Migración de hermanos venezolanos a Colombia 

Según Migración Colombia solo el año pasado, cerca de 800.000 personas entraron de Venezuela al país. De ellas, aproximadamente, el 70% se quedaron legalmente y el 30% ilegalmente. Sin embargo, estos datos de Migración Colombia pueden quedarse cortos, muchas personas no son contabilizadas. Existen trochas fronterizas no controladas y un número importante de personas pueden tener, legalmente, la doble nacionalidad; producto de que, en la década de los años setenta del siglo pasado, alrededor de cinco millones de colombianos migraron y algunos se establecieron en el hermano país con el fin de buscar mejores las oportunidades económicas, de la misma manera que hoy las personas que llegan de Venezuela, por otras razones históricas, lo están haciendo al migrar a Colombia.

De otra parte, se observa que no todos los migrantes venezolanos se radican en Colombia, hay quienes usan el país como una estación de paso para llegar a otros destinos, tales como: Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, México, Brasil y España. Lo cierto es que a medida que la crisis política, social, y económica empeora en Venezuela, más y más venezolanos huyen de su país cada día. Especialmente, los venezolanos pobres, que enfrentan escasez de alimentos y medicinas, y que no pueden mantener a sus familias, buscan refugio en el extranjero como una forma de escapar de su situación.

Algunos países de la región han adoptado medidas para restringir la migración venezolana, otros han optado por una respuesta más humanitaria facilitando visas especiales, solicitudes de asilo y de residencia, al mismo tiempo que abordan las necesidades de refugio y oportunidades económicas para los migrantes. Sin embargo, la situación es frágil. A medida que crezca el flujo de migrantes y la crisis venezolana continúe, los argumentos nacionalistas y xenófobos también crecerán, creando un ambiente para las políticas anti-inmigrante.

En Colombia las nuevas regulaciones impuestas en febrero pasado ponen en peligro a los migrantes venezolanos. Estas reglas, sumadas a los obstáculos para obtener documentos en Venezuela ponen a miles de venezolanos en riesgo de ser explotados en el sector informal. Tampoco el país ofrece una política humanitaria seria.

El documento de Aparecida en los números 414 y 415: “Entre las tareas de la Iglesia a favor de los migrantes, está indudablemente la denuncia profética de los atropellos que sufren frecuentemente como también el esfuerzo por incidir, junto a los organismos de la sociedad civil, en los gobiernos de los países para lograr una política migratoria que tenga en cuenta los derechos de las personas en movilidad. Los migrantes deben ser acompañados pastoralmente por sus Iglesias de origen y estimulados a hacerse discípulos y misioneros en las tierras y comunidades que los acogen. Los migrantes que parten de nuestras comunidades pueden ofrecer un valioso aporte a las comunidades que los acogen.”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep /Programa por la Paz

 

La Jurisdicción Especial para la Paz, creada en el Acuerdo Final de Paz, es la oportunidad para que se apliquen medidas de justicia a todos los actores que hicieron parte de delitos en medio del conflicto armado: los excombatientes de las FARC, los agentes del Estado y de las fuerzas armadas y los terceros civiles que hicieron parte del conflicto armado. Es una justicia cuyo objetivo es reparar, satisfacer los derechos y ofrecerles verdad a los más de ocho millones y medio de víctimas que produjo el conflicto armado. Su centro de gravedad no es castigar sino restaurar a los más afectados. Igualmente es una justicia que busca que el conflicto no vuelva a repetir y, de esta manera, hacer un cierre radical del ciclo de violencia que imperó durante más de cinco décadas. Por eso es una justicia especial, no reemplaza a la justicia ordinaria y, además, es temporal: existirá como máximo por veinte años. Es una justicia transicional, es decir, se va a aplicar para pasar, si queremos, de un conflicto violento a una posible paz estable y duradera.

Por tanto, la Justicia Especial para la Paz no es un mecanismo de impunidad, como algunos políticos lo han querido hacer ver en sus discursos. La realidad es que el conflicto que vivimos en Colombia por décadas, es una situación generada por los complejos problemas económicos y políticos que todos hemos padecido y que en ellos diversos actores y la ciudadanía en general, están involucrados por acción o por omisión y con diversos grados de responsabilidad. Por eso, no solo algunos que estuvieron involucrados en el conflicto violento deben responder ante la justicia, sino que todos los involucrados en delitos, en el contexto del conflicto, deben responder. Esencialmente para restaurar los derechos de las víctimas y no simplemente para pagar un castigo.

El Estado colombiano se ha comprometido con la sociedad colombiana y con la comunidad internacional a cumplir seriamente con el desarrollo del Acuerdo Final. En asuntos centrales como la Justicia Especial para la Paz, si las partes no cumplen, el país puede caer en una alteración mayor y es inconveniente para las relaciones internacionales. Hay mucho que perder si el Acuerdo no se cumple y mucho que ganar si el Acuerdo se cumple, sin perder el espíritu de la negociación.

El arzobispo de Tunja, Luis Augusto Castro, en declaraciones a la prensa el mes pasado dijo que la Justicia Especial de Paz es fundamental para cerrar todo el proceso de paz alcanzado con el Acuerdo Final. Y añadió: La Justicia de Paz no es un acto de venganza. Las víctimas están esperando la verdad y los victimarios están esperando que les den la oportunidad de rehacer sus vidas. Por eso pide defenderlo. Recordó que el Sistema Transicional de Justicia fue definido en el acuerdo de Roma y que por eso lo más conveniente es resolver el conflicto como ha pasado con otros en el mundo, a través de justicia transicional.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la paz.

 

Cada tres días asesinan un líder, una lideresa o un defensor de Derechos Humanos en Colombia. En los últimos dos años y medio, hasta el diez de julio, la Defensoría del Pueblo publicó 322 asesinatos. Ellos y ellas eran personas que buscaban el respeto a los derechos: salud digna, educación de calidad, empleo decente y estable, acceso y buen uso del agua. Líderes y lideresas que buscan con sus organizaciones que les devuelvan las tierras usurpadas por quienes de manera violenta e insaciable se apropian de las riquezas minerales, de las energías naturales o por quienes necesitan dominar la producción, transformación y comercio de la cocaína.

Mujeres y hombres, líderes comunales, jóvenes, indígenas, negros, campesinos y pobladores urbanos que hacen parte de partidos políticos, en particular, personas de la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Ellas y ellos defendían los derechos de sus comunidades con la palabra, con los argumentos y propuestas de paz. Como lo expresa el Padre de Roux “en otros países, estas mujeres y estos hombres serían héroes nacionales. Aquí los matamos”. Según la Defensoría del Pueblo son 265 municipios y 337 organizaciones sociales que están en peligro, especialmente en Cauca, Tolima, Córdoba, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia y Nariño.

Hace dos semanas el gobierno presentó medidas frente a esta realidad, entre otras: acelerar y ampliar un plan urgente de medidas colectivas de seguridad. Poner en marcha unidades básicas de protección de la policía. Destinar más recursos para la Unidad Nacional de Protección. Fortalecer en el Ministerio de Defensa instrumentos de alertas tempranas y reacción rápida. La creación de una ventanilla y línea única de denuncia en el Ministerio del Interior. Conformar en la Fiscalía General la unidad especial de investigación para apoyar las regiones más afectadas. Esperemos que estas medidas sean asumidas por el nuevo gobierno, que no mueran entre la demagogia y la negligencia. Por su parte, Naciones Unidas y la comunidad internacional han expresado su condena y alta preocupación por los altos grados de impunidad.

El seis de julio la Conferencia Episcopal expresó: “Manifestamos de nuevo nuestra profunda consternación por los asesinatos de hermanos y hermanas en los últimos días; nos unimos al dolor de sus familias. Toda vida es sagrada y toda muerte violenta es inaceptable. Hacemos una llamada a la sociedad colombiana a mantener la estabilidad de las regiones y de la democracia y a continuar avanzando por los caminos que garantizan la vida, la libertad y la justicia. Pedimos a las autoridades elevar los niveles de protección y los mecanismos establecidos legalmente para garantizar la vida de quienes están bajo amenazas”.

 Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

La historia de la energía eléctrica nace a mediados del siglo XVIII con Franklin y Volta. En la tercera década del siglo XIX Faraday crea un generador de energía y a finales de este siglo Swan y Edison crean la bombilla eléctrica. Por este tiempo se construyen las primeras hidroeléctricas en el mundo y Colombia entra rápido en este camino. La Compañía Eléctrica de Bucaramanga en 1890 construyó la Planta de Chitotá, en el río Suratá, primera hidroeléctrica del país. Pero es entre los años 70 y 90 del siglo XX que se construyen grandes hidroeléctricas como San Carlos, Chivor, Betania, Guatapé, Guavio y el país se interconecta. Sin embargo, este gran desarrollo de infraestructura no tuvo un esquema adecuado de financiación que garantizara su sostenibilidad, ni se estudió suficientemente el impacto social y ambiental de estos proyectos.

La historia de Hidroituango, uno de los proyectos más importante del país, comenzó hace 158 años, pero parece no leyó las lecciones de otros proyectos similares en Colombia. Hoy está en riesgo y seis municipios en alerta máxima: Ituango, Valdivia, Briceño, Tarazá, Cáceres y Caucacia. Según la Unidad nacional de riesgo y desastres, cerca de siete mil personas evacuaron sus casas y más de cien mil están en riesgo si colapsa la represa. La cuenca del río Magdalena, a la que pertenece el rio Cauca e Hidroituango, tiene 33 hidroeléctricas operando y dos en construcción, esto tiene efectos sobre la salud de toda la cuenca e impacta las planicies inundables en la Depresión Momposina en Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre. A esto se suma el estudio de 99 proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Magdalena para alcanzar la meta de generación de energía que necesita el país en el 2050. Según estudios realizados por investigadores colombianos y extranjeros, publicados en la revista Hidrología y Ciencias de los Sistemas Terrestres, en mayo del presente año, si estos desarrollos no se sustentan en un enfoque de impacto ambiental integral y solo hacen estudios de impacto ambiental limitados al ecosistema puntual donde se planean ubicar, se seguirán produciendo impactos sociales, ambientales y económicos negativos en la cuenca del Magdalena. No se trata de desechar las hidroeléctricas sino de reconocer y minimizar los impactos con alternativas viables. La tendencia mundial es hacia formas de producción de energía menos impactante y Europa estudia la remoción de sus hidroeléctricas.

El número 183 de Laudato Si nos dice: “un estudio del impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración de un proyecto o de cualquier política a desarrollarse. Tiene que insertarse desde el principio y elaborarse de modo interdisciplinario, transparente e independiente de toda presión económica o política. Siempre es necesario alcanzar consensos entre los distintos actores sociales, pero en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo que quieren para ellos y sus hijos, y pueden considerar los fines que trascienden el interés económico inmediato”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

Mucho se ha dicho y alertado, dentro de amplios espacios de la opinión pública, sobre las consecuencias del regreso al poder de los sectores políticos que encarna Álvaro Uribe Vélez, con la posible elección como presidente de Iván Duque. Ahora, para hacer un análisis de sus consecuencias lo primero que hay que hacer es no creer o ver a este aspirante como un simple títere del ex presidente, ya que Duque encarna y pertenece a una generación de colombianos que ven en él a un libertador, un ideario y una visión de sociedad y país. Frente a eso estamos.

En este orden, esta editorial apunta a algo de lo que poco se ha hablado, tanto en los medios nacionales como en las columnas de opinión. Me refiero a los impactos y trayectorias conflictivas que se generarían con la llegada del Centro Democrático (CD) al poder, en algunas zonas del territorio nacional donde la situación de orden público no solo es crítica por la inefectiva presencia estatal, sino porque a los moradores de esas zonas se les ha negado de manera histórica y sistemática su condición de ciudadanos colombianos.

Con lo anterior me refiero a que sean integrados a una comunidad imaginada (ellos también son colombianos), que tengan la posibilidad de ser propietarios con la formalización de sus propiedades, que accedan servicios estatales (salud, energía, etc.) e incluso que puedan votar.

Y es que, a mi modo ver, este es uno de los aspectos nodales que está en juego en las siguientes elecciones pues las propuestas del sector de derecha, o del CD, apuntan a perpetuar esta constante histórica la cual ha sido fundamento y base para que ciertos sectores de la sociedad sigan empuñando un arma para reclamar su inclusión y reconocimiento.

En este orden, me propongo ejemplificar cuatro asuntos que resultan centrales y que están en juego para mostrar la coyuntura crítica por la que atravesamos; al lado, de las consecuencias e implicaciones que tendrán estas decisiones para el tipo de democracia que tendremos en los próximos lustros y la idea de Estado.

Así, uno de los pilares del discurso de Duque es la necesidad de modificar los Acuerdos. Pero esta modificación no consiste solo en pequeños cambios, como suele decir, sino en transformar el espíritu de lo pactado y reversar, o por lo menos frenar algunas transformaciones estructurales que implicarían profundizar la democracia en Colombia y consolidar la presencia estatal en algunas regiones del país donde su imperio está en entredicho.

