Este 6 de octubre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 61 que evidencia un aumento progresivo en las victimizaciones desde 2019 y detalla como los territorios más afectados en el primer semestre de 2020 a Bogotá, Antioquia y Cauca; así mismo ubica como mayor violador de DD.HH. a la Policía. El caso de la minería de carbón, el ecocidio y el etnocidio en La Guajira también fue abordado revelando cómo, tras 40 años de explotación, no llega aún el prometido progreso.

El Banco de Datos presentó su habitual balance de Derechos humanos, DIH y violencia política en Colombia revelando que las regiones con mayor violación de derechos humanos en el primer semestre de 2020 fueron Bogotá D.C. con 182 victimizaciones; Antioquia, con 108 victimizaciones; y Cauca, con 46 victimizaciones.

Con la participación de Javier Giraldo SJ, Alejandro Angulo SJ, y Luis Guillermo Guerrero Guevara, director del CINEP/PPP,  se desarrolló un conversatorio y rueda de prensa virtual donde se socializaron los principales hallazgos de la Revista Noche y Niebla.

Según el Informe, la Policía fue el actor que más violó los derechos humanos, tomando en 2020 el primer lugar que en 2019 ocuparon los paramilitares. Este año el actor con más casos violatorios de Derechos Humanos ha sido la Policía Nacional con 296 hechos, seguida de los grupos paramilitares, con 223; y el Ejército Nacional con 106 casos. De las acciones perpetradas por las unidades de la Policía Nacional, se detalla que detuvieron arbitrariamente a 173 personas, hirieron a 59 civiles y amenazaron de muerte a 37 más.

En la conversación se llamó la atención sobre el aumento de las victimizaciones en el último año y medio pasando de 446 en el primer semestre de 2019, a 532 en el segundo semestre del año pasado. De enero a junio de 2020, las victimizaciones suman ya 609. Es decir, hay un aumento de 163 casos con relación a 2019. 

“¿Quién está matando de manera tan desenfrenada a líderes sociales, firmantes de paz y comunidades? En este país la justicia está aferrada a métodos trillados e inútiles”, expresó Javier Giraldo SJ durante el conversatorio.

También, se mostró preocupación por las acciones perpetradas por tropas del Ejército Nacional, quienes entre enero y junio de 2020 fueron responsables de 32 amenazas de muerte, 33 detenciones arbitrarias y 19 heridos y 4 casos de tortura. En cuanto a violencia político social fueron victimizados 192 líderes sociales de base en el primer semestre del año 2020. Las víctimas ahora son, en su mayoría, personas u organizaciones con menos visibilidad en los territorios.

De las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, la Revista Noche y Niebla no 61 documenta que los departamentos más afectados fueron: Cauca, con 103 infracciones; Bogotá, con 33 infracciones y Nariño, con 27 infracciones. Los que más infringieron el DIH fueron la guerrilla -incluye disidencias-, con 100 hechos; los grupos paramilitares, con 66 hechos; combatientes, con 36 hechos y el ELN, con 21 hechos.

Asimismo, 216 personas vieron vulnerado su derecho a la libertad. Por último, el Banco de Datos tuvo conocimiento de 4 victimizaciones por desaparición forzada e involuntaria y 6 victimizaciones por violencia sexual durante el semestre.

Minería y des-arroyo

María de los Ángeles García, de la Comunidad Afro de Manantialito y la Veeduría Akuaippa y Mónic López fueron las voceras de los pueblos de La Guajira que están viviendo las afectaciones de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.  

En La Guajira sufrimos la escasez de agua, de alimentos, y derechos por la empres Cerrejón”, aseguró María de los Ángeles García de la comunidad afro de Manantialito.

Mónica López Pushaina, vocera de la Comunidad Wayú aseguró que:

“La minería en La Guajira está acabando con nosotros”: 

¿Valen la pena las violaciones de los derechos humanos de la población del Cerrejón para obtener una ganancia económica de unos pocos afortunados? se preguntó el sacerdote Alejandro Angulo, del Banco de Datos.

Noche y Niebla incluye en esta edición un artículo regional preparado por el equipo de Interculturalidad del CINEP/PPP, el cual devela una vez más la incumplida promesa del desarrollo tras más de 40 años de explotación minera en La Guajira -uno de los departamentos más pobres de Colombia-. En la rueda de prensa las mujeres wayuú y afro detallan el etnocidio y el ecocidio que viven, tras 14 fallos judiciales que han rafiticado la vulneración de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos a la vida, al agua, a la salud, la consulta previa, la seguridad alimentaria, autonomía étnica, integridad cultural y la tierra, entre otros.

En el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día, lo suficiente para alimentar a 150 mil personas: El 40% de los cursos  de agua en ese departamento se ha perdido a partir de la actividad minera aumentando el estrés hídrico y la crisis de acceso al agua en un departamento que vive una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la pandemia del Covid-19.

Con Noche y Niebla, el CINEP/PPP ofrece una mirada de la difícil realidad de los derechos humanos en Colombia desde su aproximación, pues la misma violencia, los mecanismos del silencio y el silenciamiento de las víctimas, así como la impunidad instaurada, impiden recoger la totalidad de los hechos.


  

Por: Comunicaciones CINEP/PPP

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Los hechos fueron dolorosos e indignantes. Tras el homicidio de Javier Ordóñez, en dos días de protesta, fueron catorce las personas asesinadas con arma de fuego en Bogotá y Soacha y cerca de trecientos entre ciudadanos y policías lesionados, según el balance nacional del Ministerio de Defensa. La mayoría de fallecidos y heridos fueron jóvenes, mujeres y hombres. De nuevo son ellos quienes en el país son víctimas de la polarización y la violencia. ¿Por qué en lugar de oportunidades de educación y de trabajo decente y estable para la juventud, la sociedad y el Estado propicia la pérdida de sus sueños y sus esperanzas?

Lo que vimos en Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Barranquilla, Tunja y otras ciudades del país ha sido una fuerte expresión de protesta juvenil que indignada rechazó el equivocado e infame uso excesivo de la fuerza policial, detenciones arbitrarias y hechos de tortura contra civiles inermes. Si nadie hubiera salido a protestar en la calle y, en su lugar, el silencio hubiese imperado, sería la comprobación indiscutible del alto deterioro moral de nuestra sociedad. Pero afortunadamente los jóvenes se pronunciaron.

Otro asunto muy diferente fue el indeseable vandalismo que se presentó y en el cual algunos medios centraron la atención de la opinión pública. La destrucción de los CAI de la policía, de los buses y algunos locales comerciales, es un hecho oportunista de quienes buscan sacar partido de la protesta legítima, bien para sembrar zozobra o para estigmatizar la protesta social y justificar la errática represión frente al descontento.

Desde algunos sectores de la sociedad se pide una urgente y planificada transformación del cuerpo policial. El profesor Alejo Vargas la resume así: mejorar el proceso de selección de los miembros; profundizar el proceso de formación de los agentes y la centralidad que deben tener el tema de los Derechos Humanos, más allá de un curso de algunas horas debe ser una dimensión importante en la formación. Otro punto es la apropiación de la doctrina operacional de la policía, sus preceptos éticos y legales donde se fundamenta su actuación, de manera que sus miembros tengan clara su identidad como servidores públicos, dedicados a la protección a la seguridad y el cuidado de la convivencia ciudadana, enfatizando la prevención, mostrando sus valores éticos en sus actuaciones y por este camino ganar la confianza y el respeto de la ciudadanía y, finalmente, el fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas a las sociedad y a sus instancias superiores.

El domingo trece de septiembre el arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio expresaba en la homilía del canal RCN televisión, a propósito de los hechos vividos: “Ha sido una semana complicada, muy difícil en Bogotá con muchas heridas, con muertes, con destrucción y también en el país y en el mundo. Queremos empezar una semana distinta, una semana donde aprendamos a escucharnos. Por eso, nos están proponiendo que, para respetar la vida y para construir la paz, es necesario que nos escuchemos. Las regiones necesitan ser escuchadas, los indígenas, los campesinos, los que están sin empleo. Escucharnos para que no sea necesario destruirnos ni agredirnos, para encontrar el diálogo sincero y el silencio que valora el mensaje del otro. Escuchar su vida, su historia, sus necesidades, su clamor y poder tender una mano. El Papa nos propone algo que llama mucho la atención pero que es desafiante: la amistad social. Que debe ser vivida con humildad. Necesitamos liderazgo, para construir la amistad social, no para protagonismos aprovechando el luto, el duelo, el dolor, la muerte y la confusión. No necesitamos liderazgos llenos de vanidad, no necesitamos liderazgos orgullosos, necesitamos nuevos liderazgos al servicio de la amistad social. Liderazgos sin armas, sin violencia, sin necesidad del odio, liderazgos con sabiduría, para reclamar nuestros derechos con inteligencia, respetando la vida del otro”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Tras el homicidio del abogado Javier Ordóñez, en dos días de protesta son 14 las personas asesinadas con arma de fuego, y 76 heridos solo en Bogotá. La alcaldesa Claudia López, asegura que la Policía le desobedece. ¿Quién está tras las órdenes? ¿Quiénes responden? ¿Quiénes nos cuidan? Organizaciones sociales exigen reforma a la Policía, judicialización, y cambios estructurales para que las instituciones sirvan al pueblo, no que lo masacran cuando expresa su descontento o promueve el Acuerdo de Paz.

María del Carmen, Eidier, Julieth, Andrés, Jaider, Fredy, Germán, Julián, Angie, Cristhian, Lorwan, Gabriel y Javier, en su mayoría jóvenes, que fueron asesinados en medio de las protestas que desató la muerte del abogado Javier Ordónez a manos de policías del CAI de Villa Luz, en Bogotá. Las calles volvieron a llenarse de manifestaciones masivas en rechazo al asesinato de ciudadanos por la Policía. ¡Nos están matando! Es la expresión ciudadana que se refiere también al homicidio de líderes sociales. Tan solo ayer cayeron Cristóbal Ramos y Jhon Jairo Dávila, al tiempo que Yoni Valdés fue víctima de un atentado. 

El descontento general que se expresa en las calles y en la virtualidad lleva por consigna la justicia por el asesinato continúo a quienes, en ejercicio del derecho a la protesta, reciben como respuesta la muerte por parte de las fuerzas que deberían protegerles. Además, en medio de la crisis social generada por la pandemia, la situación humanitaria en general del país se deteriora. A la par con el regreso de las masacres, el desplazamiento forzado, las ejecuciones judiciales, no hay garantías para la protesta. El deterioro del panorama humanitario, y en general de la garantía de los derechos del pueblo colombiano han derivado en una situación de orden público donde los asesinatos y uso desmedido de la Fuerza Pública siguen protagonizando. 

“El poder político y la fuerza deberían ser neutral, servir a toda la población en vez de estar al servicio de los ricos”, opina Alejandro Angulo del Cinep/PPP. Los hechos de violencia de parte de la Policía hacia los ciudadanos y manifestantes no son hechos aislados y responden a un movimiento mundial que se agudiza por el disgusto de las ciudadanías frente a las injusticias que cometen los Estados, explica el padre Angulo.  

Según la Campaña Defender la Libertad a las 10:30 pm del 10 de septiembre, 128 personas estaban detenidas en la capital colombiana. Algunas de ellas menores de edad, otras, habiendo pasado más de 26 horas retenidas sin que un juez conociera su proceso. Las denuncias sobre la actuación de la Policía en las noches del 9 y 10 de septiembre van más allá de una detención irregular. Abundan los videos que evidencian uso excesivo de la fuerza, tratos crueles, detención a personas defensoras de DD.HH, capturas y procedimientos irregulares, como hombres de civil intercambiando armas con uniformados y disparando en Bogotá. En Medellín se registraron motos con dos hombres a bordo sin uniformes ni placas y con armas cortas. Los disparos de armas de fuego y explosivos plagaron las protestas de ayer también en Barranquilla, Cali, Tunja y otros municipios colombianos.

“El uso de armas de fuego en las protestas es injustificable” expone Angulo, sacerdote jesuita, que hace décadas registra junto al equipo del Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política las violaciones a los derechos humanos de los colombianos dejando en primer lugar a la Fuerza Pública.

Angulo asegura además que hay una responsabilidad compartida en los focos y actos de protesta, dejando ver los pedidos y las exigencias con contundencia pero sin destrucción ni vandalismo. Hay que evitar que las justas luchas sociales se conviertan en actos vandálicos, asegura, y revisar el entrenamiento de la Policía.  Según la alcaldesa de Bogotá Claudia López los policías “desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía”, y cuestionó a quién obedecen. En ese sentido, hizo un llamado a la “justicia, acción y reforma” de este cuerpo.

Por su parte, plataformas de DDHH. y organizaciones expresaron esta necesidad, señalando que es necesaria una doctrina en la fuerza pública que se adecúe a la transición hacia la paz, lo que también implica que la Policía Nacional esté subordinada al Ministerio de Interior, y no al de Defensa, como ha sido hasta ahora. También piden el fin de la justicia penal para los policías, y llevarlos a la ordinaria. 

El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Cement Voule, expresó que: Los autores de uso excesivo de la fuerza deben ser sancionados, y son necesarias reformas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a la Fuerza Pública a garantizar el derecho a la vida, la integridad y la libertad de manifestación. 

En el tercer día consecutivo de movilización social tras el asesinato de Javier en Bogotá, después de que policías le aplicaron un teaser electrónico y una golpiza tras llevarlo al CAI, los jóvenes y ciudadanos se dieron cita en las calles y principales ciudades de Colombia. Otras expresiones culturales y pedidos de resistencia pacífica se convocan para este fin de semana en decenas de municipios del país. 

Por:  Juanjosé Gutiérrez y Katalina Vásquez. Comunicaciones CINEP/PPP

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Desde el año pasado, antes de la pandemia, el aumento del desempleo juvenil en Latinoamérica ya estaba en niveles alarmantes. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, el aumento de desempleo juvenil en el continente se ubicó en el diecinueve punto ocho por ciento. La cifra más alta en los últimos veinte años.

Según el profesor Roberto Sánchez Torres, de la Universidad Nacional de Bogotá, esta situación se debe a tres factores: Primero, la menor experiencia de los jóvenes como barrera para entrar al mercado laboral. Segundo, hay una desconexión entre el aparato productivo y el sector educativo, las personas se capacitan en carreras que no se necesitan y, tercero, los jóvenes pueden durar más tiempo sin empleo a diferencia de las personas jefes de hogar.

Por otra parte, asegura Sánchez, la tasa de desempleo en las mujeres jóvenes es más alta que la de los hombres. La población juvenil con carreras universitarias tiene una tasa mayor de desempleo y quienes tienen pocos recursos económicos terminan aceptando cualquier tipo de trabajo sin importar la precariedad del mismo. Las ciudades más impactadas, antes de la pandemia, por el fenómeno del desempleo juvenil son: Quibdó con el veinte siete punto nueve por ciento, Florencia con el veinticinco punto tres por ciento, Ibagué con el veinticinco punto dos por ciento, entre el veinticuatro y el veinte por ciento están Armenia, Riohacha, Cúcuta, Santa Marta, Tunja, Cali, Manizales, Montería y Pasto y, por debajo del veinte hasta el catorce por ciento se ubican Sincelejo, Neiva, Villavicencio, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Pereira. Ahora con el Covid-19 las tasas se han elevado entre diez y cinco puntos porcentuales, llegando a una situación desafiante e insostenible para la población juvenil y sus familias. El Dane presentó su informe sobre mercado laboral de la juventud durante el trimestre abril a junio de este año, mostrando una tasa de ocupación juvenil de treinta y tres punto siete por ciento, lo que significa una disminución de doce y medio puntos porcentuales, comparado con el trimestre abril-junio del año pasado, que alcanzó un cuarenta y seis punto dos por ciento, impactando por igual a hombres y mujeres.

Frente a este fenómeno el gobierno nacional ha establecido algunas políticas públicas para que la juventud de los contextos urbanos, no así los rurales, tengan el primer empleo y se fomente los emprendimientos autónomos, pero es insuficiente. Las estrategias son débiles y no apuntan a las causas de fondo ya expuestas.

Además de las siniestras masacres que han golpeado a miles de jóvenes en diversas regiones del país, en medio de la violencia que aún persiste, el presente y futuro del empleo y de las actividades económicas de los trece millones de jóvenes en el país, entre los catorce y los veintiocho años está al garete y sin alternativas viables y concretas.

En marzo del año pasado, en la exhortación postsinodal Christus Vivit dirigida a los jóvenes, el Papa Francisco considera la importancia que tiene el trabajo para ellos y ellas, y dice: “No siempre un joven tiene la posibilidad de decidir a qué va a dedicar sus esfuerzos, en qué tareas va a desplegar sus energías y su capacidad de innovar. Porque además de los propios deseos, y aún más allá de las propias capacidades y del discernimiento que uno realice, están los duros límites de la realidad. Es verdad que no puedes vivir sin trabajar y que a veces tienes que aceptar lo que encuentres, pero nunca renuncies a tus sueños, nunca entierres definitivamente una vocación, nunca te des por vencido. Siempre sigue buscando, al menos, modos parciales o imperfectos de vivir lo que en tu discernimiento reconoces como una verdadera vocación”

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

 

Creatividad cotidiana y motivar indagación del pasado sin olvidar el aquí y el ahora: elementos  hacer memoria

La construcción de memoria se está trabajando en los colegios de Bogotá incluso antes del posacuerdo. Las experiencias se presentaron en el Foro Pedagogías para la re-significación de la vida. Memoria y reparación en la escuela, el 24 de noviembre, convocado por la Secretaria de Educación Distrital y el CINEP/PPP.

Jorge Aponte, docente Universidad Pedagógica Nacional (UPN), ha trabajado el tema de la genealogía de la enseñanza y explicó en su intervención que, desde el proyecto que realizan, la memoria puede ser una posibilidad de transición para superar el conflicto. Desde hace dos años la UPN trabaja con sus estudiantes en la línea de investigación de los estudios de la memoria, que generalmente se ha desarrollado en países que han vivido conflictos complejos.

Dentro de sus pedagogías, Aponte afirmó que no se puede obligar a aprender, por lo que no resulta útil imponer una serie de contenidos prediseñados. Insistió en que es necesario producir las condiciones para despertar en los estudiantes el deseo, la curiosidad y el afecto de indagar el pasado y comprenderlo desde su presente.

A partir de este proyecto, proponen un enfoque pedagógico de enseñanza desde la historia reciente. Han realizado trabajos donde vinculan el pasado y el presente, y Aponte destacó como experiencia exitosa invitar a las aulas a personas que trabajan temas políticos y de DD.HH. para hacer más comprensibles los temas.

Laura Rodríguez, investigadora del CINEP/PPP, presentó la estrategia pedagógica “La travesía de la luz” que se ha implementado con niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas del conflicto armado, en instituciones educativas distritales. Por medio de la creatividad cotidiana, con actividades artísticas de las que participan, se busca fortalecer en los NNA la capacidad de apropiación de su historia de vida. El trabajo se realizó con colegios de las localidades de Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme; lugares donde se concentran la mayoría de las 30.000 personas víctimas que viven en la capital.

Al finalizar el evento, surgieron dudas sobre el papel de los docentes víctimas del conflicto y las posibilidades de desarrollar sus proyectos de memoria. Además, se propuso multiplicar las estrategias creativas de “La travesía de la luz” para aplicarlas en otros colegios.