El 29 de enero dos integrantes de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación de Malí y representantes de la organización Abogados sin Fronteras visitaron el Cinep/PPP para intercambiar experiencias sobre cómo se reconstruye la memoria de las víctimas.

Malí, ubicado en el noroccidente de África, fue escenario de un conflicto que inició en enero de 2012. Tuaregs y grupos armados islamistas del norte se aliaron y lograron tomar el control de toda la mitad norte del país. Declararon la independencia de la zona conquistada, lo que llevó a un golpe de Estado militar el 22 de marzo en la capital, Bamako, y al derrocamiento del presidente Amadou Toumani Touré. En el sur la fragilidad política era evidente y el norte quedó bajo control de dos bandos que entraron en conflicto: el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA) por parte de los Tuaregs, y tres grupos islamistas radicales: Ansar Eddin, el Movimiento por la Unicidad y la Yihad en África Occidental (Mujao) y Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

Este nuevo conflicto causó el desplazamiento de más de 400,000 personas al sur del país y a países vecinos como Burkina Faso, Argelia, Mauritania y Níger. El ejército, que había nombrado una junta militar provisional tras el golpe de Estado, realizó varios ataques en contra de la población civil en su lucha por frenar las acciones del MNLA. Fuerzas de seguridad torturaron arbitrariamente a quienes creían que pertenecían al grupo islamista y la junta militar detuvo a opositores políticos.

Los grupos armados aprisionaron, torturaron y asesinaron a decenas de soldados del ejército. Durante y después de la toma de poder en el norte, secuestraron a mujeres y niñas en campamentos militares donde luego fueron agredidas sexualmente. El grupo AQMI prohibió la enseñanza del francés y la educación conjunta entre niños y niñas, e incendió todos los colegios y bibliotecas de Kidal. La Comunidad Económica de Estados del África Occidental (Cedeao), con ayuda de la ONU y gobiernos como los de Francia y Estados Unidos, intervino militarmente para recuperar el norte, acción que generó más desplazamiento forzado y violaciones de derechos humanos.

En el 2014 se aprobó la creación de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación y un año después los grupos rebeldes del norte firmaron un acuerdo preliminar de paz con el Gobierno de Malí, conocido como el Acuerdo de Paz de Argel de 2015. Dos representantes de esa Comisión visitaron el Cinep/PPP junto a representantes de la organización Abogados sin Fronteras para intercambiar experiencias y metodologías de investigación y reconstrucción de la memoria de las víctimas en procesos de transición.

Cinep/PPP compartió algunos elementos del trabajo que adelanta el equipo de Derechos Humanos, especialmente, la metodología del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política que desde hace 30 años registra casos de violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH, intolerancia sociales y hechos de violencia política como: desapariciones, detenciones arbitrarias, amenazas, atentados, torturas y desplazamiento forzado, entre otros. 

Según los representantes de la Comisión de la Verdad de Malí, su trabajo consiste en investigar grandes violaciones de derechos humanos, hacer seguimiento a los hechos, sus presuntos autores y recoger las distintas versiones de las víctimas para integrar todas las voces al relato. Grupos armados, religiosos, mujeres y sectores políticos están representados en la Comisión de la Verdad, lo que le da legitimidad y credibilidad.

Los Comisionados indicaron en el diálogo con Cinep/PPP que la Comisión en Malí representa una esperanza para muchos pues de todos los mecanismos creados es uno de los que mejor ha funcionado; sin embargo, el mayor problema que enfrentan es que el conflicto sigue activo y existe mucha polarización. Según ellos, la sociedad espera de la Comisión un aporte a la reconciliación en un país en el que la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) registró el año pasado 252 casos de violaciones de derechos humanos con un total de 650 víctimas.

Colombia transita por un proceso de implementación de acuerdos en el que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es también una esperanza de reconciliación; sin embargo, es un reto colectivo romper la dinámica de la guerra y pensar en colectivo, en lo que nos hace iguales.

Tanto la situación de Malí como la de Colombia demuestran que en un escenario de transición debe existir esclarecimiento sobre lo ocurrido y su complejidad; se debe reconocer a las víctimas como personas a las que se les vulneraron sus derechos y como sujetos políticos para la reconciliación;  y se debe entender el territorio como un espacio social y político transformador. En el diálogo fue evidente que en ambos casos las Comisiones creadas son necesarias para reconstruir la memoria de las víctimas, garantizar las condiciones de convivencia entre todos los miembros de la sociedad, y crear las bases para la no repetición, la justicia, la reconciliación y la paz estable y duradera.

 

Laura Cristina Vásquez 

Equipo Comunicaciones

 

Boyacá es uno de los departamentos que ha silenciado la violencia vivida. Poco se sabe de las masacres allí perpetradas por los paramilitares y de las víctimas de este conflicto político social. En este departamento y, especialmente, en la provincia de Lengupá, la memoria del conflicto está por construirse.

Es por eso que desde hace cinco años cada 10 de diciembre la comunidad y varias organizaciones sociales vienen promoviendo una Peregrinación que tiene como objetivo “recordar para transformar el territorio”. El pasado lunes, Día Internacional de los Derechos Humanos se sumaron voces, memorias y caminantes en esta Provincia con la comunidad de los municipios de Miraflores, Zetaquira, Campohermoso, Berbeo, San Eduardo, Rondón y Páez para enaltecer la memoria de las víctimas del conflicto armado y para exigir al Estado que se reconozca en el conflicto armado la responsabilidad de los paramilitares y de la fuerza pública.

 Guillermo Cruz es habitante de la región y miembro de la Corporación Tejiendo de Miraflores, su voz y su memoria estuvieron presentes en el camino. “Viví y padecí el paramilitarismo, visible desde el 90 y hasta el 2005. La peregrinación es la forma de revivir los actos que ocurrieron para ayudar a esclarecer la verdad”. Según este testimonio en Lengupá se hizo creer a la comunidad que allí había guerrilla para justificar la incursión paramilitar, pero “aquí no hubo enfrentamientos sino fue un ataque de unos actores armados contra una población inerme, indefensa, ingenua (…) entonces asesinan a mucha gente que participó en actividades electorales relacionadas con la Constituyente del 91”.

Para Guillermo Cruz aún se viven los efectos del conflicto, pues la desconfianza reina en la región, “aquí se fraccionaron las familias, pues algunas personas se aproximaron a los paramilitares tratando de cuidarse, algunos fueron informantes, pero otros se negaron. En las mismas familias se encuentran víctimas y victimarios”.

 

Las voces de las víctimas de Lengupá se suman a otras voces que hoy claman justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. “En este proceso lo que se quiere es la verdad. Las víctimas no luchan porque les den un dinero sino por saber la verdad y saber qué pasó”, afirma Guillermo Cruz. En este mismo sentido se expresó Tatiana Triana, una de las caminantes de la Corporación Cospacc, al señalar que “es necesario enaltecer las vidas de las víctimas, sus memorias, sus historias y su legado. Estamos exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición porque el perdón no significa renunciar a los derechos que tienen las víctimas”.

La Peregrinación se concibe como un espacio de encuentro en el que se teja nuevamente la confianza entre los habitantes del territorio, a partir del reconocimiento de las diferentes versiones de la verdad. Guillermo Cruz, indica que “con estas actividades se ha logrado explorar y contar qué pasó y cómo lo vimos. Al confrontar las versiones vamos encontramos un norte y lo importante es que en estos encuentros aparecen cada vez más personas y más verdades que motivan a explorar”.

Estos encuentros han favorecido el diálogo y el reconocimiento del otro y se han convertido en una forma para recordarle a la región lo que pasó y así afectarla, en el sentido de crear conciencia y reconstruir la memoria del territorio no desde la razón sino desde el corazón, desde lo humano que es el rostro del otro, así lo expresó Luis Orlando Pérez, S.J., integrante del equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP, quién caminó junto a la comunidad y presidió los actos religiosos.

Según Pérez, “en este lugar asesinaron, ejecutaron y torturaron a muchas personas en medio del silencio y del anonimato sus gritos no se escucharon (…) Nuestra presencia lo que hace es solidarizarse con ese grito de ayuda que es escuchado el día de hoy y ese grito recibe justicia pues no se queda solo, está acompañado”. Así las voces, las memorias y los caminantes se encuentran no solo para recordar, sino para transformar sus relaciones con la comunidad y con el territorio y, como lo expresó Guillermo Cruz, lograr que la solidaridad derrote a los victimarios.

 

Mónica Osorio Aguiar

Equipo Comunicaciones

 

Del 13 al 15 de noviembre se llevará a cabo el Segundo Congreso de Construcción de Paz con Perspectiva de Género en la Universidad Iberoamericana de la ciudad de México. Este evento se realizará en colaboración del Gerogetown’s Institute for Women, Peace and Security el Cinep/Programa por la Paz, la Escola de cultura de Pau, el Centro de la Universidad Oriental Menonita para la Justicia y Construcción de Paz (Center for Justice & Peacebuilding of Eastern Mennonite University), la Fundación Seminario de Investigación para la PazUniversitat Jaume I, Jesuitas por la Paz y WILPF España.

La conferencia magistral “Con feminicidios no hay paz” estará a cargo de Rita Laura Segato, antropóloga argentina autora de Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres (2014).  

El Congreso tendrá diferentes paneles temáticos, entre ellos el panel  “Mujeres, Paz y Seguridad Internacional” que se realizará el 13 de noviembre en el que participará Magda Beatriz López, coordinadora de la línea de Mediación y Reconciliación de Cinep/PPP. Su intervención destacará el rol de las mujeres en las experiencias de reconciliación en Colombia, en particular desde las iniciativas territoriales de base. Además de compartir con el público asistente los retos de la reconciliación en Colombia a propósito del posacuerdo y cómo la paz se ha sostenido en las manos de las mujeres desde la política, la movilización la participación.

El 15 de noviembre, se presentará el panel Reconstrucción del tejido social con perspectiva de género en donde participará Patricia Conde, coordinadora de la estrategia regional de gobernabilidad e incidencia en el Magdalena Medio y presentará su ponencia “Las mujeres y su aporte a la construcción de paz en el Magdalena Medio colombiano”.

Puedes seguir el evento vía streaming a través de los siguientes enlaces:

Aquí puedes leer la programación completa:

 

 

El 17 de octubre de 2017 se radicó el proyecto de ley que declararía el 19 de mayo como el Día nacional de la lucha contra la impunidad de los crímenes contra defensores de derechos humanos en Colombia. Desde el Cinep/Programa por la Paz se impulsó este proyecto de ley, que el pasado martes 30 de octubre se cayó en el segundo debate ante la Cámara de Representantes.

Esta propuesta se presentó ante el Congreso en el marco de la conmemoración de los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado, padre de la investigadora, sobre el cual la justicia no ha operado, a pesar de haber sido declarado un crimen de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación.

El objetivo del proyecto además de rendir homenaje a los defensores y defensoras de derechos humanos en el país, buscaba declarar el 19 de mayo, día del asesinato de la pareja de investigadores y padre de la investigadora, como el día que recordara al país la urgencia que tiene garantizar la investigación y sanción efectiva de los crímenes en contra de quienes defienden los derechos humanos en el país.

No obstante, después de un año y cinco meses, la Cámara de Representantes le dijo “no” a esta iniciativa que ya había pasado en primer debate. No fueron suficientes los argumentos expuestos en la primera ponencia realizada por el autor y coordinador del proyecto, el entonces representante, Alirio Uribe; ni el respaldo de los 12 Congresistas firmantes: Angela María Robledo, Angélica Lozano, Inti Asprilla, Oscar Ospina, de la Alianza Partido Verde; Víctor Correa, Germán Navas Talero, Iván Cepeda Castro y Senen Niño, del Polo Democrático; Carlos Guevara, del Mira; y Luciano Grisales, del Partido Liberal.

 

Tampoco se tuvo en cuenta lo expuesto por la ponente en el segundo debate, Milene Jarava Díaz, representante a la Cámara por Opción Ciudadana quien manifestó el proyecto era necesario para respaldar la labor de defensores de derechos humanos en el país y honrar la memoria de quienes han perdido su vida por esa labor.

Con la negativa de la Cámara de Representantes se pierde la oportunidad de rendir un homenaje, no solo a Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado, sino a todas las personas que en este país arriesgan su vida y la de sus familias defendiendo los derechos humanos. Como lo dice el informe de la ponencia:   

“Esta ley sería precisamente una de esas acciones de reconocimiento público que contribuya a generar un clima de mayores garantías para defensores que incluya, además, la realización del mandato que tiene el Estado de desplegar acciones de protección efectiva a la integridad de los líderes sociales y la Fiscalía General de la Nación, de impulsar las investigaciones correspondientes para la identificación de los responsables de las agresiones contra estos”.

El Día nacional de la lucha contra la impunidad es parte de las acciones que componen Una utopía posible, así como la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas; o una sociedad justa, sostenible y en paz. “Con el corazón lleno de dolor y esperanza” como se tituló el editorial de la revista institucional Cien Días vistos por Cinep, el año del crimen de Mario, Elsa y don Carlos, hoy decimos:

(…) la vida, la realidad, la amistad que construyeron nuestros amigos y que perdura entre tantas personas es mucho más fuerte que nuestro dolor y se convierte para nosotros en fuerza, ternura, ánimo, compromiso y ESPERANZA (...) Nuestra esperanza también brota de la voluntad de solidarizarnos con todos los que son afectados por la violencia, y de nuestro rechazo por todas las formas intimidatorias para solucionar nuestros conflictos. (#37 abril - junio 1997 In memoriam Mario y Elsa)

Nota:

Mario Calderón, Elsa Alvarado y el padre de Elsa Carlos Alvarado fueron asesinados el 19 de mayo de 1997. Mario y Elsa eran líderes sociales y defensores de derechos humanos y ese liderazgo fue incómodo para alguien que decidió quitarles la vida. Después de 20 años la impunidad impera en su caso y es por esto que buscamos que esta fecha sea reconocida como el Día nacional contra la impunidad.

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Equipo Comunicaciones Cinep/Programa por la Paz

Durante la Mesa Multiactor de Seguridad y Protección a líderes y lideresas del Caribe que realizaron Cinep/PPP y Codhes, como parte de la Plataforma ENI Colombia, conversamos con Juan Manuel Bustillo, quien documentó el panorama de los defensores de derechos territoriales en la región: “Las amenazas en el Caribe se concentran especialmente sobre los líderes reclamantes de tierras”.

Desde hace unos meses, las alertas por las amenazas a la seguridad de los líderes sociales han preocupado a la sociedad colombiana y las denuncias siguen en aumento. Las regiones más azotadas en el país por ese tipo de violencia en los últimos meses han sido Catatumbo y Cauca. Sin embargo, en la región Caribe el tema tiene una dinámica particular, asociada a contextos extractivistas y de explotación de recursos naturales, además de que hay un alto subregistro en los datos por el miedo a denunciar.

Juan Manuel Bustillo, delegado de la Mesa Multiactor de Seguridad y Protección del Caribe para documentar el panorama de los defensores de derechos territoriales en la región, explica y analiza los hallazgos, las preocupaciones y expectativas que tienen los líderes frente a las medidas para garantizar su protección y realizar su trabajo de defensa de derechos.

¿Qué está pasando con los líderes en el Caribe?

 Juan Manuel Bustillo: Las víctimas son principalmente personas que encabezan la defensa de las comunidades y las reclamaciones del derecho a la tierra y el territorio, es un grupo que incluye campesinos, afros y pueblos indígenas de los distintos departamentos.

Las agresiones y persecuciones tienen varias manifestaciones: la más visible, pero no suficientemente registrada, son los homicidios de líderes. Hay otras manifestaciones que no son de dominio público ni generan tanta preocupación de las autoridades como las amenazas de muerte, hostigamientos, atentados contra la vida e integridad física de las personas, detenciones arbitrarias, en menor medida, casos de desaparición forzada y de secuestro. Esto impide el derecho que tenemos todos, y en particular los líderes, de defender el derecho a la tierra y el territorio.

¿Quiénes están amenazando?

J.M.B: Los registros de distintas fuentes gubernamentales, no gubernamentales, locales, comunitarias y departamentales muestran que la autoría corresponde a grupos paramilitares, especialmente a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Hay una gran cantidad de casos de autoría desconocida porque no se ha podido determinar quién está detrás de los hechos y hay un caso a manos de la fuerza pública, el de la Fuerza Conjunta del Nudo de Paramillo, que fue ampliamente conocido.

La identificación de los responsables, tanto materiales como intelectuales, le corresponde a la Fiscalía en particular, que ha avanzado en adecuar la normatividad y la estructura institucional para las investigaciones, pero no se han obtenido suficientes resultados de esas pesquisas judiciales.

¿Cuál es su análisis sobre las acciones de las autoridades y entidades para proteger a los líderes?

J.M.B:: En Colombia hay un marco normativo y un marco institucional de defensa de los derechos humanos, en particular de garantías para los defensores, que se empezó a construir alrededor de los años 90. Estos marcos se han alimentado a partir de las preocupaciones de la comunidad internacional y de los defensores: la Defensoría tiene el Sistema de Alertas Tempranas que es bastante sofisticado, con la Ley de Víctimas se creó la Unidad Nacional de Protección y el Acuerdo Final reforzó las medidas.

Como existía una preocupación particular sobre los líderes y lideresas, el Acuerdo incluyó una serie de medidas para garantizar el trabajo y la vida de los defensores y movimientos sociales y políticos, para mitigar o desmantelar las fuentes de riesgo como las organizaciones paramilitares, estructuras que ya debían haber sido desmontadas tanto en su parte armada como política y económica.

Los líderes han manifestado que las medidas de protección no son adecuadas ni suficientes, ¿qué han encontrado ustedes?

J.M.B:: Esta afirmación es verídica y tiene dos componentes para explicarla: 1) Las medidas de la UNP para ofrecer protección material y concreta no son preventivas ni atacan los factores y causas generadoras de riesgos, tienen una cobertura limitada, son lentas, de carácter individual y tiene un enfoque de género y étnico bastante limitado, entre otras críticas.

2) Por su parte, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ya existía y solo fue mejorado con el Acuerdo Final, que también incluye un sistema y protocolo de protección de organizaciones y comunidades en el territorio y la creación de una unidad especializada de investigación de los crímenes contra defensores. Pero todas estas medidas son repetición de las que ya existen; se ha avanzado en su formulación, pero no en la implementación a nivel local, son poco conocidas por las comunidades y los líderes, quienes afirman que muchas de las autoridades locales tampoco las conocen y, por lo tanto, no saben de sus obligaciones.

¿Qué hay detrás de estas amenazas?

J.M.B:: Por un lado, sectores políticos y económicos que se oponen a las medidas de transformación rural que contiene el Acuerdo Final y ven en los líderes a unos promotores de las medidas del Punto 1, relacionadas con la reforma rural integral y el desarrollo rural.

Por otro lado, en el nivel local y territorial, hay algunos sectores que siguen viendo las movilizaciones sociales y la reivindicación de derechos territoriales como una cuestión ilegítima que atenta contra el establecimiento, contra el orden del poder político y, sobre todo, de la distribución de la tierra y el desarrollo de proyectos de extracción, entre otros.

¿Cuáles son los departamentos del Caribe más afectados?

J.M.B:: Los registros dicen que desde la firma del Acuerdo y hasta el 30 de junio de 2018, el más afectado es Córdoba, aunque también hay altas cifras en Bolívar, Sucre y Cesar. El problema se ha hecho visible, entre otras razones, porque la comunidad internacional está atenta de la implementación del Acuerdo Final. Paradójicamente, después de la implementación se disparó la crisis de persecución contra los defensores. Sin embargo, hay un alto subregistro de los casos, se conocen especialmente los homicidios y hay menos información de las amenazas y los hostigamientos.

¿Hay una dinámica como región Caribe o cada departamento tiene una dinámica propia?

J.M.B:: Hay unos aspectos en común como que las personas amenazadas, víctimas de ataques y homicidios, son las mismas que han exigido la titulación de la tierra, que se amplíen los resguardos, que se restituyan los predios y se repare colectivamente, al mismo tiempo que son quienes se han quejado por la falta de acción de las autoridades.

Pero, por supuesto, en cada departamento hay un contexto que hace particular las persecuciones y está determinado por la presencia de actores armados, la ausencia de las FARC, la militarización de los territorios y la expansión y consolidación de las estructuras paramilitares. Además de eso, en cada territorio hay uno o dos proyectos de desarrollo económico a gran escala interesados en la tierra, el territorio y los recursos naturales, mineros, del subsuelo o el agua. Se puede hablar de los megaproyectos de extracción de La Guajira y Córdoba o de los proyectos agroindustriales en Montes de María, entre otros.

¿Qué resultado esperaban de esta mesa?

J.M.B:: Lo que queremos principalmente es que la Procuraduría implemente la Directiva 002 de 2018 que expidió y que le permite hacer seguimiento en las regiones. El problema es que está haciendo una labor preventiva, pero no está haciendo uso de sus dientes para sancionar a los funcionarios que no cumplen la labor de garantizar la protección y seguridad de los líderes. Hasta el momento no ha habido una sola sanción a ninguna entidad, aún a sabiendas de que se tiene un mecanismo para hacerlo. Si la Procuraduría le abriera investigaciones a los funcionaros que hablan en contra de las víctimas, podría generar medidas preventivas entre los funcionarios.

Con la Mesa se busca que haya un diálogo para generar compromisos que sirvan para reducir los riesgos de los defensores en la región Caribe, con una articulación profunda entre las entidades, que en otras mesas y regiones ya se da. Finalmente, que se afronten las causas que hay detrás de los ataques y no sólo se implemente medidas policiales.