El desconocimiento generalizado que hay sobre el contexto de Venezuela, la subestimación del alcance que podría tener el agravamiento de la crisis humanitaria, y el dolor, sufrimiento y angustia que están viviendo los venezolanos motivó a que Cinep/PPP realizara el 15 de marzo el conversatorio Venezuela sobre la mesa, ¿Qué está en juego? En este, participaron cinco analistas nacionales e internacionales que dieron una visión sobre la historia y el panorama económico, político y social que enfrenta el vecino país actualmente.

La historia explica el hoy

Luis María Ugalde S.J. es un teólogo, Doctor en Historia, y jesuita venezolano que actualmente reside en su país. Ugalde comentó los hitos históricos que permitieron que Venezuela entrara en la crisis actual. Según Ugalde, el pueblo se sentía ignorado por los partidos políticos y Hugo Chávez era un mandatario con poder de oratoria que basó su campaña de 1999 en la imposibilidad de explicar por qué Venezuela era el país más rico del mundo y el pueblo en general era pobre. “Su idea de acabar con la empresa privada atrajo a aquellos votantes que deseaban una mejor distribución de la riqueza”. El auge petrolero trajo consigo el imaginario de la existencia de dólares ilimitados y, según Ugalde, con abundancia no se nota la corrupción.

Nicolás Maduro asumió la presidencia en un momento en el que el barril de petróleo había perdido más de la mitad de su valor y la deuda externa del país alcanzaba los ciento cincuenta mil millones de dólares. En la actualidad, Ugalde cree que “para que haya elecciones democráticas es imprescindible un gobierno de transición sin Maduro. La negociación es sobre cómo va a salir y esta negociación debe hacerse con los ‘maduristas’, no con Maduro”.

La economía en un modelo de desconfianza

Luis Vicente León es economista venezolano, presidente de Datanálisis y socio director de Tendencias Digitales. Al igual que Luis María Ugalde S.J., vive en Venezuela. Desde allí, planteó la importancia de entender los alcances que tiene para la economía el modelo de desconfianza que se ha sostenido durante el gobierno de Nicolás Maduro. León afirma que, por la contracción del mercado petrolero, desde hace aproximadamente un año, el Gobierno no tiene cómo esconder la crisis. Para él, es muy poco probable que el país vuelva a ser exitoso sin un cambio de gobierno y de modelo económico.

Según León, la crisis de hoy se ve reflejada en la profunda crisis política, la migración masiva de venezolanos al resto de países latinoamericanos, y la pérdida de poder adquisitivo y calidad de vida. En la estrategia política actual de Maduro uno de los ejes centrales es invisibilizar la crisis económica y la falta de pronunciamiento acerca de las economías ilegales alrededor del país. La necesidad de negociar una salida pacífica del poder tampoco ha sido mencionada por el gobierno. Para León “en esta batalla hay dos frentes que, si se enfrentan sin negociación lo que habrá será una destrucción del país”.

Nos debemos sacar de la cabeza la idea del día D”: Víctor Manuel Mijares

Responder a la pregunta sobre las bases de la legitimidad tanto de Juan Guaidó como de Nicolás Maduro es fundamental para comprender la coyuntura venezolana. Víctor Manuel Mijares, Doctor y magíster en Ciencia Política y docente de planta en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, expuso que los historiadores del futuro tendrán una ventaja sobre los politólogos del presente pues son ellos quienes podrán decir quién fue el Presidente legítimo de Venezuela a partir del desenlace de la crisis.

Para Mijares, Venezuela está en un estado de excepción, aunque no sea reconocido en los medios de comunicación como tal. “El chavismo ya no es lo que era antes, ni podrá volver a serlo, pues hoy la gobernabilidad de quien encabeza el gobierno está basada en la fuerza”. La autoproclamación de Juan Guaidó como presidente y su reconocimiento como el legítimo gobernante por países como Colombia y Estados Unidos, planteó serios problemas sobre la gobernabilidad efectiva. Según Mijares, “la legitimidad la determina la victoria política y la victoria política acá todavía no está clara. A Guaidó internamente lo protege la falta de reconocimiento general de la población hacia Maduro y externamente el apoyo de Estados Unidos y Colombia y sus constantes amenazas de una intervención militar. ¿Guaidó podría ser presidente en una transición? No. Porque su éxito fue haber seguido al pie de la letra una estrategia constitucional y la Constitución dice que se deben convocar elecciones y él no puede ser candidato”.

