El anuncio de “la continuación de la lucha guerrillera” por algunos excomandantes guerrilleros "Iván Márquez", "Jesús Santrich", y alias "El Paisa" junto con, aproximadamente, 17 hombres y mujeres, conocido el 28 de agosto pasado, no supone una crisis, una parálisis o una ruptura del proceso de paz. No es de esperar que tenga un efecto negativo sobre el proceso de implementación del Acuerdo Final, como tampoco un efecto de repudio a los compromisos del Acuerdo por parte del Gobierno nacional u otras instituciones estatales. Por el contrario, podría ser una oportunidad y servir de catalizador para que el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales aceleren la implementación a nivel operativo.


 

 

 
 

Desde el inicio del proceso de negociación entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC-EP hemos manifestado nuestra convicción de que la salida negociada es la única forma de poner fin al conflicto armado. Por esta razón rechazamos el anuncio de Luciano Marín alias 'Iván Márquez': Seuxis Pausias Hernández alias 'Jesús Santrich' y Hernán Darío Velásquez alias 'El Paisa', entre otros, sobre el retorno a la lucha armada.


 

 

 
 

En su segunda edición del año, Diálogos Cinep debatió sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), su relación con el Acuerdo de Paz y la economía nacional. En él, participaron Ricardo Bonilla González, economista y ex secretario de hacienda de Bogotá y Consuelo Corredor y Víctor Barrera, investigadores del Cinep/PPP.        

Edmer Tovar, editor de Portafolio, fue quien moderó el panel y empezó su presentación afirmando que el Senado no revisó el PND, sólo le dio el visto bueno a lo presentado por la Cámara de Representantes. En su primera pregunta trajo a la conversación la relación entre la implementación del Acuerdo de Paz con este plan que presentó el gobierno el 6 de mayo .

Sobre esta incógnita, Consuelo Corredor afirmó que en el Acuerdo Final se establecieron mecanismos que permiten la sostenibilidad de los compromisos allí establecidos, lo que lo hace un acuerdo no de gobierno, sino de Estado. Dentro de esos compromisos está la obligación que tienen los cuatro gobiernos siguientes a la firma de incluir los compromisos del acuerdo en los Planes Nacionales de Desarrollo y un plan plurianual de inversiones para la paz. Este plan, según Consuelo, no se implementó a cabalidad.

Según la investigadora, el punto 1 del Acuerdo de Paz, que trata sobre una reforma rural integral, es el punto que más presencia tiene en el PND. Sin embargo, aclara que no todos los puntos relacionados con esta reforma hacen presencia en el PND como se esperaría, por lo que se debe indagar qué tanto se recoge lo del Acuerdo Final. Con respecto al punto 3, relacionado con la reincorporación y el fin del conflicto, Corredor hizo énfasis en que, incluso desde que Iván Duque era candidato a la presidencia, éste señaló la importancia de que la reincorporación se diera y llegara a feliz término. Sin embargo, la sustitución de cultivos ilícitos no está planteada plenamente como debería. Su conclusión más importante fue el planteamiento de que “hubiese sido deseable aprovechar el Acuerdo de Paz para trazar un sendero relacionado a la paz en el PND”.

Por su parte, Víctor Barrera planteó la importancia de tener claros cuáles son los criterios para evaluar un PND, especialmente en el contexto tan particular del país. Explicó que se deben tener claras tres características para evaluarlo correctamente: primero,  el diagnóstico sobre  los problemas generales del país; segundo, las estrategias que se plantearon y si son las adecuadas para resolver los problemas; y tercero, las metas que son los elementos que permiten evaluar después de cuatro años si el PND funcionó o no. Barrera destaca que en los primeros dos puntos este plan sí está acertado, pero su gran equivocación yace en plantear metas imposibles de cumplir.

Además, recalcó que en ningún PND la participación política y ciudadana ocupan un papel central, incluyendo este. Un elemento que preocupa al investigador son las menciones de conflictividad que se hacen a través del documento y la falta de ajustes normativos para garantizar la protesta social.

Ricardo Bonilla respondió a la pregunta sobre las expectativas de lo que se incluyó en el plan y lo que no. Su intervención comenzó con la aclaración de que un PND no se le puede negar a ningún gobierno porque es su potestad plantearlo. En el Congreso se puede negociar lo que cada bancada desea incluir, pero el problema es que esos debates quedaron invisibilizados por los diálogos en torno a la JEP. Por falta de tiempo, “fue la Cámara de Representantes la que hizo un estudio más juicioso, pero el Senado no tuvo tiempo por la negligencia de Matías. Al final, implementarlo fue decisión por pupitrazo”.

Según Bonilla, el enfoque económico del PND se basó en la idea de que el gobierno anterior dejó un déficit de 25 billones de pesos, pero nadie sabe de dónde salió esa cifra. Entonces manifestó que lo que puede hacer este gobierno es plantear un plan  y luego no cumplirlo porque no hay mecanismos reales en Colombia que evalúen la implementación de los PND. Sobre la paz, afirmó, no hay recursos específicos planteados sino programas generales.

Edmer Tovar intervino luego sobre los ejes bajo los cuales se entiende el PND: Legalidad + Equidad = Emprendimiento. Para Corredor, esta estructura es confusa y compleja porque “es una ecuación que no tiene sentido”. Para Barrera,  hay algo que añade un mayor grado de dificultad y es que “hay una apuesta por la legalidad, y las discusiones sobre la legalidad casi siempre terminan en dilemas morales”. Para Bonilla, la idea de emprendimiento que maneja el actual gobierno se basa en un concepto de economía naranja en el que se desarrollan aplicaciones y servicios sin garantía de condiciones de formalidad para sus empleados.

Los tres estuvieron de acuerdo en que, aunque el Plan Nacional de Desarrollo debe cubrir más que la implementación del Acuerdo de Paz, sí se debieron incluir más garantías para la implementación de este. Las elecciones que se llevarán a cabo en octubre para elegir gobernadores y alcaldes pueden ser una oportunidad, porque en el marco de la implementación se afirma que los planes regionales de desarrollo deben incorporar asuntos relacionados con el Acuerdo Final.

 

Laura Cristina Vasquez
Equipo de comunicaciones 

 

Por medio de una carta dirigida a Antonio Guterrez, secretario general de la ONU, ex miembros del equipo negociador del Acuerdo de Paz, integrantes del partido político FARC, académicos, congresistas, líderes de la sociedad civil, víctimas y miembros de organizaciones sociales expresamos nuestra preocupación ante las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria que regula la Jurisdicción Especial para la Paz. 

 
 

 

 

  • Cinep/ Programa por la Paz presentó un informe preliminar que da cuenta del impacto de la implementación del cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo, en las comunidades locales de las zonas veredales y puntos de normalización.

 

  • El documento también señala los aprendizajes que surgen del acompañamiento de la sociedad civil en este ejercicio.

 

El punto tres del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP, contempló un Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación (MM&V) para la verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. 

La creación de este mecanismo —compuesto por el Gobierno, las FARC y la Misión política especial de las Naciones Unidas autorizada por el Consejo de Seguridad— tuvo en cuenta experiencias de otros países y fue resultado de las discusiones realizadas al interior de la Subcomisión técnica del fin de conflicto, instalada en el marco de la Mesa de Negociación de La Habana (Cuba) de la que hicieron parte tanto militares como guerrilleros.

Fruto de la experiencia de acompañamiento al MM&V, que duró casi un año, se publica el informe El cese bilateral: más allá del fuego, que presenta un análisis de los impactos de la implementación del punto 3.1 (Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas entre el Gobierno nacional y las FARC-EP) en las comunidades locales donde se ubicaron las ZVTN y los PTN.

Este documento aborda tres aspectos. En primer lugar, hace un análisis de los impactos del proceso de instalación y adecuación de las ZVTN y PTN en las comunidades locales que las recibieron. En segundo lugar, hace una lectura de los aciertos y las dificultades de este proceso y, por último, presenta una reflexión más amplia sobre el acompañamiento necesario de la sociedad civil a la implementación del Acuerdo Final de Paz en su conjunto, así como a experiencias semejantes de separación de fuerzas y ceses al fuego.

Es importante resaltar que para esta labor el Comité de Acompañamiento contó con el apoyo de la Embajada Suiza en Colombia, que se convirtió en una aliada importante para nuestro relacionamiento con diferentes actores y para llevar a cabo las actividades propuestas.

Descargar el informe.

 

Margareth Figueroa Garzón

Equipo de Publicaciones