Del 13 al 15 de noviembre se llevará a cabo el Segundo Congreso de Construcción de Paz con Perspectiva de Género en la Universidad Iberoamericana de la ciudad de México. Este evento se realizará en colaboración del Gerogetown’s Institute for Women, Peace and Security el Cinep/Programa por la Paz, la Escola de cultura de Pau, el Centro de la Universidad Oriental Menonita para la Justicia y Construcción de Paz (Center for Justice & Peacebuilding of Eastern Mennonite University), la Fundación Seminario de Investigación para la PazUniversitat Jaume I, Jesuitas por la Paz y WILPF España.

La conferencia magistral “Con feminicidios no hay paz” estará a cargo de Rita Laura Segato, antropóloga argentina autora de Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres (2014).  

El Congreso tendrá diferentes paneles temáticos, entre ellos el panel  “Mujeres, Paz y Seguridad Internacional” que se realizará el 13 de noviembre en el que participará Magda Beatriz López, coordinadora de la línea de Mediación y Reconciliación de Cinep/PPP. Su intervención destacará el rol de las mujeres en las experiencias de reconciliación en Colombia, en particular desde las iniciativas territoriales de base. Además de compartir con el público asistente los retos de la reconciliación en Colombia a propósito del posacuerdo y cómo la paz se ha sostenido en las manos de las mujeres desde la política, la movilización la participación.

El 15 de noviembre, se presentará el panel Reconstrucción del tejido social con perspectiva de género en donde participará Patricia Conde, coordinadora de la estrategia regional de gobernabilidad e incidencia en el Magdalena Medio y presentará su ponencia “Las mujeres y su aporte a la construcción de paz en el Magdalena Medio colombiano”.

Puedes seguir el evento vía streaming a través de los siguientes enlaces:

Aquí puedes leer la programación completa:

 

 

El 17 de octubre de 2017 se radicó el proyecto de ley que declararía el 19 de mayo como el Día nacional de la lucha contra la impunidad de los crímenes contra defensores de derechos humanos en Colombia. Desde el Cinep/Programa por la Paz se impulsó este proyecto de ley, que el pasado martes 30 de octubre se cayó en el segundo debate ante la Cámara de Representantes.

Esta propuesta se presentó ante el Congreso en el marco de la conmemoración de los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado, padre de la investigadora, sobre el cual la justicia no ha operado, a pesar de haber sido declarado un crimen de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación.

El objetivo del proyecto además de rendir homenaje a los defensores y defensoras de derechos humanos en el país, buscaba declarar el 19 de mayo, día del asesinato de la pareja de investigadores y padre de la investigadora, como el día que recordara al país la urgencia que tiene garantizar la investigación y sanción efectiva de los crímenes en contra de quienes defienden los derechos humanos en el país.

No obstante, después de un año y cinco meses, la Cámara de Representantes le dijo “no” a esta iniciativa que ya había pasado en primer debate. No fueron suficientes los argumentos expuestos en la primera ponencia realizada por el autor y coordinador del proyecto, el entonces representante, Alirio Uribe; ni el respaldo de los 12 Congresistas firmantes: Angela María Robledo, Angélica Lozano, Inti Asprilla, Oscar Ospina, de la Alianza Partido Verde; Víctor Correa, Germán Navas Talero, Iván Cepeda Castro y Senen Niño, del Polo Democrático; Carlos Guevara, del Mira; y Luciano Grisales, del Partido Liberal.

 

Tampoco se tuvo en cuenta lo expuesto por la ponente en el segundo debate, Milene Jarava Díaz, representante a la Cámara por Opción Ciudadana quien manifestó el proyecto era necesario para respaldar la labor de defensores de derechos humanos en el país y honrar la memoria de quienes han perdido su vida por esa labor.

Con la negativa de la Cámara de Representantes se pierde la oportunidad de rendir un homenaje, no solo a Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado, sino a todas las personas que en este país arriesgan su vida y la de sus familias defendiendo los derechos humanos. Como lo dice el informe de la ponencia:   

“Esta ley sería precisamente una de esas acciones de reconocimiento público que contribuya a generar un clima de mayores garantías para defensores que incluya, además, la realización del mandato que tiene el Estado de desplegar acciones de protección efectiva a la integridad de los líderes sociales y la Fiscalía General de la Nación, de impulsar las investigaciones correspondientes para la identificación de los responsables de las agresiones contra estos”.

El Día nacional de la lucha contra la impunidad es parte de las acciones que componen Una utopía posible, así como la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas; o una sociedad justa, sostenible y en paz. “Con el corazón lleno de dolor y esperanza” como se tituló el editorial de la revista institucional Cien Días vistos por Cinep, el año del crimen de Mario, Elsa y don Carlos, hoy decimos:

(…) la vida, la realidad, la amistad que construyeron nuestros amigos y que perdura entre tantas personas es mucho más fuerte que nuestro dolor y se convierte para nosotros en fuerza, ternura, ánimo, compromiso y ESPERANZA (...) Nuestra esperanza también brota de la voluntad de solidarizarnos con todos los que son afectados por la violencia, y de nuestro rechazo por todas las formas intimidatorias para solucionar nuestros conflictos. (#37 abril - junio 1997 In memoriam Mario y Elsa)

Nota:

Mario Calderón, Elsa Alvarado y el padre de Elsa Carlos Alvarado fueron asesinados el 19 de mayo de 1997. Mario y Elsa eran líderes sociales y defensores de derechos humanos y ese liderazgo fue incómodo para alguien que decidió quitarles la vida. Después de 20 años la impunidad impera en su caso y es por esto que buscamos que esta fecha sea reconocida como el Día nacional contra la impunidad.

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Equipo Comunicaciones Cinep/Programa por la Paz

Durante la Mesa Multiactor de Seguridad y Protección a líderes y lideresas del Caribe que realizaron Cinep/PPP y Codhes, como parte de la Plataforma ENI Colombia, conversamos con Juan Manuel Bustillo, quien documentó el panorama de los defensores de derechos territoriales en la región: “Las amenazas en el Caribe se concentran especialmente sobre los líderes reclamantes de tierras”.

Desde hace unos meses, las alertas por las amenazas a la seguridad de los líderes sociales han preocupado a la sociedad colombiana y las denuncias siguen en aumento. Las regiones más azotadas en el país por ese tipo de violencia en los últimos meses han sido Catatumbo y Cauca. Sin embargo, en la región Caribe el tema tiene una dinámica particular, asociada a contextos extractivistas y de explotación de recursos naturales, además de que hay un alto subregistro en los datos por el miedo a denunciar.

Juan Manuel Bustillo, delegado de la Mesa Multiactor de Seguridad y Protección del Caribe para documentar el panorama de los defensores de derechos territoriales en la región, explica y analiza los hallazgos, las preocupaciones y expectativas que tienen los líderes frente a las medidas para garantizar su protección y realizar su trabajo de defensa de derechos.

¿Qué está pasando con los líderes en el Caribe?

 Juan Manuel Bustillo: Las víctimas son principalmente personas que encabezan la defensa de las comunidades y las reclamaciones del derecho a la tierra y el territorio, es un grupo que incluye campesinos, afros y pueblos indígenas de los distintos departamentos.

Las agresiones y persecuciones tienen varias manifestaciones: la más visible, pero no suficientemente registrada, son los homicidios de líderes. Hay otras manifestaciones que no son de dominio público ni generan tanta preocupación de las autoridades como las amenazas de muerte, hostigamientos, atentados contra la vida e integridad física de las personas, detenciones arbitrarias, en menor medida, casos de desaparición forzada y de secuestro. Esto impide el derecho que tenemos todos, y en particular los líderes, de defender el derecho a la tierra y el territorio.

¿Quiénes están amenazando?

J.M.B: Los registros de distintas fuentes gubernamentales, no gubernamentales, locales, comunitarias y departamentales muestran que la autoría corresponde a grupos paramilitares, especialmente a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Hay una gran cantidad de casos de autoría desconocida porque no se ha podido determinar quién está detrás de los hechos y hay un caso a manos de la fuerza pública, el de la Fuerza Conjunta del Nudo de Paramillo, que fue ampliamente conocido.

La identificación de los responsables, tanto materiales como intelectuales, le corresponde a la Fiscalía en particular, que ha avanzado en adecuar la normatividad y la estructura institucional para las investigaciones, pero no se han obtenido suficientes resultados de esas pesquisas judiciales.

¿Cuál es su análisis sobre las acciones de las autoridades y entidades para proteger a los líderes?

J.M.B:: En Colombia hay un marco normativo y un marco institucional de defensa de los derechos humanos, en particular de garantías para los defensores, que se empezó a construir alrededor de los años 90. Estos marcos se han alimentado a partir de las preocupaciones de la comunidad internacional y de los defensores: la Defensoría tiene el Sistema de Alertas Tempranas que es bastante sofisticado, con la Ley de Víctimas se creó la Unidad Nacional de Protección y el Acuerdo Final reforzó las medidas.

Como existía una preocupación particular sobre los líderes y lideresas, el Acuerdo incluyó una serie de medidas para garantizar el trabajo y la vida de los defensores y movimientos sociales y políticos, para mitigar o desmantelar las fuentes de riesgo como las organizaciones paramilitares, estructuras que ya debían haber sido desmontadas tanto en su parte armada como política y económica.

Los líderes han manifestado que las medidas de protección no son adecuadas ni suficientes, ¿qué han encontrado ustedes?

J.M.B:: Esta afirmación es verídica y tiene dos componentes para explicarla: 1) Las medidas de la UNP para ofrecer protección material y concreta no son preventivas ni atacan los factores y causas generadoras de riesgos, tienen una cobertura limitada, son lentas, de carácter individual y tiene un enfoque de género y étnico bastante limitado, entre otras críticas.

2) Por su parte, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ya existía y solo fue mejorado con el Acuerdo Final, que también incluye un sistema y protocolo de protección de organizaciones y comunidades en el territorio y la creación de una unidad especializada de investigación de los crímenes contra defensores. Pero todas estas medidas son repetición de las que ya existen; se ha avanzado en su formulación, pero no en la implementación a nivel local, son poco conocidas por las comunidades y los líderes, quienes afirman que muchas de las autoridades locales tampoco las conocen y, por lo tanto, no saben de sus obligaciones.

¿Qué hay detrás de estas amenazas?

J.M.B:: Por un lado, sectores políticos y económicos que se oponen a las medidas de transformación rural que contiene el Acuerdo Final y ven en los líderes a unos promotores de las medidas del Punto 1, relacionadas con la reforma rural integral y el desarrollo rural.

Por otro lado, en el nivel local y territorial, hay algunos sectores que siguen viendo las movilizaciones sociales y la reivindicación de derechos territoriales como una cuestión ilegítima que atenta contra el establecimiento, contra el orden del poder político y, sobre todo, de la distribución de la tierra y el desarrollo de proyectos de extracción, entre otros.

¿Cuáles son los departamentos del Caribe más afectados?

J.M.B:: Los registros dicen que desde la firma del Acuerdo y hasta el 30 de junio de 2018, el más afectado es Córdoba, aunque también hay altas cifras en Bolívar, Sucre y Cesar. El problema se ha hecho visible, entre otras razones, porque la comunidad internacional está atenta de la implementación del Acuerdo Final. Paradójicamente, después de la implementación se disparó la crisis de persecución contra los defensores. Sin embargo, hay un alto subregistro de los casos, se conocen especialmente los homicidios y hay menos información de las amenazas y los hostigamientos.

¿Hay una dinámica como región Caribe o cada departamento tiene una dinámica propia?

J.M.B:: Hay unos aspectos en común como que las personas amenazadas, víctimas de ataques y homicidios, son las mismas que han exigido la titulación de la tierra, que se amplíen los resguardos, que se restituyan los predios y se repare colectivamente, al mismo tiempo que son quienes se han quejado por la falta de acción de las autoridades.

Pero, por supuesto, en cada departamento hay un contexto que hace particular las persecuciones y está determinado por la presencia de actores armados, la ausencia de las FARC, la militarización de los territorios y la expansión y consolidación de las estructuras paramilitares. Además de eso, en cada territorio hay uno o dos proyectos de desarrollo económico a gran escala interesados en la tierra, el territorio y los recursos naturales, mineros, del subsuelo o el agua. Se puede hablar de los megaproyectos de extracción de La Guajira y Córdoba o de los proyectos agroindustriales en Montes de María, entre otros.

¿Qué resultado esperaban de esta mesa?

J.M.B:: Lo que queremos principalmente es que la Procuraduría implemente la Directiva 002 de 2018 que expidió y que le permite hacer seguimiento en las regiones. El problema es que está haciendo una labor preventiva, pero no está haciendo uso de sus dientes para sancionar a los funcionarios que no cumplen la labor de garantizar la protección y seguridad de los líderes. Hasta el momento no ha habido una sola sanción a ninguna entidad, aún a sabiendas de que se tiene un mecanismo para hacerlo. Si la Procuraduría le abriera investigaciones a los funcionaros que hablan en contra de las víctimas, podría generar medidas preventivas entre los funcionarios.

Con la Mesa se busca que haya un diálogo para generar compromisos que sirvan para reducir los riesgos de los defensores en la región Caribe, con una articulación profunda entre las entidades, que en otras mesas y regiones ya se da. Finalmente, que se afronten las causas que hay detrás de los ataques y no sólo se implemente medidas policiales.

 

 

 

“No más militares en Catatumbo”, piden las organizaciones sociales de la región

Ante el crecimiento de la violencia en Catatumbo y Cúcuta, en días pasados el Gobierno nacional anunció el aumento de la militarización de la región, que ya cuenta con 12.000 soldados y 4.000 policías. Organizaciones de la zona se declararon altamente preocupadas por la medida, lo hicieron en la rueda de prensa del informe “Catatumbo: La guerra sin tregua” que elaboró Cinep/PPP.

“En una zona con 12.000 militares y 4.000 policías, que cuidan 48 pasos y trochas fronterizos, se han reactivado los tráficos ilegales, en especial el de personas hacia el interior de Colombia y el sur del continente; 49 líderes sociales fueron amenazados, 10 asesinados y 5 secuestrados; se registraron 350 casos de desaparición forzada, 70 de ellos en la frontera; 29 civiles han sido secuestrados, tres en los últimos once días. Todo ese pie de fuerza y seguridad y no hay información de quién está cometiendo los delitos y el 99% de las denuncias no tiene una sola respuesta”, explicó Wilfredo Cañizales, director de la Fundación Progresar.

La mayor preocupación de las organizaciones locales como la Fundación Progresar y el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) es la orden dada por el Gobierno nacional de aumentar la militarización de la zona, ya que el 20 de octubre se activaría una nueva fuerza de tarea rápida para la región. Esta medida ha sido implementada en ocasiones anteriores como en diciembre de 2017 cuando llegaron 6.000 hombres del Ejército a seis nuevos batallones, pero el empleó de dicha estrategia usualmente ha contraído altos picos de violencia.

¿Qué está pasando en Norte de Santander?

En el primer semestre de 2018, las cifras sobre violencia, tanto en Catatumbo como en Cúcuta, duplicaron los registros del mismo periodo en los años anteriores del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, según el informe “Catatumbo: La guerra sin tregua” que Cinep/PPP presentó con la revista Noche y Niebla No. 57. De enero a junio de este año se registraron 599 víctimas y 656 casos de vulneración a derechos humanos y DIH en todo el país, 91 de ellos ocurrieron en Catatumbo.

El aumento de la violencia en Catatumbo se debe a enfrentamientos entre las guerrillas del ELN, el EPL y otros actores por el dominio de la zona, como parte del conflicto armado. Es decir, en Catatumbo hay un aumento en las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC) como parte de las acciones en la guerra entre guerrillas, grupos armados ilegales y fuerza estatal.

En Cúcuta el panorama es diverso, pues los responsables de la violencia son grupos paramilitares, bandas criminales como los Rastrojos y las Águilas Negras, que controlan los tráficos y a la población. En el caso de Cúcuta, lo que se presenta es una permanente vulneración a los derechos humanos, en un escenario en el que no hay conflicto, pero sí violencia reiterativa.

La dinámica violenta se ve impulsada por la presencia de carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, que son los mayores compradores de la droga producida o transportada en la región. Esto sumado a la crisis de la migración venezolana que, como lo explicó Cañizalez, “ha facilitado que grupos paramilitares y Rastrojos sean integrados y recluten principalmente a menores venezolanos, además de que ha habido un aumento de desapariciones forzadas de venezolanos y que el tráfico de personas ahora sea de Venezuela hacia Colombia”.

El periodo revisado es el tercero más violento en Catatumbo desde 2010 y ha superado el promedio histórico semestral de casos. Los municipios más afectados hasta ahora han sido Tibú, Teorama y El Tarra.
  

Dentro de la estrategia de la Compañía de Jesús de regionalización, la Conferencia de Provinciales de América Latina – CPAL viene desarrollando la articulación de experiencias locales de varios países y en torno a diferentes ejes temáticos. Uno de ellos es el de derechos humanos y ecología integral cuyo grupo de homólogos, de los diferentes centros sociales, se reunió en las instalaciones del Cinep/PPP para concretar un plan completo de acción frente a los dos temas.

“Lo que busca este grupo es articular procesos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos de personas y poblaciones, pero también integrado a los derechos de la naturaleza” explica Galo Reinaldo Bogarín – Coordinador de la red de centros sociales de la CPAL. Los grupos de homólogos son parte de la estrategia que tiene la red de centros sociales para unirse en temáticas de interés comunes a lo largo de Latinoamérica.

Dentro de las múltiples problemáticas sociales que comparten los países de América Latina, uno de gran impacto en las comunidades es precisamente el relacionado a temas de medio ambiente. Durante este encuentro los representantes de cada centro social denunciaban prácticas comunes como el desplazamiento de poblaciones por proyectos extractivos. “Tenemos la tercera parte del territorio concesionada para proyectos mineros. Tenemos 950 proyectos en negociación y 583 proyectos ya aprobados para minería metálica. Hay 123 proyectos de generación de energía hidroeléctrica, 35 proyectos de generación de energía solar.” Dijo Pedro Landa del Grupo de homólogos de derechos humanos y ecología ambiental de Honduras.

En El Salvador es situación es muy similar. “Solo el 3% de nuestro territorio tiene bosque, después de Haití, somos el país con el territorio más vulnerable a cualquier tipo de crisis medioambiental. Solo con que llueva 3 días seguidos se genera desplazamiento de comunidades por crecientes de ríos o deslave de montañas” Manuel Escalante – Instituto de derechos humanos de la Uca

Los riesgos no son solo para las comunidades, los defensores de derechos humanos en Latinoamérica están en alto riesgo. Según Global Witness, durante 2016 fueron asesinados 200 líderes defensores del medio ambiente, el 60% de ellos sucedieron en países latinoamericanos. “En Honduras, lamentablemente, somos catalogados como el país más peligroso para la defensa del medio ambiente, en los últimos 10 años han asesinado 123 defensores y defensoras del medio ambiente” dijo Pedro Landa.

En medio de este complejo panorama, el grupo de homólogos quiere incidir para mejorar las condiciones tanto de las comunidades como de los defensores del medio ambiente. “El tema de la justicia ambiental es importante para la compañía porque es importante para la humanidad. En el fondo lo que hacemos es promover la protección de los derechos humanos y también los derechos de la naturaleza para que tengamos una casa común habitable” afirmó Rafael Moreno, S.J. – Coordinador de CPAL para redes socio pastorales de américa latina. “Ha sido una decisión de la Compañía de Jesús a nivel mundial el que todas las obras nos articulemos para responder y tener incidencia ante las problemáticas de la globalización” añadió.

El objetivo de lograr esa articulación es fortalecer las experiencias locales de cada país, pero también sumar esfuerzos para lograr mayor incidencia. “La problemática no puede ser solo resuelta en escalas locales. Estas problemáticas son globales y regionales por lo tanto, al fortalecer los procesos en la región podemos tener un panorama mucho más amplio y podemos tener más impacto en las acciones” según Galo Bogarín.

Para el próximo años la red de homólogos desarrollará dos informes. Uno sobre democracia y derechos humanos en América Latina en el que intentarán caracterizar las problemáticas que se presentan en términos de niveles de democracia y esto relacionado a los derechos humanos. El segundo será sobre el extractivismo en esta misma región, situando las condiciones que se desarrollan, los vínculos entre empresa y Estado, la megaminería como proceso de relacionamiento fundamentalmente a procesos externos que vienen a la región.

 

Miguel Martínez
Equipo de comunicación