Situación de riesgo y estrategias de autoprotección. Defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en América Latina

 -Primera entrega-

La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra presenta este especial sobre la situación de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio en América Latina, a propósito del #8M y en homenaje a las mujeres que han sido asesinadas o están en riesgo por sus luchas. 

Colombia 

Conflicto armado y múltiples violencias contra las mujeres negras y afrocolombianas

Por: Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí

Fotografías: Red Kambirí.
“Resulta que en la comunidad casi no sacamos fotos, cuando uno va en los botes es que toma la foto; cuando ya uno llega no toma fotos porque por todos lados usted ya sabe...”
 

Así comenzó la Red Kambirí

En 1990 un grupo de mujeres afrocolombianas conformó una asociación que estaba encaminada a visibilizar y enaltecer los aportes de las mujeres negras en la construcción nacional. Fue hasta el año 2000 en que se da la primera Asamblea Nacional de Mujeres Afrocolombianas y se conforma la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí, que desde sus objetivos principales se ha planteado en trabajar en pro de la eliminación del racismo y las diferentes formas de discriminación a las que están sometidas no solo las mujeres afro sino la población en general.

Kambirí, palabra que en dialecto africano significa “permítame entrar a esta familia”, reúne a mujeres desplazadas, amas de casa, trabajadoras sociales, psicólogas, docentes, cantaoras, poetas y lideresas de comunidades en 17 departamentos del país. Esta red, que inició con 170 mujeres promueve la organización, la participación y el desarrollo de las capacidades de las afrocolombianas a través de la comunicación, la difusión y la defensa de sus derechos.

Los riesgos de ser mujer en Colombia

Fotografías: Red Kambirí.

 

A pesar de que Colombia es un país pluriétnico y multicultural y que en su Constitución existen artículos que protegen los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y rom, y se ha avanzado en materia legislativa por preservar y defender cada vez más sus derechos, la realidad es otra. La vida de las mujeres afro está en un riesgo de amenaza latente por diversas razones.

Las mujeres negras que habitan algunos territorios en Colombia padecen todo tipo de violencias. Esto, sumado al hecho de habitar lugares en donde el conflicto armado aún hoy permanece, o donde se están desarrollando conflictos ambientales o por la tierra y el territorio. Han sido víctimas directas de estos conflictos y han sufrido en su individualidad y en sus comunidades profundas violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, por parte de todos los actores armados legales e ilegales.

Ese es el caso de una mujer de Auro Buey, un corregimiento del medio atrato en el departamento del Chocó. “Ella relata que les cocinaba a los miembros de la antigua FARC, mientras eso sucedía, el que llegaba a supervisar su labor se encargaba de violarla varias veces hasta dejarla tirada en el piso. Luego, la obligaban a levantarse y a continuar con esta tarea de alimentarlos. Cuenta que a veces quedaba tan temblorosa que se le regaba la olla y la obligaban a recoger todo, lavar y continuar con este oficio. Según ellos, esto era un castigo por tener varios hijos en el ejército. La amenazaban además con que, si les contaba a ellos, los matarían.” Comenta Ana Berta Panesso, lideresa de la Red Kambirí.

La vulneración a las mujeres no queda ahí. En la mayoría de los casos hay consecuencias psicológicas y físicas que les impiden continuar la vida en dignidad. Son situaciones comunes que se ven en los territorios, donde además de sufrir las violencias derivadas del conflicto armado, las mujeres sufren violencia doméstica muchas veces ejercida por sus mismos esposos, presentando además de las afectaciones psicológicas, enfermedades de transmisión sexual o enfermedades uterinas complejas, sin mucha atención.

A pesar de que aún no se ha realizado un trabajo serio que demuestre las cifras de las violencias basadas en género en este territorio, la organización a la que pertenece Ana Berta sí sabe que existe violencia: patrimonial, psicológica, económica, sexual y feminicidios.

Hasta ahora las mujeres están comenzando a reconocerlas y a comunicarlas con mucha timidez pues en algunos casos son re victimizadas. “Las defensoras de derechos humanos vivimos en alto riesgo de ser objetivo militar de grupos armados y también en riesgo de ser re victimizadas, nos sentimos abandonadas por el estado” afirma Ana Berta.

