Como parte de los Informes País Mujeres Rurales, la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Colaition, presentamos el informe Mujeres rurales en Colombia que presenta datos unificados para entender sus condiciones demográficas, los mecanismos institucionales con los que cuentan para la garantía de sus derechos, evidenciamos las múltiples violencias y otras formas de discriminación de las que son víctimas, y visibilizamos sus estrategias de resistencia. Además, ofrece un paquete de recomendaciones para gobiernos nacionales y locales, medios de comunicación y otros actores involucrados en garantizar el acceso a la tierra y otros derechos de las mujeres del mundo rural.

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No existen datos suficientes ni muy actualizados sobre la población rural femenina en América Latina y el Caribe, sin embargo, recientes informes (ONUMujeres 2018 y ALOP 2017) dan pistas sobre la continuación de brechas históricas en la garantía de los derechos de las mujeres a nivel global y para el caso específico del mundo rural. Por ejemplo, sólo el 13% de mujeres en el mundo son propietarias de tierras rurales (ONUMujeres, 2018); la población rural de Latinoamérica y el Caribe representaba en el 2015 el 21% de la región, de este porcentaje, la mitad era mujeres, de las cuales el 20% pertenecía a comunidades indígenas y afrodescendientes. En el año 2010, en Latinoamérica y el Caribe las mujeres rurales representaban el 20% de la fuerza de trabajo agrícola, “con diferentes formas de inserción en el mundo laboral; entre ellas, el trabajo por cuenta propia, el trabajo no remunerado y el trabajo asalariado en empresas y otras unidades productivas” (FAO 2017, p. 1).

En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, la Iniciativa “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC – Latinoamérica) presenta esta infografía con los datos encontrados en 9 países de Latinoamérica para aportar a la visibilización, desde las cifras, de la situación de las mujeres rurales en la región. 



Además, más allá de las recomendaciones usuales sobre la necesidad de contar con mecanismos, rutas institucionales y espacios de participación para que las mujeres rurales puedan defender sus derechos, estos informes aportan recomendaciones resultantes del trabajo a nivel local impulsado con las mujeres y desde las mujeres. Dichas recomendaciones son útiles y necesarias para distintos contextos e incluyen:
• Se requiere generar instancias de sensibilización en temas de género e interculturalidad en donde participen todos/as los/as funcionarios/as públicos.
• Urge considerar la importancia económica y social del trabajo doméstico, así como su reconocimiento y retribución. En este marco, se requiere que las políticas públicas estén orientadas tanto al fomento de la producción como a la redistribución del trabajo del cuidado.
• Se debe invertir en infraestructura comunicacional favorable a las mujeres rurales de todas las edades y etnias.
• Los medios de comunicación no sólo deben mostrar más la perspectiva de las mujeres, también deben incorporar términos como justicia de género y cuestionar ideas como “el jefe del hogar”.
• Las estadísticas oficiales deben ser situadas: dar cuenta de diferencias etarias, geográficas, de identidad, de estado civil y territoriales (urbanas y rurales).
• Un paso necesario para cambiar la estructura patriarcal del Estado es reconocer que, si bien la elaboración de normas y decretos es importante, es crucial avanzar con su implementación.
• En este escenario, es fundamental que se asignen recursos destinados específicamente a atender las necesidades de las mujeres rurales.

Los Informes País sobre la situación de las mujeres rurales aportan información clave a tener en cuenta en cualquier tipo de iniciativa que implique a las mujeres rurales, e incluyen recomendaciones puntuales para la garantía de sus derechos. Los Informes han sido desarrollados en el marco de la Iniciativa Basada en Compromisos “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” que impulsa la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra - América Latina y el Caribe (ILC ALC).

A finales de los años 70 y comienzos de los 80, el Departamento –así se llamaban en esa época los equipos– de Trabajo Rural de Cinep, conformado por León Zamosc, quien lo coordinaba, Silvia Rivera, Diana Medrano y Cristina Escobar, se dio a la tarea de apoyar a la Anuc (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), especialmente a su ala más radical, la llamada Línea Sincelejo, que en ese momento mostraba signos de división y debilidad organizativa así como de reflujo en sus luchas. Además de actividades de acompañamiento y educación, el equipo rural emprendió una desafiante pesquisa sobre la historia de dicha organización.[1] En esa dirección recopilaron la documentación oficial emitida por el Estado y especialmente el Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), así como la producida por los dirigentes de las distintas organizaciones campesinas, regionales y nacionales. Acudieron también al archivo de prensa del Cinep y del Incora. Y realizaron más de 150 entrevistas a lideres campesinos y funcionarios estatales. Los frutos de esa investigación fueron tres publicaciones y un rico archivo que recogía esas fuentes, que con el tiempo se conoció como el Archivo de luchas Campesinas.[2]

 Investigadores del área rural que reemplazaron a Zamosc y su equipo, guardaron celosamente este archivo no en la Biblioteca, sino en sus oficinas. Algunos tuvimos la oportunidad de revisarlo y así lo reconocimos en respectivas publicaciones.[3] Desafortunadamente la rotación de personal, cambios locativos y decisiones administrativas nada acertadas a mediados del decenio pasado hicieron que el archivo de luchas campesinas se perdiera.

 En 2017 León Zamosc, actualmente profesor de Sociología de la Universidad de California en San Diego, se enteró de esa pérdida y generosamente decidió reponerlo parcialmente entregando algunos de los documentos que guardaba en su “archivo de baúl”, según expresión Orlando Fals Borda. En efecto a comienzos de 2018 hizo entrega a la Biblioteca de Cinep de tres paquetes documentales que fueron rápidamente escaneados para preservarlos por medios virtuales.

 De esta forma el actual Archivo de Luchas Campesinas que presentamos consta de tres secciones: la primera “Documentos varios” contiene, como el nombre lo indica, algunos textos recopilados en la mencionada investigación sobre la Anuc en los años 70; la segunda guarda extractos de cerca de 150 entrevistas a líderes y dirigentes campesinos así como a funcionarios estatales de la época;[4] y la tercera abarca informes de talleres con organizaciones campesinas, hechos en 1983 por los continuadores del equipo rural con la idea de socializar dicha investigación. Esos son las fuentes originales que hoy ponemos a disposición del público, como fue el deseo de León Zamosc al donarlas.

 Mauricio Archila Neira

América Latina: auge de las luchas reivindicativas


Opiniones de algunos sectores de la Anuc-Línea Sincelejo


Entrevistas Base ANUC

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[1] Fernán González, “La experiencia del CINEP: una escuela de investigadores, en Fernán González, editor, Una opción y muchas búsquedas, Bogotá, Cinep, 1998, pp. 43-44.

[2] Los libros fueron: León Zamosc, Los usuarios campesinos y las luchas por la tierra en los años setenta, Bogotá, Cinep, 1982;Cristina Escobar, La trayectoria de la Anuc, Bogotá, Cinep, 1982; y

[3] Tal fue mi caso: Mauricio Archila, Idas y venidas, vueltas y revueltas, Bogotá, Cinep, 2003. Carlos Salgado y Esmeralda Prada también lo utilizaron en su libro Campesinado y protesta social en Colombia, 1980-1995, Bogotá, Cinep, 2000. El último investigador que pudo consultarlo fue Alexander Pereira para su tesis de pregrado sobre Orlando Fals Borda en la carrera de Historia de la Universidad Nacional en 2005.

[4] Allí se encuentran interesantes testimonios de dirigentes sociales y políticos de ese entonces; no deja de ser curioso que algunos de ellos hoy se ubiquen ideológicamente en las antípodas de lo que eran en ese momento.

Por: Tatiana Cuenca*

La falta de reconocimiento de la importancia del campesinado como grupo social en Colombia ha llevado a su exclusión social y a su consideración como un sujeto atrasado que está fuera de las dinámicas del desarrollo y, por lo tanto, que tiende a desaparecer. Por esto, desde hace algunos años el campesinado viene exigiéndole al Estado colombiano su reconocimiento como sujeto de derechos, exigencia que surge por la necesidad de ser tenido en cuenta dentro de las políticas públicas como un sujeto especial de protección debido a su situación de vulnerabilidad y falta de acceso a derechos en la que se encuentra como un mecanismo afirmativo frente a un sector que alimenta el país.

No reconocer al campesinado como grupo social diferenciado lleva a que tampoco sea tenido en cuenta en los censos poblacionales como una categoría diferente más allá de población rural que no habita en las cabeceras municipales y se denomina “resto” [1]. Esta ha sido la lógica que ha primado en Colombia en los últimos censos poblaciones. Inclusive en el Censo Nacional Agropecuario de 2014 que da cuenta de la situación productiva del campo y las características de los productores, no se tuvieron en cuenta preguntas específicas que indagaran sobre la identidad cultural del campesinado y su situación socioeconómica.

Es así como a partir de una acción de tutela organizaciones campesinas le exigieron al Estado colombiano ser incluidos en el Censo poblacional de 2018, medida acordada, e incumplida, a mediados de 2016 entre el Gobierno nacional y la Mesa campesina del Cauca. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el que reconoce que se dejó pasar la oportunidad de que en el Censo de 2018 se identificara al campesinado, y hace un llamado de atención a las instituciones del Estado responsables para que elaboren estudios complementarios al Censo agropecuario 2014 y al Censo poblacional 2018 que permitan delimitar a profundidad el concepto campesino y contabilizar a los ciudadanos que integran ese grupo poblacional.

El fallo la Corte Suprema también reconoce la necesidad de que el Gobierno nacional lleve a cabo programas de política pública encaminados a mejorar las condiciones sociales y económicas del campesinado como grupo poblacional y sujeto de especial protección constitucional. Además, hace un llamado para que “desde el Grupo de Asuntos Campesinos del Ministerio del Interior, se identifique la situación actual de la población campesina y se apoye la formulación y seguimiento de planes, programas y políticas públicas que permitan la materialización del derecho fundamental a la igualdad material que le asiste al campesinado”. En el siguiente video les contamos más:

[1] Según la ficha técnica para la variable “Población Rural” utilizada por el DANE, esta corresponde al número de habitantes que viven por fuera de la zona urbana (cabecera) y dentro de la zona rural (término homologable a la definición de “resto”) que está constituida por los centros poblados y por la zona rural dispersa.

*Investigadora del equipo Movilización, territorio e interculturalidad de Cinep/PPP

Uno de los principales objetivos del Acuerdo de Paz producto de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP es “la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural”. Dicho horizonte es positivo, teniendo en cuenta la centralidad del problema de la tierra en el desarrollo del conflicto y la necesidad de generar cambios estructurales que mitiguen lo que se ha considerado como causas estructurales del conflicto: desigualdad en el acceso a la tierra, mínima garantía de derechos y escasa representación política de poblaciones rurales pobres, entre otros.

La Reforma Rural Integral del acuerdo –haciendo un resumen muy general–  contempla medidas vinculadas a la promoción del acceso a tierras a través de adjudicaciones y también de la constitución de figuras territoriales como las Zonas de Reserva Campesina; medidas para garantizar la caracterización de las tierras rurales en Colombia y las áreas de conservación y su protección; la elaboración de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial en las zonas mayormente afectadas por el conflicto con una amplia participación de las comunidades; y la puesta en marcha de Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral dirigidos a mejorar la infraestructura, los servicios básicos para la población rural y el apoyo a la economía campesina, familiar y comunitaria.

Después de la firma, el tema inmediato está referido a cuáles son los cambios normativos e institucionales, así como los instrumentos de política pública necesarios para materializar los acuerdos. En efecto, en un primer momento se trata de los ajustes normativos por medio del procedimiento conocido como fast track, que implica un trámite más expedito al normal. En este marco, el debate ha sido profundo y refleja las dificultades para concertar arreglos entre los múltiples actores interesados en la tierra.

El Gobierno presentó un ambicioso Proyecto de Ley de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural que reformaba casi por completo la normatividad agraria y de tierras y que fue resistida por sectores sociales, económicos y políticos. En todo caso, estos reparos vienen de distintos sectores que no pueden ubicarse en un mismo lugar: por ejemplo, entre las diversas posturas, una de estas proviene de grupos políticos y gremios que se oponen radicalmente al acuerdo de paz y consideran, de acuerdo a sus declaraciones, que con este se pone en riesgo la propiedad privada y se afecta la productividad. Un segundo conjunto de críticas proviene de organizaciones sociales que han expresado que parte de las propuestas del gobierno atentan directamente contra el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional.

En medio de la discusión el Gobierno optó por desarrollar una normativa específica vía Decreto Ley presidencial que contempla la creación del Fondo de Tierras y los procesos de formalización y acceso a tierras que debe surtir el trámite de Consulta Previa con los grupos étnicos; mientras otro tipo de medidas de mayor alcance serán tramitadas en el Congreso de la República.

Un segundo aspecto relevante se refiere al mecanismo de desarrollo normativo: el 17 de mayo la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones originales del fast track que contemplaba que los cambios realizados en el Congreso a los proyectos de ley debían contar con el aval del Gobierno Nacional y que además estos debían ser votados a favor o en contra en su totalidad.

Esto desde ya significa un reto importante para la implementación de los acuerdos de paz. Un primer asunto tiene que ver con los tiempos: pronto a vencer el periodo del fast track (prorrogable por seis meses más), a partir de ahora todo proyecto de ley surtirá una discusión pormenorizada artículo por artículo, corriéndose el riesgo de que los tiempos no den para desarrollar toda la normatividad necesaria, no solo en lo que respecta a Reforma Rural Integral. Un segundo riesgo tiene que ver con los cambios que los parlamentarios puedan hacer a las propuestas y que estos no sean coherentes con el Acuerdo de Paz.

Las discusiones en el Congreso de la República y la muy probable movilización social a favor de los acuerdos marcarán los ritmos del debate sobre las acciones de política pública necesarias para solucionar los problemas de la tierra en Colombia. Cómo convenir con distintos actores con intereses tan disímiles y diferentes apuestas sobre la tierra, el desarrollo rural y el ordenamiento territorial parece ser la pregunta en este momento. Y, en realidad, esta es la pregunta fundamental de todo proceso de construcción de gobernanza adecuada de la tierra y los recursos naturales. Para la ENI/Colombia este proceso debe partir por el reconocimiento y garantía de los derechos de las comunidades rurales como lo consigna el Acuerdo. Sin duda, de esto se trata la construcción de la paz.

 

Javier Lautaro Medina

Coordinador del Equipo Movilización, tierra y territorio.

Estrategia Colaborativa en Colombia por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio – ENI/Colombia

Artículo publicado en http://www.landcoalition.org

En San Pablo Nariño se proclamó el primer Territorio Campesino Agroalimentario del Norte del Nariño y el Sur del Cauca, en total serán proclamados 62 territorios a nivel nacional, nueve de ellos en el departamento de Nariño.

El evento de proclamación contó con la presencia de alcaldes, congresistas, concejales, gobernadores, organizaciones sociales, cooperación internacional y más de cuatro mil personas de  municipios de Nariño y Cauca. Junto con la proclamación se hizo el nombramiento y posicionamiento de la Junta Campesina de Gobierno Cultural del Territorio, constituida por 51 personas de 14 municipios de Nariño y tres del Cauca, así como también el nombramiento de los Coordinadores de la Protección del Territorio y la aprobación del Plan de Vida Agua y Dignidad Campesina del Territorio.

La propuesta de construcción del Territorio Campesino Agroalimentario en el Norte de Nariño y Sur del Cauca es concebido y organizado por familias, comunidades y organizaciones campesinas orientado por una autoridad campesina y un Plan de Vida digna, resultado de procesos organizativos, sociales, políticos, económicos y culturales. El Plan de Vida Digna es le camino que traza la comunidad para organizar su trabajo a corto, mediano y largo plazo. Es un proceso integral, ya que incluye todos los aspectos de la vida comunitaria.

Durante el discurso de proclamación Robert Daza, miembro del Coordinador Nacional Agrario-CNA anunció "Nos declaramos en minga por la construcción del territorio para la vida campesina donde la agricultura sea la que nos garantiza los medios para el bienestar de nuestra familia y comunidad. Nos comprometemos a hacer minga para cuidar, proteger y garantizar el agua, la tierra, el territorio para la gente y no para los intereses de las empresas transnacionales, en especial las mineras. Nos comprometemos a organizar y trabajar en comunidad para sacar adelante los proyectos que dignifiquen nuestra vida campesina. Nos comprometemos a luchar por la infraestructura necesarias para el bienestar y progreso, nos comprometemos a recuperar y engrandecer nuestra cultura campesina. Nos comprometemos a desterrar toda forma de discriminación en especial hacia las mujeres y la niñez, nos comprometemos a cuidar la vida, la gente y el medio ambiente". 

Bajo los principios de autonomía, participación y convivencia en los territorios agroalimentarios los campesinos y campesinas construyen relaciones sociales y comunitarias, tienen una relación directa y especial con la tierra, la naturaleza y el agua, fruto de procesos y prácticas sociales y productivas donde se unen el pasado y el presente en la construcción de vida digna y el buen vivir en el campo.

En el marco del convenio Construyendo Paz con Equidad desde Nariño Cinep/PPP en alianza con el Comité de Integración del Macizo Colombiano- CIMA- y el Comité de Integración del Galeras - CIGA-  acompaña el proceso de los Territorios Campesinos Agroalimentarios como propuesta de construcción de paz en el departamento de Nariño.