CINEP/PPP y otras organizaciones sociales envían una carta al presidente de Colombia Iván Duque para que acepte la invitación de la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio la Justicia y la Paz a conversar. 

Señor Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, 

La voz de la gente humilde le extiende su mano callosa y dolorida para que usted se siente con ellos y los escuche. La Minga busca abrir la palabra, creando diálogos sinceros desde sus territorios. Como Presidente de todos y todas los y las colombianas escuche la voz del constituyente del Estado mismo.

Presidente, acérquese, acoja, y escuche la voz de la Minga.

Permita que el genuino sentir de los pueblos indígenas, afro-colombianos y campesinos sea reconocidos, para que no sea usurpado por aquellos que aún depositan su fe ciega en el valor de las armas. Afirmar que estos ciudadanos son manejados y manipulados, es no reconocer su autonomía política y sus propuestas para vivir en un país en paz.

Los diálogos sinceros y transparentes entre diversos, generan un camino de construcción y debilitan las alternativas violentas, desarmando los conflictos negativos, que solo llevan al dolor y la pobreza de la sociedad.

Al ser usted el Presidente de todas y de todos, lo convocamos a que despliegue su capacidad de acción y, oriente al Estado para crear los espacios de diálogo pertinente y, así garantizar la protección de los derechos efectivos de los habitantes de nuestra golpeada ruralidad.

Si La Minga busca un diálogo directo con el poder Ejecutivo, con el presidente de Colombia, es porque lo reconocen a usted como tal. Esta Minga, Presidente, es una gran oportunidad y responsabilidad para avanzar en la dirección de la paz real, concreta, diversa, feliz, justa y para todas y todos.

Presidente, acérquese, acoja, y escuche la voz de la Minga.

A continuación, la carta completa:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

CINEP/PPP y otras organizaciones sociales, con la coordinación de la Comisión Colombiana de Juristas, elaboraron el informe El Riesgo de Defender y Liderar cuyo objetivo es aportar a la identificación de hechos victimizantes comunes y diferenciales que sufren las personas defensoras de DD.HH., así como reconocer y dignificar su trabajo. 

“El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia" es un informe sobre labor de las personas, comunidades y organizaciones que defienden derechos y reivindican las causas sociales en Colombia, en el cual se abordan las violaciones a sus derechos, documentadas entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020.

Se trata de un documento elaborado por veinte organizaciones nacionales y regionales, bajo la coordinación de la Comisión Colombiana de Juristas, con el objetivo de contribuir a la denuncia, visibilización, reconocimiento y dignificación de la defensa de los derechos humanos de las personas, comunidades, organizaciones y pueblos, desde los enfoques diferenciales y también a la identificación de pautas comunes y aspectos diferenciales en las violaciones a sus derechos humanos.

Temas del informe:

• Contexto: Análisis de condiciones de exclusión, desigualdad y vulnerabilidad de las mujeres, las personas LGBT, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, denunciadas y visibilizadas por personas defensoras y por líderes y lideresas sociales, desde una perspectiva histórica y actual, e identificadas por organismos internacionales y regionales de derechos humanos y por algunas entidades estatales e instituciones gubernamentales.

• En el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2020, la base de datos de violencia sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas documentó 184 casos de violaciones de los derechos humanos de líderes, lideresas y personas defensoras. De estas 184 personas, 183 fueron asesinadas y una persona fue víctima de desaparición forzada. Como aspecto común a los asesinatos se identificaron las amenazas previas, algunas de ellas generalizadas contra determinado sector o comunidad, y otras selectivas, con nombre y apellido, haciendo alusión a la labor de los líderes, lideresas o personas defensoras.