 Es por esto que dice que:

Los riesgos más altos contra las mujeres se dan en violencia sexual y en reclutamiento infantil contra sus hijos.

Estos riesgos no solo afectan a las mujeres sino a sus núcleos familiares y a la red de la comunidad, pues la presencia de actores armados, en el peor de los casos no garantiza la permanencia en los territorios y muchas familias pueden llegar a sufrir de desplazamiento forzado.

 Ana Berta Panesso pertenece a la Comunidad de la Manza en el municipio del Medio Atrato en el departamento del Chocó. Es una comunidad habitada por 250 familias, de estas, 150 son mujeres. Su organización, perteneciente a la red Kambirí, nace en 2016 con el objetivo de superar las múltiples violencias a las que están sometidas las mujeres en su territorio. Además de poder lograr empoderarlas para que conozcan y asuman la defensa de sus derechos dentro y fuera del hogar, superar las múltiples vulneraciones y lograr tener una vida digna.

 La Asociación de Mujeres Emprendedoras del Medio Atrato es una organización sin ánimo de lucro y pretende para 2022 que se les de el estatus de mujeres víctimas a las mujeres que están participando de este proceso.

El sueño de Ana Berta es que “las mujeres puedan recorrer sus lugares ancestrales sin miedo, libres y en paz, pero sobretodo que puedan desarrollar los temas de empoderamiento económico, que aún no se trabajan”.

 La organización que lidera Ana Berta Panesso, actualmente está acompañada de la Red de Defensoras, de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas y de la Red de Mujeres Afrocolombianas Kambirí. Esta alianza está trabajando para incidir en el empoderamiento de las mujeres, niños y niñas de la comunidad

Kambirí, una red que une a las mujeres afrocolombianas

Una de las estrategias de la Red ha estado orientada al empoderamiento de las lideresas defensoras de derechos humanos, desde un trabajo participativo de las mujeres afro en su autocuidado y protección, mediante talleres y encuentros colectivos en diversos espacios del territorio colombiano que permita avanzar en enfoques y medidas diferentes a las que proporcionan las instituciones públicas en los casos de amenazas e intimidaciones en contra de las lideresas. Para la Red ha sido muy importante afianzar el trabajo colectivo para poder potenciar su accionar frente a la identificación de riesgos y fortalecer la participación y la incidencia de las mujeres afrodescendientes en todos los espacios, desde los más locales hasta los de nivel nacional.

Para las mujeres de la Red Kambirí la parte de su ancestralidad y espiritualidad es muy importante. Porque desde ahí, es donde se han construido las prácticas de cuidado y autocuidado de la comunidad afrodescendiente en el país. Desde la forma de hablar y comportarse, hasta su modo de pensar y reflexionar en comunidad hacen parte de esa sabiduría ancestral. Además de rituales de protección han consolidado el trabajo en algunos territorios de las Guardias Cimarronas, con estas estrategias las mujeres han podido construir e incorporar sus propios mapas de riesgo para actuar y protegerse en comunidad. 

Por esta y muchas razones más, el aporte a la construcción de paz a partir del reconocimiento de las mujeres afrodescendientes es lo que ha llevado a la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí a continuar con su labor como defensoras de los Derechos Humanos en Colombia.

 


La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Coalition (ILC) articula a 23 organizaciones rurales, académicas y no gubernamentales de 13 países de América Latina y el Caribe. El Cinep - PPP es hoy el punto focal de esta Iniciativa.

Este texto hace parte del Especial #8M producido por la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de ILC. Te invitamos a conocer las demás entregas:

Segunda entrega: Argentina: Defensoras ambientales frente a desalojos en Salta.

Tercera entrega: Guatemala. Recuperación de tierras ancestrales y permanencia en el territorio.

Cuarta entrega: México. Defensa del territorio y resistencia a megaproyectos de energía eólica.

Quinta entrega: Entrevista. El trabajo invisible y los riesgos por ser mujer defensora de la tierra en Guatemala.

El tercer derecho consagrado en la Declaración universal de los derechos humanos, es el derecho a la vida. Sin embargo, este derecho termina siendo uno de los más violados en contextos como el colombiano. Ante esta situación, se hace necesario que entorno a este tipo de violencia, la ciudadanía se manifieste para exigir respeto por la vida.

La defensa del derecho a la vida en Colombia no es algo nuevo. El violento contexto que han vivido las comunidades, tanto en el campo como en las ciudades, ha llevado también a levantar la voz de protesta y a salir a las calles para rechazar los asesinatos, para exigir justicia y para demostrar que, a pesar de la violencia mortal, hay quienes quieren construir mejores condiciones para sus comunidades. 

 La defensa de la vida en Colombia

La Base de datos de Luchas Sociales de Cinep/PPP, recopila información histórica sobre las luchas protagonizadas por diversos sectores sociales. Esta base registra 1784 luchas sociales por el derecho a la vida entre 1975 y 2018. A continuación, los datos por año y la participación departamental de estas luchas.

 

30 años resistiendo a la violencia

La anterior gráfica muestra el comportamiento, en cantidad, de las luchas sociales por la vida en Colombia. Estas movilizaciones suelen ser reactivas, es decir, se producen como respuesta a un incremento del número de asesinatos y acciones violentas en determinada región. A continuación, los años en los que se presentaron más movilizaciones por la vida con sus contextos que explican estos incrementos. Y muestran además, algunos de los protagonistas de las historias de horror y de las historias de resistencia y manifestación por el derecho a la vida y a la integridad desde 1988 hasta 2018.

 

Marcha por la vida 2019: por los liderazgos sociales

A finales de junio de 2019 un video sacudió la opinión pública. Se trataba de un niño llorando desesperado porque acababan de asesinar a su madre, María del Pilar Hurtado, en Tierralta, Córdoba. Esta imagen no sólo develó el drama más cercano, del asesinato selectivo a líderes sociales, sino que despertó una amplia indignación en muchos sectores. Semanalmente los medios de comunicación han presentado desde la firma del Acuerdo asesinatos de personas que adelantaban gestiones en diversos temas, para para enfrentar injusticias, exclusiones o desigualdades en sus comunidades.

Los dolorosos gritos de ese niño llamaron la atención de la ciudadanía en general para hacer algo en defensa de los liderazgos sociales. Así, se convocó a una marcha el 26 de julio. Múltiples sectores atendieron y salieron a las calles en ciudades de todo el país y en el exterior. Convocados para exigir respeto por el derecho a la vida ante los armados y para exigir celeridad en la justicia de estos casos ante el Estado. Estas son las voces de los representantes de algunos sectores sociales que marcharon ese viernes en Bogotá y sus motivaciones.

 
 

Por los liderazgos sociales

La marcha del 26 de julio, por los líderes sociales, en imágenes

 

 

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Periodistas asistentes: 
María Fernanda Vera, Lida Bocanegra, Deivyd Manrique

 

Asesora temática: Martha Cecilia García

In memoriam

Momentos antes de morir caminábamos y conversábamos. La calle empinada por la que subíamos se hizo más aguda y exigió de nosotros una respiración más a fondo y un andar más pausado, sin prisa, en el que las palabras se dieron al silencio y el corazón a la meditación. Tras esperarlo unos metros adelante, sentí que ya se aproximaba a mí, lo miré, sonreía, pero la muerte, que no tiene pausa, lo arrastraba ya a toda prisa y, por más que corrí con todo mi aliento cogiéndolo con mis dedos por algunos girones de su camisa, no logré rapárselo de regreso. Allí estuvimos juntos, sin saberlo de antes, para esta cita con la muerte; la suya… y yo que también con él moría un poco.

Llevo estos días resucitando y también dejando que Marc resucite en mis recuerdos. En ello he estado, dejando ponerse en flor algunas ideas que quiero compartir, renacientes de tantas conversaciones con él. Marc siempre fue de este modo un maestro. Quiero escribir estas líneas desde el espíritu, desde la sensibilidad humana que nos une; es allí donde todas las cosas valen la pena. He aquí un par de lecciones del maestro:

Comprendo ahora, con más fuerza, que el trabajo apasionado de un hombre, de una mujer, por una causa grande, como lo es la paz, es espiritual. No puede ser desde otro lugar; no puede ser desde el poder, desde el interés material, desde la vanidad individual. Es un trabajo profundo del espíritu. Marc trabajó con pasión más de 30 años por la paz de Colombia; tal fidelidad en este propósito, tal sentido de entrega rigurosa a profundizar en las causas y proponer alternativas sólo es posible desde el espíritu. Desde allí, con el amor que tantos reconocemos de él, fue construyendo comunidad. Su pasión por la paz venía empujada desde este lugar de trascendencia en el que él ahora se encuentra.

Comprendo también, desde este mismo lugar, por qué para un académico de la talla de Marc Chernick lo más importante es la gente. Marc fue un estudioso de Colombia que hizo su carrera a punta de cincel, en diálogo con los campesinos, con los indígenas, con líderes y organizaciones en muchas regiones del país, a la par que con la academia internacional. No fue un académico de escritorio; su diálogo no era con las elucubraciones abstractas, su diálogo era con el sentir de la gente. Su diálogo “académico” fue desde el lugar de lo profundamente humano, buscando comprender anhelos, preocupaciones, sueños de la gente. La sensibilidad de Marc resonaba como una melodía en su chelo. Un acuerdo de paz, un cambio estructural, una transformación política, tienen sentido si tocan la profundidad humana de la gente, si resuelve sus problemas, si crea condiciones para la buena convivencia. Las conexiones de Marc fueron desde el espíritu; pues sólo desde allí se dimensiona la profundidad del ser humano.

Y comprendo ahora, a la postre, por qué Marc siempre sonreía. Se deriva de allí; pues la expresión más evidente del espíritu, del amor, es la alegría. Aun en medio de las confesas decepciones de Marc con los procesos de paz en el país, que estudió con tanto ahínco, siempre estuvo allí con esperanza e interés de aportar. Lo hacía feliz compartir con la gente, charlar con todos, escuchar sus historias, conocer su trabajo, indagar por sus apuestas, sus aprendizajes, sus logros en medio de tantas dificultades y conflictos. Marc siempre quería venir a Colombia y correr a las regiones; siempre quería estar con la gente, siempre buscó esta fuente de conocimiento, que en el fondo, desde el espíritu, es fuente de alegría. Todos recordamos a Marc sonriente. Estaba enamorado, por eso siempre quería venir al país, y ese amor lo hacía feliz. Fue lo último que hablamos momentos antes de morir. Le pregunté cómo se sentía en Colombia, cómo estaba pasando este tiempo, ya como residente. Y me respondió con su voz calmada y profunda, con tanto regocijo, que hasta yo mismo sonreí: “Estoy muy feliz”.

Marc, ahora respiro profundo, resucitado, con serenidad. Ahora estamos unidos en una gran comunidad. Que nos mueva el espíritu. Eso somos. Eso necesitamos.

 

Fernando Sarmiento Santander

Bogotá, 24/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • El martes 17 de abril, líderes de comunidades reclamantes de tierras de Chocó, Magdalena, Las Pavas, Montes de María, Valle del Cauca y Nariño se reunirán con representantes de las entidades del Estado para analizar los procesos de restitución de tierras y proponer alternativas de solución a los obstáculos que han tenido hasta el momento.
  • En el encuentro se conversará y presentarán cuatro temas cruciales en la restitución: seguridad y protección a los líderes, minería y agroindustria, mujer rural y étnica, y articulación inter e intra institucional.

En Colombia hay 111.593 solicitudes de restitución de tierras que corresponden a 99.155 predios, 58.291 trámites administrativos de los que 14.951 están ante jueces. Hasta el momento, se han tenido 3.761 sentencias que han resuelto 6.986 solicitudes (6%) y han dado la orden de restituir 5.598 predios (5,6%) con 290.842 hectáreas que benefician a 36.642 personas, según los datos de la Unidad de Restitución de Tierras.

Es decir, que en siete años de los procesos de restitución se ha dado respuesta al 6% de las solicitudes de las personas que fueron despojadas de sus tierras durante las últimas dos décadas y han pedido que se las regresen.

Las comunidades de reclamantes y las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan han analizado los procesos de restitución para identificar cuáles son los obstáculos estructurales de la política y los procedimientos, y qué soluciones pueden darse de tal manera que se beneficie al mayor número de reclamantes.

Son cuatro los temas que más han preocupado a las comunidades: la seguridad y protección de los líderes y lideresas, la minería y agroindustria, la mujer rural y étnica, y la articulación inter e intrainstitucional de las entidades responsables de la restitución. Estos mismos serán los temas que los líderes conversarán en el desayuno-conversatorio que se realizará el 17 de abril, a puerta cerrada, y al que ya confirmaron asistencia el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Agencia de Desarrollo Rural y delegados de varios países miembros de la Unión Europea.

En la tarde, a las 5:00 p.m., los líderes y las entidades acompañantes estarán conversando, a puerta abierta, sobre seguridad y protección, y acerca de la minería y la agroindustria en sus territorios. Este encuentro es de entrada gratuita y se realizará en el aula máxima del Cinep/PPP.

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Astrid Toscano
Equipo Gestión del Territorio en el Pacífico

Líderes de organizaciones reclamantes de tierra de Chocó, Magdalena, Bolívar y Montes de María se reunirán este fin de semana para intercambiar experiencias sobre los procesos de restitución que han adelantado con el acompañamiento de Cinep/PPP, la Pontificia Universidad Javeriana y el apoyo de la Unión Europea con el proyecto “Cuando tengamos la tierra, crecerá la semilla”.

A las afueras de Cartagena, los líderes de organizaciones sociales que representan aproximadamente a 18.000 reclamantes de tierras, que fueron despojados por causas del conflicto en las últimas décadas en Chocó, Magdalena, el sur de Bolívar y los Montes de María, se reunirán para intercambiar experiencias positivas y negativas en sus procesos de reclamación, restitución y retorno a sus tierras.

María Alejandra Grillo, investigadora jurídica y gestora de Cinep/PPP en estas comunidades conversó sobre el impacto ambiental en los territorios, un tema que ha sido denunciado por las comunidades desde hace unos años y ha empezado a ser observado con mayor atención y detalle:

 Se ha empezado a hablar del impacto ambiental que han dejado los desplazamientos por el conflicto.

Alejandra Grillo: Yo prefiero llamarlo despojo ambiental. En los territorios nos hemos dado cuenta de que hay que ampliar la mirada sobre el despojo de tierras para poder analizar el impacto integral en las personas, las comunidades, su cultura, tradiciones y su forma de vida. Cómo ha ido más allá de quitarles la tierra o desplazarlos. Esto no es una cuestión jurídica de un título de la tierra; el despojo ha afectado que se siga manteniendo la forma de vida campesina o afrodescendiente porque les han quitado las ciénagas, los bosques, los han despojado de sus tradiciones.

Uno podría hablar de un exterminio de la forma de vida afro y campesina, entendiendo que hay una relación estrecha entre la tierra y las culturas.

 ¿Si hay retorno y la gente está regresando, no se sigue manteniendo esa relación?

A.G.: Lo que se ha evidenciado en Chocó, Las Pavas y Magdalena es que la gente salió de sus territorios desplazada hace 20 años y están retornando hace poco. Quienes llevan las luchas por las tierras son los ancianos. Los jóvenes salieron tan temprano que no han creado esas costumbres y relaciones. Cuando les devuelven la tierra, los que regresan son los viejos, los jóvenes siguen en las ciudades, ya no quieren regresar.

Esas tierras van a pasar a manos de los grandes ganaderos y empresarios, que fueron quienes los desplazaron. Esa tierra va a volver a sus manos no con violencia, sino que los jóvenes están vendiendo porque no quieren regresar. El despojo ha sido tan sostenido en el tiempo, han arrancado tan profundo los lazos sobre la tierra que es difícil volver a crearlos. No es imposible, ese es uno de los retos de la restitución, hay que enamorar a la gente del campo y hacerle sentir que el campo es una oportunidad.

 ¿Realmente que tantas oportunidades hay al regresar?

A.G.: Al campo lo está sobre poblando la agroindustria. El Chocó está rodeado de banano, Magdalena de palma, el sur de Bolívar de banano y palma. El Gobierno ya no da tantos subsidios para los otros cultivos. Las políticas le apuestan a esas grandes industrias.

A las personas que han regresado, les prometen proyectos productivos con la restitución, pero son promesas no cumplidas por el gobierno, les dan proyectos no sostenibles, no les han devuelto la vida que tenían antes del desplazamiento. La posibilidad de la gente de acceder a créditos es cada vez más difícil, las economías regionales se han volcado hacia la agroindustria y los grandes cultivos. No hay un apoyo realmente comprometido de parte del Estado para que los campesinos puedan retornar y retomar el campo.

 ¿Y qué está haciendo entonces la gente que ha regresado a sus tierras?

A.G.: La gente que retorno sin acompañamiento del Estado está haciendo contratos de arrendamiento a personas que tienen la plata para cultivar. Finalmente, los campesinos no son autónomos en sus propias tierras o sus propios proyectos porque no tienen el músculo financiero. Quienes terminan beneficiándose de la tierra son personas ajenas al territorio. En Chocó, el inversor mecaniza la tierra y el cultivo, de esa manera paga el uso de la tierra, no paga el trabajo; le toca al campesino trabajar para otro y salir a vender para obtener dinero para el inversor y para él. Los campesinos están teniendo que recurrir a las mismas personas que los han despojado.

 ¿Qué acciones están tomando las comunidades al respecto?

A.G.: La gente hace mucho tiempo está denunciando porque en su cotidianidad evidencian el impacto, ese daño ambiental se ha convertido en enfermedades de la piel, del estómago por el mal estado del agua, no tienen comida, las comunidades siempre dicen que antes había abundancia de pesca, de animales de caza y ya no tienen ni para comer.

Están haciendo una denuncia muy fuerte porque sienten el impacto en su cuerpo. Pero no ha pasado más allá de la denuncia porque mitigar ese impacto implicaría sacar la palma, el ganado y a los empresarios que están allí.

Las comunidades están teniendo conciencia de, en la medida de las posibilidades, proteger el ambiente que tienen, han empezado por no talar árboles, pero es difícil porque la madera es una de las formas en las que reciben dinero. Los campesinos y afros no tienen la capacidad de hacer esa mitigación, teniendo en cuenta que quienes hacen el daño son los megaproyectos, una escala muy grande.

 ¿Cuál es el daño provocado por los megaproyectos y cultivos extensivos?

A.G.: Yo creo que esa apuesta de hablar de los recursos naturales implica que la tierra es solo una. Pero hablemos del agua y ese es un punto que hay que empezar a enfatizar. Estos megaproyectos han hecho un daño tremendo porque para cultivar banano, palma y ganado hay que hacer filtraciones, hay que cambiar el cauce de los ríos para que no se inunden las zonas de cultivo, hay que secar ciénagas para obtener terrenos para la palma, taponan los cauces.

Todo eso genera una afectación y daño tremendo, desde la perspectiva técnica ambiental sobre los ecosistemas. Pero el daño es grave también desde una mirada cultural, por ejemplo, si secas una ciénaga, que son el lugar de nacimiento de los peces, se acaba la pesca y sin pesca no hay pescadores, se tienen que ir también con sus historias y el paisaje tradicional que los acogía.

 ¿Cómo se pueden medir esos impactos y daños ambientales?

A.G.: Apenas se está empezando a documentar realmente. Entre los resultados del acompañamiento de Cinep/PPP y Javeriana en las cuatro regiones hay un diagnóstico sobre el despojo ambiental de cada caso y cómo se ha afectado la vida de la gente. Estamos poniendo el tema sobre la mesa también en términos de cómo investigar ese impacto. Sobre esto van a conversar los líderes en el intercambio, para entender qué problemáticas están compartiendo todas las regiones de manera transversal. Esto es un problema de país, no de un caso.

 ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir y reparar?

A.G.: Los daños ambientales terminan siendo delitos ambientales y podrían ser castigados. En Colombia apenas se ha empezado a hablar del tema y no hay suficiente voluntad política para que en realidad se puedan penalizar los daños. Desde 2004 se habla de daños ambientales en términos penales, de ahí para atrás no se pueden castigar esos daños.

Uno de los horizontes que nos hemos planteado en Cinep/PPP es que estamos evidenciando que hay unos daños ambientales y unos responsables de esos daños que se hicieron en los años 80, 90 e iniciando los 2000; pero es muy difícil perseguir a los responsables. Luego de 2004, no hay voluntad política, jurídica ni institucional para investigar efectivamente a esos daños. No se puede adjudicar una responsabilidad penal a las personas jurídicas, no puedes echar a la cárcel a una de esas empresas.

 

 

Astrid Toscano
Equipo Gestión del Territorio en el Pacífico