En las elecciones para Congreso del pasado 11 de marzo, en las que participaron un total de 17.5 millones de personas y se abstuvieron de votar algo más de 19 millones de personas, se eligieron 280 congresistas. Ellos definirán el destino político, económico y social del país durante los próximos cuatro años. Los comicios estuvieron influenciados por un contexto de profunda polarización política, pero de manera positiva no hubo enfrentamientos ni actos terroristas de fuerzas insurgentes, realidad que no se vivía hace más de medio siglo.

Ya elegidos los congresistas, y sin ninguna bancada de partido mayoritaria para ganar las votaciones legislativas, la composición del Congreso obligará ineludiblemente a la negociación. En consecuencia, se puede pronosticar un debate importante y de diversas posiciones en el Congreso, experiencia que en el país no ha sido habitual. La presencia del partido Farc, abonará a esta diversidad, lo que nos da la oportunidad, si queremos, de cambiar las armas y la violencia política por los argumentos y propuestas que necesita el país. Sin duda esto ya es un punto positivo del Acuerdo de Paz.

Pero la pregunta ahora es si el Congreso elegido, cuya renovación es limitada, tendrá la capacidad para afrontar lo que la gran mayoría de colombianos y colombianas necesitamos para avanzar en soluciones sobre los graves problemas del país. No son pocos los retos para el Congreso, pero existen desafíos urgentes: el primero y más importante es continuar el desarrollo del Acuerdo de Paz. Él recoge, en síntesis, los sueños de más de ocho millones y medio de víctimas del conflicto vivido en más de medio siglo. Una segunda prioridad es la política de seguridad estatal en los territorios que desocuparon las Farc. Al mundo rural no está llegando la Policía ni el acceso a la justicia y los asesinatos de líderes y liderezas sigue en aumento. Finalmente, el Congreso tiene que afrontar seriamente el monstruo de la corrupción, casos como el de Odebrecht, el cartel de la toga y los robos del dinero de la salud y la educación, entre otros, tocaron fondo. Para trabajar estos desafíos se necesitan reformas profundas en la política rural, en la justicia, en la tributación, en las políticas sociales y en el mismo modo de operar del Estado. Políticas pertinentes y justas que hagan camino hacia la paz y la reconciliación del país.

El Padre Francisco de Roux en su libro La Audacia de la paz imperfecta, nos dice: “Hoy la esperanza nace de la posibilidad de entrar en un tiempo nuevo en el que lleguen por fin los ciudadanos de los valores gratuitos de la paz y de la reconciliación, por encima de la lucha de votos, del dinero y de las armas que no conocen de gratuidad. Que se pongan al lado de la gente para un acompañamiento espiritual, no religioso, apoyado en las tradiciones de fe cristiana católica de las mayorías y en la vocación humanitaria de muchos”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/programa por la Paz

 

 

Editorial: Salud sin remedio

  • Dic 10, 2018
  • Publicado en Prensa

Según cifras del Ministerio de Salud, en Colombia, durante los últimos años, se formularon anualmente, en promedio, ciento cuarenta mil fallos judiciales por salud. La mayoría porque los pacientes no reciben a tiempo o nunca los medicamentos. La causa: los altos costos y el robo de los medicamentos, esto suma a la crisis de la salud en el país.

Colombia, hasta hace unos pocos años, tenía un ahorro para la atención en salud de diez billones de pesos en el fondo público Fosyga. Según el ministro Alejandro Gaviria, este ahorro desapareció en gran parte por los altos costos de los medicamentos y procedimientos quirúrgicos de alto costo, pagados con recursos públicos mediante un sistema conocido como recobros y por el monopolio en la comercialización de los medicamentos. Pero igualmente, este ahorro quedó en manos de la corrupción en lo que se ha llamado los carteles de la salud, dos de ellos muy conocidos: el de la hemofilia y el de VIH, en el departamento de Córdoba, sin salir aún a la luz otros casos en distintas regiones.

Es increíble, como en algunos casos, instituciones y empresas de salud, laboratorios, distribuidores, funcionarios públicos, asociaciones de pacientes, médicos y pacientes particulares, se prestan para gestionar, pedir o exigir medicamentos sin llenar los requisitos necesarios y sin necesitarlos, para luego comercializarlos en un mercado ilegal, clandestino, organizado en redes de corrupción planificadas con ganancias inimaginables. A esto se suma la débil vigilancia y control del Estado, la desregularización de precios que animó la política pública de varios gobiernos y la alianza entre algunos funcionarios y los carteles mafiosos que comercializan los medicamentos.

