El Cinep/Programa por la Paz manifiesta su preocupación por la situación que enfrentan en el país los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Lo ocurrido el pasado domingo contra Francia Márquez, Víctor Moreno, Carlos Rosero, Clemencia Carabalí y Sofía Garzón de los consejos comunitarios de ACON, ASON y PCN del pueblo afrocolombiano del Norte del Cauca, deja en evidencia el riesgo que enfrenta la base social del país.

Por medio de una carta dirigida a Antonio Guterrez, secretario general de la ONU, ex miembros del equipo negociador del Acuerdo de Paz, integrantes del partido político FARC, académicos, congresistas, líderes de la sociedad civil, víctimas y miembros de organizaciones sociales expresamos nuestra preocupación ante las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria que regula la Jurisdicción Especial para la Paz. 

 
 

 

Entre el 4 y 6 de marzo pasados se reunieron entre 51 personas laicas y sacerdotes de distintas áreas profesionales y académicas para reflexionar sobre alternativas políticas a la crisis en Venezuela. Fueron convocados por la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe- CPAL, contando además con el apoyo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima y la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. 

 
 

 

 

Las víctimas del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU) exigimos que la Unidad Nacional de Protección se comprometa con nuestra protección y seguridad.

Los miembros del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATUqueremos denunciar ante la opinión pública, la enorme debilidad en el poder infraestructural de la Unidad Nacional de Protección – UNP y de las entidades públicas responsables del programa de protección para reclamantes de tierras hacia COCOLATU, especialmente en lo que atañe a su capacidad y respuesta.
 
El consejo comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó – COCOLATU comprende parte de los municipios de Riosucio – Chocó –, Turbo y Mutatá – Antioquia –, fue beneficiario de titulación colectiva de su territorio ancestral, mediante las resoluciones 2805 del año 2000, de conformidad con la ley 70 de 1993 y el decreto reglamentario 1745 de 1995. A COCOLATU le fueron tituladas 107.064 hectáreas, cuando el 76% de la comunidad que habitaba el territorio colectivo se encontraba en situación de desplazamiento entre los años de 1996 – 2002. De las 46 comunidades que componen el título colectivo, ocho (8) quedaron en condición de vaciamiento y tres (3) desaparecieron completamente.

 
 

 

 

Luis Guillermo Guerrero, director de Cinep/Programa por la Paz comparte 10 ideas principales para entender la importancia y los alcances que tiene la Comisión de la Verdad como bien público de los colombianos y colombianas. Este decálogo hizo parte de su intervención en el evento De común Acuerdo y fue publicado en el semanario de la organización Viva la Ciudadanía.