Movilización, tierras y territorio

Movilización, tierras y territorio (41)

Como parte de los Informes País Mujeres Rurales, la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Colaition, presentamos el informe Mujeres rurales en Colombia que presenta datos unificados para entender sus condiciones demográficas, los mecanismos institucionales con los que cuentan para la garantía de sus derechos, evidenciamos las múltiples violencias y otras formas de discriminación de las que son víctimas, y visibilizamos sus estrategias de resistencia. Además, ofrece un paquete de recomendaciones para gobiernos nacionales y locales, medios de comunicación y otros actores involucrados en garantizar el acceso a la tierra y otros derechos de las mujeres del mundo rural.

Click aquí para ver el informe Mujeres rurales en Colombia completo

No existen datos suficientes ni muy actualizados sobre la población rural femenina en América Latina y el Caribe, sin embargo, recientes informes (ONUMujeres 2018 y ALOP 2017) dan pistas sobre la continuación de brechas históricas en la garantía de los derechos de las mujeres a nivel global y para el caso específico del mundo rural. Por ejemplo, sólo el 13% de mujeres en el mundo son propietarias de tierras rurales (ONUMujeres, 2018); la población rural de Latinoamérica y el Caribe representaba en el 2015 el 21% de la región, de este porcentaje, la mitad era mujeres, de las cuales el 20% pertenecía a comunidades indígenas y afrodescendientes. En el año 2010, en Latinoamérica y el Caribe las mujeres rurales representaban el 20% de la fuerza de trabajo agrícola, “con diferentes formas de inserción en el mundo laboral; entre ellas, el trabajo por cuenta propia, el trabajo no remunerado y el trabajo asalariado en empresas y otras unidades productivas” (FAO 2017, p. 1).

En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, la Iniciativa “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC – Latinoamérica) presenta esta infografía con los datos encontrados en 9 países de Latinoamérica para aportar a la visibilización, desde las cifras, de la situación de las mujeres rurales en la región. 



Además, más allá de las recomendaciones usuales sobre la necesidad de contar con mecanismos, rutas institucionales y espacios de participación para que las mujeres rurales puedan defender sus derechos, estos informes aportan recomendaciones resultantes del trabajo a nivel local impulsado con las mujeres y desde las mujeres. Dichas recomendaciones son útiles y necesarias para distintos contextos e incluyen:
• Se requiere generar instancias de sensibilización en temas de género e interculturalidad en donde participen todos/as los/as funcionarios/as públicos.
• Urge considerar la importancia económica y social del trabajo doméstico, así como su reconocimiento y retribución. En este marco, se requiere que las políticas públicas estén orientadas tanto al fomento de la producción como a la redistribución del trabajo del cuidado.
• Se debe invertir en infraestructura comunicacional favorable a las mujeres rurales de todas las edades y etnias.
• Los medios de comunicación no sólo deben mostrar más la perspectiva de las mujeres, también deben incorporar términos como justicia de género y cuestionar ideas como “el jefe del hogar”.
• Las estadísticas oficiales deben ser situadas: dar cuenta de diferencias etarias, geográficas, de identidad, de estado civil y territoriales (urbanas y rurales).
• Un paso necesario para cambiar la estructura patriarcal del Estado es reconocer que, si bien la elaboración de normas y decretos es importante, es crucial avanzar con su implementación.
• En este escenario, es fundamental que se asignen recursos destinados específicamente a atender las necesidades de las mujeres rurales.

Los Informes País sobre la situación de las mujeres rurales aportan información clave a tener en cuenta en cualquier tipo de iniciativa que implique a las mujeres rurales, e incluyen recomendaciones puntuales para la garantía de sus derechos. Los Informes han sido desarrollados en el marco de la Iniciativa Basada en Compromisos “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” que impulsa la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra - América Latina y el Caribe (ILC ALC).

A finales de los años 70 y comienzos de los 80, el Departamento –así se llamaban en esa época los equipos– de Trabajo Rural de Cinep, conformado por León Zamosc, quien lo coordinaba, Silvia Rivera, Diana Medrano y Cristina Escobar, se dio a la tarea de apoyar a la Anuc (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), especialmente a su ala más radical, la llamada Línea Sincelejo, que en ese momento mostraba signos de división y debilidad organizativa así como de reflujo en sus luchas. Además de actividades de acompañamiento y educación, el equipo rural emprendió una desafiante pesquisa sobre la historia de dicha organización.[1] En esa dirección recopilaron la documentación oficial emitida por el Estado y especialmente el Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), así como la producida por los dirigentes de las distintas organizaciones campesinas, regionales y nacionales. Acudieron también al archivo de prensa del Cinep y del Incora. Y realizaron más de 150 entrevistas a lideres campesinos y funcionarios estatales. Los frutos de esa investigación fueron tres publicaciones y un rico archivo que recogía esas fuentes, que con el tiempo se conoció como el Archivo de luchas Campesinas.[2]

 Investigadores del área rural que reemplazaron a Zamosc y su equipo, guardaron celosamente este archivo no en la Biblioteca, sino en sus oficinas. Algunos tuvimos la oportunidad de revisarlo y así lo reconocimos en respectivas publicaciones.[3] Desafortunadamente la rotación de personal, cambios locativos y decisiones administrativas nada acertadas a mediados del decenio pasado hicieron que el archivo de luchas campesinas se perdiera.

 En 2017 León Zamosc, actualmente profesor de Sociología de la Universidad de California en San Diego, se enteró de esa pérdida y generosamente decidió reponerlo parcialmente entregando algunos de los documentos que guardaba en su “archivo de baúl”, según expresión Orlando Fals Borda. En efecto a comienzos de 2018 hizo entrega a la Biblioteca de Cinep de tres paquetes documentales que fueron rápidamente escaneados para preservarlos por medios virtuales.

 De esta forma el actual Archivo de Luchas Campesinas que presentamos consta de tres secciones: la primera “Documentos varios” contiene, como el nombre lo indica, algunos textos recopilados en la mencionada investigación sobre la Anuc en los años 70; la segunda guarda extractos de cerca de 150 entrevistas a líderes y dirigentes campesinos así como a funcionarios estatales de la época;[4] y la tercera abarca informes de talleres con organizaciones campesinas, hechos en 1983 por los continuadores del equipo rural con la idea de socializar dicha investigación. Esos son las fuentes originales que hoy ponemos a disposición del público, como fue el deseo de León Zamosc al donarlas.

 Mauricio Archila Neira

América Latina: auge de las luchas reivindicativas


Opiniones de algunos sectores de la Anuc-Línea Sincelejo


Entrevistas Base ANUC

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[1] Fernán González, “La experiencia del CINEP: una escuela de investigadores, en Fernán González, editor, Una opción y muchas búsquedas, Bogotá, Cinep, 1998, pp. 43-44.

[2] Los libros fueron: León Zamosc, Los usuarios campesinos y las luchas por la tierra en los años setenta, Bogotá, Cinep, 1982;Cristina Escobar, La trayectoria de la Anuc, Bogotá, Cinep, 1982; y

[3] Tal fue mi caso: Mauricio Archila, Idas y venidas, vueltas y revueltas, Bogotá, Cinep, 2003. Carlos Salgado y Esmeralda Prada también lo utilizaron en su libro Campesinado y protesta social en Colombia, 1980-1995, Bogotá, Cinep, 2000. El último investigador que pudo consultarlo fue Alexander Pereira para su tesis de pregrado sobre Orlando Fals Borda en la carrera de Historia de la Universidad Nacional en 2005.

[4] Allí se encuentran interesantes testimonios de dirigentes sociales y políticos de ese entonces; no deja de ser curioso que algunos de ellos hoy se ubiquen ideológicamente en las antípodas de lo que eran en ese momento.

La Base de Datos de Luchas Sociales de CINEP ha registrado desde 1975 la trayectoria de las luchas estudiantiles que se han dado en el país hasta nuestros días.

Este especial hace un reconocimiento a estas luchas, a los estudiantes que han sido asesinados en la defensa del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, a los maestros y trabajadores de las universidades e instituciones públicas que hacen parte de estas reivindicaciones y al movimiento estudiantil colombiano.

 

Una historia de luchas*

En esta línea de tiempo encontrarás los hitos más importantes de la movilización estudiantil. Desde 1910 a nuestros días, los estudiantes han sido uno de los actores activos de movilización más importantes en Colombia.

 

 

 Radiografía de las luchas estudiantiles : de las motivaciones a los retos.

¿Por qué es importante la movilización hoy?

Mauricio Archila, investigador del equipo de Movimientos sociales y profesor de la Universidad Nacional de Colombia reflexiona sobre algunos puntos importantes para entender la movilización estudiantil del 10 de octubre de 2018.

 

 

*Este especial fue elaborado con la información suministrada por el equipo de Movimientos sociales del Cinep/PPP

Equipo de Movimientos sociales

Mauricio Archila
Martha Cecilia García
Leonardo Parra

Equipo de comunicaciones 

Miguel Martínez
Mónica Osorio Aguiar
Laura Inés Contreras Vásquez

 

Bogotá, 16 de septiembre de 2018

Señor ministro:
En menos de mes y medio usted ha hecho dos pronunciamientos públicos sobre la protesta social. La primera vez, antes de su posesión como ministro de defensa, pidió que ésta fuera ordenada y que representara los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo. Quisiera contarle que la protesta es, ante todo, un acto disruptivo que se despliega en escenarios públicos, mediante el cual grupos diversos expresan demandas o reivindicaciones propias y particulares, motivo por el cual no puede representar los intereses de todos los colombianos. Las protestas son una forma de acción política no institucional que pone en evidencia precisamente las diferencias en el seno de la sociedad. Diferencias culturales, étnicas, de género, generacionales, religiosas, lingüísticas, de capitales políticos, económicos, de posibilidades de incidir en los asuntos que rigen la vida colectiva, entre otras.

Señor ministro: no le tema a la diferencia, es parte de este país rico en biodiversidad, es decir en formas de vidas distintas –humanas y no humanas–, capaces de interactuar. No pida la homogeneidad, nada más aburrido que ser idénticos, nada más patético y antidemocrático que el pensamiento único. No le tema a las multitudes en las calles y en las carreteras, más bien dispóngase al diálogo, a la escucha, a la mirada, al reconocimiento de las múltiples otredades que hacen este país.

