Los modelos se repiten, el nuevo gobierno, como los anteriores propone una reforma tributaria. El miércoles 31 de octubre el Gobierno nacional radicó ante la Comisión Tercera y Cuarta de la Cámara, con mensaje de urgencia, la Ley de Financiamiento, esperando dejarla lista hacia diciembre. Lo que se quiere, en lo inmediato, es tapar el hueco del gasto que necesita pagar el Estado el cual suma 14 billones de pesos de déficit y recaudar 5 billones de pesos más para cubrir nuevos programas, en total serían 19 billones de pesos. Se sabe que para el próximo año el presupuesto registra faltantes en salud de 3 billones de pesos; posconflicto, 2 billones y educación, 1.6 billones.

 

El punto crucial de esta situación es de dónde y cómo se va a recaudar esa gran cantidad de dinero. La Ley de Financiamiento del Gobierno propone: el impuesto al patrimonio, impuestos a los dividendos y al consumo, la normalización tributaria, medidas para combatir la evasión y un régimen especial para las Pymes y las mega-inversiones. Pero los temas que más han causado escozor son: el aumento de la tributación de personas naturales y la aplicación del impuesto de 19% de IVA a los productos de la canasta familiar, entre otros: arroz, huevos, pollo, carne de res, cerdo, pescado, verduras, papas, frutas, hortalizas, lácteos, panela, azúcar, café, aceite, chocolate, trigo, pan, té y yuca, llegando a grabar hasta el 80% de la canasta. Estas alternativas han encendido las alarmas y estamos viviendo en estos momentos una fuerte controversia que va a transitar por intensas discusiones entre las bancadas del Congreso y las críticas e incertidumbres de la ciudadanía.

 

A pesar de que se habla de compensaciones y subsidios para las clases populares, tanto estas como las clases medias serían las más golpeadas en sus ingresos y en su bienestar si se llagara a aprobar lo que propone la Ley de Financiación del gobierno. Mientras que las más favorecidas serían las empresas. A estas se les disminuiría el cobro de impuestos con la condición de que generen mayor crecimiento y empleo.

 

En el documento Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero, de enero de este año, la Congregación para la doctrina de la Fe, dice: “el sistema fiscal de los Estados no siempre parece justo; a este respecto, cabe señalar que tal injusticia a menudo es en perjuicio de los sectores económicos más débiles y en ventaja de los más equipados y capaces de influir incluso en los sistemas normativos que regulan los mismos tributos. De hecho, la imposición tributaria, cuando es justa, desempeña una fundamental función equitativa y redistributiva de la riqueza, no sólo en favor de quienes necesitan subsidios apropiados, sino también en el apoyo a la inversión y el crecimiento de la economía real”.

 

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

 

Son cerca de cuatro millones y medio de afiliados a la EPS Medimás que se quedaron sin una atención digna de salud por la caída de la venta de Cafesalud (antigua Saludcoop) a Medimás, creada hace apenas catorce meses. La deficiente calidad en la prestación del servicio, la errada administración en medio de divisiones entre los accionistas, así como el incumplimiento de los pagos, en más de 125 mil millones de pesos, según la Procuraduría y la agente liquidadora de Saludcoop, precipitó la decisión del Estado de echar para atrás este meganegocio de más de 1.4  billones de pesos. Esta situación generó el cierre de ocho clínicas en Medellín, Armenia, Pereira, Ibagué, Neiva, Villavicencio y Tunja, vulnerando los derechos fundamentales de millones de usuarios y generando problemas de salud pública en estas ciudades.

Pero esta historia no es nueva, contamos en el país con dos casos más de magnitudes similares en los últimos años: primero fue Saludcoop, luego fue Cafesalud y ahora es Medimás. Con anticipación a la adjudicación de la venta de Cafesalud, la Procuraduría alertó que Medimás no contaban con el músculo financiero, ni con la experiencia suficiente para asumir el aseguramiento de los afiliados que venían de esta EPS, pero se hizo caso omiso de esta alerta y el negoció continuó.

Todos estos casos responden a un sistema de salud colapsado y marcado por los cambios de concepción del servicio médico que fijó la ley 100 de 1993, bajo el gobierno del expresidente Gaviria y liderado por el expresidente Uribe (en ese momento senador), basados en los principios neoliberales de la privatización de la salud, o en la entrega de la salud al sector privado bajo el entendido de que este sector maneja mejor la administración y la sostenibilidad financiera de los servicios públicos, y dejando al Estado solamente como un ente de vigilancia y control. Por este camino, el país profundizó la práctica errática y antiética de la corrupción económica en el manejo de los recursos de la salud, que funcionarios corruptos del Estado tenían bajo su poder. En resumen, tanto sectores del empresariado como del Estado, si bien teóricamente pueden conocer la visión de la salud como un derecho humano fundamental con el cual nadie se puede lucrar, en la realidad no lo practican, y continua el sacrificio de vidas humanas en las puertas, habitaciones y quirófanos de los hospitales.

