En el departamento de Boyacá se encuentra ubicada la Provincia de Lengupá, tierra colindante con el departamento de Casanare, el cual desde hace largos años se ha visto afectado por los distintos conflictos armados que han surgido en el país, dejando incontables víctimas en el territorio.

En esta ocasión, en la catorceava entrega de Caso Tipo, el equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP compiló las voces de algunas personas de la región como un ejercicio de recuperación de la memoria y de dignificar las voces de las víctimas que padecieron la violencia a lo largo de estos años. Los testimonios aquí presentados narran los hechos ocurridos desde los años cincuenta hasta el 2005.

 Algunos de los temas recurrentes de esta publicación giran en torno a la guerrilla conservadora de los Chulavitas y las agresiones que ejercieron sobre los habitantes de esta región y su expansión hacia el Casanare. También narra cómo Ecopetrol, a partir de 1969, con los hallazgos de los pozos de Cupiana y Cupiagua, propició la colonización del Casanare a través del boom del petróleo que se dio en esa región y la conformación de este como departamento.

A su vez en Miraflores, capital de la provincia, se desarrolló, como lo dicen las autoras del último capítulo del libro, “una gramática del sufrimiento” (Espinosa, 2007) ejercida por los paramilitares con actos violentos de desaparición, sufrimiento, secuestros y persecución política, etc.

Por último, vale la pena resaltar las aproximaciones a la violencia armada en esta provincia con algunos casos paradigmáticos, como por ejemplo el de Fernando Ortiz quien fue reclutado por los paramilitares y logró escapar. Esta narración fue tomada de La libre belgique y traducido del francés por Javier Giraldo M., S.J.  

Este documento es un ejercicio de aproximación a los hechos de violencia sucedidos y relatados por sus propios pobladores, entre ellos, quienes vivieron descarnadamente el horror perpetrado por organizaciones paramilitares: sobrevivientes, ex-alcaldes, ex personeros, líderes sociales y ciudadanos de a pie. El cuerpo del texto recoge, de manera relevante, los testimonios de las víctimas en un múltiple ejercicio, en el que se libera carga emocional, se sanan heridas, se recupera la confianza, se reconstruye el tejido social, se genera autonomía, se visibiliza el territorio ante el Estado- nación, y también se genera auto reconocimiento.

Consulta Hilando voces, tejiendo memorias. Tras las huellas de las violencias en Lengupá

Este informe es un documento construido con base en los registros e información aportada por las organizaciones participantes en un ejercicio de aproximación a determinadas variables identificables referidas a las violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y de defensoras y defensores de derechos humanos, así como, en algunos casos, a las de sus allegados y otras personas que rodean su labor. De ninguna manera pretende dar cuenta de la totalidad de casos ni abarcar de manera holística la integralidad de una realidad compleja que seguramente excede en lo cualitativo y en lo cuantitativo a lo expuesto en el texto; tan solo es una aproximación al fenómeno abordado teniendo en cuenta algunos elementos comunes identificados, con base en los registros de casos aportados por las organizaciones participantes, que resultan útiles en la identificación de patrones y de correlaciones entre variables concretas.

Lea aquí el informe completo. 

 

 

El 17 de octubre de 2017 se radicó el proyecto de ley que declararía el 19 de mayo como el Día nacional de la lucha contra la impunidad de los crímenes contra defensores de derechos humanos en Colombia. Desde el Cinep/Programa por la Paz se impulsó este proyecto de ley, que el pasado martes 30 de octubre se cayó en el segundo debate ante la Cámara de Representantes.

Esta propuesta se presentó ante el Congreso en el marco de la conmemoración de los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado, padre de la investigadora, sobre el cual la justicia no ha operado, a pesar de haber sido declarado un crimen de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación.

El objetivo del proyecto además de rendir homenaje a los defensores y defensoras de derechos humanos en el país, buscaba declarar el 19 de mayo, día del asesinato de la pareja de investigadores y padre de la investigadora, como el día que recordara al país la urgencia que tiene garantizar la investigación y sanción efectiva de los crímenes en contra de quienes defienden los derechos humanos en el país.

No obstante, después de un año y cinco meses, la Cámara de Representantes le dijo “no” a esta iniciativa que ya había pasado en primer debate. No fueron suficientes los argumentos expuestos en la primera ponencia realizada por el autor y coordinador del proyecto, el entonces representante, Alirio Uribe; ni el respaldo de los 12 Congresistas firmantes: Angela María Robledo, Angélica Lozano, Inti Asprilla, Oscar Ospina, de la Alianza Partido Verde; Víctor Correa, Germán Navas Talero, Iván Cepeda Castro y Senen Niño, del Polo Democrático; Carlos Guevara, del Mira; y Luciano Grisales, del Partido Liberal.

 

Tampoco se tuvo en cuenta lo expuesto por la ponente en el segundo debate, Milene Jarava Díaz, representante a la Cámara por Opción Ciudadana quien manifestó el proyecto era necesario para respaldar la labor de defensores de derechos humanos en el país y honrar la memoria de quienes han perdido su vida por esa labor.

Con la negativa de la Cámara de Representantes se pierde la oportunidad de rendir un homenaje, no solo a Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado, sino a todas las personas que en este país arriesgan su vida y la de sus familias defendiendo los derechos humanos. Como lo dice el informe de la ponencia:   

“Esta ley sería precisamente una de esas acciones de reconocimiento público que contribuya a generar un clima de mayores garantías para defensores que incluya, además, la realización del mandato que tiene el Estado de desplegar acciones de protección efectiva a la integridad de los líderes sociales y la Fiscalía General de la Nación, de impulsar las investigaciones correspondientes para la identificación de los responsables de las agresiones contra estos”.

El Día nacional de la lucha contra la impunidad es parte de las acciones que componen Una utopía posible, así como la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas; o una sociedad justa, sostenible y en paz. “Con el corazón lleno de dolor y esperanza” como se tituló el editorial de la revista institucional Cien Días vistos por Cinep, el año del crimen de Mario, Elsa y don Carlos, hoy decimos:

(…) la vida, la realidad, la amistad que construyeron nuestros amigos y que perdura entre tantas personas es mucho más fuerte que nuestro dolor y se convierte para nosotros en fuerza, ternura, ánimo, compromiso y ESPERANZA (...) Nuestra esperanza también brota de la voluntad de solidarizarnos con todos los que son afectados por la violencia, y de nuestro rechazo por todas las formas intimidatorias para solucionar nuestros conflictos. (#37 abril - junio 1997 In memoriam Mario y Elsa)

Nota:

Mario Calderón, Elsa Alvarado y el padre de Elsa Carlos Alvarado fueron asesinados el 19 de mayo de 1997. Mario y Elsa eran líderes sociales y defensores de derechos humanos y ese liderazgo fue incómodo para alguien que decidió quitarles la vida. Después de 20 años la impunidad impera en su caso y es por esto que buscamos que esta fecha sea reconocida como el Día nacional contra la impunidad.

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Equipo Comunicaciones Cinep/Programa por la Paz

Durante la Mesa Multiactor de Seguridad y Protección a líderes y lideresas del Caribe que realizaron Cinep/PPP y Codhes, como parte de la Plataforma ENI Colombia, conversamos con Juan Manuel Bustillo, quien documentó el panorama de los defensores de derechos territoriales en la región: “Las amenazas en el Caribe se concentran especialmente sobre los líderes reclamantes de tierras”.

Desde hace unos meses, las alertas por las amenazas a la seguridad de los líderes sociales han preocupado a la sociedad colombiana y las denuncias siguen en aumento. Las regiones más azotadas en el país por ese tipo de violencia en los últimos meses han sido Catatumbo y Cauca. Sin embargo, en la región Caribe el tema tiene una dinámica particular, asociada a contextos extractivistas y de explotación de recursos naturales, además de que hay un alto subregistro en los datos por el miedo a denunciar.