La segunda vez que se refirió a la protesta –precisamente a un día de conmemorarse 41 años del Paro Cívico Nacional de 1977– la criminalizó al asegurar que es financiada con los dineros ilícitos de cinco grupos armados organizados. Con tan temeraria afirmación, usted resta la posibilidad de que múltiples y diversos grupos sociales tengan voz y visibilidad, niega la autonomía de grupos, organizaciones y movimientos sociales para expresar desacuerdos, necesidades, propuestas, ocluye la posibilidad del diálogo social al que tantas veces se ha referido el actual presidente y, lo que es peor, termina recordándonos las palabras del ministro Lemos Simonds y el asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa en 1990.

Sus tesis en esta segunda intervención me suscitaron muchas preguntas y voy a plantearle algunas, recurriendo a las expresiones que en ella utilizó:
¿Sabe usted cuál de los grupos armados que “corrompen y financian la protesta social” costeó la marcha llevada a cabo en Pereira y Armenia el 13 de marzo de 1998, convocada por el comité intergremial, Fenalco, y la Iglesia Católica por el derecho a vivir, después de una oleada de actos delincuenciales y asesinatos ocurridos en estas dos capitales departamentales? ¿Cuál de esos grupos pagó la marcha convocada por la Cámara de Comercio de Caquetá el 13 de mayo de 2014, en la que participaron comerciantes y sus empleados, y ganaderos, bajo la consigna "Caquetá sí existe", para pedirle al gobierno poner más atención a la reactivación económica del departamento y atender las demandas de los paros para que no los afecte a ellos?

¿Cuáles son las mafias organizadas que siempre han estado detrás de las protestas convocadas por el Centro Democrático contra las Farc y el secuestro (por ejemplo, la del 4 de febrero de 2008) y en contra de las negociaciones de paz con las Farc y por la dignidad de las Fuerzas Armadas llevadas a cabo el 7 de agosto de 2015 y 2 de abril de 2016? ¿Esas mafias también empujaron al partido del presidente actual y a otros promotores del NO a encabezar una marcha para exigir a la mesa de negociaciones de La Habana que se respetara el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016 y se tuvieran en cuenta las propuestas que hicieron, y para mostrar su rechazo a la "ideología de género" del acuerdo? ¿Han continuado financiando al CD que el 1° de abril de 2017 lideró una marcha en Villavicencio, en contra del gobierno de Santos bajo la consigna: "No permitamos que Colombia se convierta en Venezuela"?

Y recurriendo a su buena memoria, sáqueme de una duda, señor ministro: ¿cuáles son las mafias de verdad que fomentaron aquella protesta incitada por militares del Batallón de Infantería No. 40 ‘Coronel Luciano D'elhuyar’, el 29 de marzo de 1992, en El Carmen de Chucurí, con la que se intentó impedir la detención del alcalde de ese municipio y de 26 personas más investigadas por la Fiscalía por presuntamente pertenecer y/o auxiliar a paramilitares? ¿Acaso son las mismas que sufragaron la marcha nacional del 6 de diciembre de 2011, convocada por el Ejército Nacional para exigir a la guerrilla de las Farc ponerle fin al secuestro y que, según dijo el propio presidente de la República, fue una manifestación de rechazo a la violencia?

Podría contarme a mí y a otros curiosos ¿cuáles son las mafias supranacionales que respaldaron al Obispo de Cúcuta cuando lideró una marcha el 11 de octubre de 1984, contra el desempleo, la desnutrición y el analfabetismo? ¿Son las mismas que prohijaron las marchas lideradas por la iglesia católica, en septiembre de 1992, para rechazar la abolición de la enseñanza religiosa en los colegios? ¿Existe alguna relación entre las mafias internacionales que apoyan a dicha iglesia y las que impulsan las protestas de grupos cristianos como las realizadas entre 2005 y 2006 en diversas regiones del país en contra de pérdida de valores, contra el aborto y el homosexualismo, y el “arrodillatón” del 16 y 17 de mayo de 2016 en contra de la decisión de un juez de suspender la práctica de la oración antes de iniciar las sesiones del Concejo Municipal de Cartagena, atendiendo el mandato constitucional de no imponer prácticas religiosas de manera obligatoria?

¿Cuál de los cinco grupos armados organizados que usted mencionó pagó las marchas contra el secuestro llevadas a cabo en diciembre de 1996, convocadas por Francisco Santos, actual embajador en Estados Unidos, y su Fundación País Libre? ¿Cuál mafia corrompió y financió la marcha global citada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el 1° de abril de 1998, contra las formas intolerables de trabajo infantil?
Como estos, hay miles de ejemplos de protestas sociales en la historia reciente del país en los cuales, como he querido mostrar, no se podrían hacer señalamientos como los que usted hizo, que terminan criminalizándolas.
Señor ministro: buena parte de los manifestantes saben que la protesta es un derecho consagrado constitucionalmente. Pero ello no basta. Por eso, lo que también se exige en las protestas es contar con garantías para ejercer este y el derecho a tener derechos como ciudadanos de este país.

Cordialmente,

Martha Cecilia García V.
Investigadora del Cinep

Qué debería contener una Ley sobre el derecho a la protesta, y qué tan adecuado es el camino que ha sugerido el nuevo ministro de Defensa

Por: Mauricio Archila* y Martha Cecilia García**

De opositor a promotor

En días pasados, Guillermo Botero, —designado como Ministro de Defensa del gobierno e de Iván Duque— habló sobre la protesta social en la Cumbre Concordia Américas.

