Dentro de las acciones del proyecto Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla se realizó la segunda reunión de la Mesa de diálogo Multiactor de impulso a compromisos sobre seguridad y protección para reclamantes de tierras en Magdalena. En este espacio se discutieron los avances que han tenido las instituciones estatales en medidas para proteger la vida y la labor de los reclamantes.

En la mesa participaron líderes del Magdalena, instituciones estatales, organizaciones internacionales y organizaciones que acompañan los procesos de restitución de las comunidades de Diana María (Zona Bananera), Chimborazo (Puebloviejo) y Salaminita (Pivijay/Fundación). Para los participantes es importante trabajar en la protección a estas comunidades porque han registrado 142 hechos de violencia contra la población civil entre 2011 y 2016. De estos, dos casos son de homicidios y 109 amenazas directas y dos atentados.

Para las organizaciones convocantes hubo tres elementos que incrementaron la inseguridad a líderes de restitución. El primero es la reorganización de grupos paramilitares, algunos luego de cumplir condenas en Justicia y Paz. El segundo, el desprestigio a la política de restitución de tierras por parte del ex Procurador General Alejandro Ordoñez, ganaderos y terratenientes de la región, que estigmatizaron a los líderes reclamantes de tierras. Y el tercero que  continúan las amenazas a líderes por medio de panfletos y llamadas atribuidas a bandas criminales.

Franklin Ospina, presidente de la Asocarvirtmag, presentó sus preocupaciones por el desmonte de los equipos de seguridad de líderes de la región, llamado frente al que la representante de la Unidad Nacional de Protección afirmó que los estudios de seguridad se revisan constantemente y que se eliminan las medidas cuando los líderes no cumplen los requisitos expuestos en la ley, uno de ellos es la amenaza directa contra la persona.

Ospina también hizo un llamado a las entidades estatales para que las medidas de seguridad que se implementen sean colectivas y no personales, propuesta que fue respaldada por Leonardo Díaz, representante de Somos Defensores quien argumentó que las medidas personales de seguridad generan ruptura del tejido social en las comunidades y no solo legitiman las amenazas sino que no reducen el riesgo para las personas amenazadas.

La Policía Nacional afirmó tener registro de 6798 peticiones de proceso de restitución de tierras en el Magdalena. También alertó sobre la presencia de varios Grupos Armados Organizados entre ellos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Pachenca y los Costeños a quienes se les atribuyen la aparición de 10 panfletos amenazantes contra la población civil y a quienes se les conoce en la región como los ejércitos anti restitución.

Finalmente se lograron algunos acuerdos con los representantes de las entidades participantes para gestionar reuniones, talleres con las comunidades, y construir propuestas conjuntas de prevención y protección que se articulen con las políticas públicas que surgen del acuerdo de paz y que permitan mejorar las garantías para los líderes de procesos de restitución en el departamento.

 
Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones

La situación de abandono del Estado, la pésima administración, la alta corrupción y dependencia política en Buenaventura, el Chocó y en general en el Pacífico, se remonta varios siglos atrás. La relación de Buenaventura con Cali o de Quibdó con Medellín o de Tumaco con Pasto, existe bajo el esquema de una relación colonial de dominación y dependencia y no de una interacción entre iguales. A las comunidades y territorios del Pacífico les ha tocado sobrevivir en medio de la inequidad económica, el empobrecimiento, la exclusión política y el señalamiento étnico-cultural. De otra parte, el aumento del poder político local, por la descentralización, no implicó cambios positivos, al contrario, la mayor parte de la clase política regional del Pacífico se convirtió en uno de los actores más depredadores y corruptos. En este contexto, el paro en el Pacífico es justo.

Sus habitantes están hastiados de tolerar que no tienen ni siquiera acceso a los servicios públicos y sociales más básicos Mientras que Cali, Medellín, Pasto o Bogotá disfrutan de coberturas de los servicios públicos del orden de noventa por ciento en promedio, en Buenaventura, Quibdó o Tumaco solamente llega agua corriente a los hogares algunos días. El índice de pobreza multidimensional en Buenaventura es del sesenta y seis por ciento y el noventa y tres por ciento de la gente vive de economía informal o de economías ilegales mineras, del narcotráfico o del contrabando. A pesar de que la ciudad recibe más de un billón de pesos, uno de los ingresos per cápita más altos del país. La ciudadanía está indignada y esta vez no buscan soluciones de corto plazo, sino estructurales. Exige decretar la emergencia económica y social, pero la respuesta del gobierno ha sido reprimir con el ESMAD.