A pesar de los esfuerzos por regularizar y controlar los precios por parte del actual gobierno, fue imposible reducir el precio en muchos de ellos, solo en unos pocos ha sido viable. Detrás de todo esto existe una gran presión de la industria farmacéutica transnacional al Estado colombiano y es aquí donde está la verdadera complejidad de los precios y el gran obstáculo para regularlos. Así las cosas, la salud vive una muerte dolorosa y lenta. Sus primeras víctimas: las familias excluidas de los barrios populares en las ciudades y de las veredas campo.

Los obispos en el documento de Aparecida, número 65 y  419, nos recuerdan la preocupación de la iglesia por los enfermos adictos a las drogas, portadores de malaria, tuberculosis y VIH - SIDA, que sufren la exclusión familiar y social. Esta preocupación se convierte en un servicio sacramental que muestra el amor de Dios Padre en el trabajo de muchos “buenos samaritanos” de la Iglesia en más de treinta y dos mil instituciones católicas dedicadas al trabajo por el derecho a la salud en América Latina, para responder a los que decía el santo chileno, Alberto Hurtado: “En nuestras obras, nuestro pueblo sabe que comprendemos su dolor”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

 

 

 

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, reveló el año pasado que entre 2016 y marzo de 2017 se radicaron 231 denuncias por malas prácticas de los arquitectos en el país. De otra parte, el sector de la construcción en el país viene creciendo de manera dinámica llegando a una tasa anual del 35%, según la Cámara Colombiana de la Construcción. Este crecimiento aceleró también las denuncias. Pero lo que está en juego es la vida de miles de familias en el país, lo que ha pasado en Cartagena al aplicar la orden de desalojo de 16 proyectos declarados en calamidad pública debido a su alto riesgo de colapso, se suma a situaciones como el desplome del edificio Blas de Lezo, en la misma ciudad y lo ocurrido con proyectos como el desplome del edificio Space en Medellín hace dos años.

Pueden ser varias las causas de estos hechos. La calidad de la formación de los profesionales de la ingeniería y arquitectura, la deficiencia de los materiales utilizados, estudios de suelos insuficientes, licencias de construcción falsas o compradas o lo que sería aún peor, la disminución los costos de construcción para aumentar las ganancias, sin importar la suerte de los que van a habitar el inmueble. Le cabe en esto responsabilidades tanto a los profesionales y universidades para que ejerzan el con responsabilidad su labor, como también a los entes gubernamentales, locales y nacionales encargados de controlar y exigir el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la ley.  Pero, si bien es necesario que existan estas leyes, no es suficiente, se necesita gestión y aplicación real de las mismas, de lo contrario, se queda todo en el papel y los problemas crecen, como viene creciendo la baja calidad de la construcción de vivienda, vulnerando el derecho a la vivienda de muchos hogares.

Jesús, en el Sermón del Monte, trae la parábola de los dos constructores. Ella no solo da luces para la construcción física de las edificaciones sino, esencialmente, para el crecimiento de los seres humanos: “A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa; pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina”. (Mt 7:24–27)

 

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

Editorial: Por una paz completa

  • Dic 10, 2018
  • Publicado en Prensa

Hace 14 meses se firmó el Acuerdo de Paz. En este marco se reunió el 4 de enero, en Cartagena, el componente internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo, compuesto por los expresidentes Pepe Mujica de Uruguay y Felipe González de España, en compañía del Presidente Santos y delegados de las FARC. Según los análisis elaborados por varias entidades entre ellas el Instituto Kroc, el CERAC y el Cinep/PPP, si bien el Acuerdo Final ha tenido avances significativos en lo que respecta al cese al fuego, la dejación de armas por parte de las FARC, la creación de su partido político y los desarrollos legislativos para proteger el espíritu e integralidad del acuerdo, entre otros asuntos, el proceso de implementación apenas alcanza un 18% de la totalidad de la implementación normativa. Es mínimo el avance en lo que respecta a la Reforma Rural Integral, la participación política, la Justicia Especial para la Paz y el punto más importante del Acuerdo: la verdad, la reparación y no repetición de la violación de los derechos de más de ocho millones de víctimas que dejó el conflicto social y armado de medio siglo en Colombia.

Es por eso que el pronunciamiento de los expresidentes Mujica y González se centró en pedirle al Estado y a la sociedad colombiana, una implementación más intensa y contundente. El Acuerdo representa un compromiso de las partes con el pueblo colombiano. Compromiso que fue refrendado por el Congreso de la República y revestido de constitucionalidad por la Corte Constitucional, pero igualmente es un compromiso con la comunidad internacional y la paz mundial.

Preocupa especialmente a los expresidentes que la implementación del Acuerdo, coincida negativamente durante este semestre, con la campaña electoral al Congreso y a la Presidencia de Colombia.

Al respecto, la Conferencia Episcopal colombiana en varios documentos ha insistido en que el país necesita una Paz completa. Lo que supone una Paz cimentada en la reconciliación con justicia social, equidad y convivencia en medio de las diferencias. Una Paz que respete la vida de los líderes y lideresas sociales. Igualmente, la Conferencia Episcopal y la Misión de la ONU, pidieron al gobierno y al ELN, en un comunicado del 8 de enero, definir un acuerdo de cese al fuego más robusto que genere mayor confianza entre las partes y en la sociedad colombiana.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

Es la conmemoración mundial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Una iniciativa surgida como vacuna contra la guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial, con todos sus muertos, que algunos aproximan a 40 millones.

Para Colombia, en particular, esta conmemoración llega en un momento decisivo de su historia reciente, en que el país busca la paz, después de años de guerrillas, desmanes y de miles de muertos. Los derechos humanos nos recuerdan que la convivencia humana no puede construirse sobre la base de la fuerza que degenera en violencia y engendra la guerra y nos enseñan que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”[1].

La libertad, la justicia y la paz están unidas tan estrechamente que cualquier atentado contra una lesiona las otras. Por otra parte, las tres virtudes tienen un valor absoluto y, por lo mismo, los atentados, por pequeños que sean, producen consecuencias muy graves. Esa es la razón por la cual los derechos humanos deben ser protegidos de manera especial  “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”[2]. Una tal protección especial solamente la puede asegurar un Estado legítimo a través de medidas legales que garanticen a los ciudadanos el uso de todos sus derechos. Para eso se eligen los gobiernos en las democracias y para eso se les otorga el monopolio de la fuerza. Y es aquí donde se presenta la paradoja de que, con demasiada frecuencia, son los gobiernos los que cometen las mayores violaciones de los inalienables derechos humanos de sus pueblos, obligándolos a valerse del supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

Esta paradoja está en el meollo de la polarización colombiana, en la cual los dos bandos pretenden arrogarse el derecho de definir los derechos ajenos sin escuchar a los respectivos titulares de sus derechos propios, atentando en esa forma contra la libertad y la justicia. Y para evitar oírse, se montan en artimañas que cada uno llama legales, absolutizándolas con desconocimiento de la dignidad del otro y perversión del derecho y de la ley que son, justamente, las herramientas para evitar la injusticia y proteger a las personas. La ley injusta no puede ser una ley aceptable, porque la ley es por definición universal para proteger a todos los ciudadanos, y una protección parcializada es una protección desigual, particular, que no cubre sino a una parte de la población y, como tal, viola los derechos de la otra parte.

Cuando la ley se convierte en un arma para golpear a un conciudadano, se está abusando de un sofisma que busca disfrazar de justa una venganza y tranquilizar una mala conciencia. El valor de la justicia como virtud es absoluto, pero el de la ley no lo es, a menos que no haga daño a nadie, es decir, a menos que sea justa. Y el sofisma de la legalidad se da cuando se absolutizan leyes injustas, emitidas sobre la base de intereses de grupo o, peor aún, de intereses personales del mandatario, las cuales dañan a otros grupos, porque perjudican sus intereses. Este es uno de los elementos fundamentales de la dictadura.

La valoración de la justicia de las medidas que toma un gobierno no reposa sobre su legalidad sino sobre su adecuación a los derechos humanos, porque son estos los que traducen la dignidad de los ciudadanos como personas. Una medida legal que pisotee la dignidad humana de un ciudadano es injusta y, por consiguiente, no debe ser acatada. Más aún debe producir indignación y generar protesta.

El incremento de la violencia en las relaciones sociales proviene de esa indignación que, al exasperarse, recurre a la fuerza para reivindicar sus derechos. Y si el recurso a la fuerza se convierte en una forma ordinaria de relación, llegamos a niveles de inseguridad que destruyen la convivencia y transforman nuestros barrios y veredas en verdaderas trincheras, donde el asalto, las heridas y la muerte son el pan de cada día. Colombia tiene ya un grado alto de atrincheramiento social construido a lo largo de su historia reciente. El respeto y la defensa de los derechos humanos ayudan a bajar ese nivel. Bajar el nivel de atrincheramiento es, pues, cuestión de vida o muerte.

 

Alejandro Angulo Novoa S.J.

 

[1] Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

[2] ibidem