Los obispos, reunidos en la asamblea plenaria de febrero del año pasado, expresaron: “Nos duele la salud. Es dramática la situación que están viviendo millones de colombianos, especialmente los más pobres, ante la imposibilidad de acceder a servicios de salud oportunos y de calidad. No se puede permitir que el sistema de salud colapse. Hasta ahora no se ven ni una reacción responsable ni una respuesta adecuada por parte de quienes deben intervenir. La salud no da espera. Por ser la salud un derecho fundamental, es urgente y necesario que las personas e instituciones a quienes corresponde concreten definitivamente una solución a corto y largo plazo de las deficiencias del sistema sanitario”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

Según la Comisión interamericana de control contra el abuso de la droga, trece años de edad es, en promedio, el inicio de la drogadicción en Colombia. En un amplio margen, la marihuana es la más usada en el país. La encuesta mundial de Global Drugs Survey realizada este año en Colombia, a 1439 personas, de veintiocho años de edad en promedio, arrojó que el sesenta por ciento de personas consumió marihuana, en tanto que cerca del veintisiete por ciento admitió haber consumido LSD, basuco y cocaína. Igualmente, no deja de inquietar que el alcohol sea la sustancia legal más consumida en el país, el 94% de encuestados afirmó haber bebido alcohol durante el último año. Ahora bien, mientras la adicción sea tratada solo como un tema de orden criminal y se ejerza una acción de persecución y de penalización y no se la comprenda como un fenómeno de salud pública y de una sólida formación humana, en un contexto social que impone modelos de mercado consumista y la postre violentos, las estrategias para manejar el consumo tendrán como efecto cambios limitados y de bajo impacto, como lo atestiguan los resultados obtenidos hasta el momento.

En el otro extremo está la cadena del mercado mafioso y criminal del narcotráfico que vive de 250.000.000 de consumidores en el mundo, un 5 % de la población adulta mundial, según el informe sobre drogas de Naciones Unidas del año pasado. Un mercado que mueve capitales incalculables y que nutre una economía ilegal combinada con una amplia gama de sectores de la economía legal, incluidos los capitales financieros mundiales, el uso de la química y de las armas. En el mercado del narcotráfico no solo están implicadas las mafias que comercializan las drogas, sino que existe todo un proceso de lavado de capitales que impregnan la globalidad de la economía mundial. Por eso, las estrategias que por muchos años han atacado el narcotráfico como la aspersión de glifosato, la interdicción de las rutas y la persecución a los campesinos cocaleros, no dan el resultado esperado. Si no se interviene todo el sistema de manera integral: la cadena de producción, comercialización y acumulación de capital y, si no se piensa seriamente en políticas públicas para la atención a la salud y la educación integral, con un compromiso internacional, no será posible generar avances en la solución a este grave fenómeno global.

El Papa Francisco, en el encuentro de la Pontificia academia de las ciencias hace dos años, expresó: “La droga es una herida en nuestra sociedad que atrapa a mucha gente. Ellas son víctimas que han perdido su libertad para caer en esta nueva esclavitud que podríamos llamar «química». No hay una única causa que lleve a la dependencia de la droga, son muchos los factores que intervienen: la ausencia de familia, la presión social, la propaganda de los traficantes, el deseo de vivir nuevas experiencias, etcétera. Cada persona dependiente debe ser escuchada, comprendida, amada y, en cuanto posible, sanada y purificada. Sabemos que el sistema de distribución, más que la producción, representa una parte importante del crimen organizado. No queda otro camino que el de remontar la cadena que va desde el comercio de drogas en pequeña escala hasta las formas más sofisticadas de lavado, que anidan en el capital financiero y en los bancos que se dedican al blanqueo del dinero sucio”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director Cinep/Programa por la paz.

 

Colombia vive una transición política importante. La implementación del Acuerdo Final de Paz; la composición del Congreso sin un bloque mayoritario para legislar; fuerzas alternativas que expresaron sus propuestas con vigor en las elecciones presidenciales y un plebiscito anticorrupción que, si bien no alcanzó el umbral, sobrepasó las expectativas con más de once millones y medio de votos. En este contexto el gobierno del presidente Duque tiene significativos retos para trabajar durante sus cuatro años de mandato:

Un primer reto es el tratamiento del Acuerdo Final de Paz. No solo en lo que tiene que ver con la incorporación de los excombatientes de las FARC, sino por los compromisos con los más de ocho millones y medio de las víctimas, la ciudadanía en general y la comunidad internacional, en asuntos estructurales como el desarrollo rural, la participación política y la aplicación del sistema integral de justicia. Pero igualmente el gobierno no podrá dejar sin tratamiento de fondo la negociación con el ELN de cara a cerrar propositivamente en el país los diálogos con la insurgencia.