Por su parte, las Pastorales sociales de las diócesis del Pacífico y las organizaciones étnico-territoriales en un comunicado del veinticuatro de mayo dijeron: “expresamos nuestra solidaridad con las protestas pacíficas en Chocó y Buenaventura y reconocemos en ellas un acto legítimo e impostergable por la vida digna y la paz en todo el Pacífico colombiano. Las protestas hacen visible su realidad social y los repetidos incumplimientos del Gobierno. Las comunidades protestan para reclamar asuntos básicos: educación, salud, agua potable, infraestructura primaria; y por los altos niveles de corrupción, violencia, inoperancia institucional e injusticias socioeconómicas. Asimismo, rechazamos la respuesta represiva y violenta del Gobierno con el uso del ESMAD. La paz debe ser para darle dignidad al pueblo.”

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

Organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, etnias y poblaciones rechazan el asesinato de bernardo cuero bravo, fiscal de asociación nacional de afrocolombianos desplazados-afrodes

 
 
 

 

 

El sábado 13 de mayo, a las 2 de la tarde en el barrio Mariscal Sucre conmemoraremos desde allí, los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado. La junta de acción comunal del barrio Mariscal Sucre, amigos cercanos de los investigadores y de Carlos, habitantes de barrios cercanos y todos los interesados,se reunirán en el parque Mario Calderón, en una jornada de recolección de basuras, siembra de árboles siete cueros, pintada de murales a cargo del colectivo Dexpierte y música y rap en vivo a cargo de Jacob D.M.C. (dj set).

Cinep/Programa por la Paz habló con Dexpierte sobre su trabajo y lo que esperan de esta jornada.

¿Cómo nace el colectivo Dexpierte?

Dexpierte: Surgió hacia mediados del 2010 como parte de un proceso de organización estudiantil que llevábamos a cabo de manera autónoma, en el que nos pensamos las diferentes maneras que comunicar una realidad oculta que aún se mantiene en matices de grises. La historia oculta de Colombia, homenajes a líderes y luchadores políticos que han defendido históricamente el territorio de intereses ajenos a los propios.

En ese momento pensamos en que esto debía darse mediante las expresiones de acciones gráficas en el espacio público, con el fin de comunicar e interpelar aquellas realidades hegemónicas. Es una apuesta colectiva de comunicación, en realidad siempre lo hemos planteado como una invitación abierta a recorrer los olvidos interpuestos con el tiempo, olvidos marcados por la mentira, y el silencio como parte del dominio estructural sobre este pueblo. Es una apuesta gráfica por reconocer la identidad de lo que somos aún en medio de una guerra silenciosa, que intenta perpetuarse a manera de ley o norma.

 ¿Cuáles son sus apuestas y en cuáles proyectos han trabajado?

 D: En este momento las disputas por la memoria se amplían y abren las posibilidades de comunicación directa sobre los hechos que en este país han venido ocurriendo. Las expectativas están puestas en facilitar y servir de comunicadores de esa memoria no oficial en la que más de uno se ve reflejado cotidianamente, pero que aún necesita más color y sensibilidad para que pueda llegar a más personas. No existen finalidades en el colectivo, creo que a largo plazo nos podríamos ver en el mismo ejercicio, sólo que con mayor dedicación. Básicamente durante este tiempo hemos venido trabajando alrededor de estas apuestas colectivas por la memoria y el trabajo en aras de resaltar y dignificar el sentido de lo que somos como país y como región latinoamericana. 

¿Cómo se vinculan al homenaje que desde Cinep/PPP se le está haciendo a Mario, Elsa y Carlos?

D: Nos vinculamos desde los afectos que hemos generado desde hace algunos años que conocimos el caso del asesinato de Mario y Elsa en particular.

Nos vinculamos por el mismo sentido que tiene el colectivo al interpelar en el espacio público el uso y las disputas por la memoria.

El caso de Mario y Elsa es uno de los miles de casos en los que se ve el reflejo de la legitimidad de la impunidad en este país. Uno puede ser asesinado sin que existan responsables puntuales, pero siempre hay una estructura criminal que por acción u omisión, siempre se configurará como la responsable de este tipo de violaciones; este tipo de estructuras son las que nos han venido sometiendo en una guerra histórica durante años.

Por razones como esas creemos en la pintura como un lenguaje más, en el que se pueden relacionar desde las alegrías, las ausencias y los sueños que tenemos de manera individual o colectiva. Mario y Elsa no son sólo dos investigadores del Cinep, son los soñadores que cada uno llevamos dentro como transformadores de esta realidad.

¿Cuál es el mensaje que envían a las personas que quieran participar de este homenaje?

D: En esta ocasión la particularidad de la acción radica en que es una intervención en el parque que Mario Calderón creó hace algunos años y que actualmente se llama paradójicamente “Mariscal Sucre”. La idea es renovar y compartir ese día alrededor de un conflicto que aunque nos apacigua, siempre hay oportunidades para compartir en medio de la pintura, la música y una memoria activa que debe consolidarse en la transformación de nuestra propia realidad.

 

Más sobre Dexpierte:

www.dexpierte.blogspot.com

www.flickr.com/photos/dexpiertecolombia

 

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones



Hace veinte años fueron asesinados en Bogotá, los investigadores del CINEP/Programa por la Paz: Mario Calderón Villegas y Elsa Constanza Alvarado Chacón y su padre el Ingeniero Carlos Alvarado Pantoja. Sobrevivieron a esta masacre, la mamá de Elsa, Elvira Chacón, quien fue herida y el bebé de dos años, hijo de Mario y Elsa.

Como ayer, infortunadamente hoy, millares de asesinatos semejantes suceden en Colombia; impunes, bajo el manto de la inoperancia de la justicia, la presión de quienes la manipulan y la omisión de los indiferentes. Según el último informe del Banco de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, durante el año dos mil dieciséis en Colombia los grupos ilegales del paramilitarismo realizaron quinientas cincuenta victimizaciones, mientras que la policía sumó quinientas cuarenta y ocho, y los grupos armados no identificados realizaron ochocientas treinta y tres.

Un total doloroso y vergonzoso de 1.931 victimizaciones, que, en su mayoría, para el caso de los paramilitares fueron amenazas y ejecuciones. Para el caso de la policía, los mayores hechos de victimización fueron los heridos y detenidos arbitrariamente. Y para el caso de los actores armados no identificados, las victimizaciones se concentraron en asesinatos y amenazas.

Las víctimas en su mayoría son: líderes campesinos y cívicos, miembros de juntas de acción comunal; indígenas, población LGBTI; comunidades negras; líderes del Polo Democrático y de Marcha Patriótica; de organizaciones de víctimas; sindicalistas; líderes de restitución de tierras y ambientalistas, defensores de derechos humanos y maestros. ¿A quiénes les interesa victimizar a los líderes sociales que reivindican sus derechos? ¿Por la magnitud de las violaciones se las puede calificar como casos aislados? ¿Las autoridades civiles, de policía, los organismos de investigación y control no tienen la capacidad para manejar a los actores estatales y para estatales que realizan estas violaciones? ¿Estamos condenados a vivir bajo el miedo mientras están conculcados nuestros derechos ciudadanos? ¿Es esta una nueva fase de la guerra sucia sobre el movimiento social que busca el sometimiento frente al reclamo justo de los derechos?

Jesús en el sermón de la Montaña nos dice “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Justicia, porque ellos serán saciados… Bienaventurados los que padecen persecución por la Justicia, porque de ellos es el Reino dé los cielos”. Jesús nos pide que busquemos con todas nuestras fuerzas la Justicia pues al hacerlo Él estará con nosotros en la lucha contra todos aquellos que solo buscan sus intereses egoístas, pero no quieren el Reino de justicia y amor.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz