La contaminación del aire en las grandes ciudades del país y del mundo es uno de los más graves problemas ambientales y de salud que padecemos en la actualidad. El aire contaminado que respiran los habitantes en las ciudades colombianas está asociado al uso de combustibles como el diésel, la emisión de gases efecto invernadero y de otros contaminantes, que, al superar los límites posibles de soportar y transformar en el ambiente, afectan la salud. La Organización Mundial de la Salud calcula que más de cuatro millones de personas mueren anualmente por contaminación del aire; nueve de cada diez niños en el mundo respiran aire tóxico; aproximadamente 600.000 niños murieron en 2016 a causa de infecciones respiratorias agudas causadas por el aire contaminado.

En Colombia más de diez mil personas mueren al año por temas relacionados con la calidad del aire mientras que el 78% de las emisiones de partículas provienen de camiones de carga, buses y motos. Por otra parte, a pesar de la preocupación por aplicar estrategias como el pico y placa ambiental o el día sin carro, para mejorar la calidad del aire, los balances no son satisfactorios. Así lo publicó un informe de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes sobre el día sin carro en Bogotá. La conclusión es que la tradicional iniciativa funciona para mejorar la movilidad, pero no el ambiente. Si bien en una jornada sin carro dejan de circular casi un millón y medio de carros, se ponen en circulación más buses operados con diésel para cubrir la demanda de transporte, y estos son justamente los que generan altos índices de material particulado contaminante.

En conclusión, los expertos en movilidad ratifican que controlar e incluso prescindir del uso de diésel sería clave para mejorar la calidad del aire en las grandes ciudades del país. Otras medidas van en la lógica de que el que contamine pague, mientras que algunas, que van tomando fuerza, enfatizan la promoción de modelos de movilidad limpia como el uso de la electricidad y el gas natural en los carros y el uso de la bicicleta.

El Papa Francisco en el mensaje al Congreso Internacional Laudato si y las grandes ciudades en Brasil, en julio del año pasado, expresó: «No nos quedemos con los brazos cruzados frente a la degradación ambiental. Invoco respeto, responsabilidad y relaciones bien hechas, para afrontar los desafíos de este mundo. Desafíos ecológicos como la grave degradación de la calidad del aire, la contaminación del agua, el aumento de los residuos tóxicos. Pero también los desafíos sociales como la pobreza, la violencia y la injusticia. Hay que hacer que crezcan en las sociedades el respeto por el ambiente y la responsabilidad ante la Creación. Es un deber de todos crear en la sociedad una conciencia de respeto por nuestro entorno; esto nos beneficia a nosotros y a las generaciones futuras. Tal conciencia debe ser enseñada y transmitida».

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz 

 

 

Los modelos se repiten, el nuevo gobierno, como los anteriores propone una reforma tributaria. El miércoles 31 de octubre el Gobierno nacional radicó ante la Comisión Tercera y Cuarta de la Cámara, con mensaje de urgencia, la Ley de Financiamiento, esperando dejarla lista hacia diciembre. Lo que se quiere, en lo inmediato, es tapar el hueco del gasto que necesita pagar el Estado el cual suma 14 billones de pesos de déficit y recaudar 5 billones de pesos más para cubrir nuevos programas, en total serían 19 billones de pesos. Se sabe que para el próximo año el presupuesto registra faltantes en salud de 3 billones de pesos; posconflicto, 2 billones y educación, 1.6 billones.

 

El punto crucial de esta situación es de dónde y cómo se va a recaudar esa gran cantidad de dinero. La Ley de Financiamiento del Gobierno propone: el impuesto al patrimonio, impuestos a los dividendos y al consumo, la normalización tributaria, medidas para combatir la evasión y un régimen especial para las Pymes y las mega-inversiones. Pero los temas que más han causado escozor son: el aumento de la tributación de personas naturales y la aplicación del impuesto de 19% de IVA a los productos de la canasta familiar, entre otros: arroz, huevos, pollo, carne de res, cerdo, pescado, verduras, papas, frutas, hortalizas, lácteos, panela, azúcar, café, aceite, chocolate, trigo, pan, té y yuca, llegando a grabar hasta el 80% de la canasta. Estas alternativas han encendido las alarmas y estamos viviendo en estos momentos una fuerte controversia que va a transitar por intensas discusiones entre las bancadas del Congreso y las críticas e incertidumbres de la ciudadanía.

 

A pesar de que se habla de compensaciones y subsidios para las clases populares, tanto estas como las clases medias serían las más golpeadas en sus ingresos y en su bienestar si se llagara a aprobar lo que propone la Ley de Financiación del gobierno. Mientras que las más favorecidas serían las empresas. A estas se les disminuiría el cobro de impuestos con la condición de que generen mayor crecimiento y empleo.

