El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/Programa por la Paz presentó el informe anual sobre las violaciones a derechos humanos en el país. El interés principal de este informe es alertar sobre las distintas dinámicas de violencia político-social, con especial énfasis en los casos asociados a los asesinatos de dirigentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal y dirigentes cívicos. Tanto el Cinep/PPP como el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación la nueva dinámica de la violencia en Colombia que ataca a la base social.

Este informe se presenta como un ejercicio al servicio de las víctimas para recuperar la memoria desde sus voces y contribuir a la construcción de una sociedad justa, sostenible y en paz. De los 1418 casos registrados por el Banco de Datos en el 2018, 195 tienen como autoría a actores desconocidos, y en 139 aparece la etiqueta de hombres armados o encapuchados. Si se suman estas dos cifras, se representan 334 casos que conducen directamente a la impunidad.

Desde esas nuevas autorías es que los investigadores comprendieron nuevas dinámicas de la violencia en Colombia: hay “nuevas” metodologías de victimización, “nuevas” víctimas, y “nuevos” victimarios que buscan de manera intencionada una perspectiva de justicia nula.

Javier Giraldo S.J., investigador del Banco de Datos, compiló casos de testimonios de víctimas disponibles en la revista Noche y Niebla No. 57. Para Giraldo, “encontramos que cada vez más (aunque todavía algunos grupos paramilitares reivindican los crímenes) aparece un victimario como un pistolero encapuchado que llega en moto, dispara y se va. Nadie lo conoce y nadie lo puede identificar. Eso le da una excusa al aparato judicial para decir que no hay investigaciones o que hay muy pocas. Además, siempre se enfoca sobre el autor material, sobre quién disparó, y poco le interesa el autor intelectual. Desde la víctima misma, desde su trabajo, sus luchas, sus compromisos, hay una puerta muy clara para empezar a investigar al autor intelectual.”

 A esto se suma el hecho de que la Fiscalía General de la Nación ha emitido 34 sentencias en contra de autores materiales que han asesinado a líderes comunales, pero ninguna se ha emitido en contra de los autores intelectuales. Además, el informe determinó que entre octubre de 2016 y 2018 hay un importante incremento en los asesinatos de líderes comunales que están comprometidos con la sustitución de cultivos ilícitos.

 El departamento más afectado fue el Valle del Cauca con 224 víctimas, seguido de Cauca con 182 y Santander con 182 víctimas. Los hallazgos realizados por el equipo investigador, mostraron que el principal método de victimización fue la amenaza, algo que se diferencia de otros tipos de victimización utilizados históricamente en Colombia como la tortura y la desaparición y el desplazamiento forzado.

Según el informe, 98 líderes sociales (en su mayoría líderes cívicos y comunales) fueron victimizados en el 2018. Las víctimas más numerosas son personas u organizaciones con menos visibilidad que viven en áreas rurales o en las periferias de las ciudades. Su función social es clave para el funcionamiento de organizaciones de base que buscan valer sus derechos. La violencia política tuvo el mayor número de víctimas letales: 447 asesinados, 386 amenazados, 129 heridos y 48 víctimas de atentados.

Las víctimas ya no son las cabezas de fila de grandes sindicatos, de movimientos nacionales campesinos o estudiantiles o fuerzas de izquierda alternativa, como predominó en otros momentos. Esto cuestiona las versiones que niegan la existencia del paramilitarismo, pues actualmente existe un paramilitarismo remozado responsable de 342 casos registrados en el 2018.

Para el equipo del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, las medidas de protección y la atención brindadas por el Estado son insuficientes para las personas en evidente riesgo o con amenazas. Este informe busca seguir prestando un servicio a las víctimas haciendo visibles sus historias y los acontecimientos que vulneran sus derechos humanos fundamentales, con un profundo compromiso ético de contribuir a que no se repitan y seguir apostando por la vida.

 

Laura Cristina Vásquez
Equipo de Comunicaciones

 Los próximos 19 y 20 de abril, líderes y lideresas de varias zonas del Caribe se encontrarán por primera vez para revisar los procesos de construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que se adelantan en 40 municipios del Caribe Colombiano.

 
 

 

 

 

 

El año 2017 fue el más crítico en los 8 años de mandato de Juan Manuel Santos, según el informe Piedra en el zapato que presenta la organización Somos Defensores. Según este informe, durante 2017 fueron agredidos 560 defensores de DD.HH dentro de los que se contabilizan 106 asesinatos, 370 amenazas, 0 atentados, 23 detenciones arbitrarias, 9 judicializaciones y 2 hurtos de información sensible.

En este informe, se puede encontrar un análisis comparativo entre otros informes emitidos por otras organizaciones sociales y de DD.HH en 2017 sobre el tema de agresiones a defensores y defensoras en Colombia. Además de esto, el informe presenta una serie de propuestas que buscan construir salidas conjuntas a esta problemática y hace un llamado, en tiempos electorales, a los candidatos a la Presidencia, para que este sea un tema prioritario en sus gobiernos, en caso de ser elegidos. 

 
 

 

 

 

 

El Cinep/Programa por la Paz y Pensamiento y Acción Social - PAS convocaron a una reunión para presentar el informe de la situación de los defensores y defensoras de Derechos Humanos en el departamento de Córdoba. En esta reunión, hizo presencia el Grupo de Derechos Humanos de la Unión Europea, la Embajada de Francia, Cooperación para la Paz, Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario CORSOC  y líderes campesinos e indígenas de Córdoba.

El siguiente informe presenta las diversas demandas, necesidades, hallazgos en torno al tema de seguridad que presentan los territorios que habitan líderes y lideresas de Córdoba además del avance de la implementación del Acuerdo de Paz en esa misma región.

 
 

 

 

 

 

Diferentes organizaciones defensoras de Derechos Humanos presentaron hoy el Informe Ejecutivo: Resultados de la Implementación de las medidas inmediatas humanitarias y la situación actual de los cementerios municipales. Este informe se le fue entregado a Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Así mismo a representantes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a la Procuraduría delegada para las Víctimas, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la Fiscalía General de la Nación, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.