Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

La semana pasada se presentó ante la Justicia especial para la paz y la Comisión de la verdad, el informe “Violencia, racismo y conflictos socioambientales: el despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó en el medio Atrato chocoano. El objetivo de esta gestión es que ocho grandes empresarios ocupantes devuelvan a las comunidades, cerca del sesenta por ciento de más de ciento siete mil hectáreas, en el marco de la ley catorce cuarenta y ocho de víctimas y restitución de tierras. Esperemos que la fe y la esperanza de volver a poseer y usufructuar su tierra sea pronto realidad para los más de cinco mil habitantes de comunidades negras, indígenas y campesinos de este territorio.

En Colombia la tenencia, propiedad, acceso y uso de la tierra es un nudo gordiano sin resolver. Desde que somos república, hace doscientos años, la tierra prometida a los pueblos indígenas, campesinos pobres y comunidades negras no se ha cumplido.

El país vive una de las más dramáticas e injustas mediciones de alta concentración de la tierra en el mundo, junto a países como Brasil y varias naciones centroamericanas. El uno por ciento de las fincas más grandes ocupa el ochenta y un por ciento de la tierra. Según el Banco Mundial, Colombia es uno de los cinco países más desiguales en tenencia y acceso a la tierra del mundo, un título que nos debería dar vergüenza, pero que se volvió parte del paisaje social. A esto se suma que mientras que la propiedad de grandes extensiones de tierra sigue concentrándose en pocas manos, la pequeña está fragmentada en un número mayor de personas. El año pasado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi informó que los predios rurales privados del país suman sesenta y uno punto tres millones de hectáreas y están a nombre de cinco punto dos millones de propietarios, pero solo el veinticinco por ciento de esos propietarios son los dueños del noventa y cinco por ciento del territorio.

Pero los problemas de la tierra no se limitan a la desigualdad de la propiedad. La informalidad de la tenencia es otra de las dificultades en los territorios rurales de Colombia. Estudios de Fedesarrollo en el dos mil diecisiete afirman que aproximadamente algo más de ochocientos seis mil hogares rurales, equivalentes al cincuenta y tres por ciento de los que se dedican a actividades agropecuarias, nunca han tenido tierra.

La sumatoria de todos estos factores arroja una compleja situación de la cuestión agraria en el país. La debilidad del Estado en el diseño y aplicación de políticas rurales, la alta corrupción, y los múltiples intereses económicos particulares detrás de las riquezas de la tierra y el subsuelo, siguen interesando mucho más a los gobiernos que las necesidades, las luchas y esperanzas de más de nueve millones de víctimas del conflicto social y armado que ha vivido el país. Una prueba de esto es el bloqueo que se hace del Acuerdo Final que, en el punto uno, quiere avanzar en la solución de una importante parte de los problemas agrarios del país.

El Papa Francisco en el primer encuentro mundial de movimientos populares en el Vaticano, año dos mil catorce, expresó: “Al inicio de la creación, Dios creó al hombre, custodio de su obra, encargándole cultivar y proteger la tierra. Me preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo por el acaparamiento de tierras, la desforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados, son algunos de los males que arrancan al hombre de su tierra natal. Esta dolorosa separación, que no es sólo física, sino existencial y espiritual, está poniendo a la comunidad rural y su peculiar modo de vida en notoria decadencia y hasta en riesgo de extinción”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Los hechos fueron dolorosos e indignantes. Tras el homicidio de Javier Ordóñez, en dos días de protesta, fueron catorce las personas asesinadas con arma de fuego en Bogotá y Soacha y cerca de trecientos entre ciudadanos y policías lesionados, según el balance nacional del Ministerio de Defensa. La mayoría de fallecidos y heridos fueron jóvenes, mujeres y hombres. De nuevo son ellos quienes en el país son víctimas de la polarización y la violencia. ¿Por qué en lugar de oportunidades de educación y de trabajo decente y estable para la juventud, la sociedad y el Estado propicia la pérdida de sus sueños y sus esperanzas?

Lo que vimos en Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Barranquilla, Tunja y otras ciudades del país ha sido una fuerte expresión de protesta juvenil que indignada rechazó el equivocado e infame uso excesivo de la fuerza policial, detenciones arbitrarias y hechos de tortura contra civiles inermes. Si nadie hubiera salido a protestar en la calle y, en su lugar, el silencio hubiese imperado, sería la comprobación indiscutible del alto deterioro moral de nuestra sociedad. Pero afortunadamente los jóvenes se pronunciaron.

Otro asunto muy diferente fue el indeseable vandalismo que se presentó y en el cual algunos medios centraron la atención de la opinión pública. La destrucción de los CAI de la policía, de los buses y algunos locales comerciales, es un hecho oportunista de quienes buscan sacar partido de la protesta legítima, bien para sembrar zozobra o para estigmatizar la protesta social y justificar la errática represión frente al descontento.

Desde algunos sectores de la sociedad se pide una urgente y planificada transformación del cuerpo policial. El profesor Alejo Vargas la resume así: mejorar el proceso de selección de los miembros; profundizar el proceso de formación de los agentes y la centralidad que deben tener el tema de los Derechos Humanos, más allá de un curso de algunas horas debe ser una dimensión importante en la formación. Otro punto es la apropiación de la doctrina operacional de la policía, sus preceptos éticos y legales donde se fundamenta su actuación, de manera que sus miembros tengan clara su identidad como servidores públicos, dedicados a la protección a la seguridad y el cuidado de la convivencia ciudadana, enfatizando la prevención, mostrando sus valores éticos en sus actuaciones y por este camino ganar la confianza y el respeto de la ciudadanía y, finalmente, el fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas a las sociedad y a sus instancias superiores.

El domingo trece de septiembre el arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio expresaba en la homilía del canal RCN televisión, a propósito de los hechos vividos: “Ha sido una semana complicada, muy difícil en Bogotá con muchas heridas, con muertes, con destrucción y también en el país y en el mundo. Queremos empezar una semana distinta, una semana donde aprendamos a escucharnos. Por eso, nos están proponiendo que, para respetar la vida y para construir la paz, es necesario que nos escuchemos. Las regiones necesitan ser escuchadas, los indígenas, los campesinos, los que están sin empleo. Escucharnos para que no sea necesario destruirnos ni agredirnos, para encontrar el diálogo sincero y el silencio que valora el mensaje del otro. Escuchar su vida, su historia, sus necesidades, su clamor y poder tender una mano. El Papa nos propone algo que llama mucho la atención pero que es desafiante: la amistad social. Que debe ser vivida con humildad. Necesitamos liderazgo, para construir la amistad social, no para protagonismos aprovechando el luto, el duelo, el dolor, la muerte y la confusión. No necesitamos liderazgos llenos de vanidad, no necesitamos liderazgos orgullosos, necesitamos nuevos liderazgos al servicio de la amistad social. Liderazgos sin armas, sin violencia, sin necesidad del odio, liderazgos con sabiduría, para reclamar nuestros derechos con inteligencia, respetando la vida del otro”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Desde el año pasado, antes de la pandemia, el aumento del desempleo juvenil en Latinoamérica ya estaba en niveles alarmantes. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, el aumento de desempleo juvenil en el continente se ubicó en el diecinueve punto ocho por ciento. La cifra más alta en los últimos veinte años.

Según el profesor Roberto Sánchez Torres, de la Universidad Nacional de Bogotá, esta situación se debe a tres factores: Primero, la menor experiencia de los jóvenes como barrera para entrar al mercado laboral. Segundo, hay una desconexión entre el aparato productivo y el sector educativo, las personas se capacitan en carreras que no se necesitan y, tercero, los jóvenes pueden durar más tiempo sin empleo a diferencia de las personas jefes de hogar.

Por otra parte, asegura Sánchez, la tasa de desempleo en las mujeres jóvenes es más alta que la de los hombres. La población juvenil con carreras universitarias tiene una tasa mayor de desempleo y quienes tienen pocos recursos económicos terminan aceptando cualquier tipo de trabajo sin importar la precariedad del mismo. Las ciudades más impactadas, antes de la pandemia, por el fenómeno del desempleo juvenil son: Quibdó con el veinte siete punto nueve por ciento, Florencia con el veinticinco punto tres por ciento, Ibagué con el veinticinco punto dos por ciento, entre el veinticuatro y el veinte por ciento están Armenia, Riohacha, Cúcuta, Santa Marta, Tunja, Cali, Manizales, Montería y Pasto y, por debajo del veinte hasta el catorce por ciento se ubican Sincelejo, Neiva, Villavicencio, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Pereira. Ahora con el Covid-19 las tasas se han elevado entre diez y cinco puntos porcentuales, llegando a una situación desafiante e insostenible para la población juvenil y sus familias. El Dane presentó su informe sobre mercado laboral de la juventud durante el trimestre abril a junio de este año, mostrando una tasa de ocupación juvenil de treinta y tres punto siete por ciento, lo que significa una disminución de doce y medio puntos porcentuales, comparado con el trimestre abril-junio del año pasado, que alcanzó un cuarenta y seis punto dos por ciento, impactando por igual a hombres y mujeres.

Frente a este fenómeno el gobierno nacional ha establecido algunas políticas públicas para que la juventud de los contextos urbanos, no así los rurales, tengan el primer empleo y se fomente los emprendimientos autónomos, pero es insuficiente. Las estrategias son débiles y no apuntan a las causas de fondo ya expuestas.

Además de las siniestras masacres que han golpeado a miles de jóvenes en diversas regiones del país, en medio de la violencia que aún persiste, el presente y futuro del empleo y de las actividades económicas de los trece millones de jóvenes en el país, entre los catorce y los veintiocho años está al garete y sin alternativas viables y concretas.

En marzo del año pasado, en la exhortación postsinodal Christus Vivit dirigida a los jóvenes, el Papa Francisco considera la importancia que tiene el trabajo para ellos y ellas, y dice: “No siempre un joven tiene la posibilidad de decidir a qué va a dedicar sus esfuerzos, en qué tareas va a desplegar sus energías y su capacidad de innovar. Porque además de los propios deseos, y aún más allá de las propias capacidades y del discernimiento que uno realice, están los duros límites de la realidad. Es verdad que no puedes vivir sin trabajar y que a veces tienes que aceptar lo que encuentres, pero nunca renuncies a tus sueños, nunca entierres definitivamente una vocación, nunca te des por vencido. Siempre sigue buscando, al menos, modos parciales o imperfectos de vivir lo que en tu discernimiento reconoces como una verdadera vocación”

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Naciones Unidas en Colombia publicó, a finales del año pasado, el cuarto informe sobre los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado del país, abarcando el período comprendido entre el primero de julio de dos mil dieciséis y el treinta de junio del año pasado, en el contexto de la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Si bien ha disminuido el número total de violaciones graves contra menores, en parte por la firma del Acuerdo de Paz; sin embargo, los grupos armados existentes ampliaron su presencia territorial, incluso en zonas abandonadas por las FARC-EP, situación que continúa exponiendo a los niños, niñas y adolescentes a violaciones graves, en particular al reclutamiento, la utilización y la violencia sexual y restricciones al derecho a la educación. Durante estos últimos meses hemos visto, especialmente en el sur occidente del país, en Cali, en Leiva y Samaniego-Nariño, graves hechos de masacres y diversos tipos de violaciones sobre los menores y jóvenes. Presuntamente estos hechos están ligados al control del poder local y de los negocios ilegales de la minería y el narcotráfico, por parte de organizaciones como el ELN, las Autodefensas Gaitanistas, también conocidas como el Clan del Golfo, el EPL o Pelusos, Los Caparrapos (anteriormente vinculados a los Gaitanistas), y las disidencias de las FARC.

El informe de Naciones Unidas expresa que esta situación se ve agravada por la presencia limitada de la autoridad del Estado en esas zonas, tanto a través de las instituciones de seguridad como de las entidades civiles. Pero igualmente porque las estrategias utilizadas desde los organizamos de seguridad del Estado no son eficientes ni efectivas. Y la connivencia entre sectores corruptos del Estado en todos sus estamentos y de sectores económicos con capitales ilegales, agregan a esta dinámica, el uso de la violencia como estrategia de dominación. En estos contextos los menores y adolescentes corren altos riesgos de ser reclutados y manipulados por las organizaciones armadas.

Durante el período del informe, el año dos mil dieciocho fue el que arrojó el mayor número de violaciones graves, cuatrocientos treinta, lo que supone un aumento del setenta y siete por ciento, frente al año anterior. El reclutamiento y la utilización de menores y adolescentes es la violación más destacada. Además, entre dos mil dieciséis y diecisiete, el número de menores y adolescentes desplazados disminuyó de cuarenta y un mil a treinta y nueve mil, pero en el año dos mil dieciocho aumentó a más de cincuenta y cinco mil y, durante el primer semestre del año pasado se registraron más de veinticuatro mil, cifras verdaderamente alarmantes y aterradoras.

Finalmente, el informe hace un llamado a los grupos armados para que pongan fin de inmediato a las muertes de niños, niñas y adolescentes. También insta a las partes en conflicto para que adopten medidas adicionales de protección a menores y adolescentes durante las operaciones militares, mediante el principio de precaución, y se eviten enfrentamientos en las zonas donde hay civiles y menores y se trabaje para que se ponga fin a la violencia sexual.

El arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Luis José Rueda Aparicio, en reciente comunicado expresó: “Rechazamos con vehemencia las masacres perpetradas contra jóvenes en Cali y Samaniego (Nariño), de ninguna manera podemos callar ante el hostigamiento y presión despiadada de los grupos armados ilegales, contralas comunidades urbanas y rurales, con lo cual limitan la libertad de nuestros pueblos, generan una anticultura de muerte y de miedo. No podemos callar ante estos grupos que torturan a campesinos, indígenas y afrocolombianos, a hombres y mujeres. No podemos callar ante las amenazas y asesinatos de reincorporados en el proceso de paz, no podemos callar cuando las fuerzas macabras pretenden destruir a sangre y fuego la esperanza de los colombianos”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Director General CINEP/Programa por la Paz

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Es inadmisible que la construcción de la paz en Colombia nos lleve a reeditar la violencia y el conflicto armado. Fue lo primero que los jóvenes que votaron por el sí y por el no a la paz quisieron expresar los días posteriores al plebiscito por la paz en 2017. Sin embargo, lo que estamos viviendo en estos días en Colombia por parte de sectores del gobierno y del partido Centro Democrático es una estrategia que se basa en oponerse, de manera tajante, a que el Acuerdo de Paz se desarrolle y eche raíces en la sociedad colombiana. No hay voluntad política, si bien se hicieron muchos de los cambios exigidos por ellos luego del Plebiscito. Ese fue el Acuerdo Final que se firmó y el Congreso confirmó. 

Existen varios hechos para afirmar lo anterior: no hay gestión ni priorización de recursos para financiar el Acuerdo de Paz, lo que se está invirtiendo es en gran parte el presupuesto normal. No hay una estrategia efectiva de seguridad para parar el genocidio en contra de los excombatientes del partido FARC. Tampoco se avanza en el punto de reforma rural integral, ni de participación política, ni se aplica la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y, como si fuera poco, se ataca con vehemencia y con argumentos inconsistentes el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) para las víctimas. 

Hemos sido testigos, en las últimas semanas, de la presión que ha recibido la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y especialmente, su presidente el Sacerdote Jesuita, Francisco de Roux Rengifo, de manera directa por miembros del partido de gobierno levantando acusaciones infundadas cuyo fin es poner en tela de juicio un trabajo difícil en un país que ha vivido sesenta años de violencia. 

La verdad que se pretende construir sobre el conflicto no puede ser una verdad filosófica, ni tampoco religiosa, ni ideológica, ni científica. Tampoco puede ser una verdad que solo sea la versión de un solo sector de la sociedad. La verdad que se busca es una verdad histórica, compartida, que surge de la confianza de múltiples actores, que se teje con los finos hilos de acuerdos profundos y transparentes y con agujas de confianza y honestidad, por parte de todos los sectores sociales. Una verdad que no es absoluta, ni taxativa ni cerrada, sino una verdad que nos dé la posibilidad de hacer la justicia restaurativa que necesitemos y no una justicia punitiva para el castigo de algunos que se los haga ver como únicos culpables. Una verdad que repare a las víctimas y les restablezca sus derechos como ciudadanos. Una verdad que nos dé la oportunidad reconciliarnos para hacer justicia social, que genere los cambios necesarios para que seamos reconocidos y respetados como ciudadanos y ciudadanas. Una verdad que no puede ser puesta en el marco de los dividendos políticos, ni de sus mezquinos intereses. 

El evangelista Juan nos dice: "y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres". Esta verdad es una experiencia de seguimiento a Jesús, en la que el creyente genuino experimenta la verdad como un acontecimiento de libertad y de amor. El criterio para discernir y vivir la verdad es todo aquello que conduce al proyecto del Reino de Dios, el cual es: que la historia, la creación en su conjunto y los seres humanos, en comunión, vivamos en camino hacia la plenitud de la justicia, de la libertad y del amor gratuito con Dios. 

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Director General CINEP/Programa por la Paz