La Base de Datos de Luchas Sociales de CINEP ha registrado desde 1975 la trayectoria de las luchas estudiantiles que se han dado en el país hasta nuestros días.

Este especial hace un reconocimiento a estas luchas, a los estudiantes que han sido asesinados en la defensa del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, a los maestros y trabajadores de las universidades e instituciones públicas que hacen parte de estas reivindicaciones y al movimiento estudiantil colombiano.

 

Una historia de luchas*

En esta línea de tiempo encontrarás los hitos más importantes de la movilización estudiantil. Desde 1910 a nuestros días, los estudiantes han sido uno de los actores activos de movilización más importantes en Colombia.

 

 

 Radiografía de las luchas estudiantiles : de las motivaciones a los retos.

¿Por qué es importante la movilización hoy?

Mauricio Archila, investigador del equipo de Movimientos sociales y profesor de la Universidad Nacional de Colombia reflexiona sobre algunos puntos importantes para entender la movilización estudiantil del 10 de octubre de 2018.

 

 

*Este especial fue elaborado con la información suministrada por el equipo de Movimientos sociales del Cinep/PPP

Equipo de Movimientos sociales

Mauricio Archila
Martha Cecilia García
Leonardo Parra

Equipo de comunicaciones 

Miguel Martínez
Mónica Osorio Aguiar
Laura Inés Contreras Vásquez

 

Las empresas son quizás una de las más extendidas formas de organización social de la actualidad. Como bien sabemos, ellas responden a una particular manera de formalizar la contradicción clásica entre capital y trabajo, respondiendo a diversas necesidades del mercado o de una comunidad. Ellas, además de responder a una función económica, están formadas por personas y para personas, lo cual significa que se encuentran circunscritas a los contextos sociales que las originan. Las empresas están incrustadas en las sociedades y no puede subsistir al margen de las mismas. Históricamente, las empresas como representantes del sector privado en Colombia, han tenido un rol fundamental en la construcción de nuestro Estado-nación; pero a su vez, en un contexto de neoliberalización económica y reducción de la capacidad estatal, han venido ganando un papel hegemónico en las orientaciones políticas y en los modelos de desarrollo que se han priorizado a nivel nacional como regional.

A pesar de su importancia, nuestra capacidad para pensar las empresas parece más bien limitada. Por lo general, los debates parecen remitirse bien sea a reflexiones apologéticas y narrativas institucionales que en el mejor de los casos desembocan en los modernos discursos de sostenibilidad empresarial. O, de otra parte, los ejercicios analíticos realizados desde las ciencias sociales, caen fácilmente en posiciones binarias que tienden a estigmatizar de facto el rol empresarial en cualquier contexto en el que se mencione.

Por lo anterior, la presente convocatoria de la edición 212 de la Revista Controversia, invita a participar a autoras/es nacionales y extranjeras/os en este ejercicio que busca analizar los diferentes modelos empresariales que conviven, compiten, dinamizan y entran en conflicto con diversos sectores de la sociedad colombiana, especialmentre los de su entorno. En términos generales buscamos comprender los vínculos y tensiones entre el sector privado empresarial y las diversas comunidades, especialmente rurales, en temas que tengan que ver con: i) análisis transnacionales y/o regionales de los agro-negocios; ii)  impacto social de la intervención empresarial que, por su naturaleza o contexto, involucre una revisión en torno a temas de Derecho Internacional Humanitario y/o Derechos Humanos; iii) procesos de resistencia y organización social frente a la intervención empresarial y eventuales escenarios de negociación o gestión de conflictos; iv) experiencias significativas de vínculo o trabajos mancomunados entre empresas y comunidades y;  v) importancia del sector privado, cooperativo u asociado para la construcción de paz y desarrollo territorial en la región.

En este número contaremos con la colaboración de Carlos Duarte, del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, como Editor encargado del dossier.

Fechas:

Apertura: 30 de septiembre de 2018
Cierre: 15 de noviembre de 2018
Publicación: diciembre de 2018
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Consulta aquí el Manual de publicación para autores

 https://www.revistacontroversia.com

El proceso de implementación de los PDET ha propiciado el resurgimiento y reconocimiento de expectativas, acumulados y capacidades para la planeación y la paz territorial, pero también ha puesto en evidencia tensiones entre las visiones sobre el futuro de los territorios, así como entre actores sociales, económicos e institucionales. Las dinámicas han sido diferenciadas como lo son los territorios, sin embargo, una gran coincidencia es la incertidumbre sobre la continuidad del proceso, frente a un nuevo gobierno que aún está definiendo lineamientos concretos y la sombra de algunos sectores políticos que han sido los más críticos del Acuerdo de Paz.

Deliberar sobre estas dinámicas en clave de balance es uno de los propósitos del “Encuentro Nacional dinámicas territoriales de la implementación de los Acuerdos de Paz, Balance de los PDET”, así como identificar rutas de incidencia y lecciones aprendidas, a través de las voces de la academia y organismos que han hecho seguimiento y acompañamiento a la implementación del Acuerdo, entidades de gobierno que han trabajado por la concreción del mismo desde diferentes instrumentos de política pública y voceros de las principales plataformas de organizaciones sociales territoriales que han participado en el proceso de los PDET. Se espera contar con la participación del Alto Consejero para el postconflicto.

Encuentra la agenda completa Aquí 

 

Colombia vive una transición política importante. La implementación del Acuerdo Final de Paz; la composición del Congreso sin un bloque mayoritario para legislar; fuerzas alternativas que expresaron sus propuestas con vigor en las elecciones presidenciales y un plebiscito anticorrupción que, si bien no alcanzó el umbral, sobrepasó las expectativas con más de once millones y medio de votos. En este contexto el gobierno del presidente Duque tiene significativos retos para trabajar durante sus cuatro años de mandato:

Un primer reto es el tratamiento del Acuerdo Final de Paz. No solo en lo que tiene que ver con la incorporación de los excombatientes de las FARC, sino por los compromisos con los más de ocho millones y medio de las víctimas, la ciudadanía en general y la comunidad internacional, en asuntos estructurales como el desarrollo rural, la participación política y la aplicación del sistema integral de justicia. Pero igualmente el gobierno no podrá dejar sin tratamiento de fondo la negociación con el ELN de cara a cerrar propositivamente en el país los diálogos con la insurgencia.


En el tema económico, el hecho de que el país haya ingresado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, exige garantizar el derecho al trabajo decente, la actividad sindical, la regulación de la informalidad laboral que, según el DANE, llega al cincuenta por ciento. Igualmente, exige reducir la desigualdad de ingresos y la brecha entre el país urbano y el país rural. El nuevo gobierno tiene bajo su responsabilidad el manejo del gasto exponencial en salud y en pensiones que, según estudios de la Universidad de los Andes, se estima en tres billones de pesos la deuda de las EPS a la red hospitalaria público-privada. En tanto que el régimen público de pensiones tiene un hueco fiscal de cuarenta billones, según Asofondos.

Un tercer reto del gobierno es atender las problemáticas que afectan la seguridad. En los últimos dos años y medio, según la Defensoría del Pueblo, van trescientos cuarenta y tres asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos. Estos hechos dolorosos y nefastos se están dando en contextos donde los reclamantes de tierras impulsan los procesos de restitución, en territorios donde el narcotráfico controla sembrados y rutas, en regiones donde las inversiones minero-energéticas, legales e ilegales, desarrollan sus proyectos. ¿Cómo desarticular estas dinámicas violentas? ¿Por qué las fuerzas de seguridad del Estado, con su alta capacidad y sus importantes recursos no dan los resultados esperados?

Un cuarto reto es la lucha contra la corrupción. Según Transparencia Internacional, Colombia ocupa el lugar número noventa y seis de ciento ochenta países a nivel mundial, un puesto alto en corrupción. Existe un importante número de normas contra la corrupción, pero lo que falta es hacer cumplir esas normas, garantizar la denuncia y la aplicación efectiva de penas para los corruptos. Finalmente, un quinto reto estructural es la educación. Los resultados de la prueba Saber once deja regiones como el Caribe, el Pacífico, la Orinoquia y Amazonia en niveles críticos de calidad y de muy bajo acceso a la educación superior.

El papa Francisco, en su visita a Colombia recordó que el país está transitando por nuevos caminos como sociedad, por eso dijo que: “ningún tipo de violencia restrinja o anule ni una vida más en el país. Todos somos necesarios para crear y formar la sociedad, esta no se hace sólo con algunos de pura sangre, sino con todos, y aquí radica la grandeza de un país en el que todos tienen cabida y todos son importantes”. El Papa hizo un llamado a los colombianos a desoír “la cizaña”, la polarización y la división que nos impide llegar a la paz.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director Cinep/Programa por la paz.

 

Bogotá, 16 de septiembre de 2018

Señor ministro:
En menos de mes y medio usted ha hecho dos pronunciamientos públicos sobre la protesta social. La primera vez, antes de su posesión como ministro de defensa, pidió que ésta fuera ordenada y que representara los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo. Quisiera contarle que la protesta es, ante todo, un acto disruptivo que se despliega en escenarios públicos, mediante el cual grupos diversos expresan demandas o reivindicaciones propias y particulares, motivo por el cual no puede representar los intereses de todos los colombianos. Las protestas son una forma de acción política no institucional que pone en evidencia precisamente las diferencias en el seno de la sociedad. Diferencias culturales, étnicas, de género, generacionales, religiosas, lingüísticas, de capitales políticos, económicos, de posibilidades de incidir en los asuntos que rigen la vida colectiva, entre otras.

Señor ministro: no le tema a la diferencia, es parte de este país rico en biodiversidad, es decir en formas de vidas distintas –humanas y no humanas–, capaces de interactuar. No pida la homogeneidad, nada más aburrido que ser idénticos, nada más patético y antidemocrático que el pensamiento único. No le tema a las multitudes en las calles y en las carreteras, más bien dispóngase al diálogo, a la escucha, a la mirada, al reconocimiento de las múltiples otredades que hacen este país.

La segunda vez que se refirió a la protesta –precisamente a un día de conmemorarse 41 años del Paro Cívico Nacional de 1977– la criminalizó al asegurar que es financiada con los dineros ilícitos de cinco grupos armados organizados. Con tan temeraria afirmación, usted resta la posibilidad de que múltiples y diversos grupos sociales tengan voz y visibilidad, niega la autonomía de grupos, organizaciones y movimientos sociales para expresar desacuerdos, necesidades, propuestas, ocluye la posibilidad del diálogo social al que tantas veces se ha referido el actual presidente y, lo que es peor, termina recordándonos las palabras del ministro Lemos Simonds y el asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa en 1990.

Sus tesis en esta segunda intervención me suscitaron muchas preguntas y voy a plantearle algunas, recurriendo a las expresiones que en ella utilizó:
¿Sabe usted cuál de los grupos armados que “corrompen y financian la protesta social” costeó la marcha llevada a cabo en Pereira y Armenia el 13 de marzo de 1998, convocada por el comité intergremial, Fenalco, y la Iglesia Católica por el derecho a vivir, después de una oleada de actos delincuenciales y asesinatos ocurridos en estas dos capitales departamentales? ¿Cuál de esos grupos pagó la marcha convocada por la Cámara de Comercio de Caquetá el 13 de mayo de 2014, en la que participaron comerciantes y sus empleados, y ganaderos, bajo la consigna "Caquetá sí existe", para pedirle al gobierno poner más atención a la reactivación económica del departamento y atender las demandas de los paros para que no los afecte a ellos?

¿Cuáles son las mafias organizadas que siempre han estado detrás de las protestas convocadas por el Centro Democrático contra las Farc y el secuestro (por ejemplo, la del 4 de febrero de 2008) y en contra de las negociaciones de paz con las Farc y por la dignidad de las Fuerzas Armadas llevadas a cabo el 7 de agosto de 2015 y 2 de abril de 2016? ¿Esas mafias también empujaron al partido del presidente actual y a otros promotores del NO a encabezar una marcha para exigir a la mesa de negociaciones de La Habana que se respetara el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016 y se tuvieran en cuenta las propuestas que hicieron, y para mostrar su rechazo a la "ideología de género" del acuerdo? ¿Han continuado financiando al CD que el 1° de abril de 2017 lideró una marcha en Villavicencio, en contra del gobierno de Santos bajo la consigna: "No permitamos que Colombia se convierta en Venezuela"?

Y recurriendo a su buena memoria, sáqueme de una duda, señor ministro: ¿cuáles son las mafias de verdad que fomentaron aquella protesta incitada por militares del Batallón de Infantería No. 40 ‘Coronel Luciano D'elhuyar’, el 29 de marzo de 1992, en El Carmen de Chucurí, con la que se intentó impedir la detención del alcalde de ese municipio y de 26 personas más investigadas por la Fiscalía por presuntamente pertenecer y/o auxiliar a paramilitares? ¿Acaso son las mismas que sufragaron la marcha nacional del 6 de diciembre de 2011, convocada por el Ejército Nacional para exigir a la guerrilla de las Farc ponerle fin al secuestro y que, según dijo el propio presidente de la República, fue una manifestación de rechazo a la violencia?

Podría contarme a mí y a otros curiosos ¿cuáles son las mafias supranacionales que respaldaron al Obispo de Cúcuta cuando lideró una marcha el 11 de octubre de 1984, contra el desempleo, la desnutrición y el analfabetismo? ¿Son las mismas que prohijaron las marchas lideradas por la iglesia católica, en septiembre de 1992, para rechazar la abolición de la enseñanza religiosa en los colegios? ¿Existe alguna relación entre las mafias internacionales que apoyan a dicha iglesia y las que impulsan las protestas de grupos cristianos como las realizadas entre 2005 y 2006 en diversas regiones del país en contra de pérdida de valores, contra el aborto y el homosexualismo, y el “arrodillatón” del 16 y 17 de mayo de 2016 en contra de la decisión de un juez de suspender la práctica de la oración antes de iniciar las sesiones del Concejo Municipal de Cartagena, atendiendo el mandato constitucional de no imponer prácticas religiosas de manera obligatoria?

¿Cuál de los cinco grupos armados organizados que usted mencionó pagó las marchas contra el secuestro llevadas a cabo en diciembre de 1996, convocadas por Francisco Santos, actual embajador en Estados Unidos, y su Fundación País Libre? ¿Cuál mafia corrompió y financió la marcha global citada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el 1° de abril de 1998, contra las formas intolerables de trabajo infantil?
Como estos, hay miles de ejemplos de protestas sociales en la historia reciente del país en los cuales, como he querido mostrar, no se podrían hacer señalamientos como los que usted hizo, que terminan criminalizándolas.
Señor ministro: buena parte de los manifestantes saben que la protesta es un derecho consagrado constitucionalmente. Pero ello no basta. Por eso, lo que también se exige en las protestas es contar con garantías para ejercer este y el derecho a tener derechos como ciudadanos de este país.

Cordialmente,

Martha Cecilia García V.
Investigadora del Cinep