Partamos señalando que el primer resultado y el más previsible es el retorno de la guerra. Mas, esto no será en los términos en que se conoció en los años 90, cuando la confrontación armada llegó a afectar al grueso de la población colombiana; sino una confrontación caracterizada por su tinte marginal que poco o nada afecta la vida en los centros urbanos (excluyendo sus áreas marginales como Ciudad Bolívar, en Bogotá, o La Comuna 13, en Medellín) pero que sí tiene un alto impacto en territorios marginales del país.

Y esto no es un discurso del miedo para minimizar los impactos que tiene la vuelta de la guerra, como algunos detractores señalan; todo lo contrario, es una alerta sobre una población que siempre ha estado al costado, en la sombra, y que casi siempre termina pagando los costos y poniendo las cuotas de sangre. Por ejemplo, me refiero a los habitantes de Tumaco, Catatumbo, Arauca, Putumayo, zona costanera del Cauca o Urabá Antioqueño. ¡Son ellos quienes le ponen el pecho a la confrontación! No usted o yo que estamos leyendo tranquilamente esta editorial.  

Pero esto no es todo, la idea de desarrollo y modelo económico que pregonan los sectores más recalcitrantes que aspiran seguir en el poder se basan en un modelo de desarrollo económico, sobre todo en el ámbito rural, basado en la agroindustria. Frente a esto, la primera pregunta que emerge es: ¿qué país que haya proyectado todo su agro a la agroindustria (palma aceite, ganadería, algodón, arroz, etc.) es autosuficiente alimentariamente? y la segunda: ¿es posible que este tipo de modelo agropecuario absorba la mano de obra campesina?

La respuesta a estos interrogantes es un no rotundo. En efecto, lo que se observa en casos como el peruano es que con la dictadura del General Velasco — y ojo que no era un comunista — y su reforma agraria, se pudieron incluir y mejorar los estándares de vida de un sector campesino marginado, al hacerlos propietarios y miembros activos de la economía nacional. Otro ejemplo, el cual paradójicamente es muy referenciado en nuestro ámbito para hablar de desarrollo económico son los tigres asiáticos. Estos países apalancaron su desarrollo industrial en una amplia reforma agraria y un proceso de formalización que benefició de forma extensa a los sectores rurales menos favorecidos y sobre ellos se desarrolló un importante proceso de industrialización al obtener alimentos y materias primas.  

En este orden, cabe preguntarse: ¿acaso este tipo acciones o transformaciones hicieron de estos países ejemplos de un desarrollo por la vía comunista o socialista? ¿Son ejemplo de un tipo de socialismo del siglo XXI? Para fortuna de ellos no, pero para nuestro infortunio este tipo de medidas son catalogadas como tal. En efecto, el hecho de considerar que la gente pague lo que debe pagar por lo que tiene, es de por sí considerado una transgresión a la democracia e inmediatamente se evoca al fantasma del comunismo del siglo XXI.

Esto me lleva a otro punto, y es la negativa de ciertos sectores políticos y económicos a que se extienda el derecho de propiedad al campesinado. Quienes se oponen consideran que la formalización de algunas zonas recientemente colonizadas o el regreso del campesinado a zonas donde hubo despojo masivo, atenta contra el desarrollo del agro —las posturas del anulado procurador Ordoñez y José Félix Lafaurie son el mejor ejemplo—. Respecto a esto hay dos marcos que se ligan y dan base a este supuestos: (i) la necesidad y carencia de mano de obra rural asalariada, la cual escasearía si hay más propietarios; y (ii) que su visión de desarrollo consiste en que el agro solo se transforma de la mano de obra de grandes capitales y unidades productivas extensas basadas en monocultivo —la hacienda Carimagua ejemplifica de extraordinaria forma dicha visión—.

Así, llego al tercer punto: el problema de la coca. Lo que se propone por parte del Centro Democrático no es solo fantasioso sino también poco consecuente. La idea de que con la erradicación forzosa y la estrategia punitiva se van a desincentivar los cultivos ilícitos no solo no tiene en cuenta cuán errática ha sido la estrategia tradicional de lucha contra las drogas —lleva más 40 años de rotundos fracasos y lo único que ha logrado es la transformación y optimización del negocio—, sino que de paso le sigue negando la entrada a los campesinos cocaleros a lo que es Colombia en términos políticos y económicos.

Respecto a este último punto, reeditar la estrategia punitiva puede incentivar nuevos procesos de colonización a zonas más apartadas del territorio nacional, donde por el carácter de la presencia del Estado y lo ilegal del negocio, se arrojaría nuevamente a los campesinos cocaleros a las ofertas reguladoras de seguridad y justicia de grupos armados. Esto no solo impide asentar a una población tradicionalmente flotante y escurridiza, sino perpetuar el ciclo de colonización-culturización-erradicación-colonización que impide al Estado sedentarizar a estos pobladores y que estos puedan acceder a una ciudadanía efectiva.

En efecto, si miramos otras experiencias en el mundo no ha habido caso alguno en el cual se haya logrado la meta de cero coca en el corto plazo (para esto se necesitan décadas). El mejor ejemplo es el malayo, el cual tardó 30 años para erradicarla del todo y eso implicó dos cosas: uno, desde un inicio nunca se pensó en cero coca; y dos, crearon circuitos económicos virtuosos que hicieron viables otras economías legales. En otras palabras, construir carreteras, formalizar la propiedad, hacer puentes y desarrollar planes de asistencia técnica y productiva, por mencionar solo algunas medidas. Y esto no se hace de la noche a la mañana. Eso toma más tiempo de lo que se cree.

Por eso el incesante señalamiento de que la no fumigación es un error para hacerle frente a la amenaza terrorista, ha tenido como único resultado el señalar y estigmatizar al eslabón más débil: el campesino colono-cocalero; a la vez que, ha maquillado el fracaso de una estrategia que lleva más de 40 años de implementación y ha dado pocos resultados.

Por último, podemos señalar el tema de la protesta social. No en vano, tenemos como antecedente el trato que le dio la administración de Álvaro Uribe en sus dos períodos, el cual se basó en medidas represivas para evitar la alteración del orden público. Esta idea no solo se refrenda con los candidatos del Centro Democrático (basta ver las declaraciones de Martha Lucía Ramírez sobre algunas protestas), sino que el escenario puede ser más crítico por el auge que se ha dado en la movilización en los últimos años, en el marco de los Acuerdos de La Habana. Y es que no sobra recordar que estas formas de expresión son, en muchos casos, el único canal de demanda y reclamo que tienen algunos habitantes del país frente a los reiterados incumplimientos del Gobierno nacional y local frente a sus necesidades.

Con estos ejemplos queda expuesto lo que está en juego para nuestro país y su trayectoria futura. Recordemos que para jugar a la democracia — pero para jugar en serio — uno de los pilares es incluir en su juego a todos los sectores, sin importar cuan minoritarios sean; que tengan la posibilidad de ser propietarios, que cada ciudadano pague de acuerdo a lo que tiene y que acceda a la ayuda e incentivos por parte del Estado. De ahí que las implicaciones de la no formalización de estos sectores y los frenos que se le ponen a la actualización catastral comprometan seriamente la viabilidad fiscal de un Estado. Por eso, más allá de los minerales que tengamos y del tipo de explotación que se haga, es necesario enfilar esfuerzos para saber quién tiene qué y dónde.  

Menciono esto porque ciertos sectores de la sociedad colombiana utilizan a diestra y siniestra el vocablo democracia en sus discursos en defensa de sus intereses y posiciones; y no es justo, en ningún sentido, que los habitantes rurales o los tenderos de las ciudades sigan pagando los mismos impuestos que los grandes propietarios, pues algunos ciudadanos del país integrado conciben a la ciudadanía como un privilegio al cual se puede acceder so pena de que se ajusten a sus visiones de sociedad —el mejor caso es de Paloma Valencia que utiliza la idea de contrato social, no en el sentido en que se pacte una idea de Estado o sociedad,  sino que se imponga por parte de un grupo sobre otro—; que la justicia sea imparcial siempre y cuando no toque sus intereses ni miembros.

Así, se hace un llamado a que estos sectores de derecha salgan del closet porque su ideario, de democrático tiene muy poco: quieren un sistema que sea hecho a su medida, antojos y necesidades. En otras palabras, estos sectores son los que encajan en la muy citada alegoría de Darío Echandía: La democracia colombiana es un orangután con sacoleva. De ahí que esta coyuntura se perfile en el horizonte como decisiva y el voto en blanco se muestre como inefectivo por lo crítico de la situación.

¡Por eso hay que defender la idea democracia planteada en La Habana, maestros!

 

Andrés Aponte

Coordinador del equipo Conflicto, estado y desarrollo