• Enfoques y afectaciones diferenciales: Presentación de los aportes de ONIC, CNOA, Sisma Mujer, Colombia Diversa y del PUPSOC a través de un relato de luchas campesinas por la exigibilidad de los derechos en el Cauca. Estos procesos diversos constituyen referentes en la visibilización de los enfoques diferenciales, fortaleciendo desde distintas perspectivas la defensa de los derechos y exponiendo las dinámicas y modalidades de violencia contra las personas defensoras. Sus consideraciones permiten dimensionar los contextos en que confluyen diversos riesgos y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas defensoras en los territorios.

• A estas condiciones de vulnerabilidad se suman los riesgos a los que se encuentran expuestos quienes defienden la vida y lideran causas sociales, así como las múltiples discriminaciones que se focalizan en personas, comunidades y organizaciones y las afectaciones desproporcionadas en quienes defienden derechos y lideran causas sociales.

• Pautas comunes y aspectos diferenciales en las violaciones a los derechos humanos de los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, mujeres y personas defensoras LGTBI en Colombia, desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2019.

• Mediante el cruce de los registros y las bases de datos de las distintas organizaciones participantes, se constituyó una base compartida y consolidada de 396 violaciones de los derechos de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de los derechos humanos, correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. Del total de estos hechos, 392 casos corresponden a homicidios, el 98,99 % de las víctimas; y 4 corresponden a desaparición forzada, equivalentes al 1,01 % del total de víctimas.

• Componente regional: Propone una mirada a los territorios en los que habitan las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales, narrada por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de Antioquia, Cauca, Córdoba y Norte de Santander. En estos y otros departamentos, la violencia se ha agudizado con posterioridad a la firma del Acuerdo Final de Paz, presentándose de manera continua y reiterada y persistiendo en 2020.

• Según la base de datos en consolidación, la violencia contra los líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos entre el 1º de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 se concentró en 29 de los 32 departamentos que conforman el territorio colombiano, siendo Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, Caquetá, Norte de Santander y Córdoba los territorios más afectados. El panorama de violaciones de los derechos de quienes defienden derechos y lideran causas sociales, documentado por la CCJ entre enero y julio de 2020, muestra la continuación de las violaciones en estos departamentos y la focalización de las violaciones de los derechos en Huila, Chocó, Bolívar Caquetá Caldas, Boyacá, Tolima, Cesar, Arauca, Atlántico, Santander y Magdalena.

• Balance y respuesta estatal: Análisis de las acciones de las entidades estatales en materia de prevención y protección de las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales. El balance de la respuesta estatal y el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a exigirle al Estado garantías de seguridad y protección para quienes defienden derechos y lideran causas sociales en Colombia son parte del quehacer diario de las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en Colombia.

• Los seis aspectos abordados en el balance son: las garantías de seguridad en el Acuerdo Final de Paz (AFP); las herramientas de investigación y judicialización; el Plan de Acción Oportuna (PAO) y otras medidas gubernamentales; la criminalización de los líderes y lideresas sociales; los espacios de interlocución en materia de garantías; y las acciones jurídicas para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales

Algunas conclusiones:

• Las condiciones de marginalidad y exclusión, así como las causas, consecuencias e impactos del conflicto han sido denunciados por las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales, por sus pueblos, comunidades y organizaciones. Luego de estas denuncias continúan las amenazas, los asesinatos y las desapariciones forzadas, dando continuidad al ciclo de violencias contra quienes defienden los derechos y lideran las causas sociales.

• A los asesinatos y amenazas, que son las violaciones predominantes de los derechos humanos de las personas defensoras y que las cifras aún no reflejan fielmente, se suman el confinamiento, la tortura, el desplazamiento forzado, la violencia sexual basada en el género y la desaparición forzada. Este variado conjunto de violaciones de los derechos permite afirmar que persisten los altos niveles de violencia, que sus impactos continúan afectando a las personas, organizaciones y comunidades, y que es posible identificar diversas violencias acumuladas y focalizadas.

• Las lideresas y las personas defensoras LGBT se encuentran en situación de riesgo al ejercer su derecho a defender derechos. A lo anterior se suman las condiciones de discriminación, exclusión y las violencias marcadas por el género, orientación sexual, edad, pertenencia étnica, discapacidad y pobreza. Por ello resulta fundamental identificar estas afectaciones diferenciadas e incorporar los enfoques diferenciales en la documentación de los casos, así como en las medidas de prevención y protección y en las garantías de seguridad humana.

• Respecto a las lideresas y líderes de los pueblos afrodescendientes, los indígenas y el campesinado, su labor de defender derechos se ha focalizado en la exigibilidad de condiciones de vida digna y en su existencia como comunidades y pueblos. Cuando estos liderazgos son afectados se generan impactos que pueden llegar a afectar la existencia misma de estos colectivos y su permanencia en los territorios

Recomendaciones principales:

• Dar cumplimiento de manera concertada, eficaz e integral al enfoque diferencial étnico, territorial y de género del AFP, y en particular a las medidas y los mecanismos para la prevención de riesgos y la protección para personas defensoras, líderes y lideresas sociales con políticas adaptadas a sus contextos.

• Avanzar en la construcción de una política pública de desmantelamiento del paramilitarismo, como lo señala el AFP, que recoja la propuesta entregada por las organizaciones de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y conduzca al desmantelamiento efectivo de las estructuras políticas, económicas, socioculturales y militares de estos grupos.

• Articular y coordinar las iniciativas de la sociedad civil y los mecanismos existentes con anterioridad al AFP para la protección de los defensores y las defensoras y la promoción y defensa de los derechos humanos con el marco normativo derivado del AFP en materia de garantías de prevención, protección y seguridad humana.

El lanzamiento de este informe se puede ver en este enlace. A continuación, el informe completo:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Liderazgos sin miedo

  • Oct 30, 2020
  • Publicado en Prensa

Cómo proteger a los líderes y lideresas sociales sigue siendo el reto de la sociedad colombiana. Compartimos una reseña del conversatorio Liderazgos sin miedo.

Ausencia estatal, inseguridad, violencia y erradicación forzada son algunos de los riesgos que enfrentan líderes sociales en Colombia, según el conversatorio: Líderes sociales: desafíos para su protección. La campaña que lleva el mismo nombre y consiste en acompañar y darle un espacio a los líderes y lideresas sociales de Colombia es una alianza de medios y ongs, entre ellos CINEP/PPP que, desde hace más de 50 años, registra y analiza la tragedia de los defensores de Derechos Humanos en este país, históricamente estigmatizados, atacados y aniquilados. 

Entre muchos retos, la protección y defensa de la vida son los principales pues, según se comentó, hasta el momento las medidas tomadas por el gobierno –como la militarización– han generado más afectación y violación a los derechos humanos como es el caso de asesinato de campesinos durante operativos de erradicación forzada o violación sexual de niñas por parte del Ejército. Además, los asesinatos a líderes y lideresas sociales siguen incrementando, especialmente en los territorios en los que hay presencia de cultivos de uso ilícito. Cauca, Antioquia y La Guajira son algunos de los departamentos con mayor riesgo. 

Según Sirley Muñoz de Somos Defensores, este año los asesinatos aumentaron en un 61% en relación con el año anterior; la comunicadora enfatizó en que se está presentando una reconfiguración del conflicto ‘‘Todavía no sabemos cómo llamar esta etapa; esto apenas está comenzando, las agresiones van en aumento. Lamentablemente, todavía viene una situación muy difícil para el país’’. 

Por su lado, los líderes e integrantes de radios comunitarias se han unido como colectivo en aras de crear sus propias herramientas de protección, teniendo una comunicación constante y activa, siempre trabajando junto a la comunidad, así lo afirmó Liverman Rengifo, integrante de la Red de radios comunitarias Cantoyaco del Putumayo. En este contexto, la función de las radios comunitarias ha sido clave para fortalecer a los líderes en el proceso de resiliencia. ‘‘Si reflexionamos, vamos a entender por qué es importante para esta democracia que las radios comunitarias tomemos posición y acompañemos los procesos de desarrollo de los territorios”, según Dione Patiño, de La Esquina Radio.

Unirse como comunidad y colectivo ha sido fundamental; de lo contrario, optar por el trabajo individual generaría más exposición y peligro, un arma de doble filo en un proceso de posconflicto, concluyó el conversatorio. 

Ha sido un proceso de construcción compartida. En palabras del Presidente de la Asociación Campesina del Bajo Cauca ASOCBAC, William Muñoz: 

‘‘Una cosa es hablar de paz y otra cosa es construir paz, y eso es un eje fundamental que nos atraviesa’’.

A pesar de los riesgos y la situación a la que hoy se enfrentan los líderes y lideresas, ellos y ellas aún apuestan por ‘‘no bajar la moral’’ y seguir siendo un apoyo entre entidades como una red que se protege entre sí. El papel de los medios en articular y visibilizar sus luchas también es fundamental, así como para increpar al Estado en su papel de protección a ellos y ellas.

El conversatorio completo puede ser visto en: https://www.facebook.com/watch/?v=353827009095300 

Por: Erika González. Comunicaciones CINEP/PPP

Tras el homicidio del abogado Javier Ordóñez, en dos días de protesta son 14 las personas asesinadas con arma de fuego, y 76 heridos solo en Bogotá. La alcaldesa Claudia López, asegura que la Policía le desobedece. ¿Quién está tras las órdenes? ¿Quiénes responden? ¿Quiénes nos cuidan? Organizaciones sociales exigen reforma a la Policía, judicialización, y cambios estructurales para que las instituciones sirvan al pueblo, no que lo masacran cuando expresa su descontento o promueve el Acuerdo de Paz.

María del Carmen, Eidier, Julieth, Andrés, Jaider, Fredy, Germán, Julián, Angie, Cristhian, Lorwan, Gabriel y Javier, en su mayoría jóvenes, que fueron asesinados en medio de las protestas que desató la muerte del abogado Javier Ordónez a manos de policías del CAI de Villa Luz, en Bogotá. Las calles volvieron a llenarse de manifestaciones masivas en rechazo al asesinato de ciudadanos por la Policía. ¡Nos están matando! Es la expresión ciudadana que se refiere también al homicidio de líderes sociales. Tan solo ayer cayeron Cristóbal Ramos y Jhon Jairo Dávila, al tiempo que Yoni Valdés fue víctima de un atentado. 

El descontento general que se expresa en las calles y en la virtualidad lleva por consigna la justicia por el asesinato continúo a quienes, en ejercicio del derecho a la protesta, reciben como respuesta la muerte por parte de las fuerzas que deberían protegerles. Además, en medio de la crisis social generada por la pandemia, la situación humanitaria en general del país se deteriora. A la par con el regreso de las masacres, el desplazamiento forzado, las ejecuciones judiciales, no hay garantías para la protesta. El deterioro del panorama humanitario, y en general de la garantía de los derechos del pueblo colombiano han derivado en una situación de orden público donde los asesinatos y uso desmedido de la Fuerza Pública siguen protagonizando. 

“El poder político y la fuerza deberían ser neutral, servir a toda la población en vez de estar al servicio de los ricos”, opina Alejandro Angulo del Cinep/PPP. Los hechos de violencia de parte de la Policía hacia los ciudadanos y manifestantes no son hechos aislados y responden a un movimiento mundial que se agudiza por el disgusto de las ciudadanías frente a las injusticias que cometen los Estados, explica el padre Angulo.  

Según la Campaña Defender la Libertad a las 10:30 pm del 10 de septiembre, 128 personas estaban detenidas en la capital colombiana. Algunas de ellas menores de edad, otras, habiendo pasado más de 26 horas retenidas sin que un juez conociera su proceso. Las denuncias sobre la actuación de la Policía en las noches del 9 y 10 de septiembre van más allá de una detención irregular. Abundan los videos que evidencian uso excesivo de la fuerza, tratos crueles, detención a personas defensoras de DD.HH, capturas y procedimientos irregulares, como hombres de civil intercambiando armas con uniformados y disparando en Bogotá. En Medellín se registraron motos con dos hombres a bordo sin uniformes ni placas y con armas cortas. Los disparos de armas de fuego y explosivos plagaron las protestas de ayer también en Barranquilla, Cali, Tunja y otros municipios colombianos.

“El uso de armas de fuego en las protestas es injustificable” expone Angulo, sacerdote jesuita, que hace décadas registra junto al equipo del Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política las violaciones a los derechos humanos de los colombianos dejando en primer lugar a la Fuerza Pública.

Angulo asegura además que hay una responsabilidad compartida en los focos y actos de protesta, dejando ver los pedidos y las exigencias con contundencia pero sin destrucción ni vandalismo. Hay que evitar que las justas luchas sociales se conviertan en actos vandálicos, asegura, y revisar el entrenamiento de la Policía.  Según la alcaldesa de Bogotá Claudia López los policías “desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía”, y cuestionó a quién obedecen. En ese sentido, hizo un llamado a la “justicia, acción y reforma” de este cuerpo.

Por su parte, plataformas de DDHH. y organizaciones expresaron esta necesidad, señalando que es necesaria una doctrina en la fuerza pública que se adecúe a la transición hacia la paz, lo que también implica que la Policía Nacional esté subordinada al Ministerio de Interior, y no al de Defensa, como ha sido hasta ahora. También piden el fin de la justicia penal para los policías, y llevarlos a la ordinaria. 

El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Cement Voule, expresó que: Los autores de uso excesivo de la fuerza deben ser sancionados, y son necesarias reformas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a la Fuerza Pública a garantizar el derecho a la vida, la integridad y la libertad de manifestación. 

En el tercer día consecutivo de movilización social tras el asesinato de Javier en Bogotá, después de que policías le aplicaron un teaser electrónico y una golpiza tras llevarlo al CAI, los jóvenes y ciudadanos se dieron cita en las calles y principales ciudades de Colombia. Otras expresiones culturales y pedidos de resistencia pacífica se convocan para este fin de semana en decenas de municipios del país. 

Por:  Juanjosé Gutiérrez y Katalina Vásquez. Comunicaciones CINEP/PPP

En el Día Nacional de los Derechos Humanos, conmemoramos a San Pedro Claver, en cuya obra encontramos algunos de los valores que resulta relevan tes para la defensa de los derechos humanos: el respeto a la dignidad del otro, la igualdad, la solidaridad y la justicia.

En Colombia, el día de los derechos humanos –que casi siempre coincide con la Semana por la Paz— es el 9 de septiembre. Esta fecha se ha establecido como homenaje al jesuita español San Pedro Claver (1528-1654). Nació en Verdú, España, vino a estas tierras de misión recién entrado a la Compañía de Jesús. En Tunja y Bogotá hizo sus estudios eclesiásticos y fue ordenado sacerdote. Luego le enviaron a Cartagena de Indias donde pasó el resto de su vida dedicado a evangelizar y tratar con dignidad a los esclavos negros que eran traídos de África a Cartagena de Indias, ciudad donde eran comercializados como cualquier mercancía.

Si bien en la época de San Pedro Claver la humanidad aún no había logrado desarrollar un concepto de derechos humanos tal como los conocemos hoy, el reconocimiento que Claver hizo de la dignidad de los esclavos a través de su misión evangelizadora fue un paso inmenso en la afirmación de su igualdad en relación con el resto de los seres humanos. Quienes no leen críticamente y en contexto los hechos históricos, acusan a San Pedro Claver de bautizar a la fuerza a miles de esclavos africanos, desconociendo con ello que, en esa época, la mejor manera –si no la única— de igualar blancos y esclavos era el bautismo. Así, por obra y gracia de la recepción de este sacramento, los esclavos se convertían en “seres humanos” en un entorno social en el cual los negros eran considerados y tratados como animales. La audacia de San Pedro Claver consistió justamente en romper los esquemas sociales del momento dándoles trato humano y digno a los esclavos africanos; esto explica su afán de cuidar de ellos curando sus heridas y cristianizarlos mediante el bautismo y la catequesis. Misión que le trajo al santo no pocas dificultades al interior de la Compañía, la sociedad de la época y su establecimiento.

La defensa de los derechos humanos hoy, inspirada en la ética cristiana que profesó San Pedro Claver en la sociedad esclavista de su tiempo, nos trae varios retos de los cuales señalaré algunos: los derechos humanos están fundamentados en la igualdad de los seres humanos. En términos teológicos esto significa que los derechos humanos se respetan a todos –hombres y mujeres— porque compartimos una misma condición de igualdad que nos da el ser hijos de Dios, imago Deo (Encíclica Pacem in Terris, Juan XXIII, 1963, parágrafos 9, 36). El reto es, por lo tanto, superar los derechos humanos como discurso y ubicarse en la realidad propia de las víctimas, de los excluidos y oprimidos de nuestras sociedades. Es la exigencia de la igualdad desde la experiencia de la desigualdad, de la exigencia de un trato humano desde realidades que nos hacen vulnerables. Desde esta perspectiva, nuestra proximidad a las víctimas se modificaría sustancialmente, pues ésta se haría desde su propia realidad, desde el “no poder”.

Otro reto es lograr un sano equilibrio entre el aspecto individual y comunitario de los derechos humanos. Si bien es cierto que éstos fueron formulados como defensa de los seres humanos en cuanto seres humanos y les protege de amenazas y atentados contra la vida, libertad y dignidad provenientes en la mayoría de los casos de los Estados y los poderes que los conforman, es menester reconocer que un desmedido acento vindicativo e individualista de los derechos humanos puede dejar de lado su aspecto societal, necesario para la construcción del bien común. Por el contrario, un marcado acento en su aspecto social y comunitario podría conducirnos al riesgo de ahogar al individuo en fenómenos colectivos (por ejemplo, nacionalismos exacerbados) fácilmente manipulables por ideologías y caudillismos. Quizás si pensamos en los derechos humanos como aquellos que permiten a los individuos insertarse en comunidades políticas donde hay espacio para la autonomía personal y la construcción de proyectos colectivos, lograríamos el sano equilibrio antes anunciado. En otras palabras, tenemos el reto de hacer de los derechos humanos un instrumento que ayude a construir el tejido social donde todos somos responsables de nosotros mismos y de otros.

Continuando la línea anterior y como tercer reto, el cuidado de la creación nos exige pensar en el valor y la fragilidad de la naturaleza, descentrándonos de nosotros mismos y limitando nuestro poder (Encíclica Laudato Si, Francisco, 2015, Nro. 78). La urgencia del cuidado de la casa común rompe el paradigma liberal e individualista de los derechos humanos y nos hace responsables de obtener niveles de desarrollo y calidad de vida en armonía con la naturaleza (LS, Nro. 147). La integración de los derechos humanos --en su aspecto más subjetivo— a la naturaleza, pasa por la vivencia profunda del cristianismo que de ninguna manera está desconectada de las realidades del cuerpo, de la naturaleza y el mundo (LS, Nro. 216).

San Pedro Claver no fue un defensor de los derechos humanos en el sentido que hoy entendemos; en cambio, fue un misionero que se comprometió a fondo en el acompañamiento de los esclavos en Cartagena de Indias. En su labor misionera encontramos valores intrínsecos que la modernidad constituye fundamento de los derechos humanos como son el respeto a la dignidad, la igualdad, la solidaridad y la justicia. Así mismo, hoy, podemos reconocer que los derechos humanos tienen un alto contenido ético-cristiano, el que se apuntala en el principio de dignidad para todos los seres humanos sin distinción alguna.

Por: John Montoya Rivera S.J.