No deja de ser sorprendente que el nuevo ministro se refiriera a este tema, en lugar de  los asuntos álgidos, como la ola de violencia contra los líderes sociales, las amenazas a los periodistas, o incluso la persistencia de otras modalidades de la guerra en el campo. Pero aun así debemos reconocer que fue importante poner sobre la mesa el derecho a la protesta y expresar su interés en una Ley Estatutaria que lo reglamente.

Esto llama la atención porque de algún revive un proceso que se había estancado en el Congreso y que venía del Acuerdo de Paz: el proyecto de Ley Estatutaria sobre garantías para la movilización y la protesta que surgió del punto 2 del Acuerdo con las FARC, en cuya redacción participaron varias organizaciones sociales coordinadas por tres ONG (Viva la Ciudadanía, Foro Nacional por Colombia y Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep), un proyecto que Santos había presentado  para trámite por la vía del “fast track”.  

Al parecer el Congreso se abstuvo de tramitar aquel proyecto debido a la resistencia de los gremios y de sectores de las Fuerzas Armadas. Es curioso que ahora sea Botero, el “eterno presidente” de la Federación Nacional de Comerciantes  (Fenalco) y el entrante ministro de Defensa, quien propone ocuparse del asunto.   Pero esta tardía coincidencia se disipa cuando Botero sugiere las líneas gruesas de la ley en cuestión: “En el ámbito social respetamos la protesta social, pero también creemos que esta debe ser una protesta ordenada, que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no sólo de un pequeño grupo…”

Está bien que se respete la protesta social, pues es un derecho fundamental consagrado en los artículos 37, 19, 20 y 40 de la Constitución, pero el resto de la sucinta de la declaración del ministro no puede ser aceptado por la ciudadanía en general ni -en especial- por los integrantes de movimientos sociales en Colombia. En este análisis  distinguiremos dos puntos polémicos: el ordenamiento de la protesta y los intereses que representa.

Al final propondremos algunas precisiones sobre las cifras de Cinep que el entrante ministro citó en su intervención, pues no se ajustan del todo a los de nuestra Base de Datos de Luchas Sociales.

Ordenamiento de la protesta

Aunque el ejercicio del derecho a la protesta necesita de una regulación u ordenamiento que lo garantice, también es cierto que con ese “ordenamiento” se corre el riesgo de anular ese derecho.

De nuestros estudios y análisis históricos se sigue que la protesta es una de las formas principales de participación ciudadana en Colombia, y que en la gran mayoría de los casos, ella transcurre de manera pacífica. La gente suele acudir a la protesta en situaciones o momentos límites, cuando se agotan otros canales de participación o expresión del descontento ante situaciones injustas o excluyentes.

Por eso mismo la protesta no siempre es planeada, menos aun cuando se trata de respuestas espontáneas ante actos de violencia, como cada vez con más frecuencia está sucediendo hoy con los líderes sociales.

El ideal es por supuesto notificar con anticipación a las autoridades, para que estas puedan acompañar a los manifestantes y efectuar los ajustes necesarios para la movilidad en las ciudades y regiones.

Pero no siempre es posible anunciar de antemano el lugar o la hora de una movilización, y en todo caso la ausencia de notificación no debe traducirse automáticamente en la ilegalización de la protesta. Poner un requisito perentorio de ese tipo sería cercenar el derecho a ejercer la protesta, pues, como dijimos, no siempre es planeada.

¿Qué intereses debe representar la protesta?

El entrante ministro de Defensa afirmó que la protesta no debe responder a los intereses de pequeños grupos sino al de todos los colombianos.

No entraremos en la exclusión gramatical del género femenino, pero ya hay un sesgo en la expresión “todos los colombianos”. Botero hace ese llamado apelando al interés general, que por demás es muy difícil de determinar, a menos que se suponga -como ha ocurrido a lo largo nuestra historia- que los gremios empresariales son quienes representan esos intereses.

Por otro lado, excluir los intereses particulares es anular la protesta. Precisamente, la protesta recoge la posibilidad de expresión de intereses particulares que, obviamente, deber ser debatidos y acordados en escenarios públicos más amplios.

No hablemos en abstracto, basta con pensar en la abundancia de casos de trabajadores a quienes no se le paga su salario a tiempo, de estudiantes a los que se les cae la escuela o les faltan maestros, de enfermos que no reciben atención en los hospitales porque están a punto de quebrar, de campesinos violentamente desterrados de sus tierras, de indígenas a quienes se les niega su cultura propia, o de afrodescendientes a quienes no se les reconocen sus territorios.

En fin, innumerables episodios cotidianos que muestran los pequeños y grandes desajustes de nuestra sociedad. ¿Cómo pedirles que atiendan a los intereses de “todos los colombianos”? ¿Quién determina esos intereses? Pedirlo es una forma más sutil, pero igualmente directa, de anular la protesta. Escondida tras el deseo loable de proteger los intereses generales,  la ciudadanía queda sumida en el silencio porque se ignoran sus reclamos particulares – tan particulares, en efecto,  como son los reclamos de los gremios en legítima defensa de sus propios asociados-.

Cifras sesgadas y lecturas convenientes

Ahora bien, para sustentar el proyecto de Ley sería bueno contar con una lectura acertada de las cifras de protesta que Botero ofreció en su breve presentación. Más que por purismo académico, lo sugerimos para evitar sesgos y lecturas descontextualizadas de las mismas.