Sobre posibles soluciones, el analista político expuso la negociación como necesidad para la transición futura: “un golpe de Estado en Venezuela no sería viable. Las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad organizativa para una acción de esa envergadura. Todos queremos una solución contundente, fotogénica. Pero va a ser un proceso muy imperfecto. Nos debemos sacar de la cabeza la idea del día ‘D’.”

Los distintos juegos por revisar

El análisis internacional es imprescindible para estudiar el presente y el futuro de Venezuela. Arlene Beth Tickner, profesora titular y directora de investigación de la Universidad del Rosario, considera que hay cuatro juegos que deben ser analizados, aunque “no necesariamente todos los actores internacionales convergen en todos los juegos”:

Juego geoestratégico: Cuba es el país que lo cambia todo, pues es quien ha permeado a Venezuela desde hace varios años en servicios de inteligencia, petróleo, salud y educación, por lo que es difícil imaginar una transición pacífica sin este país. “Si Colombia tuviera algún tipo de astucia se acercaría más a Cuba para dialogar sobre esa transición. Sin embargo, se debe tener en cuenta que “quienes tienen una apuesta global en Venezuela son Rusia y Estados Unidos. Este último ha invertido el 75% de los ingresos económicos que tiene el vecino país, por lo que su interés es evidente”.

Económico: En este punto, China sí juega un papel fundamental porque “quiere recuperar su inversión, y estar tranquila con la estabilidad del país donde tiene sus inversiones”. Por su parte, Rusia tiene una apuesta mucho más amplia que la de China, pero ambos tienen como eje la lucha constante por los recursos petroleros.

Oposición a la violación de la soberanía: La oposición de muchos países a la intervención militar o a la injerencia internacional en Venezuela está basada en la creencia de que no se debería violar la soberanía de ningún país, y para algunos (como Rusia e Irán) es “ser simpatizantes de la condición de sancionado que tiene Venezuela. Para países como Turquía, Brasil o Bolivia esto va más allá de la oposición a Estados Unidos. Por su parte, China es un país paranoico frente a cualquier incidente internacional que pueda legitimar una injerencia internacional en su propia situación interna”.

Para Tickner, el aislamiento internacional diplomático y las sanciones económicas ya llegaron al límite. La crisis tenderá a empeorar, y con ella la crisis humanitaria, hoy politizada. Desde su perspectiva debe haber, tanto de otros países, como de la ONU, presiones para que Maduro negocie su salida pues sí existen detonantes para que una intervención militar ocurra. Sin embargo, indica, que uno de los problemas es que “a Maduro no se le está ofreciendo la alternativa de la negociación y hoy no está en la misma situación de otras negociaciones. Si no se le ofrece a él y a sus Fuerzas Armadas una alternativa, no hay incentivos para dejar el poder”.

Frontera, región y sociedad

Luz del Socorro Ramírez, profesora titular de la Universidad Nacional y Doctora en Ciencia Política, hizo su intervención sobre el análisis regional, social y fronterizo en relación con la situación de Venezuela. Para ella es un tema clave, pues la frontera colombo-venezolana es la más larga, compleja y problemática de los dos países. La crisis migratoria existente pasa necesariamente por allí y profundiza el drama de la población. “La ruptura de las relaciones binacionales afecta a dos poblaciones históricamente unidas y que hoy se ven desintegradas, especialmente porque Colombia es refugio de quienes se oponen al gobierno de Maduro”, afirma.

Señala además, que la falta de una opinión unificada en Latinoamérica sobre Venezuela se ve reflejada en la parálisis de organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Para Ramírez, la desintegración regional no contribuye a buscar caminos de solución política y [de ] reintegración. “En las fronteras el orden lo está poniendo el que tiene mayor capacidad de controlar los flujos y las armas (...)  Este control lo tienen especialmente miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pues se han convertido en una amenaza constante a la seguridad de personas a ambos lados de la frontera”.

El cambio se debe dar a través de la negociación

Los panelistas tuvieron puntos en común sobre los orígenes de la crisis y la necesidad que tiene Maduro de negociar su salida del poder. Por ejemplo, Luis Vicente León afirmó que “el cambio es un proceso irreversible porque Maduro no puede ofrecer nada ahora. Espero que sea una salida negociada” y Arlene Beth Tickner insistió en la importancia de que organismos internacionales y otros países presionen para que haya una negociación real y efectiva.

El escenario actual y futuro de Venezuela es complejo y será difícil entender la magnitud de las implicaciones que tendrá a nivel nacional y regional cualquiera de los escenarios posibles. La falta de claridad sobre la legitimidad política de los dos gobernantes y la posible reconfiguración de la guerra en Colombia son realidades que hacen necesaria la existencia de espacios que traten de acabar con el desconocimiento generalizado de la situación. 

 

Laura Cristina Vásquez

Equipo de Comunicaciones

 

Durante la Mesa Multiactor de Seguridad y Protección a líderes y lideresas del Caribe que realizaron Cinep/PPP y Codhes, como parte de la Plataforma ENI Colombia, conversamos con Juan Manuel Bustillo, quien documentó el panorama de los defensores de derechos territoriales en la región: “Las amenazas en el Caribe se concentran especialmente sobre los líderes reclamantes de tierras”.

Desde hace unos meses, las alertas por las amenazas a la seguridad de los líderes sociales han preocupado a la sociedad colombiana y las denuncias siguen en aumento. Las regiones más azotadas en el país por ese tipo de violencia en los últimos meses han sido Catatumbo y Cauca. Sin embargo, en la región Caribe el tema tiene una dinámica particular, asociada a contextos extractivistas y de explotación de recursos naturales, además de que hay un alto subregistro en los datos por el miedo a denunciar.

Juan Manuel Bustillo, delegado de la Mesa Multiactor de Seguridad y Protección del Caribe para documentar el panorama de los defensores de derechos territoriales en la región, explica y analiza los hallazgos, las preocupaciones y expectativas que tienen los líderes frente a las medidas para garantizar su protección y realizar su trabajo de defensa de derechos.

¿Qué está pasando con los líderes en el Caribe?

 Juan Manuel Bustillo: Las víctimas son principalmente personas que encabezan la defensa de las comunidades y las reclamaciones del derecho a la tierra y el territorio, es un grupo que incluye campesinos, afros y pueblos indígenas de los distintos departamentos.

Las agresiones y persecuciones tienen varias manifestaciones: la más visible, pero no suficientemente registrada, son los homicidios de líderes. Hay otras manifestaciones que no son de dominio público ni generan tanta preocupación de las autoridades como las amenazas de muerte, hostigamientos, atentados contra la vida e integridad física de las personas, detenciones arbitrarias, en menor medida, casos de desaparición forzada y de secuestro. Esto impide el derecho que tenemos todos, y en particular los líderes, de defender el derecho a la tierra y el territorio.

¿Quiénes están amenazando?

J.M.B: Los registros de distintas fuentes gubernamentales, no gubernamentales, locales, comunitarias y departamentales muestran que la autoría corresponde a grupos paramilitares, especialmente a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Hay una gran cantidad de casos de autoría desconocida porque no se ha podido determinar quién está detrás de los hechos y hay un caso a manos de la fuerza pública, el de la Fuerza Conjunta del Nudo de Paramillo, que fue ampliamente conocido.

La identificación de los responsables, tanto materiales como intelectuales, le corresponde a la Fiscalía en particular, que ha avanzado en adecuar la normatividad y la estructura institucional para las investigaciones, pero no se han obtenido suficientes resultados de esas pesquisas judiciales.

¿Cuál es su análisis sobre las acciones de las autoridades y entidades para proteger a los líderes?

J.M.B:: En Colombia hay un marco normativo y un marco institucional de defensa de los derechos humanos, en particular de garantías para los defensores, que se empezó a construir alrededor de los años 90. Estos marcos se han alimentado a partir de las preocupaciones de la comunidad internacional y de los defensores: la Defensoría tiene el Sistema de Alertas Tempranas que es bastante sofisticado, con la Ley de Víctimas se creó la Unidad Nacional de Protección y el Acuerdo Final reforzó las medidas.

Como existía una preocupación particular sobre los líderes y lideresas, el Acuerdo incluyó una serie de medidas para garantizar el trabajo y la vida de los defensores y movimientos sociales y políticos, para mitigar o desmantelar las fuentes de riesgo como las organizaciones paramilitares, estructuras que ya debían haber sido desmontadas tanto en su parte armada como política y económica.

Los líderes han manifestado que las medidas de protección no son adecuadas ni suficientes, ¿qué han encontrado ustedes?

J.M.B:: Esta afirmación es verídica y tiene dos componentes para explicarla: 1) Las medidas de la UNP para ofrecer protección material y concreta no son preventivas ni atacan los factores y causas generadoras de riesgos, tienen una cobertura limitada, son lentas, de carácter individual y tiene un enfoque de género y étnico bastante limitado, entre otras críticas.

2) Por su parte, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ya existía y solo fue mejorado con el Acuerdo Final, que también incluye un sistema y protocolo de protección de organizaciones y comunidades en el territorio y la creación de una unidad especializada de investigación de los crímenes contra defensores. Pero todas estas medidas son repetición de las que ya existen; se ha avanzado en su formulación, pero no en la implementación a nivel local, son poco conocidas por las comunidades y los líderes, quienes afirman que muchas de las autoridades locales tampoco las conocen y, por lo tanto, no saben de sus obligaciones.

¿Qué hay detrás de estas amenazas?

J.M.B:: Por un lado, sectores políticos y económicos que se oponen a las medidas de transformación rural que contiene el Acuerdo Final y ven en los líderes a unos promotores de las medidas del Punto 1, relacionadas con la reforma rural integral y el desarrollo rural.

Por otro lado, en el nivel local y territorial, hay algunos sectores que siguen viendo las movilizaciones sociales y la reivindicación de derechos territoriales como una cuestión ilegítima que atenta contra el establecimiento, contra el orden del poder político y, sobre todo, de la distribución de la tierra y el desarrollo de proyectos de extracción, entre otros.

¿Cuáles son los departamentos del Caribe más afectados?

J.M.B:: Los registros dicen que desde la firma del Acuerdo y hasta el 30 de junio de 2018, el más afectado es Córdoba, aunque también hay altas cifras en Bolívar, Sucre y Cesar. El problema se ha hecho visible, entre otras razones, porque la comunidad internacional está atenta de la implementación del Acuerdo Final. Paradójicamente, después de la implementación se disparó la crisis de persecución contra los defensores. Sin embargo, hay un alto subregistro de los casos, se conocen especialmente los homicidios y hay menos información de las amenazas y los hostigamientos.

¿Hay una dinámica como región Caribe o cada departamento tiene una dinámica propia?

J.M.B:: Hay unos aspectos en común como que las personas amenazadas, víctimas de ataques y homicidios, son las mismas que han exigido la titulación de la tierra, que se amplíen los resguardos, que se restituyan los predios y se repare colectivamente, al mismo tiempo que son quienes se han quejado por la falta de acción de las autoridades.

Pero, por supuesto, en cada departamento hay un contexto que hace particular las persecuciones y está determinado por la presencia de actores armados, la ausencia de las FARC, la militarización de los territorios y la expansión y consolidación de las estructuras paramilitares. Además de eso, en cada territorio hay uno o dos proyectos de desarrollo económico a gran escala interesados en la tierra, el territorio y los recursos naturales, mineros, del subsuelo o el agua. Se puede hablar de los megaproyectos de extracción de La Guajira y Córdoba o de los proyectos agroindustriales en Montes de María, entre otros.

¿Qué resultado esperaban de esta mesa?

J.M.B:: Lo que queremos principalmente es que la Procuraduría implemente la Directiva 002 de 2018 que expidió y que le permite hacer seguimiento en las regiones. El problema es que está haciendo una labor preventiva, pero no está haciendo uso de sus dientes para sancionar a los funcionarios que no cumplen la labor de garantizar la protección y seguridad de los líderes. Hasta el momento no ha habido una sola sanción a ninguna entidad, aún a sabiendas de que se tiene un mecanismo para hacerlo. Si la Procuraduría le abriera investigaciones a los funcionaros que hablan en contra de las víctimas, podría generar medidas preventivas entre los funcionarios.

Con la Mesa se busca que haya un diálogo para generar compromisos que sirvan para reducir los riesgos de los defensores en la región Caribe, con una articulación profunda entre las entidades, que en otras mesas y regiones ya se da. Finalmente, que se afronten las causas que hay detrás de los ataques y no sólo se implemente medidas policiales.

 

 

 

“No más militares en Catatumbo”, piden las organizaciones sociales de la región

Ante el crecimiento de la violencia en Catatumbo y Cúcuta, en días pasados el Gobierno nacional anunció el aumento de la militarización de la región, que ya cuenta con 12.000 soldados y 4.000 policías. Organizaciones de la zona se declararon altamente preocupadas por la medida, lo hicieron en la rueda de prensa del informe “Catatumbo: La guerra sin tregua” que elaboró Cinep/PPP.

“En una zona con 12.000 militares y 4.000 policías, que cuidan 48 pasos y trochas fronterizos, se han reactivado los tráficos ilegales, en especial el de personas hacia el interior de Colombia y el sur del continente; 49 líderes sociales fueron amenazados, 10 asesinados y 5 secuestrados; se registraron 350 casos de desaparición forzada, 70 de ellos en la frontera; 29 civiles han sido secuestrados, tres en los últimos once días. Todo ese pie de fuerza y seguridad y no hay información de quién está cometiendo los delitos y el 99% de las denuncias no tiene una sola respuesta”, explicó Wilfredo Cañizales, director de la Fundación Progresar.

La mayor preocupación de las organizaciones locales como la Fundación Progresar y el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) es la orden dada por el Gobierno nacional de aumentar la militarización de la zona, ya que el 20 de octubre se activaría una nueva fuerza de tarea rápida para la región. Esta medida ha sido implementada en ocasiones anteriores como en diciembre de 2017 cuando llegaron 6.000 hombres del Ejército a seis nuevos batallones, pero el empleó de dicha estrategia usualmente ha contraído altos picos de violencia.

¿Qué está pasando en Norte de Santander?

En el primer semestre de 2018, las cifras sobre violencia, tanto en Catatumbo como en Cúcuta, duplicaron los registros del mismo periodo en los años anteriores del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, según el informe “Catatumbo: La guerra sin tregua” que Cinep/PPP presentó con la revista Noche y Niebla No. 57. De enero a junio de este año se registraron 599 víctimas y 656 casos de vulneración a derechos humanos y DIH en todo el país, 91 de ellos ocurrieron en Catatumbo.

El aumento de la violencia en Catatumbo se debe a enfrentamientos entre las guerrillas del ELN, el EPL y otros actores por el dominio de la zona, como parte del conflicto armado. Es decir, en Catatumbo hay un aumento en las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC) como parte de las acciones en la guerra entre guerrillas, grupos armados ilegales y fuerza estatal.

En Cúcuta el panorama es diverso, pues los responsables de la violencia son grupos paramilitares, bandas criminales como los Rastrojos y las Águilas Negras, que controlan los tráficos y a la población. En el caso de Cúcuta, lo que se presenta es una permanente vulneración a los derechos humanos, en un escenario en el que no hay conflicto, pero sí violencia reiterativa.

La dinámica violenta se ve impulsada por la presencia de carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, que son los mayores compradores de la droga producida o transportada en la región. Esto sumado a la crisis de la migración venezolana que, como lo explicó Cañizalez, “ha facilitado que grupos paramilitares y Rastrojos sean integrados y recluten principalmente a menores venezolanos, además de que ha habido un aumento de desapariciones forzadas de venezolanos y que el tráfico de personas ahora sea de Venezuela hacia Colombia”.

El periodo revisado es el tercero más violento en Catatumbo desde 2010 y ha superado el promedio histórico semestral de casos. Los municipios más afectados hasta ahora han sido Tibú, Teorama y El Tarra.
  

La frontera colombo venezolana es un territorio que comprende 2.219 kilómetros y que se caracteriza por poseer zonas altamente biodiversas y otras con grandes riquezas en recursos minero-energéticos.

La complejidad de sus problemas sociales - las consecuencias de las políticas migratorias de ambos países, la situación socio política en Venezuela y sus crisis económica, el conflicto armado interno en Colombia, el tráfico de todo tipo de bienes entre las dos fronteras,  la presencia de bandas criminales, entre otros- hace que el trabajo con las comunidades que habitan la frontera sea cada vez más urgente y retador.

Es por esto que, desde hace 8 años la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana desarrolla su trabajo en esta frontera. Este, es un proyecto pedagógico que hace parte del Equipo de Conflicto, Estado y Desarrollo del Cinep/Programa por la Paz.  La Escuela tiene a su cargo la misión de fortalecer sujetos políticos que sean capaces de generar desarrollo sostenible y sustentable en sus territorios.

En asocio con el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, la EPCC se ha pensado el territorio fronterizo como uno en el que confluyen diversas sinergias que hacen parte de una plataforma binacional. En esta plataforma se combinan tanto las estrategias pedagógicas como las estrategias políticas y la acción humanitaria.

La clave ha sido visualizar el territorio no como una línea divisoria sino como una región. De esta manera, la EPCC ha ido transformando la manera de comprender la frontera colombo venezolana desde los mismos sujetos que la habitan; es decir, que las personas, poblaciones y organizaciones que allí conviven se pregunten por el cómo ejercer una ciudadanía responsable dentro de este territorio que tienen en común.

María del Carmen Muñoz, coordinadora de este proyecto plantea una mirada reflexiva de lo que ha significado el trabajo de la EPCC en estos 8 años, los retos que se han puesto en este camino y las perspectivas de futuro.

¿Cómo ha sido el proceso de trabajar la acción humanitaria a través de la herramienta binacional en la Escuela de Paz y Convivencia ciudadana?

María del Carmen Muñoz: Uno no puede meterle contenidos a las personas cuando la  gente tiene la barriga vacía. Cuando hay necesidades que pasan porque tu estés cómoda o cómodo en lo mínimo hasta que eso no esté resuelto no puedes avanzar hacia otra cosa.

Así que en nuestra plataforma binacional, estamos en una campaña permanente en búsqueda de medicinas, de útiles de aseo, de alimentos, ayudando con la búsqueda de personas desaparecidas porque hay familias que se han desarticulado por toda la situación de Venezuela.

¿Cómo ha afectado a  la frontera la presencia de actores armados que siguen ejerciendo su poder en la frontera y  a su vez las dificultades que ha tenido la implementación de los acuerdos?

M.C.M: Con respecto al proceso de paz actual, nosotros sabemos que la FARC tienen excombatientes y ellos tienen sus grupos que están haciendo incidencia en la región de frontera para el proceso electoral. Ya no hablamos de las FARC armada sino de FARC como partido político.

Muchos de esos excombatientes han ido al territorio venezolano a contarle a la gente que son un partido político y que ahora se van a dedicar a hacer política sin armas. Al mismo tiempo, existen personas en Venezuela que los atacan porque no conocen el proceso de negociación y creen que todavía son guerrilleros. Ahí hay una tensión muy fuerte que nosotros estamos intentando contener desde los medios de comunicación, aclarando cuál es el proceso que lleva Colombia teniendo mucho cuidado con el lenguaje. Estamos intentando aprovechar los medios de comunicación como los de Fe y Alegría en Venezuela que son bastante reconocidos para tratar de generar precisiones alrededor de este tema de los acuerdos de paz.

Por otro lado, el motivo de negociación con el ELN ha abierto una discusión muy fuerte en la frontera y de mucha preocupación y esto es muy visible en departamentos como Arauca o en la zona del Catatumbo. Los habitantes de estos territorios, por la experiencia que tuvieron con las FARC, están asustados por el hecho de que va haber un copamiento de territorios. La frontera es un botín enorme que produce mucha renta para muchos grupos armados que están mejor organizados que el mismo estado.

¿Cómo ha sido el impacto social que ha tenido Colombia con respecto al flujo migratorio que está llegando al país? ¿Cómo ha sido mediar entre ambos territorios?

M.C.M: Esos flujos migratorios se han incrementado mucho más de lo que la estadística menciona. Por las trochas diariamente van y vienen personas y hay un subregistro que no da cuenta de las cifras reales. Hemos visto una situación diferenciada. Si hay cierto porcentaje de la población colombiana que encuentra que es legítimo que los venezolanos vengan a refugiarse acá, que es legítimo que les devolvamos lo que ellos hicieron por nosotros hace unos años a raíz del conflicto armado. Pero ha sido tan alto el flujo de estas personas que ha desestabilizado la política social y la política pública que ya había en ciertos departamentos.

Como EPCC ¿qué encontramos? que la mayor población se encuentra entre Cúcuta, Barranquilla, Bucaramanga, Antioquia y Bogotá. Y que la política nuestra y los recursos para atenderlos humanitariamente se agotaron. Está sucediendo que los oriundos de los territorios que también consideran que necesitan apoyo, ven que no la reciben y se comienza a generar una tensión con ese forastero. Eso comienza a generar problemas de orden social, violencias, rechazo.

¿Qué tratamos de hacer ante esta situación?, generar comprensiones entre la gente, hacerle entender que mediante la cooperación podemos ayudar a unos y a otros pero sin dejar de exigirle al Estado que cumpla con la política pública y con la política migratoria que tendrá que diseñar para resolver este tipo de problemas. Hay que asumir acciones distintas y paralelas porque el problema se puede agravar si el default se declara en Venezuela y se sigue profundizando en la crisis económica en ese territorio.

Nosotros intentamos pedagógicamente generar armonía, creamos lazos solidarios, tendemos puentes entre organizaciones, buscamos venezolanos que apoyen a otros venezolanos. Pero se necesitan muchas acciones conjuntas desde el estado, de la sociedad, de la política pública y de los colombianos para llamar la atención sobre la reciprocidad cuando nos atendieron a los colombianos en nuestra peor crisis.

¿Cómo ha sido el proceso de construcción de redes solidarias en toda esa región fronteriza?

M.C.M: Tenemos un modus operandi: tenemos unas redes virtuales y la gente a través de esas redes, demanda ciertas necesidades. Por ejemplo, pañales para las diferentes etapas de bebés. Buscamos quienes pueden dar eso y otras personas que las puedan transportar, nuestra ayuda humanitaria llega  hasta Caracas, Maracaibo, por ejemplo. Esta acción agota, porque cada vez los temas puede ir empeorando con el tiempo. Al organizarlos por ejes fronterizos se puede organizar mucho más esta dinámica de ayuda humanitaria. Las personas son muy solidarias.

¿Por qué seguir en la frontera?

M.C.M: Es un deber ético, como equipo no vamos a desistir. Vamos a seguir ahí y moralmente aportaremos en lo que falta porque tenemos la capacidad. Es un deber moral y social. Porque somos creíbles, somos una red de confianza y haberla generado en medio de la adversidad es difícil pero detrás de nosotros se han generado otras redes y tenemos mucho que aportar sumando  es un esfuerzo enorme.

¿Cómo luchar contra la visión de frontera que divide?

M.C.M: Hay dos herramientas vitales, la pedagógica y la política. Trascender planos individuales y pasarlos a los colectivos. Comenzamos con 10 organizaciones y hoy tenemos 53 a las que les hemos enseñado a pensar que trabajar por los bienes comunes y que realizar acciones colectivas  rinde más que hacer las cosas de manera individual. Ahí hay una clave política trascendental y la gente lo ve y se da cuenta que se a partir de ahí se logran cosas. El sentido amoroso también es importante. Escuchar a la gente, darle un abrazo, que sepan que ahí estamos, ‘pegante social’ lo que Francisco de Roux costantemente dice. Es el acumulado de confianza que necesitamos para construir ese tejido social.

¿Qué se viene para la EPCC en 2018?

M.C.M: Cada vez nos están financiando más proyectos para seguir y desde los diplomados hemos podido fortalecer la plataforma binacional que es una estrategia política de construcción colectiva y visiones conjuntas. Podremos generar un desarrollo de pensamiento crítico binacional, realizar foros, simposios, desarrollar investigación alrededor de temas como la frontera y el posconflicto.

 

**Todo el año, la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana está recibiendo productos de primera necesidad, para quienes deseen hacer sus donaciones. En especial es urgente: pañales de las primeras etapas de nacimiento, cuchillas de afeitar para hombres, productos de aseo para mujeres y hombres, leche en polvo para primeras etapas de infancia. Para realizarlo puede comunicarse mediante el correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de Comunicaciones