Este 6 de octubre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 61 que evidencia un aumento progresivo en las victimizaciones desde 2019 y detalla como los territorios más afectados en el primer semestre de 2020 a Bogotá, Antioquia y Cauca; así mismo ubica como mayor violador de DD.HH. a la Policía. El caso de la minería de carbón, el ecocidio y el etnocidio en La Guajira también fue abordado revelando cómo, tras 40 años de explotación, no llega aún el prometido progreso.

El Banco de Datos presentó su habitual balance de Derechos humanos, DIH y violencia política en Colombia revelando que las regiones con mayor violación de derechos humanos en el primer semestre de 2020 fueron Bogotá D.C. con 182 victimizaciones; Antioquia, con 108 victimizaciones; y Cauca, con 46 victimizaciones.

Con la participación de Javier Giraldo SJ, Alejandro Angulo SJ, y Luis Guillermo Guerrero Guevara, director del CINEP/PPP,  se desarrolló un conversatorio y rueda de prensa virtual donde se socializaron los principales hallazgos de la Revista Noche y Niebla.

Según el Informe, la Policía fue el actor que más violó los derechos humanos, tomando en 2020 el primer lugar que en 2019 ocuparon los paramilitares. Este año el actor con más casos violatorios de Derechos Humanos ha sido la Policía Nacional con 296 hechos, seguida de los grupos paramilitares, con 223; y el Ejército Nacional con 106 casos. De las acciones perpetradas por las unidades de la Policía Nacional, se detalla que detuvieron arbitrariamente a 173 personas, hirieron a 59 civiles y amenazaron de muerte a 37 más.

En la conversación se llamó la atención sobre el aumento de las victimizaciones en el último año y medio pasando de 446 en el primer semestre de 2019, a 532 en el segundo semestre del año pasado. De enero a junio de 2020, las victimizaciones suman ya 609. Es decir, hay un aumento de 163 casos con relación a 2019. 

“¿Quién está matando de manera tan desenfrenada a líderes sociales, firmantes de paz y comunidades? En este país la justicia está aferrada a métodos trillados e inútiles”, expresó Javier Giraldo SJ durante el conversatorio.

También, se mostró preocupación por las acciones perpetradas por tropas del Ejército Nacional, quienes entre enero y junio de 2020 fueron responsables de 32 amenazas de muerte, 33 detenciones arbitrarias y 19 heridos y 4 casos de tortura. En cuanto a violencia político social fueron victimizados 192 líderes sociales de base en el primer semestre del año 2020. Las víctimas ahora son, en su mayoría, personas u organizaciones con menos visibilidad en los territorios.

De las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, la Revista Noche y Niebla no 61 documenta que los departamentos más afectados fueron: Cauca, con 103 infracciones; Bogotá, con 33 infracciones y Nariño, con 27 infracciones. Los que más infringieron el DIH fueron la guerrilla -incluye disidencias-, con 100 hechos; los grupos paramilitares, con 66 hechos; combatientes, con 36 hechos y el ELN, con 21 hechos.

Asimismo, 216 personas vieron vulnerado su derecho a la libertad. Por último, el Banco de Datos tuvo conocimiento de 4 victimizaciones por desaparición forzada e involuntaria y 6 victimizaciones por violencia sexual durante el semestre.

Minería y des-arroyo

María de los Ángeles García, de la Comunidad Afro de Manantialito y la Veeduría Akuaippa y Mónic López fueron las voceras de los pueblos de La Guajira que están viviendo las afectaciones de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.  

En La Guajira sufrimos la escasez de agua, de alimentos, y derechos por la empres Cerrejón”, aseguró María de los Ángeles García de la comunidad afro de Manantialito.

Mónica López Pushaina, vocera de la Comunidad Wayú aseguró que:

“La minería en La Guajira está acabando con nosotros”: 

¿Valen la pena las violaciones de los derechos humanos de la población del Cerrejón para obtener una ganancia económica de unos pocos afortunados? se preguntó el sacerdote Alejandro Angulo, del Banco de Datos.

Noche y Niebla incluye en esta edición un artículo regional preparado por el equipo de Interculturalidad del CINEP/PPP, el cual devela una vez más la incumplida promesa del desarrollo tras más de 40 años de explotación minera en La Guajira -uno de los departamentos más pobres de Colombia-. En la rueda de prensa las mujeres wayuú y afro detallan el etnocidio y el ecocidio que viven, tras 14 fallos judiciales que han rafiticado la vulneración de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos a la vida, al agua, a la salud, la consulta previa, la seguridad alimentaria, autonomía étnica, integridad cultural y la tierra, entre otros.

En el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día, lo suficiente para alimentar a 150 mil personas: El 40% de los cursos  de agua en ese departamento se ha perdido a partir de la actividad minera aumentando el estrés hídrico y la crisis de acceso al agua en un departamento que vive una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la pandemia del Covid-19.

Con Noche y Niebla, el CINEP/PPP ofrece una mirada de la difícil realidad de los derechos humanos en Colombia desde su aproximación, pues la misma violencia, los mecanismos del silencio y el silenciamiento de las víctimas, así como la impunidad instaurada, impiden recoger la totalidad de los hechos.


  

Por: Comunicaciones CINEP/PPP

 

El CINEP/PPP, y otras organizaciones defensoras de DD.HH. se manifiestan sobre el informe realizado por la Contraloría respecto al desvío del Arroyo Bruno, y su implicación en la garantía de derechos de comunidades Wayúu y afro que habitan en la zona. 

La Contraloría General de la República radicó ante el juzgado de seguimiento informe de auditoría de cumplimiento sobre los aspectos ambientales relacionados con el desvío del arroyo Bruno en el marco del seguimiento a la sentencia SU-698 de 2017, que ordena la protección de los derechos al agua, soberanía alimentaria y salud de comunidades Wayúu, derechos que han sido vulnerados por la empresa Carbones del Cerrejón Limited, con la desviación de una importante fuente hídrica en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con los hallazgos, el informe obtuvo una calificación final que corresponde al rango de INEFICIENTE, encontrando un total de catorce (14) hallazgos administrativos de los cuales siete (7) tienen una posible connotación disciplinaria. Además, señaló que estas deficiencias impactan en el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Constitucional.

El órgano de control evaluó la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, Corpoguajira, quienes entre otras instituciones públicas conforman una mesa “inter-institucional” de la que absurdamente hace parte la empresa Carbones del Cerrejón. El informe de la Contraloría se concentra en el deficiente informe con el que las entidades y Cerrejón justifican mantener el arroyo Bruno desviado, en lugar de liberar las aguas hacia su cauce natural.

La Contraloría manifiesta que el informe de la mesa interinstitucional se desvía de lo ordenado por la Corte Constitucional, respecto a la medida provisional, y no se da “estricto cumplimiento a lo requerido en la Sentencia SU 698/17, en lo requerido por la Orden Octava”. En otras palabras, no existe por parte de la Mesa Interinstitucional una decisión de fondo, sustentada, y participativa para mantener el arroyo desviado, lo que significaría un desacato a lo ordenado por la Corte Constitucional.

Es de recordar que la Corte Constitucional había previsto que la medida de retornar las aguas hacia su cauce natural podría adoptarse si era necesario desde el punto de vista ambiental y en aplicación del principio de precaución para mantener la integridad del arroyo Bruno, mientras se realiza un estudio ordenado en la sentencia mediante el cual se pretenden abordar una serie de 7 incertidumbres o variables que no fueron tenidas en cuenta al momento de autorizar el desvío y la destrucción del arroyo.


De manera particular, la Contraloría hace un reparo sobre la falta del respeto a la cultura y espiritualidad del pueblo Wayuu. En su informe reconoce que:


“desconocer los derechos de las comunidades trae consigo una afectación o impacto a su cultura y una subvaloración de la relación espiritual que tiene la comunidad Wayuú, teniendo en cuenta que su interacción con la naturaleza no se da solo por estar al lado del Arroyo, sino que existen interacciones mucho más allá de la distancia; como ellos mismos lo mencionan "el pueblo Wayuú rompería su arraigo y esa comunicación que existe entre los de la montaña y los de abajo".


Es importante entender la interacción pueblo - ecosistema como un todo, y no limitarla a un espacio en sí, lo que demuestra una carencia en el verdadero conocimiento del territorio natural y de los beneficios ecosistémicos que ofrece. La comunidad Wayuú entiende el territorio, teniendo en cuenta elementos culturales y espirituales, lo que implica que el Arroyo sea visto como "un ser viviente, importante en su totalidad y no en fracciones o tramos"


La auditoría también cuestiona que la decisión de mantener el cauce desviado se orientó em alto grado desde un punto de vista netamente económico, y en esa vía, cuestionó la rigurosidad del empleo del Análisis Costo Beneficio como la herramienta más adecuada teniendo en cuenta los valores ecológicos que están en juego: “Los elementos ecológicos de un ecosistema altamente sensible, fraccionado y diezmado como el Bosque Seco Tropical, o en lo particular como el Arroyo Bruno con sus estructuras y funciones, cuentan con servicios ecosistémicos sin sustitutos para las comunidades, lo que significa que por más que se intente calcular su valor desde la perspectiva de la Economía de Mercado, este tenderá al infinito por sus características inconmensurables. Se trata de valores superiores que difícilmente podrían entrar dentro de la lógica de un Análisis Costo Beneficio.”

Los hallazgos administrativos con posible connotación disciplinaria dan cuenta de la frágil institucionalidad ambiental, y dan la razón a las comunidades en su histórica denuncia de la cooptación empresarial del gobierno en las decisiones públicas que, menoscaban derechos y condenan poblaciones mientras favorecen empresas multinacionales. Una muestra de lo anterior se sintetiza en algunos elementos alertados por la Contraloría, respaldando lo denunciado en un sin número de ocasiones por las comunidades:

  1.  Recalcó la gravedad de que la Mesa Interinstitucional hubiese concluido no retornar las aguas del arroyo a su cauce natural y mantener el desvío con base en información débil, superficial, deficiente y parcializada, sin generar espacios de participación, ni considerar el daño irreversible que puede significar a la población que interactúa con dicho ecosistema.
  2. Resaltó que el informe con el que se sustenta mantener el desvío falta información frente al monitoreo del cauce natural, de las aguas subterráneas, los acuíferos, la fauna y flora afectada en el cauce natural.
  3. Insistió que lo observado representa un riesgo de asimetría y posibles riesgos morales con la información dado que el desarrollo del informe de la mesa se soporta en documentos e información predominantemente aportada por la misma empresa Cerrejón Limited.
  4. Confirmó y reiteró que las entidades y empresa desconocen lo ordenado por la Corte Constitucional en términos de la participación de las comunidades.
  5. Reconoció que no se han establecido por parte de la empresa medidas de compensación que realmente subsanen los impactos de la intervención de áreas de gran valor ecológico. Lo cual para las comunidades es un imposible dada la irreparabilidad de los daños y la necesidad de proteger el arroyo de ser explotado.
  6. Reafirmó que el informe usa preferencialmente la información de la construcción y operación del canal artificial construido para la desviación, dejando de lado información sobre el curso natural del arroyo que fue afectado por la desviación.
  7. Resaltó la inobservancia sobre las ventajas y desventajas comparativas de retornar o no las aguas de forma temporal al cauce natural;
  8. Cuestionó que no se realizaron observaciones que se presenten y evalúen los beneficios ambientales y sociales de retornar temporalmente el flujo del agua al tramo de cauce natural, tales como la restauración de las condiciones naturales y sus beneficios que se han perdido.
  9. Insistió en que no se tuvo en cuenta las necesidades y requerimientos de las comunidades para la garantía de su derecho al agua, como tampoco lo relacionado a los riesgos del posible agotamiento del recurso hídrico local y regional por el proyecto de desviación y el avance de los tajos mineros.
  10. Subrayó que en ningún aparte del informe se suministran los datos de los caudales de oferta hídrica del arroyo a lo largo del año en su cuenca baja, los datos de los caudales de demanda de cada comunidad, no se aclara si estos se suplen o no con las fuentes relacionadas, tampoco se define el caudal ecológico del Arroyo Bruno y cuales son en definitiva las deficiencias o las condiciones de suministro de agua requeridas para las comunidades.
  11. Observó que con la construcción del nuevo cauce se originó la modificación del sistema hidrogeológico y reconoce que retornar temporalmente las aguas al cauce natural, implica la eventual restauración de las condiciones naturales y la recuperación de los beneficios ambientales que se afectaron o perdieron con la desviación.
  12. Recordó que Corpoguajira ha incumplido en la revisión, ajuste y/o modificación de medidas compensatorias establecidas a Cerrejón Limited ante las obras asociadas al desvío del arroyo Bruno que, habían sido identificadas por la Contraloría en una auditoría realizada en 2017. 

Lo reportado por la Contraloría respalda lo que se ha venido denunciando por parte de comunidades indígenas Wayúu, el pueblo afro, guajiro, organizaciones sociales, ambientalistas, académicas y defensoras de derechos humanos que durante años nos hemos opuesto al desvío del arroyo Bruno para el avance de la explotación de carbón por parte de la empresa Carbones del Cerrejón Limited con la venia de entidades del Estado Colombiano.


El arroyo Bruno no se puede reemplazar, seguiremos alzando nuestra voz para que no siga el desastre que han causado y que uno de los afluentes y tributarios del principal río en la Guajira, el río Ranchería, no sea explotado y destruido.

A continuación el comunicado completo: 

 

Sin agua ni alimentos, y en medio de la vulneración histórica de sus derechos, el pueblo Wayuú necesita medidas urgentes de parte del gobierno.  La pandemia del Covid y el confinamiento podría significar la extinción de este pueblo. Para presionar al Estado a cumplir con su mandato de proteger a los wayuú, este 27 de marzo se radicó una acción urgente ante diversas dependencias.

La emergencia sanitaria declarada a causa del Covid-19 aumentó las preocupaciones y riesgos en las comunidades vulnerables de Colombia. La Guajira es un caso especial pues allí el 26,5% de la población vive en pobreza extrema y se sufre la falta de acceso a servicios básicos como agua y alimentación.  Esto debido a las características geográficas del territorio como su naturaleza desértica, la precariedad de sus vías de comunicación, el abandono y la corrupción.

Una carta de acción urgente fue radicada el día de hoy bajo la autoría de la Veeduría Ciudadana de verificación a la implementación de la Sentencia T-302, como un llamado a que las instituciones gubernamentales garanticen de manera inmediata la pervivencia de la población Wayúu.

El Cinep/PPP, junto con la Asociación de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (CODACOP), la Organización Indígena de Colombia (ONIC), y la experta independiente Omaira Ordúz, se encargan de verificar que se cumpla la Sentencia T-302 de 2017. Esta, ordena al Estado la construcción de una política pública que aumente la accesibilidad al agua en el territorio, mejore la atención alimentaria y garantice los servicios de salud.

Según la Veeduría, hasta el momento se siguen vulnerando los derechos básicos en la región, por lo que la pandemia podría significar la extinción de las comunidades indígenas y la muerte de su lengua y su cultura

Entre las exigencias se encuentra la implementación de medidas especiales de protección a la primera infancia para que no resulte especialmente afectada frente las medidas tomadas con la declaración del estado de emergencia. Además, se solicitan jornadas informativas que expliquen la situación actual de la pandemia a las comunidades, y las medidas que deben tomar para su prevención y tratamiento, junto con entrega de mercados básicos para las rancherías, y suministro permanente de agua.

Todo esto como parte de las obligaciones ya exigidas al Estado por la Constitución Política y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de proteger la diversidad étnica de la nación y preservar la integridad de las comunidades indígenas.

La carta de acción urgente fue enviada a las siguientes instituciones: Presidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, Corte Constitucional, Tribunal Superior de Riohacha, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud y Protección Social, Dirección de Prosperidad Social, Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Nacional, ICBF Regional Guajira, Superintendencia Nacional de Salud, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres, Gobernación de la Guajira, Alcaldía de Manaure, Alcaldía de Uribia, Alcaldía de Dibulla, Alcaldía de Maicao, Alcaldía de Albania, Alcaldía de Hatonuevo, Alcaldía de Barrancas, Alcaldía de Fonseca, Alcaldía de Riohacha, y Alcaldía de San Juan del Cesar.

A continuación la carta completa:

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Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

El pasado 3 de marzo culminó el diplomado Formación política, ciudadana y ambiental que el Cinep/PPP y el Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá desarrollaron en Dibulla, La Guajira. María del Carmen Muñoz, coordinadora del proyecto Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana y del diplomado, habla de la importancia de estos contenidos dentro de la coyuntura que vive la región.

Hace algunos días finalizaron un diplomado en La Guajira. ¿De qué trataba?

Desde el 2002 tenemos un diplomado titulado Formación política, ciudadana y ambiental que hemos venido adaptando a las coyunturas específicas del país. En este momento estamos dedicados a generar condiciones en los territorios para la compresión de la transición hacia la paz. Estamos empeñados en generar reflexiones profundas en los territorios, en este caso en La Guajira, en sus 15 municipios, y también con la gente de la frontera con Venezuela.

Hemos trabajado con las obras de la Compañía de Jesús, organizaciones sociales, consejos comunales y universidades juntos reflexionando el tema de paz en Colombia. Nosotros estamos convencidos que si no hacemos esa reflexión conjunta, entre colombianos y venezolanos, difícilmente vamos a generar equilibrio y armonía en ese tratamiento de paz, porque todo lo que pasa en un país, directa y proporcionalmente afecta al otro.

¿Qué tanto conocimiento tienen las personas que viven en la frontera del proceso de paz?

Según un paneo que hicimos, no se percibe simetría en la manera en que la gente reacciona frente al tema de paz. En La Guajira ganó el Sí en el plebiscito, pero incluso entre las mesas de víctimas que se inclinaron por el No. Mi percepción personal es que hay un desconocimiento profundo y mucha emocionalidad sobre el proceso. Yo creo que es peligroso poner una decisión de este tipo en las personas, cuando no sabe cómo tomarla. Buena parte de los debates que tuvimos durante el diplomado, calaron hondo en algunos participantes en tratar de comprender el acuerdo. Muchos otros cuando conocieron los contenidos, se reafirmaron en el No. Esa es una postura legítima para ambas partes. Decidieron cómo votar pero conociendo lo que estaban votando.

Hay un punto que nos preocupa mucho a nosotros como proyecto político y es la abstención. No es posible que haya problemas de hambre, muerte de niños, corrupción, falta de agua y de seguridad ambiental, y que la gente se quede en la casa sin tomar partido y solo quejándose de lo que se vive allá.

¿Cuáles han sido los pilares de formación política que el equipo ha trabajado allí?

El primero es hace un reconocimiento por parte de los sujetos políticos y ciudadanos de ese territorio de los problemas asociados al conflicto armado. A partir de allí identificar las dinámicas sociales, culturales y económicas que causan los problemas.

El segundo es el tema de lo público y lo privado. Allí identificamos qué es el bien común, hasta donde llega lo público y lo privado, en dónde está la responsabilidad de un ciudadano cuando tiene que cuidar lo colectivo, cuando tiene que generar un control social a la gestión pública. Este punto es el que le pone freno a la corrupción.

El tercer pilar tiene que ver con la ciudadanía en la frontera. Este es importante porque es muy distinto ser un ciudadano en la capital, en una ciudad intermedia  y el que vive en la frontera que maneja unas dinámicas que los otros no, como la diplomacia, los límites y la soberanía. Para nosotros fue una sorpresa que la gente no se consideraba ciudadanos de frontera, sino que lo aprendieron en este proceso.

Este último año hemos incluido el tema ambiental porque no se pueden generar asimetrías o equilibrios cuando los recursos naturales, que es un bien escaso, se tienen que redistribuir para tanta gente y hay unos que tienen  el monopolio de ello y otros que no quieren asumirse como ciudadanos ambiental.

¿Cómo manejaron las relaciones tensas que viven Colombia y Venezuela en los últimos meses?

De los 2219 km que comparten de frontera ambos países, hay cinco ámbitos o regiones. Nosotros hemos funcionado en tres de ellos. Cada uno de ellos tiene su especificidad y las relaciones no son homogéneas.

Es una relación muy tensa porque estamos hablando de dos países con proyectos políticos y económicos muy distintos. El socialismo revolucionario, con su muy mala ejecución, no se armoniza de ninguna manera con un neoliberalismo colombiano.  Gran parte de los problemas que se viven en la frontera provienen de la falta de armonía entre los proyectos de los dos países.

¿Cuáles esperan que sean los resultados de estos diplomados?

Lo que pasa en este proceso es que nosotros calificamos gente para que genere acciones colectivas dentro de sus organizaciones y grupos más ampliados. También los dejamos conectados entre ellos para que reconozcan su propio territorio. Hay contradicciones muy fuertes, como gente que nunca va a la alcaldía porque odia al alcalde, pero allá se toman las decisiones que lo afectan directamente. Entonces nosotros  pretendemos transformar la manera de pensar, desarrollar mucha masa crítica,  competencias de trabajo en equipo, habilidades comunicativas y, sobre todo, competencias conativas que son la que dan capacidad de perseverar y resiliar para que el trabajo sea de largo plazo.

Nosotros hemos construido un tejido social binacional. Unas personas que están más allá de la politiquería, que generan compresiones de un territorio en el cual tienen que aprender a funcionar y tienen que cooperar para que se genere esa simetría.

¿Cómo han pensado trabajar hacia el futuro?

En este momento hay un  tema que hay que tocar y que vamos a trabajar específicamente en Conejo, donde está una de las zonas de concentración, porque no hay nadie que esté trabajando el tema de las circunscripciones especiales de paz. La gente cree que son unas curules que se les va a entregar a los guerrilleros. Vamos a trabajar muy fuerte ese tema con personas cercanas a las juntas de acción comunal, de las asambleas y organizaciones para hacer la reflexión de lo que significa este tema en términos de participación política. Hay que afinar también los temas de víctimas y el tema de reforma rural integral.

Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones

El cáncer letal de la corrupción llevó al departamento de La Guajira a una de sus más graves estados de ingobernabilidad, crisis social y financiera. En los últimos días fue necesario que el Gobierno nacional interviniera, de manera temporal, los recursos de salud, educación y agua potable. Esto significa que el departamento no podrá manejar los recursos de los ciudadanos, hasta por tres años, los setecientos ochenta y cinco mil millones de pesos que la Nación le transfiere anualmente por el Sistema General de Participaciones, para invertir en educación, salud y agua potable.

Estos recursos a partir de la fecha y hasta que se considere conveniente, pasarán a ser manejados directamente por Bogotá. Esta medida extraordinaria y tardía, es parte de un plan de contingencia para hacerle frente a la crisis social que vive la mayoría de los pobladores de esta región. La gota que rebozó la copa fue la reciente captura del último gobernador, Wilmer González Brito, quien fue enviado a la cárcel por fraude electoral y corrupción, entre otros delitos. En su reemplazo, el presidente Santos nombró a Weildler Guerra Curvelo, un académico reconocido por sus estudios de la cultura wayúu y miembro de la Academia de Historia de Colombia.

Pero alrededor de este hecho lo más indignante es la realidad que expresan los datos sobre lo que viven las comunidades guajiras: es el único departamento de Colombia donde existen quince mil niños sin educación. Se estima que alrededor de quince mil niños guajiros se encuentran en situación de desnutrición por falta de recursos básicos, según la Procuradora Delegada para la Infancia y Adolescencia de Colombia, Ilva Myriam Hoyos, quien desde hace más de un año calificó de “indignante” lo que sucede en este territorio. A esto se suma que solamente tres de los quince municipios suministran agua potable y se tiene evidencias de que los dineros para financiar acueductos, mejoramiento de escuelas, alimentos para estudiantes y las jornadas de vacunación, se los han robado. Muchos ciudadanos guajiros están cansados de esta situación, denuncian y hacen propuestas, pero en su contra está la acción de los políticos clientelistas tradicionales que siguen siendo un pequeño pero poderoso grupo que maneja la vida de la región.

El Obispo de Riohacha, Héctor Salah Zuleta, en una homilía de la festividad de Nuestra Señora de los Remedios expresó, que para llegar a la Guajira que soñamos, es vital “enfrentar la corrupción para cerrarle el paso a la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en los espacios de representación y deliberación política. Es importante que los recursos públicos sean ejecutados allí en donde debe ser: en la garantía de los derechos ciudadanos.”

* Editorial presentada el domingo 5 de marzo del 2017, en el programa radial de RCN “Notas humanas y divinas”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director general Cinep/Programa por la Paz