Este primer número inaugura una nueva serie de reportes trimestrales de Datapaz.
Esta serie de reportes había sido una tarea realizada por el Equipo Iniciativas de Paz del CINEP/PPP en años anteriores, que vemos importante retomar ahora. El momento de transición que vive Colombia ofrece un contexto en el que este tipo de análisis resultan pertinentes, con el objeto de mostrar a la opinión pública el trabajo por la paz de múltiples sectores del país. La serie se retoma con nuevas reflexiones, presentando análisis en torno a tres ejes: sectores sociales, territorios y temas sociopolíticos relacionados con la búsqueda de la paz. Esperamos que esta serie de análisis sea un aporte a la reflexión y al fortalecimiento de la movilización por la paz en el país.

 Encuentra el reporte completo aquí

Durante la Mesa Multiactor de Seguridad y Protección a líderes y lideresas del Caribe que realizaron Cinep/PPP y Codhes, como parte de la Plataforma ENI Colombia, conversamos con Juan Manuel Bustillo, quien documentó el panorama de los defensores de derechos territoriales en la región: “Las amenazas en el Caribe se concentran especialmente sobre los líderes reclamantes de tierras”.

Desde hace unos meses, las alertas por las amenazas a la seguridad de los líderes sociales han preocupado a la sociedad colombiana y las denuncias siguen en aumento. Las regiones más azotadas en el país por ese tipo de violencia en los últimos meses han sido Catatumbo y Cauca. Sin embargo, en la región Caribe el tema tiene una dinámica particular, asociada a contextos extractivistas y de explotación de recursos naturales, además de que hay un alto subregistro en los datos por el miedo a denunciar.

Juan Manuel Bustillo, delegado de la Mesa Multiactor de Seguridad y Protección del Caribe para documentar el panorama de los defensores de derechos territoriales en la región, explica y analiza los hallazgos, las preocupaciones y expectativas que tienen los líderes frente a las medidas para garantizar su protección y realizar su trabajo de defensa de derechos.

¿Qué está pasando con los líderes en el Caribe?

 Juan Manuel Bustillo: Las víctimas son principalmente personas que encabezan la defensa de las comunidades y las reclamaciones del derecho a la tierra y el territorio, es un grupo que incluye campesinos, afros y pueblos indígenas de los distintos departamentos.

Las agresiones y persecuciones tienen varias manifestaciones: la más visible, pero no suficientemente registrada, son los homicidios de líderes. Hay otras manifestaciones que no son de dominio público ni generan tanta preocupación de las autoridades como las amenazas de muerte, hostigamientos, atentados contra la vida e integridad física de las personas, detenciones arbitrarias, en menor medida, casos de desaparición forzada y de secuestro. Esto impide el derecho que tenemos todos, y en particular los líderes, de defender el derecho a la tierra y el territorio.

¿Quiénes están amenazando?

J.M.B: Los registros de distintas fuentes gubernamentales, no gubernamentales, locales, comunitarias y departamentales muestran que la autoría corresponde a grupos paramilitares, especialmente a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Hay una gran cantidad de casos de autoría desconocida porque no se ha podido determinar quién está detrás de los hechos y hay un caso a manos de la fuerza pública, el de la Fuerza Conjunta del Nudo de Paramillo, que fue ampliamente conocido.

La identificación de los responsables, tanto materiales como intelectuales, le corresponde a la Fiscalía en particular, que ha avanzado en adecuar la normatividad y la estructura institucional para las investigaciones, pero no se han obtenido suficientes resultados de esas pesquisas judiciales.

¿Cuál es su análisis sobre las acciones de las autoridades y entidades para proteger a los líderes?

J.M.B:: En Colombia hay un marco normativo y un marco institucional de defensa de los derechos humanos, en particular de garantías para los defensores, que se empezó a construir alrededor de los años 90. Estos marcos se han alimentado a partir de las preocupaciones de la comunidad internacional y de los defensores: la Defensoría tiene el Sistema de Alertas Tempranas que es bastante sofisticado, con la Ley de Víctimas se creó la Unidad Nacional de Protección y el Acuerdo Final reforzó las medidas.

Como existía una preocupación particular sobre los líderes y lideresas, el Acuerdo incluyó una serie de medidas para garantizar el trabajo y la vida de los defensores y movimientos sociales y políticos, para mitigar o desmantelar las fuentes de riesgo como las organizaciones paramilitares, estructuras que ya debían haber sido desmontadas tanto en su parte armada como política y económica.

Los líderes han manifestado que las medidas de protección no son adecuadas ni suficientes, ¿qué han encontrado ustedes?

J.M.B:: Esta afirmación es verídica y tiene dos componentes para explicarla: 1) Las medidas de la UNP para ofrecer protección material y concreta no son preventivas ni atacan los factores y causas generadoras de riesgos, tienen una cobertura limitada, son lentas, de carácter individual y tiene un enfoque de género y étnico bastante limitado, entre otras críticas.

2) Por su parte, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ya existía y solo fue mejorado con el Acuerdo Final, que también incluye un sistema y protocolo de protección de organizaciones y comunidades en el territorio y la creación de una unidad especializada de investigación de los crímenes contra defensores. Pero todas estas medidas son repetición de las que ya existen; se ha avanzado en su formulación, pero no en la implementación a nivel local, son poco conocidas por las comunidades y los líderes, quienes afirman que muchas de las autoridades locales tampoco las conocen y, por lo tanto, no saben de sus obligaciones.

¿Qué hay detrás de estas amenazas?

J.M.B:: Por un lado, sectores políticos y económicos que se oponen a las medidas de transformación rural que contiene el Acuerdo Final y ven en los líderes a unos promotores de las medidas del Punto 1, relacionadas con la reforma rural integral y el desarrollo rural.

Por otro lado, en el nivel local y territorial, hay algunos sectores que siguen viendo las movilizaciones sociales y la reivindicación de derechos territoriales como una cuestión ilegítima que atenta contra el establecimiento, contra el orden del poder político y, sobre todo, de la distribución de la tierra y el desarrollo de proyectos de extracción, entre otros.

¿Cuáles son los departamentos del Caribe más afectados?

J.M.B:: Los registros dicen que desde la firma del Acuerdo y hasta el 30 de junio de 2018, el más afectado es Córdoba, aunque también hay altas cifras en Bolívar, Sucre y Cesar. El problema se ha hecho visible, entre otras razones, porque la comunidad internacional está atenta de la implementación del Acuerdo Final. Paradójicamente, después de la implementación se disparó la crisis de persecución contra los defensores. Sin embargo, hay un alto subregistro de los casos, se conocen especialmente los homicidios y hay menos información de las amenazas y los hostigamientos.

¿Hay una dinámica como región Caribe o cada departamento tiene una dinámica propia?

J.M.B:: Hay unos aspectos en común como que las personas amenazadas, víctimas de ataques y homicidios, son las mismas que han exigido la titulación de la tierra, que se amplíen los resguardos, que se restituyan los predios y se repare colectivamente, al mismo tiempo que son quienes se han quejado por la falta de acción de las autoridades.

Pero, por supuesto, en cada departamento hay un contexto que hace particular las persecuciones y está determinado por la presencia de actores armados, la ausencia de las FARC, la militarización de los territorios y la expansión y consolidación de las estructuras paramilitares. Además de eso, en cada territorio hay uno o dos proyectos de desarrollo económico a gran escala interesados en la tierra, el territorio y los recursos naturales, mineros, del subsuelo o el agua. Se puede hablar de los megaproyectos de extracción de La Guajira y Córdoba o de los proyectos agroindustriales en Montes de María, entre otros.

¿Qué resultado esperaban de esta mesa?

J.M.B:: Lo que queremos principalmente es que la Procuraduría implemente la Directiva 002 de 2018 que expidió y que le permite hacer seguimiento en las regiones. El problema es que está haciendo una labor preventiva, pero no está haciendo uso de sus dientes para sancionar a los funcionarios que no cumplen la labor de garantizar la protección y seguridad de los líderes. Hasta el momento no ha habido una sola sanción a ninguna entidad, aún a sabiendas de que se tiene un mecanismo para hacerlo. Si la Procuraduría le abriera investigaciones a los funcionaros que hablan en contra de las víctimas, podría generar medidas preventivas entre los funcionarios.

Con la Mesa se busca que haya un diálogo para generar compromisos que sirvan para reducir los riesgos de los defensores en la región Caribe, con una articulación profunda entre las entidades, que en otras mesas y regiones ya se da. Finalmente, que se afronten las causas que hay detrás de los ataques y no sólo se implemente medidas policiales.

Lee aquí el Resumen del informe Panorama de la situación de defensores en el Caribe

 

 

 

“No más militares en Catatumbo”, piden las organizaciones sociales de la región

Ante el crecimiento de la violencia en Catatumbo y Cúcuta, en días pasados el Gobierno nacional anunció el aumento de la militarización de la región, que ya cuenta con 12.000 soldados y 4.000 policías. Organizaciones de la zona se declararon altamente preocupadas por la medida, lo hicieron en la rueda de prensa del informe “Catatumbo: La guerra sin tregua” que elaboró Cinep/PPP.

“En una zona con 12.000 militares y 4.000 policías, que cuidan 48 pasos y trochas fronterizos, se han reactivado los tráficos ilegales, en especial el de personas hacia el interior de Colombia y el sur del continente; 49 líderes sociales fueron amenazados, 10 asesinados y 5 secuestrados; se registraron 350 casos de desaparición forzada, 70 de ellos en la frontera; 29 civiles han sido secuestrados, tres en los últimos once días. Todo ese pie de fuerza y seguridad y no hay información de quién está cometiendo los delitos y el 99% de las denuncias no tiene una sola respuesta”, explicó Wilfredo Cañizales, director de la Fundación Progresar.

La mayor preocupación de las organizaciones locales como la Fundación Progresar y el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) es la orden dada por el Gobierno nacional de aumentar la militarización de la zona, ya que el 20 de octubre se activaría una nueva fuerza de tarea rápida para la región. Esta medida ha sido implementada en ocasiones anteriores como en diciembre de 2017 cuando llegaron 6.000 hombres del Ejército a seis nuevos batallones, pero el empleó de dicha estrategia usualmente ha contraído altos picos de violencia.

¿Qué está pasando en Norte de Santander?

En el primer semestre de 2018, las cifras sobre violencia, tanto en Catatumbo como en Cúcuta, duplicaron los registros del mismo periodo en los años anteriores del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, según el informe “Catatumbo: La guerra sin tregua” que Cinep/PPP presentó con la revista Noche y Niebla No. 57. De enero a junio de este año se registraron 599 víctimas y 656 casos de vulneración a derechos humanos y DIH en todo el país, 91 de ellos ocurrieron en Catatumbo.

El aumento de la violencia en Catatumbo se debe a enfrentamientos entre las guerrillas del ELN, el EPL y otros actores por el dominio de la zona, como parte del conflicto armado. Es decir, en Catatumbo hay un aumento en las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC) como parte de las acciones en la guerra entre guerrillas, grupos armados ilegales y fuerza estatal.

En Cúcuta el panorama es diverso, pues los responsables de la violencia son grupos paramilitares, bandas criminales como los Rastrojos y las Águilas Negras, que controlan los tráficos y a la población. En el caso de Cúcuta, lo que se presenta es una permanente vulneración a los derechos humanos, en un escenario en el que no hay conflicto, pero sí violencia reiterativa.

La dinámica violenta se ve impulsada por la presencia de carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, que son los mayores compradores de la droga producida o transportada en la región. Esto sumado a la crisis de la migración venezolana que, como lo explicó Cañizalez, “ha facilitado que grupos paramilitares y Rastrojos sean integrados y recluten principalmente a menores venezolanos, además de que ha habido un aumento de desapariciones forzadas de venezolanos y que el tráfico de personas ahora sea de Venezuela hacia Colombia”.

El periodo revisado es el tercero más violento en Catatumbo desde 2010 y ha superado el promedio histórico semestral de casos. Los municipios más afectados hasta ahora han sido Tibú, Teorama y El Tarra.
  

Las empresas son quizás una de las más extendidas formas de organización social de la actualidad. Como bien sabemos, ellas responden a una particular manera de formalizar la contradicción clásica entre capital y trabajo, respondiendo a diversas necesidades del mercado o de una comunidad. Ellas, además de responder a una función económica, están formadas por personas y para personas, lo cual significa que se encuentran circunscritas a los contextos sociales que las originan. Las empresas están incrustadas en las sociedades y no puede subsistir al margen de las mismas. Históricamente, las empresas como representantes del sector privado en Colombia, han tenido un rol fundamental en la construcción de nuestro Estado-nación; pero a su vez, en un contexto de neoliberalización económica y reducción de la capacidad estatal, han venido ganando un papel hegemónico en las orientaciones políticas y en los modelos de desarrollo que se han priorizado a nivel nacional como regional.

A pesar de su importancia, nuestra capacidad para pensar las empresas parece más bien limitada. Por lo general, los debates parecen remitirse bien sea a reflexiones apologéticas y narrativas institucionales que en el mejor de los casos desembocan en los modernos discursos de sostenibilidad empresarial. O, de otra parte, los ejercicios analíticos realizados desde las ciencias sociales, caen fácilmente en posiciones binarias que tienden a estigmatizar de facto el rol empresarial en cualquier contexto en el que se mencione.

Por lo anterior, la presente convocatoria de la edición 212 de la Revista Controversia, invita a participar a autoras/es nacionales y extranjeras/os en este ejercicio que busca analizar los diferentes modelos empresariales que conviven, compiten, dinamizan y entran en conflicto con diversos sectores de la sociedad colombiana, especialmentre los de su entorno. En términos generales buscamos comprender los vínculos y tensiones entre el sector privado empresarial y las diversas comunidades, especialmente rurales, en temas que tengan que ver con: i) análisis transnacionales y/o regionales de los agro-negocios; ii)  impacto social de la intervención empresarial que, por su naturaleza o contexto, involucre una revisión en torno a temas de Derecho Internacional Humanitario y/o Derechos Humanos; iii) procesos de resistencia y organización social frente a la intervención empresarial y eventuales escenarios de negociación o gestión de conflictos; iv) experiencias significativas de vínculo o trabajos mancomunados entre empresas y comunidades y;  v) importancia del sector privado, cooperativo u asociado para la construcción de paz y desarrollo territorial en la región.

En este número contaremos con la colaboración de Carlos Duarte, del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, como Editor encargado del dossier.

Fechas:

Apertura: 30 de septiembre de 2018
Cierre: 15 de noviembre de 2018
Publicación: diciembre de 2018
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Consulta aquí el Manual de publicación para autores

 https://www.revistacontroversia.com

Este primer informe se presenta a los Verificadores Internacionales atendiendo al mandato dado por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final – CSIVI- al Centro de Investigación y Educación Popular- CINEP y al Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos - CERAC, para que en su calidad de Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional – STCVI- contribuyan al proceso de verificación e impulso al Acuerdo Final (A.F.) entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, hoy, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común- FARC.