Bogotá, 16 de septiembre de 2018

Señor ministro:
En menos de mes y medio usted ha hecho dos pronunciamientos públicos sobre la protesta social. La primera vez, antes de su posesión como ministro de defensa, pidió que ésta fuera ordenada y que representara los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo. Quisiera contarle que la protesta es, ante todo, un acto disruptivo que se despliega en escenarios públicos, mediante el cual grupos diversos expresan demandas o reivindicaciones propias y particulares, motivo por el cual no puede representar los intereses de todos los colombianos. Las protestas son una forma de acción política no institucional que pone en evidencia precisamente las diferencias en el seno de la sociedad. Diferencias culturales, étnicas, de género, generacionales, religiosas, lingüísticas, de capitales políticos, económicos, de posibilidades de incidir en los asuntos que rigen la vida colectiva, entre otras.

Señor ministro: no le tema a la diferencia, es parte de este país rico en biodiversidad, es decir en formas de vidas distintas –humanas y no humanas–, capaces de interactuar. No pida la homogeneidad, nada más aburrido que ser idénticos, nada más patético y antidemocrático que el pensamiento único. No le tema a las multitudes en las calles y en las carreteras, más bien dispóngase al diálogo, a la escucha, a la mirada, al reconocimiento de las múltiples otredades que hacen este país.

La segunda vez que se refirió a la protesta –precisamente a un día de conmemorarse 41 años del Paro Cívico Nacional de 1977– la criminalizó al asegurar que es financiada con los dineros ilícitos de cinco grupos armados organizados. Con tan temeraria afirmación, usted resta la posibilidad de que múltiples y diversos grupos sociales tengan voz y visibilidad, niega la autonomía de grupos, organizaciones y movimientos sociales para expresar desacuerdos, necesidades, propuestas, ocluye la posibilidad del diálogo social al que tantas veces se ha referido el actual presidente y, lo que es peor, termina recordándonos las palabras del ministro Lemos Simonds y el asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa en 1990.

Sus tesis en esta segunda intervención me suscitaron muchas preguntas y voy a plantearle algunas, recurriendo a las expresiones que en ella utilizó:
¿Sabe usted cuál de los grupos armados que “corrompen y financian la protesta social” costeó la marcha llevada a cabo en Pereira y Armenia el 13 de marzo de 1998, convocada por el comité intergremial, Fenalco, y la Iglesia Católica por el derecho a vivir, después de una oleada de actos delincuenciales y asesinatos ocurridos en estas dos capitales departamentales? ¿Cuál de esos grupos pagó la marcha convocada por la Cámara de Comercio de Caquetá el 13 de mayo de 2014, en la que participaron comerciantes y sus empleados, y ganaderos, bajo la consigna "Caquetá sí existe", para pedirle al gobierno poner más atención a la reactivación económica del departamento y atender las demandas de los paros para que no los afecte a ellos?

¿Cuáles son las mafias organizadas que siempre han estado detrás de las protestas convocadas por el Centro Democrático contra las Farc y el secuestro (por ejemplo, la del 4 de febrero de 2008) y en contra de las negociaciones de paz con las Farc y por la dignidad de las Fuerzas Armadas llevadas a cabo el 7 de agosto de 2015 y 2 de abril de 2016? ¿Esas mafias también empujaron al partido del presidente actual y a otros promotores del NO a encabezar una marcha para exigir a la mesa de negociaciones de La Habana que se respetara el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016 y se tuvieran en cuenta las propuestas que hicieron, y para mostrar su rechazo a la "ideología de género" del acuerdo? ¿Han continuado financiando al CD que el 1° de abril de 2017 lideró una marcha en Villavicencio, en contra del gobierno de Santos bajo la consigna: "No permitamos que Colombia se convierta en Venezuela"?

Y recurriendo a su buena memoria, sáqueme de una duda, señor ministro: ¿cuáles son las mafias de verdad que fomentaron aquella protesta incitada por militares del Batallón de Infantería No. 40 ‘Coronel Luciano D'elhuyar’, el 29 de marzo de 1992, en El Carmen de Chucurí, con la que se intentó impedir la detención del alcalde de ese municipio y de 26 personas más investigadas por la Fiscalía por presuntamente pertenecer y/o auxiliar a paramilitares? ¿Acaso son las mismas que sufragaron la marcha nacional del 6 de diciembre de 2011, convocada por el Ejército Nacional para exigir a la guerrilla de las Farc ponerle fin al secuestro y que, según dijo el propio presidente de la República, fue una manifestación de rechazo a la violencia?

Podría contarme a mí y a otros curiosos ¿cuáles son las mafias supranacionales que respaldaron al Obispo de Cúcuta cuando lideró una marcha el 11 de octubre de 1984, contra el desempleo, la desnutrición y el analfabetismo? ¿Son las mismas que prohijaron las marchas lideradas por la iglesia católica, en septiembre de 1992, para rechazar la abolición de la enseñanza religiosa en los colegios? ¿Existe alguna relación entre las mafias internacionales que apoyan a dicha iglesia y las que impulsan las protestas de grupos cristianos como las realizadas entre 2005 y 2006 en diversas regiones del país en contra de pérdida de valores, contra el aborto y el homosexualismo, y el “arrodillatón” del 16 y 17 de mayo de 2016 en contra de la decisión de un juez de suspender la práctica de la oración antes de iniciar las sesiones del Concejo Municipal de Cartagena, atendiendo el mandato constitucional de no imponer prácticas religiosas de manera obligatoria?

¿Cuál de los cinco grupos armados organizados que usted mencionó pagó las marchas contra el secuestro llevadas a cabo en diciembre de 1996, convocadas por Francisco Santos, actual embajador en Estados Unidos, y su Fundación País Libre? ¿Cuál mafia corrompió y financió la marcha global citada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el 1° de abril de 1998, contra las formas intolerables de trabajo infantil?
Como estos, hay miles de ejemplos de protestas sociales en la historia reciente del país en los cuales, como he querido mostrar, no se podrían hacer señalamientos como los que usted hizo, que terminan criminalizándolas.
Señor ministro: buena parte de los manifestantes saben que la protesta es un derecho consagrado constitucionalmente. Pero ello no basta. Por eso, lo que también se exige en las protestas es contar con garantías para ejercer este y el derecho a tener derechos como ciudadanos de este país.

Cordialmente,

Martha Cecilia García V.
Investigadora del Cinep

Qué debería contener una Ley sobre el derecho a la protesta, y qué tan adecuado es el camino que ha sugerido el nuevo ministro de Defensa

Por: Mauricio Archila* y Martha Cecilia García**

De opositor a promotor

En días pasados, Guillermo Botero, —designado como Ministro de Defensa del gobierno e de Iván Duque— habló sobre la protesta social en la Cumbre Concordia Américas.

No deja de ser sorprendente que el nuevo ministro se refiriera a este tema, en lugar de  los asuntos álgidos, como la ola de violencia contra los líderes sociales, las amenazas a los periodistas, o incluso la persistencia de otras modalidades de la guerra en el campo. Pero aun así debemos reconocer que fue importante poner sobre la mesa el derecho a la protesta y expresar su interés en una Ley Estatutaria que lo reglamente.

Esto llama la atención porque de algún revive un proceso que se había estancado en el Congreso y que venía del Acuerdo de Paz: el proyecto de Ley Estatutaria sobre garantías para la movilización y la protesta que surgió del punto 2 del Acuerdo con las FARC, en cuya redacción participaron varias organizaciones sociales coordinadas por tres ONG (Viva la Ciudadanía, Foro Nacional por Colombia y Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep), un proyecto que Santos había presentado  para trámite por la vía del “fast track”.  

