En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, Dihc y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. Así lo revela el Informe de Ddhh del Banco de Datos del CINEP / PPP presentado hoy en el conversatorio y rueda de prensa 'El Oro y las balas' con Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Colombia sigue en noche y niebla. El Informe de Derechos Humanos y Violencia Política que realiza el Banco de Datos del Cinep y fue presentado este 27 de mayo, da cuenta del dolor y victimización que viven los campesinos, indígenas, obreros, personal LGBTIQ, defensores del medio ambiente, y en general las comunidades olvidadas y aporreadas históricamente. Hoy las víctimas más numerosas son personas y organizaciones con menos visibilidad. Ya no son las cabezas de fila de grandes sindicatos, movimientos nacionales campesinos o estudiantiles o fuerzas de izquierda alternativa.

Así se dio a conocer en el conversatorio y rueda de prensa “El Oro y las balas” que dio cuenta del panorama nacional de derechos humanos, desde la mirada del Banco de Datos, así como de la difícil situación que sobrellevan los campesinos en Sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño, quienes están más vulnerables en medio del confinamiento. La conversación, citada en YouTube precisamente debido a la cuarentena, comienza con la noticia del asesinato de Edwin Acosta en Tuquisio, Sur de Bolívar, líder minero de la zona que, como los voceros que dieron su testimonio en la rueda de prensa, trabajaba en defensa del agua, la tierra y la vida. En la conversación participaron Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Los líderes sociales denunciaron que las grandes multinacionales ejercen la explotación minera y violan los derechos humanos en sus territorios y comunidades. El bajo Cauca y Nordeste Antioqueño sufren dicha explotación desde hace más de 30 años. Allí, según narró Narciso Beleño en vivo con la presencia de medios de comunicación y más de 500 personas conectadas, el pequeño minero artesanal es tratado legalmente como las grandes multinacionales que explotan el oro y es catalogado como ladrón y testaferro de este mineral.

El Bajo Cauca antioqueño sigue siendo territorio de grupos paramilitares, quienes todo el tiempo se disputan el territorio, afectando a sus habitantes por medio de asesinatos, amenazas y desapariciones. Según lo hablado en el conversatorio, hay una plena relación entre el oro y las balas en el sur de Bolívar, que enfrentó el exterminio del paramilitarismo para beneficiar a multinacionales como la Anglo Gold Ashanti.

El gobierno nacional tiene en total abandono a estas subregiones del país y apoya a las grandes multinacionales extractivistas.

Además, miembros del Ejército Nacional se encuentran involucrados en varios asesinatos de campesinos de la región. Hacen operativos sin asumir las consecuencias de estos hechos, tal como se señaló en el conversatorio relatando los casos de asesinato de Ariolfo Sánchez; campesino en Anorí, Antioquia, y otros tres heridos el 26 de mayo en río Guayabero, ambos casos en operativos de sustitución forzosa de cultivos de uso ilícito.

En el espacio se detalló que los líderes sociales siguen siendo blanco de ejecuciones, amenazas y atentados en un porcentaje importante. Según el Informe que presentan las revistas Noche y Niebla No 59 y No 60, correspondiente al período entre el día 01 de enero y 31 de diciembre del año 2019, los líderes ejecutados ascendieron a 82, los amenazados fueron 102 y los que sufrieron algún tipo de atentado suman 57.

En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, al derecho internacional humanitario y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. La fuerza pública fue el principal represor de las protestas sociales y de la exigibilidad de derechos. Además, 522 personas perdieron la vida por medio de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos u homicidios en el año 2019, y se dieron 7 “falsos positivos” por parte del Ejército.

Alejandro Angulo, sacerdote jesuita e investigador del Banco de Datos, señaló que el paramilitarismo ha matado a más gente en dos meses que la pandemia del COVID-19. Y que el narcotráfico, la ganadería extensiva y la agroindustria son los principales abusadores de las comunidades, provocando graves violaciones de derechos humanos.

“No existe en Colombia un sistema judicial que garantice la vida de las personas. Por el contrario es garante de la impunidad en un gran porcentaje”, explicó Angulo.

Por otro lado, Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP/PPP, se preguntó qué acciones pueden permitir que la presencia del Estado en las regiones no se manifiesten únicamente con la fuerza o la acción represiva. Para Guerrero, se necesitan transformaciones políticas y de fondo relacionadas con la economía y la participación. Manifestó además que el informe de Noche y Niebla "es un esfuerzo por hacer visible la crítica situación de violación de derechos y reducir la vulnerabilidad de las víctimas, porque cuando esto no se conoce, se cubre y se blinda a los victimarios y se motiva la continuidad de los crímenes".

Otro sector que ha sido victimizado de manera ascendente es el conformado por desmovilizados de la insurgencia que se acogieron al proceso de paz. En el año 2019 fueron asesinados 25 desmovilizados, mientras que 11 de ellos fueron víctimas de atentados o amenazas contra su vida

¿Esto es un país de buenos muchachos o una guarida de asesinos constitucionalmente asentados?, se preguntó Angulo. Las pérdidas humanas no se recuperan de ninguna manera pero nadie hace ningún esfuerzo por evitar que sus habitantes sean exterminados, agregó.

Vanessa Álvarez, de la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, señaló que las regiones del sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño se encuentran en una crisis humanitaria en este momento debido al desplazamiento, amenaza y asesinato de sus pobladores. El fenómeno paramilitar en alianza con Fuerza Pública es algo que afecta directamente a los líderes y lideresas sociales de la región. Es más rentable el oro que la cocaína para las mafias que controlan la economía de la región.

Más de 500 hombres pertenecientes a la fuerza pública se encuentran en esta región del país y esto ha incrementado los asesinatos y desplazamientos del sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño y nordeste antioqueño.

Además, los daños ambientales por el uso de mercurio en la explotación de oro en la región del sur de Bolívar, son incalculables diariamente.

Preocupa que la dinámica actual de la violencia político social conduce a la impunidad. La estrategia de ocultamiento de la verdad nos muestra que las víctimas más numerosas están ahora en personas u organizaciones con menos visibilidad. "La clave para evitar la continuidad del genocidio es la solidaridad, para ganar el proyecto del bien común", dijo el padre Alejandro Angulo.

Las víctimas más numerosas están ahora en campesinos de veredas humildes, en integrantes de resguardos indígenas, en personas LGBTIQ, en obreros, en marginados, en reclamantes de tierra, en integrantes de mesas de víctimas, en miembros de comités defensores del medio ambiente, de opositores a mega proyectos depredadores o a empresas de minería o hidrocarburos que usurpan y envenenan las fuentes de agua.

En este enlace encuentra el conversatorio completo: https://youtu.be/__YJ1255AuA

En el siguiente enlace encuentra la Revista Noche y Niebla 60 con el Informe de Ddhh 2019: https://www.nocheyniebla.org/?p=1552

 

Por: Alejandro Burgos y Katalina Vásquez G.

El equipo de Derechos Humanos presentó hoy ante la opinión pública la revista Noche y Niebla n. 59º en donde se expuso el panorama de derechos humanos y violencia política para este primer semestre de 2019 enfocada en el departamento de Antioquia. En el evento participaron el director del Cinep/PPP, Luis Guillermo Guerrero; Winston Gallego y Carolina Moreno, de la Corporación Jurídica Libertad del Banco de Datos de Antioquia; Javier Giraldo, S.J., investigador de Derechos Humanos del Cinep/PPP y Alejandro Angulo, S.J., coordinador del equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP.

Los voceros hicieron un balance de las violaciones de derechos humanos y violencia política que recoge la revista a lo largo de sus páginas. Luis Guillermo Guerrero resaltó el propósito de la publicación, “reducir la vulnerabilidad de las víctimas ya que el desconocimiento y la invisibilidad de lo que ocurre puede llegar a proteger y blindar a los victimarios y a encubrir la continuidad de estos crímenes”. Una de las miradas del balance de esta publicación es el fortalecimiento del paramilitarismo, la revista recogió 157 amenazas de muerte por parte del grupo armado entre enero y junio de 2019. Así mismo, las ejecuciones extrajudiciales fueron 19 para este mismo periodo. Las detenciones arbitrarias de la Policía Nacional suman 32 personas y hay testimonios de 6 ejecuciones, además de otras violaciones por parte del Ejército Nacional.

Javier Giraldo, S.J., destacó el nuevo enfoque para esta publicación, “mirar cómo se están realizando en la cotidianidad la persecución y exterminio del liderazgo social de base”. La revista recopiló 48 asesinatos de líderes sociales en todo el país entre enero y junio de este año, también se presentaron 37 atentados y 54 amenazas entre líderes, lideresas y comunidades que trabajan por la defensa de los derechos humanos, además 12 asesinatos de desmovilizados en su mayoría de las FARC. Una de las mayores problemáticas de estos casos es que se desconocen los victimarios, “hay un máximo nivel de clandestinidad, que hace imposible investigar y saber la identidad del victimario”.

Carolina Moreno se refirió a las relaciones que existen entre las violaciones de derechos humanos con el modelo de desarrollo del departamento de Antioquia, “estas visiones atienden a intereses particulares de grupos económicos y algunos políticos, que además hacen presencia en las diferentes regiones”. Según Carolina, megaobras y megaproyectos como el Túnel de Oriente, la hidroeléctrica Hidroituango, entre otros, son los causantes de desplazamientos, masacres y asesinatos. Por otro lado, el desempleo, la seguridad, la pobreza y la informalidad en Medellín han aumentado durante este año convirtiéndola en una de las ciudades más desiguales de América Latina.

Winston Gallego expuso el caso del Bajo Cauca antioqueño planteando, “es la región más pobre del departamento de Antioquia” y resaltó, “han asesinado 26 líderes sociales. La mayoría eran del PNIS(Plan Nacional Integral de Sustitución)”. Después de la desmovilización de las FARC, el Bajo Cauca vivió un incremento de la violencia por parte de otros grupos armados que llegaron a ocupar la zona como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Caparrapos, además de disidencias de las FARC. Según Winston, el incumplimiento de la implementación de los Acuerdos de Paz impide que la situación del territorio mejore.

“La asociación y las comunidades de paz son las herramientas para combatir esa lucha contra el militarismo y el paramilitarismo en las comunidades que están cansadas de la guerra” fue el llamado que hizo Alejandro Angulo S.J.  De esta manera, Luis Guillermo Guerrero recalcó que Noche y Niebla no es una revista estadística sino para la memoria de las víctimas y que esta publicación se da en un contexto de nuevas salidas violentas y cuestionamientos alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz.

Lee aquí el informe regional Antioquia, la guerra en desarrollo

María Fernanda Vera
Equipo de Comunicaciones