Esta semana Patricia Linares entregó su cargo como presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al magistrado Eduardo Cifuentes Muñóz. Con 7 macrocasos en marcha, más de 308 mil víctimas acreditadas, y el compromiso de 12 mil comparecientes incluyendo a la mayoría del antiguo Secretariado de las Farc, este órgano creado por el Acuerdo de Paz empieza una nueva etapa consolidándose como modelo de la justicia transicional en el mundo.

Tras dos años de funcionamiento, avances y tensiones en la Jurisdicción Especial de Paz, llega un nuevo presidente justo en momentos en que el partido de Gobierno nacional impulsa un referendo para hacer “reformas de fondo o derogar” la JEP. Con 7 macrocasos en marcha, más de 308 mil víctimas acreditadas, y el compromiso de 12 mil comparecientes incluyendo a la mayoría del antiguo Secretariado de las Farc, este órgano creado por el Acuerdo de Paz empieza una nueva etapa consolidándose como modelo de la justicia transicional en el mundo.

El magistrado Eduardo Cifuentes, abogado de profesión y ahora nuevo presidente de la Jurisdicción recibe una entidad que goza del apoyo de grandes sectores sociales y ciudadanos en Colombia, así como de la comunidad internacional. 

En el acto de posesión que tuvo lugar en la sede de la Jurisdicción el miércoles 4 de noviembre,  el magistrado Cifuentes aseguró que la JEP tiene un marco legal sólido gracias al blindaje constitucional del Acuerdo Final de Paz y todas las instituciones creadas en el marco del mismo. Por eso, “la JEP es inderogable en el derecho interno e internacional, y el Estado colombiano y sus gobernantes tienen que cumplir con los deberes que emanan del proceso de paz”, puntualizó.  El nuevo presidente de la JEP convocó a un movimiento ético y espiritual por la defensa de la paz.

El embajador de Alemania Peter Ptassek, la embajadora de Suecia Helena Storm, y la embajadora de la Unión Europea Patricia Llombart reiteraron su apoyo al nuevo director de la Jurisdicción, así como a la labor de la Jep. A este espaldarazó se sumó el de la Corte Penal Internacional (CPI), que representada por el vicefiscal James Stewart y la jueza Luz Ibañez Carranza, declaró que la JEP se puede convertir en un modelo de justicia referente en el mundo.

Entre los avances que se producirán prontamente el Presidente de la JEP habló de los casos 001 y 003, sobre retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP y muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, que “están próximos a adoptar escritos de determinación de hechos y conductas”. Por su parte, la nueva vicepresidenta de la Jurisdicción Alexandra Sandoval, dedicó una parte de su discurso al avance de la entidad, resaltando la labor de Linares.

Más de 308 mil víctimas acreditadas, más de 12 mil comparecientes

El comunicado de la Jurisdicción sobre el balance de la labor de Linares abre señalando que ella “fue la mujer llamada a despejar el camino para el modelo de justicia transicional que se encargará de sancionar los crímenes más atroces cometidos en el marco de 50 años de conflicto armado”. La magistrada Patricia Linares abrió camino inicialmente con un difícil tránsito en el Congreso y en medio de un panorama político de ataques dirigidos desde la oposición a la paz por parte de la derecha.

Pese a los percances, Linares deja la presidencia con una Jurisdicción funcionando en pleno, que ha aceptado el sometimiento de 12.617 personas (entre ex integrantes de FARC, agentes del Estado y terceros civiles); ha iniciado 7 macrocasos sobre algunos de los temas relevantes del conflicto; ha tomado 21 medidas cautelares como la que protegió el cementerio de Dabeiba; y ha acreditado más 308 mil víctimas para que participen en los distintos momentos procesales de los macro casos abiertos. 

Avances que Linares califica como “firmes y significativos a pesar de los múltiples obstáculos que hemos podido superar” gracias al apoyo de víctimas, sociedad civil, comunidad internacional y diversos sectores políticos. La magistrada concluyó su balance llamando al cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, al tiempo que recordando a sus colegas que ocuparán la presidencia y vicepresidencia de la JEP por dos años, que “50 años de confrontación armada exigen de un trabajo sostenido y riguroso ajeno a las presiones que se ejercen aplicando las lógicas propias de la guerra”.

Por: Juanjosé D. Gutiérrez R., Comunicaciones CINEP/PPP.

Quizá le puede interesar: La JEP y la Comisión de la Verdad recibieron informe sobre despojo y racismo en el Chocó.

 Este jueves la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibieron el Informe ‘Violencia, racismo y conflictos socioambientales: el despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó’, por parte del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP.

Esta rigurosa investigación fue presentada de manera virtual a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP y a la Comisión de la Verdad; y documenta las relaciones de complicidad y colaboración entre paramilitares y élites políticas, sociales y económicas del Urabá antioqueño para la apropiación ilegal, por medio de la amenaza y el asesinato, de grandes extensiones de tierra al interior de un territorio étnico y de cómo el desplazamiento masivo y el despojo del territorio del que fueron víctimas las comunidades negras de La Larga y Tumaradó en el municipio de Riosucio (Chocó) generó vulneraciones de derechos de índole económico, social, cultural y ambiental, afectándose en forma desproporcionada a estas poblaciones y aumentando su marginalidad.

Según Juan Pablo Guerrero Home, coordinador de la Línea Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP y coordinador de este Informe: “La incursión paramilitar de los 90 generó el vaciamiento del territorio colectivo, un 93% de la población abandonó sus tierras. Al día de hoy, el 95% de las tierras productivas se encuentran concentradas en manos de 8 personas ajenas al territorio, esto ha generado que alrededor de 856 familias de las 1.747 que actualmente residen en el territorio colectivo solo hagan uso y goce efectivo de muy pocas hectáreas, mientras que existen terceros que hacen uso entre 9 mil y 10 mil hectáreas”.

Según el CINEP, hay una clarísima situación de desprotección sobre el derecho de las comunidades afrodescendientes a su territorio colectivo y una transgresión a los procesos organizativos de comunidades negras en la subregión del bajo Atrato “que ha conllevado a violaciones al derecho a la vida, a la integridad, a la existencia digna, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, así como a derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural, el derecho colectivo a la integridad cultural, o el derecho a la supervivencia colectiva de las comunidades y sus miembros, situación que manifiesta un etnocidio no físico, pero sí simbólico de la diferencia que es considerado por CINEP como una discriminación estructural y una exclusión social basada en una violencia racializada”.

Con este informe fue presentada también una solicitud de medida cautelar ante la JEP de protección territorial a favor de las 49 comunidades que componen el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, que podría proteger 107.064 hectáreas de tierra y favorecer a 5.832 personas.

Para Julián Salazar Gallego, investigador del CINEP, “la medida cautelar permitirá blindar y conjurar los riesgos que pueden tener el sujeto colectivo por su participación en la JEP, más cuando el Consejo Comunitario ha sido acreditado como víctima colectiva en el marco del caso 004”.

Por: Comunicaciones CINEP/PPP. 

El asesinato de Edis Care no es el primero del Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó (Cocolatu). Estos crímenes y otras estrategias de los despojadores del Bajo Atrato son un obstáculo para la consolidación de la paz y por supuesto, para la restitución de tierras a las víctimas. La familia de Edis es reclamante de 110 hectáreas en Riosucio, Chocó.

Edis Manuel era presidente del Consejo Local de la Comunidad Despensa Media, en el Consejo Comunitario de Curbaradó, Chocó, pero residía de manera temporal en la comunidad Villa Nueva. Tenía 65 años y su esposa, madre de 5 hijos, reclama 110 hectáreas en dicha comunidad. El lunes 24 de agosto, a las 9 de la noche, dos hombres vestidos de civil y fuertemente armados irrumpieron en su vivienda y acabaron con su vida mientras descansaba en compañía de su esposa. Pasaron más de 20 horas hasta que se realizó el proceso de levantamiento. Edis había recibido amenazas de muerte por su rol y hacía parte del Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó (COCOLATU) que se prepara para presentar el informe de su victimización y despojo a la JEP y la Comisión de la Verdad el próximo 24 de septiembre y que había advertido de las amenazas y riesgo de ataques este año, tal como lo expresan en el comunicado que emitieron tras el homicidio de Edis:

“Advertimos en un reciente comunicado generado en el mes de abril del año en curso, sobre las amenazas, los hostigamientos, la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia y de ataques – agresiones a líderes/as por parte de terceros ajenos al territorio y grupos armados ilegales, para controlar social y territorialmente al sujeto colectivo. Dichas acciones, así como de variados asesinatos selectivos “totalmente invisibles” a razón de la NO denuncia por temor a retaliaciones, las consideramos el “pan de cada día” en COCOLATU”

Cocolatu: más de 20 años reclamando tierras y enterrando líderes

Cocolatu es un consejo de comunidades negras conformado desde 1999 y beneficiario de titulación colectiva desde 2000, por la resolución 1805 del 22 de noviembre de ese año. Hace parte del municipio de Riosucio, Chocó, y tiene una extensión de 107 mil hectáreas y 49 comunidades tradicionalmente habitadas por personas afro y mestizas

Dicha titulación llegó cuando el 76% de la población que habitaba el territorio colectivo se encontraba en situación de desplazamiento, entre 1996 y 2002. Actualmente, allí habitan unas 5.803 personas, que recientemente fueron acreditadas como víctimas colectivas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del macrocaso 04: La situación territorial derivada del conflicto armado ocurrida en la región de Urabá, y que cobija a los territorios del Bajo Atrato y Darién. 

Entre las múltiples vejaciones de las que ha sido víctima esta población se encuentran los asesinatos a sus líderes, los ocurridos el 19 de agosto y 27 de noviembre de 2019 contra los líderes Jesús Alberto Sanchez y Mario Castaño Bravo son una muestra de ello. Desde entonces, el riesgo para la comunidad no ha disminuido: en marzo de este año, hombres armados amenazaron de muerte a familias integrantes del Consejo; posteriormente, personas llegaron en vehículos hasta la zona y los señalaron como invasores, advirtiendoles que si no desalojaban, se atendrían a las consecuencias. 

Juan Pablo Guerrero, investigador del Cinep/PPP y quien acompaña este Consejo, afirma que: 

“Si hay un obstáculo para la construcción de paz en el Bajo Atrato es el despojo y la usurpación de tierras, un territorio con un contexto complejo en el que hay poseedores o empresarios de mala fe que se han hecho con tierras a través de un patrón de macrocriminalidad que incluye el desplazamiento, la amenaza directa y los homicidios, así como las compras ilegales, los arriendos fraudulentos y la ocupación de facto”.  

El investigador detalla que en Chocó, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) pretende restituir más de un millón de hectáreas de tierras, una labor que considera titánica. Tras 11 años de acompañamiento a la comunidad del Bajo Atrato, Cinep/PPP ha podido identificar aproximadamente 442 opositores a este proceso, “muchos de ellos relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo”, según Guerrero.

Además, explica Juan Pablo: 

“Hay una clara una estrategia para obstaculizar las reivindicaciones de derechos territoriales por parte de diversos actores”. Entre los riesgos que identificados Guerrero señala “la connivencia de ocupantes de mala fe, actores armados y funcionarios públicos para agredir a reclamantes de tierra; la presencia y control territorial de grupos paramilitares como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el Bajo Atrato; y la estigmatización al proceso de reclamo de tierras por parte de líderes políticos, gremiales y altos funcionarios del Estado”.

La garantía de vida y buen vivir

Hoy, una vez más en duelo y bajo amenaza, COCOLATU reclama que el Estado los proteja de los riesgos que enfrentan por reclamar sus derechos. A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) piden que garanticen efectivamente su participación en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Entre las demás exigencias del Consejo están:

Al Presidente de la República Ivan Duque Márquez, que encabece un consejo de seguridad en el municipio de Riosucio (Chocó), en el cual se evalúe la situación de orden público y los últimos hechos violentos ocurridos en la subregión del bajo Atrato (Chocó)
A la Fuerza Pública (Ejército y Policía), que cumplan con su misión de proteger la vida, libertad e integridad de los ciudadanos, lo que implica reconocer la existencia de una estrategia violenta y sistemática en contra de los procesos organizativos y reclamantes de tierras del bajo Atrato (Chocó).

A la Fiscalía General de la Nación, que adelante con celeridad los procesos de investigación de los responsables de este infame asesinato, así como de los procesos de investigación penal contra los responsables de las amenazas y acciones violentas contra las comunidades de COCOLATU.
A la Unidad Nacional de Protección, a que realmente implemente las medidas protección colectiva de COCOLATU – Resolución 787 de 2020.
A la Unidad de Restitución de Tierras, que garantice el avance de la etapa judicial del proceso de restitución, en condiciones de seguridad para las víctimas de COCOLATU.


