Hoy se radica el proyecto de ley que declararía el 19 de mayo como el Día nacional de la lucha contra la impunidad de los crímenes contra defensores de derechos humanos.

En el marco de la conmemoración de los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado, padre de Elsa, el Cinep/Programa por la Paz impulsó la propuesta de declarar el 19 de mayo Día nacional contra la impunidad. El Representante Alirio Uribe Muñoz, radicará el proyecto de ley de honores hoy a las 2:00 p.m.

"Hemos elegido este día, 19 de mayo, en memoria de los defensores de derechos humanos Elsa Alvarado y Mario Calderón, quienes fueron asesinados en 1997 y cuyo crimen fue declarado este año, de lesa humanidad" manifestó el Congresista.

En el acto de radicación del proyecto estarán presentes, Ivan Calderón, hijo de la pareja asesinada; Marco Fidel Vargas, subdirector del Cinep, lugar donde trabajaron hasta su muerte los defensores de derechos humanos, y otros miembros de las familias Calderón y Alvarado.

Igualmente acompañarán la radicación que se hará en la Secretaria de la Cámara de Representantes, los congresistas también firmantes del proyecto:  Angela María Robledo, Angélica Lozano, Inti Asprilla, Oscar Ospina, de la Alianza Partido Verde; Víctor Correa, Germán Navas Talero, Iván Cepeda Castro y Senen Niño, del Polo Democrático; Carlos Guevara, del Mira; y Luciano Grisales, del Partido Liberal.

El proyecto busca llamar la atención sobre la urgencia que tiene garantizar la investigación y sanción efectiva para las amenazas y agresiones que a diario sufren quienes defienden los derechos humanos en el país.

Nota:

Mario Calderón, Elsa Alvarado y el padre de Elsa Carlos Alvarado fueron asesinados el 19 de mayo de 1997. Mario y Elsa eran líderes sociales y defensores de derechos humanos y ese liderazgo fue incómodo para alguien que decidió quitarles la vida. Después de 20 años la impunidad impera en su caso y es por esto que buscamos que esta fecha sea reconocida como el Día nacional contra la impunidad.

 

 

 

 

 

El presente informe sobre agresiones y graves violaciones de derechos a defensores de derechos humanos y líderes sociales ha sido elaborado con base en los registros del Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP), del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), en un ejercicio de aproximación a este fenómeno. El documento no pretende dar cuenta de la universalidad de casos, ni abarcar la totalidad de una realidad que seguramente excede a este informe, en lo cualitativo y en lo cuantitativo; tampoco intenta trazar líneas de causalidad entre las coincidencias que se presentan con los asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos, sino complementar, apoyar y ratificar las denuncias que han venido presentando organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, instituciones del Estado y el Sistema de Naciones Unidas, en un intento de brindar un panorama más completo sobre el creciente fenómeno que se está registrando y que constituye un ambiente lleno de peligros y barreras para la implementación de los acuerdos de paz que se están implementando en este momento de la historia colombiana.

 
 

 

 

Es necesario replantear los mecanismos de seguridad y protección para líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia. Esa fue la conclusión a la que llegaron todos los panelistas del foro ¿Por qué defender el territorio cuesta la vida?, realizado el pasado 18 de septiembre en instalaciones de la Universidad Javeriana. En este evento participaron como panelistas académicos, investigadores, defensores de derechos humanos, líderes sociales y organizaciones que acompañan a las comunidades.

Durante la discusión, que giró en tres paneles temáticos, las diversas voces plantearon los riesgos a los que están enfrentados los líderes de procesos asociados a la defensa del medio ambiente y del territorio. Los panelistas se refirieron a las dificultades de enfrentar la violencia cuando el sistema económico nacional tiene bases en el extractivismo. Mencionaron, además, el aumento de diferentes formas de violencia con la salida de las Farc y la disputa de dichos territorios por otros actores ilegales.

Si bien hubo diferencias frente a la sistematicidad de los ataques, para todos era claro que es necesario modificar el aparato estatal dirigido a proteger la vida de las comunidades que participan en la defensa de sus territorios y del medio ambiente.

A propósito de esta discusión, Silvia Pabón, investigadora del Cinep/PPP, y quien participó como moderadora de uno de los paneles, presenta estas reflexiones sobre el panorama actual de la seguridad para los líderes en la región de trabajo del equipo de Gestión del Territorio en el Pacífico y recomendaciones para mejorar los dispositivos de protección.

 
 

 

 

 

Se necesitó más de medio siglo de conflicto armado, de violencia fratricida y de diálogos fracasados y exitosos para empezar a comprender en Colombia que la vida política de una sociedad, es mejor hacerla sin la mediación perversa e inútil de las armas. Sin embargo, el precio fue muy alto: más de siete millones de víctimas, sesenta mil desaparecidos, doscientos veinte mil muertos, siete mil secuestros y más de seis mil soldados víctimas de minas antipersonales.

Fue necesario que las Naciones Unidas, con una misión especial pedida desde el Acuerdo Final, conformada por quinientos veinte verificadores de diez y nueve países, estuvieran presentes en este proceso de dejación de armas. Los hechos son contundentes: seis mil ochocientos guerrilleros y dos mil ciento ochenta y cuatro milicianos agrupados en las zonas veredales, siete mil ciento treinta y dos armas individuales operativas de alta calidad, así como la entrega de novecientas cuarenta y dos caletas con armamento serán destruidas antes del próximo primero de septiembre.

Esto significa que las FARC dejaron de ser un grupo armado y pasarán a convertirse en un movimiento político para poner encima en medio del debate democrático su apuesta de la sociedad. Es importante que este nuevo movimiento, así como sus bases y sus líderes sean respetados, como debe ser respetado cualquier líder político de los diversos movimientos en Colombia. El Estado debe estar al frente de estas garantías. Hemos sido testigos y lo seguimos siendo, de las siniestras estrategias de guerra sucia que actores armados, como los paramilitares o sectores sociales, proclives a la violencia, imponen sobre los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.

El veintisiete de junio de dos mil diecisiete debería pasar a la historia como uno de los momentos de mayor transcendencia de la vida política del país; pero a la vez, como el día del reconocimiento al valor de nuestras víctimas, sin ninguna distinción, sea quien sea su victimario. Siguiendo la invitación del Presidente de la Conferencia Episcopal, Obispo Luis Augusto Castro Quiroga, luego de la dejación de armas lo que nos corresponde es un desarme interior, que es el más difícil pero lo tenemos que lograr para consolidar la paz en Colombia. Que cada uno se quite el odio y el armamento que tenemos por dentro, para avanza en la reconciliación del país.

Nos espera un camino largo para que la paz con justicia social sean una realidad, pero lo que sabemos es que por la violencia no la podemos lograr. Las armas se empuñaron por el cierre de la participación política. Cobra hoy sentido decir: adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida la construcción de la paz mediada por el debate y la concertación de las ideas, propuestas y argumentos.

 

 Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

Gracias a una alianza entre Cinep/Programa por la Paz y la Escuela Superior de Administración Pública con apoyo del Servicio Jesuita Refugiados, durante el mes de junio se están realizando 9 talleres en ciudadanía y democracia en las Zonas Veredales.

Un equipo integrado por profesionales de la ESAP, profesionales del SJR, investigadores del Cinep/PPP y el equipo pedagógico de las FARC tendrá encuentros en las diferentes ZVTN  para cualificar a las personas asistentes en los siguientes temas: participación ciudadana, Estado social y democrático de Derecho, defensa de los Derechos Humanos y solución pacífica de los conflictos. El objetivo principal de los talleres es aportar herramientas para la integración territorial. En ese sentido, existe un componente de Reconciliación que se trabaja durante los tres días que dura el taller.

Los equipos facilitadores están conformados por seis personas de las diferentes organizaciones. Y los participantes son treinta  por parte de las zonas veredales y 10 por parte de la comunidad. Las zonas veredales contempladas para la realización de los talleres son: El Oso, Betania, Pondores, Monteredondo, Charras, Montañita, Dabeiba, La Carmelita y La Pradera.

El diseño de los talleres se ha realizado en conjunto con el comité pedagógico de las FARC y pretende configurarse como un ejercicio participativo en donde el diálogo de saberes permita potenciar conocimiento y competencias de los y las participantes a los talleres para transitar hacia la integración de los territorios.Este diálogo de saberes se ha centrado en los siguientes temas: arquitectura constitucional, comprensión de los DD.HH y los mecanismos para su protección, mecanismos de participación y mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Además de seguir una ruta temática, los facilitadores diseñaron una ruta metodológica que permite ilustrar cada una de las actividades que realizarán en cada tema. Los participantes tendrán la oportunidad de establecer un diálogo sobre sus experiencias previas y posteriores a la exposición teórica de los temas y adentrarse en la comprensión de lo masculino y lo femenino en el abordaje que hacen de cada uno.

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo Comunicaciones