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Ante la opinión pública presentamos el pasado 13 de abril el “Informe 2015 sobre la situación de derechos humanos y DIH en Colombia”. CINEP/Programa por la Paz y el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en Colombia y alertan sobre el riesgo que representa para la vida y la garantía del derecho a defender el aumento de las amenazas de grupos paramilitares en contra de líderes sociales y defensores de DD.HH.

Con relación a las violaciones a los derechos humanos por persecución política, abuso de autoridad e intolerancia social, se reportaron como principales presuntos responsable los paramilitares con 1064 hechos victimizantes, seguidos por la Policía Nacional con 572, el Ejército Nacional con 292. Las regiones más afectadas son Bogotá con 375 hechos, seguido por Cauca con 237, Santander con 188, y Valle del Cauca con 175. Con respecto al método de victimización más utilizado en Bogotá y Cauca es la amenaza; mientras que en Santander priman las ejecuciones extrajudiciales. Pero también se reportan casos de victimización como las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias.
 
Según Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general del CINEP/Programa por la paz, “una sociedad que amenace, persiga, asesine y desaparezca a sus defensores de derechos humanos es una sociedad que camina por los senderos de la antidemocracia, es una sociedad éticamente enferma, una sociedad con muchos desafíos para construir una paz con equidad, con justicia y con el reconocimiento profundo de la diversidad y dignidad de todos sus ciudadanos”.
 
Por otro lado, el registro hecho por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP confirma que la “guerra sucia sigue vigente en Colombia”, en palabras de Guerrero, puesto que en los casos de amenaza y asesinato, documentados durante 2015, los presuntos responsables actuaron de manera encubierta y no existen hasta el momento posibilidades de saber quiénes fueron los perpetradores. Esta idea la complementó Javier Giraldo,S.J., investigador del Banco de datos de Derechos Humanos del CINEP/PPP, explicando en contraste lo que sería una “guerra limpia”, dijo: “¿Que sería una guerra limpia? Aquella que establece parámetros entre combatientes, por su parte la guerra sucia es la que quiere destruir una persona porque tiene ideas contrarias usando métodos clandestinos”.
 
Otro de los asuntos que preocupan es la creciente criminalización de la protesta social mediante la judicialización de líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos que da cuenta de las variaciones de la violencia y atentan contra la superación del conflicto armado, “la defensa de los derechos humanos es el primero de nuestros deberes de paz”, afirmó Alejandro Angulo, S.J., coordinador del equipo de Derechos Humanos del CINEP/PPP.
 
Como caso regional Erika Agredo, líder y activista de la organización Territorios  por la vida digna en el Cauca, presentó la situación de los defensores de derechos humanos en este territorio, según Agredo, “el accionar paramilitar ha sido sistemático, 2015 fue el año de la amenazas y al parecer 2016 será el año de los asesinatos”. Según Agredo, en los últimos dos meses se han dado asesinatos de líderes afrodescendientes, campesinos e indígenas. Agredo señaló con nombre propio cinco de estos casos. 

 

 

La comunidad indígena está sufriendo amenazas y ataques directos de grupos armados surgidos con posterioridad a la desmovilización de los grupos paramilitares de la región: las pruebas presentadas por los líderes Zenú dan cuenta de 49 asesinatos desde 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Gisselle Martin y Jennipher Corredor

 


Se necesita una política pública sostenible para la identificación y entrega digna de personas no identificadas: CINEP/PPP

Bogotá, D.C. 8 de julio de 2015. Desde el CINEP/ Programa por la Paz acompañamos en audiencia pública la situación de las Personas No Identificadas (PNI) sepultadas, en el marco del conflicto armado, en cementerios y enterramientos clandestinos del país con el objetivo de que se implemente una política pública sostenible, con asignación presupuestaria y coordinada con la sociedad civil, que garantice la entrega digna de restos mortales.

Para tal fin el CINEP/PPP considera necesario que el gobierno nacional adopte medidas, entre las que se encuentran:

·     Destinar recursos económicos suficientes tanto para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como para la Fiscalía General de la Nación de manera que la exhumación, identificación y traslado de los cuerpos a lugares de entierro digno se realice de manera ágil y eficiente.

·     Implementar una política pública sostenible de acompañamiento psicosocial a los familiares de las personas sepultadas como no identificadas.

·     Adelantar investigaciones imparciales por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre las circunstancias de muerte.

·     Al ser identificados los cuerpos, contrastar la información con los datos del Sistema de Información Red de desaparecidos y cadáveres para determinar coincidencias con el registro de desapariciones denunciadas.

·     Permitir el acceso a la información relativa a los casos, tanto a las familias como a las organizaciones sociales y civiles que las acompañan.

·     Coordinación interinstitucional y coherencia de políticas públicas.

·     Visibilizar la información para la localización de las familias.

Finalmente, “una política pública sostenible para la identificación y entrega digna de personas no identificadas sería un hecho concreto que contribuirá a la construcción de una sociedad más justa sostenible y en paz”, como lo expresa Luis Guillermo Guerrero, Director General del CINEP/PPP.

Infografía: DDHH En Colombia

Te invitamos a ver este resumen gráfico sobre la Situación de Derechos Humanos y DIH en Colombia.

Te invitamos a ver este resumen gráfico sobre San José de Apartadó y su comunidad 10 años después de la masacre: