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Noticias Institucionales (126)

Es imperativo que ante la gravedad de esta situación se otorgue la máxima atención a esta ola de violencia, y que en consecuencia se apliquen con eficacia y celeridad todos los mecanismos de garantías y seguridad previstos en el Acuerdo Final.

 

 

 
 

Invitamos el próximo 26 de julio, que salgamos a la calle y Caminemos por la Vida de los Líderes y las Lideresas Sociales de Colombia y exijamos juntos que se ponga punto final a estos asesinatos #26DeJulioDespertemos

|Plazas de Colombia y el Mundo|

| 26 de julio |

|5:00 p.m. |

 


 

 
 

La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional -ST- compuesta por el CINEP y el CERAC, presenta el tercer informe sobre el enfoque de Género en la implementación del Acuerdo Final -A.F.- en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Verificadores Internacionales, los expresidentes Felipe González y José Mujica y con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz. Este informe cubre los 30 meses, después de su firma. Como en los informes anteriores, tiene una mirada crítica, constructiva y propositiva y se nutre de diversas fuentes y de los aportes de distintas organizaciones que hacen seguimiento a la perspectiva de género en el A.F., además de la información proveniente de instituciones con responsabilidades en su implementación.  

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Atendiendo al mandato dado por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final – CSIVI-, el Centro de Investigación y Educación Popular- CINEP y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos – CERAC, han ejercido desde noviembre de 2017 como Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional – STCVI-, con la responsabilidad central de presentarle informes periódicos a los Verificadores Internacionales, expresidentes Felipe González y José Mujica, con el fin de contribuir al proceso de verificación e impulso al Acuerdo Final (A.F.) firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, hoy, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común- FARC.

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Organizaciones, comunidades afectadas y expertos independientes ven con preocupación que las decisiones tomadas por la Corte en el caso del Arroyo Bruno están siendo desacatadas por la empresa Carbones del Cerrejón y algunas entidades del Gobierno.

La expresión dialogo social está en auge. El proceso de paz inundó nuestro tejido social, académico y de intervención no gubernamental con numerosos proyectos y experiencias. Términos tan llamativos como diálogos improbables, entre opuestos, interculturales, interétnicos; así como intrépidas apuestas por la reconciliación, parecen ser el pan de cada día, en medio de las dificultades en la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, a pesar de su utilización en el lenguaje común, en el político y en diversos documentos internacionales, la definición del “diálogo social” aún parece ser poco clara en términos de precisión conceptual. Tal vez esa relativa indefinición sea parte de su misma utilidad. Como sea, parece ser una realidad que el diálogo social llegó para quedarse, sobre todo en un contexto en el que los pobladores rurales se esfuerzan por construir nuevas realidades de convivencia y paz. Así, ante la fragilidad de la implementación de los acuerdos de paz, la reconfiguración de dinámicas armadas y persecución a liderazgos sociales, además de otras problemáticas y retos identificables, la sociedad civil y los procesos de diálogo y articulación se constituyen en elementos claves para avanzar en la generación de condiciones para la construcción de paz en los territorios.

De esta manera, la convocatoria para el No. 214 de la Revista Controversia invita a participar a las personas interesadas en postular artículos que contemplen experiencias de diálogo social desde una perspectiva amplia que permita la articulación de sectores sociales diversos, con un especial interés en los temas de construcción de paz, ordenamiento territorial, sostenibilidad ambiental y diálogo comunitario.

Los autores de fuera de Colombia pueden participar con documentos sobre procesos semejantes en los que la sociedad civil, el diálogo social y la construcción de paz territorial aporten a enriquecer el debate desde otros escenarios.

Fechas:

  • Apertura: 1 de junio de 2019
  • Cierre: 30 de septiembre de 2019
  • Publicación: febrero de 2020
  • Editor del dossier: Carlos Duarte
  • Correos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Consulta aquí el Manual de publicación para autores

Revista Controversia

Las Organizaciones de la sociedad civil internacional que suscriben este comunicado, en el marco de nuestros mandatos, hemos estado comprometidas desde hace más de 40 años con el respeto por la dignidad humana, la garantía de derechos, la construcción de la paz y la salida negociada al conflicto armado colombiano. 

Desde la Coordinación Colombia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, manifestamos nuestra preocupación y rechazo frente al asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y defensoras y defensores de Derechos Humanos en Colombia, situación que solamente este año, ha cobrado la vida de 75 personas, siguiendo la preocupante tendencia de aumento de estos crímenes en los últimos años. 

En su segunda edición del año, Diálogos Cinep debatió sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), su relación con el Acuerdo de Paz y la economía nacional. En él, participaron Ricardo Bonilla González, economista y ex secretario de hacienda de Bogotá y Consuelo Corredor y Víctor Barrera, investigadores del Cinep/PPP.        