Al parecer el Congreso se abstuvo de tramitar aquel proyecto debido a la resistencia de los gremios y de sectores de las Fuerzas Armadas. Es curioso que ahora sea Botero, el “eterno presidente” de la Federación Nacional de Comerciantes  (Fenalco) y el entrante ministro de Defensa, quien propone ocuparse del asunto.   Pero esta tardía coincidencia se disipa cuando Botero sugiere las líneas gruesas de la ley en cuestión: “En el ámbito social respetamos la protesta social, pero también creemos que esta debe ser una protesta ordenada, que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no sólo de un pequeño grupo…”

Está bien que se respete la protesta social, pues es un derecho fundamental consagrado en los artículos 37, 19, 20 y 40 de la Constitución, pero el resto de la sucinta de la declaración del ministro no puede ser aceptado por la ciudadanía en general ni -en especial- por los integrantes de movimientos sociales en Colombia. En este análisis  distinguiremos dos puntos polémicos: el ordenamiento de la protesta y los intereses que representa.

Al final propondremos algunas precisiones sobre las cifras de Cinep que el entrante ministro citó en su intervención, pues no se ajustan del todo a los de nuestra Base de Datos de Luchas Sociales.

Ordenamiento de la protesta

Aunque el ejercicio del derecho a la protesta necesita de una regulación u ordenamiento que lo garantice, también es cierto que con ese “ordenamiento” se corre el riesgo de anular ese derecho.

De nuestros estudios y análisis históricos se sigue que la protesta es una de las formas principales de participación ciudadana en Colombia, y que en la gran mayoría de los casos, ella transcurre de manera pacífica. La gente suele acudir a la protesta en situaciones o momentos límites, cuando se agotan otros canales de participación o expresión del descontento ante situaciones injustas o excluyentes.

Por eso mismo la protesta no siempre es planeada, menos aun cuando se trata de respuestas espontáneas ante actos de violencia, como cada vez con más frecuencia está sucediendo hoy con los líderes sociales.

El ideal es por supuesto notificar con anticipación a las autoridades, para que estas puedan acompañar a los manifestantes y efectuar los ajustes necesarios para la movilidad en las ciudades y regiones.

Pero no siempre es posible anunciar de antemano el lugar o la hora de una movilización, y en todo caso la ausencia de notificación no debe traducirse automáticamente en la ilegalización de la protesta. Poner un requisito perentorio de ese tipo sería cercenar el derecho a ejercer la protesta, pues, como dijimos, no siempre es planeada.

¿Qué intereses debe representar la protesta?

El entrante ministro de Defensa afirmó que la protesta no debe responder a los intereses de pequeños grupos sino al de todos los colombianos.

No entraremos en la exclusión gramatical del género femenino, pero ya hay un sesgo en la expresión “todos los colombianos”. Botero hace ese llamado apelando al interés general, que por demás es muy difícil de determinar, a menos que se suponga -como ha ocurrido a lo largo nuestra historia- que los gremios empresariales son quienes representan esos intereses.

Por otro lado, excluir los intereses particulares es anular la protesta. Precisamente, la protesta recoge la posibilidad de expresión de intereses particulares que, obviamente, deber ser debatidos y acordados en escenarios públicos más amplios.

No hablemos en abstracto, basta con pensar en la abundancia de casos de trabajadores a quienes no se le paga su salario a tiempo, de estudiantes a los que se les cae la escuela o les faltan maestros, de enfermos que no reciben atención en los hospitales porque están a punto de quebrar, de campesinos violentamente desterrados de sus tierras, de indígenas a quienes se les niega su cultura propia, o de afrodescendientes a quienes no se les reconocen sus territorios.

En fin, innumerables episodios cotidianos que muestran los pequeños y grandes desajustes de nuestra sociedad. ¿Cómo pedirles que atiendan a los intereses de “todos los colombianos”? ¿Quién determina esos intereses? Pedirlo es una forma más sutil, pero igualmente directa, de anular la protesta. Escondida tras el deseo loable de proteger los intereses generales,  la ciudadanía queda sumida en el silencio porque se ignoran sus reclamos particulares – tan particulares, en efecto,  como son los reclamos de los gremios en legítima defensa de sus propios asociados-.

Cifras sesgadas y lecturas convenientes

Ahora bien, para sustentar el proyecto de Ley sería bueno contar con una lectura acertada de las cifras de protesta que Botero ofreció en su breve presentación. Más que por purismo académico, lo sugerimos para evitar sesgos y lecturas descontextualizadas de las mismas.

El texto transcrito por los medios de comunicación dice que: “las protestas vienen en aumento: de acuerdo con las cifras del CINEP, en 2010 se reportaron 640 luchas sociales y en 2016 se registraron 1.019”. Ante todo, debemos precisar que esas cifras no coinciden con nuestros datos que arrojan 827 protestas para 2010 y cerca de 760 para 2016.

Ahora, más que quedarnos en los números, nos preocupa el mensaje que está en el fondo de la frase citada. Podríamos preguntarnos por qué tomar una cifra supuestamente baja en 2010 para contrastarla con una pretendidamente alta en 2016.

O por qué no decir, por ejemplo, que en 2007 hubo 1.016 protestas, en su mayoría motivadas por los derechos humanos. Es cierto que las protestas han aumentado desde finales del decenio pasado, cuando aún era presidente Álvaro Uribe, y que la tendencia se mantuvo con vaivenes bajo el gobierno de Santos, con el que llegamos al pico de 1.037 en 2013, el año del “tal paro agrario”.

Pero no es cierto que bajo el gobierno Santos se hubiera producido un desborde inusitado de las protestas, como si en cambio su antecesor la hubiera tenido controlada y ordenada. Las cifras nunca son puras y menos su interpretación, pero en este caso el sesgo es más que evidente, ¿por qué? Claramente, para legitimar la intervención sobre un fenómeno que parece estar saliéndose del cauce.

Aunque esto tampoco es cierto, como podemos ver en el siguiente gráfico:

Luchas Sociales en Colombia 1975-2016

 

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Fuente: Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep

Por todo lo anterior nos preocupan las declaraciones del nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero. Aunque compartimos la necesidad de una Ley Estatutaria sobre el derecho y la garantía de la protesta, diferimos de los brochazos que lanzó en su propuesta en ese foro público.

Tendremos que esperar que esa propuesta se plasme en un proyecto de reforma que se pueda someter a examen más detallada. Por ahora, como va, no garantiza el derecho fundamental a la protesta sino que apunta a reprimirla y anularla.

Creemos que si el nuevo ministro de Defensa honestamente quiere promover una Ley Estatutaria sobre el derecho y la garantía a la protesta, no sólo debe pensar en las objeciones que le formulamos sino comprometerse a consultar, de manera amplia, a las organizaciones sindicales y sociales para llegar a consensos para consolidar la democracia.

Así podrían superarse, como promete el nuevo presidente, las polarizaciones en el país. Entretanto, declaraciones como las comentadas, no son el camino para lograr esos acuerdos fundamentales.

 

*Ph. D. en Historia, Profesor titular de la Universidad Nacional e investigador del  Cinep/PPP.

**Socióloga con maestría en Urbanismo, investigadora del Cinep/PPP.

Artículo publicado en Razón Pública el 23 julio de 2018

 

 

Con el ánimo de contribuir a la clarificación de esta confusa situación, la dirección del Cinep/PPP ha resuelto elaborar esta edición de la revista, que se divide en dos grandes secciones. La primera gira en torno a las dificultades y los problemas que encuentran los acuerdos de paz de La Habana para su implementación, mientras que la segunda inicia un acercamiento, todavía provisional, sobre algunos aspectos que se destacan en las propuestas de los candidatos presidenciales

La primera sección inicia con el artículo de Fernando Sarmiento, “La paz de los políticos”, que muestra la incertidumbre que produce la manera como los candidatos asumen la paz como bandera política en la implementación de los acuerdos. De este modo, se parte de la propuesta de paz de Belisario Betancur (1982-1986) hasta llegar a los dos gobiernos de Santos (2010-2018), pasando por los diálogos de Pastrana (1998-2002) en El Caguán y la doctrina de la seguridad democrática de Uribe (2002-2010). Ese recorrido histórico le sirve de base al autor para explorar los matices de las posiciones de los actuales candidatos, especialmente en los temas de la justicia transicional, la participación política de los desmovilizados y el reconocimiento del narcotráfico como delito conexo. Y termina, finalmente, con un llamado a superar los sesgos partidistas y las diferencias de concepción que subyacen a ellos para apostar a una paz nacional, que evite que la lucha política sea la continuación de la lucha armada por otros medios.

Este recorrido histórico lleva a Fernán González a preguntarse en su artículo, “Entre Hobbes, Montesquieu y Maquiavelo: la implementación de los acuerdos de La Habana frente a la Realpolitik”, por el contexto político del difícil encuentro de los acuerdos con la vida política realmente existente. Así, intenta mostrar los problemas de fondo que subyacen a la derrota del referendo, como la inexistencia de consenso sobre la naturaleza y el origen del conflicto, y la concepción bipolar de la sociedad con su contraposición amigo/enemigo, que conducen a una interpretación complotista de la historia. 

Artículos

Introducción | Caminando en la incertidumbre. Por Fernán González

Procesos de paz | La paz de los políticos. Incertidumbre en la implementación de los acuerdos durante la contienda electoral 2018. Por Fernando Sarmiento Santander.

Procesos de paz | Entre Hobbes, Montesquieu y Maquiavelo: la implementación de los acuerdos de La Habana frente a la realpolitik. Por Fernán González.

Procesos de paz |La participación de la sociedad civil en los procesos de paz: algunas lecciones aprendidas. Por Laura Henao y Erika Parrado.

Procesos de paz |Fenómeno de fenómenos: comentarios sobre los contextos de inseguridad para el liderazgo social. Por Camila Carvajal Oquendo.

Procesos de paz |En el laberinto Eleno: perspectivas de guerra y paz. Por Andrés Aponte.

Coyuntura Electoral | Las propuestas tributarias de los candidatos. Por Federico Corredor y Jorge Iván González.

Coyuntura Electoral | Extractivismo sí, extractivismo no. He ahí el dilema. Por Martha Cecilia García.

Coyuntural Electoral | Perlas y preguntas sobre las propuestas de los candidatos presidenciales acerca de la movilización social y la participación ciudadana. Por Ana María Restrepo.

Coyuntura Electoral |¿Cómo está la salud en las propuestas a la Presidencia 2018-2022?. Por Mauricio Torres Tovar.

Coyuntura Electoral | ¿Y la educación qué? Un tema sin debate entre los candidatos presidenciales. Por Luis Guillermo Guerrero Guevara. 

 

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La implementación del Acuerdo de Paz, a un año de su firma, trascurre por vías similares a los caminos colombianos: pendientes difíciles, derrumbes predecibles, choques premeditados, túneles a medias, peajes
costosos, algunas zonas planas para recuperar el ánimo y curvas peligrosas cobrando vidas, nada sorpresivo.

En este desafiante tránsito del Acuerdo para construir una paz estable y duradera, tres actores son protagonistas: la FARC-EP, hoy Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común; el Gobierno y la clase política; y los movimientos sociales con sus mujeres y hombres líderes/sas sociales y defensores/as de derechos humanos fustigados por la violencia.

Para profundizar este tema, la presente edición de la revista Cien días Vistos por CINEP publica dos artículos. El primero, titulado “Allá nos pillamos”. El tránsito de las FARC a la FARC en Bogotá y los retos para su participación política, muestra el panorama que afrontan los integrantes del recién creado partido político FARC. El segundo artículo, titulado Reincorporación de excombatientes. ¿Inauguración de nuevas ciudadanías?, presenta el paso de combatiente a ciudadano, lo que se logrará “en cuanto el Estado garantice a los excombatientes el ejercicio pleno de su ciudadanía política y social”.

Así mismo, varios artículos de la presente entrega de Cien Días Vistos por CINEP abordan las violaciones a los movimientos sociales, líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos; entre otros motivos por la fuerte coyuntura centrada en la movilización social de la Minga indígena y de las marchas campesinas.

Artículos

Editorial | Acuerdo de Paz, entre la violencia y la reconciliación
Acuerdos de paz | “Allá nos pillamos”. El tránsito de las FARC a la FARC en Bogotá y los retos para su participación política
Acuerdos de paz | Reincorporación de excombatientes ¿Inauguración de nuevas ciudadanías?
Movimientos sociales | 40 años del Paro Cívico Nacional de 1977
Movimientos sociales | “No queremos mina, queremos vida”
Derechos humanos | Algunos aprendizajes sobre la construcción de memoria y derechos de las víctimas de la
violencia política a partir de la experiencia peruana
Derechos humanos | Revisión de casos de la revista Noche y Niebla
Desarrollo | Formalización de la economía esmeraldera. Entre la tradición y los caminos del mercado global de minerales

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Durante toda esta semana en la ciudad de Medellín se llevó a cabo el  XVIII Congreso Colombiano de Historia.  Esta versión del CCH rindió homenaje al fallecido historiador Jaime Jaramillo Uribe, formador de las primeras generaciones de historiadores en el país. Por esta razón y por su gran aporte al reconocimiento de la historia como una ciencia social, el CCH realizará diferentes eventos, entre los cuales se encuentra una Conferencia magistral que se enfocará en el reconocimiento a su obra.

El próximo 13 de octubre de  1:30 p.m. a 4:30 p.m. se llevará a cabo la mesa de trabajo Historia y movimientos sociales.  Esta mesa está coordinada por Mauricio Archila, investigador Cinep/PPP y de la Universidad Nacional, Alfonso Torres Carrillo de la Universidad Pedagógica y Jair Álvarez Torres de la Universidad de Medellín.

En el panel Lecturas de 40 años de luchas sociales se presentarán las ponencias de los investigadores del equipo de Movimientos Sociales:

  • Territorialidades en movimiento. Sentidos de las disputas por el espacio en las luchas sociales en Colombia (1975-2015) de Ana María Restrepo.
  • Visiones del desarrollo expresadas en las luchas sociales en Colombia (1975-2015) de Martha Cecilia García.
  • Transformaciones del mundo laboral en Colombia de Leonardo Parra Rojas.
  • Control estatal y policial de la protesta en Colombia (1975-2015) de Mauricio Archila Neira.

 Estas ponencias recogen algunas de las ideas principales que harán parte de una nueva publicación que saldrá en 2018 sobre 40 años de luchas sociales.

 

Ante a la participación del equipo de Movimientos Sociales del Cinep/PPP en este congreso, Mauricio Archila habla sobre el evento académico y las apuestas que tienen en las ponencias.

¿Cuál es la importancia del Congreso Colombiano de Historia?

Los congresos de historia se vienen realizando desde el año 1977 que fue en la Universidad Nacional. Es importante porque es la reunión de historiadores, aunque en realidad no todos los que van son historiadores, y es de lo pocos encuentros profesionales que hay en Colombia y que tiene un carácter relativamente masivo. Creo que también se le trata de apuntar a un balance de las investigaciones, de las tendencias de la historia, y no solo pensando en lo que se enseña en las universidades sino también en lo que se mueve en la sociedad. Este año va a ser en honor a un historiador que ya murió, Jaime Jaramillo Uribe, que fue el que de alguna manera inició la llamada nueva historia en Colombia.

Al mirar las ponencias centrales, hay mucha reflexión sobre conflicto, violencia y procesos de paz y hay otros ejes temáticos. Uno de esos es el de movimientos sociales e izquierdas que yo coordino con Alfonso Torres, de la Universidad Pedagógica. Allí el Cinep/PPP va a tener un panel en el que el equipo de movimientos sociales presentaremos avances de una investigación que estamos haciendo que la hemos llamado 40 años de luchas sociales, y que tiene que ver con los 41 años que cumple la base de datos de luchas sociales del Cinep/PPP.

¿Por qué es importante reconocer esa historia de los movimientos sociales en el país?

Yo creo que una expresión muy fuerte de la llamada sociedad civil son los movimientos sociales, sin ser lo único, porque también hay iglesias, hay gremios, hay universidad y otras formas de existencia. Pero una parte muy importante que expresa la vitalidad de una sociedad son los movimientos sociales, no necesariamente que acudan a la protesta, pero que se mueven y posicionan sus temas. En una sociedad como la colombiana que ha sufrido tanta violencia, y que la sigue viviendo, en la que la movilización social ha sido estigmatizada y criminalizada a lo que le apostamos desde Cinep/PPP y otras organizaciones es a despenalizar la protesta y dar una ley estatutaria de participación de ciudadana y de fortalecimiento de los movimientos sociales.

Dentro de esos 40 años de sistematizar los movimientos sociales ¿cuáles diría que son los hitos de la movilización social en Colombia?

Primero, insistiría en no quedarnos en los hitos porque eso puede dar una mirada a una historia épica, episódica, como una historia patria de los movimientos sociales que no es lo más propicio para que uno entienda procesos de más larga duración. Dicho eso, lo que nosotros encontramos es que hay una fuerte movilización durante el primer periodo de nuestro análisis, que es a finales del frente nacional y comienzos del gobierno de López Michelsen y allí encontramos un hito clásico que hace poco celebrábamos que es el paro cívico de 1977.

Luego disminuye un poco la movilización con el gobierno de Turbay y la aplicación del estatuto de seguridad. Hay un despertar de la movilización social a mediados de los 80 y allí hubo un as movilizaciones muy fuertes, sobre todo en el nororiente colombiano en el Magdalena Medio, Santanderes, Arauca en torno a unas organizaciones que había en esa época y que fueron prácticamente diezmadas, que se llamaban A luchar y la Unión Patriótica. Va a haber otros hitos hasta la movilización fuerte en el 2013, que ha sido el año de más luchas sociales que hemos registrado nosotros. Allí está la movilización campesina, y de mineros en el Catatumbo y de transportadores.

¿Cuál es la apuesta de este equipo de investigación al participar en el Congreso?

Este es un espacio en el que presentamos a la academia y a otros actores sociales, más que la base de datos y los resultados de nuestra investigación, algunas pesquisas e investigaciones que estamos haciendo en torno a diferentes temas. Ana María Restrepo está trabajando el tema de la noción del territorio para los movimientos sociales indígenas y campesinos e incluso para estudiantes o habitantes de barrios populares que ya empiezan a manejar ese término.

Marta Cecilia García va a presentar algo sobre las nociones de desarrollo, de vida buena en los movimientos sociales, que en algún momento le han apostado a planes de desarrollo pero últimamente todo este tema de la depredación de la naturaleza, de la necesidad de reconciliación con la madre tierra ha impactado mucho a los movimientos sociales. Leonardo Parra va a trabajar el tema de las transformaciones del mundo del trabajo, las transformaciones laborales, el desempleo, los independientes y la debilidad aparente del sindicalismo. Yo voy a hablar un poco de lo que llamo el control estatal de la protesta y la relación entre policía y protestatarios. Ese es el análisis desde el equipo. Todos mirando estos últimos 40 años de luchas y de la historia colombiana.

 

Laura Inés Contreras 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones