Una ola de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos tiene alarmado al país. Los crímenes han ido in crescendo durante este año. Distintas ONG de derechos humanos así como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, han alertado sobre el recrudecimiento de las amenazas y asesinatos en los últimos cuatro años. En los primeros nueve meses de 2016 mataron a cincuenta y cuatro de ellos; treinta y uno de estos graves hechos han ocurrido en los últimos tres meses. El promedio es de uno cada tres días. Crímenes como el de Erley Monroy, líder de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero; Didier Losada, presidente de la Junta de Acción Comunal de Platanillo, en Uribe, Meta; Marcelina Canacué, lideresa integrante del movimiento político Marcha Patriótica de Palermo, Huila; Néstor Iván Martínez líder de las comunidades negras de Cesar y opositor de la minería; Maria Fabiola Jiménez, lidereza comunitaria de Barbosa, Antioquia; Roberto Taicus Bisbicus, líder del pueblo indígena awá y profesor en zona rural de Tumaco; Nereo Meneses, Joel Meneses y Ariel Sotelo, defensores del medio ambiente líderes de Almaguer, Cauca, y miembros del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), opositores a la minería y a la siembra de cultivos ilícitos en su territorio.

Para algunos analistas esta realidad puede ser una advertencia de sabotaje al proceso de paz, pues varios de estos atentados han afectado a líderes de comunidades cercanas a las zonas veredales donde se concentrarán las FARC, y pertenecen a organizaciones sociales que respaldan el proceso de paz. En esta lógica, los asesinatos pueden ser una respuesta de sectores que no se resignan a que el acuerdo de paz se implemente y tratan de romperlo violentamente. Por su parte, el Estado hasta ahora ha respondido con una protección individual a los líderes, pero no está implementado una verdadera estrategia de seguridad integral para los territorios, esta estrategia está contemplada en el acuerdo de paz firmado y debería implementarse cuanto antes. Cinep/Programa por la Paz expresa su preocupación por esta ola de asesinatos que generan un escenario incierto para la implementación de los acuerdos de paz. Es imperativo que el Presidente de la República tome medidas inmediatas para garantizar la vida de todos los líderes, liderezas sociales y defensores de derechos humanos. No basta con firmar un acuerdo si la vida sigue siendo violentada, si la palabra de quienes piensan diferente se calla con los fusiles. El nuevo acuerdo firmado, entre el gobierno y las FARC, el pasado 24 de noviembre, es el punto de partida para este propósito. Al respecto, el Episcopado Colombiano expresa: “Con espíritu de servicio, acompañaremos la implementación del acuerdo, como voz profética que interprete al pueblo colombiano, y de modo especial, a las víctimas del conflicto armado, a los campesinos, a las minorías étnicas y a los más pobres. Es hora de reconciliación, de unidad y de compromiso”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/Programa por la paz

Como Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (Cinep/PPP) expresamos nuestra preocupación por la creciente ola de asesinatos a líderes comunitarios. Es el caso de la señora Marcelina Canacué de 60 años de edad, reconocida líder integrante del movimiento político Marcha Patriótica y adscrita a la Junta de Acción Comunal de la vereda Versalles, jurisdicción del municipio de Palermo, Huila, quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre, Día de la no violencia contra las mujeres. Advertimos que este tipo de acciones repetidas buscan generar un ambiente de inestabilidad y hostilidad para la implementación de los acuerdos de paz con las FARC.

Es imperativo que el Presidente de la República tome medidas y acciones inmediatas para garantizar el derecho a la vida de todos los colombianos y que agilice la realización de dicho acuerdo sin poner en riesgo a las víctimas y a los líderes sociales.

Nuevamente alertamos sobre el riesgo en el que se encuentran los defensores de derechos humanos. Tan solo en el tercer trimestre del año se registraron 19 homicidios y 37 amenazas a mujeres y hombres integrantes de organizaciones y movimientos sociales que amedrentan la participación ciudadana. No basta con firmar un acuerdo de paz si la vida sigue siendo amenazada, si la palabra de quienes piensan diferente es amordazada y silenciada, si la acción de quienes deciden defender los derechos propios y de otros es callada por una violencia dirigida y orientada hacia el terror.

Por eso hacemos un llamado de urgencia al presidente de la república, señor Juan Manuel Santos Calderón, en su calidad de jefe de Estado y comandante supremo de las fuerzas armadas, para que se implementen –cuanto antes y con la necesaria decisión– las herramientas y protocolos para combatir el paramilitarismo y los grupos armados que se han organizado tras su desmovilización; brindar protección a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, y garantizar su derecho a la vida.  Todo lo anterior en coherencia con el Acuerdo para el logro de una paz estable y duradera para Colombia.

Reiteramos nuestra preocupación por las víctimas y por las personas que lideran procesos en defensa de la dignidad humana. A ellas nuestra solidaridad y respaldo en este momento de la historia que esperamos no deje más dolor ni muerte en la memoria de nuestro país. Por eso, trabajamos  por el cuidado y la defensa de la vida, porque ella es sagrada.

Es tiempo de reconocer la diferencia, de aceptar que existe en Colombia una deuda histórica con una parte de la población que ha sido excluida y que reclama su derecho a participar, a ser reconocida, escuchada en la defensa de sus territorios y valorada políticamente como un actor legítimo. Es necesario seguir trabajando en el fortalecimiento de la democracia y del ejercicio de la  política sin violencia.

Estos más de cuatro años de negociación en La Habana y el nuevo acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016, deben ser entendidos como el punto de partida de un proceso largo que busca, en medio de las diferencias, contradicciones y acuerdos, la construcción de la paz sin la mediación de la violencia, para  hacer de Colombia un país más justo, sostenible y en paz.

Cinep/Programa por la Paz.

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Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/Programa por la Paz renueva su marco conceptual.

Los casos de tortura a presos por parte de miembros de la fuerza pública crecían en los años 70. Ya para la década del 80 las torturas se convirtieron en desapariciones forzadas y ejecuciones  extrajudiciales. Ante dichos sucesos y la necesidad de explicar a la comunidad internacional y a Colombia  las graves violaciones a los derechos humanos que estaban sucediendo, en 1988 nace el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política como una iniciativa del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz quienes empiezan un proceso de sistematización y documentación de casos de violencia política.

Desde sus inicios el mecanismo de registro de hechos violentos se hizo a través de categorías sociológicas muy simples: “asesinatos políticos” refería a las muertes violentas que buscaban reprimir posiciones ideológicas o políticas y que se identificaban por las características de la víctima o del victimario se; y  “asesinatos presumiblemente políticos”, cuando las causas no eran contundentes. Se registraban también las desapariciones forzadas, las torturas, crímenes de “limpieza social”, acciones bélicas y muertes en combate.

Durante el proceso de ajuste de las categorías se ensayaron diferentes metodologías y criterios de clasificación, entonces el Banco de Datos se dividió uno quedó en Cinep (que se apoyaba en los casos judicializables) y el otro en Justicia y Paz (que recogía todo lo que se lograba recaudar con las víctimas, prensa y organizaciones). Finalmente, en 1996 con la aparición de la revista Noche y Niebla y tras un año de debate entre las organizaciones, se definió un único marco conceptual, las categorías cobraron mayor rigurosidad y se pusieron de acuerdo con seguir instrumentos internacionales que definen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados.

Con las modificaciones que a comienzos de siglo tuvo el derecho internacional y ante el carácter interno del conflicto colombiano,  el Banco de Datos se dio a la tarea de revisar sus protocolos. Según Javier Giraldo, S.J. “surge la petición de que se explore en el derecho internacional consuetudinario unas normas que tengan más alta aplicación, ya que este es un derecho internacional  no que firman los Estados, es una recopilación de normas universalmente reconocidas ”. Finalmente, en 2016 se inicia el proceso de actualización, ajustes y correcciones . En esta versión, “hay ganancias porque se está sujeto a la norma universal, se gana en muchos aspectos”, aseguró Giraldo.

En la Sexta Asamblea de la Red Nacional de Bancos de Datos se presentó la reformulación del marco conceptual en su capítulo sobre las Infracciones Graves al Derechos Internacional Humanitario, para adoptar textualmente las definiciones del informe del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el Derechos Internacional Consuetudinario.

Con los ajustes al marco conceptual se quiere ampliar el espectro de análisis para un eventual escenario de posconflicto y así poder tener más herramientas para leer la guerra y las dinámicas del conflicto. 

  

Jennipher Corredor
Equipo comunicaciones 

 

 

En el marco de la Sexta asamblea Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia política, defensores de diferentes regiones del país discutieron sobre las violaciones a los derechos humanos efectuadas, de forma particular, en las mujeres y personas de la comunidad LGBTI.

Para los defensores de derechos humanos en las regiones es importante analizar este tema con enfoque diferenciado de género ya que ambas poblaciones han tenido que vivir, y aún viven, el conflicto con unas características especiales y diferenciadas a otras poblaciones.

Para Marcela Sánchez, directora de Colombia diversa, una de las mayores preocupaciones es la poca relevancia que se le da a algunos ataques hacia la comunidad LGBTI “En muchos casos las autoridades atribuyen la violación de derechos humamos a la comunidad LGBTI a temas pasionales o personales, pero hemos encontrado que en la mayoría de los casos se dan por su trabajo de liderazgo en las comunidades o por los muchos prejuicios hacia la comunidad.” afirma Sánchez.

Para Colombia diversa es importante que los defensores de derechos humanos trabajen desde las regiones para eliminar gradualmente los prejuicios hacia la comunidad LGBTI, pues muchas de las agresiones que sufren parten de la desinformación. En los registros que lleva esta organización clasifican los ataques a miembros de la comunidad en dos grandes categorías: crimen por odio y crimen por prejuicio. “El crimen por odio parte de una motivación personal del victimario, el crimen por prejuicio es el resultado del discurso que se adquiere social y culturalmente hacia las personas con sexualidad distinta a la mayoría” dice Sánchez.

También enfatizó en las mejoras de los proceso judiciales contra atacantes de la comunidad LGBTI, pues “cada vez son más precisos los datos que entrega Medicina legal con relación a los crímenes hacia la población LGBTI, lo que permite investigaciones más exhaustivas que aporten pruebas contundentes a los juicios”, sin embargo, argumenta que hace falta que las autoridades judiciales sean más efectivas en las condenas a los agresores.

Frente a violaciones de derechos humanos de las mujeres, Martha Cecilia García investigadora del equipo de Movimientos Sociales del Cinep/PPP, afirmó que la mayor demanda es la garantía de sus derechos. “Tanto las mujeres como la población LGBTI han tenido claro que sus derechos han sido violados por diversos actores y por eso usan la movilización social para visibilizar la situación y pedir al Estado que se les garantice el goce efectivo de sus derechos”, señaló García.

La investigadora del Cinep/PPP presentó un balance histórico de las movilizaciones de las mujeres y sus motivaciones. Esta información hace parte de los estudios que ha realizado el equipo de Movimientos Sociales entre 1965 y 2014.

 

Según lo presentado, en 1993 se dieron semanalmente movilizaciones de las esposas, parejas, hijas y madres de trabajadores de la USO que fueron encarcelados y acusados de terrorismo por haber suspendido la producción petrolera. En 1996 se hicieron múltiples movilizaciones en las que las mujeres reclamaban en contra del gobierno de Ernesto Samper Pizano. En 2006 hay un incremento de movilizaciones de mujeres familiares de víctimas y en rechazo a la violencia sexual como arma de guerra. En 2012 son protagonistas nuevas organizaciones de mujeres se manifiestan en contra de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. (física, sicológica, simbólica, sexual)

Para García es primordial que en el acuerdo de paz se mantenga el enfoque de género para que dé mayores garantías a las mujeres, “sobre las mujeres ha corrido la salvación de muchas comunidades, el rehacer a las comunidades, el volver a tejer comunidades, el abrazar a los sobrevivientes de la guerra” dijo la investigadora.

Ambas investigadoras terminaron reconociendo la importancia de los bancos y observatorios de derechos humanos en las regiones y de la articulación de estos en la red nacional. “Tendremos que pensar cómo nuestra información puede ser útil para la comisión de la verdad y en general para la Justicia Especial para la Paz”, concluyó Sánchez.

 

Miguel Angel Martínez

Equipo Comunicaciones

 

El lanzamiento de la revista Noche y Niebla n. 53 se llevó a cabo el jueves 8 de septiembre en horas de la mañana, en el marco de la Feria del libro Cinep/PPP. En la presentación de este número dedicado a la región del Eje Cafetero, participaron voceros y defensores de los derechos humanos en el Quindío, y el Cinep con la representación de Luis Guillermo Guevara, director del Centro y Alejandro Angulo director del Banco de Datos.

En esta edición la revista hace un balance estadístico de la violación de derechos humanos en Colombia durante el primer semestre del 2016 pues “un gran número de hechos violentos quedan escondidos en las memorias prohibidas de las víctimas y en el silencio de las tumbas”, como afirmó Guevara. Así mismo resulta importante la labor de recoger los testimonios que visibilizan a las personas afectadas por la violencia y reconocerlas como víctimas, por eso en su intervención Alejandro Angulo hizo hincapié en las cifras que revelan la vulneración de los derechos humanos de comunidades campesinas, obreras e indígenas en mayor medida.

Diana Muriel, vocera de la Plataforma de Derechos Humanos de Caldas, explicó que una de las falencias que ha permitido la permanencia del conflicto en la región del Eje Cafetero, es la invisibilización del problema por parte de los medios y las instituciones gubernamentales. Por eso, con el enfoque regional de la revista se hace una lectura histórica y social de este territorio, recogiendo 3 fenómenos fundamentales la llegada del paramilitarismo: los intereses económicos sobre la tierra y los asesinatos extrajudiciales, a partir de estos aspectos se explican la violencia y los conflictos socioambientales que afectan al Eje Cafetero. Encuentre aquí la revista Noche y Niebla N°53