El equipo de Derechos Humanos presentó hoy ante la opinión pública la revista Noche y Niebla n. 59º en donde se expuso el panorama de derechos humanos y violencia política para este primer semestre de 2019 enfocada en el departamento de Antioquia. En el evento participaron el director del Cinep/PPP, Luis Guillermo Guerrero; Winston Gallego y Carolina Moreno, de la Corporación Jurídica Libertad del Banco de Datos de Antioquia; Javier Giraldo, S.J., investigador de Derechos Humanos del Cinep/PPP y Alejandro Angulo, S.J., coordinador del equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP.

Los voceros hicieron un balance de las violaciones de derechos humanos y violencia política que recoge la revista a lo largo de sus páginas. Luis Guillermo Guerrero resaltó el propósito de la publicación, “reducir la vulnerabilidad de las víctimas ya que el desconocimiento y la invisibilidad de lo que ocurre puede llegar a proteger y blindar a los victimarios y a encubrir la continuidad de estos crímenes”. Una de las miradas del balance de esta publicación es el fortalecimiento del paramilitarismo, la revista recogió 157 amenazas de muerte por parte del grupo armado entre enero y junio de 2019. Así mismo, las ejecuciones extrajudiciales fueron 19 para este mismo periodo. Las detenciones arbitrarias de la Policía Nacional suman 32 personas y hay testimonios de 6 ejecuciones, además de otras violaciones por parte del Ejército Nacional.

Javier Giraldo, S.J., destacó el nuevo enfoque para esta publicación, “mirar cómo se están realizando en la cotidianidad la persecución y exterminio del liderazgo social de base”. La revista recopiló 48 asesinatos de líderes sociales en todo el país entre enero y junio de este año, también se presentaron 37 atentados y 54 amenazas entre líderes, lideresas y comunidades que trabajan por la defensa de los derechos humanos, además 12 asesinatos de desmovilizados en su mayoría de las FARC. Una de las mayores problemáticas de estos casos es que se desconocen los victimarios, “hay un máximo nivel de clandestinidad, que hace imposible investigar y saber la identidad del victimario”.

Carolina Moreno se refirió a las relaciones que existen entre las violaciones de derechos humanos con el modelo de desarrollo del departamento de Antioquia, “estas visiones atienden a intereses particulares de grupos económicos y algunos políticos, que además hacen presencia en las diferentes regiones”. Según Carolina, megaobras y megaproyectos como el Túnel de Oriente, la hidroeléctrica Hidroituango, entre otros, son los causantes de desplazamientos, masacres y asesinatos. Por otro lado, el desempleo, la seguridad, la pobreza y la informalidad en Medellín han aumentado durante este año convirtiéndola en una de las ciudades más desiguales de América Latina.

Winston Gallego expuso el caso del Bajo Cauca antioqueño planteando, “es la región más pobre del departamento de Antioquia” y resaltó, “han asesinado 26 líderes sociales. La mayoría eran del PNIS(Plan Nacional Integral de Sustitución)”. Después de la desmovilización de las FARC, el Bajo Cauca vivió un incremento de la violencia por parte de otros grupos armados que llegaron a ocupar la zona como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Caparrapos, además de disidencias de las FARC. Según Winston, el incumplimiento de la implementación de los Acuerdos de Paz impide que la situación del territorio mejore.

“La asociación y las comunidades de paz son las herramientas para combatir esa lucha contra el militarismo y el paramilitarismo en las comunidades que están cansadas de la guerra” fue el llamado que hizo Alejandro Angulo S.J.  De esta manera, Luis Guillermo Guerrero recalcó que Noche y Niebla no es una revista estadística sino para la memoria de las víctimas y que esta publicación se da en un contexto de nuevas salidas violentas y cuestionamientos alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz.