Al Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, que se pronuncie en relación al sistemático incumplimiento de la adopción preventiva de una medida cautelar (Auto interlocutorio N.° 00181 del 12 de diciembre de 2014) y fortalezca la protección territorial del sujeto colectivo de COCOLATU.

A la Gobernación del Chocó a citar, liderar y realizar un Comité de Justicia Transicional Ampliado, en el marco del cual se formalice, adopte y defina la implementación de medidas efectivas de atención, prevención y protección en contra de los reclamantes de tierras de la región del bajo Atrato (Chocó) y Urabá (Antioquia).

A la comunidad internacional, que acompañe el proceso de restitución de derechos territoriales de COCOLATU. 

Después de la firma del Acuerdo de Paz en diciembre de 2016, el asesinato de líderes sociales y la escalada de violencia se ha agravado hasta sumar 1004 defensores de derechos humanos asesinados desde entonces a la fecha, según Indepaz. Uno de los sectores más afectados es el de reclamantes de tierras, así como aquellos que promueven la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y quienes se oponen a proyectos minero energéticos. El deterioro de la seguridad para campesinos, indígenas, afro y poblaciones populares incluyendo a nuestros jóvenes se evidencia este año en la horrenda cifra de 45 masacres en lo que va de 2020. La tragedia también incluye  el asesinato de 224 hombres y mujeres de Farc que dejaron las armas.

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez. Comunicaciones CINEP/PPP

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) ha creado un curso virtual sobre el Acuerdo de Paz y su implementación en Colombia al que se puede acceder de manera abierta y gratuita.

 

“Diversos escenarios han advertido sobre incumplimientos por parte del Estado colombiano frente a los asuntos más sensibles del Acuerdo Final para garantizar condiciones para alcanzar la Paz estable y duradera”, así introduce el curso Proceso de paz e implementación del acuerdo final en Colombia ofrecido por CLACSO.

Un poco más de tres años después desde la firma del Acuerdo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales reunió a expertos y académicos para poner la lupa sobre su implementación en el país. Según el Consejo, para que esta sea efectiva deben generarse unas bases sólidas para desdibujar factores históricos relacionados con desequilibrios sociales y territoriales generados por el poder y la concentración de la tierra, dinámicas criminales que permean la acción del Estado y el discurso de la guerra.

El curso virtual ahonda en esas dinámicas para dar a conocer la trascendencia de que al día de hoy se presenten incumplimientos en la implementación tales como “la producción legislativa; la desfinanciación de planes y programas; la falta de garantías para la seguridad que ha tenido resultado en asesinatos sistemáticos; las precarias condiciones para robustecer la reincorporación; y las resistencias de la institucionalidad para acoger las reformas mínimas propuestas”.

A grandes rasgos, los temas en los que profundiza el curso son:

  • Balances de la implementación de puntos específicos del Acuerdo Final, en especial la Reforma Rural Integral, cultivos de uso ilícito y apertura democrática.
  • Relaciones y posibilidades entre las problemáticas agrarias colombianas y el Acuerdo Final.
  • Mujeres y Feminismo Insurgente.
  • Comparaciones con otros procesos de paz en temas de Desarme, Desmovilización y Reintegración, especialmente los llevados a cabo en Centroamérica.
  • Persistencia de la violencia en el país y su relación con la implementación del Acuerdo Final.
  • Reflexiones sobre las causas estructurales del conflicto.

Entre el equipo docente se encuentran Sergio de Zubiría de Universidad de Los Andes; Victoria Sandino, Senadora de la República; Consuelo Corredor, coordinadora del CINEP/PPP en la Secretaría Técnica de la CSIVI; y siete académicos más que comparten sus perspectivas y conocimientos a lo largo de 11 clases en video.

En este enlace se encuentra disponible el curso: https://repositorio.clacso.org/Proceso_de_paz_colombia.html 

Clase 1: Presentación general del curso: Proceso de paz en La Habana (2012-2016): Introducción

 

Clase 2: Condiciones históricas del proceso de paz

 

Clase 3: La integralidad del acuerdo de paz y el estado general de la implementación

Clase 4: La Reforma Rural Integral: una oportunidad para el cierre de brechas

 

Clase 5: Entre la ampliación democrática y la persistencia de la violencia política

 

Clase 6: El tránsito de las FARC-EP a la vida legal y el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

 

Clase 7: La política fiscal y la construcción de paz: reflexiones desde el acuerdo final y los conflictos sociales

 

Clase 8: El sistema de implementación y verificación: entre la perfidia y la potencia transformadora

 

Clase 9: El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y la resistencia a la verdad

 

Clase 10: Entre la reincorporación integral y el modelo de desmovilización, desarme y reinserción (DDR)

 

Clase 11: Cierre y conclusiones provisorias

  

Con esa decisión aumenta a más de 35 mil las víctimas que podrán participar en etapas procesales del Caso 04 que adelanta el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP ha acreditado como víctima colectiva al Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU). El consejo es integrado por 48 comunidades y 5.803 personas en el bajo Atrato (Chocó)

Para Reymir Valencia Gamboa, fiscal del Consejo Comunitario la Larga y Tumaradó (COCOLATU), la acreditación es de suma importancia porque “nos hace partícipes en el proceso 04 que adelanta la JEP donde podremos aportar y presentar elementos en la búsqueda de la reivindicación de nuestros derechos territoriales”.

El caso 04 de la JEP fue abierto el 11 de septiembre de 2018 y se enfoca en la situación territorial derivada de hechos del conflicto armado ocurridos en la región de Urabá en los departamentos de Antioquia y Chocó. Los hechos, según la JEP, fueron presuntamente cometidos por miembros de las FARC y de la Fuerza Pública desde el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016.

Con la acreditación, que incluyó a más de 20 mil víctimas afrocolombianas, son un total de 35.174 las víctimas que podrán participar en calidad de intervinientes en todas las etapas procesales del caso 04 en el cual, a la fecha, han comparecido 17 miembros de la  fuerza pública y 11 de las FARC según la JEP. 

La Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta hechos como la desaparición forzada, homicidio, masacre y desplazamiento forzado que han sufrido las comunidades como parte de la vulneración de sus derechos fundamentales. También incluyó al Consejo Comunitario los Manatíes y al Consejo Comunitario Puerto Girón.

Para Julián Salazar Gallego, abogado de la línea Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP/PPP, “dicho reconocimiento le otorga al Consejo Comunitario la calidad de interviniente especial, lo cual lo faculta para ser representado por un abogado, tener acceso al expediente, asistir a las versiones voluntarias, aportar pruebas y participar en la formulación del proyecto restaurativo”.

Además, para Salazar la acreditación materializa tres fundamentos de la JEP: “el acceso efectivo a la justicia, la participación y la centralidad de las víctimas”. La línea de Gestión del Territorio en el Pacífico ha acompañado desde hace 11 años al Consejo Comunitario en la reivindicación de sus derechos étnico territoriales, con una “estrategia de recuperación integral del territorio que abarca procesos como el de la reparación colectiva y la protección a las comunidades que hacen parte del colectivo”, afirmó Salazar.

Por otro lado, Reymer Valencia considera que la la JEP es un apoyo importante para el proceso que adelantan junto con la Unidad de restitución de tierras y que les brindará “credibilidad de nuestros derechos como víctimas del conflicto armado por lo que agradecemos este acogimiento de la JEP dentro de nuestro objetivo de recuperar nuestro territorio”, manifestó.

Entre las múltiples afectaciones de las comunidades de los territorios del Bajo Atrato, según la JEP, la entrada ilegal de miembros de la AUC con presunta ayuda de la Fuerza Pública derivó en una ola de desplazamientos forzados y violaciones graves a los derechos humanos. Para Julián Salazar, “el Estado colombiano aún tiene una deuda enorme en la reivindicación de los derechos de las comunidades negras porque en el territorio persisten narrativas de un conflicto estructural que históricamente ha tenido como foco principal la lucha por la posesión y el uso y titulación de la tierra”.

Según Salazar, este es “apenas el primer peldaño al interior de la JEP y se abre la puerta para poder participar en todas las diligencias y procesos que se lleven a cabo al interior de las salas y el Tribunal”. 

Así, el Consejo Comunitario se acerca a lo que podrá ser un “retorno al territorio con toda la dignidad y sin perturbación de poseedores de mala fe”, en las palabras de Reymer Valencia.

Aquí puedes ver el comunicado emitido por la JEP:

 

Por: Paola Llinás Aragón.