El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, reveló el año pasado que entre 2016 y marzo de 2017 se radicaron 231 denuncias por malas prácticas de los arquitectos en el país. De otra parte, el sector de la construcción en el país viene creciendo de manera dinámica llegando a una tasa anual del 35%, según la Cámara Colombiana de la Construcción. Este crecimiento aceleró también las denuncias. Pero lo que está en juego es la vida de miles de familias en el país, lo que ha pasado en Cartagena al aplicar la orden de desalojo de 16 proyectos declarados en calamidad pública debido a su alto riesgo de colapso, se suma a situaciones como el desplome del edificio Blas de Lezo, en la misma ciudad y lo ocurrido con proyectos como el desplome del edificio Space en Medellín hace dos años.

Pueden ser varias las causas de estos hechos. La calidad de la formación de los profesionales de la ingeniería y arquitectura, la deficiencia de los materiales utilizados, estudios de suelos insuficientes, licencias de construcción falsas o compradas o lo que sería aún peor, la disminución los costos de construcción para aumentar las ganancias, sin importar la suerte de los que van a habitar el inmueble. Le cabe en esto responsabilidades tanto a los profesionales y universidades para que ejerzan el con responsabilidad su labor, como también a los entes gubernamentales, locales y nacionales encargados de controlar y exigir el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la ley.  Pero, si bien es necesario que existan estas leyes, no es suficiente, se necesita gestión y aplicación real de las mismas, de lo contrario, se queda todo en el papel y los problemas crecen, como viene creciendo la baja calidad de la construcción de vivienda, vulnerando el derecho a la vivienda de muchos hogares.

Jesús, en el Sermón del Monte, trae la parábola de los dos constructores. Ella no solo da luces para la construcción física de las edificaciones sino, esencialmente, para el crecimiento de los seres humanos: “A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa; pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina”. (Mt 7:24–27)

 

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

Editorial: Por una paz completa

  • May 22, 2019
  • Publicado en Prensa

Hace 14 meses se firmó el Acuerdo de Paz. En este marco se reunió el 4 de enero, en Cartagena, el componente internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo, compuesto por los expresidentes Pepe Mujica de Uruguay y Felipe González de España, en compañía del Presidente Santos y delegados de las FARC. Según los análisis elaborados por varias entidades entre ellas el Instituto Kroc, el CERAC y el Cinep/PPP, si bien el Acuerdo Final ha tenido avances significativos en lo que respecta al cese al fuego, la dejación de armas por parte de las FARC, la creación de su partido político y los desarrollos legislativos para proteger el espíritu e integralidad del acuerdo, entre otros asuntos, el proceso de implementación apenas alcanza un 18% de la totalidad de la implementación normativa. Es mínimo el avance en lo que respecta a la Reforma Rural Integral, la participación política, la Justicia Especial para la Paz y el punto más importante del Acuerdo: la verdad, la reparación y no repetición de la violación de los derechos de más de ocho millones de víctimas que dejó el conflicto social y armado de medio siglo en Colombia.

Es por eso que el pronunciamiento de los expresidentes Mujica y González se centró en pedirle al Estado y a la sociedad colombiana, una implementación más intensa y contundente. El Acuerdo representa un compromiso de las partes con el pueblo colombiano. Compromiso que fue refrendado por el Congreso de la República y revestido de constitucionalidad por la Corte Constitucional, pero igualmente es un compromiso con la comunidad internacional y la paz mundial.

Preocupa especialmente a los expresidentes que la implementación del Acuerdo, coincida negativamente durante este semestre, con la campaña electoral al Congreso y a la Presidencia de Colombia.

Al respecto, la Conferencia Episcopal colombiana en varios documentos ha insistido en que el país necesita una Paz completa. Lo que supone una Paz cimentada en la reconciliación con justicia social, equidad y convivencia en medio de las diferencias. Una Paz que respete la vida de los líderes y lideresas sociales. Igualmente, la Conferencia Episcopal y la Misión de la ONU, pidieron al gobierno y al ELN, en un comunicado del 8 de enero, definir un acuerdo de cese al fuego más robusto que genere mayor confianza entre las partes y en la sociedad colombiana.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

Editorial: Ética política

  • May 22, 2019
  • Publicado en Prensa

La política colombiana pasa por una etapa grave de ilegitimidad y déficit de ética. La corrupción administrativa, los partidos políticos convertidos en empresas electorales, las cortes atrofiadas y desnaturalizadas, vendiendo sentencias a los ladrones de cuello blanco, los entes de control convertidos en cómplices del delito y un Estado que improvisa, que no tiene capacidad de respuesta y que está en manos de intereses políticos y económicos para el provecho propio excluyendo el bienestar de la ciudadanía y el cuidado de los patrimonios naturales. Mientras que los líderes sociales, que deberían ser los primeros en ser protegidos por el Estado, caen víctimas de las balas y de las amenazas de sectores ligados a esos poderes políticos y económicos dominantes.

Si nos acercamos al problema de la corrupción, el informe entregado este año por Transparencia por Colombia, que analiza 69 municipios, calificados como territorios de paz por el Gobierno, muestra la tendencia estructural de este mal en el país. Se estudiaron 187 hechos de corrupción. Y 44% de estos hechos vulneraron derechos fundamentales asociados a la salud, la educación y la infraestructura. De otra parte, un 36% de los hechos analizados han tenido un impacto nocivo en sectores de la infraestructura, industria y comercio, tecnología, sector minero energético, transporte, turismo y desarrollo rural, todo esto se traduce en una violación directa a los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en Colombia. Los departamentos más comprometidos son: La Guajira, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Bolívar y Cesar.

El pasado primero de octubre el Papa, en Cesena- Italia, propuso que “la política debe ser una forma de caridad y vida mártir”. Para hacer una buena política Francisco propone que ella no debe servir a “las ambiciones individuales o a la prepotencia de facciones o centros de interés. Una política que no sea ni sierva ni ama, sino amiga y colaboradora; ni temerosa ni temeraria, sino responsable y por tanto valiente y prudente al mismo tiempo; que haga crecer la implicación de las personas, su progresiva inclusión y participación; que no margine a ninguna clase, que no saquee ni envenene los recursos naturales. Una política que sepa armonizar las legítimas aspiraciones de los particulares y de los grupos teniendo bien aferrado el timón en interés de toda la ciudadanía”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

El transporte público masivo, en varias capitales del país, está colapsado. Es un lastre que lleva varios años en Colombia. Las erradas decisiones en materia de política pública de movilidad, el monopolio del negocio en pocas manos, la proliferación de buses chatarra y el cada vez mayor malestar de los usuarios, ha llevado a las administraciones municipales a caer en el vacío de soluciones. Cali, Barranquilla, Bucaramanga y especialmente Bogotá son los casos más complicados, pero no se ven soluciones a la vista. A esto se agrega, en el caso de Bogotá, el anuncio del aumento de las tarifas. Esta medida, inconveniente para el débil bolsillo de la gente y con un alto costo político, se hace inevitable desde el punto de vista financiero. El déficit del sistema de transporte, sólo en Bogotá, llegó a la suma de novecientos mil millones de pesos en el 2015, y el año pasado fue de seiscientos sesenta y un mil millones, déficit que para cubrirlo no tiene más fuente que los impuestos de los ciudadanos.

Pero lo que existe en el fondo es un gran negocio. En Bogotá, son nueve empresas privadas que se lucran luego de ganar una de las más grandes licitaciones de Colombia, son veinticinco años de concesión de un negocio que vale veinte mil millones de dólares. Sin embargo, este gran negocio adolece de inequidades. Mientras que para los grandes inversionistas es viable y productivo, así no sirva a los usuarios, para los pequeños propietarios ha sido un total fracaso. En este momento no hay medidas de fondo ni reglas de juego claras sobre cómo salvar o no al Sistema integral de transporte público en Bogotá. Las soluciones están en la mano del buen diseño de políticas públicas y en hacerlas cumplir, pero pesan más los intereses financieros de unos pocos que el servicio público masivo para una ciudad que necesita una buena movilidad que ayude al bienestar colectivo de nueve millones de personas.

Caben en este ejemplo vivo de inequidad y de aprovechamiento egoísta de lo público, las palabras del Papa Francisco en el parque Simón Bolívar de Bogotá: “(en) esta querida ciudad, Bogotá, y este hermoso País, Colombia… se encuentran multitudes anhelantes de una palabra de vida, que ilumine con su luz todos los esfuerzos y muestre el sentido y la belleza de la existencia humana. Estas multitudes de hombres y mujeres, niños y ancianos habitan una tierra de inimaginable fecundidad, que podría dar frutos para todos. Pero también aquí, como en otras partes, hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la vida: las tinieblas de la injusticia y de la inequidad social; las tinieblas corruptoras de los intereses personales o grupales, que consumen de manera egoísta y desaforada lo que está destinado para el bienestar de todos”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevera

Director Cinep/Programa por la Paz

Hacer un Plan Nacional de Educación Rural hace parte de una de las propuestas del Acuerdo de Paz. Nada más necesario e importante.

Los estudios de la Misión Rural, muestran que las zonas rurales de Colombia presentan un bajo logro en la calidad de la educación. El analfabetismo de personas mayores de quince años, es del 12.5%, cifra alta comparada con el promedio nacional que es del 3.3%. Mientras que la tasa de permanencia en el sistema educativo es del 82% en las zonas urbanas, en las rurales es del 48%. Solo un 32% de los hombres y un 36% de las mujeres entre 18 y 24 años ha terminado el bachillerato en las zonas rurales. En síntesis, son cuatro grandes problemas de la educación rural. Uno: la baja matrícula en la educación básica secundaria y bajas tasas de graduación en bachillerato. Dos: la baja calidad educativa trae bajo rendimiento académico. Tres: en las zonas rurales se presenta una alta extra-edad de los estudiantes con bajos niveles educativos. Y cuatro: existe un reducido acceso a la educación superior y altas tasas de deserción.

Por eso, la necesidad de un Plan de Educación Rural que logre ganar en calidad, en pertinencia y en la ampliación de la cobertura educativa en los territorios rurales, es uno de los grandes desafíos para reducir los niveles de pobreza, posibilitar la permanencia productiva de los pobladores del campo en sus territorios cerrando la brecha rural – urbana y para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera. De otra parte, se necesita “ruralizar” la política pública educativa. Crear direcciones permanentes y especializadas en el Ministerio de Educación, para que el diseño y aplicación de las políticas rurales tengan un enfoque rural diferenciado, promoviendo modelos flexibles y apropiados. Se necesita un Programa nacional diferenciado de analfabetismo cero e igualmente un Plan Maestro de infraestructura y tecnología en educación rural. En educación superior, el ministerio debe revisar los programas educativos rurales y organizar una oferta apropiada para la población.

En la Asamblea Plenaria del episcopado colombiano, en julio pasado, los obispos del país en diálogo con la ministra de educación, Yaneth Giha Tovar, expresaron su preocupación por que la educación en Colombia ayude a cerrar la brecha entre el mundo rural y urbano, e invitaron al Ministerio a que fortalezca las experiencias de formar a los niños que quieren quedarse en el campo. Los niños tienen en la cabeza que las soluciones están en las grandes ciudades y la solución de Colombia está en el campo, afirmó Mons. Urbina Ortega.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevera

Director Cinep/Programa por la Paz