En el Día Nacional de los Derechos Humanos, conmemoramos a San Pedro Claver, en cuya obra encontramos algunos de los valores que resulta relevan tes para la defensa de los derechos humanos: el respeto a la dignidad del otro, la igualdad, la solidaridad y la justicia.

En Colombia, el día de los derechos humanos –que casi siempre coincide con la Semana por la Paz— es el 9 de septiembre. Esta fecha se ha establecido como homenaje al jesuita español San Pedro Claver (1528-1654). Nació en Verdú, España, vino a estas tierras de misión recién entrado a la Compañía de Jesús. En Tunja y Bogotá hizo sus estudios eclesiásticos y fue ordenado sacerdote. Luego le enviaron a Cartagena de Indias donde pasó el resto de su vida dedicado a evangelizar y tratar con dignidad a los esclavos negros que eran traídos de África a Cartagena de Indias, ciudad donde eran comercializados como cualquier mercancía.

Si bien en la época de San Pedro Claver la humanidad aún no había logrado desarrollar un concepto de derechos humanos tal como los conocemos hoy, el reconocimiento que Claver hizo de la dignidad de los esclavos a través de su misión evangelizadora fue un paso inmenso en la afirmación de su igualdad en relación con el resto de los seres humanos. Quienes no leen críticamente y en contexto los hechos históricos, acusan a San Pedro Claver de bautizar a la fuerza a miles de esclavos africanos, desconociendo con ello que, en esa época, la mejor manera –si no la única— de igualar blancos y esclavos era el bautismo. Así, por obra y gracia de la recepción de este sacramento, los esclavos se convertían en “seres humanos” en un entorno social en el cual los negros eran considerados y tratados como animales. La audacia de San Pedro Claver consistió justamente en romper los esquemas sociales del momento dándoles trato humano y digno a los esclavos africanos; esto explica su afán de cuidar de ellos curando sus heridas y cristianizarlos mediante el bautismo y la catequesis. Misión que le trajo al santo no pocas dificultades al interior de la Compañía, la sociedad de la época y su establecimiento.

La defensa de los derechos humanos hoy, inspirada en la ética cristiana que profesó San Pedro Claver en la sociedad esclavista de su tiempo, nos trae varios retos de los cuales señalaré algunos: los derechos humanos están fundamentados en la igualdad de los seres humanos. En términos teológicos esto significa que los derechos humanos se respetan a todos –hombres y mujeres— porque compartimos una misma condición de igualdad que nos da el ser hijos de Dios, imago Deo (Encíclica Pacem in Terris, Juan XXIII, 1963, parágrafos 9, 36). El reto es, por lo tanto, superar los derechos humanos como discurso y ubicarse en la realidad propia de las víctimas, de los excluidos y oprimidos de nuestras sociedades. Es la exigencia de la igualdad desde la experiencia de la desigualdad, de la exigencia de un trato humano desde realidades que nos hacen vulnerables. Desde esta perspectiva, nuestra proximidad a las víctimas se modificaría sustancialmente, pues ésta se haría desde su propia realidad, desde el “no poder”.

Otro reto es lograr un sano equilibrio entre el aspecto individual y comunitario de los derechos humanos. Si bien es cierto que éstos fueron formulados como defensa de los seres humanos en cuanto seres humanos y les protege de amenazas y atentados contra la vida, libertad y dignidad provenientes en la mayoría de los casos de los Estados y los poderes que los conforman, es menester reconocer que un desmedido acento vindicativo e individualista de los derechos humanos puede dejar de lado su aspecto societal, necesario para la construcción del bien común. Por el contrario, un marcado acento en su aspecto social y comunitario podría conducirnos al riesgo de ahogar al individuo en fenómenos colectivos (por ejemplo, nacionalismos exacerbados) fácilmente manipulables por ideologías y caudillismos. Quizás si pensamos en los derechos humanos como aquellos que permiten a los individuos insertarse en comunidades políticas donde hay espacio para la autonomía personal y la construcción de proyectos colectivos, lograríamos el sano equilibrio antes anunciado. En otras palabras, tenemos el reto de hacer de los derechos humanos un instrumento que ayude a construir el tejido social donde todos somos responsables de nosotros mismos y de otros.