 

En el documento Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero, de enero de este año, la Congregación para la doctrina de la Fe, dice: “el sistema fiscal de los Estados no siempre parece justo; a este respecto, cabe señalar que tal injusticia a menudo es en perjuicio de los sectores económicos más débiles y en ventaja de los más equipados y capaces de influir incluso en los sistemas normativos que regulan los mismos tributos. De hecho, la imposición tributaria, cuando es justa, desempeña una fundamental función equitativa y redistributiva de la riqueza, no sólo en favor de quienes necesitan subsidios apropiados, sino también en el apoyo a la inversión y el crecimiento de la economía real”.

 

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

 

Son cerca de cuatro millones y medio de afiliados a la EPS Medimás que se quedaron sin una atención digna de salud por la caída de la venta de Cafesalud (antigua Saludcoop) a Medimás, creada hace apenas catorce meses. La deficiente calidad en la prestación del servicio, la errada administración en medio de divisiones entre los accionistas, así como el incumplimiento de los pagos, en más de 125 mil millones de pesos, según la Procuraduría y la agente liquidadora de Saludcoop, precipitó la decisión del Estado de echar para atrás este meganegocio de más de 1.4  billones de pesos. Esta situación generó el cierre de ocho clínicas en Medellín, Armenia, Pereira, Ibagué, Neiva, Villavicencio y Tunja, vulnerando los derechos fundamentales de millones de usuarios y generando problemas de salud pública en estas ciudades.

Pero esta historia no es nueva, contamos en el país con dos casos más de magnitudes similares en los últimos años: primero fue Saludcoop, luego fue Cafesalud y ahora es Medimás. Con anticipación a la adjudicación de la venta de Cafesalud, la Procuraduría alertó que Medimás no contaban con el músculo financiero, ni con la experiencia suficiente para asumir el aseguramiento de los afiliados que venían de esta EPS, pero se hizo caso omiso de esta alerta y el negoció continuó.

Todos estos casos responden a un sistema de salud colapsado y marcado por los cambios de concepción del servicio médico que fijó la ley 100 de 1993, bajo el gobierno del expresidente Gaviria y liderado por el expresidente Uribe (en ese momento senador), basados en los principios neoliberales de la privatización de la salud, o en la entrega de la salud al sector privado bajo el entendido de que este sector maneja mejor la administración y la sostenibilidad financiera de los servicios públicos, y dejando al Estado solamente como un ente de vigilancia y control. Por este camino, el país profundizó la práctica errática y antiética de la corrupción económica en el manejo de los recursos de la salud, que funcionarios corruptos del Estado tenían bajo su poder. En resumen, tanto sectores del empresariado como del Estado, si bien teóricamente pueden conocer la visión de la salud como un derecho humano fundamental con el cual nadie se puede lucrar, en la realidad no lo practican, y continua el sacrificio de vidas humanas en las puertas, habitaciones y quirófanos de los hospitales.

Los obispos, reunidos en la asamblea plenaria de febrero del año pasado, expresaron: “Nos duele la salud. Es dramática la situación que están viviendo millones de colombianos, especialmente los más pobres, ante la imposibilidad de acceder a servicios de salud oportunos y de calidad. No se puede permitir que el sistema de salud colapse. Hasta ahora no se ven ni una reacción responsable ni una respuesta adecuada por parte de quienes deben intervenir. La salud no da espera. Por ser la salud un derecho fundamental, es urgente y necesario que las personas e instituciones a quienes corresponde concreten definitivamente una solución a corto y largo plazo de las deficiencias del sistema sanitario”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

Según la Comisión interamericana de control contra el abuso de la droga, trece años de edad es, en promedio, el inicio de la drogadicción en Colombia. En un amplio margen, la marihuana es la más usada en el país. La encuesta mundial de Global Drugs Survey realizada este año en Colombia, a 1439 personas, de veintiocho años de edad en promedio, arrojó que el sesenta por ciento de personas consumió marihuana, en tanto que cerca del veintisiete por ciento admitió haber consumido LSD, basuco y cocaína. Igualmente, no deja de inquietar que el alcohol sea la sustancia legal más consumida en el país, el 94% de encuestados afirmó haber bebido alcohol durante el último año. Ahora bien, mientras la adicción sea tratada solo como un tema de orden criminal y se ejerza una acción de persecución y de penalización y no se la comprenda como un fenómeno de salud pública y de una sólida formación humana, en un contexto social que impone modelos de mercado consumista y la postre violentos, las estrategias para manejar el consumo tendrán como efecto cambios limitados y de bajo impacto, como lo atestiguan los resultados obtenidos hasta el momento.

En el otro extremo está la cadena del mercado mafioso y criminal del narcotráfico que vive de 250.000.000 de consumidores en el mundo, un 5 % de la población adulta mundial, según el informe sobre drogas de Naciones Unidas del año pasado. Un mercado que mueve capitales incalculables y que nutre una economía ilegal combinada con una amplia gama de sectores de la economía legal, incluidos los capitales financieros mundiales, el uso de la química y de las armas. En el mercado del narcotráfico no solo están implicadas las mafias que comercializan las drogas, sino que existe todo un proceso de lavado de capitales que impregnan la globalidad de la economía mundial. Por eso, las estrategias que por muchos años han atacado el narcotráfico como la aspersión de glifosato, la interdicción de las rutas y la persecución a los campesinos cocaleros, no dan el resultado esperado. Si no se interviene todo el sistema de manera integral: la cadena de producción, comercialización y acumulación de capital y, si no se piensa seriamente en políticas públicas para la atención a la salud y la educación integral, con un compromiso internacional, no será posible generar avances en la solución a este grave fenómeno global.