Lee aquí el informe regional Antioquia, la guerra en desarrollo

María Fernanda Vera
Equipo de Comunicaciones 

 

 

El contexto del conflicto armado que ha vivido Colombia por más de 60 años ha llevado a que se presenten numerosas consecuencias que han afectado a la población colombiana de diferentes maneras. Los constantes combates entre la fuerza pública y los grupos armados, han sido el escenario donde las acciones de ambos actores han afectado a la población civil; de esta manera surgieron en Colombia los crímenes por agentes del estado, donde funcionarios públicos han cometido violaciones de los derechos humanos.

Hay que aclarar que la figura del crimen de estado no tiene su origen en Colombia, pues como nos cuenta Luis Alfonso Castillo, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, “con el fin de la segunda guerra mundial se empieza a ver de manera sistemática la criminalidad estatal, aparece la figura del enemigo interno, que era la amenaza de la estabilidad del funcionamiento de los estados amigos”. Es así como estas acciones empezaron a presentarse sin ningún control, y con la excusa del enemigo interno en muchos países se han cometido asesinatos de personas que no hacen parte de un contexto de guerra.

De acuerdo con David Suárez, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, “cuando hablamos de Crímenes de Estado pareciera ser una paradoja, porque el Estado es quien está destinado por su posición a proteger la vida, la honra, los bienes y la integridad de cada uno de los asociados que hacen parte de ese presunto pacto social en el que el Estado se compromete a garantizar los derechos de las personas, y las personas contribuyen a que el Estado se sostenga”. Más allá de que el Estado se encuentre inmerso en un conflicto armado, su principal preocupación debe ser velar por la seguridad de las personas que se encuentran amenazadas por ese conflicto, sin embargo, diferentes motivos han llevado a que funcionarios públicos atenten contra la vida de la población que confía en ellos.

Las cifras en Colombia no son exactas, pero se habla de más de 10.000 crímenes de estado, algunos de los cuales han sido llevados ante la justicia para poder sancionar a los responsables. Aun así, se han presentado casos donde las instituciones no han cumplido con su labor y se ha tenido que acudir a instancias internacionales, como explicaba Julián González, de la Comisión Colombiana de Juristas, “la jurisdicción internacional se activa en circunstancias muy particulares, y es cuando se surte el proceso interno o cuando los medios de los que dispone el país no son suficientes y la investigación no es profunda, cuando habiendo los recursos y los medios hay un tiempo donde queda muerto el proceso.”

Es difícil que los casos de crímenes de estado desaparezcan, cuando en medio de la búsqueda por la verdad de todo lo que ha pasado en el conflicto colombiano, persisten los grupos armados ilegales y se siguen presentado muertes de civiles y líderes sociales. No obstante, desde la Comisión Colombiana de Juristas creen que existen los mecanismos para reducir el número de víctimas, ya que según Julián González “el acuerdo (de paz) tiene a la comisión nacional de garantías de seguridad, cuyo fin único es desarticular bandas criminales que surgen al final del proceso de paz. La manera más sencilla y clara que debería juntar a todas las fuerzas sociales y a los actores más escépticos del estado es el cumplimiento del acuerdo de paz, es la manera como se puede proteger de forma más idónea a los líderes sociales. Las herramientas están solo falta tomar la decisión política”.

Finalmente, el mensaje de los expertos a la población colombiana es a persistir, como afirma David Suárez “Hay que perseverar, ser valientes en medio de la muerte, de las amenazas y de las agresiones. La sociedad civil, los reclamantes de tierras, los líderes, indígenas, campesinos y afrodescendientes están luchando por lo que han luchado siempre, la única manera de avanzar es perseverar.”

En este Rompecabezas nos acompañaron:

  • David Suárez. Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana
  • Luis Alfonso Castillo. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
  • Julián González. Comisión Colombiana de Juristas



Deivyd Manrique
Periodista Rompecabezas

 

 

Una semana que trasciende el espacio y el tiempo. Después de 32 años Semana por la Paz busca declarar a Colombia territorio de paz. Cinep/PPP refrenda su misión y su voluntad de vivir y actuar por una sociedad justa, sostenible y en paz.

La historia de una Semana

Sin saberlo, la historia de la Semana por la Paz la empiezan a construir los jesuitas desde 1700 cuando encargan al artesano santafereño José de Galaz la elaboración de la Custodia de la Iglesia San Ignacio de Bogotá, conocida como ‘La Lechuga’. Más de doscientos años después y tras la venta de esta pieza al Banco de la República nace el Programa por la Paz, una obra concebida por la Compañía de Jesús con el objetivo de apoyar iniciativas de paz de la sociedad civil y en cuyo seno se originó la Semana por la Paz.

Exactamente fue un 9 de septiembre de 1987, en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, que se desarrolló la primera versión de Semana por la Paz, un proyecto de promoción de la paz para visibilizar, aportar y promover las iniciativas de paz en el país. Luego, en 1993, la coordinación de este proyecto quedó a cargo de la Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz); para 1995, por invitación de la Provincia de la Compañía de Jesús, se unió la Pontificia Universidad Javeriana; y, posteriormente, en 2006, tras la unión del Cinep con el Programa por la Paz el Centro se suma a las organizaciones que integran el comité de impulso. Desde el 2011, Semana por la Paz adquirió una identidad propia y se convirtió en un espacio de la sociedad colombiana comprometida con la paz.

Según Luis Guillermo Guerrero, director del Cinep/PPP, “durante estos 32 años hemos insistido, persistido y resistido a todos los embates del conflicto para crear símbolos pedagógicos, para que respiremos por lo menos en un momento y pongamos a reflexionar acerca de la pregunta ¿Qué es la paz y cuál es su contenido?”. En estos 32 años de existencia se han realizado cerca de 32.000 actividades en los 16 departamentos del país.

“Somos territorio de paz”

En 2019, Semana por la Paz con el propósito de declarar a Colombia como un territorio de paz toma el lema “Soy y somos territorios de paz” para dejar atrás la polarización constante que se vive en el país alrededor de este tema. En esta Semana participaron más de 70 organizaciones, corporaciones, asociaciones y entidades gubernamentales, entre otras.   

Cinep/PPP también se sumó y, el pasado 3 de septiembre, se declaró territorio de paz a través de un acto simbólico donde más de 70 trabajadores de la organización entregaron sus “armas”, representaciones simbólicas de actos que los alejan de la paz, y firmaron un acuerdo con el fin de construir este ideal desde la cotidianidad.

Para el director, Luis Guillermo Guerrero, Cinep/PPP hace esta declaración “porque queremos dar ejemplo de que se puede construir paz hasta en lo más pequeño y de ahí en adelante”, esto significa, “dar el testimonio y uno que sea desde la profunda convicción de que si la paz no empieza también en esos pequeños territorios, bien sean geográficos o simbólicos, no estamos realmente empezando a tocar el germen de dónde está la base de la paz”. Esta base se encuentra en las relaciones con otros, con su entorno y con las demás especies donde se establece “cómo comemos, de qué comemos, de qué usamos, de qué compramos”. 

Por su parte, Andrés Aponte, investigador del equipo de Estado, conflicto y desarrollo, considera que “Cinep no se está declarando como tal como un territorio de paz, sino que está refrendando precisamente esa postura y visión que tiene de sociedad frente a la realidad colombiana que se ha vivido por más de 50 años”. Según Aponte, “es más que todo un respaldo a una misión y visión institucional que se compromete más allá de la coyuntura, pero que sin duda alguna está respaldando las transformaciones que se vienen dado en la sociedad con los Acuerdos de la Habana”.

Para conocer más sobre el sentido de la Semana por la Paz para Cinep/PPP escuche el siguiente podcast:

Un “proceso de paz” al interior

El proceso de declaratoria en Cinep/PPP tuvo dos momentos: uno personal y otro grupal. El momento personal se desarrolló una semana antes. En los pasillos y carteleras de la institución se platearon preguntas y reflexiones sobre aquellas problemáticas internas que se viven en el trabajo cotidiano y que impiden hacer de la paz una forma de vida. Durante una semana el equipo humano del Cinep/PPP escribió sus ideas y mensajes para enfrentar esas situaciones y elaborar una “agenda” de la negociación que sería insumo fundamental del “acuerdo de paz” que sería firmado en el acto simbólico.