Edmer Tovar, editor de Portafolio, fue quien moderó el panel y empezó su presentación afirmando que el Senado no revisó el PND, sólo le dio el visto bueno a lo presentado por la Cámara de Representantes. En su primera pregunta trajo a la conversación la relación entre la implementación del Acuerdo de Paz con este plan que presentó el gobierno el 6 de mayo .

Sobre esta incógnita, Consuelo Corredor afirmó que en el Acuerdo Final se establecieron mecanismos que permiten la sostenibilidad de los compromisos allí establecidos, lo que lo hace un acuerdo no de gobierno, sino de Estado. Dentro de esos compromisos está la obligación que tienen los cuatro gobiernos siguientes a la firma de incluir los compromisos del acuerdo en los Planes Nacionales de Desarrollo y un plan plurianual de inversiones para la paz. Este plan, según Consuelo, no se implementó a cabalidad.

Según la investigadora, el punto 1 del Acuerdo de Paz, que trata sobre una reforma rural integral, es el punto que más presencia tiene en el PND. Sin embargo, aclara que no todos los puntos relacionados con esta reforma hacen presencia en el PND como se esperaría, por lo que se debe indagar qué tanto se recoge lo del Acuerdo Final. Con respecto al punto 3, relacionado con la reincorporación y el fin del conflicto, Corredor hizo énfasis en que, incluso desde que Iván Duque era candidato a la presidencia, éste señaló la importancia de que la reincorporación se diera y llegara a feliz término. Sin embargo, la sustitución de cultivos ilícitos no está planteada plenamente como debería. Su conclusión más importante fue el planteamiento de que “hubiese sido deseable aprovechar el Acuerdo de Paz para trazar un sendero relacionado a la paz en el PND”.

Por su parte, Víctor Barrera planteó la importancia de tener claros cuáles son los criterios para evaluar un PND, especialmente en el contexto tan particular del país. Explicó que se deben tener claras tres características para evaluarlo correctamente: primero,  el diagnóstico sobre  los problemas generales del país; segundo, las estrategias que se plantearon y si son las adecuadas para resolver los problemas; y tercero, las metas que son los elementos que permiten evaluar después de cuatro años si el PND funcionó o no. Barrera destaca que en los primeros dos puntos este plan sí está acertado, pero su gran equivocación yace en plantear metas imposibles de cumplir.

Además, recalcó que en ningún PND la participación política y ciudadana ocupan un papel central, incluyendo este. Un elemento que preocupa al investigador son las menciones de conflictividad que se hacen a través del documento y la falta de ajustes normativos para garantizar la protesta social.

Ricardo Bonilla respondió a la pregunta sobre las expectativas de lo que se incluyó en el plan y lo que no. Su intervención comenzó con la aclaración de que un PND no se le puede negar a ningún gobierno porque es su potestad plantearlo. En el Congreso se puede negociar lo que cada bancada desea incluir, pero el problema es que esos debates quedaron invisibilizados por los diálogos en torno a la JEP. Por falta de tiempo, “fue la Cámara de Representantes la que hizo un estudio más juicioso, pero el Senado no tuvo tiempo por la negligencia de Matías. Al final, implementarlo fue decisión por pupitrazo”.

Según Bonilla, el enfoque económico del PND se basó en la idea de que el gobierno anterior dejó un déficit de 25 billones de pesos, pero nadie sabe de dónde salió esa cifra. Entonces manifestó que lo que puede hacer este gobierno es plantear un plan  y luego no cumplirlo porque no hay mecanismos reales en Colombia que evalúen la implementación de los PND. Sobre la paz, afirmó, no hay recursos específicos planteados sino programas generales.

Edmer Tovar intervino luego sobre los ejes bajo los cuales se entiende el PND: Legalidad + Equidad = Emprendimiento. Para Corredor, esta estructura es confusa y compleja porque “es una ecuación que no tiene sentido”. Para Barrera,  hay algo que añade un mayor grado de dificultad y es que “hay una apuesta por la legalidad, y las discusiones sobre la legalidad casi siempre terminan en dilemas morales”. Para Bonilla, la idea de emprendimiento que maneja el actual gobierno se basa en un concepto de economía naranja en el que se desarrollan aplicaciones y servicios sin garantía de condiciones de formalidad para sus empleados.

Los tres estuvieron de acuerdo en que, aunque el Plan Nacional de Desarrollo debe cubrir más que la implementación del Acuerdo de Paz, sí se debieron incluir más garantías para la implementación de este. Las elecciones que se llevarán a cabo en octubre para elegir gobernadores y alcaldes pueden ser una oportunidad, porque en el marco de la implementación se afirma que los planes regionales de desarrollo deben incorporar asuntos relacionados con el Acuerdo Final.

 

Laura Cristina Vasquez
Equipo de comunicaciones