Juan Manuel Bustillo, delegado de la Mesa Multiactor de Seguridad y Protección del Caribe para documentar el panorama de los defensores de derechos territoriales en la región, explica y analiza los hallazgos, las preocupaciones y expectativas que tienen los líderes frente a las medidas para garantizar su protección y realizar su trabajo de defensa de derechos.

¿Qué está pasando con los líderes en el Caribe?

 Juan Manuel Bustillo: Las víctimas son principalmente personas que encabezan la defensa de las comunidades y las reclamaciones del derecho a la tierra y el territorio, es un grupo que incluye campesinos, afros y pueblos indígenas de los distintos departamentos.

Las agresiones y persecuciones tienen varias manifestaciones: la más visible, pero no suficientemente registrada, son los homicidios de líderes. Hay otras manifestaciones que no son de dominio público ni generan tanta preocupación de las autoridades como las amenazas de muerte, hostigamientos, atentados contra la vida e integridad física de las personas, detenciones arbitrarias, en menor medida, casos de desaparición forzada y de secuestro. Esto impide el derecho que tenemos todos, y en particular los líderes, de defender el derecho a la tierra y el territorio.

¿Quiénes están amenazando?

J.M.B: Los registros de distintas fuentes gubernamentales, no gubernamentales, locales, comunitarias y departamentales muestran que la autoría corresponde a grupos paramilitares, especialmente a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Hay una gran cantidad de casos de autoría desconocida porque no se ha podido determinar quién está detrás de los hechos y hay un caso a manos de la fuerza pública, el de la Fuerza Conjunta del Nudo de Paramillo, que fue ampliamente conocido.

La identificación de los responsables, tanto materiales como intelectuales, le corresponde a la Fiscalía en particular, que ha avanzado en adecuar la normatividad y la estructura institucional para las investigaciones, pero no se han obtenido suficientes resultados de esas pesquisas judiciales.

¿Cuál es su análisis sobre las acciones de las autoridades y entidades para proteger a los líderes?

J.M.B:: En Colombia hay un marco normativo y un marco institucional de defensa de los derechos humanos, en particular de garantías para los defensores, que se empezó a construir alrededor de los años 90. Estos marcos se han alimentado a partir de las preocupaciones de la comunidad internacional y de los defensores: la Defensoría tiene el Sistema de Alertas Tempranas que es bastante sofisticado, con la Ley de Víctimas se creó la Unidad Nacional de Protección y el Acuerdo Final reforzó las medidas.

Como existía una preocupación particular sobre los líderes y lideresas, el Acuerdo incluyó una serie de medidas para garantizar el trabajo y la vida de los defensores y movimientos sociales y políticos, para mitigar o desmantelar las fuentes de riesgo como las organizaciones paramilitares, estructuras que ya debían haber sido desmontadas tanto en su parte armada como política y económica.

Los líderes han manifestado que las medidas de protección no son adecuadas ni suficientes, ¿qué han encontrado ustedes?

J.M.B:: Esta afirmación es verídica y tiene dos componentes para explicarla: 1) Las medidas de la UNP para ofrecer protección material y concreta no son preventivas ni atacan los factores y causas generadoras de riesgos, tienen una cobertura limitada, son lentas, de carácter individual y tiene un enfoque de género y étnico bastante limitado, entre otras críticas.

2) Por su parte, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ya existía y solo fue mejorado con el Acuerdo Final, que también incluye un sistema y protocolo de protección de organizaciones y comunidades en el territorio y la creación de una unidad especializada de investigación de los crímenes contra defensores. Pero todas estas medidas son repetición de las que ya existen; se ha avanzado en su formulación, pero no en la implementación a nivel local, son poco conocidas por las comunidades y los líderes, quienes afirman que muchas de las autoridades locales tampoco las conocen y, por lo tanto, no saben de sus obligaciones.

¿Qué hay detrás de estas amenazas?

J.M.B:: Por un lado, sectores políticos y económicos que se oponen a las medidas de transformación rural que contiene el Acuerdo Final y ven en los líderes a unos promotores de las medidas del Punto 1, relacionadas con la reforma rural integral y el desarrollo rural.

Por otro lado, en el nivel local y territorial, hay algunos sectores que siguen viendo las movilizaciones sociales y la reivindicación de derechos territoriales como una cuestión ilegítima que atenta contra el establecimiento, contra el orden del poder político y, sobre todo, de la distribución de la tierra y el desarrollo de proyectos de extracción, entre otros.

¿Cuáles son los departamentos del Caribe más afectados?

J.M.B:: Los registros dicen que desde la firma del Acuerdo y hasta el 30 de junio de 2018, el más afectado es Córdoba, aunque también hay altas cifras en Bolívar, Sucre y Cesar. El problema se ha hecho visible, entre otras razones, porque la comunidad internacional está atenta de la implementación del Acuerdo Final. Paradójicamente, después de la implementación se disparó la crisis de persecución contra los defensores. Sin embargo, hay un alto subregistro de los casos, se conocen especialmente los homicidios y hay menos información de las amenazas y los hostigamientos.

¿Hay una dinámica como región Caribe o cada departamento tiene una dinámica propia?

J.M.B:: Hay unos aspectos en común como que las personas amenazadas, víctimas de ataques y homicidios, son las mismas que han exigido la titulación de la tierra, que se amplíen los resguardos, que se restituyan los predios y se repare colectivamente, al mismo tiempo que son quienes se han quejado por la falta de acción de las autoridades.

Pero, por supuesto, en cada departamento hay un contexto que hace particular las persecuciones y está determinado por la presencia de actores armados, la ausencia de las FARC, la militarización de los territorios y la expansión y consolidación de las estructuras paramilitares. Además de eso, en cada territorio hay uno o dos proyectos de desarrollo económico a gran escala interesados en la tierra, el territorio y los recursos naturales, mineros, del subsuelo o el agua. Se puede hablar de los megaproyectos de extracción de La Guajira y Córdoba o de los proyectos agroindustriales en Montes de María, entre otros.

¿Qué resultado esperaban de esta mesa?

J.M.B:: Lo que queremos principalmente es que la Procuraduría implemente la Directiva 002 de 2018 que expidió y que le permite hacer seguimiento en las regiones. El problema es que está haciendo una labor preventiva, pero no está haciendo uso de sus dientes para sancionar a los funcionarios que no cumplen la labor de garantizar la protección y seguridad de los líderes. Hasta el momento no ha habido una sola sanción a ninguna entidad, aún a sabiendas de que se tiene un mecanismo para hacerlo. Si la Procuraduría le abriera investigaciones a los funcionaros que hablan en contra de las víctimas, podría generar medidas preventivas entre los funcionarios.

Con la Mesa se busca que haya un diálogo para generar compromisos que sirvan para reducir los riesgos de los defensores en la región Caribe, con una articulación profunda entre las entidades, que en otras mesas y regiones ya se da. Finalmente, que se afronten las causas que hay detrás de los ataques y no sólo se implemente medidas policiales.

 

 

 

Más de 90 líderes sociales han sido asesinados desde la firma de los acuerdos. Estos casos son visibles hoy, en parte, gracias a que los índices homicidios asociados al conflicto armado han disminuído.

Nos acompañaron:

  • Alberto Yepes. Director del Observatorio de DD. HH. de la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos (CCEEU)
  • Camilo Bonilla. Coordinador del Área de investigación de la Comisión colombiana de Juristas
  • Camila Carvajal. Investigadora del Cinep/Programa por la Paz. Equipo Conflicto, Estado y Desarrollo

Programa producido por Javeriana Estéreo 91.9 FM Pontificia Universidad Javeriana y Cinep Programa Por la Paz.

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