Por su parte, el momento grupal se realizó en dos partes, primero, con los equipos de trabajo y, segundo, con toda la institución. Para el primero, cada grupo se tomó un tiempo de reflexión y diálogo sobre esas acciones o actitudes que se convierten en “armas” en la cotidianidad y que serían entregadas en la ceremonia como un compromiso para mejorar las relaciones con otros. Esta actividad se basó en la propuesta metodológica de la Semana por la Paz.

Finalmente, el segundo, fue la ceremonia de declaración, que se dio en las instalaciones de la institución y fue presidida por Jorge Julio Mejía, S.J., quien a partir de canciones invitó a la reflexión colectiva que se concretó en la ‘dejación de armas’ y la ‘firma del acuerdo de paz’. En el siguiente video conocerás un poco más sobre como Cinep/PPP vivió la Semana por la Paz:

 

Texto: Lida Bocanegra
Video: Miguel Martínez 
Crónica: Deivyd Manrique
Equipo de Comunicaciones 

 

 

De 1988 a 2018 el departamento de Caquetá vivió 355 episodios donde se denunciaban prácticas consideradas violaciones a los derechos humanos y violencia política, entre ellas estaban 199 casos de ejecución extrajudicial, 225 casos de tortura, 1440 desplazamientos forzados individuales, 177 heridos, muchos de estos perpetrados por los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) y 28 casos de desaparición forzada (Caso Tipo 15). Visibilizar casos como el de Caquetá es el objetivo de la Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política a la que pertenece el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP).

La idea de crear un banco de datos surgió a raíz de los altos niveles de violencia, los procesos de genocidio y el exterminio de fuerzas políticas como la Unión Patriótica; con el fin de denunciar y sistematizar la información sobre violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), además de hechos relacionados con el conflicto social ya que nadie realizaba esta labor. Desde 2005, se han conformado Bancos de Datos de Derechos Humanos en diferentes regiones del país con la ayuda y el trabajo del jesuita Javier Giraldo Moreno, movimientos de origen popular, investigativo e incluso religioso. De esta manera, se consolidó la Red Nacional de Bancos de Datos, como un proceso organizativo y colectivo integrado por organizaciones como la Corporación Caguán Vive, la Fundación Orlando Fals Borda, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, entre muchos otros.

En su dedicación por reconocer los diferentes hechos violentos en Colombia, la Red redactó una guía pedagógica que ayuda a sistematizar la cruel realidad colombiana, expresada en sus manifestaciones de violencia política y social que han azotado a las regiones a través de la historia del país. El Marco Conceptual es el instrumento con el que las organizaciones aliadas configuran, caracterizan y leen los hechos violentos de sus territorios. Además, define las categorías de violencia con ayuda de diferentes convenios y protocolos internacionales, lo que permite la objetividad de los hechos. Es la pauta para empezar a construir la memoria de las víctimas.

A partir de la creación de este Marco Conceptual en 1996 y actualizado en 2018, se dio paso a la revista Noche y Niebla donde se publican y registran las múltiples violencias y violaciones a derechos humanos de estas regiones. “Noche que oculta la verdad y Niebla que disemina la responsabilidad”, es el sentido de la revista.  Noche y Niebla también publica informes especiales catalogados como Casos Tipo que recogen hechos en regiones específicas que, por su contexto histórico social, sus actores, el rol de los medios de comunicación, la respuesta a las víctimas por parte de las instituciones gubernamentales, el papel del Estado y otros factores, permiten identificar patrones especiales en lo ocurrido. Desde 2003 se han publicado 15 Casos Tipo, algunos alrededor de las historias de Bojayá, la comuna 13 de Medellín y San José de Apartadó.

