En las universidades públicas del país se adelanta una movilización por la gratuidad en la matrícula. Desde mayo, cuando inició el movimiento 'Matrícula Cero', unas 14 instituciones se han sumado a este reclamo. En esta nota les resumimos en qué van y qué falta.

En Instituciones de Educación Superior (IES) públicas como la Universidad Industrial de Santander y otras 14 universidades de todo el territorio nacional se han logrado avances en cuanto a gratuidad para estudiantes en estratos socioeconómicos 1 y 2. Pero en otras, como la Universidad Nacional o la Universidad Pedagógica, sedes Bogotá, se siguen desarrollando huelgas de hambre exigiendo apoyos económicos sin los cuales les será imposible continuar sus estudios. 

La tasa de desempleo que, según el DANE para junio fue 19.8%, podría significar una deserción escolar de entre el 30% y 50% para este semestre según la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES). Aunque agravados por el COVID19, el acceso y los recursos para la educación han sido problemas históricos de la educación superior en Colombia. Así lo explica Mauricio Archila, profesor emérito de la Universidad Nacional e investigador del CINEP/PPP:

Ha sido muy recurrente desde los sesenta el problema de financiación de la educación pública, principalmente universitaria. En los últimos tiempos, desde la Ley 30 de 1992, que se supone que regula todo el sistema educativo y que fija el incremento anual para la educación pública, se ha ido manifestando el rezago cada vez más fuerte de los aportes del Estado a las universidades públicas”.

Relación de gasto, cobertura y financiación por parte del Gobierno Nacional a las IES públicas entre 1993 y 2016. Informe de presidencia del Sistema Universitario Estatal (SUE) en 2018.

De la matrícula 0, a la garantía de acceso a la educación superior

En los presupuestos generales de la Nación vigentes para 2019 y 2020, el Gobierno Nacional agregó más recursos a las IES, atendiendo lo pactado en la ´Mesa de Diálogo para la Construcción de Acuerdos para la Educación Superior Pública`, tras la fuerte movilización  estudiantil de 2018. No obstante, en la Mesa de Diálogo “se llegó a un Acuerdo que ha ido incumpliendo el Gobierno, y muchos de los motivos del 21 de noviembre (paro nacional) del año pasado tienen que ver también con eso”, declara Mauricio Archila. 

Recientemente, respondiendo a la crisis del sector educativo como consecuencia de la pandemia y el movimiento “Matrícula Cero” se creó el Fondo para la Educación mediante el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020, el cual destinará 97.500 millones de pesos para apoyar el pago de matrículas en universidades públicas. Pero los estudiantes aseguran que los recursos suministrados por el Fondo no fueron suficientes para garantizar la matrícula de los estudiantes de estratos 1 y 2 en sus Instituciones. 

En muchas de las IES públicas regionales como la Universidad Distrital o la Universidad de Cundinamarca, los beneficios en matrículas y apoyos han sido posibles gracias a los recursos aportados por las mismas Instituciones y gobernaciones y alcaldías. En otras instituciones, como la Universidad de Córdoba, los beneficios en matrículas cobijan únicamente a estudiantes antiguos. En las universidades de carácter nacional, la lucha continúa porque los recursos aportados por el Gobierno son insuficientes para cubrir las necesidades de la población estudiantil.

U. de A. y Unal: Dos formas de responder a la “matrícula cero”

En la Universidad de Antioquia en Medellín un grupo de estudiantes inició una huelga de hambre el 8 de julio para exigir que se congelen las reformas al estatuto general universitario hasta que se volviera a la presencialidad y se pudiera debatir. En la entrada de la Ciudad Universitaria se instaló un campamento de estudiantes. Tres mujeres empezaron la huelga que logró su objetivo.  

Uno de los factores clave en la respuesta favorable, además del apoyo de colectivos, movimientos sociales y la Asociación de Profesores de esa universidad, fue la articulación concejales, diputados, Personería de Medellín, y otras instituciones, explica María Gallego, huelguista y  estudiante de licenciatura básica con énfasis en Matemáticas de la UdeA. Según María. La U. de A. logró la ‘Matrícula 0’ para todos sus estudiantes de pregrado y según declaró el alcalde de Medellín Daniel Quintero, esta sería  una “política pública que llega para quedarse y su logro es un triunfo del movimiento estudiantil”.

Días después del 5 de agosto, cuando mediante el Comunicado 19 a la Comunidad Universitaria, la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya, anunció que el costo por derechos de matrícula para 31.000 estudiantes sería igual a $0, y que además, los estudiantes de posgrado que así lo solicitaran tendrían un descuento de hasta el 20% en los derechos académicos para el periodo académico 2020-2. Allí, seis estudiantes iniciaron una huelga de hambre que hasta el 22 de agosto no termina.

Foto de: @intersedesunal

Daniela Viuche Conde, estudiante de Ciencia Política de la “Nacho” Bogotá y huelguista, expresa que “desde que se inició la virtualidad de las clases empezaron diferentes acciones de movilización de forma virtual, para garantizar para todos y todas realmente el derecho a la educación. La universidad brindó unas ayudas que fueron para población más vulnerable, algunos recibimos mercados, se hizo entrega de tablets y recursos para servicios de internet pero esto no ha dado a basto a la necesidades de toda la comunidad estudiantil”. 

Para una universidad con 54.284 estudiantes matriculados en el período 2019-2  y un déficit anual, que algunos estiman alrededor de 80 mil millones de pesos, se plantea urgente una inyección presupuestal y la garantía de la ‘Matrícula 0’ a través de recursos externos, en este caso, del Gobierno Nacional. No obstante, el apoyo económico recibido se acerca a una cifra de 5.200 millones de pesos (provenientes del Fondo para la Educación), lo que resulta insuficiente para cubrir los gastos que presenta la universidad pública más grande de Colombia.

Los estudiantes cuestionan al Gobierno Nacional por haber priorizado los beneficios económicos para el sector bancario y financiero durante la crisis; adicionalmente, aluden a que los principales rubros de la nación (pago de deuda y defensa) podrían ser destinados para educación e investigación. La viabilidad de la Matrícula 0 estaría pues al alcance de un rediseño presupuestal del Estado, pero no hay certeza sobre la intención de que el gobierno de turno en Colombia quiera invertir más en educación y menos en la guerra. 

Por: Daniela Ramírez y Juanjosé Gutiérrez. Comunicaciones CINEP/PPP.

El 2 de mayo el stand de la Universidad Javeriana en la Feria del Libro se convirtió en el escenario en el que Cinep/PPP lanzó una de sus más recientes publicaciones: “De encuentros y desencuentros: reflexiones sobre la educación intercultural desde una experiencia en el Caribe colombiano”. El libro, escrito por Leidy Laura Perneth, Jenny Paola Ortiz, y Andrea García, da cuenta del proceso investigativo en el proyecto “Educación intercultural por la defensa de los derechos de los grupos étnicos” implementado por Cinep/PPP durante el 2016 y 2017 en el Sur de La Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta y Cartagena.

La riqueza cultural de Colombia es evidente, y estos tres territorios son testimonio de la confluencia de múltiples grupos étnicos diferentes entre sí, pero habitantes de la misma tierra. Por esta razón, el proyecto tenía el objetivo de construir una mirada en conjunto de la región y contribuir al reconocimiento de los derechos de los grupos étnicos. 

Durante el lanzamiento, Perneth habló sobre la importancia de la interculturalidad, pues ésta permite analizar las relaciones de poder. Planteó, además, que una de las discusiones más importantes que surgió durante el proceso fue sobre si el sistema educativo realmente está atendiendo a las demandas de las comunidades, o si sólo busca institucionalizarlas.

El libro, como lo aseguró Eduardo Restrepo en el lanzamiento, hace énfasis en aspectos étnicos, raciales y de género. Y es que son precisamente esos temas los que han permitido jerarquizar las diferencias entre diversos grupos. Perneth agregó que este énfasis se hace porque es desde la educación intercultural que se pueden cuestionar a los sujetos y así comprender la construcción de una sociedad desigual.

El lanzamiento contó con una exposición fotográfica que mostró a los diversos actores que hicieron parte del proyecto. Los espacios pedagógicos se enfocaron en formación a profesores en educación intercultural, formación política dirigida a líderes sociales, y formación en investigación local participativa para jóvenes.

Para Martha Cecilia García, investigadora de Cinep/PPP, este “es un libro muy valioso porque junta práctica y acción. Plantea tres problemas en contextos muy diferentes pero que afectan a las comunidades de Cartagena, La Guajira y la Sierra Nevada”.

Eduardo Restrepo mencionó la valentía que tuvieron las autoras al hacer dos cosas esenciales: no cortar la voz de las comunidades y lograr un libro “de crítica y autocrítica, pues no sólo cuestiona las problemáticas sociales a las que se enfrenta, sino que también es sincero con el lector sobre el mismo proceso investigativo”. Esto lo hace en referencia a la observación que hacen quienes lo escribieron sobre las dificultades que implica tener un enfoque de género riguroso en una investigación.

A partir de esas experiencias, las autoras concluyeron en la publicación que la educación intercultural “es un campo permanentemente abierto y conflictivo, sin posibilidades ni aspiraciones de clausura”. Por esto, consideran esencial seguir ahondando y creando ejercicios que permitan la reflexión sobre temas que de allí se derivan. 

Haz clic aquí para obtener esta publicación

Laura Cristina Vasquez
Equipo de comunicaciones 

 

Durante los últimos dos años, el programa Educapaz ha logrado reunir cerca de 300 personas involucradas en la educación del sur del Tolima, para discutir sobre las necesidades y demandas de la formación escolar de los niños y jóvenes de esta región. Las discusiones se han dado en las Mesas Educativas Municipales, espacios en los que han participado estudiantes, maestros, directivos, padres de familia, líderes comunitarios, miembros de Juntas de Acción Comunal y líderes de asociaciones productivas.

Como resultado de estas amplias discusiones se crearon 4 documentos, uno por municipio, llamados Planes Educativos Municipales PEM. Estos documentos recogen los principales temas y demandas que las comunidades consideran importantes para mejorar la educación en el departamento. Los PEM se han construido de manera participativa desde un enfoque completamente territorial, intentando que sean las comunidades las que puedan dar su voz desde su misma vivencia en la región.

“Los Planes Educativos Municipales son una apuesta de generación colectiva, de acción entre las comunidades educativas, el sector productivo y el sector de gobierno, para crear una agenda pública educativa en la que puedan ponerse de manifiesto los problemas y las acciones estratégicas para hacer que esos problemas se conviertan en soluciones” manifiesta Luz Elena Patarroyo, investigadora del Cinep/PPP.

La construcción de los PEM

Para llegar a los documentos finales se llevó a cabo un largo proceso de diálogo entre diversos actores. Se percibió la educación no solo como las actividades dentro del aula de clases sino también se tuvo en cuenta el entorno social que lo rodea tanto las escuelas como a los estudiantes y lo que viene ara los jóvenes luego de terminada la formación escolar. Por esta razón fueron invitadas las Juntas de Acción Comunal, organizaciones de derechos humanos y asociaciones de café y cacao del sector productivo de los cuatro municipios. Todos ellos sumados a los más cercanos al proceso formativo: colegios, universidades, el SENA y Secretaría de educación de la Gobernación del Tolima.

“Hubo momentos de discusión fuertes, hubo participación, hubo también silencios. Pero llegamos a que a través deles un trabajo colaborativo y por medio de las metodologías usadas, se logró que todas las personas intervinieran y dieran su opinión”. Afirma Ana Yurani Azuero, docente de Rioblanco. La diversidad de actores que participaron requirió una metodología amplia que permitió la participación mediante diferentes formatos. “Algunos no son buenos con las palabras, pero en el momento de escribir pueden expresar muchas cosas. Por medio de un dibujo, de una imagen, de una actividad dinámica llegaron a expresar lo que sienten y piensan sobre la educación”. Explica Azuero

Las Mesas Educativas Municipales duraron casi dos años y dieron como resultado un Plan Educativo Municipal para cada municipio. Estos primeros documentos fueron validados por más de 350 personas representantes de las comunidades indígenas Nasa y Pijaos de Planadas, de las comunidades negras de Ataco y de los consejos directivos de todos los centros educativos de la esquina sur del Tolima. Este proceso se hizo paralelo al Diplomado en gestión participativa de la política pública educativa en el que participaron más de 200 líderes. El diplomado tuvo un currículo que implicaba formación-acción en el que no solo recibían los fundamentos teóricos, sino que al tiempo los iban aplicando en investigación en sus respectivos municipios.

Esta fase del proceso culminó el pasado 29 de marzo cuando fueron entregados los textos definitivos a representantes de la Gobernación, de la universidad pública y privada, de la iglesia y del SENA. El siguiente paso es lograr que estos planes sean una política pública. Para lograr este objetivo, desde noviembre se están negociando con los Consejos Municipales para que estos textos se conviertan en Acuerdos para su implementación.

La esquina sur del Tolima

El proyecto se lleva a cabo en los municipios de Planadas, Ataco, Rioblanco y Chaparral. En esta sub región, denominada la esquina sur del Tolima, se dieron algunos hechos que marcarían el rumbo del país en las últimas décadas. En 1948, tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, se desató la guerra entre liberales y conservadores, al igual en que en gran parte del país, dando paso a la confirmación de los primeros grupos campesinos de autodefensa. A inicios de la década de los 60, la persecución de la policía oficial conservadora llevó a algunas familias del sector a crear una comunidad en el corregimiento de Marquetalia.

Pronto la comunidad fue acusada desde el Congreso de ser república independiente, pues no reconocían la soberanía del Estado y se impedía la entrada del Ejército. Varios años más tarde y luego de varios enfrentamientos entre las autodefensas, comandadas por Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo y el Ejército Nacional, el gobierno de Guillermo León Valencia ejecutó la operación Soberanía para retomar el control estatal de esta población. Con estos enfrentamientos las autodefensas campesinas se convirtieron en la guerrilla de las Farc en 1964. A partir de este año fueron constantes los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército.

Ya en la década de los 80 se dio la guerra por los cultivos de amapola que se daban en la región. Y en la década de los 90 se da la incursión paramilitar. Este panorama de constante violencia desde finales de los 40 terminó afectando los entornos de los 4 municipios pues se desarrollaron de forma diferente a otros. La desconfianza, la poca presencia del Estado, los constantes actos violentos y la presencia de diversos actores armados, llevaron a estas comunidades a asilarse de las demás, lo que afectó procesos sociales básicos, como la educación.

“Esta situación y todo lo que ha acontecido en esta región, marcaron de alguna manera un retroceso, en lo que podrían ser los procesos educativos”. Afirma Luz Elena Patarroyo, investigadora del Cinep/PPP. “Convocar a estos sectores es, de alguna manera, una oportunidad de reconciliación en donde los factores de violencia y los factores estructurales puedan ser superados, especialmente en el tema educativo” agrega.
Con del acuerdo de paz con las Farc, se decretó que los cuatro municipios del sur del Tolima serían una da las zonas en las que se aplicaría uno de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET. En las discusiones públicas se presentaron 1168 iniciativas al Plan de Acción para la Transformación Regional, documento que planea el desarrollo de la región para los próximos 10 años. Allí también se discutió el tema de la educación rural para estos municipios y en estos espacios participaron los líderes locales del proceso de Educapaz.

Frente a este panorama son muchos los retos para reconstruir el tejido social en una zona tan golpeada por el conflicto armado. La apuesta de Educapaz es por fortalecer la educación mediante la participación de las comunidades y de todos los actores involucrados. “Yo siento que a pesar del conflicto y a pesar de que es una región que ha tenido pocas oportunidades de desarrollo económico, es una de las zonas mejor preparadas del país para superar la guerra”. Afirma Oscar Sánchez, coordinador de Educapaz. “El camino es la educación, el camino son las oportunidades para los chicos. Ahora hay unas herramientas que hemos propiciado, pero se han logrado porque existe un amplio acumulado previo” afirma.

 

Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones 

 

¿Sabías que la educación pública superior es el sector que más retorno económico le genera al país? Sin embargo, en materia de financiamiento no se ve inversión. Escucha este análisis con los expertos:

- Alejandro Vanegas Director de Fomento de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional de Colombia
- Fabio de Jesús Jurado Valencia Profesor Estudios en Educación del Instituto en Educación de la Universidad Nacional de Colombia


Programa producido por Javeriana Estéreo 91.9 FM Pontificia Universidad Javeriana y Cinep Programa Por la Paz.

 

Desde hace tres años se comenzó a construir el proyecto Educapaz. Hace un año, gracias a las diferentes alianzas entre organizaciones, esta apuesta por la educación rural en el país ha llegado a 4 municipios del Tolima y espera quedarse en las agendas educativas del departamento al menos por 10 años. Hablamos con Luz Elena Patarroyo y Juan Carlos Merchán, investigadores del Cinep/Programa por la Paz que han estado al frente de este proyecto en representación de la organización. 

¿Cómo nació Educapaz?

Luz Elena Patarroyo:

Esta es una propuesta que se creó inicialmente entre Fe y Alegría y Porticus a la que se fueron uniendo diversas entidades. Estas son entidades que de alguna manera han liderado estrategias y propuestas de educación que  tienen una experiencia reconocida en todo el país.

Todos los que conforman Educapaz son Cinep/PPP, Universidad Javeriana, Fundación Escuela Nueva, Convivencia productiva, Aulas en Paz, la Universidad de los Andes, Fe y Alegría, Fundación para la Reconciliación y hay tres aliados estratégicos uno que es Avina, la Redprodepaz y Clayss.

Todas estas entidades trabajan por la educación bajo el criterio de que una forma de trabajar por la paz, es trabajar por la educación.  Las estrategias que se quieren implementar son a largo plazo, por eso en principio Educapaz está pensado para 10 años y en esos 10 años se espera llegar como mínimo a tres regiones diferentes del país.

Educapaz ha hecho énfasis en el aspecto rural, entonces vamos a ir a las zonas rurales porque allí es donde incide profundamente el conflicto. La idea es desarrollar capacidades ciudadanas y humanas en donde el conflicto ha estado más fuerte. Esto con el propósito de incidir en la paz. Ambas cosas van fuertemente ligadas.

 

¿Cuál es la labor de Cinep/PPP en Educapaz?

L.E.P: Educapaz tiene tres líneas de acción: la línea de educación rural, la línea de capacidades para la reconciliación y la de comunicación, investigación e incidencia. Cinep/PPP hace parte de la línea uno, estamos desarrollando una acción conjunta entre cuatro entidades: Fe y Alegría, Universidad Javeriana de Cali, Fundación Escuela Nueva y nosotros.

Y nuestra tarea fundamentalmente es vincular el trabajo desde el apoyo en el aula de clase, ese sería el primer momento de la relación que es escuela, luego la relación comunidad que sería trabajar todos los planes educativos institucionales que es la relación escuela- comunidad y la parte del territorio es el énfasis que hace Cinep/PPP, entonces lo que hacemos allá es vincularnos con las otras entidades y desde ahí aportar en la constitución de las mesas educativas municipales y los planes educativos municipales.

Hemos diseñado un plan para que la gente pueda construir política pública educativa municipal y esto viene de un trabajo anterior que habíamos realizado en el Magdalena Medio. Ahí construimos la política pública de 17 municipios en donde hay toda una metodología un trabajo elaborado, por esta experiencia estamos en Educapaz.

 

¿Cómo se ha dado ese diálogo intersectorial y cuál ha sido la importancia de hacerlo así?

Juan Carlos Merchán: ¿Qué estamos haciendo ahora en los cuatro municipios del sur del Tolima? En Chaparral, Planadas, Río Blanco y Ataco, estamos conectándonos con una diversidad de actores en el territorio que nos parece que tienen que ver con lo educativo para que hagan parte de ese espacio que son las mesas educativas municipales.

En este momento tenemos participación del sector educativo ( docentes, estudiantes, rectores, padres de familia de zonas rurales), estamos teniendo participación de líderes sociales (líderes comunitarios,  de juntas de acción comunal, y también líderes de asociaciones productivas del territorio), ese sector productivo es fundamental porque nosotros no concebimos una educación rural sin una vida productiva.

Hace parte de estas mesas educativas otros sectores, por ejemplo está asistiendo la policía, está asistiendo el ejército, la alcaldía, concejales del consejo municipal, todo ese sector político, estatal, gubernamental, que con el sector educativo, el sector de líderes sociales y el sector productivo, son una buena representación de la diversidad de los actores de un territorio.

La idea es que al final del proceso de la mesa educativa - que va a llevar varios meses hasta inicios del próximo año- se dé en forma didáctica, de forma pedagógica y se vayan construyendo los planes educativos municipales. Esos planes deben tener un diagnóstico de los problemas educativos territoriales más importantes y luego unas líneas estratégicas de cómo resolver esos problemas. La idea es que el próximo año podamos llevar esos planes investigativos a los consejos municipales para que se vuelva un acuerdo municipal del consejo con la alcaldía y ahí se vuelva política pública, ojalá a doce años para que no dependa del gobernante de turno.

¿Cuál es la importancia de comenzar el proyecto en el departamento del Tolima?

J.C.M: Se decidió comenzar por el sur del Tolima por varias razones. Primero, encontramos unos aliados en el territorio, personas que hacen parte de la Secretaría de Educación de la Gobernación que hace varios años estaban interesados en estos temas de política educativa pero en el mundo político del departamento nadie les captaba esa iniciativa.  Nos dimos cuenta que con esta propuesta, encajábamos en ese territorio. Tiene un poder simbólico muy grande, en esta época de posacuerdo  justo en la zona donde nacieron las FARC, comenzáramos una propuesta de educación rural para la paz.

Nos hemos dado cuenta que consolidar el proceso de Educapaz en el Tolima ha requerido más tiempo de lo que se pensaba. Esperamos que estos 10 años podamos estar en dos o cuatro regiones, lo importante es quedarnos tres o cuatro años en cada región para que exista un proceso. Lo que más le ha generado confianza a las diferentes instituciones es la voluntad de nosotros de quedarnos varios años.

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones