El café colombiano afronta una de las peores crisis de la última década. Una de sus principales causas es la volatilidad y caída del precio internacional, situación que maltrata a más de medio millón de familias cultivadoras en el país. La Federación Nacional de Cafeteros expresó que entre el año 2017 y el año pasado se redujo la producción en un 3.3% y el precio interno llegó a 687.000 pesos la carga en septiembre del año pasado, mientras que los costos de producción rondaron los 800.000 pesos. Los productores vienen trabajando a pérdida desde hace cerca de dos años. La situación es inaguantable y los caficultores piden una intervención urgente del actual gobierno.

Colombia es el tercer productor mundial, después de Brasil y Vietnam, con cerca de 900.000 hectáreas sembradas. La preocupación de las familias cafeteras se elevó en estas últimas semanas al cotizarse el precio del grano en la Bolsa de Nueva York en 97 centavos de dólar la libra, el nivel más bajo en los últimos doce años. Una de las causas determinantes es que Brasil, el mayor productor mundial, tuvo una de las cosechas más altas. De otra parte, los fondos de inversión, en su afán de lucro, vienen empujando los precios a un nivel por debajo de un dólar. Y finalmente, a nivel mundial el costo estimado de producción está entre 1.2 y 1.5 de dólar la libra, es decir, que los cultivadores de todo el mundo están produciendo a pérdida.

En conclusión, la perspectiva del café para este año no es la mejor y todo dependerá de un clima favorable para llegar a producir en el país 14 millones de sacos; de que las cosechas de Brasil, Vietnam y Costa de Marfil no sean tan grandes y de que el precio del dólar se sostenga favorable para recibir más pesos por el cambio. La rentabilidad sostenible de la caficultura colombiana requiere para garantizarla acciones de mejoramiento que permitan una gestión más eficiente de los insumos, la renovación de los cafetales, el entrenamiento de la mano de obra y el desarrollo de nuevas tecnologías; así como reformas que permitan reducir los costos de producción y controlar sobrecostos de transporte, laborales, energéticos y logísticos.

En la visita del Papa Francisco a Colombia los campesinos le expresaron en una carta: “consideramos que, a través de la producción de los alimentos, el cuidado y conservación del suelo, las semillas, el agua y los recursos naturales contribuimos a la construcción de una sociedad mejor, por eso, exigimos un trato más humano y justo para nuestras familias, territorios y nuestra economía. Cada mañana al iniciar la jornada de trabajo, elevamos al cielo y a la tierra la oración del Padre Nuestro y con mayor sentimiento imploramos el ´Dadnos hoy nuestro pan de cada día´. Lamentablemente, el panorama hoy es totalmente diferente, se impuso la ley de los mercados y su racionalidad económica sobre el trabajo humano y la dignidad campesina, nuestra seguridad y soberanía alimentaria quedaron al amparo de la especulación del comercio y la competencia desleal. Por este motivo, más de doce millones de campesinos le apostamos a la solución del conflicto armado, al fin de la guerra y la violencia; y creemos en la construcción de una paz con dignidad y justicia para los más humildes y desprotegidos de la nación”. 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

En Colombia la consulta anticorrupción se votó en agosto del año pasado, pero le faltó un poco más de 400.000 votos para llegar al umbral y empezar a generar algunos cambios en las prácticas corruptas de la sociedad y el Estado. A pesar de este desconcertante resultado, la semana pasada, en uno de los más sonados casos de corrupción, como el pago de sobornos de Odebrecht para la adjudicación de la Ruta del Sol Tramo dos, la justicia colombiana ofreció algunos resultados. A once años y nueve meses de cárcel fue condenado el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta, acusado de cohecho e interés indebido en celebración de contratos. El juez, además, compulsó copias a la Fiscalía en relación con un grupo de personas que fueron mencionadas en el juicio contra Melo Acosta, para que se determine si incurrieron en algún delito que deba ser investigado. Entre ellas: Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval y Carlos Gustavo Ramírez, vicepresidente de Corficolombiana. 

El caso Odebrecht en Colombia, además de comprometer las adjudicaciones de grandes obras de infraestructura, en las que se ofrecieron coimas por cerca de 28 millones de dólares, también compromete la financiación de campañas a la presidencia del país desde el año 2010, asunto que va muy lento en su aclaración. Son al menos doce personas capturadas por el caso Odebrecht en Colombia, entre ellas el viceministro de trasporte Gabriel García Morales quien confesó haber recibido 6.5 millones de dólares.

A esto se suman la muerte de dos testigos clave en extrañas circunstancias: Jorge Enrique Pizano, auditor del proyecto Ruta del Sol II, que murió de un paro cardíaco y quien dejó grabaciones que vinculan al Fiscal General Néstor Humberto Martínez en casos de corrupción. Y, a finales de diciembre del año pasado, Jorge Merchán, Secretario de Transparencia del Gobierno Santos, al parecer se suicidó. En otros países latinoamericanos la acción de la justicia ha llegado hasta expresidentes y presidentes que hoy están investigados o tras las rejas, acusados de corrupción. La trágica muerte del expresidente peruano Alan García ha vuelto a centrar el interés en el caso de Odebrecht, calificado como uno de los hechos más nefastos de corrupción en la política y la economía de doce países de América Latina.

El Papa Francisco, en enero del año pasado, durante el vuelo de regreso a Roma, luego de su visita apostólica a Chile y Perú, expreso: “La corrupción es como esos pantanos ‘chupadizos’ que vos pisás y querés salir, y das un paso y te vas más adentro. Es una ciénaga. Es la destrucción de la persona humana. Sí, en Latinoamérica hay muchos focos de corrupción. Ahora está de moda hablar de Odebretch, por ejemplo, pero eso es un botón de muestra, -y afirmó- pecador, sí; corrupto, no. El pecador pide perdón a Dios y busca cambiar, por el contrario, la arrogancia del corrupto le impide ver su pecado y pedir perdón. Yo al pecado no le tengo miedo, le tengo miedo a la corrupción, porque la corrupción te va viciando el alma y el cuerpo, y un corrupto está tan seguro de sí mismo que no puede volver atrás”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

Editorial: La minga indígena

  • Jun 24, 2019
  • Publicado en Prensa

En las últimas semanas se ha escuchado frecuentemente la palabra Minga, un término para muchos ajeno, pero para los pueblos campesinos e indígenas de Colombia es común. El origen de la palabra proviene del quechua “minka”, término usado por comunidades andinas para realizar cultivos agrícolas colectivos que brindan beneficios a la comunidad. Pero la Minga tiene también significados más profundos y densos. Es una práctica tradicional que se convierte en un estilo de vida y que genera en las personas un bien físico y espiritual.

Un ejemplo de Minga es el que han venido realizando, durante cerca de tres décadas, las comunidades indígenas organizadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, luego de la masacre del Nilo en el municipio de Caloto, donde fueron asesinados veintiún indígenas el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y uno, por miembros de la Policía Nacional y civiles armados. Luego de esta masacre el Estado se comprometió reparar a las víctimas, pero lo que sobresale hoy, pasadas tres décadas, es un largo listado de incumplimientos. Esta situación ha significado atraso en la restitución de tierras productivas usurpadas a las comunidades por latifundistas desde la independencia de España. A pesar de tener reconocimiento legal con la ley ciento treinta y cinco de mil novecientos sesenta y uno, en la realidad los poderes locales y regionales no la han dejado cumplir.

El incumplimiento también significa, desprotección, asesinatos y amenazas a los líderes y lideresas sociales, el Cauca tiene el más alto número de asesinatos en el país. Incumplimientos en las políticas para la protección del medio ambiente y para hacer respetar las exigencias a la inversión de capitales en la explotación minero/energética, pasando por encima de la consulta previa e informada con las comunidades. Incumplimientos para posibilitar el derecho a tener gobierno autónomo, e incumplimientos en el fomento de la salud y la educación propias; entre otros. Entendiendo esto, la Minga no es un ataque al Estado ni al gobierno de turno, al contrario, es un llamado de la ciudadanía para que el Estado realice su trabajo de administración pública, protegiendo los derechos de los ciudadanos y estos a su vez comprometiéndose con sus responsabilidades para construir su territorio. Para las comunidades las vías de hecho son el último recurso, igualmente para ellas son costosas económica y socialmente, pero, después de treinta años de incumplimientos del Estado se explica la ocurrencia de los veintisiete días de cierre de una carretera. Esperemos que los acuerdos con el gobierno actual no caigan de nuevo en el incumplimiento.

En un comunicado de los señores obispos de Guapi, Tierradentro y Popayán, sobre la situación del Cauca, nos dicen: “Si en nuestra región todos estamos dispuestos a encontrarnos, a escucharnos y a respetarnos, avanzaremos por caminos de desarrollo humano integral. Como Iglesia Pueblo de Dios, continuaremos ofreciendo nuestro acompañamiento, por medio de los sacerdotes en todo el territorio caucano, para discernir las propuestas de la actual minga indígena, buscando que, con la participación de todas las fuerzas sociales, podamos construir escenarios de conciliación y trabajo, que respondan eficazmente a los desafíos de la realidad del Departamento del Cauca”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General Cinep/Programa por la Paz

Un estudio reciente realizado por la Fundación Empresarios por la Educación, titulado Reflexiones innegociables en educación básica y media, muestra las grandes diferencias existentes entre la educación rural y la urbana. Según el estudio la educación rural en Colombia tiene menores niveles de acceso, permanencia, pertinencia y desempeño que la urbana y esta ha sido tendencia desde que el país inició su proceso de urbanización por los años cincuenta del siglo XX.

Las mediciones en el 2016 dicen que un estudiante de las zonas rurales recibe solo un 57% de la educación que se le provee al niño promedio de las ciudades, esto crea un ciclo negativo y una gran desventaja en la calidad educativa. De otra parte, el diagnóstico muestra que la asistencia tanto a la primaria como a la secundaria es mucho menor en el campo que en las ciudades y que la deserción escolar en las zonas rurales es casi el doble que en las ciudades. En el año 2013 el 13.8% de los niños rurales entre doce y quince años no asistían a la escuela secundaria.

Según el estudio, las causas de esta brecha entre la educación rural y la urbana obedece a dificultades como la falta de oportunidades en formación y garantías de bienestar para los maestros, la débil inversión en la infraestructura escolar en servicio de gas, agua potable y energía eléctrica; sumado a estas graves condiciones, un factor de profundo impacto negativo en la educación rural es el conflicto social y armado que ha golpeado las comunidades de campo de manera inclemente. Pero, especialmente lo que incrementa el bajo nivel de la educación en el campo es la ausencia de una política educativa para la ruralidad.

Colombia necesita el diseño, aplicación y consolidación de una política pública rural hecha desde y con las comunidades del campo, pero de igual forma se necesita construir una institucionalidad pública que desde el contexto local en las alcaldías, el regional con las secretarías de educación y en el nivel nacional, con el Ministerio de Educación, asuman con responsabilidad la promoción y el mejoramiento de la educación rural a través de la implementación de los Planes Educativos Municipales, los programas de educación propia de las comunidades indígenas, los planes de etnoeducación de las comunidades afrodescendientes y la creación, impulso y financiación del Plan Especial de Educación Rural consignado en el Acuerdo Final de Paz.

Actualmente, en la Colombia profunda, viven más de once millones de personas, la población de estos territorios, sigue a la espera de la transformación rural que aguardan desde Gobiernos anteriores y que implica, entre muchos aspectos, acceso a educación. Lamentablemente, en las actuales condiciones políticas el panorama no parece muy alentador.

En el comunicado de noviembre del año pasado el episcopado colombiano expresó: “La iglesia católica aprecia la educación como pilar fundamental para el desarrollo armónico de la sociedad y para lograr la inclusión; considera que no es posible alcanzar la paz si no ofrecemos una educación integral y que el futuro de todos depende en buena medida de cuanto se haga por cualificar los procesos educativos. Si queremos encaminar el país hacia el bien común, construir una nación reconciliada y en paz, y mantener viva la esperanza, es necesario que volvamos la mirada a la tarea educativa y que todos nos sintamos comprometidos con su renovación haciendo de ella una prioridad”

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General Cinep/Programa por la Paz

La crítica situación de Venezuela ha sido afrontada por las partes en conflicto con un exceso de ideología, bajas capacidades de negociación política y un alto nivel de indolencia humanitaria. Somos testigos del masivo éxodo de personas necesitadas de alternativas dignas y de protección internacional. La crisis, según entidades internacionales como la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, y entidades de iglesia católica, calculan una cifra de migrantes venezolanos que ronda entre los tres y cuatro millones de personas, de ellas en Colombia pueden estar más de un millón.

Los prejuicios ideológicos y el déficit de negociación política, por un lado, y la desinformación sobre la situación real, por otro, han impedido que la mayor parte de la opinión pública internacional se haga una idea real de la gravedad de la crisis interna, sus causas y las posibles alternativas para transformar esta crisis. En este contexto, es de vital importancia tener más claridad sobre la situación y las perspectivas de evolución de esta grave crisis, para poder definir acciones que favorezcan una solución política, contribuir a aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y promover una real solidaridad internacional; todo eso en el marco del respeto de los derechos humanos y del principio de autodeterminación de los pueblos. La crisis, especialmente la humanitaria, no se debe usar para sacar dividendos políticos mezquinos.

Venezuela se ha convertido en una sociedad polarizada, con un Estado a la defensiva de presiones políticas internas y externas, fundamentado en un poder centrado en sí mismo y atrapado en dinámicas mafiosas manejadas por un poderoso sector de militares, mientras que la oposición, fragmentada, solo piensa en sus intereses claramente espurios que solo favorecen a un sector empresarial aferrado a la recuperación de sus ventajas, pero sin incluir a las mayorías ciudadanas. Lo ideal, pero poco factible, sería que en este contexto se constituyera una tercera fuerza, en este caso de carácter social y con protagonismo de la sociedad civil, con el fin de construir alternativas políticamente democráticas, económicamente equitativas y socialmente incluyentes. Salidas políticas alejadas del derramamiento de sangre y del intervencionismo extranjero.

Al respecto, algunos analistas han calificado, como una gran equivocación, la invención de una pretendida ayuda humanitaria. Una operación humanitaria no es parte de una estrategia de guerra, no debe serlo. Por eso, hasta el Comité Internacional de la Cruz Roja, la mayor organización humanitaria del mundo, rechazó que se llamase “humanitario” al espectáculo montado en las fronteras con Venezuela. Lo más humanitario sería levantar el bloqueo a la economía venezolana.

El arzobispo de Cali, Darío Monsalve, expresó que lo sucedido en la frontera con el paso a la fuerza de los camiones, “pareció más un acto de hostigamiento, apoyado en una supuesta acción humanitaria, y digo supuesta porque lo ‘humanitario’ está siendo allí indebidamente utilizado como lo han denunciado personas de organizaciones internacionales y la misma Iglesia Católica. Colombia, a través del nuncio apostólico, ha dicho que no es una acción humanitaria la que tiene un tinte político”. Advirtió además el arzobispo que “el hecho dejó heridos y muertos, y que se acusó luego a la contraparte por ello. Hay heridos y muertos, y nada justifica que se hayan provocado esas situaciones. Crearon un escenario y después vinieron a acusar a los otros de todo lo que ha ocurrido. Esto exige un alto sentido de responsabilidad y de sensatez”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General Cinep/Programa por la Paz