El Papa Francisco, en el encuentro de la Pontificia academia de las ciencias hace dos años, expresó: “La droga es una herida en nuestra sociedad que atrapa a mucha gente. Ellas son víctimas que han perdido su libertad para caer en esta nueva esclavitud que podríamos llamar «química». No hay una única causa que lleve a la dependencia de la droga, son muchos los factores que intervienen: la ausencia de familia, la presión social, la propaganda de los traficantes, el deseo de vivir nuevas experiencias, etcétera. Cada persona dependiente debe ser escuchada, comprendida, amada y, en cuanto posible, sanada y purificada. Sabemos que el sistema de distribución, más que la producción, representa una parte importante del crimen organizado. No queda otro camino que el de remontar la cadena que va desde el comercio de drogas en pequeña escala hasta las formas más sofisticadas de lavado, que anidan en el capital financiero y en los bancos que se dedican al blanqueo del dinero sucio”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director Cinep/Programa por la paz.

 

Colombia vive una transición política importante. La implementación del Acuerdo Final de Paz; la composición del Congreso sin un bloque mayoritario para legislar; fuerzas alternativas que expresaron sus propuestas con vigor en las elecciones presidenciales y un plebiscito anticorrupción que, si bien no alcanzó el umbral, sobrepasó las expectativas con más de once millones y medio de votos. En este contexto el gobierno del presidente Duque tiene significativos retos para trabajar durante sus cuatro años de mandato:

Un primer reto es el tratamiento del Acuerdo Final de Paz. No solo en lo que tiene que ver con la incorporación de los excombatientes de las FARC, sino por los compromisos con los más de ocho millones y medio de las víctimas, la ciudadanía en general y la comunidad internacional, en asuntos estructurales como el desarrollo rural, la participación política y la aplicación del sistema integral de justicia. Pero igualmente el gobierno no podrá dejar sin tratamiento de fondo la negociación con el ELN de cara a cerrar propositivamente en el país los diálogos con la insurgencia.


En el tema económico, el hecho de que el país haya ingresado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, exige garantizar el derecho al trabajo decente, la actividad sindical, la regulación de la informalidad laboral que, según el DANE, llega al cincuenta por ciento. Igualmente, exige reducir la desigualdad de ingresos y la brecha entre el país urbano y el país rural. El nuevo gobierno tiene bajo su responsabilidad el manejo del gasto exponencial en salud y en pensiones que, según estudios de la Universidad de los Andes, se estima en tres billones de pesos la deuda de las EPS a la red hospitalaria público-privada. En tanto que el régimen público de pensiones tiene un hueco fiscal de cuarenta billones, según Asofondos.

Un tercer reto del gobierno es atender las problemáticas que afectan la seguridad. En los últimos dos años y medio, según la Defensoría del Pueblo, van trescientos cuarenta y tres asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos. Estos hechos dolorosos y nefastos se están dando en contextos donde los reclamantes de tierras impulsan los procesos de restitución, en territorios donde el narcotráfico controla sembrados y rutas, en regiones donde las inversiones minero-energéticas, legales e ilegales, desarrollan sus proyectos. ¿Cómo desarticular estas dinámicas violentas? ¿Por qué las fuerzas de seguridad del Estado, con su alta capacidad y sus importantes recursos no dan los resultados esperados?

Un cuarto reto es la lucha contra la corrupción. Según Transparencia Internacional, Colombia ocupa el lugar número noventa y seis de ciento ochenta países a nivel mundial, un puesto alto en corrupción. Existe un importante número de normas contra la corrupción, pero lo que falta es hacer cumplir esas normas, garantizar la denuncia y la aplicación efectiva de penas para los corruptos. Finalmente, un quinto reto estructural es la educación. Los resultados de la prueba Saber once deja regiones como el Caribe, el Pacífico, la Orinoquia y Amazonia en niveles críticos de calidad y de muy bajo acceso a la educación superior.

El papa Francisco, en su visita a Colombia recordó que el país está transitando por nuevos caminos como sociedad, por eso dijo que: “ningún tipo de violencia restrinja o anule ni una vida más en el país. Todos somos necesarios para crear y formar la sociedad, esta no se hace sólo con algunos de pura sangre, sino con todos, y aquí radica la grandeza de un país en el que todos tienen cabida y todos son importantes”. El Papa hizo un llamado a los colombianos a desoír “la cizaña”, la polarización y la división que nos impide llegar a la paz.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director Cinep/Programa por la paz.