Editorial: Ríos de agua muerta

  • Feb 17, 2019
  • Publicado en Prensa

 En medio de la campaña por la presidencia del país, el tema del medio ambiente se ha tratado sin un debate de fondo entre los candidatos. Decir que se aplicará una política ambiental que ajustará las normas para explotar los recursos naturales con reducidos impactos ecológicos o una intervención minera con bajos niveles de contaminación, tiene un cierto sabor a retórica. Lo cierto es que esto se viene diciendo desde hace ya veinticinco años cuando se emanó la ley 99 de 1993, por la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se organizó el Sistema Nacional Ambiental. Los resultados, sin embargo, dejan mucho que desear.

 Por tomar solo un aspecto clave, ¿preguntémonos qué ha pasado con los páramos y el agua en el país? Recordemos que los páramos son fábricas de agua y el 50% de los que existen en el mundo se encuentran en nuestro país, en total 36 páramos. Ellos proveen el 70% del agua que se consume en la nación. A pesar de las políticas ambientales ya citadas, en estos momentos, uno de los problemas más graves en Colombia es la tendencia a la posible desaparición de los páramos. Los cambios climáticos de las últimas décadas, los procesos de desarrollo basados en las actividades agrícolas y ganaderas intensivas, el desarrollo de la minería del oro legal e ilegal, el mal uso, la destrucción y desaparición de la vegetación y fauna propia, así como la introducción de especies vegetales no propias, trae la destrucción paulatina de los páramos. A esto se agrega, el negativo impacto que los páramos han recibido por la violencia, el control territorial de los actores, el marginamiento y un modelo económico inequitativo articulado a una gestión política amparada en la corrupción y en el uso del poder como control para beneficios propios.

 En el capítulo primero de la Encíclica Laudato Si, el Papa Francisco habla sobre el agua, la contaminación y el agotamiento de ella, afirma: “El agua potable representa una cuestión de primera importancia, porque es indispensable para la vida humana. Grandes sectores de la población no acceden al agua potable o padecen sequias que deterioran la producción de alimentos. La baja calidad del agua la sufren los pobres y provoca muchas muertes. En algunos lugares avanza la privatización de este recurso escaso. Pero el acceso al agua potable es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, creada en el Acuerdo Final de Paz, es ante todo una medida reparadora para la sociedad colombiana. Pero para que el trabajo de la Comisión sea profundamente eficaz, debe esforzarse por construir, a partir de diversas visiones, una comprensión del conflicto colombiano lleno de sentido, incluyente y sanador, una comprensión de la verdad sobre lo sucedido que nos haga preguntas, que nos mueva a todos de nuestro lugar de comodidad, una comprensión de la verdad que nos llame a la responsabilidad, al reconocimiento de nuestras acciones promotoras de violencia y nos interpele sobre los sentimientos de odio y la satisfacción de la venganza, que nos impulse al perdón y la reconciliación.

La Comisión de la Verdad es un instrumento para construir una verdad de sentido profundo y no para pugnar o guerrear sobre cuál verdad le gana a otra verdad. Históricamente las comisiones de verdad se han creado en otros conflictos del mundo como un órgano de carácter extra-judicial, y se han usado para procesos políticos de transición, para pasar de las dictaduras a la democracia o de conflictos armados a la paz.

El fin de estas comisiones se concentra en esclarecer lo que pasó en esa sociedad violenta y lo que llevó a usar patrones de violencia para la tramitación de los conflictos. Por eso la Comisión no es un mecanismo para administrar justicia sino para contribuir a la construcción de una verdad compleja.

La Comisión de la verdad es una oportunidad para que todos aportemos nuestros dolores, pero también nuestras acciones violentas y nuestras omisiones al no hacer lo suficiente para parar la violencia. La Comisión de la Verdad debe esclarecer las responsabilidades del Estado, de los poderes políticos, empresariales y de la economía transnacional, de las organizaciones armadas guerrilleras y paramilitares, de los actores de sociedad civil que auspiciaron o apoyaron la violación de los derechos humanos en medio del conflicto que fue y aún es, eminentemente político y económico.

El Padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, afirma: “No es una Comisión contra nadie, es por las víctimas. Es una Comisión que quiere, a través de las heridas, alcanzar una movilización hacia la compasión y esclarecer qué fue lo que nos aconteció en el país; ¿por qué nos vimos metidos con tantos sufrimientos y cómo podemos salir juntos?”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

 Director CINEP / Programa por la Paz

 

Es repetitivo en el escenario de la coyuntura electoral colombiana que los temas sociales como la salud, el empleo, la vivienda o la educación no sean parte de un debate riguroso. Y, si algo se especula sobre ellos, no pasan de ser frases, titulares o clichés mediáticos que se usan para sorprender a la opinión pública con una idea sin asidero o, peor aún, para desprestigiar a otro candidato por la frase que dijo o por la que dejó de decir. En este entorno electoral caen por lo regular las propuestas que esbozan los programas de los actuales candidatos presidenciales sobre la Educación.

Las apuestas educativas de los candidatos no salen de los lugares comunes, de las reflexiones generales y en sus discursos no hay señal alguna que muestre la prioridad estratégica de la Educación. Temas centrales de la educación como la cobertura, la jornada única, la calidad y el acceso a la educación sin exclusiones, la relación de la educación con el desarrollo económico, el cierre de la brecha entre educación urbana y rural y entre educación pública y privada, el mejoramiento integral de las condiciones laborales de los maestros, el uso de las nuevas tecnologías de la información, y, en definitiva, el tema del Estado como garante del derecho a la educación, todos estos temas son tratados de manera ligera y retórica.

Hablan, hablan y prometen y el país sigue teniendo avances lentos y mínimos en educación. Comparada la educación colombiana con otros países, es una de las más bajas en calidad. Ninguna de las propuestas, de los actuales candidatos a la presidencia de Colombia, establece la educación como un eje fundamental y estratégico para el crecimiento humano y social. No se debate sobre la clase de calidad educativa que se requiere implementar en el país ni cómo se llega a ella ni a qué tipo de sociedad apunta ni cómo se va a pagar todo este cambio. Estas preguntas de fondo quedan sin responder.

No hay debate sobre educación en la contienda electoral, abunda la superficialidad. Llama la atención que para los candidatos temas como la relación entre educación y desarrollo o entre educación y política, no tengan la menor importancia a pesar de ser asuntos de amplia influencia para el presente y futuro del país.

El número 340 del documento de Aparecida nos dice: “Este intransferible derecho, que implica una obligación y que expresa la libertad de la familia en el ámbito de la educación, por su significado y alcance, ha de ser decididamente garantizado por el Estado”. De ahí la centralidad e importancia que tienen las propuestas de los candidatos presidenciales, pues son ellos, con sus equipos de gobierno, los que definitivamente, orientan la educación de la población colombiana.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/programa por la Paz

 

 

En las elecciones para Congreso del pasado 11 de marzo, en las que participaron un total de 17.5 millones de personas y se abstuvieron de votar algo más de 19 millones de personas, se eligieron 280 congresistas. Ellos definirán el destino político, económico y social del país durante los próximos cuatro años. Los comicios estuvieron influenciados por un contexto de profunda polarización política, pero de manera positiva no hubo enfrentamientos ni actos terroristas de fuerzas insurgentes, realidad que no se vivía hace más de medio siglo.

Ya elegidos los congresistas, y sin ninguna bancada de partido mayoritaria para ganar las votaciones legislativas, la composición del Congreso obligará ineludiblemente a la negociación. En consecuencia, se puede pronosticar un debate importante y de diversas posiciones en el Congreso, experiencia que en el país no ha sido habitual. La presencia del partido Farc, abonará a esta diversidad, lo que nos da la oportunidad, si queremos, de cambiar las armas y la violencia política por los argumentos y propuestas que necesita el país. Sin duda esto ya es un punto positivo del Acuerdo de Paz.

Pero la pregunta ahora es si el Congreso elegido, cuya renovación es limitada, tendrá la capacidad para afrontar lo que la gran mayoría de colombianos y colombianas necesitamos para avanzar en soluciones sobre los graves problemas del país. No son pocos los retos para el Congreso, pero existen desafíos urgentes: el primero y más importante es continuar el desarrollo del Acuerdo de Paz. Él recoge, en síntesis, los sueños de más de ocho millones y medio de víctimas del conflicto vivido en más de medio siglo. Una segunda prioridad es la política de seguridad estatal en los territorios que desocuparon las Farc. Al mundo rural no está llegando la Policía ni el acceso a la justicia y los asesinatos de líderes y liderezas sigue en aumento. Finalmente, el Congreso tiene que afrontar seriamente el monstruo de la corrupción, casos como el de Odebrecht, el cartel de la toga y los robos del dinero de la salud y la educación, entre otros, tocaron fondo. Para trabajar estos desafíos se necesitan reformas profundas en la política rural, en la justicia, en la tributación, en las políticas sociales y en el mismo modo de operar del Estado. Políticas pertinentes y justas que hagan camino hacia la paz y la reconciliación del país.

El Padre Francisco de Roux en su libro La Audacia de la paz imperfecta, nos dice: “Hoy la esperanza nace de la posibilidad de entrar en un tiempo nuevo en el que lleguen por fin los ciudadanos de los valores gratuitos de la paz y de la reconciliación, por encima de la lucha de votos, del dinero y de las armas que no conocen de gratuidad. Que se pongan al lado de la gente para un acompañamiento espiritual, no religioso, apoyado en las tradiciones de fe cristiana católica de las mayorías y en la vocación humanitaria de muchos”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/programa por la Paz

 

 

Editorial: Salud sin remedio

  • Feb 17, 2019
  • Publicado en Prensa

Según cifras del Ministerio de Salud, en Colombia, durante los últimos años, se formularon anualmente, en promedio, ciento cuarenta mil fallos judiciales por salud. La mayoría porque los pacientes no reciben a tiempo o nunca los medicamentos. La causa: los altos costos y el robo de los medicamentos, esto suma a la crisis de la salud en el país.

Colombia, hasta hace unos pocos años, tenía un ahorro para la atención en salud de diez billones de pesos en el fondo público Fosyga. Según el ministro Alejandro Gaviria, este ahorro desapareció en gran parte por los altos costos de los medicamentos y procedimientos quirúrgicos de alto costo, pagados con recursos públicos mediante un sistema conocido como recobros y por el monopolio en la comercialización de los medicamentos. Pero igualmente, este ahorro quedó en manos de la corrupción en lo que se ha llamado los carteles de la salud, dos de ellos muy conocidos: el de la hemofilia y el de VIH, en el departamento de Córdoba, sin salir aún a la luz otros casos en distintas regiones.

Es increíble, como en algunos casos, instituciones y empresas de salud, laboratorios, distribuidores, funcionarios públicos, asociaciones de pacientes, médicos y pacientes particulares, se prestan para gestionar, pedir o exigir medicamentos sin llenar los requisitos necesarios y sin necesitarlos, para luego comercializarlos en un mercado ilegal, clandestino, organizado en redes de corrupción planificadas con ganancias inimaginables. A esto se suma la débil vigilancia y control del Estado, la desregularización de precios que animó la política pública de varios gobiernos y la alianza entre algunos funcionarios y los carteles mafiosos que comercializan los medicamentos.

A pesar de los esfuerzos por regularizar y controlar los precios por parte del actual gobierno, fue imposible reducir el precio en muchos de ellos, solo en unos pocos ha sido viable. Detrás de todo esto existe una gran presión de la industria farmacéutica transnacional al Estado colombiano y es aquí donde está la verdadera complejidad de los precios y el gran obstáculo para regularlos. Así las cosas, la salud vive una muerte dolorosa y lenta. Sus primeras víctimas: las familias excluidas de los barrios populares en las ciudades y de las veredas campo.

Los obispos en el documento de Aparecida, número 65 y  419, nos recuerdan la preocupación de la iglesia por los enfermos adictos a las drogas, portadores de malaria, tuberculosis y VIH - SIDA, que sufren la exclusión familiar y social. Esta preocupación se convierte en un servicio sacramental que muestra el amor de Dios Padre en el trabajo de muchos “buenos samaritanos” de la Iglesia en más de treinta y dos mil instituciones católicas dedicadas al trabajo por el derecho a la salud en América Latina, para responder a los que decía el santo chileno, Alberto Hurtado: “En nuestras obras, nuestro pueblo sabe que comprendemos su dolor”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz