El 29 de enero dos integrantes de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación de Malí y representantes de la organización Abogados sin Fronteras visitaron el Cinep/PPP para intercambiar experiencias sobre cómo se reconstruye la memoria de las víctimas.

Malí, ubicado en el noroccidente de África, fue escenario de un conflicto que inició en enero de 2012. Tuaregs y grupos armados islamistas del norte se aliaron y lograron tomar el control de toda la mitad norte del país. Declararon la independencia de la zona conquistada, lo que llevó a un golpe de Estado militar el 22 de marzo en la capital, Bamako, y al derrocamiento del presidente Amadou Toumani Touré. En el sur la fragilidad política era evidente y el norte quedó bajo control de dos bandos que entraron en conflicto: el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA) por parte de los Tuaregs, y tres grupos islamistas radicales: Ansar Eddin, el Movimiento por la Unicidad y la Yihad en África Occidental (Mujao) y Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

Este nuevo conflicto causó el desplazamiento de más de 400,000 personas al sur del país y a países vecinos como Burkina Faso, Argelia, Mauritania y Níger. El ejército, que había nombrado una junta militar provisional tras el golpe de Estado, realizó varios ataques en contra de la población civil en su lucha por frenar las acciones del MNLA. Fuerzas de seguridad torturaron arbitrariamente a quienes creían que pertenecían al grupo islamista y la junta militar detuvo a opositores políticos.

Los grupos armados aprisionaron, torturaron y asesinaron a decenas de soldados del ejército. Durante y después de la toma de poder en el norte, secuestraron a mujeres y niñas en campamentos militares donde luego fueron agredidas sexualmente. El grupo AQMI prohibió la enseñanza del francés y la educación conjunta entre niños y niñas, e incendió todos los colegios y bibliotecas de Kidal. La Comunidad Económica de Estados del África Occidental (Cedeao), con ayuda de la ONU y gobiernos como los de Francia y Estados Unidos, intervino militarmente para recuperar el norte, acción que generó más desplazamiento forzado y violaciones de derechos humanos.

En el 2014 se aprobó la creación de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación y un año después los grupos rebeldes del norte firmaron un acuerdo preliminar de paz con el Gobierno de Malí, conocido como el Acuerdo de Paz de Argel de 2015. Dos representantes de esa Comisión visitaron el Cinep/PPP junto a representantes de la organización Abogados sin Fronteras para intercambiar experiencias y metodologías de investigación y reconstrucción de la memoria de las víctimas en procesos de transición.

Cinep/PPP compartió algunos elementos del trabajo que adelanta el equipo de Derechos Humanos, especialmente, la metodología del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política que desde hace 30 años registra casos de violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH, intolerancia sociales y hechos de violencia política como: desapariciones, detenciones arbitrarias, amenazas, atentados, torturas y desplazamiento forzado, entre otros. 

Según los representantes de la Comisión de la Verdad de Malí, su trabajo consiste en investigar grandes violaciones de derechos humanos, hacer seguimiento a los hechos, sus presuntos autores y recoger las distintas versiones de las víctimas para integrar todas las voces al relato. Grupos armados, religiosos, mujeres y sectores políticos están representados en la Comisión de la Verdad, lo que le da legitimidad y credibilidad.

Los Comisionados indicaron en el diálogo con Cinep/PPP que la Comisión en Malí representa una esperanza para muchos pues de todos los mecanismos creados es uno de los que mejor ha funcionado; sin embargo, el mayor problema que enfrentan es que el conflicto sigue activo y existe mucha polarización. Según ellos, la sociedad espera de la Comisión un aporte a la reconciliación en un país en el que la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) registró el año pasado 252 casos de violaciones de derechos humanos con un total de 650 víctimas.

Colombia transita por un proceso de implementación de acuerdos en el que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es también una esperanza de reconciliación; sin embargo, es un reto colectivo romper la dinámica de la guerra y pensar en colectivo, en lo que nos hace iguales.

Tanto la situación de Malí como la de Colombia demuestran que en un escenario de transición debe existir esclarecimiento sobre lo ocurrido y su complejidad; se debe reconocer a las víctimas como personas a las que se les vulneraron sus derechos y como sujetos políticos para la reconciliación;  y se debe entender el territorio como un espacio social y político transformador. En el diálogo fue evidente que en ambos casos las Comisiones creadas son necesarias para reconstruir la memoria de las víctimas, garantizar las condiciones de convivencia entre todos los miembros de la sociedad, y crear las bases para la no repetición, la justicia, la reconciliación y la paz estable y duradera.

 

Laura Cristina Vásquez 

Equipo Comunicaciones