La cobertura territorial que tiene la Red permite ofrecer un panorama nacional y su cercanía con las comunidades, brinda confianza y credibilidad sobre la información que recauda. No es simplemente registrar el hecho sino comprender las realidades, ayudar a escribir y construir la historia del país a través de la realidad regional. Como lo mencionó Jerry Garavito en el marco de la VI Asamblea de la Red “Documentar los hechos, las historias desde las víctimas y la presencia regional del Banco es lo que ayuda a visibilizar la situación”. Sin embargo, la visibilidad de los casos no es suficiente, la Red propende también a la reducción de esa vulnerabilidad de las comunidades y al desescalamiento de los hechos violentos.

La Red ha sobrepasado diferentes obstáculos en su lucha por defender y visibilizar los derechos humanos. Ha sido víctima de presiones en cuanto a su contexto de acción y algunos colaboradores de los Bancos de Datos se han tenido que enfrentar a montajes jurídicos de amenaza y señalamiento por su labor en defensa de los derechos humanos. Al tiempo que afronta estas acciones adversas la Red es ampliamente reconocida por sus labores y publicaciones, por ejemplo, en el último Informe Anual de Derechos Humanos en Colombia que elaboró la embajada de Estados Unidos, el trabajo de los Bancos de Datos fue referenciado cuatro veces en torno a temas de tortura y tratos crueles, y detenciones ilegales y abuso físico. Esto demuestra la importancia que hay alrededor de las investigaciones que se hacen conjuntamente con las organizaciones regionales, pues de esta manera es como se logra el posicionamiento de las víctimas, que son el eje central de la Red.

Además de ser un espacio que trabaja y se construye de manera permanente la Red Nacional del Bancos de Datos hace un ejercicio fundamental de construcción de memoria histórica. Alrededor de la compilación de los datos en las regiones se reivindica el relato de todo un territorio, sus dinámicas políticas, sociales, económicas, étnicas y mucho más. Esta labor permite reconocer la diversidad del país desde una mirada analítica y sobrecogedora que a la vez se convierte en un proyecto social de incidencia en las políticas actuales. Sus acciones de memoria no solo se basan en la recopilación de información histórica de las regiones, sino también en los actos simbólicos que se realizan para recordar los crímenes hacia líderes o comunidades. Ejemplo de ello es el caso de la peregrinación en Trujillo, Valle del Cauca, por el asesinato de más de 200 personas entre 1986 y 1994, además del asesinato del padre Tiberio Fernández, por denunciar la barbarie que ocurría en el territorio.

Actualmente, son muchos los casos de hechos violentos y violaciones a derechos humanos que se comenten en el país y un gran número de ellos están en las sombras, ocultos bajo la complicidad de sus diversos actores. Sin embargo, aún queda la memoria de las víctimas que sobreviven, los testigos que deciden denunciar, aún en el silencio de las voces que han callado hay algo por contar. El esfuerzo conjunto es la clave para reivindicar la historia de las comunidades y regiones que se resisten a vivir en un país violento, ausente e impune.

 

María Fernanda Vera*
Equipo de Comunicaciones 

 

*Este artículo fue publicado originalmente en la edición de Septiembre de la Revista Jesuitas Colombia

 

Colombia tiene una extensión territorial de 1 114 408 kilómetros cuadrados. Esta superficie también la podemos medir en hectáreas, que serían más de 111 millones, o en campos de fútbol, pues aquí se podrían construir más de 156 millones. El país puede medirse de muchas otras maneras, por ejemplo, con las 80 472 víctimas de desaparición forzada reportadas desde 1958 hasta el 2018, a lo largo y ancho del territorio por el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica. A esto se le pueden sumar los familiares de los desaparecidos, cientos de mujeres buscadoras y afines que han dedicado su vida y empezaron una lucha por el reencuentro con sus seres queridos. Los departamentos más golpeados por este delito, según el OMC, son Antioquia con 19 794 víctimas, Guaviare con 1794 víctimas, y Meta con 5280 desaparecidos.

La desaparición forzada en el país se ha dado como un método selectivo contra los que se consideran peligrosos tanto para el Estado como para los demás grupos armados, con el fin de deshumanizar y desaparecer completamente a sus víctimas. Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional por los Desaparecidos, una fecha que pretende hacer memoria sobre las víctimas de este crimen atroz, que aún se comete y que muchas veces queda en la impunidad, recordar para que la historia no se repita, para que deje de ser un tema invisibilizado en el país y para darle voz a las víctimas que padecen día a día una búsqueda incansable.

Colombia estableció el delito de la desaparición forzada en el año 2000 con la Ley 599 en el artículo 165 del Código Penal: “El particular que someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión […]”.

Así mismo, se ha suscrito a las normas internacionales expedidas por las Naciones Unidas (ONU) y se comprometió a adecuar las normas internas a los estándares internacionales. Para la ONU, el siguiente es el concepto de desaparición forzada “[…] el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

El 16 de abril de 2019, la ONU consolidó y publicó los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, en donde reafirman las diferentes obligaciones y acciones urgentes que deben realizarse durante la búsqueda de una persona. Así mismo, resalta el rol esencial que tienen los familiares y que su participación en la investigación es de vital importancia para establecer las diferentes circunstancias de desaparición y posible hallazgo del desaparecido. Algunos de los principios rectores más significativos se basan en que la búsqueda de una persona debe hacerse bajo la presunción de vida, debe tener un enfoque diferencial en cuanto género, vulnerabilidad, población LGBTI y primera infancia, y las instituciones y autoridades encargadas deben actuar en el momento que tuvieron conocimiento del caso y hacerlo de manera permanente. Según Carmen Rosa Villa, integrante del Comité de la ONU contra la desaparición forzada, está convención pretende que el Estado “haga una toma de decisiones concretas acerca de lo que hay que hacer, que genere empatía por parte de los funcionarios hacía los familiares”.

A pesar de toda la legislación, los protocolos y las recomendaciones internacionales, de los casos registrados de desaparición forzada en Colombia, la Fiscalía General de la Nación solo tiene 337 sentencias en firme para ejecución de penas. Además, existe una falta de compromiso y voluntad política por parte del Estado y sus instituciones.

Por otro lado, las organizaciones y fundaciones que apoyan las acciones de búsqueda de desaparición forzada en el país, son fundamentales para este largo proceso. Por medio de labores como complementar las investigaciones, articular grupos de trabajo de búsqueda, investigar razones por las cuáles se desaparecen, acompañar y dar participación a las víctimas, contribuyen a prevenir este delito.

El Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP), a través del Banco de Derechos Humanos y Violencia Política, lidera el proyecto “Guaviare y Boyacá, consolidando la participación de las víctimas” para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), en el cual se articula con tres organizaciones: el Colectivo Sociojurídico Fals Borda, la Corporación Vida-Paz del Guaviare y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Humanitaria de Boyacá (COSPAC). El objetivo del proyecto es reconocer el contexto de cada departamento en función de la desaparición forzada y construir una metodología que permita realizar jornadas donde se convoca a los familiares buscadores de personas desaparecidas y a organizaciones estatales como el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas. De esta manera, se establece un puente entre las instituciones y los familiares, y a lo largo de las jornadas se hacen denuncias, toma de muestras de ADN para búsqueda y se comparten las funciones de cada institución. Lo anterior agiliza procesos de búsqueda, recolecta información acerca de posibles paraderos de los desaparecidos, presta atención inmediata a las víctimas y ayuda en la reconstrucción de contexto de estos territorios.

Sí bien la UBPD lleva solo diez meses en funcionamiento, ya está consolidando el diálogo con los familiares de desaparecidos para integrarlos a la búsqueda de sus seres queridos. Este es un paso importante en la historia del país, pues se les da un trato especial e importante a los familiares y se les hace parte de este proceso. Sin embargo, según Federico Andreu, asesor de la UBPD, la mayor problemática de la unidad en este momento es el presupuesto, pues el actual Gobierno no tiene una voluntad política total en los asuntos relacionados con la implementación de los Acuerdos de Paz.

Por otro lado, el país no solo lamenta el asesinato sistemático de líderes sociales, sino también las desapariciones de los mismos. La respuesta del Gobierno a estos hechos no ha sido muy alentadora, pues tilda estos crímenes como casos aislados al conflicto. Para Carmen Rosa, “el Estado debe luchar contra la impunidad, mostrarle a la ciudadanía un elemento fundamental: ‘vamos a investigar, vamos a encontrar a los responsables, los vamos a sancionar’. Que no que se convierta en que aquí no pasa nada y nadie es condenado, siempre sin dejar de buscar”.

Las otras víctimas

El 2 de octubre de 1984 la vida de Fabiola Lalinde cambió de manera radical. Su hijo Luis Fernando Lalinde, de 26 años, había desaparecido en Jardín, Antioquia. La búsqueda de Fabiola empezó el 4 de octubre de 1984 y no cesó sino hasta el 20 de mayo de 1992. Luis Fernando fue víctima de detención forzada, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición por parte del Ejército Nacional. En la búsqueda de su hijo, Fabiola se enteró de la detención y empezó su investigación en los batallones, brigadas, campamentos y cárceles de Manizales, Pereira y Riosucio. A su acción le dio el nombre de “Operación Cirirí”, por el pájaro Cirirí, sinónimo de insistencia, incomodidad y molestia. Eso significaba Fabiola para el Estado.

El 16 de septiembre de 1988, después de intensas búsquedas, denuncias nacionales e internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA falló a favor de Fabiola y condenó al Gobierno por el caso de Fernando. A causa de este resultado judicial, el 23 de octubre de 1988, la casa de Fabiola fue allanada por la Policía Militar mientras ella no estaba allí. Fue víctima de un montaje con cocaína y tildada de terrorista, subversiva y jefe de la narcoguerrilla de Antioquia en los medios de comunicación.

Fabiola fue liberada el 3 de noviembre del mismo año, pues se comprobó que la droga no era de ella y que era evidente el enfrentamiento entre las Fuerzas Militares y la familia Lalinde. El 14 de abril de 1992, Fabiola logró la exhumación de los restos de un N. N., alias “Jacinto”, quien hasta 1996 fue plenamente identificado, con ayuda internacional, como Fernando Lalinde Lalinde. Por fin, después de agotar todas las instancias, métodos y ayudas tanto jurídicas como humanitarias, Fabiola pudo darle una despedida digna a su hijo y llegar a la luz de los hechos y la verdad.

La lucha de Fabiola Lalinde es símbolo de las cientos de madres, hijas y esposas que no descansan en la búsqueda de sus seres queridos, y que son las principales protagonistas en las investigaciones de desaparición forzada en el país. Ellas se ven expuestas a malos tratos, a ser juzgadas y revictimizadas, principalmente por organismos estatales. Están envueltas en el dolor y la impunidad por largos periodos de tiempo e incluso algunas no alcanzan a esclarecer los hechos, ni a saber la verdad sobre sus seres amados. Casos como el de Fernando se repiten alrededor de todo el país, de América Latina y del mundo.

Mapear a Colombia es posible desde muchos ángulos. Las cicatrices de violencia, pobreza, desaparición e impunidad han ido marcando todo el territorio hasta dejar trazadas todas estas formas en las que se puede leer el país. El resultado de esta lectura genera desconsuelo y desilusión. Sin embargo, se pueden hacer nuevos trazos, heredar los viejos y construir a partir de esas heridas que aún no sanan, visibilizar lo invisibilizado, recordar a los que han sido olvidados, detectar en el mapa a los que han desaparecido y encontrar algo que nos aliente a continuar. Este es el objetivo principal.

 

María Fernanda Vera
Equipo de Comunicaciones