Diálogos CINEP/PPP en esta oportunidad quiere centrar el análisis en los riesgos que representa para la paz el incremento de amenazas contra defensores de derechos humanos y líderes de restitución de tierras. Buscamos indagar sobre ¿cómo garantizar la seguridad de quienes lideran procesos de reivindicación de derechos en los territorios?, ¿de qué forma enfrentar la violencia que surgirá en el posacuerdo? y ¿qué se requiere para blindar el proceso de construcción de paz territorial ante las amenazas de opositores y “enemigos de la paz”?

Invitados

*Luis Alberto Higuera, Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad Pedagógica y excontralor Delegado para el Sector Agropecuario de la Contraloría General de la República.

*Víctor Barrera, Coordinador del equipo Conflicto, Estado y desarrollo CINEP/Programa por la Paz

*Diana Sánchez Lara, Directora Asociación MINGA. Delegada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU)

Miércoles 4 de mayo | 5:30 a 7:30 p.m. | CINEP/PPP: carrera 5 # 33B - 02

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Diálogos CINEP/PPP es un evento abierto al público que busca exponer varias miradas que le permitan a los asistentes ampliar su perspectiva de análisis y construir una opinión crítica.

 

Por: Susana Noguera

A orillas del arroyo Bruno los juncos, los guayacanes y las acacias crecen sobre un delicado tapiz de musgo. La vegetación le da al agua muchas tonalidades de verde que contrastan con el color beige, casi amarillo, de las rocas que también comparten esa rivera. Para los dos hijos de Leobaldo Sierra, que tienen 4 y 2 años de edad, es normal bañarse varias veces al día en el Bruno pero Leobaldo sabe que es especial tener un río sin contaminación en la parte de atrás de su casa y por eso se escandaliza con la sola probabilidad de que la desviación que propone el Cerrejón lo dañe. (Vea la inforgrafía de cómo deviarán el arroyo Bruno en la Guajira)

Tiene ese miedo porque este año Corpoguajira aprobó la desviación del arroyo Bruno, que nace en la reserva natural de los Montes de Oca y corre 26 kilómetros para encontrarse con el río Ranchería, que a su vez es una de las principales fuentes superficiales de agua del departamento de la Guajira. El Bruno además esconde 40 millones de toneladas de carbón bajo su lecho así que en 2013 se volvió parte esencial del plan de expansión de la mina el Cerrejón. La Agencia Nacional de Licencia Ambientales (Anla) y Corpoguajira le dio las licencias al Cerrejón para cambiar el recorrido del río a lo largo de 3.6 kilómetros y moverlo 700 metros al norte, más cerca de la carretera principal.

La empresa socializó el proyecto con los habitantes de las orillas del Bruno entre ellos la familia de Leobaldo Sierra que vive en la comunidad La Orqueta y tiene como patio trasero uno de los pocos ecosistemas de bosque seco tropical que quedan en Colombia. Aunque ellos no viven en la parte de arroyo que se va a intervenir, tienen muchos reparos sobre el proyecto porque, afirman, podría afectar al cuerpo de agua como un todo.
Con la modificación, el cuerpo de agua estaría atrapado entre una explotación minera a cielo abierto y una concurrida vía pavimentada. Leopoldo recuerda que cuando llegaron los funcionarios trajeron folletos con brillantes colores y lindos dibujos para explicarle cómo replantarían todos los árboles nativos a orillas del nuevo cauce y con ellos migrarían las especies que viven a orillas del río pero él no se explica cómo podrán desplantar esos centenarios árboles sin dañarlos.

Los voceros de la empresa afirman que harán una réplica exacta del antiguo cauce. Aseguran que tienen todas las herramientas para mitigar el impacto ambiental que generaría la obra. Para ello contrataron a Ingetec (que también hizo los estudios del río Ranchería cuando, en 2012, la empresa quiso desviarlo para sacar las 500 millones de toneladas de carbón que tiene debajo) y Alluvium, una consultora australiana.

El Cerrejón esgrime argumentos económicos y laborales porque, según sus cálculos, si no se desvía el arroyo la empresa dejaría de producir 3 millones de toneladas anuales. Esto significa que estarían en juego 600 empleos, $500.000 millones en compras a la región y $3,7 billones de regalías. Para Jazmín Romero Piayú, vocera del pueblo wayúu, esta aseveración es “violenta porque enfrenta a miembros de las comunidades entre ellos”. Si aceptan ese argumento, dice, entrarían en etapa de autoexterminio porque cambiaríamos su arroyo, su agua, por un trabajo que de todas formas se acabará dentro de unos años.

Lo que más temen todas las comunidades es que, con los cambios que se han dado a lo largo de los últimos 40 años (muchas veces sin su conocimiento ni consentimiento), su región cambie tanto que el desarrollo minero deje por fuera sus costumbres ancestrales, su forma de vida campesina y su cultura. Así lo resumió Rosa Galván, una joven que nació en Chancleta y está estudiando administración de empresas. Para ella es claro que, tanto indígenas como afrodescendientes quieren “que se nos reconozca el derecho a vivir en nuestro territorio y elegir qué hacer con nuestras vidas”. En resumen, no quieren ser daños colaterales de la minería.

 

Ante la opinión pública presentamos el pasado 13 de abril el “Informe 2015 sobre la situación de derechos humanos y DIH en Colombia”. CINEP/Programa por la Paz y el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en Colombia y alertan sobre el riesgo que representa para la vida y la garantía del derecho a defender el aumento de las amenazas de grupos paramilitares en contra de líderes sociales y defensores de DD.HH.

Con relación a las violaciones a los derechos humanos por persecución política, abuso de autoridad e intolerancia social, se reportaron como principales presuntos responsable los paramilitares con 1064 hechos victimizantes, seguidos por la Policía Nacional con 572, el Ejército Nacional con 292. Las regiones más afectadas son Bogotá con 375 hechos, seguido por Cauca con 237, Santander con 188, y Valle del Cauca con 175. Con respecto al método de victimización más utilizado en Bogotá y Cauca es la amenaza; mientras que en Santander priman las ejecuciones extrajudiciales. Pero también se reportan casos de victimización como las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias.
 
Según Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general del CINEP/Programa por la paz, “una sociedad que amenace, persiga, asesine y desaparezca a sus defensores de derechos humanos es una sociedad que camina por los senderos de la antidemocracia, es una sociedad éticamente enferma, una sociedad con muchos desafíos para construir una paz con equidad, con justicia y con el reconocimiento profundo de la diversidad y dignidad de todos sus ciudadanos”.
 
Por otro lado, el registro hecho por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP confirma que la “guerra sucia sigue vigente en Colombia”, en palabras de Guerrero, puesto que en los casos de amenaza y asesinato, documentados durante 2015, los presuntos responsables actuaron de manera encubierta y no existen hasta el momento posibilidades de saber quiénes fueron los perpetradores. Esta idea la complementó Javier Giraldo,S.J., investigador del Banco de datos de Derechos Humanos del CINEP/PPP, explicando en contraste lo que sería una “guerra limpia”, dijo: “¿Que sería una guerra limpia? Aquella que establece parámetros entre combatientes, por su parte la guerra sucia es la que quiere destruir una persona porque tiene ideas contrarias usando métodos clandestinos”.
 
Otro de los asuntos que preocupan es la creciente criminalización de la protesta social mediante la judicialización de líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos que da cuenta de las variaciones de la violencia y atentan contra la superación del conflicto armado, “la defensa de los derechos humanos es el primero de nuestros deberes de paz”, afirmó Alejandro Angulo, S.J., coordinador del equipo de Derechos Humanos del CINEP/PPP.
 
Como caso regional Erika Agredo, líder y activista de la organización Territorios  por la vida digna en el Cauca, presentó la situación de los defensores de derechos humanos en este territorio, según Agredo, “el accionar paramilitar ha sido sistemático, 2015 fue el año de la amenazas y al parecer 2016 será el año de los asesinatos”. Según Agredo, en los últimos dos meses se han dado asesinatos de líderes afrodescendientes, campesinos e indígenas. Agredo señaló con nombre propio cinco de estos casos.