente a todos los hechos de violencia que han ocurrido en el departamento de Boyacá  a manos de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. 

 
 

 

 

Los jesuitas de América Latina y El Caribe / CPAL nos solidarizamos con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

¡No están solos!

Los Superiores de los jesuitas de América Latina y el Caribe condenamos el espionaje perpetrado en contra del CENTRO PRODH en México, exigimos que se suspenda esta grave violación a los derechos humanos y que se sancione a los culpables.

Los Provinciales de los Jesuitas de América Latina y el Caribe apoyamos plenamente a los jesuitas de México en sus opciones en favor de la justicia a través de sus obras apostólicas. Por tal motivo nos unimos en su condena al espionaje presuntamente cometido por el Gobierno de México en contra de miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez – CENTRO PRODH, así como de otros reconocidos periodistas y defensores de los derechos humanos, dado a conocer por el New York Times el pasado 19 de junio.

Junto con los jesuitas mexicanos exigimos a las autoridades mexicanas que garanticen la integridad de todos los miembros del CENTRO PRODH y de todos aquellos que han sido víctimas de esta violación de sus derechos. El CENTRO PRODH es una obra de la Compañía de Jesús, que durante 29 años defiende a numerosas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas a las del caso -aún no resuelto- de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, que ha causado tanta indignación a nivel internacional.

En nombre de todos los jesuitas de América Latina y de El Caribe nos unimos a la exigencia de nuestros compañeros de México pidiendo que se investigue exhaustivamente este hecho ilegal y violatorio a los derechos humanos, que se sancione a los culpables y que se garantice que la información extraída ilícitamente no sea utilizada indebidamente.

Lamentamos que este hecho agrave aún más la situación de irrespeto de los derechos humanos en México; tanto más cuanto el mismo presidente Enrique Peña Nieto, anunciando que ordenó realizar con celeridad una investigación sobre el hecho, afirmó que las acusaciones son falsas y pidió que caiga el peso de la ley contra quienes lo denunciaron, erigiéndose así a la vez en juez y parte, y condenando la investigación al fracaso.

Solidarios con nuestros compañeros apostólicos y con todas las víctimas de violaciones a las libertades fundamentales, nos mantendremos vigilantes de lo que suceda y motivamos a la sociedad civil en general para que siga promoviendo y exigiendo la libertad, la transparencia y la plena vigencia de todos los derechos humanos para todos, tanto en México como en el resto del continente.

 


ROBERTO JARAMILLO BERNAL, S.J.
Presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas
de América Latina y el Caribe - CPAL

La salud en Colombia se encuentra en estado terminal por el tumor maligno de la corrupción. A pesar de existir sobre Sanitas y Prestasalud, las compañías que estuvieron en la puja por la compra de Cafesalud, muchas dudas y denuncias, Prestasalud compró Cafesalud y a la IPS Esimed por uno punto cuarenta y cinco billones de pesos. Un gran negocio para el consorcio conformado por trece empresas y más de ciento ochenta clínicas, se quedó con la EPS más grande del país con seis millones de afiliados. Es tan bueno el negocio que a pesar de la alta deuda de Cafesalud, valorada en más de ochocientos mil millones de pesos, el consorcio Prestasalud le interesó más el alto flujo de caja que ronda los cuatrocientos cuarenta mil millones de pesos mensuales.

Si bien Prestasalud promete que cuenta con la capacidad técnica y la solvencia financiera para garantizar el derecho fundamental a la salud de los afiliados, durante el análisis de las propuestas aparecieron sombras y denuncias contra el consorcio. Algunos de sus socios presuntamente están implicados en escándalos de corrupción y procesos de investigación, acusados por la Fiscalía General, por la Procuraduría y por estrados españoles. Delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en beneficio de terceros, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, denuncias laborales colectivas y relaciones con las turbias irregularidades de Saludcoop, son parte del prontuario.

El cardenal Rubén Salazar, durante el desarrollo de la asamblea del Episcopado colombiano, en julio del año pasado, lanzó un llamado de humanidad y respeto a los operadores de la salud para que presten mejores servicios. Es indudable –dijo el cardenal– que la inmensa mayoría de la población tiene dificultades para acceder rápida y efectivamente a la salud que necesita. Hay que hacer un llamamiento profundo a las IPS y EPS para que tomen conciencia de la dignidad de la persona; y añadió: uno de los mayores problemas del sistema de salud es la corrupción. Muchos de los recursos destinados a la salud van a parar a los bolsillos de particulares, que se apropian de ese dinero.

 

 Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

Organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, etnias y poblaciones rechazan el asesinato de bernardo cuero bravo, fiscal de asociación nacional de afrocolombianos desplazados-afrodes

 
 
 

 

 

Comunicado público de la comisión nacional de diálogo para la construcción de la ley de garantias y promoción de la participación ciudadana y de los movimientos sociales y otras modificaciones normativas al gobierno nacional de Colombia, a la Csivi y a la comunidad.

 
 

 

 

 Nos parece muy grave que, al igual que otros líderes sociales asesinados, amenazados y perseguidos judicialmente en las últimas semanas, los y las defensores de derechos humanos se encuentren limitados en su participación, justamente hoy que se requiere de ellos y ellas para la implementación y sostenibilidad de los acuerdos con las FARC y a los que se llegue con ELN ahora que inició la fase pública de negociación con esta guerrilla.