En el tema económico, el hecho de que el país haya ingresado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, exige garantizar el derecho al trabajo decente, la actividad sindical, la regulación de la informalidad laboral que, según el DANE, llega al cincuenta por ciento. Igualmente, exige reducir la desigualdad de ingresos y la brecha entre el país urbano y el país rural. El nuevo gobierno tiene bajo su responsabilidad el manejo del gasto exponencial en salud y en pensiones que, según estudios de la Universidad de los Andes, se estima en tres billones de pesos la deuda de las EPS a la red hospitalaria público-privada. En tanto que el régimen público de pensiones tiene un hueco fiscal de cuarenta billones, según Asofondos.

Un tercer reto del gobierno es atender las problemáticas que afectan la seguridad. En los últimos dos años y medio, según la Defensoría del Pueblo, van trescientos cuarenta y tres asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos. Estos hechos dolorosos y nefastos se están dando en contextos donde los reclamantes de tierras impulsan los procesos de restitución, en territorios donde el narcotráfico controla sembrados y rutas, en regiones donde las inversiones minero-energéticas, legales e ilegales, desarrollan sus proyectos. ¿Cómo desarticular estas dinámicas violentas? ¿Por qué las fuerzas de seguridad del Estado, con su alta capacidad y sus importantes recursos no dan los resultados esperados?

Un cuarto reto es la lucha contra la corrupción. Según Transparencia Internacional, Colombia ocupa el lugar número noventa y seis de ciento ochenta países a nivel mundial, un puesto alto en corrupción. Existe un importante número de normas contra la corrupción, pero lo que falta es hacer cumplir esas normas, garantizar la denuncia y la aplicación efectiva de penas para los corruptos. Finalmente, un quinto reto estructural es la educación. Los resultados de la prueba Saber once deja regiones como el Caribe, el Pacífico, la Orinoquia y Amazonia en niveles críticos de calidad y de muy bajo acceso a la educación superior.

El papa Francisco, en su visita a Colombia recordó que el país está transitando por nuevos caminos como sociedad, por eso dijo que: “ningún tipo de violencia restrinja o anule ni una vida más en el país. Todos somos necesarios para crear y formar la sociedad, esta no se hace sólo con algunos de pura sangre, sino con todos, y aquí radica la grandeza de un país en el que todos tienen cabida y todos son importantes”. El Papa hizo un llamado a los colombianos a desoír “la cizaña”, la polarización y la división que nos impide llegar a la paz.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director Cinep/Programa por la paz.

 

Migración de hermanos venezolanos a Colombia 

Según Migración Colombia solo el año pasado, cerca de 800.000 personas entraron de Venezuela al país. De ellas, aproximadamente, el 70% se quedaron legalmente y el 30% ilegalmente. Sin embargo, estos datos de Migración Colombia pueden quedarse cortos, muchas personas no son contabilizadas. Existen trochas fronterizas no controladas y un número importante de personas pueden tener, legalmente, la doble nacionalidad; producto de que, en la década de los años setenta del siglo pasado, alrededor de cinco millones de colombianos migraron y algunos se establecieron en el hermano país con el fin de buscar mejores las oportunidades económicas, de la misma manera que hoy las personas que llegan de Venezuela, por otras razones históricas, lo están haciendo al migrar a Colombia.

De otra parte, se observa que no todos los migrantes venezolanos se radican en Colombia, hay quienes usan el país como una estación de paso para llegar a otros destinos, tales como: Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, México, Brasil y España. Lo cierto es que a medida que la crisis política, social, y económica empeora en Venezuela, más y más venezolanos huyen de su país cada día. Especialmente, los venezolanos pobres, que enfrentan escasez de alimentos y medicinas, y que no pueden mantener a sus familias, buscan refugio en el extranjero como una forma de escapar de su situación.

Algunos países de la región han adoptado medidas para restringir la migración venezolana, otros han optado por una respuesta más humanitaria facilitando visas especiales, solicitudes de asilo y de residencia, al mismo tiempo que abordan las necesidades de refugio y oportunidades económicas para los migrantes. Sin embargo, la situación es frágil. A medida que crezca el flujo de migrantes y la crisis venezolana continúe, los argumentos nacionalistas y xenófobos también crecerán, creando un ambiente para las políticas anti-inmigrante.

En Colombia las nuevas regulaciones impuestas en febrero pasado ponen en peligro a los migrantes venezolanos. Estas reglas, sumadas a los obstáculos para obtener documentos en Venezuela ponen a miles de venezolanos en riesgo de ser explotados en el sector informal. Tampoco el país ofrece una política humanitaria seria.

El documento de Aparecida en los números 414 y 415: “Entre las tareas de la Iglesia a favor de los migrantes, está indudablemente la denuncia profética de los atropellos que sufren frecuentemente como también el esfuerzo por incidir, junto a los organismos de la sociedad civil, en los gobiernos de los países para lograr una política migratoria que tenga en cuenta los derechos de las personas en movilidad. Los migrantes deben ser acompañados pastoralmente por sus Iglesias de origen y estimulados a hacerse discípulos y misioneros en las tierras y comunidades que los acogen. Los migrantes que parten de nuestras comunidades pueden ofrecer un valioso aporte a las comunidades que los acogen.”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep /Programa por la Paz