El texto transcrito por los medios de comunicación dice que: “las protestas vienen en aumento: de acuerdo con las cifras del CINEP, en 2010 se reportaron 640 luchas sociales y en 2016 se registraron 1.019”. Ante todo, debemos precisar que esas cifras no coinciden con nuestros datos que arrojan 827 protestas para 2010 y cerca de 760 para 2016.

Ahora, más que quedarnos en los números, nos preocupa el mensaje que está en el fondo de la frase citada. Podríamos preguntarnos por qué tomar una cifra supuestamente baja en 2010 para contrastarla con una pretendidamente alta en 2016.

O por qué no decir, por ejemplo, que en 2007 hubo 1.016 protestas, en su mayoría motivadas por los derechos humanos. Es cierto que las protestas han aumentado desde finales del decenio pasado, cuando aún era presidente Álvaro Uribe, y que la tendencia se mantuvo con vaivenes bajo el gobierno de Santos, con el que llegamos al pico de 1.037 en 2013, el año del “tal paro agrario”.

Pero no es cierto que bajo el gobierno Santos se hubiera producido un desborde inusitado de las protestas, como si en cambio su antecesor la hubiera tenido controlada y ordenada. Las cifras nunca son puras y menos su interpretación, pero en este caso el sesgo es más que evidente, ¿por qué? Claramente, para legitimar la intervención sobre un fenómeno que parece estar saliéndose del cauce.

Aunque esto tampoco es cierto, como podemos ver en el siguiente gráfico:

Luchas Sociales en Colombia 1975-2016

 

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Fuente: Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep

Por todo lo anterior nos preocupan las declaraciones del nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero. Aunque compartimos la necesidad de una Ley Estatutaria sobre el derecho y la garantía de la protesta, diferimos de los brochazos que lanzó en su propuesta en ese foro público.

Tendremos que esperar que esa propuesta se plasme en un proyecto de reforma que se pueda someter a examen más detallada. Por ahora, como va, no garantiza el derecho fundamental a la protesta sino que apunta a reprimirla y anularla.

Creemos que si el nuevo ministro de Defensa honestamente quiere promover una Ley Estatutaria sobre el derecho y la garantía a la protesta, no sólo debe pensar en las objeciones que le formulamos sino comprometerse a consultar, de manera amplia, a las organizaciones sindicales y sociales para llegar a consensos para consolidar la democracia.

Así podrían superarse, como promete el nuevo presidente, las polarizaciones en el país. Entretanto, declaraciones como las comentadas, no son el camino para lograr esos acuerdos fundamentales.

 

*Ph. D. en Historia, Profesor titular de la Universidad Nacional e investigador del  Cinep/PPP.

**Socióloga con maestría en Urbanismo, investigadora del Cinep/PPP.

Artículo publicado en Razón Pública el 23 julio de 2018

 

Por: Tatiana Cuenca*

La falta de reconocimiento de la importancia del campesinado como grupo social en Colombia ha llevado a su exclusión social y a su consideración como un sujeto atrasado que está fuera de las dinámicas del desarrollo y, por lo tanto, que tiende a desaparecer. Por esto, desde hace algunos años el campesinado viene exigiéndole al Estado colombiano su reconocimiento como sujeto de derechos, exigencia que surge por la necesidad de ser tenido en cuenta dentro de las políticas públicas como un sujeto especial de protección debido a su situación de vulnerabilidad y falta de acceso a derechos en la que se encuentra como un mecanismo afirmativo frente a un sector que alimenta el país.

No reconocer al campesinado como grupo social diferenciado lleva a que tampoco sea tenido en cuenta en los censos poblacionales como una categoría diferente más allá de población rural que no habita en las cabeceras municipales y se denomina “resto” [1]. Esta ha sido la lógica que ha primado en Colombia en los últimos censos poblaciones. Inclusive en el Censo Nacional Agropecuario de 2014 que da cuenta de la situación productiva del campo y las características de los productores, no se tuvieron en cuenta preguntas específicas que indagaran sobre la identidad cultural del campesinado y su situación socioeconómica.

Es así como a partir de una acción de tutela organizaciones campesinas le exigieron al Estado colombiano ser incluidos en el Censo poblacional de 2018, medida acordada, e incumplida, a mediados de 2016 entre el Gobierno nacional y la Mesa campesina del Cauca. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el que reconoce que se dejó pasar la oportunidad de que en el Censo de 2018 se identificara al campesinado, y hace un llamado de atención a las instituciones del Estado responsables para que elaboren estudios complementarios al Censo agropecuario 2014 y al Censo poblacional 2018 que permitan delimitar a profundidad el concepto campesino y contabilizar a los ciudadanos que integran ese grupo poblacional.

El fallo la Corte Suprema también reconoce la necesidad de que el Gobierno nacional lleve a cabo programas de política pública encaminados a mejorar las condiciones sociales y económicas del campesinado como grupo poblacional y sujeto de especial protección constitucional. Además, hace un llamado para que “desde el Grupo de Asuntos Campesinos del Ministerio del Interior, se identifique la situación actual de la población campesina y se apoye la formulación y seguimiento de planes, programas y políticas públicas que permitan la materialización del derecho fundamental a la igualdad material que le asiste al campesinado”. En el siguiente video les contamos más:

[1] Según la ficha técnica para la variable “Población Rural” utilizada por el DANE, esta corresponde al número de habitantes que viven por fuera de la zona urbana (cabecera) y dentro de la zona rural (término homologable a la definición de “resto”) que está constituida por los centros poblados y por la zona rural dispersa.

*Investigadora del equipo Movilización, territorio e interculturalidad de Cinep/PPP

 Los próximos 19 y 20 de abril, líderes y lideresas de varias zonas del Caribe se encontrarán por primera vez para revisar los procesos de construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que se adelantan en 40 municipios del Caribe Colombiano.

 
 

 

 

 

 

Una de las riquezas de Colombia es su enorme diversidad cultural. Dentro de una región, relativamente pequeña, puede existir una amplia variedad cultural en las comunidades. Un claro ejemplo de esta situación se da en la región Caribe. Allí confluyen múltiples grupos étnico raciales que se diferencian en muchos aspectos, pero que comparten un territorio. Frente a este panorama desde hace varios años, el equipo de Interculturalidad del Cinep/PPP viene acompañando a algunas de estas comunidades en procesos de fortalecimiento organizativo tanto al interior como en articulación con otros grupos poblacionales de la región.

Así surgió el proyecto en educación intercultural por la defensa de los derechos de los grupos étnicos. Funcionó en tres nodos territoriales: Cartagena, Sierra Nevada y sur de La Guajira y se trabajó con distintos grupos étnicos: indígenas Wayuú, Wiwa, afro Cartagena, afro Guajira, población palenquera y mestizos. Durante el proceso participaron líderes de organizaciones sociales, jóvenes investigadores y docentes de instituciones educativas.

El proyecto se organizó en tres grandes acciones: primero, un proceso de formación en educación intercultural, investigación local participativa y ejercicios de exigibilidad de derechos; segundo, producción de saberes y contenidos de conocimiento; y, tercero, ejercicios de sensibilización e incidencia política. Estas acciones, que se dieron a partir del proyecto, estuvieron encaminadas a generar encuentros entre las comunidades que permitieran diálogos desde los saberes de cada población. “Empezar a encontrarse, no solo es la posibilidad de tejer redes de articulación sino de contrastar constantemente visiones, perspectivas, sensibilizarse de lo que les ocurre a los otros”, afirmó Jenny Ortiz, investigadora del Cinep/PPP del equipo Territorio, Movilización e Interculturalidad y coordinadora del proyecto.

Uno de los objetivos y puntos clave de este proceso fue construir una mirada en conjunto de la región. Para esto se promovió el diálogo de saberes a través del cual las diversas comunidades discutieron y trabajaron juntas en la problematización de sus contextos en distintas escalas. Así lo explicó Ortíz: “Empezamos a salir del problema muy local y conectarlo con lo que está pasando en la región. Esto, en términos de megaproyectos, del modelo económico, de la violación de derechos. Se trata de una articulación de demandas pero sobre todo de la articulación de ejercicios de resistencia ante las múltiples problemáticas”.

Juventud y género, las miradas diferenciales del proceso 

Durante el proceso se abordaron varios enfoques diferenciales. Uno de ellos fue el de los jóvenes y su rol dentro de sus comunidades. Para Jenny Ortiz el trabajo con los jóvenes es un ejercicio muy preliminar desde la educación popular y busca empezar a transformar la idea de que son los expertos los que tienen el conocimiento. Los líderes de organizaciones sociales son jóvenes que se hacen preguntas sobre su contexto y es importante vincular al joven en la acción política.

Para lograrlo una de las estrategias fue brindar  herramientas metodológicas a los jóvenes para trabajar con sus comunidades, así se reconoció desde cómo hacer una entrevista y una cartografía, hasta un mapa de actores y una encuesta. Luego ellos realizaron un proceso de acompañamiento para aplicar las herramientas en la problematización de los diferentes contextos.

Otro de los enfoques diferenciales importantes del proceso fue el de género, una apuesta problemática considerando las características culturales de las comunidades de la región. En este sentido, primero se abordó el tema del rol de la mujer dentro de los grupos. En estas discusiones salieron a flote muchas historias de abuso sexual intrafamiliar, violencia, acoso yabuso en medio del conflicto armado. El momento no solo sirvió para conocer una realidad que nos suele difundirse, sino paraque las mujeres pudieran sanar un poco esas heridas. El trabajo dentro del proyecto aportó a la construcción de miradas de género desde los distintos contextos, así “que los Wiwa comiencen a preguntarse sobre las Sagas, que son mujeres de sabiduría ancestral. Que los afro comiencen a interpelarse por otras construcciones de género”, son algunos de los resultados que resalta Jenny Ortiz.

Dentro de las metodologías implementadas en el proyecto se incluyeron tres seminarios regionales que reunían a las poblaciones. El primero de ellos se hizo en Barrancas, sur de La Guajira; el segundo, en Cartagena, y, el tercero, fue en la Sierra Nevada de Santa Marta. “En los seminarios quisimos darle este giro de no llevar solo a los expertos a que le enseñen al otro sino que los sujetos se empoderaran un poco y fueran los gestores de lo que ya habían hecho”, explica Ortiz. Con esta premisa, durante estos encuentros se oyeron las voces de la academia, el liderazgo social, la docencia y la juventud cada uno aportando a los debates desde su propia experiencia y experticia.

Docentes de la zona caribe hablan sobre la importancia de la interculturalidad en la educación escolar.


Un cierre en el territorio sagrado, Achintukua. Para el cierre del proyecto se concertó con las organizaciones sociales y las comunidades hacer el seminario en Achintukua, capital del pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este lugar fue elegido por su importancia intercultural, pues muy cerca de allí, se dio la evangelización de la comunidad indígena por parte de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Este procedimiento llevó a la pérdida de la cultura propia de los Wiwa por mucho tiempo. “El vestido ya no se estaba usando, el idioma ya algunos lo han olvidado. La música propia ya los niños no la bailan como se bailaba, solo hay unos mayores que la bailan”, comenta  Otilio Chimusquera, docente Wiwa, y añade “ya más reciente nosotros le hemos propuesto que nosotros tenemos que reconocer nuestra identidad y por eso entre nuestra comunidad ya hay poquita evangelización, pero podemos vivir con otras comunidades de esas religiones sin ningún problema”.

Dada la importancia espiritual que tiene este pueblo para los Wiwas, desde un mes antes a la realización del seminario, se inició un  trabajo espiritual con el Mamo Chelo, máxima autoridad de Achintukua. Él inició un trabajo para que el territorio acogiera a todos los visitantes, teniendo en consideración que eran de distintas partes de la región y del país, que hubiera una armonización y que además hubiera una protección espiritual.

Terminado el proceso del diplomado, varios de sus participantes enuncian sus aprendizajes más importantes.

 

 

 La represa del Cercado, el monstruo de cemento en el corazón del territorio ancestral Wiwa

Para entender la problemática que generó la construcción de la represa del Cercado en el territorio hay que hacer una revisión en retrospectiva. En 1934 se autorizan las primeras concesiones de uso del agua a través del drenaje. Luego se arrancan las obras para hacer distritos de riego. A inicios de la década de los 2000, se empieza a ejecutar la obra de la represa. La intención original del proyecto era construir el distrito de riego, llevar agua a los municipios del sur de La Guajira y construir la represa para la generación de energía. El primer impacto para el pueblo Wiwa fue que uno de los tres lugares culturales más importantes para la comunidad donde se desarrolla el ejercicio de gobernabilidad quedaba ubicado justo en medio de la represa.

Seguido a esto vino un momento crítico para la situación de los derechos humanos del pueblo Wiwa: en el sector conocido como La Llegua – Yacanal, en la parte baja de la cuenca del río, asesinan al primer dirigente del pueblo Wiwa. En la parte alta, el pueblo Wiwa sufre la persecución de la guerrilla y desaparecen varios de sus líderes. “En el 2005 inicia la construcción de la represa, lo que generó desestabilidad política, cultural y organizativa para el pueblo Wiwa por la acción de los grupos armados que operaban en la cuenca del río”, relata Pedro Loperena, encargado de la comisión de derechos humanos de la comunidad. “En ese tiempo fue imposible reaccionar por la forma como se atacó al pueblo Wiwa por los diferentes actores en confrontación: grupos paramilitares, autodefensas, guerrilla y hasta las mismas fuerzas militares”, agrega Loperana.

El 4 de febrero de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga las medidas cautelares ante la crisis humanitaria del pueblo Wiwa, allí establece que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para cesar los hechos de violencia en contra de la dirigencia del pueblo Wiwa. Además, ante la construcción del muro que retiene las aguas del río Ranchería, las cuatro comunidades indígenas que viven en la Sierra Nevada afirman no haber sido consultadas y luego de las pocas acciones de protesta que realizaron asesinaron a varios de sus líderes: “Casi 30 ejecuciones extrajudiciales en la cuenca del río nos hace pensar que el conflicto estaba ligado a la construcción de la represa”, dice el líder indígena.

Sin poder frenar la construcción de la represa, un fallo judicial en su contra manifiesta que no interpusieron los recursos legales a tiempo, pero sus líderes argumentan que no tenían el conocimiento y la amenaza armada no los dejaba actuar. “Ante la violencia que vivimos nos tocó consolarnos a nosotros mismos. Nos tocó recoger a nuestros muertos y hacer nuestros trabajos espirituales. Nosotros mismos nos tuvimos que llenar de valentía para poder afrontar esa situación y defender nuestros derechos. El proceso organizativo nos tocó reconstruirlo a nosotros mismos”, declara Loperena. 

Tras ocho años de su inauguración, y casi 15 desde el inicio de su construcción, las comunidades manifiestan no sentirse a gusto con la obra. Informes de los órganos de control demuestran que la represa no cumple con los cuatro objetivos con los que fue construida. Versión que fue ratificada por una de las funcionarias del consorcio que administra la obra al afirmar que en la actualidad solo sirve para evitar las inundaciones y surtir los acueductos de algunos municipios cercanos.

“Actualmente estamos buscando documentación porque sabemos que viene una segunda fase de la represa”, afirma Loperena. Y aunque el daño espiritual y material a la comunidad ya está hecho, se apoyan en organizaciones nacionales y extranjeras para evitar daños mayores en la segunda etapa del macroproyecto.

Producción editorial

Resultado de los proyectos de investigación de los participantes del diplomado, se elaboraron tres cartillas, en los que se desarrollan las investigaciones y problematizaciones de la educación intercultural en cada región. En estas se sistematizan las investigaciones en los temas priorizados en cada zona. A demás, se publicaron cartillas elaboradas por los jóvenes investigadores con formatos que se adaptan a las necesidades de sus comunidades.

Caminos interculturales en la región Caribe I 

Es una agrupación de experiencias de maestros, donde se plantean preguntas comunes sobre identidad y diferencia en la escuela, con el objetivo de transformar las prácticas pedagógicas.

Caminos interculturales en la región Caribe II 

Se enfoca en el reconocimiento del territorio y de los impacto del modelo de desarrollo minero-energético, por parte de los estudiantes de instituciones educativas de La Guajira y el espacio turístico de Cartagena.

 

Caminos interculturales en la región Caribe III 

Presenta los talleres realizados en el aula de clase por parte de los maestros de La Guajira y Cartagena para reconstruir las historias de los territorios y de las comunidades, con el objetivo de que éstos valoren y practiquen las tradiciones culturales que se están transformando o perdiendo en los territorios.

Identidad Cultural y memoria. Investigaciones participativas de jóvenes wiwas de la Sierra nevada de Santa Marta

Investigación de los jóvenes de la comunidad Wiwa, ubicados en la Sierra nevada de Santa Marta. Se recoge información sobre las tradiciones y la cultura de esta comunidad indígena.

 
 

Memoria, territorio y participación. Una mirada de los y las jóvenes a Cerro de La Popa

Investigación que analiza los cambios en el territorio y cómo estos afectan a la comunidad que lo habita, por parte de los jóvenes de la comunidad en Cartagena.

Agua y mujer. Historias, cuentos y más sobre nosotras y Kasolü en el Resguardo Wayuu Lomamato

Jóvenes, mujeres, investigadoras expresan la importancia que tiene el agua para la comunidad Wayuu desde la memoria , la tradición y el reasentamiento.

 
 

Huellas del destierro: Memorias sobre la reducción del territorio de las comunidades afro en el Sur de La Guajira

Las comunidades del sur de La Guajira narran cómo su forma de vivir y relacionarse con el territorio se modificó debido al reasentamiento por la mina del Cerrejón.

Sabores y saberes de mi Tabaco

Recetas tradicionales de los pueblos reasentados hacen parte de este documento, que muestra las modificaciones que sufrió la cultura culinaria de dichas comunidades debido al cambio de territorio.

 

  

Galería

 

La interculturalidad, el centro de discusión en el Caribe colombiano 

 

 

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Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Coordinadora de publicaciones: Margareth Figueroa Garzón - Ana María Castillo
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Asistente de publicaciones: Alejandra Mouthon

El Cinep/ Programa por la Paz, La Pontificia Universidad Javeriana de Cali, la Escuela Nacional Sindical y la cooperativa Confiar presentan la edición más reciente de la revista Controversia dossier "Territorios y Construcción de paz".
El presente número, con sus siete artículos y tres reseñas, se concentra en la complejidad del momento coyuntural que atraviesa hoy el país en su reto de iniciar procesos de construcción de paz desde los territorios.

Dossier "Territorios y construcción de paz"

Presentación

Por Víctor Barrera.  Leer

 Artículos del Dossier 

  • ¿Gobernabilidades híbridas o gobernanza institucionalizada en Colombia? Elementos para pensar la paz territorial en un escenario de transición. Leer
  • “Ya no vamos a poder dejar las puertas abiertas”: experiencias territoriales de cara al actual proceso de paz en Colombia. Una mirada a la región de El Pato. Leer
  • Las Farc y las organizaciones comunitarias en San Andrés de Tumaco: desafíos territoriales ante una eventual implementación de los Acuerdos de La Habana. Leer
  • Las prácticas paramilitares en el Alto Nordeste Antioqueño. Leer
  • State Expansion, Insurgent Resistance, and Territorial Control in Arauca 2002-2010. Leer
  • Enfoques sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescente. Leer
  • Pensar la paz… solo cuando tenga la tierra. Leer

 Reseñas 

  • Archila, M. (coord.); Arboleda, Z.; Coronado, S. et al. (2015). “Hasta cuando soñemos”, Extractivismo e interculturalidad en el sur de La Guajira. Bogotá: Cinep. Leer
  • Gloria Isabel Ocampo, Poderes regionales, clientelismo y Estado: etnografías del poder y la política en Córdoba, Colombia, Bogotá, Colección Territorio, Poder y Conflicto. Leer
  • Vásquez Delgado, T. (2015). Territorios, Conflicto Armado y Política en el Caquetá: 1900-2010. Bogotá: Uniandes. Leer

  

Edición impresa 
N.° de páginas: 349 | Tamaño: 16,5 x 21,5 cm | ISSN: 0120-4165 
Para adquirir esta publicación comunícate con nosotros a través de: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o llamando al (57) (1) 2456181 ext. 759. 

El Cinep/Programa por la Paz y Pensamiento y Acción Social - PAS convocaron a una reunión para presentar el informe de la situación de los defensores y defensoras de Derechos Humanos en el departamento de Córdoba. En esta reunión, hizo presencia el Grupo de Derechos Humanos de la Unión Europea, la Embajada de Francia, Cooperación para la Paz, Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario CORSOC  y líderes campesinos e indígenas de Córdoba.

El siguiente informe presenta las diversas demandas, necesidades, hallazgos en torno al tema de seguridad que presentan los territorios que habitan líderes y lideresas de Córdoba además del avance de la implementación del Acuerdo de Paz en esa misma región.