En su segunda edición del año, Diálogos Cinep debatió sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), su relación con el Acuerdo de Paz y la economía nacional. En él, participaron Ricardo Bonilla González, economista y ex secretario de hacienda de Bogotá y Consuelo Corredor y Víctor Barrera, investigadores del Cinep/PPP.        

Edmer Tovar, editor de Portafolio, fue quien moderó el panel y empezó su presentación afirmando que el Senado no revisó el PND, sólo le dio el visto bueno a lo presentado por la Cámara de Representantes. En su primera pregunta trajo a la conversación la relación entre la implementación del Acuerdo de Paz con este plan que presentó el gobierno el 6 de mayo .

Sobre esta incógnita, Consuelo Corredor afirmó que en el Acuerdo Final se establecieron mecanismos que permiten la sostenibilidad de los compromisos allí establecidos, lo que lo hace un acuerdo no de gobierno, sino de Estado. Dentro de esos compromisos está la obligación que tienen los cuatro gobiernos siguientes a la firma de incluir los compromisos del acuerdo en los Planes Nacionales de Desarrollo y un plan plurianual de inversiones para la paz. Este plan, según Consuelo, no se implementó a cabalidad.

Según la investigadora, el punto 1 del Acuerdo de Paz, que trata sobre una reforma rural integral, es el punto que más presencia tiene en el PND. Sin embargo, aclara que no todos los puntos relacionados con esta reforma hacen presencia en el PND como se esperaría, por lo que se debe indagar qué tanto se recoge lo del Acuerdo Final. Con respecto al punto 3, relacionado con la reincorporación y el fin del conflicto, Corredor hizo énfasis en que, incluso desde que Iván Duque era candidato a la presidencia, éste señaló la importancia de que la reincorporación se diera y llegara a feliz término. Sin embargo, la sustitución de cultivos ilícitos no está planteada plenamente como debería. Su conclusión más importante fue el planteamiento de que “hubiese sido deseable aprovechar el Acuerdo de Paz para trazar un sendero relacionado a la paz en el PND”.

Por su parte, Víctor Barrera planteó la importancia de tener claros cuáles son los criterios para evaluar un PND, especialmente en el contexto tan particular del país. Explicó que se deben tener claras tres características para evaluarlo correctamente: primero,  el diagnóstico sobre  los problemas generales del país; segundo, las estrategias que se plantearon y si son las adecuadas para resolver los problemas; y tercero, las metas que son los elementos que permiten evaluar después de cuatro años si el PND funcionó o no. Barrera destaca que en los primeros dos puntos este plan sí está acertado, pero su gran equivocación yace en plantear metas imposibles de cumplir.

Además, recalcó que en ningún PND la participación política y ciudadana ocupan un papel central, incluyendo este. Un elemento que preocupa al investigador son las menciones de conflictividad que se hacen a través del documento y la falta de ajustes normativos para garantizar la protesta social.

Ricardo Bonilla respondió a la pregunta sobre las expectativas de lo que se incluyó en el plan y lo que no. Su intervención comenzó con la aclaración de que un PND no se le puede negar a ningún gobierno porque es su potestad plantearlo. En el Congreso se puede negociar lo que cada bancada desea incluir, pero el problema es que esos debates quedaron invisibilizados por los diálogos en torno a la JEP. Por falta de tiempo, “fue la Cámara de Representantes la que hizo un estudio más juicioso, pero el Senado no tuvo tiempo por la negligencia de Matías. Al final, implementarlo fue decisión por pupitrazo”.

Según Bonilla, el enfoque económico del PND se basó en la idea de que el gobierno anterior dejó un déficit de 25 billones de pesos, pero nadie sabe de dónde salió esa cifra. Entonces manifestó que lo que puede hacer este gobierno es plantear un plan  y luego no cumplirlo porque no hay mecanismos reales en Colombia que evalúen la implementación de los PND. Sobre la paz, afirmó, no hay recursos específicos planteados sino programas generales.

Edmer Tovar intervino luego sobre los ejes bajo los cuales se entiende el PND: Legalidad + Equidad = Emprendimiento. Para Corredor, esta estructura es confusa y compleja porque “es una ecuación que no tiene sentido”. Para Barrera,  hay algo que añade un mayor grado de dificultad y es que “hay una apuesta por la legalidad, y las discusiones sobre la legalidad casi siempre terminan en dilemas morales”. Para Bonilla, la idea de emprendimiento que maneja el actual gobierno se basa en un concepto de economía naranja en el que se desarrollan aplicaciones y servicios sin garantía de condiciones de formalidad para sus empleados.

Los tres estuvieron de acuerdo en que, aunque el Plan Nacional de Desarrollo debe cubrir más que la implementación del Acuerdo de Paz, sí se debieron incluir más garantías para la implementación de este. Las elecciones que se llevarán a cabo en octubre para elegir gobernadores y alcaldes pueden ser una oportunidad, porque en el marco de la implementación se afirma que los planes regionales de desarrollo deben incorporar asuntos relacionados con el Acuerdo Final.

 

Laura Cristina Vasquez
Equipo de comunicaciones 

 

Por medio de una carta dirigida a Antonio Guterrez, secretario general de la ONU, ex miembros del equipo negociador del Acuerdo de Paz, integrantes del partido político FARC, académicos, congresistas, líderes de la sociedad civil, víctimas y miembros de organizaciones sociales expresamos nuestra preocupación ante las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria que regula la Jurisdicción Especial para la Paz. 

 
 

 

 

  • Cinep/ Programa por la Paz presentó un informe preliminar que da cuenta del impacto de la implementación del cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo, en las comunidades locales de las zonas veredales y puntos de normalización.

 

  • El documento también señala los aprendizajes que surgen del acompañamiento de la sociedad civil en este ejercicio.

 

El punto tres del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP, contempló un Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación (MM&V) para la verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. 

La creación de este mecanismo —compuesto por el Gobierno, las FARC y la Misión política especial de las Naciones Unidas autorizada por el Consejo de Seguridad— tuvo en cuenta experiencias de otros países y fue resultado de las discusiones realizadas al interior de la Subcomisión técnica del fin de conflicto, instalada en el marco de la Mesa de Negociación de La Habana (Cuba) de la que hicieron parte tanto militares como guerrilleros.

Fruto de la experiencia de acompañamiento al MM&V, que duró casi un año, se publica el informe El cese bilateral: más allá del fuego, que presenta un análisis de los impactos de la implementación del punto 3.1 (Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas entre el Gobierno nacional y las FARC-EP) en las comunidades locales donde se ubicaron las ZVTN y los PTN.

Este documento aborda tres aspectos. En primer lugar, hace un análisis de los impactos del proceso de instalación y adecuación de las ZVTN y PTN en las comunidades locales que las recibieron. En segundo lugar, hace una lectura de los aciertos y las dificultades de este proceso y, por último, presenta una reflexión más amplia sobre el acompañamiento necesario de la sociedad civil a la implementación del Acuerdo Final de Paz en su conjunto, así como a experiencias semejantes de separación de fuerzas y ceses al fuego.

Es importante resaltar que para esta labor el Comité de Acompañamiento contó con el apoyo de la Embajada Suiza en Colombia, que se convirtió en una aliada importante para nuestro relacionamiento con diferentes actores y para llevar a cabo las actividades propuestas.

Descargar el informe.

 

Margareth Figueroa Garzón

Equipo de Publicaciones

Durante un año diversas organizaciones acompañaron el proceso de Monitoreo y verificación del Cese al Fuego y de Hostilidades entre Gobierno y FARC-EP en Colombia. Este jueves 27 de julio, se encontrarán diversos actores para dialogar en torno a los resultados que arrojó este proceso. 

"La idea es tener un espacio de encuentro y diálogo para recalcar que el cese al fuego fue mucho más que un ejercicio militar y para que la ciudadanía pueda conocer lo que se vive en las zonas rurales y cómo se vivió este proceso en los territorios”

Lorena Carrillo González, quien es la Secretaría técnica del Comité de acompañamiento de la sociedad civil al mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo. Socióloga, magister en Estudios Rurales e investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular, amplía aspectos principales de este informe.

¿Cuál es el balance de los resultados del informe y los principales hitos en dicho proceso de acompañamiento?

Lorena Carillo: Lo primero es recalcar que el cese al fuego se cumplió, las dos partes cumplieron las reglas salvo 9 violaciones identificadas a lo largo del cese y la mayoría de afectaciones o incidentes fueron leves. Cuál es una de las principales situaciones que nosotros queremos remarcar allí, que si bien el cese se cumplió, el cese va mucho más allá del fuego, no se trató solamente de un ejercicio de separar fuerzas y verificar que las partes cumplieran las reglas a las que se comprometieron sino ver eso cómo llegó a afectar los territorios donde se llevaron a cabo estos procesos.

El proceso de cese al fuego ha sido una experiencia muy novedosa en el mundo. La ONU nunca había hecho parte de un proceso así como el que se constituyó con las FARC. Una herramienta novedosa de la que vale la pena aprender. El problema es que todas las cosas que se diseñaron en los protocolos fueron pensadas desde un ejercicio militar y no se tuvo en cuenta que estos territorios, al igual que sucedió en el transcurso de la guerra, no son territorios que están vacíos o que están aislados, ahí vive gente. Hubo un impacto en la cotidianidad de la gente, se está transformando y eso justamente es en lo que queremos llamar la atención.

¿Quiénes conformaron el comité de acompañamiento de la Sociedad Civil al Mecanismo de Monitoreo y Verificación?

L: El comité de acompañamiento surgió de una propuesta de 35 organizaciones que firmaron una carta dirigida a la mesa de negociaciones, la cual se envió a la mesa  de negociaciones de la Habana en febrero de 2016. A partir de la carta, la puesta en marcha fue liderada por 9 organizaciones a nivel nacional pero sobre todo por juntas de acción comunal y organizaciones regionales desde los territorios, es un espectro amplio de organizaciones que se unieron en torno al acompañamiento y que incluye organizaciones de iglesia, plataformas de derechos humanos, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales.

En el informe se menciona que “acompañar tal proceso desde la sociedad civil se convirtió en un reto adicional” ¿Por qué fue un reto?

L: Fue un reto porque justamente lo que era la mayor fortaleza se convertía en el mayor reto. Al tener tantas organizaciones con diversidad de agendas y apuestas encaminadas a lograr la implementación del acuerdo de paz; el reto era lograr ponernos de acuerdo en un punto para poder hacer ese acompañamiento.

A medida que pasaba el proceso iban cambiando las prioridades de las organizaciones porque había unas que estaban mucho más pendientes del asunto legislativo, otras de los procesos de reincorporación, otras de un ejercicio con las víctimas, entonces a medida que se iba implementando este acuerdo en su parte normativa y a medida que iban pasando los días en las zonas veredales las prioridades cambiaron y justamente cambian porque el cese funcionó.

La mayor tensión era pensar qué pasaba si el cese se rompía. Entonces hubo un momento en el que había mucha atención de organizaciones y plataformas, pero como funcionó esta parte dejó de ser prioritaria y pasaron a  ser prioritarios otros ejercicios como el fastrack que la Corte lo tumbó. Esas cosas fueron las que dificultaron los retos, sobre todo el tema de la comunicación desde los espacios locales a la articulación con los espacios nacionales; como la de Popayán que incluía zonas del Tolima y era imposible lograr que la gente se pudiera reunir en un mismo espacio.

¿Qué retos surgen a partir de los resultados de esta etapa?

L: Lo que queda es poder rescatar esta experiencia, potencializarla, aprender de los errores cometidos, ver de qué manera se puede mejorar porque creemos que esta es una experiencia que vale la pena tener en cuenta para futuros procesos; por ejemplo el cese bilateral que parece que va a iniciar pronto con el ELN, pero también para otros, no sólo en Colombia.

Ver cómo detrás de un ejercicio aparentemente militar también hay un componente social civil muy importante que debería ser incluido por lo menos en el diseño y en la primera fase de implementación. El tema de la pedagogía, el poder explicarle a la gente qué es lo que va a pasar en sus territorios, cómo lo pueden hacer de manera que no les afecte su vida cotidiana, es algo que queremos recalcar en este proceso.  

Este jueves tendrá lugar el encuentro que se ha propuesto para socializar esta experiencia de Acompañamiento y verificación ¿Cuáles serán los temas principales y quienes son los invitados al evento?

L: Vamos a presentar justamente el informe, es un informe preliminar de este proceso de acompañamiento que duró cerca de un año donde estuvimos involucradas organizaciones de nivel nacional, regional y local. Van a participar líderes de algunas de las zonas veredales para que sean ellos los que nos puedan contar desde su experiencia cotidiana lo que funcionó con el mecanismo y lo que debamos tener en cuenta para mejorar a futuro.

También, tendremos la presencia del Mecanismo de Monitoreo de los tres componentes, ellos nos van a hacer una retroalimentación a ese informe, vamos a contar con la participación de algunos representantes de instituciones estatales, de organizaciones no gubernamentales y también de la embajada de Suiza que apoyó este proceso desde el principio.

 

María Gabriela Novoa

Equipo de Comunicaciones

Columna originalmente publicada en Razón Pública

El censo socioeconómico de los ex combatientes descubre una realidad de campesinos que se educaron en escuelas rurales, que desean seguir viviendo y trabajando en el campo, y que por tanto necesitan de la reforma rural integral que fue pactada.

Lorena Carrillo González*

Guerrilla de campesinos

El censo socioeconómico que llevó a cabo la Universidad Nacional sobre los integrantes de las FARC que se encuentran en las zonas veredales incluyó un total de 10.015 personas, y sus autores estiman que cerca de 1.000 integrantes más faltaron por incluirse.

El 81 por ciento de las y los ex combatientes tienen vínculos con zonas campesinas: 66 por ciento son de origen rural y 15 por ciento de origen rural-urbano. Estas cifras no son sorprendentes, porque las FARC tienen raíces en las regiones de colonización de Colombia.  

Por eso ya desde 1964 – sino desde mucho antes-, los guerrilleros habían venido demandando una reforma agraria, acceso a la tierra, formalización de la propiedad para colonos y campesinos, acceso a créditos y asistencia técnica para el campo.

Y en efecto: en el punto 1 del Acuerdo de la Habana se acordó formalizar la propiedad sobre siete millones de hectáreas y adjudicar tres millones más para campesinos y campesinas. El Acuerdo también incluye innovaciones en materia de asistencia técnica y desarrollo de líneas de créditos.

Sin embargo el camino hacia la “reforma rural integral” (RRI) allí esbozada es incierto y el panorama actual de la desigualdad en el campo colombiano no es muy alentador.

Aunque se trate de un hecho obvio, esta sencilla verdad  estuvo oculta a la opinión pública durante el largo tiempo de confrontación armada: las y los guerrilleros son seres humanos que, independientemente de sus deudas con la justicia, han habitado y labrado los campos. En medio de la guerra también sembraban cultivos de pancoger, criaban gallinas y cerdos. Gracias al censo y a algunos medios de comunicación, este hecho obvio es algo más visible hoy.  

¿Qué pasó con el campo?

Acostumbrados a narrar y a analizar el drama de la guerra y de sus víctimas, desde la academia también tenemos que vislumbrar, por ejemplo, las implicaciones que para los integrantes de las FARC tiene su reincorporación a un escenario rural más desigual y marginal que aquel que los llevó a las armas hace 53 años.

Los resultados del censo son más que desafiantes para un país centralizado y conservador, cuyas zonas rurales han estado marginadas desde siempre.

Según el informe de la OXFAM, la desigualdad en la distribución de la tierra ha aumentado durante las últimas décadas: “las explotaciones de más de 500 hectáreas se han mantenido en torno al 0,4%-0,5% del total. Sin embargo la superficie que ocupan se ha ampliado enormemente, pasando de 5 millones de hectáreas en 1970 (el 29% del área total censada) a 47 millones en 2014 (el 68%).”  El mismo estudio concluye que “el 1% de las explotaciones de mayor tamaño maneja más del 80% de la tierra”.

Bajo estas circunstancias, la desigualdad medida por el índice de Gini llegó a 0,897 en 2014, lo cual sitúa a Colombia como el país más desigual en América Latina.  En 1960 el índice de Gini era de 0,868, lo cual confirmaría que la desigualdad, en vez de disminuir, ha seguido agravándose. 

Pero por otra parte  hay que tener en cuenta que mientras en 1960 el 48 por ciento del total de la población colombiana vivía en el campo, en 2005 la proporción había disminuido al 25 por ciento.

Tanto la desigualdad como el cambio demográfico son factores importantes para tener en mente en el momento de adoptar decisiones relacionadas con políticas, programas y presupuesto para las zonas rurales de Colombia.  

¿Hay tierra pa’ tanta gente?

El 77 por ciento de los integrantes de las FARC no tienen una vivienda pero sí ganas de seguir viviendo en el campo (el 60 por ciento manifestó interés en actividades agropecuarias, un 37r por ciento en participar de los mercados campesinos, y otro 28 por ciento en acuicultura, entre otras alternativas).

Con una población cuya cultura es campesina y que le ha hecho saber al país que cree en un proceso de reincorporación colectiva, la opción de migrar hacia las ciudades, si bien no queda descartada, sí tiene muy bajas probabilidades de llevarse a cabo, y de hacerlo sería especialmente difícil en las ciudades intermedias.

Y a estos nuevos aspirantes a un pedazo de tierra en el campo hay que sumarle la elevada concentración de la propiedad, el derecho de las víctimas despojadas a la restitución, la adjudicación de tres millones de hectáreas a miles de campesinos, y las más de veintidós mil familias que habitan en áreas protegidas con riesgo de ser desplazadas, ademas de las que podrían quedar en el limbo con el proceso de delimitación de páramos

Escuela nueva

El 90 por ciento de los y las integrantes de las FARC manifestaron saber leer y escribir, pese a que apenas el 8 por ciento culminó sus estudios de educación básica o media vocacional.

Lo anterior debido, en parte por las propias escuelas de alfabetizacion de las FARC, y en parte porque la educación rural en Colombia sigue el método de “la escuela nueva”, una propuesta flexible para atender los problemas que enfrentan los niños y niñas en el campo (grandes distancias para llegar a clases, falta de infraestructura y de personal, falta de dotación básica).

La escuela nueva ha permitido grandes logros, en especial en el aumento de la cobertura de la educación primaria en zonas rurales. Con el apoyo de guías de aprendizaje. un solo docente se encarga de dar clase a todos los grados de la primaria. En las veredas es muy común encontrar escuelas donde conviven en un mismo salón de clases estudiantes de primero a quinto de primaria. El docente hace un esfuerzo por separarlos en esquinas, de modo que a un lado se encuentren los de quinto, al otro los de cuarto, y así sucesivamente. Los niños y niñas repasan las cartillas y el docente, aunque cuenta con pocas herramientas, se esfuerza por prestar atención a cada uno de los estudiantes; los niños por su parte memorizan el contenido de las cartillas, antes de aprender y reflexionar sobre el mismo.  

Bajo ese sistema educativo se formaron miles de guerrilleros antes de unirse a las filas de las FARC. Y bajo este sistema se siguen formando hoy en día miles de niños. No obstante, cuando esta población completa la primaria y no tiene la opción de continuar sus estudios de secundaria, busca alternativas como por ejemplo –y en el mejor de los casos- jornalear.

El informe del 2015 de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano del Departamento Nacional de Planeación alerta sobre el rezago existente en cuanto a  cobertura de la educación secundaria y media vocacional del sector rural frente al sector urbano. Estas brechas conllevan un aumento en los índices de pobreza y limitan la movilidad social en el campo colombiano.

La educación es sólo un ejemplo del difícil panorama que enfrentan las y los campesinos colombianos. Con baja cobertura e infraestructura para la básica secundaria, y la falta de opciones para adelantar estudios superiores, la reincorporación de los miles de campesinos ex combatientes es arte y parte del reto de remediar las brechas históricas en el ámbito rural.

 

Socióloga, magister en Estudios Rurales e investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)