La salud en Colombia se encuentra en estado terminal por el tumor maligno de la corrupción. A pesar de existir sobre Sanitas y Prestasalud, las compañías que estuvieron en la puja por la compra de Cafesalud, muchas dudas y denuncias, Prestasalud compró Cafesalud y a la IPS Esimed por uno punto cuarenta y cinco billones de pesos. Un gran negocio para el consorcio conformado por trece empresas y más de ciento ochenta clínicas, se quedó con la EPS más grande del país con seis millones de afiliados. Es tan bueno el negocio que a pesar de la alta deuda de Cafesalud, valorada en más de ochocientos mil millones de pesos, el consorcio Prestasalud le interesó más el alto flujo de caja que ronda los cuatrocientos cuarenta mil millones de pesos mensuales.

Si bien Prestasalud promete que cuenta con la capacidad técnica y la solvencia financiera para garantizar el derecho fundamental a la salud de los afiliados, durante el análisis de las propuestas aparecieron sombras y denuncias contra el consorcio. Algunos de sus socios presuntamente están implicados en escándalos de corrupción y procesos de investigación, acusados por la Fiscalía General, por la Procuraduría y por estrados españoles. Delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en beneficio de terceros, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, denuncias laborales colectivas y relaciones con las turbias irregularidades de Saludcoop, son parte del prontuario.

El cardenal Rubén Salazar, durante el desarrollo de la asamblea del Episcopado colombiano, en julio del año pasado, lanzó un llamado de humanidad y respeto a los operadores de la salud para que presten mejores servicios. Es indudable –dijo el cardenal– que la inmensa mayoría de la población tiene dificultades para acceder rápida y efectivamente a la salud que necesita. Hay que hacer un llamamiento profundo a las IPS y EPS para que tomen conciencia de la dignidad de la persona; y añadió: uno de los mayores problemas del sistema de salud es la corrupción. Muchos de los recursos destinados a la salud van a parar a los bolsillos de particulares, que se apropian de ese dinero.

 

 Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

La situación de abandono del Estado, la pésima administración, la alta corrupción y dependencia política en Buenaventura, el Chocó y en general en el Pacífico, se remonta varios siglos atrás. La relación de Buenaventura con Cali o de Quibdó con Medellín o de Tumaco con Pasto, existe bajo el esquema de una relación colonial de dominación y dependencia y no de una interacción entre iguales. A las comunidades y territorios del Pacífico les ha tocado sobrevivir en medio de la inequidad económica, el empobrecimiento, la exclusión política y el señalamiento étnico-cultural. De otra parte, el aumento del poder político local, por la descentralización, no implicó cambios positivos, al contrario, la mayor parte de la clase política regional del Pacífico se convirtió en uno de los actores más depredadores y corruptos. En este contexto, el paro en el Pacífico es justo.

Sus habitantes están hastiados de tolerar que no tienen ni siquiera acceso a los servicios públicos y sociales más básicos Mientras que Cali, Medellín, Pasto o Bogotá disfrutan de coberturas de los servicios públicos del orden de noventa por ciento en promedio, en Buenaventura, Quibdó o Tumaco solamente llega agua corriente a los hogares algunos días. El índice de pobreza multidimensional en Buenaventura es del sesenta y seis por ciento y el noventa y tres por ciento de la gente vive de economía informal o de economías ilegales mineras, del narcotráfico o del contrabando. A pesar de que la ciudad recibe más de un billón de pesos, uno de los ingresos per cápita más altos del país. La ciudadanía está indignada y esta vez no buscan soluciones de corto plazo, sino estructurales. Exige decretar la emergencia económica y social, pero la respuesta del gobierno ha sido reprimir con el ESMAD.

Por su parte, las Pastorales sociales de las diócesis del Pacífico y las organizaciones étnico-territoriales en un comunicado del veinticuatro de mayo dijeron: “expresamos nuestra solidaridad con las protestas pacíficas en Chocó y Buenaventura y reconocemos en ellas un acto legítimo e impostergable por la vida digna y la paz en todo el Pacífico colombiano. Las protestas hacen visible su realidad social y los repetidos incumplimientos del Gobierno. Las comunidades protestan para reclamar asuntos básicos: educación, salud, agua potable, infraestructura primaria; y por los altos niveles de corrupción, violencia, inoperancia institucional e injusticias socioeconómicas. Asimismo, rechazamos la respuesta represiva y violenta del Gobierno con el uso del ESMAD. La paz debe ser para darle dignidad al pueblo.”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

Hace veinte años fueron asesinados en Bogotá, los investigadores del CINEP/Programa por la Paz: Mario Calderón Villegas y Elsa Constanza Alvarado Chacón y su padre el Ingeniero Carlos Alvarado Pantoja. Sobrevivieron a esta masacre, la mamá de Elsa, Elvira Chacón, quien fue herida y el bebé de dos años, hijo de Mario y Elsa.

Como ayer, infortunadamente hoy, millares de asesinatos semejantes suceden en Colombia; impunes, bajo el manto de la inoperancia de la justicia, la presión de quienes la manipulan y la omisión de los indiferentes. Según el último informe del Banco de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, durante el año dos mil dieciséis en Colombia los grupos ilegales del paramilitarismo realizaron quinientas cincuenta victimizaciones, mientras que la policía sumó quinientas cuarenta y ocho, y los grupos armados no identificados realizaron ochocientas treinta y tres.

Un total doloroso y vergonzoso de 1.931 victimizaciones, que, en su mayoría, para el caso de los paramilitares fueron amenazas y ejecuciones. Para el caso de la policía, los mayores hechos de victimización fueron los heridos y detenidos arbitrariamente. Y para el caso de los actores armados no identificados, las victimizaciones se concentraron en asesinatos y amenazas.

Las víctimas en su mayoría son: líderes campesinos y cívicos, miembros de juntas de acción comunal; indígenas, población LGBTI; comunidades negras; líderes del Polo Democrático y de Marcha Patriótica; de organizaciones de víctimas; sindicalistas; líderes de restitución de tierras y ambientalistas, defensores de derechos humanos y maestros. ¿A quiénes les interesa victimizar a los líderes sociales que reivindican sus derechos? ¿Por la magnitud de las violaciones se las puede calificar como casos aislados? ¿Las autoridades civiles, de policía, los organismos de investigación y control no tienen la capacidad para manejar a los actores estatales y para estatales que realizan estas violaciones? ¿Estamos condenados a vivir bajo el miedo mientras están conculcados nuestros derechos ciudadanos? ¿Es esta una nueva fase de la guerra sucia sobre el movimiento social que busca el sometimiento frente al reclamo justo de los derechos?

Jesús en el sermón de la Montaña nos dice “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Justicia, porque ellos serán saciados… Bienaventurados los que padecen persecución por la Justicia, porque de ellos es el Reino dé los cielos”. Jesús nos pide que busquemos con todas nuestras fuerzas la Justicia pues al hacerlo Él estará con nosotros en la lucha contra todos aquellos que solo buscan sus intereses egoístas, pero no quieren el Reino de justicia y amor.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

El cáncer letal de la corrupción llevó al departamento de La Guajira a una de sus más graves estados de ingobernabilidad, crisis social y financiera. En los últimos días fue necesario que el Gobierno nacional interviniera, de manera temporal, los recursos de salud, educación y agua potable. Esto significa que el departamento no podrá manejar los recursos de los ciudadanos, hasta por tres años, los setecientos ochenta y cinco mil millones de pesos que la Nación le transfiere anualmente por el Sistema General de Participaciones, para invertir en educación, salud y agua potable.

Estos recursos a partir de la fecha y hasta que se considere conveniente, pasarán a ser manejados directamente por Bogotá. Esta medida extraordinaria y tardía, es parte de un plan de contingencia para hacerle frente a la crisis social que vive la mayoría de los pobladores de esta región. La gota que rebozó la copa fue la reciente captura del último gobernador, Wilmer González Brito, quien fue enviado a la cárcel por fraude electoral y corrupción, entre otros delitos. En su reemplazo, el presidente Santos nombró a Weildler Guerra Curvelo, un académico reconocido por sus estudios de la cultura wayúu y miembro de la Academia de Historia de Colombia.

Pero alrededor de este hecho lo más indignante es la realidad que expresan los datos sobre lo que viven las comunidades guajiras: es el único departamento de Colombia donde existen quince mil niños sin educación. Se estima que alrededor de quince mil niños guajiros se encuentran en situación de desnutrición por falta de recursos básicos, según la Procuradora Delegada para la Infancia y Adolescencia de Colombia, Ilva Myriam Hoyos, quien desde hace más de un año calificó de “indignante” lo que sucede en este territorio. A esto se suma que solamente tres de los quince municipios suministran agua potable y se tiene evidencias de que los dineros para financiar acueductos, mejoramiento de escuelas, alimentos para estudiantes y las jornadas de vacunación, se los han robado. Muchos ciudadanos guajiros están cansados de esta situación, denuncian y hacen propuestas, pero en su contra está la acción de los políticos clientelistas tradicionales que siguen siendo un pequeño pero poderoso grupo que maneja la vida de la región.

El Obispo de Riohacha, Héctor Salah Zuleta, en una homilía de la festividad de Nuestra Señora de los Remedios expresó, que para llegar a la Guajira que soñamos, es vital “enfrentar la corrupción para cerrarle el paso a la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en los espacios de representación y deliberación política. Es importante que los recursos públicos sean ejecutados allí en donde debe ser: en la garantía de los derechos ciudadanos.”

* Editorial presentada el domingo 5 de marzo del 2017, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director general Cinep/Programa por la Paz

 

Al empezar cada año, tradicionalmente los papas dirigen al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede un discurso llamado “el estado del mundo”. Esta vez el Papa Francisco enfatizó el tema de la seguridad y la paz mundial, exponiendo su percepción y los desafíos que hoy tienen la sociedad y los Estados. Francisco nos recuerda cómo hace un siglo transcurrió la inútil matanza de la Primera Guerra Mundial, sembrando violencia, sufrimiento y muerte. Surgieron a su vez regímenes políticos autoritarios defendiendo sus intereses económicos y culturales, causando profundas divisiones. Si bien el Papa afirma que algunas zonas del mundo han vivido hasta hoy, después de dos guerras mundiales, prolongados tiempos de paz, desarrollo económico y bienestar sin precedentes, también hoy para muchos pueblos la paz es una ilusión lejana. Millones de personas viven en medio de conflictos insensatos y otros países, considerados seguros, viven en medio del miedo.

El Papa expone que inclusive las mismas religiones han sido un factor de violencia, si bien existen diversas iniciativas, que inspiradas en la religión, han contribuido a la construcción de la paz en zonas de conflicto. A pesar de ello, debemos ser conscientes que actualmente la experiencia religiosa, en lugar de abrirnos a los demás, a veces es utilizada como pretexto para crear violencias. El Papa se refiere particularmente al terrorismo fundamentalista que el año pasado segó la vida de numerosas víctimas en Afganistán, Bangladesh, Bélgica, Burkina Faso, Egipto, Francia, Alemania, Jordania, Irak, Nigeria, Pakistán, Estados Unidos, Túnez y Turquía. Este fundamentalismo religioso sumado al desplazamiento forzado y el rechazo a los migrantes, es fruto de una grave miseria espiritual, vinculada a una gran pobreza social. Por esto líderes religiosos y políticos deben trabajar juntos. En este sentido, la paz no es un discurso, sino una virtud activa que requiere el compromiso de cada persona y del cuerpo social en su conjunto. Como dice el Concilio Vaticano Segundo: la paz jamás es una cosa del todo hecha, sino un perpetuo quehacer. Construirla requiere renunciar a la violencia en la reivindicación de los propios derechos y transformar las relaciones por el camino de la compasión, la reconciliación y un perdón que no se contrapone a la justicia, sino que tiende a su realización plena.

De otra parte, el Papa advierte que una visión reductiva del ser humano que genere iniquidad, desigualdad social y corrupción es una gran enemiga de la paz. Por eso la paz se conquista con la solidaridad, el cuidado de la creación y la misericordia, valores espirituales y sociales que llevan a solucionar los conflictos de manera negociada, como se viene haciendo entre Cuba y Estados Unidos, en el conflicto interno de Colombia, en Oriente medio, África y Europa, en búsqueda de reconstruir sociedades reconciliadas.

Finalmente Francisco nos recuerda que la paz es un don, un desafío y un compromiso. Un don porque brota del corazón de Dios; un desafío, porque es un bien que no se da nunca por descontado y debe ser conquistado continuamente; y un compromiso, ya que la paz requiere el trabajo apasionado de toda persona de buena voluntad para buscarla y construirla.

* Editorial presentada el domingo 15 de enero del 2017, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General Cinep/Programa por la Paz