Continuando la línea anterior y como tercer reto, el cuidado de la creación nos exige pensar en el valor y la fragilidad de la naturaleza, descentrándonos de nosotros mismos y limitando nuestro poder (Encíclica Laudato Si, Francisco, 2015, Nro. 78). La urgencia del cuidado de la casa común rompe el paradigma liberal e individualista de los derechos humanos y nos hace responsables de obtener niveles de desarrollo y calidad de vida en armonía con la naturaleza (LS, Nro. 147). La integración de los derechos humanos --en su aspecto más subjetivo— a la naturaleza, pasa por la vivencia profunda del cristianismo que de ninguna manera está desconectada de las realidades del cuerpo, de la naturaleza y el mundo (LS, Nro. 216).

San Pedro Claver no fue un defensor de los derechos humanos en el sentido que hoy entendemos; en cambio, fue un misionero que se comprometió a fondo en el acompañamiento de los esclavos en Cartagena de Indias. En su labor misionera encontramos valores intrínsecos que la modernidad constituye fundamento de los derechos humanos como son el respeto a la dignidad, la igualdad, la solidaridad y la justicia. Así mismo, hoy, podemos reconocer que los derechos humanos tienen un alto contenido ético-cristiano, el que se apuntala en el principio de dignidad para todos los seres humanos sin distinción alguna.

Por: John Montoya Rivera S.J.

Con una movilización repleta de expresiones culturales la comunidad de La Boquilla, Cartagena, respaldó al Consejo Comunitario de esa localidad en su lucha por defender la titulación de 39 hectáreas que les fueron adjudicados años atrás y que un Tribunal de Bolívar pretende quitarles con un acto administrativo. Compartimos la mirada de la investigadora del Cinep/PPP Leidy Laura Pernet.

"Viene la ola

La Boquilla está en la zona

Tierra nuestra, la defendemos ahora

¡Gente negra!

¡Resistencia!

Ponte pilas que se quedan con la tierra".

Estrofa adaptada de la champeta “La Marea”.

La Boquilla es una comunidad negra al norte de Cartagena. Entre la Ciénaga de La Virgen y el mar Caribe se ubica esta población que, históricamente, ha sido integrada por pescadores, masajistas, restauranteros y restauranteras, entre otras personas que desempeñan oficios vinculadas al mar y la cría de animales. En 2012 el Consejo Comunitario de La Boquilla logró la titulación colectiva de 39 hectáreas baldías, adjudicadas a 10 mil familias. La entrega de esta titulación hizo parte de la agenda de la Cumbre de las Américas, que en ese año tuvo lugar en Cartagena.

Sin embargo, el pasado 31 de julio del año en curso el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró, en primera instancia, la nulidad de la resolución 0467 a partir de la cual se otorgó dicha titulación. Esa sentencia constituyó un retroceso para los derechos étnico-territoriales de las comunidades negras que han sido reconocidos a partir de la acción política de los movimientos sociales. Además, desconoce que estas comunidades son sujetas de especial protección.

El derecho a la propiedad colectiva del territorio parte de reconocer la presencia ancestral de estas comunidades en el mismo, haciéndolo habitable, construyendo colectivamente relaciones productivas, reproductivas e identitarias que han posibilitado su vida ahí; de manera que, de ser expulsadas, su pervivencia material y cultural se pondría en riesgo. La titulación colectiva opera también como una forma de protección para garantizar la permanencia en el territorio, conforme a los planes de vida y la autonomía organizativa de las comunidades, ante la arremetida de los megaproyectos.

La sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, niega este avance en derechos para las gentes negras, sujetas de especial protección constitucional, y desconoce toda la normatividad internacional y nacional. El convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia, en su artículo 13 al 16 establece, entre otros aspectos, que los gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales  de los pueblos tiene su relación con la tierra o territorios, reconocer la propiedad sobre el mismo, así como sus derechos sobre los recursos naturales. A su vez, la Ley 70 de 1993, en su artículo 55 transitorio, también reconoce el derecho al territorio colectivo.

El fallo citado da cuenta del racismo estructural con el que ha operado el desarrollo turístico e inmobiliario en la ciudad, que hoy amenaza con despojar a la comunidad negra de La Boquilla, que se encuentra rodeada de grandes hoteles y edificios residenciales con vista al mar, interesados en adquirir los baldíos titulados para comercializar este suelo. Esto no es nuevo en Cartagena, que ha aplicado la segregación racial del espacio como parte del ordenamiento urbano y la modernización de la ciudad; todo un proyecto de higinienización y estetización tremendamente racista. Muestra de ello fue la desaparición en 1939 de Pekín, Boquetillo y Pueblo Nuevo, los primeros barrios afro y populares extramuros, ubicados alrededor de la muralla; esto con la intención de construir la hoy llamada Avenida Santander. Igual suerte corrieron las familias negras asentadas en Chambacú –barrio ubicado a menos de 100 metros del centro histórico- que en 1971 fueron desplazadas hacia diferentes barrios periféricos al sur de la ciudad.

Pese a esto, las comunidades negras siguen resistiendo a estas políticas racistas de la planeación del “desarrollo” en Cartagena. El 2 de septiembre el Consejo Comunitario radicó la apelación al fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar. Esta acción se acompañó de una Gran Expresión Cultural, que movilizó a la comunidad boquillera, así como a los consejos comunitarios de otras comunidades negras y raizales, movimientos y organizaciones sociales, que agenciaron una juntanza para defender el territorio contra el despojo, el acaparamiento de tierras y la gentrificación. A través de tambores, cantos, y con usos creativos del cuerpo, las voces se unieron para afirmar ¡Yo no me voy, aquí me quedo! entonando la canción de Yadira Gómez, la cantautora de La Boquilla reconocida como Chamaría de los Manglares:

Yo no me voy, aquí me quedo

Esta tierra es mía, aquí me quedo

A cría gallinas, marrano y carnero

En esta movilización, que apeló a la potencia política de lo festivo, los cuerpos –cuidándose entre sí en medio de la pandemia- se vincularon a través de una cabuya que simbolizó la tralla utilizada por los pescadores: todas y todos jalando hacia una misma apuesta política. Este fallo de nulidad ha constituido una oportunidad de seguir fortaleciendo las articulaciones en Cartagena en favor de la permanencia digna en el territorio.

Hablamos con Leidy Laura Perneth del CINEP/PPP sobre los peligros que enfrentan las mujeres por el confinamiento, los aumentos de las violencias durante la cuarentena, y las estrategias de respuesta que deberían tomarse.

La curva de la violencia contra las mujeres en cuarentena tampoco aplana. Según Sisma Mujer, durante este período, aproximadamente cada 25 horas fue denunciado un feminicidio; y cada 10 minutos se realizó una denuncia de violencia intrafamiliar.* Además, según Medicina Legal durante el primer trimestre de 2020 hubo más de 11.000 casos de violencia contra la mujer en Colombia.

Leidy Laura Perneth, investigadora de la línea de Interculturalidad del CINEP/PPP,  presenta un panorama de la difícil situación que viven las mujeres en Colombia durante la pandemia que las ha confinado con sus agresores. Perneth resalta el aumento de llamadas a la línea nacional 155 creada para denunciar este tipo de agresiones que recibió 2.209 llamadas, versus 964 del mismo periodo de 2019, según Sisma Mujer. Las llamadas provienen, principalmente, de Bogotá, Antioquia, Valle Del Cauca y Cundinamarca.

¿Es diferente el confinamiento para los hombres y las mujeres?

Definitivamente el confinamiento no tiene las mismas implicaciones para hombres y para mujeres. La coyuntura que enfrentamos por la pandemia del COVID-19 nos ha expuesto a la agudización de violencias estructurales e históricas. Los movimientos feministas han insistido en reconocer a la familia como una institución donde se reproducen relaciones de poder y de violencias que resultan en que no todas sean espacios armoniosos.

Esto es particularmente importante en la coyuntura porque la idea de la quedarse en casa no es necesariamente lo más seguro para nosotras. La mayoría de las mujeres son asesinadas por su pareja o ex pareja en su casa y el asunto se complica durante el aislamiento social preventivo porque hay más dificultades de acceder a la justicia y hay restricción en las denuncias presenciales. Habría que revisar la premisa de "quédate en casa", qué implicaciones tiene para y preguntarse: ¿Es la casa un lugar seguro cuando se trata de las vidas de las mujeres?

¿Cuáles son las principales formas de violencia contra las mujeres que se pueden presentar durante el confinamiento?

Son muchas. Hay un continuo de violencias físicas y psicológicas que siguen enfrentando las mujeres que conviven con sus agresores, esto se agrava porque hay un desestímulo hacia la denuncia con un sector amplio de mujeres que no disponen de los minutos para llamar ni de los medios para hacer denuncias virtuales. Es bueno anotar la situación de las trabajadoras domésticas, unas confinadas en las casas donde ofrecen servicios sin posibilidad de salir y otras que están siendo despedidas sin garantías por considerarlas cuerpos infecciosos y en ocasiones son expuestas a violencias raciales. Las mujeres además, según Sisma, dedican el doble del tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en sus casas (semanalmente dedican en promedio 50,6 horas, mientras que los hombres dedican 23,9). Durante el confinamiento hay un montón de factores como la virtualización de la educación, el abastecimiento y el cuidado de la salud que pasan a responsabilidad de ellas.

Por otro lado, las lideresas siguen siendo amenazadas y ahora cuentan con dificultades para desplazarse y protegerse, siendo fácilmente localizables si están confinadas. Algunas han manifestado que sienten falta de empatía cuando presentan las denuncias porque la atención está concentrada en el virus. Además, la falta de autonomía económica es un escenario que favorece la violencia porque hay muchas que dependen del trabajo informal que no pueden desarrollar durante la cuarentena. Otro escenario de violencia que es muy importante es la sexual, que resulta en que algunas mujeres queden en embarazo y tengan dificultades para acceder a su derecho a la interrupción voluntaria que no es prioridad en el sistema de salud y puede llevar a procedimientos inseguros o a maternidades no deseadas.

Foto: Consejería para la Estabilización.

El personal del sector salud también está altamente feminizado y por lo menos el 73% del personal que son mujeres que están hoy en la primera línea y que son altamente discriminadas en el transporte, espacios públicos y en sus casas por el miedo al contagio. Otro tipo de violencia es sin duda la que se está ejerciendo en los cuerpos de las personas trans, favorecida por medidas como el pico y género. Este clasifica los cuerpos en un orden binario en el que se exponen al peligro a los cuerpos ambiguos como ya sucedió en países como Perú.

¿Qué opina del aumento en la cantidad de denuncias por violencias contra la mujer y qué estrategias de respuesta recomendaría?  

Efectivamente ha habido un aumento en las denuncias durante este período. Un informe de Sisma Mujer, revela que en la línea 155 (línea nacional de orientación a las mujeres) hubo un aumento del 129,15% de llamadas. Durante este mismo período en el 2019 se recibieron 964 denuncias, y este año se recibieron 2.209. La Fiscalía ha revelado que se han presentado 19 feminicidios y ha recibido 3.069 denuncias por violencia intrafamiliar, entonces estamos notando los efectos del aislamiento en la vida de las mujeres.

Frente a las estrategias de respuesta, son importantes las sugerencias que ya han hecho organismos internacionales como ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de las Mujeres que coinciden en la importancia de contar con datos desagregados por género, estrato, etnia y raza. Deben fortalecerse los programas que ya existen para atender a las mujeres y no reducirlos.

Adicionalmente, partir de las experiencias en los territorios, creo que es importante sugerir que la ruta de atención funcione efectivamente y que puedan emitirse medidas de protección que impliquen retirar al asesor de la vivienda y garantizar que estas medidas sean entregadas por actores institucionales. La ONU Mujeres ya ha alertado sobre la violencia contra las mujeres como una pandemia que está bajo la sombra. Es importante establecer redes comunitarias sororas que rodeen a la mujer y pensar en proyectos dirigidos para que las organizaciones de base se sigan consolidando sin obviar la responsabilidad absoluta del Estado.

¿Qué recomendaría que hiciera una mujer que se encuentra confinada en casa con su maltratador? 

Es un escenario complejo y es importante anotar que históricamente una de las estrategias de los agresores ha sido restringir, debilitar e incluso fracturar redes como las familiares, sociales y laborales, es decir, hacer sentir solas a las mujeres y eso puede agudizarse en el marco de esta crisis.

Una primera sugerencia es mantener esas redes por los medios de los que dispongamos para que ayuden a activar la ruta de denuncia y atención porque a veces la propia mujer no puede hacerlo. Debemos afirmar la consigna de que no están solas.

Otro punto es entender la escuela como un espacio que puede ayudar a activar esas rutas. Muchas docentes han sido claves en identificar casos de violencia sexual con sus estudiantes y violencias intrafamiliares. Sugiero también que las mujeres tengan las líneas que han dispuesto las organizaciones porque en ocasiones las líneas institucionales no atienden o están muy congestionadas.

Según su experiencia, ¿cuál es el panorama de esta situación en Cartagena? ¿Cómo se compara con el resto del país?

La situación de Cartagena es similar a la del resto del país, sin duda, hay un aumento en las llamadas a la línea 155 en Bolívar según Sisma Mujer. En el 2019 durante este mismo período hubo 15 llamadas y para este año aumentaron a 70. En Cartagena hay muchísimas dificultades, por ejemplo, las líneas de las comisarías permanentes no funcionan y al inicio hubo mucha desinformación sobre si la atención se prestaría presencial o no.

A eso se suma la dificultad de que aún hoy, a más de diez años de la Ley 1257, muchos funcionarios no tienen formación en el tema y ejercen violencias institucionales desde el cargo que ocupan. Esto es particularmente grave porque se re-victimiza, se desestimula la denuncia y hay un ejercicio patriarcal.

Además, en Cartagena viene operando un hogar de acogida para mujeres víctimas bajo la coordinación de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y desde enero no concreta la contratación y ha resultado muy difícil para mujeres en riesgo en sus casas que necesitan salir, ser recibidas en este hogar. Hay una reacción tardía de la policía que además, tiene movilidad completa por la ciudad a diario y que es una institución patriarcal. A esto se suma que en Cartagena, que es una ciudad empobrecida en medio de la riqueza, se requieren con urgencia políticas de redistribución porque hay una brecha salarial por lo menos del 35% entre hombres y mujeres.

Foto: ONU mujeres.

¿Cómo pueden ayudar las organizaciones sociales o de mujeres durante esta cuarentena a quienes estén siendo violentadas?

Las organizaciones sociales deben mantener la comunicación con los procesos que se llevan en los territorios y deben indagar con las mujeres cómo la están pasando en la cuarentena. Muchas de estas mujeres han creado un vínculo cercano con las organizaciones y encuentran en ellas una posibilidad de alertar frente a situaciones de violencia.

También, en la medida de lo posible y si los recursos de las organizaciones lo permiten, deberían disponerse asistencias humanitarias sobre todo para las mujeres que dependen del día a día. De hecho desde el Cinep, en el proyecto específico de educación intercultural, gestionamos con Gobierno Vasco para poder destinar parte de los recursos del proyecto para apoyar a comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Sur de La Guajira y Cartagena porque trabajamos con sectores históricamente excluidos.

A nivel nacional, las organizaciones de mujeres nos hemos seguido coordinando para acompañar en organización jurídica, psicológica, en activar rutas para la atención cuando se presentan casos de violencia y proporcionando información importante. Producimos información cualitativa y cuantitativa sobre las situaciones a las que se están enfrentando las mujeres para presionar la toma de decisiones. Y tenemos que seguir insistiendo en demandas más profundas: en que tenemos que tumbar el sistema patriarcal que está vigente, en la redistribución del cuidado, en la renta básica para mujeres y leer las desigualdades que se han construido a partir de la generalización de los cuerpos.


*Datos con corte del 25 de marzo al 23 de abril de 2020.

 
Por: Paola Llinás Aragón.

Desde hace un año comenzaron en Cartagena y en el sur de la Guajira los talleres de formación política a comunidades de esos territorios. Hablamos con Jenny Ortiz y Luisa Fernanda Rodríguez, investigadoras del Cinep/Programa por la Paz que han estado al frente de este proyecto en representación de la organización. 

¿Cuál era el objetivo principal para la realización de estos talleres? 

Jenny Ortiz: Los talleres de formación política tienen la intención de aportar al proceso organizativo de las regiones en donde nosotros trabajamos. En este caso, Cartagena tenía un proceso anterior con la Escuela de Derechos Humanos y se decide seguir trabajando con la Mesa por la Defensa del Cerro de la Popa y construir colectivamente con ellos ocho talleres referentes a mecanismos de participación, derecho al territorio, género, diversos temas que le apuntan a fortalecer a la organización.

En la Guajira, se trabaja con organizaciones sociales y comunitarias y la idea es eso,  generar mecanismos de formación en procesos de participación política, en defensa de los derechos de los grupos  étnicos, en fortalecimiento de las propias organizaciones. Y los talleres tienen esta particularidad y es que se construyen colectivamente, surgen de las necesidades del contexto y de las necesidades de las organizaciones.

¿Cuál ha sido la importancia de trabajar en cada uno de estos territorios?

Luisa Rodríguez: En el sur de la Guajira, el proceso se lleva acabo con miembros de comunidades afro y de comunidades indígenas wayuu.  De las comunidades afro está Chancleta, Patilla, Roche, Tabaco, Las Casitas y de las comunidades indígenas wayuu las participantes invitadas por  Fuerza de Mujeres Wayuu, una de las organizaciones más fuertes en el sur de la Guajira y que ha trabajado el tema de los procesos organizativos frente a los impactos de la mega minería en los diferentes territorios y comunidades como El Rocío, la Horqueta y sobretodo el resguardo Lomamato.

Se trabaja con estas comunidades porque son las principales afectadas por la minería de Cerrejón, porque son las que conocen su territorio.  Además,  en el caso de las comunidades afro, están en proceso de inter reconocimiento como comunidades étnicas para ampliar las posibilidades de su territorio frente al Estado. Y ahí entra otro de los objetivos de este proceso de formación, frente a la ausencia del Estado en la Guajira pero además frente a la falta de reconocimiento como comunidades con derechos especiales, hace falta todo un proceso de formación en derechos étnicos, por eso se trabaja con estas comunidades y además todas coinciden que lo principal a defender es el territorio. 

J:  En ambos lugares coincide que es un proceso de formación política frente a un modelo de desarrollo. En el caso del sur de la Guajira, es el asunto del extractivismo. En el caso de  Cartagena, es el modelo de desarrollo turístico.

Las cuestiones diferenciales frente al sur de la Guajira son que  en Cartagena la mayoría de la población es afro y pobló el cerro de la Popa desplazada de Montes de María, de María la baja, del sur de Bolívar. Pero además al ser un sector urbano Cartagena, no hay reconocimiento de derechos territoriales. La esencia del territorio ahí no está amparada por un resguardo o un consejo comunitario como en el caso del sur de la Guajira sino que está amparada con procesos organizativos populares, juntas de acción comunal, trabajo organizativo de base. 

Esto se afronta con acciones jurídicas frente al despojo que ha habido en los asentamientos urbanos producto del modelo de desarrollo turístico. Y esto se convierte en un modelo de ciudad para el turista blanco, europeo, etc.  Por otro lado, se encuentran en un estado de vulneración de sus derechos. Viven en contextos urbanos pero sus necesidades básicas no están garantizadas, como el acceso al acueducto, al alcantarillado, a las basuras, la electricidad.   También ha sido muy fuerte la discusión de género,  hay muchas mujeres en condiciones de profunda vulneración de derechos y hay un proceso organizativo fuerte  desde la base y que pretende transformar las relaciones de género.

Otro componente transversal es la defensa del medio ambiente. Importante para ellos conocer cuáles son los proyectos de desarrollo que vienen para la región, y cómo se pueden articulan en defenderla, en conocerla y en saber cuáles son los impactos ambientales.

¿Cuál es el balance al cierre de los talleres de formación, cómo se ha visto ese progreso de las personas y las organizaciones?

L: En ese sentido, en la Guajira los temas tratados en los talleres fueron consulta previa, derecho al consentimiento, consulta autónoma, fundamento de los derechos étnicos, derecho al territorio, entender cuáles son los impactos del extractivismo en  las mujeres y por qué es diferente a lo que viven los hombres.

El tema de los reasentamientos que en el caso de la Guajira son 5 comunidades reasentadas parcialmente. Frente a toda esta variedad, el balance podría ser, que se aclara para ellos - para la diversidad de participantes que vienen de diferentes comunidades-  cómo organizarse de la mejor manera para defender algo común que es el territorio. Además de esto, poder analizar de manera crítica procesos que se creen que son positivos como la consulta previa, por ejemplo.  Y mirar todos los matices que tienen esos procesos al igual que en los procesos de reasentamiento. En términos generales es darles una serie de herramientas para que ellos puedan decidir frente a todo un proceso de interlocución y negociación que es totalmente desequilibrada con la empresa.

J: Podemos hacer un balance en dos sentidos; en el caso de Cartagena, hay dos factores que son interesantes y un reto que añadiría y es el proceso que han tenido los encuentros.  El primero fue en Barrancas y los líderes de las diferentes organizaciones presentaron al resto de los participantes sus problemáticas en el sur de la Guajira.  Y ahora que fueron a Cartagena,  los líderes de las organizaciones sociales dieron ese contexto de qué es lo que está pasando en Cartagena.  Fue muy interesante porque en  ambos nodos de formación empiezan a conocer qué es lo que está pasando en los otros territorios y al mismo tiempo comienzan a encontrarse, a sugerirse y a asesorarse.

Eso lleva al primer reto y es empezar a articular como región estas problemáticas.   Ir buscando las formas de tejer y de relacionar estos procesos y eso para nosotros es muy importante para comprender la región.

Y otro reto tiene que ver con la asesoría jurídica.  Son comunidades que han luchado y se han organizado y han aprendido políticamente en el camino, pero hay una alta exigencia de asesorías jurídicas. Es un reto muy significativo que hay que seguir trabajando porque entonces empieza también a dar unos niveles de exigencia.

Y un segundo asunto que justo es resultado de este último taller en la Guajira es el tema del género. Tanto en Cartagena como en la Guajira cuando se hace el taller de género las mujeres somos las interpeladas las que hablamos, las que nos empoderamos y por los hombres no pasa nada.  Y es un reto para el proyecto, empezar a construir y reflexionar sobre las masculinidades en estos contextos. Cómo se construyen estos hombres nuevos, cómo las concebimos en la reflexión porque atraviesan todas las cotidianidades, de las mujeres, de los hombres y de las comunidades.

L: Un balance positivo sería que este proceso de formación política es como una gran semilla para empezar a construir y fortalecer procesos en los que ellos se constituyan como sujetos y sujetas políticas de derechos frente a problemáticas territoriales, y conflictos territoriales que son comunes en la región y pues frente a eso encontrar estrategias tanto individuales como colectivas de defensa del territorio. Que el proceso de formación política que se dio acá ayuda a que los sujetos y sujetas tengan un proceso de construcción de defensa del territorio. 

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones