La Iglesia Peregrina en Córdoba y Urabá alza su voz para expresar su asombro ante las situaciones que tienen conmocionada a las gentes de la región:

1°. La gravedad social que significa el asesinato aleve de tantos líderes sociales y personas que, en un país democrático, empiezan a formar parte de los nuevos movimientos políticos independientes, legítimamente constituidos; es inaudito que reaparezca este fenómeno que se creía ya superado[1].

2°. El reagrupamiento acelerado y el aumento del paramilitarismo, cuyos grupos ingresan súbitamente a las zonas que abandonan integrantes de las Farc en su proceso de desmovilización e implementación de los Acuerdos logrados en la Habana[2].

3°. El modo atroz como silencian a reclamantes de tierras (en la última semana ya son más de ocho entre líderes y reclamantes); tierras de las que fueron despojadas las comunidades, en forma fraudulenta y criminal.

4°. EL control bélico de las tierras vinculadas con el fenómeno de las rutas del narcotráfico, unido a todo un sistema de delincuencia organizada alrededor de los cultivos ilícitos y el apoderamiento, a la vista de todo el mundo, de las regalías y del pago de impuestos. Control que sirve de aprestamiento para la explotación de la minería ilegal, la extracción de las riquezas de nuestros suelos y subsuelos y el arrasamiento del ecosistema. De esto último es ejemplo el desplazamiento de pobladores y comunidades en la zona de Ituango, frente a lo cual no hay una toma de posición humanitaria por parte del Estado.[3]

5°. Aunado a lo anterior, el incremento de las pandillas juveniles, que están invadiendo los grandes centros urbanos en Urabá, como Turbo, Apartadó, Nueva Colonia y Currulao, índice inequívoco de que estamos entrando en una macabra dinámica de delincuencia organizada que gira en torno al microtráfico y la extorsión a comerciantes, empresarios, personas de a pie y que acude a la justicia particular, al asesinato y a la limpieza social, generando desconcierto y pánico en todos los pobladores urabaenses.

Ante estas situaciones la Iglesia se pregunta:

1. ¿Cuál es el futuro para las comunidades campesinas y de las regiones que siguen sufriendo en forma permanente el flagelo de los actores del conflicto armado? Salen unos y entran otros, “como Pedro por su casa”, cuando debería estarse asumiendo el manejo estatal adecuado de los territorios, para crear la autonomía, fruto del ejercicio constitucional de las fuerzas del Estado, justamente allí donde anacrónicamente no ha hecho presencia. ¿Hay anuencia del Estado o es simplemente un descuido de las autoridades responsables de dar cumplimiento a lo pactado? ¿Hay simpatía estatal con estas formas ilícitas de dominio y manipulación de unos territorios de ancestrales dueños que el Estado no admite como poseedores legítimos? ¿Dónde queda lo de “pacta servanda?” No entendemos por qué se da esta situación, estos lamentables vacíos de autoridad.[4] El gobierno nacional debe pronunciarse con claridad sobre estos asuntos que tanto daño hacen y que son causa fundante del descrédito que viene en aumento vertiginoso. Por lo menos la sospecha salta de inmediato.

2. De otra parte, haciendo eco al sentir social, la Iglesia expresa su dolor e inconformismo ante el juego de palabras empleado por representantes legítimos de los entes gubernamentales para denominar un fenómeno vergonzante que ha empañado a nuestras fuerzas militares y de policía, y que, como si no fuera ya luctuoso, ahora difama a toda esta feraz tierra de promisión, utilizando los gentilicios, emblema de la pujanza y honradez de sus pobladores; o dándoles identidad con los nombres topográficos, como nuestro estratégico Golfo de Urabá; o estigmatizando apellidos tan prestigiosos como el de Jorge Eliécer Gaitán, o la extensa descendencia Úsuga; o todo un grupo humano de industria y comercio reconocido a nivel internacional como el pueblo paisa. Duele porque se descubre un fondo malintencionado de “sofisma de distracción,” un mimetismo sutil para adormecer a la población con engaño. Reclamamos el fin de la estigmatización de una región, y el de llamar con otros nombres lo que todos reconocemos como paramilitarismo.

3. Frente al tema de la desmovilización y construcción de paz, nos preguntamos: ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la subregión? ¿Qué es lo que nos toca hacer en medio de una situación cada vez más desconcertante? No podemos olvidar lo que ha ocurrido en el pasado y que amenaza con repetirse: la historia trágica del asesinato sistemático de tantas personas que se comprometen en un cambio social y político que, bien sabemos, se debe llevar adelante.

Es tarea de todos los líderes de la región tomar conciencia de estas situaciones y agotar juntos las soluciones.

Dado en Apartadó a los 3 días del mes de Febrero de 2017.

Mons. Hugo A. Torres Marín
Cáritas diocesana

[1]NACIONAL 29 ENE 2017 - 11:23 AM. Continúan los ataques. ASESINAN A RECLAMANTE DE TIERRAS EN TURBO (ANTIOQUia). Los testigos aseguran que Porfirio Jaramillo fue sacado de su vivienda por hombres fuertemente armados.
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-reclamante-de-tierras-turbo-antioquia-articulo-677146.
JUDICIAL 20 ENE 2017 - 1:53 PM. Asesinatos contra líderes sociales. En menos de 24 horas asesinan a cuatro campesinos en Córdoba, uno de ellos un líder social. Se trata de Hernán Agames, quien lideraba la Asociación Campesina del Sur de Córdoba en la vereda de El Barro, y además hacía parte del movimiento político y social Marcha Patriótica. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/menos-de-24-horas-asesinan-cuatro-campesinos-cordoba-un-articulo-675723.
Denuncia Publica 063 Cuatro Asesinatos Simultáneos en el Sur de Córdoba. http://ascsucor.es.tl/Denuncia-Publica-063-Cuatro-Asesinatos-Simultaneos-en-el-Sur-de-Cordoba.htm
[2]A ‘El Manteco’ le preocupa el avance paramilitar y retraso en obras en la vereda Gallo. https://www.laflecha.co/en-caliente/a-el-manteco-le-preocupa-el-avance-paramilitar-y-retraso-en-obras-en-la-vereda-gallo/.
A sangre y fuego las Autodefensas Gaitanistas buscan retomar Urabá. Desde la zona veredal del Gallo en Tierralta, el comandante Rubén de las Farc alerta sobre el plan del Clan del Golfo y los Úsuga contra los campesinos
Por: Grupo de Monitoreo Acuerdo de Paz* | enero 22, 2017
A ‘El Manteco’ le preocupa el avance paramilitar y retraso en obras en la vereda Gallo. https://www.laflecha.co/en-caliente/a-el-manteco-le-preocupa-el-avance-paramilitar-y-retraso-en-obras-en-la-vereda-gallo/.
A sangre y fuego las Autodefensas Gaitanistas buscan retomar Urabá. Desde la zona veredal del Gallo en Tierralta, el comandante Rubén de las Farc alerta sobre el plan del Clan del Golfo y los Úsuga contra los campesinos
Por: Grupo de Monitoreo Acuerdo de Paz* | enero 22, 2017

[3] http://www.larazon.co/web/2017/01/cultivos-ilicitos-detonante-la-violencia-sur-cordoba-gobernador/.
http://www.larazon.co/web/2017/01/cultivos-ilicitos-detonante-la-violencia-sur-cordoba-gobernador/

http://www.autodefensasgaitanistasdecolombia.org/agc2/index.php/module-styles/122-comunicado-enero-15-de-2017
[4] JUDICIAL 25 ENE 2017 - 6:11 PM En una audiencia privada ante el Fiscal General. Denuncian alianzas entre miembros de las Fuerzas Armadas y "Clan del Golfo" en el Bajo Cauca. Líderes sociales manifestaron que autoridades le han entregado material explosivo a esta banda criminal. Dieron nombres propios de funcionarios que, dijo Néstor Humberto Martínez, ya están bajo el radar de la Fiscalía.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/denuncian-alianzas-entre-miembros-de-fuerzas-armadas-y-articulo-676613

Una ola de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos tiene alarmado al país. Los crímenes han ido in crescendo durante este año. Distintas ONG de derechos humanos así como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, han alertado sobre el recrudecimiento de las amenazas y asesinatos en los últimos cuatro años. En los primeros nueve meses de 2016 mataron a cincuenta y cuatro de ellos; treinta y uno de estos graves hechos han ocurrido en los últimos tres meses. El promedio es de uno cada tres días. Crímenes como el de Erley Monroy, líder de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero; Didier Losada, presidente de la Junta de Acción Comunal de Platanillo, en Uribe, Meta; Marcelina Canacué, lideresa integrante del movimiento político Marcha Patriótica de Palermo, Huila; Néstor Iván Martínez líder de las comunidades negras de Cesar y opositor de la minería; Maria Fabiola Jiménez, lidereza comunitaria de Barbosa, Antioquia; Roberto Taicus Bisbicus, líder del pueblo indígena awá y profesor en zona rural de Tumaco; Nereo Meneses, Joel Meneses y Ariel Sotelo, defensores del medio ambiente líderes de Almaguer, Cauca, y miembros del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), opositores a la minería y a la siembra de cultivos ilícitos en su territorio.

Para algunos analistas esta realidad puede ser una advertencia de sabotaje al proceso de paz, pues varios de estos atentados han afectado a líderes de comunidades cercanas a las zonas veredales donde se concentrarán las FARC, y pertenecen a organizaciones sociales que respaldan el proceso de paz. En esta lógica, los asesinatos pueden ser una respuesta de sectores que no se resignan a que el acuerdo de paz se implemente y tratan de romperlo violentamente. Por su parte, el Estado hasta ahora ha respondido con una protección individual a los líderes, pero no está implementado una verdadera estrategia de seguridad integral para los territorios, esta estrategia está contemplada en el acuerdo de paz firmado y debería implementarse cuanto antes. Cinep/Programa por la Paz expresa su preocupación por esta ola de asesinatos que generan un escenario incierto para la implementación de los acuerdos de paz. Es imperativo que el Presidente de la República tome medidas inmediatas para garantizar la vida de todos los líderes, liderezas sociales y defensores de derechos humanos. No basta con firmar un acuerdo si la vida sigue siendo violentada, si la palabra de quienes piensan diferente se calla con los fusiles. El nuevo acuerdo firmado, entre el gobierno y las FARC, el pasado 24 de noviembre, es el punto de partida para este propósito. Al respecto, el Episcopado Colombiano expresa: “Con espíritu de servicio, acompañaremos la implementación del acuerdo, como voz profética que interprete al pueblo colombiano, y de modo especial, a las víctimas del conflicto armado, a los campesinos, a las minorías étnicas y a los más pobres. Es hora de reconciliación, de unidad y de compromiso”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/Programa por la paz

Como Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (Cinep/PPP) expresamos nuestra preocupación por la creciente ola de asesinatos a líderes comunitarios. Es el caso de la señora Marcelina Canacué de 60 años de edad, reconocida líder integrante del movimiento político Marcha Patriótica y adscrita a la Junta de Acción Comunal de la vereda Versalles, jurisdicción del municipio de Palermo, Huila, quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre, Día de la no violencia contra las mujeres. Advertimos que este tipo de acciones repetidas buscan generar un ambiente de inestabilidad y hostilidad para la implementación de los acuerdos de paz con las FARC.

Es imperativo que el Presidente de la República tome medidas y acciones inmediatas para garantizar el derecho a la vida de todos los colombianos y que agilice la realización de dicho acuerdo sin poner en riesgo a las víctimas y a los líderes sociales.

Nuevamente alertamos sobre el riesgo en el que se encuentran los defensores de derechos humanos. Tan solo en el tercer trimestre del año se registraron 19 homicidios y 37 amenazas a mujeres y hombres integrantes de organizaciones y movimientos sociales que amedrentan la participación ciudadana. No basta con firmar un acuerdo de paz si la vida sigue siendo amenazada, si la palabra de quienes piensan diferente es amordazada y silenciada, si la acción de quienes deciden defender los derechos propios y de otros es callada por una violencia dirigida y orientada hacia el terror.

Por eso hacemos un llamado de urgencia al presidente de la república, señor Juan Manuel Santos Calderón, en su calidad de jefe de Estado y comandante supremo de las fuerzas armadas, para que se implementen –cuanto antes y con la necesaria decisión– las herramientas y protocolos para combatir el paramilitarismo y los grupos armados que se han organizado tras su desmovilización; brindar protección a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, y garantizar su derecho a la vida.  Todo lo anterior en coherencia con el Acuerdo para el logro de una paz estable y duradera para Colombia.

Reiteramos nuestra preocupación por las víctimas y por las personas que lideran procesos en defensa de la dignidad humana. A ellas nuestra solidaridad y respaldo en este momento de la historia que esperamos no deje más dolor ni muerte en la memoria de nuestro país. Por eso, trabajamos  por el cuidado y la defensa de la vida, porque ella es sagrada.

Es tiempo de reconocer la diferencia, de aceptar que existe en Colombia una deuda histórica con una parte de la población que ha sido excluida y que reclama su derecho a participar, a ser reconocida, escuchada en la defensa de sus territorios y valorada políticamente como un actor legítimo. Es necesario seguir trabajando en el fortalecimiento de la democracia y del ejercicio de la  política sin violencia.

Estos más de cuatro años de negociación en La Habana y el nuevo acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016, deben ser entendidos como el punto de partida de un proceso largo que busca, en medio de las diferencias, contradicciones y acuerdos, la construcción de la paz sin la mediación de la violencia, para  hacer de Colombia un país más justo, sostenible y en paz.

Cinep/Programa por la Paz.

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