A propósito de la discusión adelantada en el Congreso sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, el primer Diálogos Cinep/PPP invitó a expertos para conversar sobre el tema de la justicia en la implementación de los acuerdos. 

El diálogo tuvo como invitados a Rodrigo Uprimny, jurista y experto en derecho constitucional; Judith Maldonado, integrante de Voces de paz y John Jairo Montoya, jesuita e investigador del Cinep/PPP. En la moderación estuvo Diana Durán, editora judicial de El Espectador. 

Para Uprimny "el acuerdo de paz estableció un buen sistema de garantía integral de los derechos de las víctimas, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y el robustecimiento de los programas de reparación. Es único en el mundo que dos partes enfrentadas decidan someter sus crímenes a una jurisdicción que nace del acuerdo", además aseguró que el punto en el que debería existir una presión política es la responsabilidad de mandos superiores, ese es el tema que debe ser corregido. 

Ante las profundas críticas sobre la responsabilidad de mando "es importante conocer los mecanismo que podemos tener las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de víctimas, porque la JEP tendrá en cuenta los informes que presentemos, parte del trabajo que hagamos como aportantes a la Comisión de la Verdad será estar muy vigilantes para que efectivamente los mandos no lleguen a beneficiarse", afirmó Judith Maldonado.

Por su parte el investigador John Montoya, S.J. enfatizó en cuanto al papel de las víctimas que "los juicios hechos en la Ley de Justicia y Paz realmente no cumplieron con su objetivo de proteger a las víctimas, por el contrario fue una ley de impunidad al victimario, no podría adelantarme a lo que va a ocurrir con la Jurisdicción Especial para la Paz, pero en lo que concierne a las víctimas y al rol que van a tener en el proceso, considero que será similar, las víctimas no cuentan, la sociedad civil no tiene participación, no le auguro un buen futuro a las víctimas porque estamos en una sociedad sobrevictimizada y los casos que llegarán a la JEP serán pocos".

Al concluir el diálogo los invitados coincidieron en los retos que tiene el Congreso para tramitar de manera prioritaria y especial las normas de la Jurisdicción.

 Ver video de los Diálogos Cinep/PPP 

 

Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos solicitamos audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH para exponer nuestras preocupaciones respecto al desconocimiento de los estándares internacionales de justicia y reparación en las propuestas de los promotores del No.

Según Soraya Gutiérrez, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo "en la audiencia con la CIDH se quiere alertar sobre la impunidad en la que se encuentran los crímenes de Estado, las fórmulas de las campaña del No que buscan perpetuar la impunidad en relación con agentes del Estado y que se garantice que las víctimas tengan una participación amplia en todos los espacios de discusión como de implementación una vez se hagan los ajustes a los acuerdos". 

En rueda de prensa los voceros de las organizaciones expusieron los principales argumentos que afectan los derechos de las víctimas ante los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre, en este momento se hace imposible activar los mecanismos establecidos en el acuerdo, por lo que no se está haciendo un reconocimiento de lo pactado, avanzando por ejemplo en el desarrollo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Por su parte los promotores del No han reactivado la propuesta de un "alivio judicial" a los integrantes de la fuerza pública, si bien los miembros de las Farc-EP no son los únicos responsables de crímenes graves en contexto del conflicto armado, conceder "alivio judicial" significa mayor impunidad y afectación a los derechos de las víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales. “Consideramos que medidas que buscan proteger a los agentes estatales, a empresarios y políticos no favorece el derecho a la verdad de las víctimas y reitera un pacto de silencio e impunidad”, aseguró Diana Gómez, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Estado- Movice.

Según el informe ¡Basta Ya! del Centro de Memoria Histórica demuestra que la violencia ha estado alimentada mayormente por la responsabilidad colectiva de la fuerza pública e individual de varios de sus agentes. Delitos como la desaparición forzada, con 45.944 víctimas directas, son atribuidos a grupos paramilitares y agentes de la fuerza pública en el 84% de casos. Las ejecuciones extrajudiciales, que entre 2002 y 2010 dejaron 4.475 víctimas, son todas ellas responsabilidad de agentes estatales. Así mismo ocurre con los asesinatos selectivos en los que paramilitares y fuerza pública son responsables del 69% de los casos, o las 1.982 masacres cuya responsabilidad en el 56% de casos es atribuida a grupos paramilitares en asocio con la fuerza pública, autoridades civiles, y civiles financiadores del conflicto, mientras el 27 % de los casos son atribuidos a autores desconocidos y el 17% a las guerrillas.
 
Finalmente las organizaciones de víctimas hacemos un llamado para reconocer y avanzar en lo acordado en la mesa de La Habana, en el punto 5 de los acuerdos, para que las modificaciones respeten la centralidad y los derechos de las víctimas.
 

Las luchas y el dolor de las personas victimizadas por el Estado y el paramilitarismo son analizadas desde la academia por Diana Gómez, antropóloga e historiadora, en su tesis doctoral “De vientre, amor y sangre” que expuso el pasado 20 de octubre. Ésta fue la primera presentación del ciclo de discusiones Transiciones en disputa. Pensando la paz entre teoría y práctica.

El trabajo de Gómez se centra en comprender la realidad de las víctimas en dos perspectivas: desde la transformación del dolor en capacidad de lucha y desde los afectos que se manifiestan en los cuerpos de quienes sufren la pérdida de sus seres queridos. Además, define su investigación como participativa y autoetnográfica, pues su padre, Jaime Gómez, fue desaparecido y asesinado cuando trabajaba como asesor de Piedad Córdoba.

“Los muertos tienen agencia” dice Gómez, integrante del movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, mientras planteaba la influencia de esos seres queridos en la continuidad de los procesos de lucha que motivan la conformación de colectivos en los que participan las personas victimizadas. En estos espacios se reconfiguran las relaciones de quienes los integran “son entendidos como familia, donde encuentran solidaridad y compañía”, asegura.

Paralelamente, Gómez explicó que existen unas cartografías del cuerpo, unos métodos que usa para que las víctimas puedan representar gráficamente las emociones de sus duelos desde las sensaciones en su cuerpo. Es así como, en uno de los ejercicios, un participante manifestó en un brazo (del dibujo que representaba su cuerpo) la esperanza y en el otro la venganza.

Para Gómez, las emociones de las víctimas  se han movilizado políticamente y “no hay paz posible si no reconocemos el gran poder del afecto”. Las víctimas le dieron características políticas a sus lazos de afectos al llevarlos a la esfera pública. “Hemos emergido del dolor… el amor por ellos [sus seres queridos asesinados] nos ha hecho luchar” expresó en su intervención Gloria Gómez, coordinadora de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).

La antropóloga Gómez indicó que en este punto las víctimas actúan políticamente, dándoles un rol que va más allá de los testimonios que generalmente son registrados por la academia.  “Buscamos que la academia se acerque a la realidad y sobre todo a la sensibilidad de las víctimas” explicó la coordinadora de Asfaddes.

Esta primera presentación es parte de una serie de trabajos y discusiones elaborados por integrantes de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad alrededor de la paz, los sujetos victimizados y la justicia transicional. La segunda presentación, Justicia transicional  y neoliberalismo: debates para la construcción de paz,  se realizará en la Pontificia Universidad Javeriana el 3 de noviembre.

 
Gisselle Martín Chocontá
Equipo de comunicaciones